Amnistía Internacional España

Con la crisis de refugiados de más rápido crecimiento del mundo a sus puertas, Tailandia debe emprender acciones concretas para subsanar la falta de protección que llevan largo tiempo sin proporcionar a quienes más lo necesitan, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que revela lagunas enormes en las políticas del país sobre migración.
El informe Between a Rock and a Hard Place describe numerosas deficiencias en las políticas y las prácticas del gobierno tailandés, con un impacto devastador en las personas refugiadas, tanto las que están en el país como las que buscan seguridad en su territorio. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo Tailandia utiliza a la Marina para rechazar embarcaciones en las que viajan, desesperados, miles de bangladesíes y refugiados rohingyas; y también devuelve a personas refugiadas y solicitantes de asilo a lugares donde corren peligro de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.
“La limpieza étnica obliga a cientos de miles de personas rohingyas a huir de Myanmar, y Tailandia tiene que sentar ejemplo urgentemente en la región y adoptar políticas migratorias humanas. En lugar de rechazar sin piedad a las personas que huyen de horrores inimaginables, el gobierno tailandés debe garantizar el paso de forma segura a quienes buscan protección internacional en Tailandia”, ha declarado Audrey Gaughran, directora de Amnistía Internacional de Asuntos Temáticos Globales.
“Tailandia acoge a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas de la región, pero sus políticas miopes y ad hoc no les ofrecen protección adecuada. Las autoridades no pueden continuar dando tumbos de una crisis de refugiados a la siguiente sino que, por el contrario, deben establecer los sistemas requeridos para ofrecer a estos hombres, mujeres, niñas y niños que están en peligro la protección y seguridad que necesitan.”El éxodo de los rohingyasEn 2015, cuando la “crisis de los botes” se encontraba en su momento álgido, la Marina tailandesa denegó la entrada a embarcaciones en las que viajaban miles de refugiados rohingyas desesperados, continuando con la política de reenvíos forzados que desde hacía tiempo venían aplicado los gobiernos tailandeses.Las personas a las que negaron la entrada a Tailandia se vieron obligadas a continuar peligrosos viajes por mar para llegar a Indonesia o a Malasia. Según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 370 personas murieron en el mar durante la crisis, pero Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la posibilidad de que el número de muertes podía haber sido mucho mayor.
Durante el mes pasado, la situación de los rohingyas ha alcanzado proporciones críticas a causa de una cruel campaña de limpieza étnica, dirigida contra la población en Myanmar occidental que ha obligado a más de 400.000 personas refugiadas a huir del país.
A pesar del éxodo, las autoridades tailandesas han enviado mensajes contradictorios sobre su política con respecto a los rohingyas. Hace un mes, el primer ministro Prayut Chan-O-Cha declaró que las autoridades estaban “preparadas para recibir” a los rohingya que huyen de Myanmar. Más recientemente, un oficial del ejército tailandés indicó que los barcos de la Marina tailandesa devolverían mar adentro a las embarcaciones con refugiados rohingyas a bordo que llegaran a aguas tailandesas.
Las personas refugiadas devueltas, expuestas a sufrir persecuciónEn los últimos tres años, el gobierno tailandés ha cedido a la presión de los gobiernos extranjeros y ha devuelto a personas a países donde sus vidas y su bienestar están en grave peligro.Dichas devoluciones violan el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement) que prohíbe terminantemente la devolución de personas a territorios donde corren un peligro real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.Amnistía Internacional ha dado seguimiento a cuatro casos de devoluciones que han afectado a más de 100 personas procedentes de China, Turquía y Bahréin. Muchas de estas personas han sufrido posteriormente detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y se desconoce la situación jurídica y las condiciones de algunas de ellas.El caso más reciente ocurrió en mayo de 2017 cuando Tailandia apoyó la extradición de Muhammet Furkan Sökmen, de nacionalidad turca, de Myanmar a Turquía. Antes de ser entregado a las autoridades turcas, Sökmen permaneció detenido durante unas 24 horas en un aeropuerto de Bangkok por agentes de inmigración tailandeses. Los funcionarios tailandeses colaboraron en la extradición de Sökmen a pesar de las advertencias de la ONU de que podía estar en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos en su país de origen, donde las autoridades están llevando a cabo una amplia campaña de represión tras el intento de golpe de Estado en julio del año pasado.Sökmen fue detenido y recluido tras su llegada a Estambul por sus presuntos vínculos con opositores al gobierno turco, sin que se conozca la situación actual del proceso penal que se sigue contra él.
