Amnistía Internacional España

Tras la ejecución, llevada a cabo hoy, de Alireza Tajiki, joven iraní detenido, declarado culpable y condenado a muerte cuando era un niño, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“Al seguir adelante con esta ejecución en contra de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, y pese a la enorme oposición pública e internacional, las autoridades iraníes han demostrado cruelmente su total desprecio por los derechos de la infancia. Este vergonzoso acto marca un punto de inflexión crítico para Irán, y pone de manifiesto la falsedad de las afirmaciones de las autoridades cuando aseguran contar con un auténtico sistema de justicia de menores”.“Alireza Tajiki es la cuarta persona ejecutada en Irán este año que era menor de edad en el momento de la detención. Su ejecución, llevada a cabo pese a sus denuncias de que lo habían torturado para obligarlo a ‘confesar’, consolida un espantoso patrón con el que Irán ha enviado reiteradamente al patíbulo, a menudo tras juicios flagrantemente injustos, a personas que fueron detenidas cuando eran niñas.”“Esta ejecución constituye una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Irán en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que ratificó hace dos decenios. Al ejecutar a Alireza Tajiki, las autoridades iraníes han demostrado su atroz disposición a continuar con esta abominable práctica, y han demostrado que ni siquiera tienen intención de aplicar tibias reformas para salvar la vida de las personas que fueron condenadas cuando eran niñas.Información complementariaAlireza Tajiki tenía 21 años en el momento de su ejecución. Había sido detenido en mayo de 2012, cuando tenía 15 años, y había sido condenado a muerte casi un año después, en abril de 2013. Un tribunal de lo penal de la provincia de Fars, en el sur de Irán, lo había declarado culpable de asesinato y de lavat-e be-onf (relaciones sexuales forzadas entre hombres).El juicio fue flagrantemente injusto y se basó principalmente en “confesiones” que, según Alireza Tajiki, le fueron extraídas mediante tortura, con prácticas tales como brutales palizas, azotes y suspensión por los brazos y los pies.En 2013, las autoridades iraníes introdujeron reformas fragmentarias para evitar las críticas a su terrible historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito, pero pese a ello han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, lo cual incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas reformas incluían modificaciones del Código Penal Islámico de Irán de 2013 que otorgan a los jueces poderes discrecionales para sustituir la pena de muerte por un castigo alternativo si determinan que la persona no había alcanzado la “madurez mental” en el momento del delito.Irán es uno de los pocos Estados que todavía ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Hasta agosto de 2017, Amnistía Internacional había identificado al menos a 89 personas condenadas a muerte que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito.


Las autoridades iraníes deben detener la ejecución inminente de Alireza Tajiki, arrestado cuando era un niño. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras saber que Alireza fue trasladado a régimen de aislamiento esta mañana y que su ejecución está prevista para dentro de menos de 24 horas en la prisión de Adel Abad, en Shiraz.Alireza Tajiki tenía solamente 15 años en el momento de su detención, y 16 cuando fue declarado culpable y condenado a muerte. El 9 de agosto fue trasladado a régimen de aislamiento en la prisión de Adel Abad, en Shiraz, provincia de Fars. A su familia le dijeron que fuera a la cárcel para hacerle su última visita. Las autoridades no informaron a sus representantes legales, en contra de lo establecido por la propia legislación iraní, que dispone que debe informarse a los abogados de la ejecución prevista de sus clientes al menos 48 horas antes.“Se trata de un acto absolutamente vergonzoso por parte de las autoridades iraníes. Saben perfectamente que usar la pena de muerte contra una persona que fuera menor de 18 años en el momento del delito es una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Pese a ello, las autoridades judiciales y legislativas de Irán han eludido una y otra vez tomar medidas para poner fin de una vez por todas al uso de la pena de muerte contra personas que eran menores en el momento del delito. Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan de ejecutar a Alireza Tajiki.”Alireza Tajiki, que ahora cuenta 21 años de edad, fue condenado a muerte en abril de 2013, tras haber sido condenado por asesinato y “lavat-e be onf” (violación de varón a varón) por un tribunal penal de la provincia de Fars, en el sur del país. El juicio fue flagrantemente injusto y se basó principalmente en unas “confesiones” que, según afirma Alireza Tajiki, fueron extraídas mediante tortura, con prácticas tales como brutales palizas, flagelación y suspensión por los brazos y los pies.Tanto el tribunal de primera instancia de la provincia de Fars como el Tribunal Supremo se basaron en opiniones forenses presentadas por la acusación que manifestaban que Alireza Tajiki era “maduro” a los 15 años de edad y, por tanto, podía ser condenado a la