Amnistía Internacional España

El general Efraín Ríos Montt La decisión de aplazar nuevamente el juicio contra José Efraín Ríos Montt bajo cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad es una bofetada contra las víctimas que todavía intentan sanar las heridas de décadas de brutal guerra civil, dijo hoy Amnistía Internacional.
“Al permitir que Ríos Montt evada la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos que tuvieron lugar bajo su comando y sus familiares,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El tribunal especial a cargo del juicio contra Ríos Montt dijo que el juicio se aplazaba por cuestiones de procedimiento.


La bandera estadounidense ondea en el Camp Delta, en la bahía de Guantánamo © US DoD La obstrucción del Congreso estadounidense al cierre del centro de detención de la bahía de Guantánamo amenaza con situar a Estados Unidos entre los países que desprecian sistemáticamente las normas internacionalmente acordadas de justicia y derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del 14 aniversario de los primeros traslados al centro de detención.
"Guantánamo permanece abierto porque los políticos están explotando el miedo genuino de la población a los atentados terroristas. En lugar de identificar medidas efectivas y legales para prevenir los atentados, los congresistas se dedican a jugar a la política con las vidas de decenas de hombres que podrían morir entre rejas sin haber sido siquiera juzgados”, ha manifestado Naureen Shah, directora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos.
"Guantánamo se ha convertido en un símbolo internacional de la tortura, las entregas y la detención indefinida sin cargos ni juicio. Su cierre no significa simplemente trasladar a los detenidos a otro lugar y apagar las luces del centro. Significa terminar por completo con estas prácticas y hacer que se rindan cuentas por los abusos cometidos en el pasado.”
En la actualidad, en el centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, permanecen detenidos 104 hombres; 45 de ellos han recibido luz verde para ser transferidos a otro lugar, pero permanecen entre rejas.
Cuando el presidente Barack Obama llegó al poder en enero de 2009, firmó una orden ejecutiva para el cierre, en el plazo de un año, del tristemente famoso centro de detención. Siete años después, Guantánamo continúa abierto. El gobierno de Obama ha insinuado un plan para cerrar el centro trasladando a algunos de los detenidos a Estados Unidos para que continúen allí su detención indefinida.
"Lo único que haría la propuesta del presidente Obama de reubicar a algunos detenidos para que continúen en detención indefinida en Estados Unidos es cambiar el código postal de Guantánamo. Además, sentaría un peligroso precedente que podría ser explotado por gobiernos futuros. El presidente Obama debe poner fin a la detención indefinida sin cargos, no trasladarla de lugar”, ha manifestado Naureen Shah.
"La población de Guantánamo puede reducirse sustancialmente transfiriendo a las decenas de detenidos cuya transferencia ya ha sido aprobada. El Pentágono debe recibir órdenes claras del presidente para acelerar las transferencias a otros países considerados seguros.”
"Los detenidos que no puedan ser transferidos deben ser acusados ante un tribunal federal o puestos en libertad, y deben ampliarse las investigaciones sobre los informes de tortura y otras violaciones de derechos humanos sufridas por los detenidos.
"Al presidente Obama le queda sólo un año en el cargo para cumplir su compromiso de cerrar Guantánamo. Está en juego su legado de derechos humanos, y el de la nación. No será fácil, pero el presidente Obama puede y debe hacer lo correcto."


El general Efraín Ríos Montt ©APGraphicsBank El juicio contra el ex gobernante militar de Guatemala, José  Efraín Ríos Montt, que comenzará el 11 de enero, será una gran prueba para el sistema de justicia del país y una gran oportunidad para que Guatemala demuestre que está comprometida con los derechos humanos, dijo hoy Amnistía Internacional.

“Decenas de miles de víctimas de los horrendos crímenes cometidos bajo el mandato de Ríos Montt han estado esperando por décadas para que se hiciera justicia – no se les debe forzar a esperar un segundo más,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
     
“La actitud de Guatemala de hacer oídos sordos a la hora de ocuparse de los cientos de miles de casos de tortura, asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar durante en conflicto armado es bochornosa e ilegal. La única forma de evitar que más personas a cometer este tipo de crímenes es hacerles saber que enfrentarán la justicia y el poder de la ley.”

