Amnistía Internacional España

Natalya Sharina. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Amnistía Internacional ha declarado hoy que la sentencia condenatoria por tenencia de “libros extremistas” contra Natalya Sharina, ex directora de la Biblioteca Pública de Literatura Ucraniana de Moscú, refleja un evidente desprecio por el Estado de derecho, y pone de manifiesto la falta de independencia de la magistratura rusa.En efecto, el Tribunal de Distrito de Meshchansky (Moscú) la ha hallado culpable de “incitación al odio” y “malversación”, y le ha impuesto una condena condicional de cuatro años. Natalya Sharina había sido detenida en octubre de 2015, tras haberse encontrado obras del nacionalista ucraniano Dmytro Korchynsky entre un montón de libros sin indizar de la biblioteca que dirigía. Las obras de ese autor están oficialmente prohibidas en Rusia, y la fiscalía calificó los libros en cuestión de “extremistas” y “antirrusos”.“Esta causa, extremadamente politizada, es un atropello a la justicia, y pone en evidencia graves problemas en cuanto a la independencia de la magistratura rusa. Natalya Sharina no debería haber sido juzgada, y mucho menos condenada”, ha declarado Denis Krivosheev, director adjunto para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.“La fiscalía ha explotado el extremadamente tenso ambiente antiucraniano que predomina hoy en día en Rusia, y el tribunal ha desestimado —sin más— pruebas clave de la defensa, incluidos testimonios de personas que afirmaban haber visto cómo agentes de policía introducían los libros prohibidos en la biblioteca.”Durante el juicio, la fiscalía acusó a Natalya Sharina de promover el nacionalismo ucraniano que —aseguró— se da la mano con el fascismo alemán.Amnistía Internacional considera que los dos cargos en su contra son infundados, y responden a intereses políticos, por lo que considera a Natalya Sharina víctima de una farsa.
Información complementaria
Natalya Sharina fue detenida el 28 de octubre de 2015, y pasó un año y siete meses bajo arresto domiciliario antes de ser juzgada.El cargo de malversación se añadió en su contra en abril de 2016, cuando se la acusó de haberse apropiado indebidamente de fondos de la biblioteca para pagar a un abogado que la defendiera entre 2011 y 2013, durante una maniobra previa para enjuiciarla.


Manifestación del 29 de mayo en Caracas © Juan Barreto/Getty Images El incremento en el despliegue de fuerzas militares para reprimir protestas, el aumento en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y otros, y el uso de tribunales militares para tratar de silenciar voces disidentes, ilustra un terrorífico cambio de enfoque de las autoridades venezolanas para lidiar con la crisis de derechos humanos sembrando el caos a lo largo y ancho del país, declaró Amnistía Internacional después que al menos 60 personas fueron asesinadas durante protestas en los últimos 60 días.
“Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El nivel de violaciones de derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son una reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las Américas.”
“Al desestimar a los manifestantes como ‘terroristas’ y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones.”
Durante las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva para evitar que manifestaciones pacíficas se lleven a cabo. Personas que viven en áreas residenciales, y que no toman parte en las manifestaciones, también han reportado ser víctimas de ataques indiscriminados con gas lacrimógeno.
La comunidad de La Isabelica, Carabobo, es un ejemplo notable del alcance del uso indiscriminado de la violencia contra las personas que no participan en la reciente ola de protestas. Amnistía ha recibido reportes directos de disparos al azar a transeúntes, gas lacrimógeno disparado directamente hacia casas y un miedo generalizado de reportar estos incidentes a las autoridades.
La situación ha sido particularmente grave en los estados de Carabobo, Lara, Barinas y el estado fronterizo de Táchira, donde más de 600 soldados han sido desplegados para responder a manifestaciones pacíficas.
“Desplegar fuerzas militares para contener manifestaciones y perseguir manifestantes en cortes militares son formas infalibles e ilegales de escalar aún más esta crisis. Por el contrario, las autoridades deben retirar urgentemente al personal militar de las manifestaciones, investigar las diversas violaciones a los derechos humanos reportadas en las semanas recientes y asegurar que las personas puedan protestar sin temor a ser lastimadas o asesinadas.”
