Amnistía Internacional España

Mohammed al-Roken, preso de conciencia y destacado abogado de derechos humanos, víctima durante años del hostigamiento del gobierno por criticar el historial de Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos y propugnar reformas democráticas. © Private

Decenas de activistas han sufrido hostigamiento, detención y, en algunos casos, tortura bajo custodia en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un nuevo informe de Amnistía Internacional que saca a la luz las represivas tácticas de que hace amplio uso el gobierno para silenciar a quienes lo critican.

El informe, “There is no freedom here”: Silencing dissent in the UAE, pone al descubierto el clima de miedo imperante desde 2011 en el país, donde las autoridades están llegando a los peores extremos para suprimir toda muestra de disidencia, crítica o petición de reforma desde los levantamientos populares masivos de Oriente Medio y el norte de África.

“Se está viendo que, tras la fachada de ostentación y glamour de EAU, se oculta la cara mucho más siniestra de un Estado sumamente represor, en el que los activistas que critican al gobierno pueden ir a parar a la cárcel por el simple hecho de publicar un tuit”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Entre las personas que sufren hostigamiento figuran abogados, profesores universitarios, estudiantes y activistas de la sociedad civil, algunos de ellos afines a la Asociación para la Reforma y la Guía Social ( Al Islah), organización popular pacífica, que el gobierno considera vinculada a la Hermandad Musulmana de Egipto. La represión ha ido dirigida también contra miembros de sus familias.

El informe, publicado en vísperas de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi esta semana, saca a la luz el enorme abismo que existe entre la imagen pública que intenta dar EAU, de potencia dinámica, moderna y próspera, con lujosos hoteles, rascacielos y centros comerciales de diseño, y la cruda realidad de los activistas que son perseguidos y sometidos de manera habitual a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos.

“Se espera que este fin de semana se conecten para ver el Gran Premio Fórmula 1 de Abu Dabi millones de espectadores de todo el mundo, pero la mayoría de ellos apenas tendrán idea de la cruda realidad de la vida de los activistas en EAU”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui.

“La magnitud de la represión ha sido escalofriante, pero lo cierto es que el mundo ha hecho en gran medida caso omiso del terrible trato que reciben en EAU los activistas críticos con el gobierno y sus familias. Es hora de que los aliados internacionales de EAU dejen de cerrar los ojos a los abusos incontrolados de las autoridades y antepongan firmemente los derechos humanos a los intereses comerciales.”

La represión de la disidencia tiene su origen en una petición que un grupo de 133 personas dirigió a las autoridades en marzo de 2011, reclamando reformas políticas y el derecho a elegir democráticamente un parlamento.

Desde entonces, más de 100 activistas pacíficos y personas críticas con el gobierno han sido procesados o encarcelados, acusados por motivos políticos de ciberdelitos o delitos contra la seguridad nacional. De ellos, más de 60 continúan en prisión, cumpliendo penas de hasta 14 años.

En el informe de Amnistía Internacional se describe cómo las autoridades han intimidado o detenido arbitrariamente y encarcelado a estos hombres y a sus familias.

Entre ellos figura el preso de conciencia Mohammed al-Roken, destacado abogado de derechos humanos, víctima durante años del hostigamiento del gobierno por criticar el historial de EAU en materia de derechos humanos y propugnar reformas democráticas. Cumple una condena de 10 años de prisión que le fue impuesta en un juicio masivo y lleno de irregularidades de 94 activistas ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal Supremo –conocido en todas partes como el juicio de los “94 de EAU”–.

Otro caso emblemático es el del activista de 25 años Osama al-Najjar, detenido en marzo de 2014, a raíz de que expresara preocupación en unos comentarios en Twitter por los malos tratos a que eran sometidos su padre, Hussain Ali al-Najjar al-Hammadi, y otros presos políticos de la prisión de Al Razeen, en Abu Dabi. Tras su detención, fue recluido en régimen de aislamiento, situación en la que afirma que le propinaron reiterados puñetazos y golpes en la cara y el cuerpo y lo amenazaron con aplicarle descargas eléctricas.

Su padre está cumpliendo un total de 11 años de prisión por haber sido declarado culpable de imprecisos cargos contra la seguridad nacional en dos juicios masivos injustos. Tras su detención, en 2012, pasó ocho meses recluido en régimen de aislamiento, en condiciones que constituían desaparición forzada.

Las autoridades de EAU deben poner fin a estas detenciones arbitrarias, así como a las desapariciones forzadas –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui–. En este caso, tanto el padre como el hijo son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, junto con todas las demás personas recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.”

Amnistía Internacional pide a las autoridades de EAU que revisen con urgencia las leyes que criminalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de asociación, incluida la ley sobre ciberdelitos y una nueva y represiva ley antiterrorista aprobada en agosto de 2014.