Información adicional
Efraín Ríos Montt enfrenta cargos de crímenes contra la humanidad y genocidio en relación al asesinato y tortura de 1,771 Indígenas Mayan-Ixil y el desplazamiento forzado de decenas de miles cuando era Presidente y Comandante en Jefe del ejército Guatemalteco entre 1982 y 1983.

Ríos Montt será representado por una tercera parte en un procedimiento especial que tendrá lugar a puertas cerradas. La Corte no tiene el poder de imponer una sentencia de prisión, a causa del estado de salud de Ríos Montt.

En el 2013, la Corte Constitucional de Guatemala anuló una sentencia contra Ríos Montt citando cuestiones de proceso.

Según una Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas, unas 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 36 años de guerra civil en Guatemala. Más del 80 por ciento eran Indígenas Maya.


El blogero, Raif Badawi Madrid.- El deterioro de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí ha sido constante durante el año transcurrido desde que el bloguero Raif Badawi fuera azotado públicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, ha afirmado Amnistía Internacional la víspera del primer aniversario de los azotes.
En el último año, el historial de derechos humanos de Arabia Saudí ha ido de mal en peor. Recientemente, la ejecución masiva de 47 personas en un solo día —entre ellas el clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr— sacudió a toda la región.
Pese a aclamados avances como la participación de las mujeres en las elecciones municipales del mes pasado, Arabia Saudí continúa reprimiendo de forma generalizada a los activistas de los derechos humanos, además de liderar una devastadora campaña de bombardeos aéreos en Yemen en la que se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra.
“Un año después de las protestas internacionales por su flagelación pública, Raif Badawi y decenas de presos de conciencia continúan en la cárcel y expuestos a sufrir penas crueles y malos tratos por su activismo pacífico”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Son cada vez más los defensores y defensoras de los derechos humanos condenados a años de prisión en virtud de la ley antiterrorista de 2014 de Arabia Saudí, mientras sus aliados respaldan con total descaro la represión del reino en nombre de la llamada ‘guerra contra el terror’.”

Entre las muchas personas encarceladas figura el abogado de Raif Badawi, Waleed Abu al Khair, primer defensor de los derechos humanos condenado en virtud de la ley antiterrorista de Arabia Saudí, que entró en vigor en febrero de 2014, después de un juicio injusto. Decenas de personas más fueron encarceladas en virtud de esta ley en 2015, entre ellas los defensores de los derechos humanos Dr. Abdulkareem al Khoder y Dr. Abdulrahman al Hamid, miembros fundadores de la independiente y ahora disuelta Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), también en juicios injustos.
Arabia Saudí sigue prohibiendo las asociaciones de derechos humanos independientes y encarcelando a sus miembros fundadores, a quienes impone largas penas de prisión por formar “organizaciones no autorizadas”. Todas las reuniones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, continúan prohibidas en virtud de una orden del Ministerio del Interior de 2011.
Mientras tanto, las autoridades han utilizado la ley antiterrorista de 2014 y el conocido tribunal “antiterrorista” del reino, el Tribunal Penal Especial, para reprimir sistemáticamente toda forma de activismo, lo que incluye la imposición de condenas a muerte a activistas musulmanes chiíes tras juicios manifiestamente injustos. Un ejemplo es el caso del destacado clérigo musulmán chií y crítico abierto del gobierno del país Sheikh Nimr al Nimr, ejecutado junto con otros tres activistas musulmanes chiíes el 2 de enero.
Ali al Nimr, sobrino de Sheikh Nimr al Nimr, y los también activistas chiíes Dawood al Marhoon y Abdullah al Zaher, tenían menos de 18 años cuando los detuvieron. Los tres fueron sometidos a juicios manifiestamente injustos y condenados a muerte sobre la base exclusiva de “confesiones” que, según su testimonio, se obtuvieron mediante tortura. El tribunal se ha negado a investigar sus denuncias de tortura.
“En una sangrienta ofensiva contra toda forma de disidencia, las autoridades han confirmado las condenas a muerte impuestas a tres personas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad, violando de manera flagrante el derecho internacional y basándose como única prueba en las ‘confesiones’ que, según el testimonio de los tres activistas, hicieron tras ser torturados”, ha afirmado James Lynch.
“Esto tiene lugar en un momento en el que Arabia Saudí ha intensificado su terrible oleada de ejecuciones, en la que al menos 151 personas han sido ejecutadas entre enero y noviembre de 2015, el número más alto desde 1995. Cerca de la mitad de las personas ejecutadas habían sido condenadas por delitos que, según el derecho internacional, no serían punibles con la muerte.”
Arabia Saudí también ha liderado una coalición militar que, desde marzo de 2015, ha llevado a cabo miles de ataques aéreos en zonas de Yemen controladas por el grupo armado huzi. Cientos de civiles han perdido la vida en los ataques aéreos, que también han afectado a infraestructuras civiles como instalaciones de salud, escuelas, fábricas, instalaciones eléctricas, puentes y carreteras. Amnistía Internacional ha concluido que tales ataques han sido con frecuencia desproporcionados o indiscriminados, y en algunos casos parecen haber tenido como objetivo directo a la población civil o bienes de carácter civil.
Algunas de las armas utilizadas por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen que han afectado a objetivos civiles fueron producidas y/o diseñadas en Estados Unidos y Reino Unido. Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos también proporcionan apoyo logístico y servicios de inteligencia a la coalición.
“Los aliados de Arabia Saudí como Estados Unidos y Reino Unido deben usar sus estrechas relaciones para presionar al gobierno, incluso públicamente, para que mejore su historial de derechos humanos y respete el derecho internacional en su campaña en Yemen. Su silencio, mientras siguen suministrando a Arabia Saudí armas letales, es simplemente indefendible”, ha afirmado James Lynch.
Información complementaria

