Amnistía Internacional España

Cadáveres de personas asesinadas en Thur. Junio 2016. © Particular Los Estados miembros de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) deben exigir que se investiguen adecuadamente los presuntos ataques con armas químicas de las fuerzas gubernamentales sudanesas en la región de Jebel Marra de Darfur, ha dicho Amnistía Internacional hoy, fecha de comienzo de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OPAQ en La Haya, que durará cuatro días.
En un impactante informe publicado en septiembre de 2016, Amnistía Internacional sacó a la luz indicios creíbles del uso reiterado de lo que al parecer eran armas químicas contra la población civil, incluidos niños y niñas de muy corta edad, desde enero a agosto de 2016.

Se calcula que estos brutales ataques se cobraron entre 200 y 250 vidas
Michelle Kagari
“Se calcula que estos brutales ataques se cobraron la vida de entre 200 y 250 personas, y causaron terribles heridas a decenas más. La OPAQ debe investigarlos de forma exhaustiva e independiente. Si los Estados miembros no ponen en marcha la investigación, estarán renunciando de forma clara y vergonzosa a cumplir con su deber”, ha dicho Michelle Kagari, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Algunos Estados han expresado su preocupación por este cruel uso de sustancias químicas contra civiles, pero con eso no basta. Deben garantizar que se toman medidas concretas para determinar plenamente el carácter y la magnitud del programa de armas químicas de Sudán, y exigir que este país coopere plenamente con la OPAQ.”
Amnistía Internacional pide a los Estados miembros que soliciten al gobierno sudanés aclaraciones sobre los presuntos ataques químicos en Jebel Marra. Hasta que se faciliten estas aclaraciones, los Estados miembros deben exigir una inspección exhaustiva in situ, de conformidad con el artículo IX de la Convención sobre las Armas Químicas.
Además, la comunidad internacional también debe ejercer presión política sobre el gobierno de Sudán para garantizar que permite a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y de la  Unión Africana, así como a las agencias de ayuda humanitaria, acceder sin trabas a Jebel Marra para proporcionar ayuda humanitaria vital y establecer bases de operaciones y patrullas de vigilancia.


Protesta ante la embajada de Egipto en París para pedir la liberación de Ahmed Maher, Mohamed Adel y Ahmed Douma.. © Pierre-Yves Brunaud / Picturetank Como táctica para acosar a activistas, las autoridades egipcias están utilizando cada vez más medidas arbitrarias y excesivas para conceder la libertad condicional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En algunos casos se han impuesto condiciones extremas, con las que los activistas excarcelados se han visto obligados a pasar hasta 12 horas al día en una comisaría de policía.La libertad condicional bajo vigilancia policial en Egipto exige que los presos y detenidos liberados pasen un determinado número de horas al día o a la semana en una comisaría. Este tipo de libertad se usa como alternativa a la detención en espera de juicio, o puede imponerse como pena complementaria a una condena de prisión.Amnistía Internacional ha documentado al menos 13 casos en los que se han impuesto a activistas medidas excesivas o arbitrarias de libertad condicional. En algunos casos, esas medidas preparaban el camino para detener a los activistas por segunda vez.“Las autoridades egipcias están castigando a los activistas imponiéndoles condiciones de libertad condicional excesivas y, en algunos casos, ridículas que conculcan sus derechos fundamentales, y en algunos casos constituyen privación de libertad. Muchas de estas personas han sido acusadas o condenadas por su activismo pacífico, y no deberían haber sido encarceladas, para empezar”, ha manifestado Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.