En un incidente similar, Tailandia recibió en 2015 críticas generalizadas a nivel internacional tras devolver a 109 personas solicitantes de asilo de la minoría uigur a China, donde esta etnia han sufrido grave persecución durante decenios.“Tailandia habla de mejorar la protección de las personas refugiadas, pero esto no se ha traducido en acciones reales. Las autoridades siguen a las órdenes de gobiernos extranjeros y envían a las personas refugiadas de vuelta a países donde están expuestas a sufrir tortura y otras violaciones de derechos humanos. Estas acciones crueles contravienen las obligaciones internacionales de Tailandia y deben detenerse de inmediato”, ha afirmado Audrey Gaughran.Abandonadas en un limbo legalLagunas enormes en el ordenamiento jurídico tailandés dejan a las personas refugiadas y solicitantes de asilo sin condición jurídica y, por tanto, vulnerables a abusos. Esto es especialmente cierto para más de 7.000 personas solicitantes de asilo que en la actualidad viven en áreas urbanas.Incluso aunque estén registradas oficialmente con la Agencia de la ONU para los Refugiados, pueden ser detenidas en cualquier momento en virtud de la Ley de Inmigración de 1979 que penaliza la entrada y la estancia irregulares en Tailandia. Tras ser aprehendidas, la mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo son enviadas a centros de detención de inmigrantes donde pueden permanecer recluidas indefinidamente en terribles condiciones que, quienes defienden los derechos de las personas refugiadas, describen como “peor que la cárcel”. Algunas de las personas que estuvieron detenidas han descrito abusos frecuentes por parte de los guardias y otros detenidos y celdas tan hacinadas que tenían que dormir por turnos.
Con el temor constante de ser detenidas y recluidas, es frecuente que las personas refugiadas y solicitantes de asilo vivan en condiciones miserables, confinadas en sus casas y aisladas de toda interacción social. Muchas tienen dificultades para encontrar empleo, acceder a atención médica o incluso para poder alimentarse y alimentar a sus familias.
Y muchas personas eligen renunciar a sus solicitudes de asilo y volver a sus países de origen en lugar de sufrir las dificultades de la vida de las personas refugiadas en Tailandia, lo que equivale a “devoluciones tácitas”.“Joseph” es un activista de derechos humanos de origen cristiano paquistaní que huyó a Tailandia con su familia después de que fueran amenazados por su fe y el trabajo de Joseph. La cuñada de Joseph, que había huido tras ser secuestrada, obligada a convertirse al islam y obligada a casarse con un hombre musulmán, se unió a ellos en Tailandia.
En 2016, dos años después de su llegada a Tailandia, la familia renunció su solicitud de asilo y volvió a Pakistán, porque su vida en Tailandia era insostenible. Joseph dijo a Amnistía Internacional: “No teníamos dinero. No teníamos nada que comer [...]. Teníamos hambre y además intentábamos esconderos de la policía. Pasábamos sin comer cuatro o cinco días seguidos”.
La cuñada de Joseph, que había sido detenida en Bangkok seis meses antes, también decidió volver a Pakistán en lugar de permanecer en un centro de detención de inmigrantes. Tras su regreso a Pakistán, la casa de Joseph fue quemada y su padre murió en el incendio. Su cuñada fue secuestrada de nuevo y devuelta a la casa del hombre con quien la habían obligado a casarse.Próximos pasosEn los últimos años, el régimen militar de Tailandia ha formulado importantes compromisos con respecto a la mejora del trato que dispensa a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Las autoridades tailandesas han reiterado su compromiso con el principio de no devolución y han declarado que no devolverán a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a situaciones donde corran peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
Tailandia también se ha comprometido a implantar un proceso de evaluación de personas refugiadas y solicitantes de asilo y a aprobar legislación contra la tortura que contenga una disposición sobre la no devolución. Si dicha legislación se aplica de conformidad con el derecho internacional, podría suponer una medida significativa para proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Tailandia.
“A pesar de que se debe elogiar al gobierno de Tailandia por acoger a cientos de miles de personas refugiadas durante decenios, sus acciones recientes muestran con frecuencia el más absoluto desprecio por los derechos de hombres, mujeres, niñas y niños que necesitan desesperadamente protección”, ha dicho Audrey Gaughran.