Algunas de las personas encarceladas han dicho que fueron torturadas y sometidas a otros malos tratos por sus interrogadores, con prácticas como arrancarles las uñas, golpearlas brutalmente y dejarlas mucho tiempo colgadas boca abajo, arrancarles el pelo de la barba y del pecho y amenazarlas con aplicarles descargas eléctricas, violarlas y matarlas.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de EAU a que condenen públicamente la tortura y tomen medidas efectivas para prohibir y prevenir todas las formas de tortura y otros malos tratos, y a que ordenen realizar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tales prácticas y hagan rendir cuentas a los responsables.

“EAU no puede afirmar ser una nación progresista ni enorgullecerse de pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y participar en empresas comerciales en ningún escenario internacional mientras siga encarcelando a los disidentes por el mero hecho de expresar pacíficamente sus opiniones”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

El juicio de los “94 de EAU” estuvo plagado de irregularidades y se desarrolló de manera manifiestamente deficiente e injusta. El sistema de justicia de EAU no es independiente ni imparcial. Los tribunales parecen a menudo no servir más que para rubricar las decisiones del poder ejecutivo emiratí: se suele negar a los acusados el acceso a abogados y el derecho a apelar contra la sentencia, y, en muchos casos, se utilizan “confesiones” forzadas para declararlos culpables, lo que contraviene el derecho internacional de los derechos humanos.

Entre las tácticas de hostigamiento e intimidación de las autoridades figuran también medidas como retirar la nacionalidad a los activistas y sancionar a sus familiares, privándoles de oportunidades profesionales o educativas.

Las autoridades emiratíes han respondido a los motivos de preocupación expuestos por Amnistía Internacional en este informe diciendo que la promoción de los derechos humanos es un “proceso en curso”.

“Lo que hace falta ver ahora es que se dan prisa en tomar medidas concretas para demostrar que el gobierno está comprometido realmente con la protección de los derechos humanos, no más adornos con que ocultar la represión despiadada que ejercen en casa”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.


Nowa Paye, de 9 años, es llevada a una ambulancia después de mostrar signos de la infección por Ébola en el pueblo de Freeman de la Reserva, Liberia. © AP Photo/Jerome Delay

Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablan de más de 5.000 personas muertas y casi 10.000 casos de personas afectadas por el virus del Ébola, la mayoría de ellos en África, en países como Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona, aunque también ha habido otros en Estados Unidos y España y uno nuevo detectado en Mali. Las organizaciones Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Plan Internacional y Save the Children, con motivo de la cumbre del G20 que tendrá lugar entre el 15 y 16 de noviembre en Australia, han pedido a los Estados miembro que se comprometan a asegurar los recursos necesarios para detener el Ébola.

"En el contexto de una emergencia de salud como es esta crisis, los Estados tienen la obligación de cooperar y prestar asistencia internacional", ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "De momento esa ayuda ha sido insuficiente", ha añadido.

Amnistía Internacional ha escrito al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, y al Ministro de Economía, Luis de Guindos, para recordarles que aunque España ha desembolsado ya 647.000 euros y ha tenido actuaciones en los países afectados, además de aprobar una partida de 2 millones y medio, puede y debe hacer más para dar respuesta a la crisis del Ébola.

Proteger a los trabajadores de la salud y a los proveedores de servicios, abordar el impacto desproporcionado de la enfermedad sobre las mujeres, aplicar un marco de derechos humanos para proteger la seguridad, la dignidad y las libertades de las comunidades afectadas y garantizar el apoyo para la recuperación a largo plazo de los Estados afectados son algunas de las principales recomendaciones de Amnistía Internacional.

Por eso, la organización ha pedido al Gobierno español que, en el contexto de la cumbre del G-20, promueva que la comunidad internacional, y España en particular:

  • Asegure que las personas profesionales de la salud y el personal que trabaja en primera línea disponen del equipo, incluyendo el equipo de protección personal, la formación y las condiciones de trabajo adecuadas a los altos riesgos que asumen.
  • Facilite apoyo financiero y técnico para asegurar que, cuando sea necesaria la cuarentena, las condiciones de ésta respeten los derechos humanos y que, siempre que sea posible, sea voluntaria. Las medidas de la cuarentena deben ser implementadas de una manera segura y respetuosa, durante la cual los individuos sean alojados en condiciones seguras y dignas, tengan acceso a comida y agua suficientes y aceptables, así como a servicios sanitarios y productos de limpieza, y reciban asistencia médica adecuada y apoyo psicosocial cuando necesario. Las mujeres y las niñas deben tener acceso a productos sanitarios para asegurar que no sea una experiencia humillante, y que no se exponen a un riesgo mayor durante este periodo.
  • Asegure que las estructuras de la Misión de Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER) en cada país incluyen a asesores de derechos humanos con un claro mandato para aconsejar sobre todos los aspectos de la respuesta a la emergencia. Éstos incluyen la protección de los derechos de los y las trabajadoras de salud y de otro personal que trabaja en primera línea, asegurar que la respuesta toma en consideración adecuadamente a los grupos vulnerables y asegurar que todas las estrategias de respuesta incluyen un enfoque de género.