Los abusos en la concesión de la libertad condicional se han convertido en la última herramienta para sofocar la disidencia
Najia Bounaim
“Los abusos en la concesión de la libertad condicional se han convertido en la última herramienta a disposición de las autoridades para sofocar la disidencia. Es imperativo que las autoridades egipcias levanten todas las medidas arbitrarias relativas a la libertad condicional y ordenen la liberación inmediata e incondicional de los activistas que hayan sido detenidos o encarcelados exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica.”Los periodos de libertad condicional los ordenan los jueces al dictar la condena, pero normalmente dejan a discreción de la policía, sin supervisión de ningún tipo, la determinación de las horas que cada individuo debe pasar bajo vigilancia condicional como parte de la pena.En lugar de requerir que los ex presos y ex detenidos se presenten en comisaría, firmen y se marchen, la policía egipcia termina deteniendo a activistas condenados a libertad condicional durante periodos de hasta 12 horas al día en las comisarías. Durante ese tiempo, no les permiten salir de la comisaría, recibir visitas o comunicarse con ninguna persona aparte de los policías.Los activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, excarcelados después de permanecer tres años en prisión por una protesta no autorizada, se ven obligados a pasar 12 horas al día en comisarías de policía como parte de la condena impuesta por un tribunal egipcio en diciembre de 2013. A causa de estas medidas, no pueden trabajar, viajar, estudiar o expresar libremente sus opiniones.En al menos cuatro casos documentados por Amnistía Internacional, los activistas bajo libertad condicional fueron detenidos por segunda vez, a pesar de que no habían violado las condiciones de su libertad.Según la ley egipcia (Ley número 99 de 1945), las personas en libertad condicional bajo vigilancia policial deben pasar las horas de libertad condicional que les sean asignadas en su domicilio, de manera que se encuentren en él si hay una visita repentina de los policías responsables de vigilar su libertad. Sin embargo, la Ley de Libertad Condicional otorga a la policía una amplia autoridad para obligar a las personas a pasar ese tiempo en comisaría si la policía considera que resulta difícil vigilar a la persona en cuestión en su domicilio. La ley castiga además a quienes violan las normas de la libertad condicional con un año de prisión, sin especificar qué constituye exactamente una violación de dichas normas de la libertad condicional. Las normas internacionales disponen que las autoridades deben explicar, verbalmente o por escrito, las condiciones que rigen las medidas no privativas de libertad a las personas que son objeto de ellas, lo cual incluye explicarles sus obligaciones y sus derechos.Los amplios poderes y la discrecionalidad sin trabas otorgados a la policía han convertido en la práctica, en algunos casos, la libertad condicional en detención, con lo que han socavado el propósito de la libertad condicional como medida no privativa de libertad.Las medidas de libertad condicional también facilitan las violaciones de derechos humanos –como la detención arbitraria, los malos tratos y las restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de circulación y la libertad de expresión– cometidas contra activistas que han sido blanco de ataques como parte de la represión gubernamental de la disidencia. También interfieren en el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la educación y a un nivel de vida adecuado.“Las medidas excesivas y punitivas de concesión de la libertad condicional son poco más que otra forma de detención disfrazada. Han imposibilitado a algunos activistas el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, reunión y circulación, incluso después de haber terminado de cumplir su condena. Es simplemente otro medio del sistema de justicia penal de Egipto para silenciar e intimidar a quienes critican al gobierno”, ha manifestado Najia Bounaim.Según la ley egipcia, las medidas de libertad condicional pueden aplicarse en relación con una amplia diversidad de delitos, y la legislación incluye disposiciones que penalizan el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión. Por ejemplo, los acusados declarados culpables en virtud del artículo 375 bis del Código Penal, que tipifica unos delitos vagamente definidos, como "aterrorizar a la población" o "dañar la seguridad pública", deben cumplir entre uno y cinco años de prisión, y el mismo tiempo de libertad condicional tras la excarcelación.Los fiscales a veces ordenan la libertad condicional para dejar libres a personas antes de su juicio. En este caso, la orden de libertad condicional determina el número de horas y días que el detenido liberado debe pasar bajo vigilancia policial. La autoridad responsable de la detención tiene derecho a dar por terminada la libertad condicional y volver a detener al acusado si se violan las