Amnistía Internacional España

Un anteproyecto de ley filtrado a los medios de comunicación amenaza con desacreditar y menoscabar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Hungría que reciben fondos extranjeros –incluso si se trata de apoyo directo de la Unión Europea–, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.Las propuestas del anteproyecto de “Ley de la transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero” obligarían a las ONG que reciban más de 24.000 euros al año a registrase de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero” y poner esta etiqueta estigmatizadora en todas sus publicaciones.“Este anteproyecto de ley, así como la retórica del gobierno sobre él, recuerda alarmantemente la draconiana ‘ley de agentes extranjeros’ rusa y es un ominoso plan de agresión inminente contra la sociedad civil húngara”, ha señalado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.“Apenas disfrazada de intento de proteger los intereses húngaros, esta ley tendría el efecto contrario, al desacreditar e intimidar a las ONG y menoscabar su capacidad para proteger los derechos humanos y prestar valiosos servicios al pueblo húngaro.”El gobierno húngaro ha intentado justificarla presentándola como una iniciativa para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional. Pero esta explicación es un endeble intento de legitimar el verdadero objetivo de la autoridades, que es denunciar a ONG que llevan a cabo labores esenciales, como promover el Estado de derecho, proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes y de otros grupos marginados, y prestar servicios sociales y jurídicos que el Estado no ofrece.Con su formulación actual, la ley introduciría nuevos y selectivos requisitos de “transparencia” de la financiación de las ONG y les impondría innecesariamente más cargas administrativas. Las ONG tienen que ya que informar públicamente de los fondos extranjeros que reciben todos los años, y las autoridades pueden hacerles una auditoría en cualquier momento. Una ley general, aprobada por el mismo gobierno en 2011, contiene abundantes requisitos, como la presentación de informes detallados sobre la financiación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG. La ley infringiría probablemente los reglamentos de la UE sobre la libre circulación de capital y podría ser también discriminatoria según la legislación de la UE, pues sólo se aplica a determinados tipos de ONG. Según el anteproyecto de ley, las organizaciones que no cumplan estas nuevas reglas recibirán advertencias, multas y, a la larga, la suspensión de su derecho a desarrollar actividades en Hungría.Al obligar a las ONG a ponerse la etiqueta de entidad “financiada desde el extranjero”, el gobierno húngaro intenta desacreditar su labor y volver a la población contra ellas. La justificación de las propuestas da a entender que las ONG financiadas desde el extranjero podrían servir a “intereses extranjeros” y que su financiación puede contribuir a “poner en peligro la soberanía y la seguridad de Hungría”.Las propuestas recuerdan la “ley de agentes extranjeros” de Rusia, como consecuencia de la cual se ha visto empañada la reputación de centenares de organizaciones creíbles, se ha intimidado a su personal y se ha paralizado su labor con requisitos administrativos. Desde que entró en vigor en 2012, la financiación extranjera entraña en la práctica riesgos demasiado grandes para las ONG desde el punto de vista jurídico y de su reputación.“Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la transparencia, sino con poner obstáculos y desacreditar a la voces de la sociedad civil críticas. Sería un considerable avance en la marcha de Viktor Orbán hacia la “democracia iliberal” y debería encontrar una fuerte oposición de los demás Estados miembros de la EU”, ha explicado John Dalhuisen.“Centenares de ONG de Hungría se están agrupando para pronunciarse con una sola voz y rechazar esta agresión calculada contra el derecho a la libertad de expresión y de asociación. El gobierno de Viktor Orbán debe tomar nota y adoptar medidas para garantizar que este anteproyecto de ley no llega nunca a presentarse. Desde luego, Amnistía Internacional no estará sola a la hora de oponerse a esta ley si es que alguna vez llega a examinarse.”Información complementariaLa Ley CLXXV de 2011 sobre el derecho de asociación, la condición de beneficio público y la administración y apoyo de organizaciones de la sociedad civil (apartados 20, 29-30) prescribe detallados requisitos de presentación de informes para las organizaciones de la sociedad civil.Informe de 2015 de Amnistía Internacional sobre la presión ejercida sobre la sociedad civil en Hungría


Photo by Drew Angerer/Getty Images En respuesta a los ataques aéreos contra un aeródromo del ejército sirio que Estados Unidos efectúo en Homs anoche, tres días después de un ataque con armas químicas que mató a más de 80 civiles en la provincia de Idleb, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha manifestado:“El presidente Donald Trump ha dicho que el ataque ha estado motivado por la preocupación por las vidas civiles sirias, pero su administración ha dado muestra de un cruel desprecio por la población siria que trata de huir para salvar la vida. Debe revocar de inmediato la prohibición de entrada a musulmanes y poner fin a las restricciones impuestas a las personas refugiadas que huyen del horror en Siria.“Asimismo, las fuerzas estadounidenses deben cumplir estrictamente las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario y tomar todas las medidas posibles para proteger a la población civil cuando lleven a cabo acciones militares, lo que incluye abstenerse de utilizar armas prohibidas internacionalmente, como las municiones de racimo. Los recientes ataques aéreos de la coalición dirigida por Estados Unidos en Irak y Siria han matado a centenares de civiles, entre ellos muchas mujeres y niñas y niños atrapados dentro de sus casas.“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido incapaz de proteger a la población civil de Siria en los últimos seis años. Ha envalentonado a todas las partes en el conflicto de Siria para que cometan crímenes terribles con impunidad. Es imprescindible que los Estados miembros adopten una resolución que garantice una investigación sobre el terreno del ataque químico efectuado en Jan Sheijun y que ayude a llevar a los responsables ante la justicia.”