pena de muerte. En una respuesta posterior dirigida en octubre de 2016 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los representantes de Irán reiteraron su indignante postura de que Alireza Tajiki “tenía un gran intelecto y un amplio conocimiento de la ilegalidad de los actos cometidos y su castigo” en el momento del delito, cuando tenía 15 años, y por tanto podía ser castigado con la pena de muerte.Alireza Tajiki fue detenido por primera vez en mayo de 2012 y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 15 días, sin acceso a su familia. Se le negó el acceso a un abogado durante todo el proceso de investigación Asegura que durante ese periodo fue sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” el delito. Posteriormente, se retractó de sus “confesiones”, tanto ante las autoridades fiscales como durante el juicio, y desde entonces ha mantenido su inocencia en todo momento. No obstante, pese a ello, su “confesión” se admitió como prueba en los procedimientos penales contra él.“Las autoridades iraníes están demostrando una vez más su cruel desprecio hacia los derechos de la infancia y hacia las normas sobre juicios justos. Es la tercera vez desde mayo de 2016 que las autoridades fijan la fecha de ejecución de Alireza Tajiki. En lugar de atormentar reiteradamente a este preso con fechas de ejecución, las autoridades deben cancelar de una vez por todas los planes de ejecutarlo, y deben concederle un nuevo juicio con las debidas garantías, conforme a los principios de la justicia de menores y sin recurrir a la pena de muerte.”Irán es uno de los pocos Estados que todavía ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En enero de 2016, Amnistía Internacional publicó un informe que concluyó que, a pesar de las reformas fragmentarias introducidas en 2013 para evitar las críticas a su terrible historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito, las autoridades iraníes han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, lo cual constituye un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.Hasta agosto de 2017, Amnistía Internacional había identificado los nombres de al menos 89 personas condenadas a muerte por delitos que se cometieron cuando eran menores de 18 años.


ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images La policía de Kenia no debe hacer uso de fuerza innecesaria al controlar las protestas relacionadas con las elecciones. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, ante el temor y la incertidumbre que existen en el país después de que la oposición rechazara los resultados iniciales anunciados públicamente.En una rueda de prensa en directo ofrecida esta mañana, el candidato de oposición Raila Odinga, de la coalición Super Alianza Nacional (NASA, por sus siglas en inglés), declaró que el sitio web de la comisión electoral había sido hackeado y los resultados habían sido manipulados a favor del partido en el gobierno, el Partido del Jubileo. Según afirmó, el sistema había sido hackeado utilizando los datos de inicio de sesión de Chris Msando, el máximo funcionario electoral, que fue hallado asesinado el 31 de julio. Los resultados iniciales anunciados públicamente mostraban que el presidente en ejercicio, Uhuru Kenyatta, encabezaba el número de votos.“Las afirmaciones realizadas esta mañana de que la base de datos electoral ha sido hackeada han suscitado sospechas y ya han provocado que los partidarios de la oposición de algunas zonas se echen a la calle. La policía no debe usar la fuerza ni las armas de fuego para disolver protestas pacíficas. La fuerza sólo debe utilizarse como último recurso, e incluso entonces sólo debe emplearse en el grado mínimo para evitar la pérdida de vidas”, ha manifestado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.“Todo uso excesivo o desproporcionado de la fuerza violaría el derecho tanto de Kenia como internacional.”Amnistía Internacional ha recibido hasta el momento información que indica que se están congregando multitudes en los barrios marginales de Mathare, en Nairobi, y en la zona de Kondele, en Kisumu, una comarca favorable a la oposición que ha sido el epicentro de fuertes operaciones de represión por parte de la policía en elecciones anteriores. En anticipación a las protestas, se han desplegado en muchas partes del país contingentes masivos de policías fuertemente equipados con material antidisturbios.“Si las manifestaciones se vuelven violentas, la policía tiene el deber de proteger a las personas para que no sufran daño, pero no debe aprovechar los actos violentos de unos pocos para restringir el derecho de los demás a la protesta pacífica. Además, debe garantizar la seguridad y los derechos de los observadores electorales independientes, y la libertad de información por parte de los medios de comunicación sobre los resultados”, ha manifestado Muthoni Wanyeki.“Asimismo, los líderes políticos deben desempeñar su función instando públicamente a sus simpatizantes a abstenerse de ejercer la violencia.”La población de Kenia acudió a las urnas el 8 de agosto para elegir al presidente, los gobernadores, los senadores, los miembros de las asambleas comarcales, las mujeres representantes en las asambleas comarcales, y los miembros del Parlamento.