condiciones y normas de la libertad condicional. No obstante, la ley no especifica en qué consisten esas violaciones de las normas. La policía ha explotado esta vaguedad para justificar el volver a detener a activistas por no presentarse ante el agente responsable de vigilar su libertad condicional durante las horas establecidas. La ambigüedad de las condiciones obliga además a los activistas en libertad condicional a mantenerse en guardia en todo momento, y los desanima de participar en la vida pública y en actividades políticas.CASOSEx presosAhmed Maher, destacado activista político y líder del movimiento juvenil 6 de Abril, es uno de los que se encuentra en libertad condicional bajo vigilancia policial. El 22 de diciembre de 2013, un tribunal lo condenó, junto con los activistas políticos Mohamed Adel y Ahmed Douma, a tres años de cárcel, tres años de libertad condicional bajo vigilancia policial después de la excarcelación y una multa de 50.000 libras egipcias (7.185 dólares estadounidenses) cada uno, por participar en una protesta no autorizada. Tras haber cumplido tres años entre rejas, Maher se presentó en la comisaría de policía de Al Tagamu’ al Khamis el 5 de enero de 2017 para comenzar su periodo de libertad condicional. La policía le ordenó que permaneciera 12 horas cada noche en la comisaría, de seis de la tarde a seis de la mañana, lo que significa que pasará bajo custodia policial un año y medio adicional a los tres años que ya ha pasado en prisión.El abogado de Maher dijo a Amnistía Internacional que éste siente que aún está en prisión, que ponerlo bajo libertad vigilada sirve para restringir su circulación e impedirle participar en actividades políticas o expresar sus opiniones tras su excarcelación. No puede cuidar de su madre, que está enferma y requiere tratamiento médico. No puede encontrar un empleo ni ejercer su profesión como ingeniero civil a causa de las 12 horas que pasa cada noche en la comisaría.El abogado de Maher contó a Amnistía Internacional que la sentencia en contra de su cliente no especificaba los términos de la libertad condicional, y dijo que, en su opinión, la comisaría de policía recibió instrucciones de la Agencia de Seguridad Nacional de mantenerlo recluido para vigilancia durante 12 horas diarias.El abogado dijo también que, durante los primeros cuatro días de su libertad condicional, a Maher lo obligaron a permanecer sentado en un pasillo a oscuras delante de una celda en la comisaría de Al Tagamu’ al Khamis, sin cama, sin manta y sin iluminación. Posteriormente lo trasladaron a una habitación pequeña y fría, de 1,5 x 2 metros, bajo una escalera. Durante las 12 horas que pasa cada noche en la comisaría le prohíben utilizar dispositivos electrónicos, incluido su teléfono móvil, y no le permiten recibir visitas de su familia. Algunos policías también le niegan el uso de las instalaciones higiénicas. Él pidió ver al director de la comisaría para presentar una queja, pero su petición fue denegada.Mohamed Adel, uno de los líderes del movimiento juvenil 6 de Abril que fue condenado en la misma causa que Ahmed Maher a tres años de prisión y tres años de libertad condicional, también se ha visto seriamente afectado por las condiciones abusivas de la libertad condicional bajo vigilancia policial. Fue puesto en libertad bajo custodia el 22 de enero de 2017 tras pasar tres años en la cárcel, y empezó su periodo de libertad condicional. Pasa 12 horas al día, de seis de la tarde a seis de la mañana, en la comisaría de policía de Aga, en la gobernación de Dakahlia. En la comisaría le prohibieron utilizar su teléfono móvil, ver la televisión o utilizar cualquier otro dispositivo durante sus horas de vigilancia. Su petición de que le levantaran las medidas de vigilancia durante un día para viajar a El Cairo fue denegada.Mohamed Adel contó a Amnistía Internacional que había tenido que posponer su boda a causa de la duración de sus medidas de vigilancia, algo que no esperaba porque pensaba que, una vez cumplida su pena de prisión, quedaría libre. Adel estudia en la Universidad de El Cairo, pero no puede asistir a sus clases tres veces a la semana porque sus medidas de libertad condicional bajo vigilancia policial deben implementarse en otra gobernación. Según ha manifestado, no puede expresar su opinión ni participar en actividades políticas pacíficas, pues teme que se pueda considerar que esas actividades violan las condiciones de su libertad condicional y puedan dar lugar a un nuevo procesamiento.Libertad condicional que prepara el camino para una nueva detenciónAmnistía Internacional habló con el activista Abd el Azim Ahmed Fahmy, conocido como Zizo Abdo, a quien la policía detuvo en mayo de 2016 por cargos de incitar a la población a participar en una protesta no autorizada. Tras pasar cinco meses en detención preventiva, Zizo Abdo fue puesto en libertad condicional bajo vigilancia policial durante dos horas, tres veces a la semana, en la comisaría de policía de Bolak el Dakrour, en El Cairo. El 