Asistentes a una de las sesiones del festival en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. © Amnistía Internacional Donostia.- El jurado que otorga el Premio Amnistía Internacional ha decidido galardonar en esta 15 Edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián al largometraje “Jackson” de la directora Maisie Crow, y producido por la propia Maisie Crow y Jamie Boyle, por su capacidad de reflejar la realidad que viven muchas mujeres privadas de facto de su derecho a decidir sobre su cuerpo en EE.UU.
El largometraje transcurre en un contexto en el que el Estado de Mississippi restringe tanto el derecho a la educación sexual de sus ciudadanas y ciudadanos como demoniza el uso de sistemas anticonceptivos. Además, aprueba leyes abusivas que eliminan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En “Jackson” se muestra con elegancia, emoción y de forma coral y escrupulosa las distintas posiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos a través de la mirada de tres mujeres. Una adolescente sin recursos que va por su quinto embarazo; una dirigente que es referencia para las organizaciones antiabortistas  y la directora de la única clínica en el Estado de Mississippi que realiza interrupciones del embarazo. Por tanto, estamos ante mujeres hablando de los derechos de las mujeres y expresándose con libertad que es uno de los valores fundamentales del documental.
El festival, que comenzó el pasado viernes, se clausura esta tarde en una ceremonia que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el Teatro Victoria Eugenia, en el curso de la cual se hará entrega del Premio Amnistía Internacional, simbolizado en una escultura del artista vasco Koldobika Jauregi. En esta ocasión, el galardón será entregado por Pablo Malo director de cine y miembro del jurado y Koldobika Jauregi, autor de la escultura.
En esta edición del festival, además, los activistas de Amnistía Internacional han recogido gran cantidad de firmas de entre el público asistente a las sesiones en el Teatro Victoria Eugenia de adhesión a la campaña “Siria: justicia para las víctimas" y de apoyo a otros casos individuales en países como Siria, Egipto, Bahréin, Irán, Sudáfrica o Turquía.
También desde el pasado 21 de marzo y hasta el próximo 12 de abril permanece abierta en la Biblioteca Central de Alderdi Eder la exposición "Colombia, la paz esquiva", que recoge el lamento de las víctimas de más de 50 años de conflicto en este país sudamericano, así como las oportunidades y las amenazas en el actual escenario de búsqueda de la paz. La muestra ha sido elaborada con la colaboración de personas que defienden los derechos humanos in situ, y partiendo de investigaciones realizadas por Amnistía Internacional. Los datos que documenta la exposición hablan por sí solos: 265.000 personas muertas, seis millones desplazadas, 45.000 víctimas de desaparición forzada… La inmensa mayoría civiles, y casi la mitad mujeres.


gettyimages Tras prohibir el gobierno ruso un imagen alterada digitalmente que representa al presidente Vladimir Putin con los labios y los ojos pintados y de la que los medios de comunicación globales han informado ampliamente refiriéndose a ella como el meme del “payaso gay”, Sergei Nikitin, director de la oficina de Moscú de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Con su definición retorcida de la justicia, la autoridades rusas han decidido utilizar la legislación contra el extremismo para silenciar el ejercicio pacífico de la libertad de expresión en un momento en que la homofobia apoyada por el Estado fomenta la violencia en todo el país.“En vez de reprimir la sátira política, el Estado debería utilizar la maquinaria de la justicia para investigar las terribles y crecientes denuncias de secuestros masivos, tortura y homicidios de hombres gays en Chechenia.”