“El gobierno tailandés debe pasar de las palabras a los hechos. En lugar de ceder a las demandas de gobiernos extranjeros para devolver a quienes huyen de la persecución y la violencia, las autoridades deben trabajar para garantizar que la ley tailandesa protege firmemente los derechos de las personas refugiadas.”


Ante el anuncio del gobierno de Arabia Saudí de que se va a permitir conducir a las mujeres, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado:“El hecho de que el gobierno de Arabia Saudí haya cedido finalmente y decidido permitir que las mujeres conduzcan es un testimonio de la valentía de las activistas que llevan años haciendo campaña a tal fin.“Este es un pequeño paso en la dirección correcta pendiente hace tiempo y, si significa que todas las mujeres de Arabia Saudí podrán conducir por fin sin ninguna restricción, expresamos nuestra satisfacción.“Si en junio del año que viene las mujeres de Arabia Saudí están conduciendo en las calles sin temor a ser detenidas, esto será motivo de celebración. Pero sólo es un paso. También necesitamos ver la desaparición de Arabia Saudí de toda una serie de leyes y prácticas discriminatorias, como el sistema de tutela por el que todas las mujeres deben tener un tutor varón, sea su padre, su hermano, su esposo o su hijo, con autoridad para tomar decisiones en su nombre.“Del mismo modo, no debemos olvidar el hecho de que Arabia Saudí ha detenido recientemente a toda una serie de activistas de derechos humanos y personas que expresan críticas pacíficamente. La campaña de represión en el país sigue en pleno apogeo y un solo paso aislado en la dirección correcta no va a alterar de forma fundamental esa circunstancia.”Información complementaria
El real decreto anuncia la creación de un comité (integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, Economía, Trabajo y Desarrollo Social) que estudiará los mecanismos de aplicación en el plazo de 30 días.
Sin embargo, el decreto no entrará en vigor hasta el 23 de junio de 2018 y su texto especifica que se aplicará de conformidad con las “normas legales establecidas”, sin más aclaraciones, lo que plantea dudas sobre cómo se va a traducir exactamente en la práctica.


Un niño de etnia rohinga // AP Photo/Dar Yasin El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer cuanto pueda para poner fin a los crímenes de lesa humanidad y la limpieza étnica que están teniendo lugar contra la población civil rohingya en Myanmar; para ello debe tomar medidas entre las que se encuentra imponer un embargo de armas integral al país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El Consejo celebrará una sesión pública sobre la situación en Myanmar el jueves, cuando el secretario general Antonio Guterres informará a los miembros sobre la actual crisis en el estado de Rajine.
“El ejército de Myanmar está desplazando a la fuerza y matando a rohingyas, en una campaña de crímenes de lesa humanidad que constituye una limpieza étnica. Cuando se reúnan el jueves, los Estados miembros de la ONU deben preguntarse de qué lado de la historia quieren estar, y deben hacer cuanto puedan para poner fin a esta pesadilla. Unidos, tienen el poder de presionar a Myanmar para que ponga fin a la violencia”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional
“El Consejo de Seguridad debe poner fin de inmediato a la transferencia a Myanmar de todo tipo de armas, municiones y material relacionado, imponiendo un embargo de armas integral. Ese embargo debería abarcar los suministros tanto directos como indirectos, y también debería garantizar que se pone fin a la formación y otro tipo de ayuda al ejército de Myanmar.”La reunión del Consejo de Seguridad se celebra casi exactamente un mes después de que el ejército de Myanmar lanzara una brutal operación en el estado de Rajine. Ese ataque se lanzó en respuesta a los ataques perpetrados contra decenas de puestos de seguridad, en los que murieron al menos 12 miembros de las fuerzas de seguridad y cuya autoría reivindicó el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, grupo armado rohingya.
Desde entonces, casi medio millón de personas refugiadas han cruzado la frontera a Bangladesh, lo que significa que casi la mitad de los 1,2 millones de personas que viven en el estado de Rajine han huido de sus casas, y decenas han muerto violentamente en poco más de un mes.
Amnistía Internacional ha documentado la manera en que las fuerzas de seguridad de Myanmar han arrasado pueblos enteros en el estado de Rajine y han disparado contra quienes trataban de huir, en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que constituye crímenes de lesa humanidad. Pese a las afirmaciones del gobierno de Myanmar respecto a que las operaciones militares han cesado, Amnistía Internacional también pudo confirmar nuevos incendios de pueblos en una fecha tan cercana como la semana pasada.