Grupos de civiles armados –algunos de ellos presuntamente apoyados por el gobierno- han sido también reportados por haber agredido manifestantes y a cualquiera que proteste en contra de la administración de Maduro. Estos reportes son particularmente preocupantes, teniendo en cuenta la activación del gobierno del “Plan Zamora”, un programa gubernamental que aparentemente moviliza el uso conjunto de fuerzas civiles y militares para confrontar la crisis que se apodera del país.
Las autoridades no han publicado todos los detalles del plan, pero la referencia a la movilización de civiles junto con las fuerzas de seguridad del Estado es muy preocupante en el contexto actual de creciente violencia y tensión.
Desde el 4 de abril, hubo al menos 60 personas reportadas muertas y 1.000 heridas en el contexto de la crisis política, según cifras oficiales.
De acuerdo con ONG locales, cientos de personas han sido injustamente encarceladas en el marco de manifestaciones masivas contra el Gobierno, que han tenido lugar en toda Venezuela. Se cree que más de 300 personas han sido llevadas a tribunales militares, acusadas de delitos como “rebelión”, “terrorismo” y “traición", y tratadas efectivamente como soldados en un conflicto armado.
Recientemente, la Fiscalía General de Venezuela ha pedido acceso a los detenidos.
En un informe publicado en abril, Amnistía Internacional resaltó el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión y detener arbitrariamente a disidentes a lo largo y el ancho del país.


Activistas de Amnistía Internacional y de la FELGTB frente a la embajada de la Federación Rusa en Madrid. ©Francisco Ruano Amnistía Internacional ha reunido más de 662.000 firmas en todo el mundo que reclaman que se acabe con la terrible persecución de hombres considerados gais en la república rusa de Chechenia.
El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres considerados gais habían sido secuestrados en los últimos días como parte de una campaña coordinada. En estas informaciones se denunciaba que las autoridades chechenas están deteniendo, torturando e incluso matando a hombres gais en el marco de una campaña destinada a purgar a personas por su orientación sexual.
Algunas de estas informaciones han sido contrastadas por Amnistía Internacional. La organización ha hablado con testigos que contaron cómo se humilla públicamente a hombres sospechosos de ser gais cuando las autoridades van a por ellos: se los llevan a rastras delante de sus familias y colegas, lo que los pone en peligro de sufrir represalias, aún en el caso de que finalmente salgan en libertad.
Los ex detenidos siguen estando fácilmente al alcance de las autoridades chechenas y existe un gran riesgo de que se cometan homicidios en nombre del "honor" por sus propias familias.
“Las autoridades chechenas dicen que los gais no existen. Pero lo cierto es que los gais chechenos, están sufriendo una persecución impulsada desde las autoridades y no tienen esperanza de obtener protección o justicia en su región o país de origen", afirmó John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Instamos a la comunidad internacional a que abra sus puertas a todas la personas que huyen de la persecución homofóbica en Chechenia
John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
"Esta semana, se van a unir personas de todo el mundo en un acto de desafío para mostrar a los gais de Chechenia que los reconocemos y que exigimos su protección”, señaló Dalhuisen. “El tiempo pasa para los hombres gais de Chechenia, que viven a la sombra de esta aterradora purga. Instamos a la comunidad internacional a que abra sus puertas a todas las personas que huyen de la persecución homofóbica en Chechenia”.
Los periodistas del Novaya Gazeta, así como otros periodistas que les han brindado su apoyo, han sido amenazados por varios dirigentes políticos y religiosos chechenos. En el pasado, este tipo de amenazas y llamamientos públicos a tomar represalias terminaron con ataques contra las personas afectadas e incluso con su muerte.
En España se recogen cerca de 23.000 firmas
Como parte de un Día Mundial de Acción el 2 de junio, los y las activistas de Amnistía Internacional entregaron peticiones o realizaron actos simbólicos en las embajadas rusas de todo el mundo.
En España se ha hecho en la Embajada Rusa una entrega de cerca de 23.000 firmas junto con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). A lo largo de los próximos días se realizarán acciones de calle en diferentes ciudades del mundo para protestar por la campaña coordinada de secuestros, torturas y muerte de las autoridades chechenas.