Información complementariaEsta semana se ha sabido que ”la imagen satírica del presidente Putin maquillado –que lleva la leyenda: “Votantes de Putin [...] dicen que hay muchos, pero no hay ninguno entre la gente que conozco”– se ha incluido en la lista de “material extremista” del Ministerio de Justicia.La imagen apareció por primera vez como respuesta a la prohibición por ley en 2013 de la “propaganda de la homosexualidad entre menores de edad”, disposición que restringe los derechos humanos y que ha fomentado la homofobia.El Ministerio de Justicia ha explicado en su sitio web que la imagen insinúa la “presunta orientación sexual no convencional del presidente de la Federación Rusa”. Fue prohibida por el Tribunal Central de Distrito de Tver, en el centro de Rusia, en mayo de 2016, junto con otros imágenes publicadas en la red social rusa Vkontaktep por el acusado Aleksandr Tsvetkov.El periódico ruso Novaya Gazeta informó el 1 de abril de que en la región rusa de Chechenia habían secuestrado al menos a un 100 hombres considerados gays y matado a tres en el marco, al parecer, de una campaña homofóbica coordinada.


© Sven Dauphin Ante la revelación hecha hoy de que los líderes europeos han bloqueado las acciones contra Italia por discriminación contra la población romaní, Amnistía Internacional ha advertido de que el desalojo forzoso inminente de los residentes romaníes del asentamiento informal de Gianturco, en Nápoles, dejará sin hogar a cientos de personas, entre ellas niños, ancianos, enfermos y discapacitados.
Según lo previsto, el desalojo de más de 1.000 personas se llevará a cabo sin consulta previa, sin notificación y sin que se proporcione alojamiento alternativo, y es ilustrativo de la discriminación sistémica contra la población romaní en Italia. El desalojo se va a producir mientras el Financial Times revela hoy que los intentos de iniciar procedimientos de infracción contra Italia fueron bloqueados en las más altas instancias.“Mientras las excavadoras están listas para ponerse en marcha, cientos de personas romaníes de Gianturco perderán no sólo su hogar, sino también su medio de vida”, ha manifestado Catrinel Motoc, encargada regional de campañas de Amnistía Internacional.“El desalojo forzoso de familias sin proporcionarles alojamiento alternativo o apoyo es un acto cruel que viola las obligaciones internacionales contraídas por Italia en materia de derechos humanos. Ilustra la discriminación sistémica contra la población romaní en Italia, que la Comisión Europea, pese a su deber de hacerlo, no está combatiendo."En el asentamiento han estado viviendo hasta 1.300 personas. Muchas de las que se espera que sean desalojadas forzosamente llevan hasta seis años viviendo allí. A lo largo del año pasado les dijeron repetidamente que las iban a trasladar, pero no les informaron de a dónde iban a llevarlas o cuándo.Aunque ahora a unas 200 personas les han dicho que las van a reasentar en un campamento de segregación étnica, cuyas viviendas son contenedores, cientos de personas más siguen sin saber dónde irán.Una persona residente en Gianturco dijo a Amnistía Internacional la semana pasada que la policía les había dicho que se marcharan “antes del 10 de abril, o de lo contrario os ahuyentaremos”. Otra mujer dijo a Amnistía Internacional: “Hace un mes me operaron dos veces. ¿A dónde pretenden que vaya? Mi hijo también está enfermo. Tiene problemas de corazón, y mi nuera tiene diabetes. Nos van a dejar en la calle, como a perros”.En los últimos meses, los habitantes de Gianturco han denunciado acoso policial, con frecuentes controles y registros. Este acoso ha dado lugar a la confiscación de alimentos, automóviles, motocicletas y carros de distinto tipo que las familias utilizan para transportar materiales reciclables recogidos de toda la localidad. Además, al haber cerrado las autoridades un mercadillo informal de artículos de segunda mano en la plaza del asentamiento, la capacidad de subsistencia de la comunidad se ha visto considerablemente reducida.El desalojo forzoso y la reubicación de algunos residentes en un campamento de segregación étnica ponen de manifiesto el hecho de que las autoridades italianas no respetan los derechos humanos de la población romaní y están poniendo en marcha una denominada estrategia de inclusión adoptada hace más de cinco años.También ponen de manifiesto las consecuencias de que la Comisión Europea no actúe respecto a las reiteradas violaciones de la legislación de la Unión Europea contra la discriminación. Pese a haber iniciado hace casi cinco años una causa preliminar contra Italia por discriminación contra la población romaní, la Comisión Europea aún no ha iniciado procedimientos de infracción. El Financial Times ha revelado hoy que esos procedimientos de infracción están siendo bloqueados en las más altas instancias. En ese tiempo, miles de romaníes han sufrido desalojo forzoso y otras violaciones de su derecho a acceder a vivienda.“El desalojo de Gianturco es sólo el más reciente de una larga y vergonzosa lista de desalojos forzados de romaníes en toda Italia. Vaya donde vaya, la población romaní de Italia se encuentra con las formas más virulentas de discriminación”, ha manifestado Catrinel Motoc.“La Comisión Europea es plenamente consciente de la segregación y la injusticia generalizadas que sufre la población romaní en Italia. La revelación de hoy demuestra que, tras cinco años de absoluta inacción, las barreras se encuentran en lo más alto. La Comisión debe dejar de arrastrar los pies y debe iniciar procedimientos de infracción contra Italia por violar la legislación de la UE contra la discriminación.”