La organización ha recibido más de 165.000 firmas de países de todo el mundo para exigir a los gobiernos que tengan la capacidad para hacerlo, que cumplan con su obligación, bajo el derecho internacional, de adoptar medidas urgentes para ayudar a los estados afectados a afrontar el virus del Ébola y proporcionar cooperación y asistencia internacional a los estados que así lo requieran. Deben responder con rapidez y aumentar significativamente sus contribuciones y abordar también la necesidad de desplegar más personal cualificado y médico.


Amnistía Internacional calculó que la cantidad total del vertido ha sido superior a 100.000 barriles. © CEHRD

Los documentos judiciales que revela hoy Amnistía Internacional dejan al descubierto el hecho de que Shell ha mentido reiteradamente sobre el tamaño y el impacto de dos importantes vertidos de petróleo ocurridos en Bodo (Nigeria) para tratar de reducir al mínimo las indemnizaciones. Los documentos demuestran también que Shell sabe desde hace años que sus oleoductos en el delta del Níger eran viejos y defectuosos.

Las posibles repercusiones de este hecho son que se podría haber negado a cientos de miles de personas una indemnización o que estas personas hayan recibido una indemnización menor basándose en infravaloraciones de otros vertidos.

Las pruebas irrefutables de que Shell infravaloró los vertidos de Bodo surgieron en una acción judicial iniciada en el Reino Unido por 15.000 personas cuyos medios de vida fueron destruidos por la contaminación de petróleo en 2008. La acción ha obligado a Shell a reconocer finalmente que la empresa había minimizado la verdadera magnitud de al menos dos vertidos, así como el alcance de los daños causados.

“Amnistía Internacional cree firmemente que Shell sabía que los datos sobre Bodo eran erróneos. En caso contrario, sería escandalosamente negligente, pues les dimos en reiteradas ocasiones datos que mostraban que habían subestimado enormemente los vertidos”, ha declarado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Shell se ha negado a dialogar con nosotros y sólo ahora, cuando se han encontrado ante un tribunal británico, se ha visto obligado a decir la verdad.”

Según el informe de la investigación conjunta de Shell sobre el primer vertido de petróleo de la zona de Bodo del delta del Níger, sólo se vertieron en total 1.640 barriles de crudo. Sin embargo, basándose en una evaluación independiente publicada por la empresa estadounidense Accufacts Inc., Amnistía Internacional calculó que la cantidad total del vertido era superior a 100.000 barriles, lo que Shell negó, defendiendo reiteradamente su cifra, muy inferior.

En los documentos judiciales Shell reconoce que su cifra es errónea tanto en este caso como en un segundo  vertido, también en 2008, en la misma zona. Este reconocimiento pone en duda la evaluación de Shell de cientos de vertidos más producidos en Nigeria, pues las investigaciones se realizan del mismo modo.

“Durante años Shell ha dictado la evaluación del volumen vertido y de los daños causados en los informes de las investigaciones sobre el vertido, y ahora estos informes no valen ni el papel en el que están escritos”, dijo Audrey Gaughran.

“Los informes de estas investigaciones sobre vertidos han engañado a comunidades enteras para que no recibieran la debida indemnización.”

Los informes, conocidos como informes del equipo de investigación conjunta, deciden si una comunidad recibe una indemnización y la cuantía de esta. También determinan el alcance de la limpieza necesaria.

Los habitantes de Bodo han podido emprender acciones judiciales en el Reino Unido. Sin embargo, la inmensa mayoría de los cientos de miles de personas que viven en el delta del Níger y que sufren vertidos de crudo derivados de las actividades de Shell nunca tendrán esta oportunidad de desafiar al gigante del petróleo.

“La contaminación causada por las actividades de Shell ha destruido los hogares, cultivos y caladeros de los lugareños, y su capacidad para enviar a sus hijos a la escuela y llevar comida a casa”, afirmó Audrey Gaughran.

El reconocimiento de Shell deja claro que los formularios del equipo de la investigación conjunta —en los que consta la causa de los vertidos además de su volumen y su impacto— no pueden utilizarse como fuentes creíbles de información.