14 de febrero de 2017, un tribunal ordenó que se pusiera fin a su libertad condicional y ordenó que se le detuviera de nuevo durante 45 días por no presentarse en comisaría durante las horas establecidas el 8 de febrero. El abogado de Zizo dijo a Amnistía Internacional que éste no se había presentado en comisaría aquel día porque había sido detenido por la policía mientras estaba en un café unas horas antes y lo habían mantenido incomunicado durante cinco horas. El 26 de febrero, el Tribunal de lo Penal de El Cairo examinó la apelación de Abdo contra su nueva detención y ordenó su libertad condicional bajo vigilancia policial.Abdo contó a Amnistía Internacional que, mientras estaba bajo libertad vigilada, se sentía atrapado entre la libertad y el encarcelamiento, no podía trabajar ni viajar, ni siquiera dentro de Egipto, ni expresar su opinión sobre cuestiones públicas. Evitaba participar en actividades políticas por miedo a ser detenido de nuevo si sus actos se interpretaban como violaciones de las condiciones de su libertad.Khaled el Ansary, Said Fathallah y Ahmed Kamal fueron detenidos por segunda vez el 22 de octubre de 2016, y actualmente permanecen en detención preventiva acusados de pertenecer a un grupo prohibido llamado “Juventud 25 de Enero”. Los tres pasaron siete meses en prisión preventiva tras haber sido detenidos el 30 de diciembre de 2015.El tribunal primero ordenó su libertad condicional el 1 de agosto de 2016, con periodos de vigilancia policial de cuatro horas (de 8 de la tarde a 12 de la noche) en tres comisarías diferentes, tres veces a la semana. El 7 de septiembre de 2016, el tribunal redujo las medidas de vigilancia a dos horas una vez a la semana. El 20 de octubre, el Tribunal de lo Penal de El Cairo levantó las medidas de vigilancia para los tres hombres. Sin embargo, dos días después, la Fiscalía de la Seguridad del Estado apeló contra la decisión del tribunal. Una sala diferente de ese mismo tribunal examinó la apelación y decidió detener a los tres hombres durante 45 días, pese a que no habían violado ninguna de las condiciones de la libertad vigilada y habían cumplido estrictamente sus horas de presentación en las comisarías de policía.Desde entonces, la detención de los tres hombres se ha ido renovando cada 45 días: la última renovación fue el 25 de febrero de 2017.Dos de los hombres (Khaled el Ansary y Eyad el Masry) se han puesto en huelga de hambre en protesta por el trato recibido. La madre de Khaled el Ansary dijo a Amnistía Internacional que las medidas de libertad condicional bajo vigilancia policial habían afectado negativamente a los estudios universitarios de su hijo, y al trabajo, la vida y la economía de su familia.


Acto contra la pena de muerte ©Amnesty International/Florian Zeidler En respuesta a las noticias sobre la ejecución de 15 personas en Jordania, Samah Hadid, directora adjunta de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, ha declarado:
“La cantidad de personas ejecutadas y el hermetismo que ha rodeado su ejecución son terribles”
“Se trata de un gran paso atrás tanto para Jordania como para los esfuerzos por poner fin a la pena de muerte, una forma absurda e ineficaz de administrar justicia. Durante años, Jordania fue un ejemplo puntero en una región en la que recurrir a la pena de muerte es demasiado frecuente.
“No hay ningún indicio que la pena de muerte resuelva los delitos violentos, incluidos los relacionados con el terrorismo. Ahorcar a la gente no mejorará la seguridad pública."
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución.


Acto en Madrid Madrid.- Más de 60 ciudades de toda España se han movilizado este sábado 4 de marzo como localidades de acogida, en una iniciativa organizada por Amnistía Internacional para recordar al gobierno central que es necesario que cumpla de una vez por todas con sus compromisos en materia de reubicación y reasentamiento. De las 17.337 personas refugiadas que hasta septiembre de este año se comprometió a acoger con sus socios en la Unión Europea, solo han llegado 1.141 hasta el momento. Además, España se encuentra a la cola de Europa, ya que con 15.760 solicitudes recibidas en 2016 se hace cargo tan solo del 1,2% de las de toda Europa, frente a las 745.150 de Alemania, que suponen el  60%.  
“A pesar de las iniciativas ciudadanas y a pesar de que hay un grito social de solidaridad con las personas refugiadas, el Gobierno sigue con sus cifras ridículas”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En el último mes la organización se ha dirigido a más de 300 ayuntamientos de distinto tamaño y distribuidos por todo el territorio preguntándoles por las plazas disponibles. De ellos, 55 municipios han ofrecido al menos 2.557 plazas, demostrando, una vez más, que España está dispuesta a acoger y que sólo falta que el Gobierno dé el paso. Entre los Ayuntamientos que han ofrecido plazas de acogida se encuentran tales como Ourense, Castellón, Alicante, o Móstoles, gobernados por distintas fuerzas políticas. 