En respuesta a la orden del gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) de bloquear el intercambio de imágenes en los sitios web de las redes sociales, Jean-Mobert Senga, investigador de Amnistía Internacional sobre la RDC, ha declarado:“La orden a las empresas de Internet de adoptar ‘medidas técnicas’ para limitar el uso de las redes sociales constituye un ataque atroz contra el derecho de todas las personas a intercambiar y recibir información.“Lo más preocupante es que se produce en medio de un empeoramiento de la crisis política en el que el riesgo de que se cometan abusos y violaciones de derechos humanos es elevado, así como la importancia de las redes sociales como herramienta de documentación.“Esta iniciativa es la más reciente en una serie de ataques contra la libertad de expresión en la RDC que han incluido el cierre de varios medios de comunicación y el acoso de periodistas congoleses e internacionales.“Esta medida inaceptable debe ser revocada de inmediato; la ciudadanía debe tener acceso total a Internet y a los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp.”Información complementariaEl 7 de agosto, el presidente de la autoridad de telecomunicaciones de la RDC envió una carta a las empresas que proporcionan servicios de Internet en el país.En ella se podía leer: “Para prevenir el intercambio abusivo de imágenes a través de las redes sociales entre clientes de su red, le ruego que adopte las medidas técnicas necesarias para restringir la capacidad para transferir imágenes al mínimo indispensable.”La orden se ha impartido antes de una huelga general nacional de dos días convocada por el principal partido de oposición, que exige la publicación del calendario electoral.La orden del gobierno se impuso al día siguiente de una jornada de violencia que afectó a varios barrios de la capital, Kinshasa, así como a las ciudades del centro del país de Matadi y Boma, imágenes de las cuales se intercambiaron ampliamente en las redes sociales.


Ante la decisión del Tribunal Municipal de Moscú de suspender la expulsión a Uzbekistán del periodista abiertamente gay Khudoberdi Nurmatov (más conocido por su seudónimo de periodista Ali Feruz) pero mantenerlo detenido mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisa su caso, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha declarado:“La suspensión de la expulsión de Ali Feruz a Uzbekistán —donde corre un riesgo real de persecución y tortura, y donde la homosexualidad es delito— es una medida positiva. Sin embargo, es una vergüenza que continúe detenido a pesar de sus denuncias de que ha sido objeto de palizas. Ali Feruz no ha cometido absolutamente ningún delito y podrían transcurrir meses, incluso años, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tome una decisión.”“Ali Feruz denunció que los funcionarios de seguridad lo habían golpeado durante el traslado al centro de detención y durante la vista judicial de hoy mostró hematomas. El juez decidió ignorar estas impactantes denuncias.”“Las autoridades rusas deben poner en libertad de inmediato a Ali Feruz, y garantizar su integridad física y la protección efectiva frente a la devolución a Uzbekistán.”Información complementariaEl martes 8 de agosto, el Tribunal Municipal de Moscú revocó la sentencia que ordenaba la devolución de Ali Feruz desde Rusia a Uzbekistán. Sin embargo, resolvió que permaneciera detenido mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisaba su caso.La detención por motivos de control de la migración siempre debe utilizarse únicamente como último recurso, durante el mínimo tiempo posible y sólo cuando sea necesaria y proporcionada al objetivo de impedir la fuga, para verificar la identidad o asegurar el cumplimiento de una orden de expulsión.Ali Feruz, activista de derechos humanos y periodista del medio independiente Novaya Gazeta, fue detenido el 1 de agosto y ha denunciado que fue golpeado en su traslado desde el tribunal.