Información complementariaSe calcula que en Italia viven unas 170.000 personas romaníes, unas 40.000 de ellas en condiciones indignas en campamentos. En todo el país, miles de romaníes siguen enfrentándose a los prejuicios, a la segregación en campamentos de infraviviendas, al desalojo forzoso y a la discriminación en el acceso a una vivienda adecuada, todo lo cual viola el derecho tanto internacional como de la UE.


Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte. En respuesta a la terrible noticia de que tres hombres declarados culpables de colaborar con Israel han sido ahorcados hoy por la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Las ejecuciones llevadas a cabo hoy por las autoridades de Hamás en Gaza representan un amargo golpe a los derechos humanos. La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante. Su uso es deplorable en todas las circunstancias, pero el hecho de que estos tres civiles hubieran sido condenados a muerte tras haber sido declarados culpables en procedimientos injustos ante tribunales militares hace que sus ejecuciones sean aún más indignantes.”
“No debe privarse a nadie del derecho a la vida, independientemente del delito de que se le acuse. Hamás debe detener de inmediato todas las ejecuciones, abolir la pena de muerte y dejar de juzgar a civiles ante tribunales militares.”


©Channel4/Native Voice Films La tortura de dos periodistas secuestrados cuando se dirigían a Jebel Marra, en la región sudanesa de Darfur, no es sólo un grave ultraje a la libertad de prensa, sino que también demuestra que las autoridades sudanesas tienen algo que ocultar en esa región, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la emisión del documental en el que se narra con detalle su terrible experiencia de seis semanas.La cadena de televisión británica Channel 4 había encargado a Phil Cox, ciudadano británico, y Daoud Hari, traductor y autor de Darfur, que investigasen los informes de Amnistía Internacional según los cuales las fuerzas de seguridad sudanesas habían usado armas químicas contra la población civil en Jebel Marra entre enero y agosto de 2016.“Durante casi dos meses, ambos periodistas estuvieron encerrados en una prisión y fueron torturados sólo por hacer su trabajo. Los sometieron a palizas y descargas eléctricas, les privaron deliberadamente de oxígeno y los sometieron a simulacros de ejecución”, ha dicho Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.“Todo lo que ha hecho el gobierno sudanés para impedir que los dos periodistas llegaran a Jebel Marra, actos de tortura incluidos, sólo indica una cosa: que tiene algo que ocultar. Si no se usaron armas químicas, ¿por qué no permitirles que hicieran su trabajo? “Esta es una razón más, si hiciera falta alguna, por la que los presuntos ataques químicos que causaron la muerte de entre 200 y 250 personas deben ser investigados de forma exhaustiva e independiente.”Estando en Darfur, los cineastas fueron secuestrados por miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que forman parte de las fuerzas armadas sudanesas y constituyen un elemento clave en los intentos del gobierno sudanés de contener el flujo de personas refugiadas hacia Europa, a la luz de la Iniciativa sobre la Ruta Migratoria UE-Cuerno de África, también conocida como Proceso de Jartum. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación respecto a que los fondos enviados por la UE a Sudán en el marco del Proceso de Jartum pudieran estar financiando involuntariamente a las RSF, un grupo acusado de la comisión de violaciones de derechos humanos atroces.Después de pasar una semana encadenados a un árbol en Darfur Septentrional, los entregaron a otras fuerzas gubernamentales sudanesas y los llevaron a la prisión de Kober de la capital, Jartum, donde estuvieron recluidos seis semanas junto a otros detenidos, entre ellos defensores de los derechos humanos, decenas de los cuales estaban recluidos sin cargos“Ahora que se ha revelado la constante de detenciones arbitrarias y tortura imperante en Kober, la comunidad internacional debe actuar e insistir en que todos los detenidos que siguen recluidos sean o puestos en libertad o acusados de un delito reconocible en un tribunal de justicia ordinario y civil”, ha afirmado Muthoni Wanyeki.Información complementariaLas fuerzas gubernamentales sudanesas que participaron en ataques químicos en Jebel Marra cometieron numerosos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, bombardeos aéreos indiscriminados, desplazamientos forzados, violaciones y pillaje.En los últimos años, muchos activistas de la oposición, estudiantes y defensores y defensoras de los derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente y víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS).Se ha recurrido también al NISS para silenciar a la prensa con el hostigamiento y la detención de periodistas. Además, los periódicos están sometidos a una férrea censura y en ocasiones se confiscan tiradas enteras si critican al gobierno.Aunque los agentes del NISS son responsables de la mayoría de las detenciones arbitrarias, también se han recibido informes de este tipo de detenciones practicadas por funcionarios de los servicios de Inteligencia Militar.Channel 4 News emitirá “Hunted in Sudan”, el documental sobre la terrible experiencia de los dos periodistas, los días 5 y 6 de abril, a las 7 de la tarde, en Reino Unido.


