Amnistía Internacional España

© ADEM ALTAN/AFP/Getty Images El despido de más de 100.000 personas empleadas en el sector público turco es arbitrario y ha tenido consecuencias catastróficas para su vida y su sustento, revela Amnistía Internacional en un nuevo informe.No End In Sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey muestra que decenas de miles de personas –entre ellas profesionales de la salud, agentes de policía, docentes, profesores universitarios y militares– a las que se ha tachado de “terroristas” y apartado del servicio público están pasando ya graves apuros económicos.“Las repercusiones de la represión ejercida en Turquía tras el intento de golpe de Estado continúan destrozando la vida de gran número de personas, que no sólo han perdido su trabajo, sino que también han visto arruinada su vida profesional y familiar”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.“Tachadas de ‘terroristas’ y privadas de sus medios de vida, gran cantidad de personas no pueden ya continuar en su profesión en Turquía y no tienen tampoco otras oportunidades de trabajo porque se les niegan”.El informe, basado en 61 entrevistas realizadas en Ankara, Diyarbakır y Estambul, revela la difícil situación que afrontan, sin medios de resarcimiento, muchas personas que tenían antes un trabajo seguro en el sector público. Todas las personas entrevistadas explicaron que la falta de otros medios de sustento, incluidas prestaciones de la seguridad social, las había obligado a vivir de sus ahorros, depender de la ayuda de familiares y amistades, aceptar trabajos en la economía irregular o sobrevivir con pequeños donativos de sus sindicatos.Muchas de las personas despedidas tienen prohibido el ejercicio privado de profesiones reguladas por el Estado, como la abogacía y la enseñanza. Asimismo, los agentes de policía y militares despedidos tienen prohibido por decreto buscar un trabajo similar en el sector privado. Los pocos profesionales a quienes se permite continuar desarrollando su actividad en el sector privado, como los profesionales de la salud, a duras penas encuentran trabajo, es especial en puestos equivalentes, con sueltos similares a los que tenían.A los empleados públicos despedidos se les ha anulado el pasaporte, privándoles así de la posibilidad de buscar trabajo fuera del país, lo que restringe aún más y de manera grave sus oportunidades laborales. “No nos dejan salir del país, no nos dejan trabajar [...] ¿Qué quieren que haga?”, explicó una mujer a quien habían despedido del puesto superior que ocupaba en el servicio civil de la oficina del presidente.Incluso si algunos de los despidos –como los de militares que participaron en el intento de golpe de Estado– estuvieran justificados, el hecho de que las autoridades no hayan establecido unos criterios claros para llevarlos a cabo ni proporcionado pruebas individualizadas de actos ilícitos pone en entredicho su afirmación de que todos los despidos son necesarios para combatir el terrorismo. De hecho, los datos disponibles son indicativos de la existencia generalizada de motivos abusivos y discriminatorios tras la purga. Una persona que había trabajado en luna institución pública local dijo a Amnistía Internacional: “Si alguien quiere borrarte de la institución no tienen más que dar tu nombre y decir que eres gülenista”.La misma naturaleza pública de los despidos han puesto las cosas difíciles para las personas despedidas “Yo era un héroe para la sociedad. Ahora me consideran un terrorista y un traidor,” dijo a Amnistía Internacional un ex militar que estaba destinado en la otra punta del país cuando tuvo lugar el intento de golpe. Una profesora universitaria despedida en agosto de 2016 explicó a la organización lo siguiente: “Mi hijo no quería ir al colegio, porque los demás niños se metían con él y le decían que su madre era una terrorista y una traidora.”Ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional ha recibido explicación alguna del motivo de su despido a parte de la acusación generalizada de la vinculación con grupos terroristas. Sin embargo, a pesar de la arbitrariedad manifiesta de las decisiones de despido, no hay un procedimiento efectivo de apelación para que las personas empleadas en el el sector público impugnen su despido. Una comisión propuesta en enero para evaluar los casos carece de la independencia y la capacidad necesarias para ser efectiva. Y aún no ha empezado a trabajar.Un pequeño número de ex empleados públicos ha protestado públicamente por  su despido y han sufrido hostigamiento de la policía, e incluso detención y malos tratos. Nuriye Gülmen, profesora universitaria, y Semih Özakça, docente, llevan 75 días en huelga de hambre como protesta por sus despidos.“Privar a 100.000 personas de acceso al trabajo es semejante a una aniquilación profesional en gran escala, y está claro que forma parte de una purga política más general de quienes ejercen o parecen ejercer oposición política”, ha afirmado Andrew Gardner.“Las autoridades deben poner fin de inmediato a estos despidos arbitrarios y rehabilitar a todas las personas que no hayan hecho nada ilícito. Se debe proporcionar a las personas despedidas acceso a un procedimiento rápido y efectivo de apelación para que puedan limpiar su nombre, recibir indemnización y volver a ejercer su profesión.”