Esta situación está empeorando aún más a causa de las severas restricciones impuestas por Myanmar contra los grupos de ayuda en el norte del estado de Rajine. Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que el miedo a la hambruna, así como los ataques del ejército, están expulsando a más gente de sus casas, mientras muchos rohingyas se encuentran atrapados en pueblos sin apenas acceso al alimento.
“Esta crisis dista de haber terminado, y no cabe duda de que los abusos continúan imparables en el estado de Rajine. Más que nunca, el mundo necesita adoptar una postura firme y presionar a Myanmar y sus fuerzas de seguridad para que pongan fin a los horrores que están infligiendo a la población rohingya”, ha declarado Tirana Hassan.
“Queremos que el Consejo de Seguridad emita una declaración pública en la que condene las atrocidades cometidas en el estado de Rajine, y que inste a que se ponga fin a la violencia y a que se permita el acceso sin trabas a los grupos de ayuda humanitaria.”


Ante la noticia de la llegada a Estados Unidos de las primeras personas refugiadas procedentes del centro de detención extraterritorial gestionado por Australia en Papúa Nueva Guinea, Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Al mismo tiempo que es alentador ver que unas personas refugiadas que han soportado tanta incertidumbre, dolor y sufrimiento encuentran la seguridad en Estados Unidos, no podemos ignorar a las que siguen atrapadas en el cruel sistema de detención extraterritorial de Australia. Cientos de personas, casi todas reconocidas como refugiadas, siguen consumiéndose en Nauru y en la isla de Manus. Ellas también deben ser trasladadas de inmediato a un país seguro.
“Australia no puede eludir su responsabilidad. Es la principal responsable del daño que ha infligido a estas personas y tiene la obligación de llevarlas a un lugar seguro. Sin embargo, si hay otros países que puedan intervenir ante la inacción de Australia, quizá haya aún esperanza para las víctimas de una política intrínsecamente abusiva que lleva tanto tiempo negando la dignidad a estas personas.”


El gobierno de Hong Kong debe suspender los enjuiciamientos que tienen por objeto disuadir a las personas de ejercer la libertad de expresión en la ciudad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando va a cumplirse el tercer aniversario del Movimiento de los Paraguas de 2014 en favor de la democracia.Han pasado tres años desde que, a finales de 2014, arrancó la protesta sin precedentes de 79 días de duración, y decenas de manifestantes que fueron detenidos por su participación en manifestaciones en gran medida pacíficas todavía están en un limbo jurídico, sin saber con seguridad si se presentarán cargos en su contra.“Tres años después de las manifestaciones del Movimiento de los Paraguas, una nube de incertidumbre se cierne sobre Hong Kong. La postura del gobierno está teniendo un efecto disuasorio sobre las libertades de expresión y reunión pacífica”, ha afirmado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.“El gobierno debe suspender los enjuiciamientos que tienen el efecto de disuadir a las personas de participar en manifestaciones pacíficas, especialmente las relacionadas con asuntos delicados como la autonomía y la democracia de Hong Kong. El persistente oscurantismo de las autoridades ha sumido a los manifestantes en un limbo jurídico y tiene consecuencias perniciosas para los derechos humanos en Hong Kong.”