“Sin duda, Shell seguirá defendiendo su lamentable actuación en Nigeria con más falacias, culpando de los vertidos a los ladrones de petróleo. Pero la base de estas afirmaciones son los formularios del equipo de investigación conjunta, que Shell debe admitir ahora que carecen totalmente de fiabilidad”, prosiguió Audrey Gaughran.

Los documentos judiciales muestran ahora por primera vez que Shell supo durante años que sus oleoductos estaban en muy mal estado y que era probable que se produjeran filtraciones. Los documentos incluyen un memorando interno de Shell basado en un estudio de 2002 que dice: “la vida restante de la mayoría de los ductos troncales de petróleo [de Shell] es más o menos inexistente o breve, aunque algunas secciones contienen un riesgo y peligro importantes.”

En otro documento interno fechado el 10 de diciembre de 2009, un empleado de Shell advierte: “[la empresa] está expuesta corporativamente pues los oleoductos de Ogoniland no se mantienen debidamente ni se ha evaluado su integridad desde hace más de 15 años.”

“Es indignante que Shell haya seguido culpando de la inmensa mayoría de sus vertidos a saboteadores cuando sabía perfectamente el mal estado en que se encontraban sus oleoductos”, concluyó Audrey Gaughran.

“Después de estas revelaciones, la empresa está totalmente desacreditada.”

Información complementaria
Shell sostiene sistemáticamente que en el primer vertido de Bodo sólo se vertieron 1.640 barriles de petróleo y en el segundo, sólo 2.503 (aproximadamente 4.000 barriles en total). Esto se basa en los datos que figuran en los informes del equipo de investigación conjunta. Amnistía Internacional ha puesto en duda en reiteradas ocasiones las cifras de Shell y ha entregado a la empresa datos fotográficos, de satélites y vídeos que muestran que los datos sobre estos informes para Bodo eran incorrectos.

Sin embargo, Shell ha seguido defendiendo sus cifras. Por ejemplo, en una carta dirigida al diario británico Financial Times en marzo de 2012, el director general de Shell Nigeria “reconoció la responsabilidad de dos vertidos de alrededor de 4.000 barriles en total, causados por fallos operativos”. En su respuesta a los datos publicados por Amnistía Internacional en 2012, que mostraban que se había infravalorado el primer vertido de Bodo, Shell declaró al diario británico The Guardian: “el procedimiento [del equipo de investigación conjunta] […] se utilizó con los dos vertidos en cuestión, y mantenemos las conclusiones [de 1.640 barriles].”


David Mackay, uno de los fundadores de Amnistía Internacional en España falleció en Barcelona el 12 de noviembre de 2014

El arquitecto y activista de derechos humanos, David Mackay, murió ayer miércoles 12 de noviembre en Barcelona. Nacido el 1933 en Sussex (Reino Unido), Mackay fue una de los personas que impulsó la creación de la sección de Amnistía Internacional en España en 1978.

Al conocer la noticia, la actual presidenta de Amnistia Internacional Catalunya, Maria Cañadas, ha recordado “con mucha emoción” los años en los que trabajó codo a codo con Mackay. Fue cuando ella era responsable del crecimiento de la organización en el sur de Europa y mantenía largas conversaciones y reuniones con Mackay para crear una estructura de Amnistía Internacional en España. En palabras de Maria Cañadas, “David Mackay fue no sólo un muy buen mensajero de Amnistía Internacional desde los inicios, sino una persona entrañable”.

Desde Amnistía Internacional, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y afecto a la familia de David Mackay por su pérdida.

Fundador del estudio MBM, junto a Oriol Bohigas y Josep Martorell, Mackay vivía en Barcelona desde el año 1959. Desde su estudio impulsó obras como la Universitat Pompeu Fabra o el diseño de la Villa y el Puerto Olímpicos den 1992.

En marzo de 1976, Mackay, Manuel Casanoves -que acabó siendo el primer presidente de Amnistía Internacional en España- y otros colaboradores de la organización, muchos de los cuales no se conocían, se reunieron en Barcelona. Aquel mismo año, una delegación de la que formaba parte Mackay viajó al congreso internacional de este movimiento de derechos humanos en Estrasburgo, donde se dio luz verde a la creación de la Sección española de Amnistía Internacional.

El 15 de julio de 1978 se celebró la primera Asamblea Constituyente de la organización en Barcelona y a finales de aquel año se estableció en Madrid la sede del Secretariado estatal de Amnistía Internacional.


La simulación de ahogamiento una de las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” utilizadas por EE.UU. © Amnistía Internacional

Estados Unidos debería aprovechar su comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU para comprometerse con la justicia por las graves violaciones de derechos humanos —que incluyen torturas y desapariciones forzadas— cometidas por personal estadounidense en los últimos años, ha declarado Amnistía Internacional.