Un agente de seguridad administró 50 azotes con un bastón a Raif Badawi en una plaza pública de Yidda el 9 de enero de 2015. Los 50 azotes eran parte de la condena a 1.000 azotes y 10 años de prisión impuesta por un tribunal en mayo de 2014 por crear un foro en Internet para el debate público y por “insultar al islam”.
Los demás azotes se aplazaron, al principio por preocupaciones de índole médica y después por razones que se desconocen.
Se han enviado más de un millón de mensajes de apoyo al bloguero saudí encarcelado Raif Badawi desde que la campaña de Amnistía Internacional Escribe por los derechos incluyó su caso en 2014. En 2015 la campaña destacó la difícil situación de su abogado, Waleed Abu al Khair.
Para obtener más información sobre las demás víctimas de la represión de Arabia Saudí contra la libertad de expresión, consulten la página de Arabia Saudí en el sitio web de Amnistía Internacional.
España, falta de condena firme

A pesar de que algunos líderes europeos, como la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini; el Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron; el Ministro de Asuntos Exteriores francés o su homólogo alemán, han mostrado su rechazo a la pena de muerte, las autoridades deberían ser más firmes en sus declaraciones, así como en la petición de liberación de Badawi y otros presos de conciencia.
Amnistía Internacional España pide al gobierno español en funciones, que se ha adherido a las declaraciones de Mogherini, que solicite públicamente que Raif Badawi sea liberado y condene las ejecuciones llevadas a cabo. La organización considera que en estos cuatro años de legislatura, y dada las relaciones bilaterales entre España y Arabia Saudí, las autoridades españolas no han sido suficientemente contundentes en sus declaraciones sobre la situación de violación de derechos humanos en el país.
La organización tiene en marcha una ciberacción para exigir la liberación del blogero, que lleva ya más de 150.000 firmas recogidas.


Tropas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas en República Centroafricana. ©Amnesty International La aplaudida decisión de la ONU de investigar nuevas denuncias de explotación y abusos sexuales por parte de las tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Centroafricana pone de manifiesto una vez más la necesidad de introducir reformas adicionales y de que los responsables comparezcan ante la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El representante especial del secretario general de la ONU en la República Centroafricana, Parfait Onanga-Anyanga, confirmó ayer que personal de UNICEF había entrevistado a cuatro niñas que, al parecer, habían sufrido abusos a manos de soldados de mantenimiento de la paz. El representante especial pidió a los países que contribuyen con tropas que abran su propia investigación, y brindó el apoyo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU.