Copy: Drew Angerer/Getty Images El presidente Donald Trump se dispone a reunirse con diversos líderes mundiales en Arabia Saudí el 20 de mayo para forjar “una nueva asociación contra el extremismo y el terrorismo”. La seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo serán prioritarias en el orden del día de esa cumbre, con la que arranca un viaje de nueve días por Oriente Medio y Europa.
“El mundo estará observando cuando el presidente Trump se reúna con los líderes de otros Estados con historiales de erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. Tememos que esta ‘nueva asociación’ siente la bases de un mayor menoscabo de los derechos humanos en la región y mucho más allá de ella”, ha señalado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“El presidente Trump se reunirá también con líderes de países que acogen a gran número de personas refugiadas de Siria. Deben aprovechar la oportunidad para expresar su preocupación por los intentos de Trump de cerrar totalmente la puerta a quienes huyen de la violencia y la persecución y exigir que Estados Unidos asuma la parte que le corresponde de la responsabilidad de aliviar la crisis global de refugiados.”
Amnistía Internacional cuenta con portavoces para hablar de los siguientes temas:
La prohibición de la entrada de musulmanes y refugiados por el presidente TrumpEl continuo suministro estadounidense de armas y asistencia militar a Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, a pesar de haber información creíble según la cual se están utilizando para cometer o facilitar crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional en YemenEl terrible historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos, que incluye persecución e imposición de penal brutales a activistas de los derechos humanos y personas críticas y discriminación sistemática de las mujeresEl uso en Arabia Saudí de legislación antiterrorista para aplastar la disidencia
Las posibles repercusiones en los derechos humanos del empeño del presidente en alcanzar el “acuerdo definitivo” para poner fin al conflicto palestino-israelíLa continuación de la construcción y la expansión de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, violando el derecho internacionalEl presidente Trump visitará Arabia Saudí el 20 y el 21 de mayo, e Israel, el 22 de mayo.Amnistía Internacional ha documentado el impacto de las políticas crueles e inhumanas del presidente Trump sobre los refugiados. También han sido criticadas por el papa Francisco, con quien Trump se reunirá en la Ciudad del Vaticano el 24 de mayo.
El presidente estadounidense asistirá también la cumbre de la OTAN en Bélgica el 25 de mayo y a la Cumbre del G7 en Sicilia el 27 de mayo.


