Amnistía Internacional España

Un juzgado de la ciudad de Guatemala ha declarado a Pedro García Arredondo culpable de orquestar el incendio que mató a 37 personas en el Embajada española en esa ciudad. © JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Images.

Las familias de las 37 personas que murieron quemadas en el ataque cometido contra la embajada de España en la ciudad de Guatemala en 1980 tienen por fin cierto alivio, pues la justicia ha alcanzado a un ex alto mando de la policía por su papel en los crímenes, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El lunes por la tarde, un tribunal civil de la ciudad de Guatemala declaró a Pedro García Arredondo, ex jefe de la ya extinta Policía Nacional, culpable de orquestar el incendio de la embajada de España del que sólo hubo dos supervivientes. Después de un juicio de cuatro meses, García Arredondo ha sido condenado a 90 años de prisión por asesinato, asesinato en grado de tentativa y crímenes de lesa humanidad.

“Ha tardado tres décadas y media, pero la justicia ha alcanzado por fin a Pedro García Arredondo por el ataque contra la embajada de España. Aunque estos asesinatos son sólo un ejemplo de los muchos que cometieron las autoridades guatemaltecas durante la prolongada guerra civil del país”, declaró Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. 

“Esta es una victoria para las víctimas y muestra de nuevo que el sistema de justicia de Guatemala es —cuando no hay injerencias políticas— totalmente capaz de enjuiciar las peores violaciones de derechos humanos del oscuro pasado del país.”

En otro juicio celebrado en 2012, Pedro García Arredondo fue condenado a 70 años de prisión tras ser declarado culpable de la desaparición y tortura en 1981 de un estudiante universitario.

Pese a estas condenas, la impunidad endémica sigue siendo un serio problema por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado en Guatemala. El juicio en curso del ex gobernante militar del país  general José Efraín Ríos Montt, por su presunto papel en los asesinatos masivos cometidos en una comunidad indígena ixil, está enredado en retrasos y tácticas dilatorias.

“Esperamos que otros casos de violaciones graves de derechos humanos que actualmente tramita la justicia guatemalteca, como el de Ríos Montt, se resuelvan sin demora y de forma que proporcione justicia, verdad y reparación a las muchas otras miles de víctimas y sobrevivientes de los abusos del conflicto”, concluyó Erika Guevara.


La escalada de hostilidades en el este de Ucrania ha provocado la muerte de numerosos civiles. © SERGEI GAPON/AFP/Getty Images.

La escalada de las hostilidades en Ucrania Oriental registrada desde el 19 de enero ha ocasionado la muerte de numerosos civiles, niños incluidos, y hay muchas vidas más en grave peligro; así lo ha afirmado Amnistía Internacional al reanudar sus llamamientos a ambas partes para que protejan a la población civil en medio de los combates.

“El uso de zonas densamente pobladas por los separatistas prorrusos en Donetsk y Horlivka para lanzar ataques, y la respuesta de las fuerzas afines al gobierno de Kiev con ataques hacia estas zonas ponen en grave peligro la vida de los civiles”, ha dicho Denis Krivosheev, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Las fuerzas separatistas prorrusas deben dejar de utilizar zonas densamente pobladas para lanzar operaciones militares, y las fuerzas controladas por Kiev no deben lanzar ataques indiscriminados que pongan en peligro vidas de civiles. Son violaciones de las leyes de la guerra que los civiles están pagando con su vida.”

El 18 de enero, las fuerzas armadas ucranianas recibieron órdenes de disparar sin tregua contra las posiciones separatistas prorrusas en Ucrania Oriental en una ofensiva para recuperar el control absoluto del disputado aeropuerto de Donetsk y las zonas circundantes. La orden estuvo precedida de un ultimátum de las fuerzas prorrusas para que abandonaran el aeropuerto, seguido de una gran ofensiva contra las posiciones de las fuerzas ucranianas allí.

En vídeos subidos a Internet por usuarios en Donetsk se ve a las fuerzas separatistas, la mañana del 18 de enero, lanzando ráfagas con baterías de lanzacohetes múltiples Grad instaladas en zonas residenciales de la ciudad.

Residentes de Horlivka, localidad controlada por los separatistas prorrusos situada 40 kilómetros al noreste de Donetsk, refirieron casos parecidos a Amnistía Internacional, de disparos de cohetes desde el centro de la localidad. El 18 de enero, poco después de uno de esos disparos, las fuerzas afines a Kiev devolvieron fuego de artillería, causando la muerte de al menos dos civiles.

Según un alto cargo municipal, dos hermanos, de 7 y 16 años, resultaron muertos el 18 de enero cuando su casa fue directamente alcanzada en Vuhlehirsk, localidad situada unos 60 kilómetros al noreste de Donetsk, controlada por fuerzas afines a Kiev. Una niña de 8 años resultó herida en el mismo ataque y más tarde sufrió la amputación de una pierna en el hospital.

Tres personas, entre ellas un hombre y su hijo adolescente, murieron el 19 de enero en Debaltseve, nudo ferroviario clave controlado por los ucranianos, en un bombardeo de las fuerzas separatistas prorrusas. En total, 10 personas resultaron heridas en el ataque.