Efecto disuasorioSegún datos del gobierno, 955 personas fueron detenidas durante el Movimiento de los Paraguas. El gobierno detuvo a 48 personas más con posterioridad a las manifestaciones, en su mayoría personas clave implicadas en las protestas en favor de la democracia. Fueron detenidas por delitos muy diversos, entre ellos los de “reunión ilegal” y ”reunión no autorizada”.Muchas quedaron en libertad tras el arresto, pero la policía les notificó que había investigaciones criminales en curso y que volverían a ser detenidas y acusadas formalmente si se hallaban pruebas suficientes para procesarlas.Entre los 48 activistas prominentes que fueron detenidos con posterioridad a las manifestaciones del Movimiento de los Paraguas estaban el profesor adjunto Benny Tai, el reverendo Chu Yiu-ming y Chan Kin-man, detenidos por “reunión ilegal” en 2015. En marzo de 2017 se cambió el cargo contra ellos por el de “alteración del orden público”, de ambigua definición y que conlleva una pena máxima de siete años de prisión.Amnistía Internacional ha escrito este mes al secretario de Justicia de Hong Kong, Rimsky Yuen, para pedirle aclaración sobre la situación jurídica de todos estos detenidos. En su respuesta, el Departamento de Justicia declara que 225 de las personas detenidas ya habían sido enjuiciadas o lo estaban siendo a fecha de 31 de agosto.Asimismo subraya que, en dos casos de procesamiento por “reunión ilegal”, no fue una reunión pacífica sino que implicó violencia. Aunque Amnistía Internacional reconoce que hubo episodios aislados de violencia de pequeñas proporciones, las manifestaciones fueron abrumadoramente pacíficas. La presencia en una reunión pública de grupos más reducidos que recurren a la violencia no es razón suficiente para que la policía restrinja, prohíba o disuelva la reunión al completo.Muchas de las acusaciones formuladas contra los activistas tienen que ver con acciones que formaban parte de unas manifestaciones en gran medida pacíficas, amparadas por el derecho internacional de los derechos humanos y que supuestamente están protegidas por la legislación de Hong Kong.
Cargos imprecisosEl cargo de “reunión ilegal” y otras disposiciones imprecisas contenidas en la Ordenanza de Orden Público de Hong Kong, y su aplicación, han recibido reiteradas críticas del Comité de Derechos Humanos de la ONU por no cumplir íntegramente el derecho internacional de los derechos humanos en lo referente al derecho de reunión pacífica.En agosto, los dirigentes estudiantiles Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law fueron declarados culpables de estos delitos imprecisos por su papel en una manifestación que había contribuido a poner en marcha el Movimiento de los Paraguas, y condenados a cumplir entre seis y ocho meses de cárcel. En un principio el tribunal les había impuesto servicios comunitarios o condenas condicionales, pero el recurso presentado por la fiscalía, que pedía penas más severas, prosperó.“Las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos de personas que participaron en el Movimiento de los Paraguas recurriendo a cargos amplios e imprecisos sin duda obedecen a motivaciones políticas y persiguen silenciar a quienes promueven la democracia en Hong Kong”, ha afirmado Mabel Au.Información complementariaEl Comité de Derechos Humanos de la ONU vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante para Hong Kong y proclamado en su Ley Fundamental.


El gobierno de Hong Kong debe suspender los enjuiciamientos que tienen por objeto disuadir a las personas de ejercer la libertad de expresión en la ciudad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando va a cumplirse el tercer aniversario del Movimiento de los Paraguas de 2014 en favor de la democracia.Han pasado tres años desde que, a finales de 2014, arrancó la protesta sin precedentes de 79 días de duración, y decenas de manifestantes que fueron detenidos por su participación en manifestaciones en gran medida pacíficas todavía están en un limbo jurídico, sin saber con seguridad si se presentarán cargos en su contra.“Tres años después de las manifestaciones del Movimiento de los Paraguas, una nube de incertidumbre se cierne sobre Hong Kong. La postura del gobierno está teniendo un efecto disuasorio sobre las libertades de expresión y reunión pacífica”, ha afirmado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.