“La información sobre nuevas denuncias de explotación y abusos sexuales resulta sumamente inquietante, y pone de manifiesto cuánto queda aún por hacer para erradicar esta práctica recurrente. La investigación es una satisfactoria señal de buenas intenciones, pero las promesas de tolerancia cero deben cumplirse, y los responsables deben comparecer ante la justicia en juicios con las debidas garantías”, ha manifestado Stephen Cockburn, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“No debemos perder de vista el terrible trauma que han sufrido estas niñas, cuyo bienestar es primordial. Deben tomarse medidas para garantizar su derecho a atención médica posterior a la violación.”

Las denuncias más recientes han venido precedidas de una serie de casos más de explotación y abusos sexuales en la República Centroafricana. Un grupo de expertos independientes condenó recientemente la respuesta de la ONU a las denuncias que indicaban que soldados de mantenimiento de la paz franceses y de otras nacionalidades habían abusado sexualmente de niños en un campo para personas desplazadas en 2014. En agosto de 2015, Amnistía Internacional recopiló indicios que sugerían enérgicamente que una niña de 12 años había sido violada por miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU.

En diciembre de 2015, un grupo de expertos independientes designados por la ONU condenó la respuesta de las Naciones Unidas.


La actuación y el entrenamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Venezuela debe adecuarse a los estándares internacionales de uso de la fuerza Amnistía Internacional hace un llamado a la recientemente elegida Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que ejercerá sus funciones a partir del 5 de enero de 2016, a que tome medidas urgentes para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas sin discriminación alguna.
En los últimos años, la protección y promoción de los derechos humanos garantizados tanto por la Constitución de 1999, como por los instrumentos de derechos humanos de los que Venezuela es un Estado parte, se han deteriorado progresivamente, y las instituciones que sustentan el estado de derecho han visto gravemente mermada su independencia e imparcialidad. La nueva Asamblea Nacional debe tomar medidas concretas para revertir prontamente esta situación.
Amnistía Internacional insta a los representantes del nuevo Poder Legislativo a poner nuevamente los derechos humanos al frente de la agenda política. Para ello es necesario que el nuevo Parlamento requiera con urgencia al Estado venezolano revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos formulada en septiembre de 2012, adhiriéndose nuevamente a ella y admitiendo otra vez la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, es indispensable que el Estado venezolano proteja y apoye la labor de las y los defensores de derechos humanos y que priorice en las decisiones que tome a los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad, como las personas de escasos recursos, las mujeres, las niñas y niños, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e Intersexuales (LGBTI) y los pueblos indígenas.
La Asamblea Nacional debe asimismo adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia, y de cualquier persona que enfrente judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Es asimismo fundamental que el Poder Legislativo dé prioridad al fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo estado de derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en el país y se garantice el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y a una reparación adecuada.
La Asamblea Nacional debe velar además por que se garantice la rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado ante instancias nacionales y supranacionales. Promoviendo la transparencia y asegurando el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra, a la libertad de expresión, reunión y asociación, al acceso a la información pública y a todo el conjunto de derechos humanos se garantizará que todas las personas puedan vivir con dignidad.
Los altos índices de violencia y criminalidad en el país hacen necesario también que el nuevo Parlamento priorice la toma de medidas para dar respuesta a esta situación, controlando las armas y municiones, y asegurando al mismo tiempo que la actuación y entrenamiento de los cuerpos de seguridad del Estado se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos de uso de la fuerza.
Los nuevos representantes del Poder Legislativo deben tomar medidas urgentes y decisivas para dar respuesta a los grandes retos que afronta el país, creando puentes y vías de diálogo. Amnistía Internacional espera que en la búsqueda de soluciones el recientemente elegido Parlamento priorice el fortalecimiento de las instituciones que sustentan el estado de derecho y garantice que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin discriminación alguna.


Tanques utilizados por Boko Haram en Camerún © Particular Las autoridades de Camerún deben revelar la suerte de 130 personas detenidas por las fuerzas camerunesas hace un año tras unas operaciones de seguridad contra Boko Haram, ha declarado Amnistía Internacional en el primer aniversario de su desaparición forzada.

El 27 de diciembre de 2014, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 200 niños varones y hombres en los pueblos de Magdeme y Doublé. Según el gobierno, fueron detenidos 70 presuntos miembros de Boko Haram, 25 de los cuales murieron esa noche bajo custodia. Sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de al menos otras 130 personas. En la misma operación, murieron al menos ocho personas, un menor de edad incluido, y las fuerzas de seguridad incendiaron más de 70 viviendas, y robaron o destruyeron numerosas posesiones.