La escalada de los combates sucede a un ataque de artillería contra un autobús que causó la muerte a 12 civiles y lesiones a 16, perpetrado cerca de Volnovakha el 13 de enero.

El trágico ataque de artillería en Volnovakha es un espeluznante recordatorio del precio que ha de pagar la población civil cuando no se respetan las normas del derecho internacional humanitario durante las operaciones militares. Aunque los datos disponibles apuntan claramente a que fueron los separatistas quienes dispararon el cohete que mató a los pasajeros del autobús en Volnovakha, ninguna de las partes está haciendo en todo momento lo necesario para proteger a los civiles, y esto se traduce una y otra vez en su muerte”, ha afirmado Denis Krivosheev.

El uso de zonas habitadas para llevar a cabo operaciones militares y de armamento explosivo impreciso en zonas residenciales civiles reproduce un patrón observado por Amnistía Internacional en sus visitas de investigación a Ucrania Oriental en septiembre, octubre y diciembre de 2014.

Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento para que se investiguen todos los casos que conlleven muertes de civiles, dado que podrían constituir violaciones del derecho internacional humanitario, que prohíbe tanto los ataques dirigidos contra civiles y estructuras civiles como los ataques en zonas civiles que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. Ambas partes del conflicto han violado la prohibición al utilizar cohetes y proyectiles de mortero no guiados, que no pueden dirigirse con precisión, en zonas civiles densamente pobladas.

Al posicionar tropas, armamento y otros objetivos militares dentro de zonas residenciales, tanto los separatistas como las fuerzas gubernamentales ucranianas no han adoptado todas las precauciones posibles para proteger a los civiles y han puesto sus vidas en peligro, en contravención de las leyes de la guerra.

En septiembre de 2014 se acordó una tregua nominal en Ucrania Oriental, pero desde entonces ambas partes han matado a más de 1.400 personas en una escalada de recíprocos ataques de represalia. Un total de casi 5.000 personas en han perdido la vida desde que estalló el conflicto el año pasado.


El informe de Amnistía Internacional vincula datos del informe del Senado con información procedente de fuentes abiertas de información sobre la presunta existencia de instalaciones secretas en Lituania, Polonia y Rumania © Christian Schmidt / Corbis

Ante la publicación de un informe del Senado de Estados Unidos que revela nuevos detalles sobre las operaciones secretas de detención, interrogatorio y tortura de la CIA en el marco de la estrategia global de "guerra contra el terror" de EE. UU., los gobiernos europeos que colaboraron en dichas operaciones deben actuar con urgencia para llevar a los responsables ante la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo documento informativo.

"Breaking the conspiracy of silence: USA’s European ‘partners in crime’ must act after Senate torture report" vincula datos del informe del Senado con información procedente de fuentes abiertas de información sobre la presunta existencia de instalaciones secretas en Lituania, Polonia y Rumania. También según fuentes abiertas, los gobiernos de Alemania, Macedonia y el Reino Unido facilitaron estas operaciones. En algunos casos, estos gobiernos recibieron millones de dólares estadounidenses a cambio de su connivencia con la CIA.

El documento también destaca que estos gobiernos no han respondido adecuadamente a la hora de realizar investigaciones exhaustivas y eficaces.

"Sin la ayuda de Europa, Estados Unidos no habría podido llevar a cabo detenciones y torturas en secreto durante tantos años. El informe del Senado muestra claramente que los gobiernos extranjeros fueron vitales para el ‘éxito’ de las operaciones de la CIA, y los indicios acumulados a lo largo de casi un decenio apuntan al papel clave de ciertos aliados europeos", ha afirmado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos y lucha contra el terrorismo.

"Basta de negar y encubrir los hechos. Los gobiernos no pueden seguir amparándose en el secreto de estado y en razones infundadas de ‘seguridad nacional’ para ocultar la verdad acerca de su papel en casos de torturas y desapariciones de personas. Es hora de obtener justicia para todas las personas sometidas a las espantosas prácticas que han caracterizado a las operaciones ilegales de lucha contra el terrorismo, prácticas como los simulacros de ahogamiento, las agresiones sexuales y los simulacros de ejecución."

"El asombroso alejamiento del Estado de derecho que ha experimentado Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 supone una advertencia para todos los gobiernos que están lidiando con crímenes de tal violencia. Dejar de lado los derechos humanos y las libertades civiles es moral y legalmente incorrecto, margina a ciertas comunidades y sirve de ejemplo peligroso para otros gobiernos dispuestos a vulnerar los derechos de las personas con el pretexto de proteger la ‘seguridad nacional’", ha afirmado Julia Hall.

"Las leyes, políticas y prácticas antiterroristas deben respetar los derechos humanos y la dignidad fundamental de las personas. Este principio resulta de especial importancia ante la delicada situación actual en Europa, donde los gobiernos de Francia y otros países aún están asimilando el horror de los atentados de París", ha afirmado Julia Hall.