Photo by Alex Wong/Getty Image Cualquier ausencia de los derechos humanos de la agenda de la primera reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping, que se celebrará en Florida el jueves y el viernes, podría alentar a gobiernos de todo el mundo a impulsar políticas divisivas, tóxicas y deshumanizadoras, ha declarado hoy Amnistía Internacional.“Como dos de los líderes más poderosos del mundo actual, lo que el presidente Trump y el presidente Xi dicen y hacen sobre los derechos humanos reverbera mucho más allá de sus respectivas fronteras. La reunión se celebra cuando ambos presidentes están eliminando protecciones de los derechos humanos, con consecuencias para millones de personas en China, Estados Unidos y en todo el mundo. Desde personas refugiadas devueltas en la frontera estadounidense hasta abogados y abogadas de derechos humanos encerrados en las cárceles chinas, las consecuencias de su desprecio hacia los derechos humanos son devastadoras”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“Los derechos humanos están bajo grave amenaza en todo el mundo, y sin un liderazgo audaz y basado en principios, vamos en una dirección muy peligrosa. El resto del mundo está observando: El presidente Trump y el presidente Xi deben poner los derechos humanos en el centro de la agenda de su reunión alejándose del abismo y reafirmando sus compromisos con sus obligaciones internacionales.”El presidente Trump sigue traduciendo en actos sus odiosas y xenófobas promesas, por ejemplo, al persistir en sus intentos de impedir que las personas que huyen del conflicto y la persecución de países destrozados por la guerra como Siria busquen un lugar seguro en Estados Unidos.El 1 de abril, Estados Unidos asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU con promesas de dar prioridad a los derechos humanos, justo después de que el gobierno de Trump retirase las condiciones relativas a estos derechos para las ventas de aviones de combate F-16 a Bahréin, a pesar de la participación de este país en una coalición dirigida por Arabia Saudí que ha bombardeado a miles de civiles en Yemen.“Muchos gobiernos seguirán el ejemplo del gobierno de Trump y el mensaje hasta ahora es que el presidente Trump está dispuesto a cerrar los ojos ante violaciones graves de derechos humanos”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.Estados Unidos también se ha abstenido de condenar la creciente persecución en China de abogados y abogadas de derechos humanos, negándose a firmar una carta en la que Reino Unido, Alemania y Canadá, junto con ocho países más, instaban a China a que investigase las denuncias de tortura.La represión del presidente XiLos cinco años en el poder del presidente Xi se vienen caracterizando por una arrolladora represión de detractores del gobierno, periodistas y activistas. Muchos reciben duras condenas de prisión en juicios injustos, como Ilham Tohti, destacado detractor de las políticas del gobierno chino hacia las minorías étnicas, que fue condenado a cadena perpetua en 2014 por el cargo infundado de “separatismo”.Desde 2015, el gobierno chino ha promulgado una serie de leyes de redacción imprecisa con el pretexto de la seguridad nacional. Estas leyes se están usando para silenciar la disidencia y reprimir a activistas, mediante cargos de índole política como el de “subversión”.La ley antiterrorista aprobada en 2015 no contiene prácticamente ninguna salvaguardia que impida que quienes practiquen pacíficamente su religión o critiquen las políticas del gobierno sean enjuiciados por cargos generales de terrorismo.“Es una época oscura para los derechos humanos en China. Las autoridades están usando nuevas leyes de seguridad nacional de gran alcance para sofocar a la sociedad civil y perseguir a cada vez más detractores pacíficos, mostrando un desprecio total hacia el derecho internacional de los derechos humanos”, ha afirmado Salil Shetty.“La presión internacional sobre China es vital, y Estados Unidos no debe eludir hacer estas críticas”, ha dicho Margaret Huang.Parálisis en el Consejo de seguridad de la ONUEl Consejo de Seguridad de la ONU sigue estando paralizado por la rivalidad entre los Estados miembros permanentes, incluidos Estados Unidos y China. El gobierno chino ha recurrido a su poder de veto en la ONU para impedir que se impongan sanciones a los responsables de atrocidades masivas en Siria.Mientras tanto, Estados Unidos sigue aparentemente dispuesto a proteger a Israel del escrutinio por sus graves violaciones de derechos humanos, y ha vetado resoluciones encaminadas a hacer que Israel rinda cuentas de las muertes de civiles en Gaza y de la actividad de los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados.Cuando el presidente Xi se dirigió al Foro Económico Mundial en Davos este año, instó a los gobiernos a “mantener la autoridad y eficacia de las instituciones multilaterales”, pero el propio gobierno chino sigue resistiéndose a las investigaciones de órganos de derechos humanos de la ONU pese a sus recientes promesas de cooperar.Amnistía Internacional insta a Estados Unidos y a China, y a los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a que no utilicen su poder de veto en casos en los que se estén cometiendo atrocidades.“Cuando un estrecho interés nacional usurpa los derechos humanos, lo que está en juego son principios básicos: desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo. Si dos de los líderes más poderosos del mundo siguen marginando los derechos humanos, esto producirá un devastador efecto dominó, poniendo en peligro protecciones establecidas de estos derechos, y desembocará en nuevas crisis”, ha concluido Salil Shetty.