“La lucha contra Boko Haram no debe servir de pretexto para cometer desapariciones forzadas. Debe informarse a las familias de los fallecidos y de aquellos que siguen en paradero desconocido. Quienes están en detención secreta deben tener acceso a sus familiares y abogados, y ser tratados con humanidad. El incidente debe ser investigado urgente e imparcialmente.”

Una mujer de 51 años cuya casa fue también saqueada e incendiada por las fuerzas de seguridad el 27 de diciembre de 2014, dijo a Amnistía Internacional que detuvieron a siete miembros de su familia, a los que se llevaron en camiones.

“Desde ese día no he visto ni he sabido nada de mi esposo, mis dos hijos, mis dos hermanos y mis dos yernos a pesar de todos mis esfuerzos por encontrarlos. Necesito saber si están vivos. Quiero que vuelvan.”

En un informe publicado el pasado mes de septiembre, Amnistía Internacional documentó el asesinato por Boko Haram de más de 400 civiles en el norte de Camerún. Como respuesta, las fuerzas de seguridad asaltaron pueblos, destruyendo viviendas, matando a civiles y deteniendo a más de 1.000 personas.

La organización ha escrito al ministro de Defensa, al ministro de Justicia y al jefe de la Gendarmería, entre otros, facilitando una lista de 130 nombres de personas detenidas en Magdeme y Doublé y pidiéndoles que confirmen su paradero e informen a sus familias. Hasta ahora no ha recibido respuesta.

Amnistía Internacional pide a las autoridades que hagan investigaciones sin demora, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y revelen la identidad de las al menos 25 personas que murieron bajo custodia en Maroua, así como el lugar donde están enterradas.

“Las familias de los desaparecidos necesitan saber lo que ha ocurrido con sus seres queridos. Las autoridades deben poner fin de una vez por todas a esta flagrante injusticia que ya dura demasiado”, concluyó Ilaria Allegrozzi.

“No investigar estas desapariciones cometidas por las fuerzas de seguridad refuerza la impunidad de la que gozan.”

Información complementaria
El presidente de Camerún ha desplegado al menos 2.000 efectivos del Batallón de Intervención Rápida junto con fuerzas del Batallón de Intervención Móvil para combatir la violencia de Boko Haram. La dura respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado ha desembocado en crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.


El gobierno de transición de la República Centroafricana, la ONU y los donantes deben intensificar sus esfuerzos para establecer el Tribunal Penal Especial, han declarado hoy 23 grupos centroafricanos e internacionales de derechos humanos.
En junio de 2015, el gobierno de transición del país promulgó una ley aprobada en abril por la que se creaba un Tribunal Penal Especial en el sistema judicial nacional, integrado por personal nacional e internacional, para investigar y enjuiciar los crímenes más graves cometidos en el país desde 2003, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“Estos esfuerzos deben continuar y recibir el respaldo de los actores internacionales para garantizar que este tribunal previsto en el papel se convierta en realidad lo antes posible.”