El informe del Senado ha provocado respuestas de varios cargos y ex cargos europeos, entre ellas la de admitir haber participado en las operaciones de la CIA. El informe del Senado no nombra expresamente a ningún país de Europa, pero tanto la información procedente de fuentes públicas dignas de crédito como la obtenida por Amnistía Internacional muestran una correlación clara –y, a menudo, precisa– con los datos sobre centros de detención secreta y torturas llevadas a cabo por Estados Unidos con la ayuda de sus socios en los gobiernos de otros países, entre ellos:

Polonia

Tras la publicación del informe del Senado, dos ex altos cargos polacos admitieron finalmente que Polonia había albergado un centro de detención secreta de la CIA. El informe hace referencia a un "centro de detención azul" e incluye datos del lugar que se corresponden con información pública sobre una instalación secreta de la CIA en Polonia. Anteriormente, en sendas sentencias de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictaminado que Polonia fue cómplice del programa de entregas y detenciones secretas de Estados Unidos. En ambos casos, a los demandantes se les había aplicado la técnica de interrogatorio consistente en simular un ahogamiento; además, a uno de ellos lo habían sometido a un simulacro de ejecución con un arma descargada, se le había acercado un taladro eléctrico encendido a la cabeza y se le había amenazado con agredir sexualmente a su madre, entre otras técnicas de interrogatorio "mejoradas". La investigación criminal de los hechos en Polonia, que comenzó en 2008, se ha retrasado reiteradamente y sigue en curso. Un funcionario ha afirmado a Amnistía Internacional que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a una serie solicitudes de información necesaria para la investigación.

Rumania

Tras negarlo durante años, el ex director del Servicio Rumano de Información –y entonces asesor en materia de Seguridad del presidente– admitió recientemente que tal organismo rumano había permitido a Estados Unidos abrir uno o dos centros de detención en el país, y atribuyó esta cooperación a su apuesta por la incorporación de Rumania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El informe del Senado hace referencia a un "centro de detención negro" cuyos datos se corresponden estrechamente con información pública sobre una instalación secreta de la CIA en Rumania. Según informes, Rumania recibió millones de dólares del gobierno estadounidense. Las autoridades rumanas aseguran que han iniciado una investigación y que han solicitado una versión completa y sin editar del informe del Senado.

Lituania

Tras la publicación del informe del Senado, un importante parlamentario –que anteriormente había sido responsable de investigar la presunta existencia de una instalación secreta– reconoció que los datos del informe indicaban que Lituania había mantenido personas detenidas. El informe hace referencia a un "centro de detención violeta" e incluye detalles, como la detención secreta de un ciudadano saudí, que se corresponden con información procedente de fuentes abiertas sobre una instalación secreta de la CIA en Lituania. Un grupo de parlamentarios lituanos ha presentado una propuesta ante el Parlamento para establecer una nueva comisión de investigación sobre la participación de Lituania en las operaciones de detención secreta de la CIA.

Reino Unido

Se podría decir que el Reino Unido ha sido el aliado más importante de EE. UU. en las operaciones globales de la CIA contra el terrorismo. El informe del Senado incluye una referencia a la posible implicación del Reino Unido en interrogatorios y detenciones secretas: el caso de la tortura de Binyam Mohamed, ex detenido de Guantánamo.

Según informes, el Reino Unido presionó enérgicamente para que se eliminara del documento toda referencia que pudiera implicarlo. El informe del Senado no aclara si el atolón de Diego García (un territorio británico situado en el Océano Índico) se usó como punto de tránsito o como centro de detención para entregas, aunque hace tiempo que Amnistía Internacional reclama transparencia al Reino Unido y a Estados Unidos en cuanto a los posibles usos de este territorio.

El primer ministro, David Cameron, ha afirmado que el Reino Unido está investigando las denuncias que implican a sus agentes en las torturas y los malos tratos infligidos a detenidos extranjeros en sus territorios de ultramar, a menudo en colusión con Estados Unidos. Sin embargo, esta afirmación no se sostiene. Amnistía Internacional y otras organizaciones en favor de los derechos humanos sostienen que la investigación que actualmente lleva a cabo el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento no es independiente y que su eficacia se verá menoscabada por el hecho de que el gobierno tiene plena potestad para ocultar información por motivos de seguridad nacional.

Macedonia y Alemania

El informe del Senado incluye información adicional sobre la entrega del ciudadano alemán Khaled El Masri para su tortura y desaparición forzada mientras se encontraba bajo custodia estadounidense. Este caso fue objeto de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012. El gobierno de Macedonia no se ha pronunciado sobre el informe y, a fecha de hoy, no ha aplicado el fallo del Tribunal. Por su parte, el gobierno alemán no ha investigado de forma efectiva su papel en las operaciones de la CIA, ni ha solicitado a Estados Unidos la extradición de 13 ex empleados de la CIA que se cree que participaron en la entrega de El Masri.