Ciudades solidarias
Ciudades como Madrid, Barcelona, Santander o Cáceres se han movilizado dentro de la acción #InauguramosCiudad, en la que se ha invitado a los Ayuntamientos a hacer públicas las cifras de acogida de personas refugiadas que ponen a disposición del gobierno central, que es el responsable de las decisiones en materia de asilo.
“Estas cifras reflejan la disposición a favor de la acogida que tienen los ayuntamientos. Por eso queremos hacer llegar este mensaje al gobierno central: es hora de que asuma su responsabilidad porque España puede y debe acoger a más personas, y darles la bienvenida que se merecen”, declara Esteban Beltrán. “Esperamos que más localidades hagan públicas sus cifras en los próximos meses para que el Gobierno central avance en la dirección correcta”, añade Esteban.
En Madrid, el acto se ha llevado a cabo en la Plaza Cibeles, y ha contado con el apoyo de personalidades del mundo artístico o periodístico, como Aitana Sánchez-Gijón, Leticia Dolera, Olivia Molina o Rosa Villacastín, así como con una actuación del cantante Marwan. En Barcelona, la plaza Sant Jaume se ha llenado de casas de cartón para simbolizar que es necesario que se agilice la llegada de las personas refugiadas. 
Un lugar seguro
Amnistía Internacional considera que es necesario que se abran rutas legales y seguras para que quienes huyan de la guerra y la persecución no tengan que arriesgarse a morir en el mar, en el desierto o a ser víctimas de abusos, violencia sexual y explotación a manos de traficantes, bandas armadas y redes de trata.
La organización tiene en marcha la campaña #YoAcojo que los Estados brinden a las personas refugiadas la protección que necesitan y garanticen que sus derechos humanos son respetados.


Sara Beltrán Hernández © Particular Sara Beltrán Hernández, joven madre de 26 años que huyó de la violencia en El Salvador y ha estado 15 meses detenida por la Oficina de Inmigración y Aduanas estadounidense en Texas, ha recibido la libertad bajo fianza. Se espera que esta tarde sea puesta en libertad para reunirse con su familia y buscar tratamiento para su tumor cerebral.
Amnistía Internacional había hecho campaña por su liberación y había movilizado a sus 1,2 millones de miembros en todo el país para que inundaran a la Oficina de Inmigración y Aduanas con peticiones de libertad para Sara.
“Sara y su familia están encantados de que finalmente pueda estar con sus seres queridos y recibir atención médica después de permanecer detenida injustamente más de 400 días”, ha manifestado Eric Ferrero, de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Es inconcebible que se trate como delincuentes a quienes huyen de la violencia y el peligro
Eric Ferrero
“Sara no debería haber estado recluida durante tanto tiempo, para empezar, no digamos ya con un problema médico. Es inconcebible que se trate como delincuentes a quienes huyen de la violencia y el peligro. Solicitar asilo no debería significar renunciar a tus derechos humanos en el proceso.”
A Sara le permitirán vivir con su familia en Nueva York mientras se procesa su solicitud de asilo. Según el derecho tanto estadounidense como internacional, las personas que llegan a Estados Unidos pueden pedir asilo si temen por su seguridad en su país de origen, y sus derechos humanos deben protegerse mientras se examinan sus solicitudes.
AI Estados Unidos envió el 22 de febrero al Departamento de Seguridad Nacional una carta en la que subrayaba que las autoridades de inmigración sólo debían utilizar la detención como último recurso, y que debía concederse la libertad condicional a quienes sufren emergencias médicas, no entrañan riesgo de fuga y no constituyen una amenaza para la seguridad pública. La carta decía que Sara Beltrán Hernández encaja en estos criterios, y debía ser puesta en libertad de inmediato.


Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Instagram de la European Commission
La recomendación de la Comisión Europea de detener a casi todas las personas migrantes en situación irregular antes de devolverlas a sus países, con independencia de dónde sean detenidas, ha puesto al descubierto la crueldad e hipocresía de las políticas migratorias de los comisarios de la Unión Europea (UE), ha manifestado Amnistía Internacional hoy. “La detención de migrantes irregulares, que figuran entre las personas que más riesgo corren en Europa, debería de ser una medida de último recurso. Sin embargo, la Comisión Europea está presionando a los gobiernos de la UE para que los detengan por casi todos los medios precisos, sea realizando terribles redadas nocturnas o pidiendo a profesionales de la salud y de los servicios sociales que ayuden a buscarlos. Que se incluya a los niños y las niñas en este amplio régimen de detención es realmente estremecedor”, ha señalado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. “Los recientes intentos de los miembros de la Comisión Europea de distanciarse de las horrendas políticas migratorias del gobierno de Trump no convencen ya a nadie. Si había aún alguna duda acerca de la hipocresía de la postura de la Comisión Europea sobre las personas migrantes, los anuncios de hoy deberían disiparla.”Información complementaria 
La recomendación publicada hoy ofrece orientación sobre cómo utilizar las disposiciones de la Directiva sobre Retornos para reforzar los procesos administrativos nacionales de retorno. Se recomienda en ellas que los Estados miembros de la UE tomen antes del 1 de junio diversas medidas, entre otras:
Aumentar los retornos y movilizar al personal de las autoridades con competencias de aplicación de la ley y migración, si es necesario las 24 horas del día y todos los días de la semana, lo que fomenta las redadas nocturnas.
Coordinarse con las autoridades médicas, judiciales y de detención, los sistemas de tutela y los servicios sociales para implementar rápidamente los retornos.
Prever en la legislación nacional un periodo inicial máximo de detención de seis meses y la posibilidad de prolongarlo a 18 meses.
Garantizar que la legislación no impide recluir a menores de edad en centros de detención ni prohíbe tomar decisiones de retorno de menores no acompañados.


La declaración realizada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a que carece de competencia en cuanto al acuerdo sobre personas refugiadas establecido entre la UE y Turquía ha puesto de manifiesto los intentos de la UE de eludir el escrutinio y la rendición de cuentas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. El Tribunal ha manifestado que el acuerdo, destinado a devolver a solicitantes de asilo a Turquía, fue realizado por gobiernos de la UE que actuaban a título nacional, y por tanto no fue un acto de una institución de la UE, motivo por el que el Tribual considera que carece de competencia para examinarlo. “Algo marcha muy mal cuando los líderes de la UE negocian un acuerdo en una cumbre de la UE, lo hacen público como un acuerdo de la UE y utilizan recursos de la UE para aplicarlo, pero luego, para eludir el escrutinio judicial, alegan que no tiene nada que ver con la UE”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. “El engaño que implica el acuerdo UE-Turquía no hace más que aumentar: primero los líderes de la UE pretenden que Turquía es un país seguro al que devolver a las personas refugiadas, y luego se lavan las manos respecto a toda implicación cuando este acuerdo, tan profundamente deficiente, cae bajo el microscopio. Echar la culpa a otros no cambiará el hecho de que este acuerdo ha provocado sufrimiento a miles de personas refugiadas y migrantes, y es urgente que sea revisado.”


© AFP / Getty Las autoridades de Pakistán deben actuar con urgencia para proteger a periodistas, blogueros y blogueras, la sociedad civil y otros activistas de derechos humanos sometidos a hostigamiento, intimidación, amenazas y ataques violentos constantes en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En una carta abierta dirigida al ministro del Interior, Nisar Ali Khan, la organización de derechos humanos subraya la existencia de una campaña de difamación que se utiliza para amenazar a las voces disidentes y deslegitimar su trabajo en formas que podrían tener consecuencias graves para su seguridad.
“El trabajo de periodistas, blogueros y blogueras, organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos es crucial para cualquier sociedad libre y justa. Sus actividades no sólo están protegidas por las obligaciones contraídas por Pakistán en virtud del derecho internacional, sino también por la Constitución de este país”, escribe David Griffiths, asesor general de Amnistía Internacional para el sureste asiático.
En la carta se citan como ejemplo programas de Bol Television como Aisay Nahi Chalay Ga, que han atacado a destacados defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, desencadenando amenazas de muerte “que el gobierno paquistaní no debe ignorar.”
Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional se basan en su amplia documentación de casos en Pakistán en las últimas décadas, en los que las acusaciones de blasfemia y otras campañas de difamación han desembocado en amenazas, ataques e incluso homicidios de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
“Las autoridades deben adoptar medidas decisivas para crear un entorno favorable y seguro en el que sea posible defender y promover los derechos humanos sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidaciones”, escribe David Griffiths.