Esta semana en Ginebra, el Comité contra la Tortura estudiará el cumplimiento por Estados Unidos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.

“Estados Unidos se autoproclama líder global contra la tortura aun cuando durante el mandato del presidente Bush se autorizaron la tortura y la desaparición forzada desde los máximos niveles del gobierno. Hoy Estados Unidos afirma que está comprometido con los principios de la Convención contra la Tortura a pesar de que no hace que los responsables de torturas comparezcan ante la justicia”, declaró Zeke Johnson, director del Programa de Personas en Situación de Riesgo de Amnistía Internacional Estados Unidos, que asistirá a la sesión en Ginebra.

Amnistía Internacional ha presentado ante el Comité datos sobre la inacción del gobierno de Estados Unidos para poner fin a la impunidad y dar reparaciones por violaciones de derechos humanos, que incluyen:

  • El uso del water-boarding —ejecuciones simuladas mediante ahogamiento interrumpido— y otras técnicas de interrogatorio “mejoradas”. A pesar de que el ex presidente George W. Bush dijo que autorizó personalmente estas técnicas para detenidos concretos, no se han investigado sus declaraciones.
  • Los programas de entrega y detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Existen pruebas fehacientes de que las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de derecho internacional, cometidas en estos programas sólo han desembocado en un callejón sin salida y que los perpetradores siguen gozando de impunidad.

“El vacío de rendición de cuentas es realmente vergonzoso. La ausencia de verdad, reparación y rendición de cuentas respecto del uso de la tortura y de la desaparición forzada por Estados Unidos es una grave afrenta al Estado de derecho y al respeto por los derechos humanos”, añadió Zeke Johnson.

Tanto el gobierno de Bush como el de Obama han logrado bloquear los recursos judiciales para las personas que denunciaron haber sido sometidas a detención ilegítima, tortura u otras violaciones de derechos humanos.

Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, formuló una “reserva” en la que declaraba que Estados Unidos respetaría la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes sólo en la medida en que fuera compatible con las normas jurídicas estadounidenses.

“Los abogados del gobierno de Bush utilizaron esta reserva en sus viciados argumentos jurídicos en los tristemente célebres memorandos secretos que aprobaron técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violaban la Convención contra la Tortura.”

“Este año, en el que se conmemora el 30 aniversario de la Convención, es sin duda un buen momento para redoblar los esfuerzos y convencer a Estados Unidos para que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de verdad, rendición de cuentas y recurso legal por torturas. Ya es hora de que el gobierno estadounidense cumpla todas las disposiciones de la Convención sin restricciones.”

Amnistía Internacional también ha pedido al presidente Obama que haga público el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de la CIA, que sigue clasificado como máximo secreto. Se cree que el informe contiene aún más pruebas de tortura y otros malos tratos infligidos bajo la autoridad presidencial.

En su información al Comité, Amnistía Internacional formula también recomendaciones en relación con otros asuntos, entre ellos la cuestión de la rendición de cuentas por torturas cometidas por la policía de Chicago, el uso por Estados Unidos de la detención en régimen de aislamiento contra miles de presos en todo el país, el uso de armas de electrochoque en las actuaciones policiales, la pena de muerte y la imposición de la pena de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional a menores de 18 años.

“El gobierno de Obama ha dado la bienvenida al examen al que el Comité de la ONU va a cometer a Estados Unidos como una oportunidad para que el país haga su propio examen. Esa reflexión debe incluir la garantía de que todas las personas que autorizaron, cometieron o participaron en torturas y desapariciones forzadas respondan de sus actos ante la justicia. Estados Unidos no debe seguir permitiendo que los responsables eludan su responsabilidad”, concluyó Zeke Johnson.

Más información

Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, en 1994.

Este es el tercer examen de Estados Unidos que realiza el Comité contra la Tortura, el órgano creado por la Convención para vigilar el cumplimiento de ésta por los Estados miembros. Los otros dos se llevaron a cabo, respectivamente, en 2000 y 2006. Estados Unidos aún no ha aplicado muchas de las recomendaciones anteriores del Comité.


Trabajadores migrantes en Qatar implicados en la construcción de una de las infraestructuras del Mundial 2022. © 2011 Getty Images.

Las autoridades de Qatar se han quedado gravemente rezagadas en los esfuerzos para abordar los abusos incontrolados de los derechos de los trabajadores migrantes, ha dicho Amnistía Internacional en un documento publicado a los seis meses de que el gobierno anunciara un conjunto de reformas para abordar la explotación laboral antes del Mundial de Fútbol de 2022.

En No Extra Time: How Qatar is still failing on workers’ rights ahead of the World Cup se describe cómo el gobierno qatarí no ha reformado los sistemas que facilitan los abusos contra trabajadores migrantes y sólo ha hecho progresos mínimos en los diversos planes que anunció en mayo de 2014.