Captura del vídeo de las cámaras de seguridad del paso fronterizo de Ceuta La madrugada del 7 de agosto, cerca de 300 personas intentaron entrar en Ceuta a través del paso fronterizo del Tarajal, de las cuales finalmente lo consiguieron 187. Ante las imágenes publicadas en algunos medios de comunicación que mostraban cómo la actuación de algunos de los agentes consistió en propinar golpes con porras y patadas a los migrantes que intentaban entrar sin hacer uso de la violencia, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha declarado:  “Es inaceptable, tal y como muestra el vídeo, que se intente parar la entrada de personas migrantes y posibles refugiadas a base de patadas y porrazos. Hemos escrito al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para solicitarle información sobre la actuación policial en el paso fronterizo. Como ha reiterado la organización en anteriores ocasiones, es necesario que se revisen íntegramente los protocolos de actuación en estos casos para garantizar la existencia y aplicación efectiva de salvaguardias que protejan los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.”“Amnistía Internacional ha constatado con preocupación el imposible acceso a los puestos fronterizos para las personas de origen subsahariano que deseen solicitar protección internacional, siendo la única opción viable la entrada de manera irregular, bien intentando saltar la valla, escondidas en vehículos o a través del mar en peligrosas e inseguras embarcaciones, o incluso a nado.  Los últimos tres intentos de entrada de este mes, entre los que podría haber personas refugiadas, son una muestra más de la necesidad de garantizar la existencia de puestos habilitados de asilo, y, mientras esto no ocurra, estas personas seguirán recurriendo a rutas peligrosas”. “Por otro lado, las declaraciones del Delegado del Gobierno en Ceuta, en las que indicaba que la rotura de tibia y peroné de un agente fue consecuencia de la ‘actitud violenta de los inmigrantes’, y que el vídeo parece desmentir, podrían contribuir a fomentar un discurso del odio y la xenofobia. Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones como la retórica del nosotros contra ellos se ha ido incrementando en los últimos tiempos, y que es necesario ponerle fin”.


Imagen diseñada por Paula Bonet para los conciertos en Barcelona Madrid.- Artistas como  Mishima y La Casa Azul en Barcelona, otros como Maga o Kiko Veneno en Sevilla, y Rufus T.Firefly en Madrid son algunos de los nombres que se suman a la lista de conciertos que tendrán lugar el próximo 20 de septiembre en solidaridad con las personas refugiadas. La iniciativa de Amnistía Internacional y Sofar Sounds, “Dales un hogar”, tiene como objetivo llamar la atención sobre la situación de las personas refugiadas mediante conciertos en lugares íntimos, incluidos domicilios particulares.   
Estos músicos se unen al cartel de cerca de mil artistas internacionales, entre los que figuran The National, que tocará en Edimburgo; Ed Sheeran, que actuará en Washington D.C.; Fossils, que lo hará en Calcuta; Freshly Ground, en Ciudad del Cabo; y Daughter y Kate Tempest, que tocarán, junto con otros artistas, en Londres.
La lista completa está disponible en sofarsounds.com/giveahome, donde las personas interesadas tendrán hasta el 10 de septiembre para entrar en el sorteo de entradas para los conciertos que se celebren en su ciudad.