Pese a la difícil situación de la seguridad, las autoridades centroafricanas han dado algunos primeros pasos para establecer el tribunal. Entre otras medidas, el gobierno ha elegido y ofrecido un edificio para permitir que el órgano jurisdiccional lleve a cabo sus primeras actividades de investigación y enjuiciamiento. También ha preparado algunos de los decretos necesarios para que el tribunal funcione, y ha redactado las descripciones de puestos de trabajo para contratar al futuro personal. La ONU sigue apoyando este proceso, en concreto mediante el envío de un equipo de expertos para evaluar las necesidades logísticas y económicas del tribunal, y la elaboración de un plan del proyecto para respaldar el establecimiento de éste.
En la República Centroafricana siguen cometiéndose  violaciones graves de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales han documentado recientemente más de 100 homicidios, así como la destrucción de infraestructuras vitales y 20 casos de agresión sexual cometidos en el curso de los actos de violencia sectaria que sacuden Bangui desde finales de septiembre. Es muy probable que estas cifras sólo representen una fracción de los graves crímenes que se están cometiendo con total impunidad en la República Centroafricana.
El sistema de justicia del país sigue siendo demasiado endeble para investigar y enjuiciar estos crímenes. Esta es la razón por la que el Tribunal Penal Especial tiene un papel destacado que desempeñar en la lucha contra la impunidad en la República Centroafricana, afirmaron los grupos.
El 27 de diciembre de 2015 está previsto que se celebren en el país elecciones presidenciales y parlamentarias, con una posible segunda vuelta para el 31 de enero de 2016 si ningún candidato obtiene la mayoría. Muchas organizaciones locales de derechos humanos temen una nueva ola de violencia en torno a los comicios.
“Es urgente que el Tribunal Penal Especial se cree y empiece a funcionar para juzgar estos crímenes y transmitir con claridad el mensaje de que no se van a seguir tolerando abusos de este tipo”, dijeron los grupos.
La puesta en funcionamiento efectiva del Tribunal sólo será posible si las autoridades centroafricanas cuentan con los medios y la oportunidad de asumir la plena propiedad de este órgano jurisdiccional y un mayor liderazgo en su establecimiento.
En este sentido, el comité directivo existente podría desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de una visión común del Tribunal Penal Especial y a la hora de orientar todas las medidas necesarias para que se cree y empiece a funcionar, lo que incluye, entre otros aspectos, la contratación de personal. El comité directivo está integrado por representantes del gobierno de transición, la ONU y algunos socios internacionales. “Debe reunirse periódicamente”, han declarado los grupos.
“El presupuesto provisional del Tribunal debe cerrarse cuanto antes para que pueda comenzar la búsqueda de financiación.” Para que el Tribunal tenga éxito será asimismo esencial contratar a expertos internacionales con experiencia demostrada en el enjuiciamiento de crímenes graves de derecho internacional que estén dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con sus homólogos nacionales. Los donantes deben empezar a movilizar los fondos y el apoyo técnico esenciales para el funcionamiento eficaz del Tribunal.
“La lucha contra la impunidad por los crímenes graves cometidos en la República Centroafricana, así como la cooperación con la Corte Penal Internacional, deben permanecer firmemente en la agenda del futuro gobierno y en la de los socios internacionales que apoyan la paz y el Estado de derecho en el país”, han subrayado los grupos. La Corte Penal Internacional está investigando también en la República Centroafricana, aunque lo más probable es que sólo enjuicie a algunos presuntos autores de crímenes. La Corte complementa la labor del sistema judicial nacional y del Tribunal Penal Especial.
“Es evidente que la justicia por los crímenes graves cometidos en la República Centroafricana es un pilar esencial para la paz duradera en la nación -concluyeron los grupos-. El apoyo económico y logístico al Tribunal Penal Especial es tanto una inversión indispensable en el futuro como una obligación moral hacia las víctimas que tanto han sufrido.”


Así quedó la ciudad de Darat Izza, en la provincia de Aleppo, en Siria, tras los bombardeos de la aviación rusa. © REUTERS/Ammar Abdullah Los ataques aéreos de Rusia en Siria han matado a cientos de civiles y han provocado una destrucción masiva en zonas residenciales, alcanzando viviendas, una mezquita y un mercado en plena actividad, así como instalaciones médicas, en ataques sistemáticos en los que se aprecian indicios de violaciones del derecho internacional humanitario, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado ‘Civilian objects were not damaged’: Russia’s statements on its attacks in Syria unmasked pone de manifiesto el elevado precio que ha pagado la población civil por los presuntos ataques de Rusia en todo el país. El informe se centra en seis ataques efectuados en Homs, Idleb y Alepo entre septiembre y noviembre de 2015, en los que murieron al menos 200 civiles y aproximadamente una decena de combatientes. En él se incluyen indicios que sugieren que las autoridades rusas mintieron para ocultar los daños civiles que produjeron los ataques aéreos contra una mezquita y un hospital de campaña. También se documentan indicios del uso por parte de Rusia de municiones de racimo y bombas no guiadas, ambas prohibidas internacionalmente, sobre zonas residenciales densamente pobladas.