“El gobierno debe suspender los enjuiciamientos que tienen el efecto de disuadir a las personas de participar en manifestaciones pacíficas, especialmente las relacionadas con asuntos delicados como la autonomía y la democracia de Hong Kong. El persistente oscurantismo de las autoridades ha sumido a los manifestantes en un limbo jurídico y tiene consecuencias perniciosas para los derechos humanos en Hong Kong.”Efecto disuasorioSegún datos del gobierno, 955 personas fueron detenidas durante el Movimiento de los Paraguas. El gobierno detuvo a 48 personas más con posterioridad a las manifestaciones, en su mayoría personas clave implicadas en las protestas en favor de la democracia. Fueron detenidas por delitos muy diversos, entre ellos los de “reunión ilegal” y ”reunión no autorizada”.Muchas quedaron en libertad tras el arresto, pero la policía les notificó que había investigaciones criminales en curso y que volverían a ser detenidas y acusadas formalmente si se hallaban pruebas suficientes para procesarlas.Entre los 48 activistas prominentes que fueron detenidos con posterioridad a las manifestaciones del Movimiento de los Paraguas estaban el profesor adjunto Benny Tai, el reverendo Chu Yiu-ming y Chan Kin-man, detenidos por “reunión ilegal” en 2015. En marzo de 2017 se cambió el cargo contra ellos por el de “alteración del orden público”, de ambigua definición y que conlleva una pena máxima de siete años de prisión.Amnistía Internacional ha escrito este mes al secretario de Justicia de Hong Kong, Rimsky Yuen, para pedirle aclaración sobre la situación jurídica de todos estos detenidos. En su respuesta, el Departamento de Justicia declara que 225 de las personas detenidas ya habían sido enjuiciadas o lo estaban siendo a fecha de 31 de agosto.Asimismo subraya que, en dos casos de procesamiento por “reunión ilegal”, no fue una reunión pacífica sino que implicó violencia. Aunque Amnistía Internacional reconoce que hubo episodios aislados de violencia de pequeñas proporciones, las manifestaciones fueron abrumadoramente pacíficas. La presencia en una reunión pública de grupos más reducidos que recurren a la violencia no es razón suficiente para que la policía restrinja, prohíba o disuelva la reunión al completo.Muchas de las acusaciones formuladas contra los activistas tienen que ver con acciones que formaban parte de unas manifestaciones en gran medida pacíficas, amparadas por el derecho internacional de los derechos humanos y que supuestamente están protegidas por la legislación de Hong Kong.Cargos imprecisosEl cargo de “reunión ilegal” y otras disposiciones imprecisas contenidas en la Ordenanza de Orden Público de Hong Kong, y su aplicación, han recibido reiteradas críticas del Comité de Derechos Humanos de la ONU por no cumplir íntegramente el derecho internacional de los derechos humanos en lo referente al derecho de reunión pacífica.En agosto, los dirigentes estudiantiles Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law fueron declarados culpables de estos delitos imprecisos por su papel en una manifestación que había contribuido a poner en marcha el Movimiento de los Paraguas, y condenados a cumplir entre seis y ocho meses de cárcel. En un principio el tribunal les había impuesto servicios comunitarios o condenas condicionales, pero el recurso presentado por la fiscalía, que pedía penas más severas, prosperó.“Las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos de personas que participaron en el Movimiento de los Paraguas recurriendo a cargos amplios e imprecisos sin duda obedecen a motivaciones políticas y persiguen silenciar a quienes promueven la democracia en Hong Kong”, ha afirmado Mabel Au.Información complementariaEl Comité de Derechos Humanos de la ONU vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante para Hong Kong y proclamado en su Ley Fundamental.


Samuel Aranda/ María Jou Sol Madrid.- España solo ha cumplido con el 13,7% de sus compromisos de reubicación, una cifra ridícula por debajo del total alcanzado por la Unión Europea, que apenas ha llegado al tercio de lo establecido. Así lo indica Amnistía Internacional, cuando finaliza el plazo para el plan de reubicación que la Unión Europea firmó el 26 de septiembre de 2015. Para denunciar la falta de compromiso de las autoridades españolas con las personas refugiadas, la organización ha llevado a cabo una exposición con las fotografías de Samuel Aranda, World Press Photo 2012, y María Jou Sol, en los alrededores del Congreso, con la finalidad de mostrar los rostros de quienes huyen de la guerra y la persecución a las autoridades, que no parecen querer verlos.  
“Como el Gobierno no ha cumplido sus compromisos y el plazo se acaba, como no han llegado las 17.337 personas refugiadas previstas antes del 26 de septiembre, como no las vemos ni las autoridades parecen verlas, vamos a enseñárselas”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de AI España. Bares, restaurantes, librerías, centros de arte, fundaciones e incluso paredes del barrio “acogerán” entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre a quienes han huido de la guerra y la persecución.
Samuel Aranda y María Jou Sol han recorrido la ruta que siguen las personas refugiadas fotografiando los rostros de hombres, mujeres, menores y familias que han tenido que soportar duras condiciones después de huir de otras aun peores. “Parece fácil imaginarse un campo de refugiados: lo hemos visto miles de veces en los medios de comunicación. También sabemos cómo se supone que tiene que ser una guerra y qué sucede allí. Hasta los más pequeños lo saben. Pero en realidad no tenemos ni idea”, asegura Samuel Aranda, fotoperiodista colaborador de varios medios entre ellos, el New York Times.