El tiempo se acaba a toda prisa. Hace cuatro años que Qatar resultó elegido para organizar el Mundial de Fútbol, lo que puso a este país bajo los focos del mundo; pero hasta ahora su respuesta a los abusos contra los trabajadores migrantes no ha consistido en mucho más que promesas de acción y proyectos de ley”, ha dicho Sherif Elsayed Ali, jefe del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“Urge actuar ya para garantizar que no terminamos celebrando una competición mundial construida sobre la explotación y el trabajo forzado.”

En el documento se analiza la respuesta de las autoridades a nueve asuntos fundamentales para los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar. En cinco de estos asuntos no ha habido progresos, y sólo se consiguieron avances limitados o parciales en las otras cuatro áreas.

“A pesar de sus reiteradas promesas de reformarse con antelación a la Copa Mundial, el gobierno de Qatar aparentemente sigue avanzando con pies de plomo en algunos de los cambios fundamentales que más urgen, como la abolición del permiso de salida y la revisión de su abusivo sistema de patrocinio”, ha dicho Sherif Elsayed-Ali.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a Qatar que cancele el permiso de salida, una violación manifiesta de los derechos de los migrantes que otorga a los empleadores el control de los movimientos de los trabajadores migrantes y puede ocasionar que migrantes explotados queden atrapados y no puedan abandonar el país.  

Asimismo, la organización ha pedido con insistencia la reforma del sistema de patrocinio o “kafala”, que ata a los trabajadores a sus empleadores y favorece el trabajo forzado.

Amnistía Internacional puso de relieve prácticas de explotación en Qatar tales como  retrasos en el pago de los salarios de migrantes, condiciones laborales duras y peligrosas, precarias condiciones de vida y aspectos escalofriantes del trabajo forzado y violencia física y sexual contra trabajadores del servicio doméstico en dos informes que publicó el año pasado.

Tras el clamor internacional que suscitaron los críticos informes publicados en los medios de comunicación y la presión de Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos, el gobierno qatarí encargó al despacho jurídico DLA Piper la investigación de las denuncias de abusos.

En mayo de 2014, DLA Piper hizo una serie de recomendaciones al gobierno en un amplio informe donde también criticaba el sistema de patrocinio.  

Poco después, el gobierno de Qatar anunció un conjunto de reformas que incluía propuestas para reformar el sistema de patrocinio y el permiso de salida, así como para abolir una norma que impide a los trabajadores volver a Qatar en el plazo de dos años cuando han terminado un contrato. En opinión de Amnistía Internacional, las reformas anunciadas eran una oportunidad perdida, ya que no iban al origen de los asuntos que contribuían al abuso generalizado de los trabajadores migrantes. Incluso las limitadas reformas propuestas siguen sin cumplirse.

Además, las iniciativas que ha tenido el gobierno desde mayo para eliminar los principales obstáculos que encuentran los trabajadores que intentan obtener justicia, y para abordar los graves motivos de preocupación relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores de la construcción, han sido insuficientes.

“Seis meses después, muy pocas de las limitadas medidas anunciadas en mayo se han aplicado, y sólo parcialmente. En general, los pasos dados hasta ahora son lamentablemente insuficientes”, ha dicho Sherif Elsayed-Ali.

“Al no actuar con diligencia para abordar las lagunas en su historial de derechos humanos, Qatar corre el riesgo de dañar gravemente su credibilidad y poner en duda su compromiso con los derechos humanos.”

Como parte de las reformas globales necesarias para que el sistema de patrocinio y la legislación laboral sean compatibles con las obligaciones de Qatar en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido a Qatar que adopte medidas iniciales y concretas, entre ellas:

  • abolir de manera inequívoca el permiso de salida;
  • poner en marcha una investigación independiente sobre las causas de las muertes de trabajadores migrantes;
  • bajar las prohibitivas tasas que deben pagar los trabajadores para poner pleitos a sus empleadores;
  • publicar los nombres de contratadores y empleadores que son explotadores;
  • conceder a los trabajadores del servicio doméstico la protección jurídica de los derechos laborales garantizada a otros trabajadores.

La organización seguirá vigilando las medidas adoptadas por Qatar para abordar éstos y otros asuntos en los próximos seis meses.