También se ha mantenido una reunión con representantes de la Embajada de la Federación rusa, en la ambas organizaciones valoran positivamente que se haya abierto un examen preliminar de las denuncias, aunque han remarcado la necesidad de que de ésta se convierta en una investigación plena que lleve a los presuntos responsables ante la justicia. Asimismo las organizaciones han pedido a las autoridades rusas que garanticen la seguridad de estas personas. Los representantes de la embajada han compartido que no son admisibles ciertas declaraciones discriminatorias por parte de autoridades, ni las amenazas a periodistas. Las recomendaciones de las dos organizaciones y las firmas entregadas serán trasladadas a Moscú a las autoridades pertinentes.
Se han recogido miles de firmas en países tan lejanos como Taiwán y Brasil. Además de las entregas de peticiones, se han organizado acciones de calle y protestas frente a la embajada rusa en países como Bélgica, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Ucrania.
Las autoridades rusas han abierto una investigación preliminar sobre los informes de persecución y homicidios de hombres gais en Chechenia, y de las amenazas a periodistas. Amnistía Internacional les pide que realicen una investigación penal completa, que lleven a los responsables ante la jusiticia y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que puedan estar en peligro en Chechenia.
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La venta de vivienda social a fondos de inversión por el Ayuntamiento y la CAM también ha afectado a las víctimas de violencia de género // Copy: José Miguel Cifuentes Sanz – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35495932 Madrid.- El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno Regional de Madrid, Ángel Garrido, tras la reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad, ha anunciado que las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a vivienda social, sin que tengan la obligación de presentar una orden de alejamiento o una sentencia condenatoria, tal y como había exigido Amnistía Internacional en su último informe, “La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España”. En su reciente informe, AI había denunciado que la aplicación de la Ley contra la violencia de género de 2004 que califica a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo preferente en el acceso a la vivienda social era una promesa incumplida para las mujeres en Madrid. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, ha recordado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Por eso, la organización da la bienvenida al anuncio de un proyecto de Ley para modificar los artículos 17 y 32 de la Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que permitiría modificar el requisito existente que hasta ahora implicaba que la mayoría de las víctimas de violencia de género no conseguía el apoyo necesario para poder satisfacer su derecho a la vivienda. En Madrid, se presentaron 5.810 solicitudes de orden de protección en 2016, de las que se aceptaron 2.954. Esto supone que más del 50% de las mujeres que denunció vio su denuncia rechazada, y, como consecuencia, podrían no haber tenido un acceso prioritario a la vivienda social.
Por lo tanto, Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio hecho por la Comunidad de Madrid (CAM) y solicita que se lleve a cabo con urgencia. Asimismo, la organización recuerda que algunas de estas mujeres residen actualmente en algunas de las viviendas sociales que fueron vendidas por la CAM y el Ayuntamiento de la localidad a fondos de inversión y, por lo tanto, necesitan medidas de protección urgente ya que están sufriendo las consecuencias de esta venta, entre ellas, los desahucios por no poder hacer frente a las nuevas condiciones impuestas por los nuevos propietarios.
Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña, “El derecho a la vivienda no se vende”, en la que pide protección para las personas afectadas por la venta de viviendas sociales en Madrid.


Foto del atentado de hoy. Copy: AP Photos/Rahmat Gul En respuesta al atentado con explosivos cometido hoy en Kabul, que se ha cobrado la vida de al menos 80 personas y ha causado heridas a al menos a 350, Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán, ha declarado:“El atentado de Kabul es un horrible acto de violencia y un desgarrador recordatorio del precio que la población civil afgana sigue pagando en un conflicto en el que los grupos armados la atacan deliberadamente y el gobierno no la protege. “Debe llevarse a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva que haga justicia a las víctimas. La población civil no debe ser atacada nunca, en ninguna circunstancia.“La tragedia de hoy muestra que el conflicto de Afganistán no se está acabando, sino que se está ampliando peligrosamente, de un modo que debería alarmar a la comunidad internacional. “La Corte Penal Internacional debe cumplir su promesa de investigar los crímenes de guerra que se cometen en el país y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos.”Información complementariaDesde la retirada de las fuerzas militares internacionales de Afganistán al final de 2014, la situación en materia de seguridad se ha deteriorado gravemente en el país, donde aumenta el número de víctimas civiles y se agudiza la crisis de desplazamiento interno. Los talibanes controlan más territorio que nunca desde 2001.En abril, la Misión de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) publicó un informe sobre las víctimas civiles cuyos datos documentan que ha habido 715 personas muertas y 1.466 heridas en el primer trimestre de 2017.El mayor número de víctimas civiles se ha producido en Kabul, la capital afgana, seguida de las provincias de Helmand, Kandahar y Nangarhar.