La exposición fotográfica se presenta mediante una ruta de 18 locales, entre ellos el Teatro Español y La Fábrica, que han puesto a disposición de la organización sus escaparates, vitrinas o paredes para colocar fotografías y siluetas de personas refugiadas y de sus condiciones de vida en los campos. La inauguración de esta exposición ha tenido lugar esta mañana en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, donde se han instalado dos de esas imágenes a tamaño natural.
“Queremos que las autoridades españolas se encuentren con esta realidad allá donde vayan. Es lamentable que la mayor parte de los países de la Unión Europea estén mirando hacia otro lado”, ha denunciado Esteban Beltrán.  
Necesidad de un paso adelanteLos países europeos han incumplido rotundamente sus compromisos de reubicar a personas solicitantes de asilo desde Grecia e Italia. “Dos años después de acordar este plan, la mayoría de los Estados miembros de la UE les han fallado de forma fundamental a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, eludiendo sus responsabilidades y dejando abandonadas en Italia y Grecia a miles de personas”, ha afirmado Iverna McGowan, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“No se trata de hablar de boca para afuera de hacer lo correcto para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, sino de una obligación legal. Ahora los países de la UE deben dar un paso adelante y cumplir sus promesas o arriesgarse a ser llevados ante el Tribunal Europeo y a la posibilidad de enfrentarse a duras sanciones.”
Entre los peores infractores figuran Polonia y Hungría, que se han negado a aceptar a ni una sola persona solicitante de asilo de Italia y Grecia. Eslovaquia, que impugnó sin éxito el plan de reubicación ante el Tribunal Europeo, sólo ha aceptado a 16 de las 902 personas solicitantes de asilo que le fueron asignadas, y la República Checa a 12 de 2.691.
España ha cubierto sólo el 13,7% de su cuota; Bélgica, el 25,6%; Países Bajos, el 39,6% y Portugal, el 49,1%.
Malta es el único país de la UE que ha cubierto toda su cuota. Noruega y Liechtenstein entraron en el plan de forma voluntaria y ambos han cumplido sus compromisos de reubicar a 1.500 y 10 personas, respectivamente.
Cabe destacar que Finlandia ha acogido a 1.951 solicitantes de asilo (el 94% de su compromiso legal); por su parte, Irlanda ha recibido a 459 solicitantes de asilo (el 76,5% de su compromiso legal).
Amnistía Internacional pide a los gobiernos europeos que den un paso adelante en sus esfuerzos para cumplir las cuotas que se les asignaron en el plan de reubicación y que acepten a personas con necesidades de protección que están en Italia y Grecia por otros medios, como visados de trabajo y procedimientos rápidos de reagrupación familiar.
El plan de reubicación, acordado en septiembre de 2015, ofrecía a las personas solicitantes de asilo la oportunidad de reconstruir su vida en condiciones de seguridad tras sobrevivir a la guerra y la persecución y después, a peligrosas travesías para llegar a Europa. En Grecia, donde miles de solicitantes de asilo sin peticiones de reagrupación familiar están atrapados desde el cierre de la frontera entre Grecia y Macedonia en marzo de 2016, la reubicación es una de las pocas opciones formales de que dispone la mayoría de las personas para trasladarse sin riesgos a otros países europeos.
Las personas solicitantes de asilo que llegaron a las islas griegas tras la firma del acuerdo UE-Turquía el 20 de marzo de 2016 están ilegítimamente excluidas del plan de reubicación y muchas de ellas siguen atrapadas en las islas.
“Todas las personas que lleguen a Grecia e Italia antes de que se termine este plazo deben tener derecho a la reubicación. Además de permitir que continúen con su vida en condiciones de seguridad y dignidad, la reubicación de estas personas aliviaría la presión y mejoraría las condiciones de las islas griegas, que se han deteriorado con el aumento de llegadas durante los meses de verano”, ha añadido Iverna McGowan.
Una vez finalizado el plazo para que las personas solicitantes de asilo puedan acogerse al plan de reubicación, los gobiernos pueden, y deben, seguir reubicando a las que ya tienen derecho a ello, en consonancia con sus obligaciones.


El fallo condenatorio pronunciado hoy contra Khaled Ali, ex candidato presidencial y destacado abogado de derechos humanos a quien muchos consideran el mayor rival del presidente Abdel Fatah al Sisi para las elecciones presidenciales de 2018, se basa en motivos políticos, ha afirmado Amnistía Internacional.