"Algunos bombardeos aéreos de Rusia parecen haber ido dirigidos directamente contra la población civil o bienes de carácter civil, al haber atacado zonas residenciales sin ningún objetivo militar evidente, e incluso instalaciones médicas, hiriendo y matando a civiles. Tales ataques pueden constituir crímenes de guerra", ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

"Es fundamental que estas presuntas violaciones se investiguen de forma independiente e imparcial."
Las autoridades rusas han afirmado que sus fuerzas armadas sólo atacan objetivos "terroristas". Después de algunos ataques, han respondido a los informes sobre muertes entre la población civil negando que ellos hayan sido los responsables; en otros casos, simplemente se han mantenido en silencio.
Amnistía Internacional entrevistó a testigos presenciales y supervivientes de los ataques, y también examinó pruebas de vídeo e imágenes de los momentos posteriores a los ataques con ayuda de análisis realizados por expertos en armas. Los ataques se identificaron como presuntos ataques aéreos de Rusia comparando los detalles de cada uno de ellos con las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso en las que se anunciaban ataques contra objetivos "terroristas", o con las declaraciones de testigos.
Según las investigaciones de la organización, no había objetivos militares ni combatientes en las inmediaciones de las zonas atacadas. Esto sugiere que los ataques pueden haber violado el derecho internacional humanitario y, en algunas circunstancias, podrían, constituir crímenes de guerra.
Uno de los ataques más letales documentados en el informe  fue el lanzamiento de tres misiles contra un mercado en plena actividad en el centro de Ariha, en la gobernación de Idleb, en el que murieron 49 civiles. Según los testigos, en unos segundos el bullicioso mercado dominical se convirtió en una matanza.
"En un momento la gente comenzó a gritar, olía a quemado y todo era un caos.  Los niños de una escuela primaria cercana salieron corriendo despavoridos [...] había cadáveres por todas partes, decapitados y mutilados", cuenta Mohammed Qurabi al Ghazal, activista local de medios de comunicación, recordando la imagen de una mujer que había perdido a su marido y sus tres hijos sentada llorando junto a una fila de 40 cadáveres.  Sus hijos estaban en bolsas. "Todavía no he podido superarlo", añadió.
El 15 de octubre, en otro presunto ataque ruso, murieron al menos 46 civiles, entre ellos 32 niños y 11 mujeres que se habían refugiado en el sótano de un edificio de viviendas en Al Ghantu, en la gobernación de Homs. En las imágenes de vídeo del lugar después del ataque no hay indicios de presencia militar. Los expertos en armas que analizaron las imágenes del ataque afirmaron que el tipo de destrucción indicaba el posible uso de bombas de aire-combustible (conocidas también como "bombas de vacío") un tipo de armas particularmente propenso a causar efectos indiscriminados cuando se utiliza cerca de civiles.
En otro ataque murieron cinco civiles y quedaron destruidas una decena de viviendas cuando un presunto misil de crucero ruso lanzado desde el mar alcanzó unos edificios de viviendas en la localidad de Darat Izza, en la gobernación de Alepo, el 7 de octubre.
"Fue muy distinto de otros ataques aéreos [...] el suelo tembló como si fuera un terremoto [...] el peor nivel de destrucción que he visto [...] Una madre y sus dos hijos murieron en una casa y en otra falleció una joven pareja que se había casado hacía una semana", dijo un testigo local, que confirmó que la zona alcanzada por el ataque era residencial y no había cerca bases del ejército ni ningún grupo armado.
Los presuntos ataques aéreos rusos también han alcanzado hospitales. Los centros médicos gozan de protección especial en virtud del derecho internacional humanitario, y atacarlos puede constituir crimen de guerra. El testigo de un ataque que impactó a unos metros del hospital de campaña de Sermin, en Idleb, afirmó que parecía haberse utilizado un avión más sofisticado, pues no lo vieron ni lo oyeron antes de que soltara los misiles.
La reacción de las autoridades rusas a un ataque contra la mezquita de Omar Bin al Khattab en el centro de Jisr al Shughour (gobernación de Idleb) el 1 de octubre suscita serias dudas sobre la táctica que están dispuestas a seguir para desvirtuar las críticas contra sus operaciones. Tras publicarse informes y fotografías de la mezquita destruida, las autoridades rusas respondieron que se trataba de un "montaje" y, para demostrar que la mezquita seguía intacta, presentaron una imagen de satélite de otra mezquita.
"Al presentar imágenes de satélite de una mezquita intacta afirmando que es la que ha sido destruida, las autoridades rusas parecen estar recurriendo a tejemanejes para intentar evitar reproches e impedir el escrutinio de sus acciones en Siria. Tal conducta no inspira confianza respecto a que estén dispuestas a investigar de buena fe presuntas violaciones . El Ministerio de Defensa ruso debe ser más transparente y dar a conocer los objetivos de sus ataques a fin de facilitar que se evalúe si está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario", ha afirmado Philip Luther.
Desde el derribo de un avión de combate ruso por las fuerzas aéreas de Turquía el 24 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Rusia publica aún menos información que antes sobre su campaña en Siria.
Amnistía Internacional también ha recopilado indicios, incluidas fotografías e imágenes de vídeo, de que los rusos han utilizado bombas no guiadas en zonas civiles densamente pobladas, así como las letales municiones de racimo, prohibidas internacionalmente.
Como son armas que por su naturaleza tienen efectos indiscriminados, las municiones de racimo no deben utilizarse en ninguna circunstancia. Cada bomba de racimo esparce decenas de submuniciones en un área equivalente a un campo de fútbol. Dada su elevada tasa de error, continúan representando una amenaza para la población civil años después de su uso. El uso reiterado de bombas no guiadas cerca de zonas civiles densamente pobladas violaría la prohibición de ataques indiscriminados.
"Rusia debe acabar con los ataques indiscriminados y otros ataques ilegales. Debe abstenerse totalmente de emplear municiones de racimo y dejar de lanzar bombas no guiadas contra zonas civiles", ha afirmado Philip Luther.