"Los gobiernos europeos involucrados en operaciones antiterroristas de la CIA deben llevar a cabo urgentemente una investigación amplia y efectiva, así como reformar las leyes, políticas y prácticas que han permitido el uso de estas prácticas espantosas e ilegales", ha afirmado Julia Hall. "Los responsables de torturas y desapariciones forzadas en territorio de los Estados europeos deben ser acusados penalmente y se les deben exigir responsabilidades, previa celebración de un juicio justo. Debemos hacer justicia para las víctimas de tortura."

España

Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años -desde enero de 2002 hasta septiembre de 2007- que la CIA utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. Alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que, aunque no siempre despegaron de bases españolas, sí cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas.

Se han documentado hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también han sido relacionados con la CIA y su programa de detenciones secretas. Todo esto supone obligaciones internacionales de derechos humanos incumplidas por España.

El pasado 12 de enero trascendía en prensa la decisión de la Audiencia Nacional de confirmar el archivo del llamado caso “vuelos de la CIA” que aterrizó en enero de 2004 en el aeropuerto de Palma de Mallorca y que podría haber sido utilizado para trasladar a un centro de detención secreto en Afganistán a Jaled El Masri, ciudadano alemán de origen sirio. Jaled había denunciado haber sido víctima de torturas.

Amnistía Internacional ha denunciado repetidas veces en los últimos años la falta de avances en España para las víctimas de detención ilegal y entregas extraordinarias. La organización ya había expresado preocupación de que los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional en conexión con estos hechos, avanzaban muy lentamente y que no se habían producido las diligencias debidas de las autoridades españolas en su respuesta a estos procedimientos.
Este reciente archivo profundiza la situación de desamparo de las víctimas, que siguen sin justicia ni reparación.


© UN Photo/Jean-Marc Ferre.

Amnistía Internacional ha hecho público un informe con motivo de la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) que afrontará España mañana en Ginebra acerca de las principales vulneraciones de derechos humanos a las que debe poner fin el Estado español.

España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, ha afirmado Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional, que estará presente en la sesión.

En su informe, Amnistía Internacional señala cinco recomendaciones principales sobre aquellos aspectos que considera prioritarios, con el fin de que los Estados participantes del EPU se hagan eco e insten a España a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

•    En primer lugar, Amnistía Internacional exige que en las fronteras de Ceuta y Melilla se respete el principio de no devolución y se garantice el derecho de asilo para aquellas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.

Respecto a las personas en situación administrativa irregular, la organización también solicita que se garantice el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, algo que no se cumple desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria en 2012.

•    Asimismo, la organización pide que, en un contexto de crisis económica, las autoridades se abstengan de aprobar reformas legislativas que limiten de forma desproporcionada el ejercicio de la libertad de reunión  pacífica y de expresión, tal y como ha sucedido tras las últimas normativas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Además, Amnistía Internacional lamenta que la legislación española sigue sin eliminar el régimen de incomunicación que impide a las personas acusadas de ciertos delitos mantener contacto sus familiares abogados, médicos de su elección durante un plazo máximo de 13 días.

•    El informe de Amnistía Internacional también reclama dentro de sus principales recomendaciones que la reforma del Código Penal recoja la tipificación de los delitos de tortura y desaparición forzada conforme al derecho internacional.

•    En este sentido, también solicita al Estado español que luche contra la impunidad y asegure la reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, como las que sufrieron abusos durante la guerra civil y el franquismo.

•    Por último, Amnistía Internacional reclama que España derogue las disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitan la posibilidad de que se pueda investigar y llevar a juicio a presuntos autores de crímenes de derecho internacional en aplicación del principio de jurisdicción universal.

Examen a los derechos

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila el cumplimiento de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

De este modo, la delegación española afrontará mañana un diálogo de tres horas con otros países miembros de la ONU sobre los principales aspectos en derechos humanos en España. Tras la consulta, se elabora un informe en el que se incluyen las recomendaciones formuladas por los diferentes países en el EPU.

España se enfrentó en 2010 a este examen. Amnistía Internacional ya expresó su preocupación de que España no aceptara algunas de las recomendaciones que se le hicieron, y otras que sí asumió luego no han sido cumplidas realmente.

Amnistía Internacional confía en que los Estados que forman parte del EPU incluyan las recomendaciones que propone la organización, y que España no sólo las acepte sino que también las ponga en práctica lo antes posible.


La “Marea Blanca” formada por medicos, enfermeras, trabajadores sanitarios y miles de ciudadanos toma las calles en protesta por la privatizacion de la Sanidad Publica madrileña. 7 de enero de 2013. © Alfonso Luján vía flickr

Madrid/Nueva York. El próximo miércoles 21 de enero, delegaciones de los estados miembros de las Naciones Unidas bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos someterán a escrutinio  el comportamiento de España en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).  El gobierno español responderá  por su actuación con respecto a una amplia gama de derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, incluido el deterioro de derechos que está causando el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad generado por la imposición de las políticas de austeridad en el país.

Esta es la segunda comparecencia de España en el contexto del EPU. La primera fue en el año 2010. Se produce después de varios años de crisis económica y de implementación de medidas de austeridad que han impactado  en los derechos sociales de las personas, en particular de aquellas más marginadas y en situación de exclusión social.  