Más de 100.000 apátridas podrían tener derecho a la nacionalidad kuwaití, pero el gobierno los considera “residentes ilegales”. © YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images

El anuncio de Kuwait de que decenas de miles de personas apátridas en el país –llamadas “bidún”– podrán obtener la “nacionalidad económica” de la Unión de las Comoras, empobrecido archipiélago situado frente a las costas de África Oriental, es una traición vergonzosa de las obligaciones internacionales de Kuwait en materia de derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

“Es indignante que las autoridades kuwaitíes intenten zanjar el dilatado problema de la condición apátrida de los bidún y su discriminación adquiriendo masivamente la ‘nacionalidad económica’ de otro país”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Muchos bidún que residen actualmente en Kuwait nacieron y crecieron en este país. Tienen derecho a la tramitación de sus solicitudes de la nacionalidad kuwaití con prontitud, transparencia e imparcialidad.”

Según la propuesta, los bidún tendrían permiso para permanecer en Kuwait en calidad de ciudadanos extranjeros.

“Aunque esta última promesa puede suponer la regularización de la situación de algunos bidún, no es más que una forma encubierta de evitar resolver el problema de su condición de ciudadanos de Kuwait, que arrastra desde hace tiempo. Lo cierto es que se les ha privado de toda oportunidad de obtener la ciudadanía de Kuwait,” ha dicho Said Boumedouha.

“En vez de jugar con la vida y el futuro de la gente, las autoridades kuwaitíes deberían buscar una solución a largo plazo de este problema, garantizando que todas las personas bidún que solicitan la nacionalidad tienen acceso sin demora a un proceso justo e independiente.”

Más de 100.000 apátridas podrían tener derecho a la nacionalidad kuwaití, pero el gobierno los considera “residentes ilegales”.
Al no poder conseguir la nacionalidad, muchos sufren discriminación y no tienen acceso a empleo, asistencia médica y educación. En años recientes han reclamado la nacionalidad kuwaití en manifestaciones que la policía ha disuelto usando fuerza excesiva. Se ha detenido arbitrariamente a cientos de ellos, aunque también se absolvió a varias vecenas.

En octubre de 2012, el primer ministro, Jaber al Sabah, dijo a Amnistía Internacional que el gobierno de Kuwait resolvería el problema de los bidún en el plazo de cinco años. Según informes, Kuwait ha ofrecido una serie de inversiones a la Unión de las Comoras, miembro de la Liga Árabe, a cambio de la adquisición de la “nacionalidad económica” para los apátridas.

Kuwait no permite que sus tribunales revisen la decisiones administrativas por las que han sido desestimadas las solicitudes de nacionalidad. Amnistía Internacional considera que el proceso de naturalización supervisado por el Sistema Central de Kuwait para Resolver la Situación de los Residentes Ilegales es opaco y se basa en criterios inestables. Este órgano adopta habitualmente decisiones arbitrarias y carece de independencia.

Kuwait debe garantizar que todas las solicitudes de nacionalidad se revisan con prontitud, transparencia e imparcialidad. Todos los bidún residentes en Kuwait deben tener garantizado el acceso a los tribunales u otras instancias independientes para impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades”, ha dicho Said Boumedouha.


Unas 74 personas han sido detenidas hasta ahora por la desaparición de los estudiantes © Amnistia Internacional México / Alonso Garibay

El anuncio de hoy por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 estudiantes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río se da después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes.

Sin embargo, las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.

"Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia ", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.

El alcalde de Iguala, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones. A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.

En diciembre de 2011, las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.

"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", dijo Erika Guevara.

Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el Procurador General hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Así mismo, recordaron al presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.

Amnistía Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.

"Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos", concluyó Guevara Rosas.

Información complementaria

En la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, 19 fosas comunes se encontraron en Iguala y sus alrededores. Hasta el momento han sido detenidas 74 personas en un caso que comenzó cuando la policía local atacó a los estudiantes el 26 de septiembre, resultando en el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes.


Activistas en Pekin muestran su apoyo a los manifestantes de Hong Kong el 29 de septiembre. © Private

Los líderes del mundo que van a reunirse el próximo lunes en Pekín con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) deben instar a China a que deje en libertad a las decenas de activistas del territorio continental detenidos por apoyar pacíficamente las protestas de Hong Kong en favor de la democracia, ha manifestado Amnistía Internacional.

Al menos 76 personas se encuentran detenidas en China continental por apoyar las demandas de un verdadero sufragio universal en Hong Kong, según  la última información que Amnistía Internacional ha podido verificar.

“Los líderes del APEC deben dejar de guardar silencio sobre la represión que sufren los activistas de China continental que expresan su apoyo a los participantes en las manifestaciones de Hong Kong en favor de la democracia –ha señalado Roseann Rife, directora de investigación sobre el este de Asia de Amnistía Internacional–. No deben ponerse los intereses políticos por encima de la adopción de medidas basadas en principios.”

“Los líderes deben aprovechar esta oportunidad para pronunciarse e instar al presidente Xi a que garantice que todas las personas detenidas por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica son puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.”