La condena condicional de tres años dictada contra el abogado de derechos humanos Pu Zhiqiang es un intento deliberado de constreñir a un defensor de la libertad de expresión por parte de las autoridades chinas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El martes, un tribunal de Pekín condenó a Pu Zhiqiang a tres años de cárcel, con una suspensión de tres años, por “provocar peleas y crear problemas” e “incitar al odio étnico”. El fallo condenatorio se basó principalmente en siete comentarios publicados en medios sociales, que en total sumaban unos 600 caracteres, en los que Pu criticaba políticas gubernamentales y a cargos del gobierno.

“Es improbable que Pu Zhiqiang pase otra noche en prisión y eso es claramente positivo, pero no oculta la grave injusticia cometida contra él. No es un delincuente, y, en la practica, este fallo condenatorio deja atado de pies y manos para ejercer la abogacía a uno de los defensores de los derechos humanos más valientes de China”, ha afirmado William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

“Pu Zhiqiang ya lleva más de 18 meses detenido y los únicos “indicios” que las autoridades han podido hallar en su contra después de investigarlo durante tanto tiempo son siete comentarios en redes sociales en los que criticaba al gobierno. Está entre los defensores más valientes del derecho a la libertad de expresión en China, y sufre persecución simplemente por ejercer ese derecho.”
El martes por la mañana, la policía detuvo al menos a 12 activistas en el exterior del Tribunal Popular Intermedio número 2 de Pekín; habían acudido allí para expresar su apoyo a Pu Zhiqiang.
En el juicio celebrado contra Pu el 14 de diciembre, la policía y varias personas sin identificar trataron a empujones a periodistas extranjeros, diplomáticos y simpatizantes de Pu en el exterior de la sede judicial. La policía se llevó aproximadamente a una veintena de sus simpatizantes. Hay al menos cuatro personas detenidas penalmente por participar en la protesta pacífica, y no se les ha permitido acceder a un abogado. No se ha vuelto a tener noticias de otros cinco simpatizantes, y se teme que también estén detenidos.
“La vergonzosa actuación policial a las puertas del tribunal que juzgaba a Pu Zhiqiang no hace sino evidenciar los motivos por los que China necesita más que nunca a defensores de la libertad de expresión como Pu. Todas las personas detenidas únicamente por expresar de manera pacífica su apoyo a Pu deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha dicho William Nee. 
Información complementaria
Pu Zhiqiang fue detenido inicialmente por la policía el 6 de mayo de 2014, tras asistir a un seminario privado en Pekín que pedía que se investigara la represión de Tiananmen de 1989. Ha llevado la defensa de muchos casos de derechos humanos “delicados”, como los de las personas relacionadas con el Movimiento Nuevos Ciudadanos, una difusa red de activistas cuyo objetivo es fomentar la transparencia del gobierno y sacar a la luz la corrupción.