Encuentro de la delegación de Amnistía Internacional con el Lehendakari, Iñigo Urkullu ayer 28 de febrero. Foto cedida por la Lehendakaritza. Madrid/Bilbao.- Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado el País Vasco para pedir a las autoridades y partidos políticos que impulsen una agenda común de derechos humanos, que pueda ser compartida y asumida por todas las autoridades, tanto centrales como vascas.
“Después de casi seis años del cese definitivo de la actividad armada de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos. Ahora más que en ninguna otra legislatura los partidos están obligados a dialogar. Las víctimas de ETA, las de los GAL y otros grupos armados, así como las de tortura deben estar en el centro de ese diálogo y el gobierno central debe participar activamente”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“Tanto el Lehendakari como los  representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco nos han transmitido que tiene que haber una agenda común. El reto ahora es pasar de las palabras a los hechos y buscar puntos de encuentro que luego se trasladen a las autoridades centrales. Las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos merecen este esfuerzo”.
España puede avanzar en el reconomiento de todas las víctimas o continuar sin hacerlo
Fotis Filippou
“Después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el  reconocimiento de los derechos de todas las víctimas o continuar sin hacerlo. Además, en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo en Europa, España debe revisar esta legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos”, recuerda Fotis Filippou, director adjunto sobre Europa de Amnesty International y miembro de la delegación que ha visitado el País Vasco.

Nuevo Informe de Amnistía InternacionalLa organización ha presentado a las autoridades vascas el informe “Afrontar el pasado para construir el futuro” en el que reconoce que en el País Vasco se han llevado a cabo iniciativas positivas de verdad y reparación en las que deben implicarse las autoridades centrales. Hasta ahora, estas últimas han ignorado a algunas de las víctimas e incluso han obstaculizado algunas de las iniciativas adoptadas en el País Vasco.
Las víctimas de ETAAmnistía Internacional llama la atención en su informe sobre la falta de información detallada y desglosada a nivel estatal de todos los abusos cometidos por ETA. Hay muchas víctimas de ETA que aún no han sido identificadas, sobre todo aquellas que han sufrido extorsión, amenazas o coacciones.
Con la información disponible, tampoco hay claridad sobre el hecho de si todas las víctimas de atentados mortales cometidos por ETA han tenido acceso equitativo y efectivo a su derecho a la justicia.
“Los Estados tienen la obligación de proporcionar esa información para que las víctimas y sus familias accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad", afirma Beltrán. “Mientras que según un Informe del Gobierno Vasco el 98% de las víctimas reconocidas de ETA habrían tenido acceso a algún tipo de reparación, no estaríamos ante la misma situación en relación a la verdad o la justicia para muchas otras. Por ejemplo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, habría doce casos por atentados de ETA en los que los familiares desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes.” Tampoco hay, por parte del Estado, una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer.
Las víctimas de otros grupos armadosLa impunidad sigue siendo generalizada en relación a los crímenes cometidos por otros grupos armados, como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el Batallón Vasco Español (BVE), que llevaron a cabo, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los setenta y ochenta.
Un informe del gobierno vasco señala que el 37% de estos casos de los GAL estaría aún sin esclarecer.  
Por otra parte, no hay datos de la investigación judicial sobre 24 asesinatos atribuidos al BVE o grupos satélites en los primeros años de la democracia en España.
La negación sistemática de la torturaAmnistía Internacional denuncia una vez más cómo en el caso de las víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha anti-terrorista, los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen. “Por parte del gobierno central queda todo por hacer: el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, asegura Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional en España.
La organización señala que solo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas para obtener datos sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la lucha antiterrorista. Un ejemplo es el estudio del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), cuyas conclusiones preliminares en junio pasado identificaban a 4.009 personas que alegaron haber sufrido torturas o malos tratos entre 1960 y 2013.
“Amnistía Internacional lleva décadas manifestando su preocupación por la falta de investigaciones prontas y exhaustivas y por la impunidad que rodea a la tortura en España. Este es un crimen de derecho internacional y su práctica no está justificada en ningún caso, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la seguridad pública”, concluye Álvarez.
Así lo ha señalado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que desde 2010 ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad sobre las denuncias de tortura a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen de incomunicación.