Los activisitas Hua Haifeng, a la izquierda, y Li Zhao // Deng Guilian via AP Las autoridades chinas deben poner en libertad a tres activistas laborales que investigaban las condiciones de trabajo en fábricas que producen zapatos para la marca de Ivanka Trump, ha declarado Amnistía Internacional.
Hua Haifeng, que trabaja para China Labour Watch, ONG con sede en Nueva York, fue detenido por la policía continental china después de intentar viajar a Hong Kong la semana pasada para dar a conocer las conclusiones de la investigación encubierta. Dos de sus colegas, Li Zhao y Su Heng, están también en paradero desconocido y se teme que hayan sido detenidos.
“Hua Haifeng, Li Zhao y Su Heng deben ser puestos en libertad si su detención se debe únicamente a la investigación de posibles abusos laborales en las fábricas  que producen zapatos para la marca de Ivanka Trump. Los y las activistas que denuncian posibles abusos contra los derechos humanos merecen la protección, no la persecución de las autoridades”, dijo William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.
“Al parecer, éstas son las últimas víctimas de la agresiva campaña de las autoridades chinas contra activistas de derechos humanos que tienen alguna relación con organizaciones extranjeras, so pretexto de la ‘seguridad nacional’.”


Manifestación por la dignidad y la justicia en París, marzo de 2017. Copy: Martin Barzilai Se ha abusado reiteradamente de los poderes concebidos para combatir el terrorismo con el fin de restringir manifestaciones pacíficas, según ha concluido un nuevo informe de Amnistía Internacional.
El informe A right not a threat: Disproportionate restrictions on demonstrations under the State of Emergency in France revela que se han dictado cientos de medidas injustificadas que limitan la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
“La leyes del estado de excepción destinadas a proteger al pueblo francés de la amenaza del terrorismo se están utilizando para restringir sus derechos a manifestarse de manera pacífica”, afirmó Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Francia.
“Con el pretexto del estado de excepción se está eliminando el derecho a la protesta y se ha prohibido injustificadamente participar en manifestaciones a cientos de activistas y defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos laborales.”
Tras los atroces atentados de París del 13 de noviembre de 2015, el estado de excepción en Francia —introducido un día después— se ha renovado cinco veces, normalizando una serie de medidas invasivas como los poderes para prohibir manifestaciones por motivos imprecisos y para impedir la participación en manifestaciones. La semana pasada, el presidente Macron indicó que pediría al Parlamento prorrogar el estado de excepción por sexta vez.
El estado de excepción permite a los prefectos prohibir cualquier concentración como medida cautelar alegando motivos amplios e imprecisos de “amenaza para el orden público”. Estos poderes para limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica se han utilizado con frecuencia de manera desproporcionada.
Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, las autoridades utilizaron los poderes de excepción para dictar 155 decretos que prohibían reuniones públicas, además de proscribir decenas de manifestaciones utilizando la legislación ordinaria francesa. También impusieron 639 medidas para evitar que personas concretas participaran en reuniones públicas, 574 de las cuales iban dirigidas a personas que protestaban contra las reformas propuestas a la legislación laboral. Además, según información publicada en los medios, las autoridades impusieron decenas de medidas parecidas para impedir que las personas participaran en manifestaciones tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de mayo.
Una persona que se manifestaba a favor de los derechos laborales dijo a Amnistía Internacional: “Da la impresión de que utilizan todos los medios a su alcance para atacar a quiénes son más activos en el movimiento”.
A Charles, un joven estudiante que vive en París, le prohibieron participar en dos manifestaciones contra la reforma laboral alegando que había sido arrestado previamente durante una manifestación, aunque no se presentaron cargos contra él. Charles dijo a Amnistía Internacional: “Me acusaron de ser uno de los manifestantes violentos… Siento que me han tratado como a un terrorista, como a alguien peligroso”.