“Es un honor para nosotros participar en los conciertos de Dales un hogar de Amnistía Internacional y Sofar Sounds. La crisis mundial de refugiados ha alcanzado proporciones históricas; debemos hacer algo desde nuestras casas hasta todos los rincones del mundo. Estamos con todas las personas refugiadas en su búsqueda de las libertades más básicas, la justicia y la igualdad. El arte y la música trascienden las fronteras: somos uno”, han declarado Jesse & Joy, que actuarán en Ciudad de México.
El músico Ed Sheeran también ha afirmado que “Todas las personas necesitan un hogar, no solo la memoria de un hogar. Por eso estoy orgulloso de participar en este proyecto”.
En España, otros artistas como Rocío Márquez, cantante de flamenco que actuará en Sevilla, han declarado: “Todo el mundo tiene derecho a una casa en el sentido amplio de la palabra. A un techo, por supuesto, pero también a sentirse en casa, bienvenido o bienvenida, respetada en destinos no elegidos más allá del criterio de la huida forzosa de sus lugares de origen”.
Pendiente de confirmar los últimos músicos, también lo harán Iseo & Dodosound, en Madrid, así como Said Muti, Aniba y Banadú en Gran Canaria, Estúpido Flanders y Moy Gomar en Murcia y Lex Empress y Dan Bentley en Ibiza.
Presentada el 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado, la iniciativa Dales un hogar tiene como fin unir a la gente en una muestra de solidaridad con las personas que se ven obligadas a huir de su hogar y sensibilizar sobre las soluciones a la crisis de refugiados. En los más de 300 eventos que se celebrarán en más de 200 países de varios continentes, amantes de la música acogerán en sus casas conciertos íntimos de algunas de las mayores estrellas musicales, artistas refugiados y refugiadas, y activistas del mundo.
Junto con los principales artistas actuarán músicos refugiados y refugiadas, como el cantante y artista de la palabra hablada Basel Zaraa y la Orquesta de Músicos Sirios.
También intervendrá Faarrow, dúo pop canadiense formado por las hermanas Iman y Siham Hashi, que han dicho: “Para nosotras la música tiene que ver con la libertad, y esperamos que la gente que escuche nuestras canciones sienta que pueden hacer cualquier cosa. Ahora mismo, hay gobiernos en todo el mundo que tratan de decir que la crisis de refugiados es imposible de resolver, pero nosotras sabemos que eso no es cierto. Esperamos que los conciertos de Dales un hogar inspiren a la gente para reconocer que tenemos el poder de contribuir a resolver esta crisis.” Las hermanas Hashi, nacidas en Somalia, se trasladaron a Canadá como refugiadas y actuarán en Los Ángeles.
Los conciertos se celebran en apoyo de la campaña de Amnistía Internacional “Yo Acojo”, que moviliza la presión pública sobre los gobiernos para dar la bienvenida a las personas refugiadas. Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que el 80% de la población mundial está abierta a dar la bienvenida a las personas refugiadas, pero los gobiernos están incumpliendo su parte.
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Algunos de los artistas internacionales que se han sumado al cartel son (por orden alfabético): Alain Clark, Amber Coffman, Archive, Blaenavon, Bokanté, BØRNS, Esperanza Spalding, Get Cape. Wear Cape, Fly, HAERTS, Hozier, Imelda May, Jakubi, Jesse & Joy, Joan As Police Woman, Jon Hopkins, Julia Holter, Kamau, Kate Miller-Heidke, Laura Mvula, Ledisi, Lisa Hannigan, Ludovico Einaudi, Majozi, Marika Hackman, Mashrou’ Leila, Moby, Molly Kate, Kestner, Nick Mulvey, Nick Waterhouse, Peggy Seeger, Ryan Cabrera, Seratones, Shamir, Sivu, Stonefield, The Hoosiers, The Mowgli’s, Time For Three, To Kill A King, Tom Odell y We Were Promised Jetpacks.
La serie de conciertos es una colaboración entre Amnistía Internacional, la mayor organización de derechos humanos del mundo, y Sofar Sounds, empresa con sede en Londres especializada en organizar conciertos secretos en domicilios particulares de todo el mundo. Los fondos recaudados por el proyecto apoyarán el trabajo de Amnistía Internacional para documentar abusos y violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas, y para pedir a los gobiernos que encuentren una solución sostenible a la crisis de refugiados.