Legislación antiterrorista y política penitenciariaEn relación a la legislación antiterrorista excepcional, que se mantiene ya durante 40 años, Amnistía Internacional reclama cambios sustanciales para lograr su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ejemplo, la definición del delito de terrorismo es tan vaga e imprecisa que puede llevar a la violación de algunos derechos como el de libertad de expresión. También debe eliminarse el régimen de incomunicación a detenidos acusados de terrorismo, porque puede facilitar la tortura tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos o los Relatores para la cuestión de la Tortura y para la protección de los derechos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas.
Por otra parte, La política de dispersión de presos va en contra de los estándares internacionales. Según estos estándares, los presos y presas tienen derecho a cumplir su condena en una prisión cercana a su residencia habitual siempre y cuando soliciten el traslado de forma individual y sea posible.  Actualmente, habría alrededor de 380 personas en centros penitenciarios de España a más de 400 km de su entorno afectivo y familiar, de las cuales 189 estarían incluso a más de 800 km.
Agenda de Derechos Humanos para el País VascoLa Agenda de Derechos humanos para el País Vasco que Amnistía Internacional ha compartido con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco, así como con el Ararteko y el Lehendakari consta de seis puntos fundamentales. Amnistía Internacional transmitirá esta Agenda a las autoridades centrales en Madrid las próximas semanas.
Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del BVE. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer.Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos, y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista.Garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente. Para ello, debe realizarse una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos.Continuar avanzando en las iniciativas que ya están en marcha en el País Vasco sobre la sistematización de toda la información disponible de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. Y que el Gobierno central también recoja datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.Revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas. Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. DON EMMERT/AFP/Getty Images. Rusia y China han vuelto a abusar hoy de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, tras una votación sobre un proyecto de resolución que habría contribuido a garantizar la rendición de cuentas por el uso y producción de armas químicas por todas las partes del conflicto de Siria, ha declarado Amnistía Internacional.“Al vetar esta resolución, Rusia y China han mostrado una cruel falta de consideración por la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas sirios. Ambos Estados son partes en la Convención sobre las Armas Químicas; sus vetos no tienen excusa”, afirmó Sherine Tadros, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York.“Rusia, con el apoyo de China, lleva seis años bloqueando decisiones del Consejo de Seguridad que habrían tenido consecuencias punitivas para el gobierno sirio. Esta conducta impide que se haga justicia y anima a todas las partes en el conflicto de Siria a actuar sin respetar el derecho internacional. El mensaje que transmite la comunidad internacional es que, en lo que se refiere a Siria, no hay líneas rojas.”

Con su veto, el mensaje de Rusia y China en lo que se refiere a Siria es que no hay líneas rojas
Sherine Tadros
Rusia ha utilizado ya su poder de veto en siete proyectos de resolución sobre Siria desde que comenzó la crisis. El proyecto de hoy proponía sanciones a determinadas personas relacionadas con la producción de armas químicas en Siria, así como un embargo de cualquier material que pueda emplearse para dicha producción. El proyecto era continuación de la resolución 2118, de septiembre de 2013, sobre armas químicas en Siria, de la que fueron coautores Rusia y Estados Unidos y que impone medidas en virtud del capítulo VII de la Carta de la ONU a “la transferencia no autorizada de armas químicas, o de cualquier empleo de armas químicas por cualquier persona en la República Árabe Siria”.En agosto de 2015, el Consejo de Seguridad adoptó, también de forma unánime, la resolución 2235, que desembocó en establecimiento de un mecanismo conjunto de investigación destinado a identificar a las personas responsables de ataques con armas químicas en Siria. Desde entonces, este mecanismo ha identificado al gobierno sirio, así como al grupo armado autodenominado Estado Islámico, como autores de ataques químicos.“El vergonzoso voto de Rusia hoy no es más que otro ejemplo de cómo usa su poder de veto para asegurarse de que su aliado, el gobierno sirio, elude las consecuencias de sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es sumamente importante que el recién nombrado secretario general de la ONU, así como los miembros del Consejo de Seguridad, se manifiesten enérgicamente cuando los Estados no voten a favor de proyectos de resolución destinados a prevenir crímenes de guerra o a acabar con ellos. El Consejo de Seguridad se está convirtiendo en un instrumento para expresar posturas políticas entre los miembros permanentes, y el pueblo de Siria está pagando en última instancia el precio”, concluyó Sherine Tadros.