Estas restricciones infringen la presunción establecida en el derecho internacional de que debe asumirse que una manifestación es pacífica a menos que las autoridades puedan demostrar lo contrario. Las manifestaciones se perciben como una amenaza en potencia en lugar de como un derecho fundamental.
Muchas personas han continuado manifestándose, desafiando las restricciones bajo el estado de excepción, pero quienes se han enfrentado a las restricciones se han encontrado a menudo con un uso excesivo o innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Se han utilizado porras, balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos que no parecían amenazar el orden público.
Si bien algunas personas que participaron en estas reuniones públicas cometieron actos violentos, centenares de manifestantes —si no miles— sufrieron heridas a manos de la policía. Street Medics, movimiento informal de personas que prestan primeros auxilios, calculó que, sólo en París, unos 1.000 manifestantes sufrieron heridas a manos de la policía durante las manifestaciones contra la reforma laboral. Amnistía Internacional ha visto imágenes de vídeo que muestran como cuatro policías propinan patadas y golpes con porras a Paco, estudiante de 16 años, antes de arrestarlo. Dos testigos dijeron a Amnistía Internacional que Paco no estaba participando en actos violentos cuando le atacó la policía.
Jean-François, estudiante de 20 años que perdió el ojo izquierdo al recibir un disparo de la policía con una bala de goma, dijo a Amnistía Internacional: “Estoy muy enfadado. Antes yo confiaba en la policía”.
“Al bajar drásticamente el listón para restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica, el estado de excepción francés ha dado lugar a un flagrante uso indebido de lo que se había planteado como medidas excepcionales para combatir el terrorismo. Personas que ejercen pacíficamente su derecho de reunión se han visto atrapadas en una burda red antiterrorista”, dijo Marco Perolini.
“Durante la campaña electoral, Emmanuel Macron prometió proteger el derecho a la libertad de manifestación en Francia. Ahora que ha asumido la presidencia, debe pasar de las palabras a los hechos. El nuevo presidente y los sindicatos ya han marcado las líneas del frente sobre la reforma laboral, y ahora Emmanuel Macron debe dejar de utilizar de forma indebida los poderes antiterroristas para limitar las protestas pacíficas y acabar con la peligrosa y vertiginosa espiral de Francia hacia un estado de excepción permanente.”
Información complementariaEl estado de excepción en Francia permite a los prefectos prohibir cualquier concentración como medida cautelar alegando motivos amplios e imprecisos de “amenaza para el orden público”. Estos poderes para limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica se han utilizado con frecuencia de manera desproporcionada.
Las autoridades también han justificado las prohibiciones a las concentraciones públicas alegando que carecen de suficientes recursos policiales para mantener el orden público. Según las autoridades, sus recursos deben emplearse de forma prioritaria en contrarrestar la amenaza de ataques violentos contra el público. El uso por la policía de estrategias que exigen importantes recursos para contener a manifestantes pacíficos pone en duda esta explicación.
Los observadores de Amnistía Internacional participaron en una manifestación pacífica el 5 de julio de 2016 en París en la que la policía acorraló a centenares de personas en el puente de la Concordia durante varias horas, una táctica que requiere recursos policiales considerables. 