AI oculta en la Junta General de Accionistas Madrid.- La empresa española Ferrovial ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, a la que ha accedido Amnistía Internacional para exigir ante la dirección de la empresa el fin, cuando antes, de las operaciones de gestión de los centros de “tramitación” de personas refugiadas en las Islas de Nauru (Océano Pacífico) y Manus (Papúa Nueva Guinea), donde existen evidencias de violaciones de derechos humanos. Así lo ha demostrado la organización, en un nuevo informe, donde acusan a la empresa española y a su subsidiaria australiana, Broadspectrum, de complicidad con un sistema cruel y abusivo del gobierno de Australia que constituye tortura para estas personas.
“Ferrovial, a través del contrato de su filial Broadspectrum con el Gobierno de Australia, se ha convertido en cómplice de graves violaciones de derechos humanos. La empresa, no sólo es consciente de este abuso, sino que se beneficia del mismo”, ha declarado en el turno de preguntas Gerardo Ríos, coordinador del Equipo de Empresas de Amnistía Internacional.
La respuesta de la dirección de Ferrovial ha ido en la misma línea que la carta que contiene el informe. En ese sentido, han reiterado que el contrato finaliza en octubre de 2017 y que la responsabilidad de la política migratoria recae en los gobiernos. Además, han asegurado que existe libertad de movimiento puesto que las personas no están encerradas en los centros. Sin embargo, Amnistía Internacional recuerda que las personas no pueden salir de Nauru ni siquiera cuando tienen el estatus de refugiado concedido, por lo que su sufrimiento se agudiza.
Asimismo, en su respuesta, Ferrovial ha señalado que estos lugares han sido objeto de visitas internacionales. A ese respecto la organización restalta que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penal crueles, inhumanos o degradantes conluyó que el sistema de tramitación extraterritorial de procesamiento de refugiados en Manus, Papúa Nueva Guinea, violaba el derecho de las personas solicitantes de asilo al derecho a estar libre de tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por otro lado, AI subraya que existe una cultura de secretismo que rodea a la isla de Nauru, algo que ha llevado al gobierno australiano hasta a considerar delito que los profesionales del ámbito de la atención social hablen de lo que allí ocurre, imponiendo además estrictas cláusulas de confidencialidad a quines allí operan.
“Desde luego, cuando Ferrovial adquirió Broadspectrum lo hizo con total conocimiento de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Australia en Nauru. ¿Qué procedimientos inició Ferrovial antes de esa compra para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos? ¿Y qué mecanismos de investigación va a adoptar para investigar la denuncia de AI?”, ha preguntado Roberto Gil, otro de los activistas asistentes a la Junta.
Más información     El último informe de Amnistía Internacional, del pasado mes de octubre, acusaba al gobierno australiano de someter a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegaban por barco a un sistema intencionado y cruel de abusos con el único propósito de mantenerlas alejadas de sus costas y disuadirles de pedir protección internacional. Para conseguirlo, el país ha gastado miles de millones de dólares en crear y mantener su sistema de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional intrínsecamente abusivo, enviando a quienes huyen de la guerra y la persecución a las remotas islas de Nauru (Océano Pacífico) y Manus (Papúa Nueva Guinea), donde quedan atrapadas en crueles y atroces condiciones abusivas.  
Amnistía Internacional investigó cómo el sistema del gobierno australiano en Nauru constituye tortura. Algunas personas refugiadas y solicitantes de asilo han intentado suicidarse. La organización pide que Ferrovial ponga fin a sus operaciones en la isla lo antes posible, y lleve a cabo acciones concretas para acabar con su complicidad con estos abusos.
Aquí puedes descargarte el vídeo de la acción que ha tenido lugar esta mañana en la Junta Central de Accionistas.


Menores refugiados en Nauru participan en una protesta en marzo de 2015 por las condiciones en las que se encuentran en la isla. © Particular Madrid.- Una importante empresa responsable de la gestión del centro de “tramitación” de refugiados de Nauru del gobierno australiano está ganando millones de dólares con un sistema que constituye tortura de personas refugiadas y solicitantes de asilo, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización denuncia en un nuevo informe titulado “I$la del tesoro” cómo la multinacional española Ferrovial y su filial australiana Broadspectrum son cómplices del sistema de tramitación de refugiados, cruel y secreto, de la isla del Pacífico, y obtienen enormes beneficios de él.