La austeridad española ha sido particularmente negativa para el derecho humano a la salud.  España exhibe una de las caídas más severas en el gasto en sanidad, que ya era bajo para el promedio de países europeos. La implementación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16), que buscaba una recuperación financiera de ese sector en el corto plazo por encima de las consideraciones de derechos humanos, ha quebrado el sistema público de cobertura universal en salud existente en España.  

En diversos informes publicados las organizaciones signatarias han puesto en evidencia que después de dos años desde la aprobación de la reforma sanitaria, ésta ha puesto vidas humanas en riesgo.   El RDL 16 le ha arrebatado aproximadamente a  873.000  personas migrantes en situación administrativa irregular la posibilidad de acceder a los servicios públicos de salud, a excepción de la atención de urgencia, embarazo, parto y posparto y a los menores, solicitantes de asilo y víctimas de trata (durante el periodo de reflexión).  El acceso a los medicamentos para las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud que sufren enfermedades graves o crónicas implica que éstas deben pagar el cien por cien del costo de los medicamentos.  Adicionalmente, el incremento del copago farmacéutico, según recoge un documento de análisis elaborado por el Center for Economic and Social Rights (CESR), ha conducido aproximadamente al 15% de la población española – en particular las personas mayores-  a abstenerse de obtener las medicinas que necesitan debido a su costo. De este modo, la reforma sanitaria española ha puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables.  Asimismo, organizaciones como Médicos del Mundo siguen denunciando irregularidades en la aplicación del RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención médica de urgencias, hecho que podría estar contribuyendo al efecto disuasorio en el acceso a los centros médicos.    

Médicos del Mundo, Red ACOGE y CESR ponen en relieve que la salud de las mujeres también está en riesgo debido a los drásticos recortes en los presupuestos públicos dedicados a la igualdad y a la erradicación de la violencia de género (33% de reducción desde 2009).  Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 1 de cada 5 mujeres de más de 15 años en España sufre abuso físico o sexual, mientras que los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género siguen cerrándose en distintas comunidades autónomas.  El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres en la Ley y en la Práctica mostró su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sanitaria en las mujeres migrantes en situación administrativa irregular debido a que la atención médica constituye una vía fundamental para la detección de las mujeres víctimas de violencia de género.  

Nueva oportunidad para rendir cuentas.  En el 2012, España fue severamente criticada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) respecto a las medidas de austeridad que había empezado a aplicar y recomendó su revisión.  En materia de salud, recomendó a España que, las reformas no limitasen el acceso a los servicios de salud de las personas, sin importar su situación administrativa. El carácter discriminatorio e injusto de ciertas políticas y medidas de austeridad ha sido claramente enfrentado por varias Relatorías y Expertos Independientes de Naciones Unidas, y por organismos europeos de derechos humanos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y el Comité Europeo de Derechos Sociales.  Sin embargo el gobierno de España ha ignorado estas recomendaciones y no ha cumplido con tomar medidas para remediar esta situación.  En estos dos años de vigencia del RDL 16, el Gobierno no ha publicado ningún análisis del efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular ni de las consecuencias para la salud de esta población;  tampoco ha analizado el posible efecto en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata.  

En el examen de derechos humanos que se realizará en Ginebra mañana miércoles, España debe explicar qué está haciendo para cumplir con las recomendaciones y las directivas de los organismos de derechos humanos internacionales y europeos y reorientar sus políticas sociales y económicas a la luz de sus obligaciones de derechos humanos.

Contexto

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo internacional de evaluación único, en el que estados miembros de Naciones Unidas evalúan a sus pares en materia de derechos humanos cada 4 años.  Desde el inicio de la crisis económica en el país las organizaciones signatarias: Amnistía Internacional – Sección Española,  el Center for Economic and Social Rights, Médicos del Mundo y Red Acoge han estado trabajando conjuntamente en el monitoreo de la situación de deterioro de los derechos económicos y sociales de la población y la rendición de cuentas del Estado Español ante las instancias de derechos humanos.


El comandante del Ejército de Resistencia Dominic Ongwen detenido por las fuerzas estadounidenses en la República Centroafricana. © AFP/Getty Images

El inminente traslado de Dominic Ongwen, presunto ex comandante del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) a la Corte Penal Internacional (CPI) es un paso adelante para la justicia para quienes han sufrido más de dos décadas de brutalidad a manos de este grupo, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Este es un avance significativo en la búsqueda de justicia. El LRA secuestró, mató y mutiló a miles de personas en Uganda y cometió atrocidades, como el uso de niños y niñas soldados y la esclavitud sexual”, afirmó Sarah Jackson, directora adjunta del Programa Regional para África Oriental de Amnistía Internacional.

“Ha pasado casi una década desde que se dictaron las órdenes de detención contra los líderes del LRA. El traslado inminente de Dominic Ongwen a La Haya para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra allana por fin el camino para que los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por el LRA en el norte de Uganda vean que se hace justicia.”