© AI Una nueva ley firmada por el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, que impone a las ONG unas restricciones de una dureza sin precedentes, podría ser la condena a muerte para los grupos de derechos humanos del país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.“Este es un golpe catastrófico para los grupos de derechos humanos de Egipto. La severidad de las restricciones impuestas por esta ley amenaza con aniquilar las ONG del país, en un momento en el que la escalada de la represión de la disidencia por las autoridades hace que su labor sea más importante que nunca”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de campañas para el Norte de África de Amnistía Internacional.“La ley, que confiere al gobierno facultades extraordinarias para controlar las ONG e impone duras penas y multas por cualquier vulneración de sus draconianas estipulaciones, es la última estratagema de las autoridades egipcias para silenciar todas las voces disidentes.”Tras la aprobación de la ley por el Parlamento en noviembre de 2016, Amnistía Internacional pidió al presidente que no la firmase porque entraba en conflicto con la Constitución y las obligaciones internacionales de Egipto. Sin embargo, el presidente firmó la ley sin abordar ninguno de los motivos de preocupación expuestos por las organizaciones egipcias e internacionales de derechos humanos.En los últimos tres años, las autoridades egipcias vienen orquestando una campaña selectiva contra las organizaciones de derechos humanos merced a la cual se ha impuesto la prohibición de viajar a 24 de ellas y se han congelado los activos de siete grupos y 10 personas.Recientemente, los jueces de instrucción citaron a dos directores de ONG: Mohamed Zaree, del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, y Mustafa el Hassan, del Centro Jurídico Hisham Mubarak. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza.Incluso la semana pasada se intensificaron las medidas represivas contra otras voces críticas. El 23 de mayo, las autoridades egipcias detuvieron al ex candidato a la presidencia Khaled Ali, acusándolo de cometer actos que violaban la moral pública.La fiscalía lo puso en libertad bajo fianza al segundo día y lo remitió a juicio. Las autoridades también han bloqueado recientemente más de 21 sitios web, entre ellas los de las destacadas plataformas de noticias Mada Masr y Daily News Egypt.“Hace demasiado tiempo que la comunidad internacional cierra los ojos ante la constante erosión de los derechos humanos en Egipto, alentando así a las autoridades a intensificar sus ataques contra las críticas pacíficas sin temor a tener que rendir cuentas”, ha añadido Najia Bounaim.“Les pedimos que presionen con urgencia a las autoridades egipcias para que cierren la investigación penal en curso sobre la labor de los grupos de derechos humanos que, junto con la nueva ley, tendrá consecuencias devastadoras para estos derechos en Egipto.”Información complementariaLa Ley 70 de 2017 concede a las ONG de Egipto un año para cumplir sus disposiciones so pena de ser disueltas por los tribunales.Entre sus restricciones figura la prohibición de realizar investigaciones sobre el terreno y encuestas sin autorización del gobierno, lo que obliga a las ONG a adaptar sus actividades a las prioridades y planes de las autoridades o enfrentarse a un máximo de cinco años de prisión.La ley confiere asimismo a las autoridades amplias facultades para disolver ONG, destituir a su junta de administración y someter a su personal a enjuiciamiento penal basándose en expresiones formuladas de forma imprecisa, como “perjudicar la unidad nacional y perturbar el orden público”.


Refugiados en Lesbos, Grecia// Giorgos Moutafid for AMNESTY INTERNATIONAL Madrid.- Cuando faltan cuatro meses para que se acabe el plazo previsto por la Unión Europea, Amnistía Internacional exige una vez más a España que cumpla con los compromisos en materia de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas. La organización ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la que le recuerda que, si seguimos al ritmo actual, se tardarían más de 22 años en conseguirlo, puesto que  solo han llegado 1.304 personas de las 17.337 previstas.
“Solo quedan cuatro meses para que la Unión Europea muestre su falta de compromiso real con las personas refugiadas. A pesar de la grave crisis existente, desde septiembre de 2015 solo han llegado a Europa 18.418 personas refugiadas por medio de la reubicación desde Grecia e Italia, y 16.163 por reasentamiento, desde países como Jordania, Líbano o Turquía”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “En los últimos meses España ha dado pasos positivos, acelerando algunas llegadas, pero todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos”, añade, tal y como también advirtió en su último informe la Comisión Europea (CE).
En este informe, la CE es todavía más contundente con Estados miembros como Hungría, Austria o Polonia, que no han reubicado a ninguna persona refugiada, contraviniendo sus obligaciones internacionales. Por ello, la CE alerta de que podría empezar a imponer procedimientos de infracción contra los países que no respeten los compromisos adquiridos.
La Comisión valora que países como España que durante un tiempo fueron muy poco activos, ahora mismo están reubicando a algunas personas. “Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer y cada día que pasa es importante para quienes huyen de la guerra y la persecución”, ha señalado el director de AI. Asimismo la CE ha dado la bienvenida a la decisión de algunos Estados miembros, como España, de dar prioridad a la acogida de personas vulnerables.