Dales un hogar cuenta con el apoyo de VICE y de Facebook Live, que retransmitirán en vivo y promoverán los conciertos en todo el mundo.   //FIN


© Australian Department of Immigration and Citizenship via Getty Images Respondiendo a la noticia de la trágica muerte de un refugiado iraní en la isla de Manus, Graham Thom, coordinador del trabajo sobre refugiados de Amnistía Internacional Australia, ha afirmado:
“Es una noticia sumamente triste y desgarradora. Amnistía Internacional desea transmitir sus sinceras condolencias a los familiares y amigos del hombre fallecido.
“No se sabe con certeza todavía si su muerte se debió a autolesiones o a violencia. Cualquiera que sea la causa, Australia debe aceptar su responsabilidad por los perjuicios que sus políticas crueles están causando a las personas refugiadas.
“Era un hombre que vino en busca de la protección de Australia, y a Amnistía Internacional le preocupa profundamente que se le prestara una atención de la salud inadecuada y que su seguridad no fuera la consideración primordial.
“Esta muerte es una desoladora tragedia más, derivada de los sufrimientos y tensiones que se viven en la isla de Manus. Debe llevarse a cabo una investigación independiente, imparcial, inmediata y efectiva sobre su muerte.
“Es absolutamente despiadado que el gobierno australiano juegue a la política con las vidas de las personas: esto debe terminar ya. El primer ministro Turnbull y el ministro Dutton deben evacuar de inmediato los campamentos insulares de Nauru y Manus, y deben llevar ya a las personas a un lugar seguro en Australia.”


Manifestación en Australia // Richard Ashen/Pacific Press/LightRocket via Getty Images En respuesta a informaciones según las cuales se han producido protestas en la isla de Manus, donde las autoridades de inmigración de Papúa Nueva Guinea, que aplican una política establecida por Australia, están intentando obligar a personas refugiadas y solicitantes de asilo a salir de un centro de internamiento de extranjeros, Josef Benedict, director adjunto de Campañas de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y el Pacífico, ha manifestado:“Mientras no tengan un lugar seguro donde ir, obligar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a salir del centro de internamiento causará aún más sufrimiento. La información recibida, según la cual la policía intenta desalojar el lugar a la fuerza, cortando el agua y la electricidad, es alarmante, pero, lamentablemente, se trata de medidas propias de las políticas del departamento de inmigración australiano, cuya actuación con respecto a la isla de Manus se ha caracterizado por los abusos contra los derechos humanos y la crueldad arbitraria.“El sistema australiano de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional es ilegal y abusivo, pero obligar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a salir del centro no es la solución, y entraña el riesgo de agravar aún más su ya desesperada situación. Como consecuencia de las reiteradas agresiones y amenazas de algunos miembros de la comunidad local, las personas refugiadas no se atreven a salir del recinto del centro.“Comprensiblemente, las personas refugiadas han protestado contra los intentos de empujarlas a una situación aún peor en Manus, y el riesgo de que la policía de Papúa Nueva Guinea responda a las protestas pacíficas haciendo uso excesivo de la fuerza es ya muy grande. La policía debe respetar el derecho de las personas refugiadas a protestar pacíficamente contra el cierre del centro y abstenerse de utilizar la violencia, como ha hecho en casos anteriores.“Pedimos a las autoridades australianas que trasladen de inmediato a Australia a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo y garanticen que todas aquellas a las que se reconozca la condición de refugiadas tienen derecho a establecerse en el país.