“El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”, ha afirmado Lucy Graham, investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Al permitir un sistema concebido para causar sufrimiento, Broadspectrum y Ferrovial son cómplices de estos abusos
Lucy Graham, investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional
“Al permitir a sabiendas la continuación de este sistema, concebido expresamente para causar sufrimiento y disuadir a las personas de viajar a Australia en barco en busca de asilo, Broadspectrum y Ferrovial son inequívocamente cómplices de estos abusos.”
Dado que el contrato de 2.500 millones de dólares australianos de Broadspectrum con el gobierno australiano finaliza en octubre, Amnistía Internacional advierte a otras empresas de que no intenten lucrarse con la tortura.
“Cualquier empresa que esté considerando la posibilidad de tomar este tóxico relevo será cómplice de un sistema deliberadamente abusivo, en contravención directa de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, y podrá incurrir en responsabilidad penal y civil”, ha dicho Lucy Graham.
“El régimen de crueldad del Centro de Tramitación de Refugiados de Nauru deja una mancha en su reputación y supone un peso en su conciencia que ninguna empresa responsable querría para sí.”
La crueldad: un negocio lucrativoDesde 2012, Australia opera sistemas de “tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional” deliberadamente severos en la isla del Pacífico de Nauru y en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). Las personas refugiadas y solicitantes de asilo son aisladas en lugares remotos y sometidas a condiciones crueles, a veces durante años, sólo por haber buscado seguridad en las costas australianas.
En su informe de octubre de 2016, Island of Despair: Australia’s ‘processing’ of refugees on Nauru, Amnistía Internacional concluyó que el gobierno australiano violaba de forma deliberada y sistemática los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y que las condiciones en la isla eran tan deliberadamente crueles y abusivas que constituían tortura.
Y ahora se sabe que la crueldad y los abusos son un negocio lucrativo.
Los Centros de Tramitación de Refugiados (RPC) de Nauru y la isla de Manus están gestionados por Broadspectrum, empresa que adquirió Ferrovial en abril de 2016.
En el informe de Amnistía Internacional se detalla que la parte de la actividad de Broadspectrum dedicada a sus operaciones en Nauru y la isla de Manus aportó a Ferrovial 1.646 millones de dólares australianos en el ejercicio de 2016; un asombroso 45% del total de los ingresos de explotación de la empresa.
A su vez, Ferrovial se ha embolsado 1.400 millones de euros de ingresos procedentes de Broadspectrum desde que adquirió esta empresa. Una parte sustancial de esta suma proviene de las operaciones en Nauru y la isla de Manus.
“Ferrovial y Broadspectrum no sólo cierran los ojos ante las violaciones de derechos humanos que perpetra el gobierno australiano, sino que son ellas mismas quienes propician los abusos”, ha declarado Lucy Graham.
“Es un arreglo aséptico, a sangre fría, en el que las autoridades australianas establecen el modelo de crueldad y las empresas hacen el trabajo sucio. Teniendo en cuenta los extraordinarios beneficios de la oferta, consideramos que está claro que lo que mueve a estas empresas es la pura codicia.”
El valor total del contrato del gobierno australiano con Broadspectrum es de 2.500 millones de dólares australianos (1.900 millones de dólares estadounidenses) durante tres años y medio.A la vista del contexto de los demás segmentos de negocio de Broadspectrum, es patente lo lucrativo que es este contrato.
El margen de beneficio de los segmentos de negocio Defensa, Social e Inmobiliario de Broadspectrum —que incluye sus operaciones en Nauru y la isla de Manus— fue del 17,8% en el ejercicio de 2016, muy superior al del resto de sus segmentos, como Infraestructura (2,8%) y Recursos e Industrial (1,6%).
Al mismo tiempo, los ingresos de Ferrovial en el segmento Servicios —correspondiente a Nauru y la isla de Manus— aumentaron en 2016 un 24,1% gracias a la adquisición de Broadspectrum.
Una existencia infame en NauruMientras Ferrovial y Broadspectrum obtienen enormes beneficios, las personas atrapadas en Nauru soportan una existencia inconcebiblemente infame, con pocas esperanzas de alivio.
No sólo se les ha negado entrar en Australia, sino que no tienen ni idea de cuándo las autoridades de Australia y Nauru les permitirán salir, si es que se lo permiten, a pesar del acuerdo con Estados Unidos sobre reasentamiento anunciado recientemente. Ni siquiera las personas refugiadas a las que se ha reconocido tal condición pueden salir de la isla.

Nauru: Abusos físicos y sexuales, sin investigar. Miles de personas encerradas sin poder salir #Ferrovialcomplice
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Las personas refugiadas y solicitantes de asilo del RPC de Nauru han sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de algunos miembros del personal, ninguno de los cuales ha rendido cuentas debidamente de sus actos.