Menores no acompañados Durante 2016 han llegado a las costas italianas casi 26.000 menores no acompañados, y en lo que va de 2017, otros 5.000 más. De éstos más de 4,600 son de nacionalidad siria, eritrea, iraquí y yemení, nacionalidades todas ellas que cumplen los requisitos para ser reubicados. En este sentido, cabe destacar iniciativas como la de Alemania que se está mostrando más flexible que otros países europeos en relación con el concepto de familia. Amnistía Internacional ha recordado a las autoridades españolas que debe establecer plazas para la reubicación de estas personas, respetando el principio del interés superior del menor. Además, Amnistía Internacional resalta en su carta a la vicepresidencia de Gobierno que, a pesar de que como consecuencia del acuerdo entre Turquía y la UE apenas están llegando personas refugiadas por la llamada ruta del Egeo, aún quedan más de 62.000 personas solo en Grecia, de las cuales 12.400 personas están esperando ser reubicadas en otros países europeos. Asimismo, de las 8.300 personas que han sido registradas e identificadas en Italia, 5.711 han sido ya reubicadas.En cuanto a reasentamiento, hasta la fecha han sido trasladadas un total de 16.163 personas desde países como Jordania, Turquía y Líbano a 21 países europeos, entre los que se encuentra España. La Comisión señala que de esta manera se han completado las dos terceras partes de las 22.504 personas comprometidas. Por su parte, España ha reasentado a 418 de las 1449 personas refugiadas comprometidas.  
Más informaciónEn su carta a la vicepresidencia del Gobierno, Amnistía Internacional insta a:
Aumentar las plazas disponibles para reubicación que el gobierno español pone a disposición de la CE, así como cumplir con el plazo de diez días hábiles para tramitar la solicitud presentada y dar respuesta a la misma de acuerdo a lo establecido en los protocolos de reubicación;Priorizar con prontitud plazas para reubicar a menores no acompañados, con pleno respeto siempre del principio del interés superior del menor;Seguir reubicando a las personas más vulnerables sin priorizar otros criterios como es la religión o la nacionalidad tal y como desgraciadamente sí están haciendo otros países;
Cumplir con las cuotas de reasentamiento comprometidas desde países como Jordania, Líbano o Turquía, un proceso que está siendo más fluido que la reubicación.
Amnistía Internacional entrega esta mañana en Moncloa más de 52.000 firmas en las que se pide al Gobierno español que cumpla el compromiso adquirido con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas refugiadas antes de septiembre de 2017, garantizando unas condiciones de acogida dignas para todas ellas.


Las autoridades israelíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a Ahmed Qatamesh, intelectual, escritor y analista político palestino de 67 años que ha sido detenido arbitrariamente mediante una orden de detención administrativa de tres meses. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.Ahmed Qatamesh fue detenido durante una operación lanzada contra su casa antes del amanecer el 14 de mayo de 2017. Tres días después, un mando militar firmó una orden administrativa para mantenerlo detenido durante tres meses, a pesar de que no se le ha acusado de ningún delito. Está previsto que un tribunal militar israelí confirme la detención en breve. En virtud de la política israelí sobre detención administrativa, es habitual la detención indefinida de palestinos por motivos de seguridad, sin cargos ni juicio, utilizando órdenes de detención renovables de hasta seis meses.“Una vez más, parece que Ahmed Qatamesh va a ser sometido a la implacable política israelí de la detención administrativa. Amnistía Internacional cree que ha sido detenido únicamente a causa de sus actividades y escritos políticos no violentos, y para disuadir del activismo a otros palestinos. La confirmación ahora de la orden de detención administrativa contra él supondría una violación flagrante de su derecho a la libertad de expresión”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Ahmed Qatamesh no debe pasar un minuto más entre rejas, no digamos ya permanecer detenido sin cargos ni juicio durante tres meses. Es preso de conciencia y debe ser excarcelado de inmediato y sin condiciones.”