El gobierno ugandés remitió la situación relativa al conflicto con el LRA a la CPI hace más de 11 años. El fiscal de la Corte abrió una investigación en el norte de Uganda y la Corte dictó órdenes de detención contra cinco presuntos líderes del grupo en 2005.

El 5 de enero de 2015, Estados Unidos, junto con el Fuerza Especial Regional de la Unión Africana en la República Centroafricana, detuvo a Dominic Ongwen y el 14 de enero lo entregó al contingente del ejército ugandés de la Fuerza Especial de la UA.

El 17 de enero, la Corte Penal Internacional tomó legalmente bajo custodia a Dominic Ongwen en Bangui, la capital de la República Centroafricana, y se prevé que éste sea trasladado a La Haya en los próximos días. Ongwen está acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ante la CPI.

Según informes, Dominic Ongwen fue secuestrado por el LRA a los 10 años. Los secuestros, los lavados de cerebro y las iniciaciones brutales en asesinatos a que son sometidos los niños forman parte esencial del modus operandi del LRA.

“Como víctima y también como presunto perpetrador, las circunstancias de la participación de Dominic Ongwen en los crímenes cometidos por el LRA podrían ser parte de su defensa. En caso de ser declarado culpable, su secuestro y reclutamiento en el LRA podría también tenerse en cuenta a la hora de imponer la pena”, dijo Sarah Jackson.

Ahora que Ongwen ha sido puesto bajo custodia de la CPI, éste debe mantener informados a las víctimas y comunidades afectadas de Uganda de todas las novedades que se produzcan en el caso.

“Tras reducir recientemente sus contactos con las víctimas en Uganda debido a la falta de avances en los casos, la CPI debe ahora volver a entablar relaciones con las personas más directamente afectadas por el caso mediante la información pública y actividades de difusión”, prosiguió Sarah Jackson.

Uganda podría tratar de impugnar los hechos que alega la CPI a fin de enjuiciarlo en Uganda. Para ello, el gobierno tendría que demostrar a los jueces de la CPI que realmente puede investigar y juzgar el caso, y que está dispuesto a hacerlo.

Información complementaria

El LRA es un grupo armado dirigido por Joseph Kony. Creado en torno a 1987, inicialmente luchó contra el gobierno ugandés en el norte de Uganda. A partir de 2006, las operaciones del ejército ugandés obligaron al grupo a desplazarse a los países vecinos.

Amnistía Internacional lleva más de dos décadas documentando crímenes cometidos por el LRA y su terrible impacto en la vida de miles de civiles en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

Amnistía Internacional ha documentado asimismo violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda contra comunidades civiles en las que estaba presente el LRA y contra miembros de éste capturados.

Uganda tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar los crímenes cometidos en el norte del país tanto por el ejército ugandés como por el LRA. A tal fin se creó una Sala de Delitos Internacionales, pero su primer caso contra el comandante del LRA Thomas Kwoyelo se suspendió después de que el Tribunal Constitucional resolvió que éste podía beneficiarse de la  Ley de Amnistía de Uganda de 2000. Esta sentencia está pendiente de apelación ante el Tribunal Supremo.

Dominic Ongwen está acusado de tres crímenes de lesa humanidad —asesinato, esclavitud y actos inhumanos que causaron grandes sufrimientos o  atentados graves contra la integridad física— y de cuatro crímenes de guerra —asesinato, trato cruel de civiles, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y saqueo—.

La Corte Penal Internacional dictó las órdenes de detención contra Dominic Ongwen y otros cuatro líderes del LRA por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en julio de 2005. Otro sospechoso inculpado, Joseph Kony, sigue en libertad, y que se cree que los demás ya han fallecido.


Decenas de detenciones se han producido en Francia tras los ataques mortales del 7 y 9 de enero. © Jeff J Mitchell/Getty Images

Una sucesión de al menos 69 detenciones en Francia esta semana por el cargo impreciso de “apología del terrorismo” (l’apologie du terrorisme) supone un riesgo de violación de la libertad de expresión, ha declarado Amnistía Internacional.

Al parecer, todas las detenciones se basan en declaraciones realizadas tras los ataques mortales contra la revista Charlie Hebdo, un supermercado kosher y las fuerzas de seguridad en París el 7 y el  9 de enero.

“En una semana en la que dirigentes mundiales y millones de personas de todo el mundo se han manifestado en defensa de la libertad de expresión, las autoridades francesas deben tener cuidado en no violar este derecho,” ha declarado John Dalhuisen, Director del Programa de Europa y Asia de Amnistía Internacional.

“El cómo actúen las autoridades francesas tras los terribles homicidios es la prueba de fuego de su compromiso con los derechos humanos para todas las personas”.

Las detenciones y enjuiciamientos son los primeros que se llevan a cabo en virtud de la nueva ley antiterrorismo de noviembre de 2014. Se basan en un artículo del Código Penal en virtud del cual “incitar a” o “hacer apología” del terrorismo conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de 45.000 euros, y hasta siete años y una multa de 100.000 euros si implicase publicar algo en línea.