El mes pasado, la policía china practicó detenciones relacionadas con las protestas en favor de la democracia, especialmente en Pekín, Jiangsu y las ciudades meridionales de  Guangzhou y Shenzhen, que están cerca de Hong Kong.  

Se ha detenido a personas por publicar en Internet imágenes con mensajes de apoyo, afeitarse la cabeza en señal de solidaridad o querer viajar a Hong Kong para participar en las protestas. Asimismo, las autoridades han llamado a decenas más para interrogarlas, procedimiento conocido como “invitar al te”.

Los censores estatales chinos han intentado prohibir las fotografías de las protestas en favor de la democracia y toda mención positiva de ellas en Internet, a la vez que sólo permite publicar en la televisión y la prensa las noticias y comentarios aprobados por el gobierno. El sitio web de la BBC y la plataforma de intercambio de fotografías Instagram están prohibidos desde el mes pasado.

Con ocasión de la celebración del APEC, las autoridades han prohibido también a varios activistas de China continental viajar a Pekín, y aquí, en la capital, se ha obligado a otros a abandonar la ciudad, entre ellos los destacados activistas Hu Shigen y Xiang Li.

La última oleada de detenciones forma parte de un ataque concertado de que están siendo objeto las libertades fundamentales desde que el presidente Xi tomó posesión de su cargo. Hace que resulten ridículas las recientes declaraciones que ha hecho el presidente anunciando que en 2020 se respetarán ya totalmente en China el Estado de derecho y los derechos humanos”, ha afirmado Roseann Rife.

En el marco del ataque a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación llevado a durante el último año se ha condenado a entre dos y seis años y medio de prisión a personas relacionadas con la red de activistas Movimiento “Nuevos Ciudadanos”.

Más de 60 activistas fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario arbitrariamente en el periodo previo al 25 aniversario, en julio, de la represión violenta de las protestas en favor de la democracia en torno a la plaza de Tiananmen en 1989.

Mientras tanto, líderes estudiantiles de Hong Kong han dicho que piensan viajar a Pekín durante la cumbre del APEC para intentar reunirse con altos cargos chinos a fin de insistir en sus demandas de reforma electoral. Centenares de manifestantes partidarios de la democracia continúan ocupando varias partes del centro de Hong Kong en el contexto de las protestas iniciadas el 26 de septiembre.


Los dominicanos de ascendencia haitiana se manifiestan para exigir sus derechos frente al Congreso Dominicano en Santo Domingo © Amnistía Internacional

La terrible sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que podría dar lugar a que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privaría, si el gobierno la respalda, de toda esperanza de justicia a cientos de miles de sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“Con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad, y ha demostrado su sesgo político al defender intereses particulares”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“El privar a las personas de la oportunidad de hallar justicia en el extranjero cuando se les niega en su país no sólo resulta indignante, sino que supone además un inquietante paso atrás en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.”

La sentencia se ha producido tan sólo dos semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra de la decisión judicial de la República Dominicana que privaba discriminatoriamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que viven en el país.

“En lugar de montar una pataleta por la sentencia de un tribunal internacional con la que no están de acuerdo, las autoridades dominicanas deberían centrar su energía en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que viven en el país. El primer paso debe ser cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Si el presidente sanciona esta resolución, cientos de miles de víctimas de discriminación, homicidios policiales y otras violaciones de derechos humanos se quedarán sin vía jurídica alguna con la que reclamar justicia cuando no encuentren remedio en su país.

“Esta decisión muestra el total desinterés de la República Dominicana por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y sienta un precedente increíblemente peligroso para la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país, especialmente las más vulnerables. El presidente Medina tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar su liderazgo y garantizar que el Estado cumple sus obligaciones internacionales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

El tribunal regional ordenó a la República Dominicana que revocara una sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional del país que privaba de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y las dejaba sin acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la atención médica y la educación.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus obligaciones internacionales e implementar en su totalidad la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria

El 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional dominicano alegó que, cuando el país se unió a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, lo había hecho sin respetar su propia Constitución. Ahora el gobierno debe indicar cuál es su postura respecto a esta decisión y qué consecuencias puede tener.

La promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, es la piedra angular del Estado de derecho, y permite a los Estados garantizar que todas las personas pueden vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.

El sistema regional de derechos humanos –compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un complemento necesario a los mecanismos nacionales de protección en toda América. A lo largo de los años, miles de víctimas y sus familiares en todo el continente lo han visto como su única oportunidad de obtener justicia después de que los sistemas nacionales de justicia les fallaran.

Desde 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias sobre la República Dominicana, relativas a la impunidad por las desapariciones forzadas, la discriminación y el derecho a la nacionalidad.