El informe incluye el demoledor caso de “Yasmin”, de Irán. Su esposo, “Amir”, contó a Amnistía Internacional en julio de 2016 que la salud mental de Yasmin empezó a deteriorarse durante el tiempo que estuvo en el RPC de Nauru, hasta el punto de que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Broadspectrum no sólo conoce las condiciones en que viven las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru; en algunos casos, su personal y sus subcontratistas son directamente responsables del abandono y los abusos.
Las denuncias de abusos contra Broadspectrum, su subcontratista Wilson Security y otros miembros del personal del RPC incluyen (a 30 de abril de 2015) 30 denuncias formales de maltrato infantil, 15 de agresión sexual o violación y cuatro relativas al intercambio de favores sexuales por contrabando.
“Esta es la cara más fea de un negocio. Ferrovial compró Broadspectrum con pleno conocimiento del alcance de los abusos contra los derechos humanos en Nauru y del nivel de beneficios que Broadspectrum obtiene como consecuencia de este inmenso sufrimiento”, ha dicho Lucy Graham.
La opresiva cultura de secreto sustenta los abusosLas autoridades australianas han declarado con orgullo que su intención es que las personas detenidas en Nauru y la isla de Manus sufran para disuadir a otros posibles solicitantes de asilo de tratar de entrar en el país de forma irregular.
Pese a la aparente sinceridad sobre la cuestión, nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de la gestión del RPC de Nauru.
Broadspectrum dijo a Amnistía Internacional que “no gestiona el Centro de Tramitación de Refugiados”, afirmación que repitió Ferrovial. A su vez, el gobierno australiano dice que el Centro está gestionado por el gobierno de Nauru, que por su parte ha insinuado que no es responsabilidad suya.
En cambio, la investigación de Amnistía Internacional muestra que Broadspectrum lleva la gestión diaria del RPC y tiene el control efectivo de la vida cotidiana de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el RPC, y que lo hace en nombre del gobierno australiano y bajo la supervisión y control en última instancia de éste.
El gobierno australiano ha puesto también el máximo empeño en ocultar toda la magnitud de los abusos en Nauru, al considerar delito que los profesionales del ámbito de la atención social hablen de lo que allí ocurre y someter a los proveedores de servicios a cláusulas estrictas de confidencialidad.
Por su parte, Broadspectrum ha advertido a su personal, en un documento interno filtrado, que comunicar información sobre las operaciones en Nauru puede ser causa de despido.
Este secreto se extiende a las condiciones de los contratos en cuya virtud Broadspectrum y Wilson Security prestan servicios en Nauru y la isla de Manus, y cuyas cláusulas no se conocen públicamente en su totalidad.
“El secreto que rodea los contratos permite que Broadspectrum y Ferrovial oculten los beneficios exactos que obtienen de los abusos, mientras las estrictas condiciones de confidencialidad impuestas por el gobierno australiano permiten a éste ocultar la magnitud de estos abusos”, ha afirmado Lucy Graham.
Ninguna empresa debería beneficiarse de abusosEl sistema de tramitación extraterritorial de Australia en Nauru no podría funcionar sin la participación de Broadspectrum. Ferrovial ha manifestado que no renovará el contrato a su vencimiento en octubre de 2017, por lo que se prevé que el gobierno australiano convoque en breve una licitación dirigida a nuevos proveedores de servicios. Amnistía Internacional les advierte de que no opten a este contrato.
“Ninguna empresa debería operar en Nauru o Manus, pues la situación actual es tan perniciosa que sería imposible que ninguna compañía lo hiciera sin contribuir a que se cometan violaciones graves de derechos humanos e incurrir en responsabilidad legal y en riesgos para la reputación”, ha apuntado Lucy Graham.
“Por tanto, nuestra obligación para con las víctimas de violaciones de derechos humanos en las islas es denunciar y dejar en evidencia a cualquier empresa que anteponga el beneficio a la decencia decidiendo implicarse en las operaciones abusivas de Australia.”
Amnistía Internacional pide al gobierno australiano que clausure el sistema de tramitación extraterritorial, traslade de inmediato a Australia a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru y la isla de Manus, y garantice que todas aquellas a las que se concede el estatuto de refugiado tienen derecho a establecerse en Australia.
También insta al gobierno australiano a que considere y acepte todas las ofertas de cooperación y ayuda internacional basadas en el respeto de los derechos, incluido el reasentamiento de personas refugiadas en terceros países siempre que éstas así lo deseen y estén en disposición de tomar al respecto una decisión completamente libre e informada.
La organización ha lanzado una campaña para pedir a Ferrovial que ponga fin a sus operaciones en Nauru y la isla de Manus lo antes posible.
En el anexo al informe se incluye la respuesta íntegra de Broadspectrum y Ferrovial a nuestras conclusiones.