Aunque la “incitación” y la “apología del terrorismo” ya eran delitos en Francia, la ley de noviembre de 2014 los trasladó de la Ley de Prensa al Código Penal.  Esto supone que las autoridades pueden acelerar el proceso, lo que ha ocurrido en varios de los casos de esta semana.

Además del caso del humorista Dieudonné M’bala M’bala, que recibió gran atención por parte de los medios de comunicación, hay otros ejemplos como el de un hombre que gritó en la calle: “Estoy orgullo de ser musulmán,  no me gusta Charlie, hicieron bien en hacer eso”, así como un hombre ebrio, al ser arrestado por conducir en estado de embriaguez, al parece dijo a la policía que “debería haber más Kouachi. Espero que seáis los próximos”.

Otro caso es el de una persona de 21 años que fue sorprendida sin billete en el tranvía y posteriormente condenada a 10 meses de cárcel por decir, según se afirmó, “Lo de los hermanos Kouachi es sólo el principio. Debería haber estado con ellos para matar a más gente”.

En algunos casos ya se han iniciado causas judiciales y han dado lugar a condenas en virtud de un procedimiento acelerado.

Las detenciones, investigaciones y condenas se producen tras la publicación de una circular el lunes 12 de enero en la que la ministra de Justicia Christiane Taubira dio instrucciones a los fiscales según las cuales “las declaraciones o la conducta indebida, de incitación al odio o despectivas, proferidas o cometidas contra las personas a causa de su religión deben de combatirse y perseguirse  con la máxima energía”.

Los gobiernos tienen la obligación en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de prohibir la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. Pero delitos definidos de manera poco precisa como la “apología del terrorismo” corren el riesgo de criminalizar las declaraciones u otras formas de expresión que, aunque sin duda son ofensivas para numerosas personas, no conllevan incitar a otras personas a la violencia o la discriminación.

Los tratados internacionales sobre la prevención del terrorismo exigen la criminalización de la incitación a cometer un delito terrorista. Sin embargo, existe el riesgo de que conceptos como la "apología del terrorismo” se empleen para criminalizar declaraciones realizadas sin el elemento necesario de intencionalidad y la probabilidad directa e inmediata de que induzcan a esa violencia.

Algunos de los casos conocidos recientemente en Francia puede que hayan superado el elevado umbral que garantiza la libertad de expresión y a partir del cual legítimamente se pueden entablar acciones judiciales. En otros casos, por ofensivos que resulten las declaraciones realizadas, no ha sido así.

“La libertad de expresión no tiene favoritos. Ahora es no el momento de enjuiciamientos precipitados, sino de respuestas mesuradas que protejan las vidas y respeten los derechos de todas las personas”, ha declarado John Dalhuisen.


© Amnesty International.

El Parlamento de El Salvador votará este viernes si concede el primer indulto en las causas de 17 mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo.

Guadalupe, que ingresó en prisión con 18 años y tiene un hijo de 5, fue condenada a 30 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo en 2007. Se la acusó de haberse sometido a un aborto, algo que la legislación de El Salvador no permite bajo ninguna circunstancia.

"La terrible historia de Guadalupe es sólo un ejemplo de los ridículos extremos a los que están dispuestas a llegar las autoridades de El Salvador para castigar a las mujeres. Nunca deberían haberla encarcelado, y no debe pasar ni un segundo más entre rejas", ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

"Al criminalizar el hecho de sufrir un aborto espontáneo y prohibir el aborto, aunque la vida de una mujer dependa de ello, El Salvador está condenando a miles de personas a morir o pasar décadas en prisión. Esto ha de cambiar." 

Guadalupe forma parte de un grupo de 17 mujeres salvadoreñas que están cumpliendo condenas de entre 12 y 40 años de prisión por complicaciones derivadas del embarazo. El Salvador prohíbe completamente el aborto y criminaliza las decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres y las niñas.

Amnistía Internacional ha documentado casos de mujeres procesadas y encarceladas durante décadas por sufrir abortos espontáneos estando fuera de un hospital y sin atención médica.

Sus procesamientos y juicios sin garantías, consecuencia de un entorno hostil a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tienen como denominador común el prejuicio, las pruebas falsas y la carencia de una defensa legal efectiva. En muchos casos, estas mujeres fueron acusadas inicialmente de aborto y, posteriormente, se les imputó el cargo de homicidio culposo, que conlleva penas de prisión mucho más largas.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto presentó en abril una petición de indulto para Guadalupe, en la que ponía de manifiesto la existencia de motivos de preocupación acerca de la imparcialidad del juicio y el respeto del debido proceso. Entre otros aspectos, destacaba que el examen forense realizado  tras el aborto no había determinado la causa de la muerte del feto ni hallado pruebas de que Guadalupe la hubiera provocado. Esto, por sí solo, implicaría que la condena es injusta.

Además, tras ser trasladada Guadalupe a un hospital público a raíz del aborto, los empleados del hospital avisaron a la policía, que la interrogó sin que su abogado estuviera presente y mientras recibía atención médica. Tampoco la examinó ningún psicólogo en ese momento, por lo que el juez no pudo valorar su estado de ánimo durante el interrogatorio.