Khaled Ali fue condenado a tres meses de cárcel, lo que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2018 si la sentencia se confirma en apelación. El tribunal lo declaró culpable de “quebrantar la moral pública” en relación con una fotografía en la que aparecía celebrando una victoria judicial tras lograr que se revocase la polémica decisión del gobierno egipcio de entregar a Arabia Saudí el control de dos islas del mar Rojo. Quedó en libertad bajo fianza de 1.000 libras egipcias en espera de la apelación.
“La sentencia condenatoria dictada hoy contra Khaled Ali, basada en motivos políticos, es una señal inequívoca de que las autoridades están decididas a eliminar a cualquier rival que se interponga en el camino de Abdel Fatah al Sisi para triunfar en las elecciones del año que viene. Además, refleja la implacable determinación del gobierno para aplastar la disidencia y así consolidar su poder”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Es inconcebible que se haya condenado a prisión a Khaled Ali, destacado abogado de derechos humanos y activista político, simplemente por celebrar su victoria en una causa judicial. El fallo condenatorio dictado en su contra por este cargo absurdo debe ser anulado.”
El juicio sobre el caso de Khaled Ali, además, estuvo plagado de defectos; el tribunal pronunció su decisión sin oír los alegatos finales de los abogados defensores y sin permitir que estos repreguntaran a los testigos de la acusación en relación con las controvertidas pruebas videográficas presentadas contra su defendido, que, según argumentaron, eran falsas.
Anteriormente en el año, Amnistía Internacional ya advirtió de que las autoridades egipcias habían intensificado su campaña represiva contra activistas de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2018 practicando detenciones de activistas de partidos de la oposición.


Tras la revisión del presidente Trump a la prohibición de entrada en EE. UU., que ahora incluye a personas procedentes de Chad, Corea del Norte, Irán, Libia, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen, Naureen Shah, directora general de campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha hecho la siguiente declaración:
“Desde la aplicación de esta prohibición hace 10 meses hemos visto familias destrozadas y naciones enteras cuyos habitantes han sido demonizados en su totalidad por los crímenes de unos pocos. La orden fue una catástrofe, no sólo para quienes buscaban un lugar seguro, sino para quienes simplemente querían viajar a EE. UU. o trabajar o estudiar en el país. Lo de hoy ni relaja la tensión ni supone seguridad para nadie.
“Sólo porque la prohibición inicial fuera especialmente atroz no significa que debamos apoyar otra versión de discriminación aprobada por el gobierno. Es absurdo y cruel prohibir la entrada a todos los ciudadanos de un país, que con frecuencia huyen de la misma violencia que el gobierno estadounidense desea bloquear. Esto no debe normalizarse.”
“En un momento en que el mundo entero se enfrenta a la mayor crisis de refugiados desde la segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense no debe emprender acciones que puedan animar a otros países a instituir prohibiciones de entrada aún más radicales que se añaden a procesos de investigación ya difíciles y que cerrarán más puertas a personas desesperadas en busca de seguridad.”
“Una y otra vez vemos cómo este gobierno va en contra de los valores básicos de decencia y dignidad cuando se trata de ayudar a personas oprimidas. Seguiremos documentando los efectos que esta forma de actuar tiene en las vidas de hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo. Esta prohibición no debe mantenerse de ninguna forma.”


Ante la noticia de que al menos 42 personas han sido ejecutadas hoy en Irak por cargos de “terrorismo”, Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha declarado:
“La ejecución masiva llevada a cabo hoy refleja de manera escandalosa cómo las autoridades iraquíes recurren a la pena de muerte para demostrar que están respondiendo a las amenazas para la seguridad.
No cabe duda de que quienes cometen ataques letales contra la población civil deben comparecer ante la justicia, pero las autoridades iraquíes deben reconocer que llevar a cabo ejecuciones no es la respuesta ni dará mayor seguridad al país o a su población.”
“Las autoridades iraquíes tienen un historial deplorable en materia de aplicación de la pena capital. Ha habido muchos casos en que la persona ejecutada había sido condenada a muerte en un juicio manifiestamente injusto y, en algunos casos, torturada para que ‘confesara’.
La pena de muerte es un castigo reprobable e irreversible que no debería aplicarse en ninguna circunstancia, y no se ha demostrado que tenga mayor efecto disuasorio sobre la delincuencia que otras formas de castigo.”