“Durante décadas, Israel ha utilizado su cruel política de detención administrativa para pisotear los derechos de los detenidos palestinos. En lugar de detener indefinidamente a palestinos sin cargos ni juicio, Israel debería poner fin a su uso de la detención administrativa, que provoca un enorme sufrimiento emocional a los detenidos y sus familias, y los deja en un estado de incertidumbre permanente.”No es la primera vez que Ahmed Qatamesh es preso de conciencia. En total, ha pasado más de ocho años en detención administrativa bajo custodia de las autoridades israelíes. Fue puesto en libertad de su última detención administrativa en diciembre de 2013.Según su familia, en 2016 había sido citado a interrogatorio en dos ocasiones por las autoridades de inteligencia militar israelíes. Le advirtieron de que dejara de escribir y hablar, o podría “meterse en problemas”. Las dos veces se negó a acudir: dijo al servicio de inteligencia militar que es un escritor e intelectual, y que diría y escribiría lo que quisiera.De los más de 6.500 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, más de 500 permanecen bajo detención administrativa sin cargos ni juicio. El final de la práctica israelí de la detención administrativa es una de las demandas de la huelga de hambre que están llevando a cabo centenares de presos palestinos recluidos por las autoridades israelíes.Ahmad Qatamesh, comentarista político y catedrático de universidad, ha criticado abiertamente a las autoridades tanto israelíes como palestinas, y también el acuerdo de Oslo: un acuerdo provisional que entregó a las autoridades palestinas el control parcial de algunas zonas de los Territorios Palestinos Ocupados. Ha pedido un cambio fundamental en el panorama político y en la estrategia de los palestinos, y que se ponga fin a las divisiones entre Hamás y las autoridades palestinas; además, ha subrayado el descontento de la población palestina con sus dirigentes. Sus escritos han analizado diversas propuestas de sistemas alternativos de gobernanza entre palestinos e israelíes. Ahmad Qatamesh ha participado asimismo con frecuencia en programas de radio y televisión. Muy recientemente, se pronunció enérgicamente en favor de la huelga masiva de hambre emprendida por presos palestinos y en favor de la necesidad de que se preste apoyo político a los derechos de la población palestina.En una reunión mantenida con su abogado el 21 de mayo en la prisión de Ofer, Ahmed Qatamesh dijo que, desde su detención, no le habían interrogado. También anunció que había dejado de tomar su medicación en la cárcel en protesta por su detención y reclusión arbitrarias. Su familia está sumamente preocupada por su salud. Su esposa, Suha Barghouti, dijo a Amnistía Internacional que el duro trato y la desatención médica que ha sufrido en prisión le han dañado el oído interno, y le han afectado al equilibrio.Según Suha Barghouti, desde que fue excarcelado en 2013, su esposo también ha sufrido problemas tales como desmayos y lagunas mentales. “En los últimos meses ha mejorado, pero me preocupa muchísimo lo que esta nueva detención puede hacerle. Ya no es tan joven ni fuerte como antes”, ha declarado.Algunos testigos han descrito a Amnistía Internacional la operación nocturna que dio lugar a la detención de Ahmed Qatamesh el 14 de mayo. Hacia las cuatro de la madrugada, entre 40 y 50 soldados israelíes en al menos siete todoterrenos militares y un vehículo blindado llegaron al barrio de Al Bireh, en Ramala, donde vivía anteriormente Ahmed Qatamesh. Según los testigos, los soldados echaron abajo la puerta delantera de su antigua casa, sólo para encontrarla vacía. Luego echaron abajo las puertas de los vecinos, antes de trasladarse a los domicilios familiares de los hermanos de Ahmed Qatamesh.Hacia las cuatro y media de la madrugada, los soldados irrumpieron en las casas de dos de sus hermanos, y despertaron a las dos familias. Al no encontrar tampoco allí a Ahmed Qatamesh, obligaron a su hermano Khaled a indicarles dónde se encontraba su domicilio actual, allí cerca. Según el relato de Khaled Qatamesh, los soldados lo obligaron a caminar delante de ellos y a llamar a la puerta, utilizándolo “como una especie de escudo”. Khaled trató de calmar a los soldados, explicando que su hermano es mayor y duro de oído, y que no había ninguna necesidad de actuar con violencia o echar abajo la puerta. Finalmente, Ahmed Qatamesh se despertó y abrió la puerta. Los soldados le dijeron que se vistiera y se lo llevaron en el vehículo blindado. No registraron la casa, ni se llevaron ningún material, según el hermano de Ahmed Qatamesh.“Algunos de mis primeros recuerdos de cuando tenía siete u ocho años son de soldados israelíes irrumpiendo en nuestra casa en plena noche, asustándonos a todos y tratando de hacernos vivir con miedo”, dijo Khaled Qatamesh. “Y aquí estoy, con 54 años y enfrentándome aún a las mismas tácticas. Ahora son mis hijos los que adquieren esos terribles recuerdos. Aterrorizan a toda la familia.”