"El Salvador tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir la injusticia a la que se ha sometido a estas 17 mujeres. Todas ellas deberían quedar libres de inmediato. Además, el gobierno debe poner fin a la anticuada y opresiva prohibición del aborto y proteger a las mujeres y las niñas contra la violencia y la discriminación", ha afirmado Erika Guevara-Rosas.


Raif Badawi fue condenado a 10 años de prisión y a recibir 1.000 latigazos por sus opiniones en su blog. © Private

Amnistía Internacional ha recibido información, según la cual hoy no se ha llevado a cabo la flagelación de Raif Badawi por razones médicas.

Esta mañana han sacado a Raif Badawi de su celda y lo han llevado al centro médico de la prisión para hacerle un chequeo antes de proceder a la ejecución de la pena. El medico ha determinado que sus heridas no están aún bien curadas y no podrá soportar aún a otra tanda de azotes. Ha recomendado que se aplace la flagelación hasta la semana próxima. No se sabe bien si las autoridades aplicarán completamente la recomendación.

"Este aplazamiento decidido por razones de salud pone de manifiesto no sólo la absoluta brutalidad del castigo, sino también su indignante naturaleza inhumana –ha señalado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. La idea de que es necesario esperar a que Raif Badawi sane para poder sufrir una y otra vez este cruel castigo es macabra e indignante. La flagelación no debe llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia.”

“Al igual que otras formas de castigo corporal, la flagelación está prohibida por el derecho internacional. La de Raif Badawi parece haberse aplazado por el momento, pero no hay forma de saber si las autoridades saudíes seguirán totalmente el consejo del médico. Raif Badawi está todavía en una situación de riesgo inminente.”

La flagelación de Raif Badawi ha suscitado la indignación internacional, y en todo el mundo se han organizado concentraciones, con la asistencia entre otros de miembros de Amnistía Internacional, para protestar contra ella y pedir que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, porque es preso de conciencia.


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Indonesia debe detener de inmediato la ejecución por fusilamiento de seis personas –una ciudadana Indonesia y cinco extranjeros–, que pretende llevar a cabo esta semana, ha manifestado Amnistía Internacional tras confirmar hoy la Fiscalía General que las ejecuciones tendrán lugar el domingo, 18 de enero de 2015.

“Deben detenerse de inmediato estas ejecuciones –ha señalado Rupert Abbott, director de Investigación de Amnistía Internacional para la región del sureste asiático y el Pacífico–. La pena de muerte es una violación de los derechos humanos, así que  resulta estremecedor que las autoridades indonesias quieran ejecutar a seis personas este domingo.”

“El nuevo gobierno de Indonesia asumió sus funciones con la promesa de mejorar el respeto de los derechos humanos, pero si lleva a cabo estas ejecuciones la incumplirá. En vez de ejecutar a más personas, debe declarar de inmediato la suspensión del uso la pena de muerte con miras a su abolición definitiva.”

Las seis personas que van a ser ejecutadas el domingo fueron condenadas a muerte tras ser declaradas culpables de delitos de drogas. Son una ciudadana indonesia, Rani Andriani, conocida como Melisa Aprilia, y cinco extranjeros: Daniel Enemuo, de Nigeria; Ang Kim Soei, de Países Bajos; Tran Thi Bich Hanh, de Vietnam; Namaona Denis, de Nigeria, y Marco Archer Cardoso Moreira, de Brasil.

Según la información disponible, cinco de ellas van a ser ejecutadas en la isla de Nusakambangan, provincia de Java Central, y la otra, Tran Thi Bich Hanh, en el distrito de Boloyali, también en Java Central.

Aunque en 2014 no se llevaron a cabo ejecuciones en Indonesia, el gobierno ha anunciado que este año hay previstas 20.

En diciembre de 2014 se informó también de que el presidente Joko Widodo no iba a conceder el indulto al menos a 64 personas condenadas por delitos de drogas y que estaba previsto ejecutarlas.

Los delitos de drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte según el derecho internacional.

“Sería un retroceso enorme que el gobierno siguiera adelante con sus planes de ejecutar nada menos que a 20 personas durante el año. Es una meta legítima del gobierno del presidente Widodo abordar los crecientes índices de criminalidad, pero la pena de muerte no es la respuesta, porque no sirve para disuadir de cometer delitos”, ha explicado Rupert Abbott.

“La nueva tanda de ejecuciones prevista se ha anunciado a la vez que el gobierno está intentando activamente proteger a los ciudadanos indonesios que se enfrentan a la pena de muerte en el extranjero. Si la pena de muerte no está bien para otros países, no puede estarlo tampoco para Indonesia.”

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias, independientemente de la naturaleza del delito, las características de su autor o el método utilizado para llevar a cabo la ejecución La pena de muerte viola el derecho a la vida, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La protección del derecho a la vida está reconocida también en la Constitución de Indonesia. Son ya 140 los países que han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.