Imagen de un líder comunitario en Nicaragua // Tom Laffay El gobierno de Nicaragua debe dejar de anteponer los negocios al futuro del país y de su pueblo, dijo hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que analiza un acuerdo secreto que llevará a la construcción de un canal y otros proyectos paralelos que afectarán los medios de vida de decenas de miles de personas y podría dejar a muchas personas sin hogar.El informe, titulado Peligro: derechos en venta. El proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos, revela cómo el oscuro marco jurídico que condujo a la concesión del proyecto, sin una consulta genuina con todas las comunidades afectadas, viola un catálogo de normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y podría conducir al desalojo forzoso de cientos de familias. También acusa a las autoridades de acosar y perseguir a cualquiera que se atreva a emitir una opinión en contra del acuerdo.“Las autoridades en Nicaragua han vendido en secreto el futuro del país al mejor postor y han puesto a miles de personas en riesgo de perderlo todo”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“La única manera de deshacer este espantoso error es revocar la ley que sustenta el proyecto antes de que cause más daño y de forma permanente, y volver a comenzar, asegurando que todas las personas que podrían verse afectadas tengan voz para decidir sobre su futuro. Cualquier otra opción seguirá dejando al margen a comunidades enteras e ignorando sus derechos humanos.”El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que dio el visto bueno a la construcción de un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y a otros subproyectos asociados (entre ellos un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio). La ley también deja la puerta abierta a futuros proyectos de desarrollo sin asegurar una consulta adecuada con las comunidades afectadas.El Gran Canal Interoceánico podría ser uno de los mayores proyectos de ingeniería del planeta. El proyecto se otorgó a HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKC), constituida en Hong Kong. Se prevé que mida aproximadamente 275 kilómetros y que divida a Nicaragua en dos. En su recorrido, el canal cruzará una parte considerable del Gran Lago de Nicaragua, o Cocibolca, conocido como la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica.Las organizaciones locales de la sociedad civil han calculado que el número de personas afectadas casi podría alcanzar las 120.000. La población de Nicaragua es de algo menos de seis millones de personas.Las comunidades que viven en las zonas afectadas han dicho a Amnistía Internacional que el gobierno no ha realizado consultas genuinas y que ni siquiera las ha informado adecuadamente sobre el proyecto ni les ha brindado alternativas viables.El Canal y los proyectos relacionados pondrán en riesgo los hogares de las comunidades, sus medios de subsistencia, el acceso a los alimentos, las redes sociales y su propia supervivencia.Las autoridades también se han negado a compartir con Amnistía Internacional información sobre el proyecto y el proceso que llevó a su aprobación.

Varias personas dijeron a Amnistía Internacional que no sabían nada del proyecto hasta que unas personas, mayoritariamente extranjeras, acompañadas por policías y militares, empezaron a visitar la zona y sus comunidades para medir sus terrenos, sin que con anterioridad se hubiera acordado nada con ellas. También se quejaron de la falta de información sobre las opciones de reubicación o indemnización.    Un miembro de una de las comunidades afectadas (que sólo accedió a hablar en forma anónima por miedo a las represalias) dijo a Amnistía Internacional que estaba confundido y que no sabía cómo iba a sobrevivir:"Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”.“El hecho de que las autoridades hayan aprobado esta disposición legislativa por debajo de la mesa es escandaloso y totalmente inaceptable. Se supone que el gobierno del presidente Ortega debe proteger a su pueblo frente a poderosos intereses económicos, y no al revés,” dijo Erika Guevara-Rosas.Castigar la disidenciaEl informe de Amnistía Internacional también revela la campaña en curso de las autoridades nicaragüenses contra cualquier persona que se atreva a protestar contra el proyecto.

Al menos 90 protestas han tenido lugar en todo el país en los últimos años.Activistas de derechos humanos que trabajan para destacar el posible impacto negativo del Canal también han dicho a Amnistía Internacional que han sido blanco de acoso y amenazas.Una mujer miembro de una de las comunidades que se verán afectadas por el proyecto dijo a Amnistía Internacional: “Cuando salgo a las marchas [...] les digo adiós a mis niños cuando voy a salir y les digo: no sé si regreso”.“La negativa de las autoridades a hablar con quienes más se verán afectados por la construcción del Canal es absolutamente ilegal y cruel. Todavía no es demasiado tarde para detener este proyecto inhumano y ponerse en el lado correcto de la ley.