Estadio de Jaifa, Doha, Qatar. Copy: Getty Images Los trabajadores migrantes de las obras del Mundial 2022 de Qatar continúan sufriendo abusos y explotación, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando el estadio de fútbol más emblemático del país acoge un partido por primera vez desde su remodelación.Las empresas participantes en la reforma del Estadio Internacional Jalifa han sometido a sus trabajadores a abusos laborales sistemáticos, que Amnistía Internacional denunció el año pasado. El estadio va a inaugurarse el viernes por la noche, un mes después de que auditores independientes publicaran nuevos datos de la explotación constante de los trabajadores y trabajadoras migrantes en todos los proyectos de la Copa Mundial.“Ha pasado un año desde que Amnistía Internacional denunció la explotación de los trabajadores migrantes que han ayudado a construir el Estadio Internacional Jalifa, pero en las sedes de Qatar 2022 continúan los abusos”, ha señalado James Lynch, subdirector del Programa sobre Asuntos Globales de Amnistía Internacional.“Los organizadores del Mundial de Qatar ha impuesto condiciones especiales a los contratistas, para que pongan fin a esta situación, pero lo cierto es que los trabajadores de sus obras viven todavía sometidos al represivo sistema de patrocinio del país, que proporciona a los empleadores poderosos medios para cometer abusos contra ellos.“Puesto que se está contratando a centenares de miles de personas más para construir y atender al menos otros siete estados para la Copa Mundial, junto con la infraestructura de apoyo del campeonato, serán muchos los trabajadores y trabajadoras migrantes más que estarán en situación de grave riesgo en los próximos cinco años.”En su informe de 2016 "El lado oscuro de un bello juego: Explotación en una de las sedes de la Copa del Mundo 2022 de Qatar", Amnistía Internacional puso de relieve cómo se explotaba a los trabajadores migrantes en el Estadio Jalifa.Muchas de las personas entrevistadas explicaron que estaban muy endeudadas porque habían tenido que pagar comisiones de contratación enormes, mientras a otras les habían confiscado el pasaporte y, en algunos casos, estaban sometidas a trabajo forzoso.Las conclusiones publicadas el mes pasado por un auditor independiente, Impactt Ltd, revelan que los abusos continúan a pesar de los constantes intentos de la FIFA por retocar la imagen del campeonato.“Los trabajadores migrantes del Estadio Internacional Jalifa han sufrido ya las consecuencias de la falta de medidas de Qatar y la FIFA para abordar de verdad los peligros del sistema de patrocinio qatarí. Es necesario reconsiderar con urgencia la situación para evitar que los abusos laborales se conviertan en el legado de la Copa Mundial 2022”, ha afirmado James Lynch.La reciente auditoría, que se centró en 10 contratistas seleccionados al azar (de los 149 que trabajan en total en la Copa Mundial), refleja muchas de las conclusiones de la investigación de Amnistía Internacional. Entra los diversos abusos de los proyectos de la Copa Mundial que se identifican en ella figuran:• el 79% de los trabajadores denuncian haber pagado comisiones de contratación.• los contratistas obligan a los trabajadores a hacer un número excesivo de horas, y la mitad no les conceden días libres; había una persona que llevaba casi cinco meses (148 días) trabajando ininterrumpidamente, sin librar ningún día.• el 25% de los trabajadores de una de las empresas afirmaban que no se atrevían a informar de problemas de salud o de seguridad por temor a sufrir represalias. • Cuatro de los 10 contratistas estudiados retenían los pasaportes a los trabajadores, lo que podría ser delito de acuerdo con legislación qatarí.Los auditores determinaron que se estaban haciendo algunos avances, pero identificaron abusos en los 10 contratistas utilizados como muestra.El Estadio Jalifa será la primera sede de la Copa Mundial que se inaugure cuando, el próximo viernes, acoja la final de la Copa del Emir entre los equipos locales Al Rayyan y Al Sadd.


En respuesta a las revelaciones realizadas por The Guardian respecto a que los gestores y el personal de seguridad del centro de detención de la isla australiana de Manus han tratado de hacer que las condiciones allí sean lo más inhóspitas posible, Champa Patel, directora de Amnistía Internacional para el Sureste asiático y Oceanía, ha manifestado:“Los documentos publicados hoy por The Guardian revelan que los proveedores de servicios al gobierno australiano planearon una política de crueldad deliberada, para hacer la vida intolerable a las personas que se encontraban allí y obligarlas a buscar reubicación en otra parte.”“Pese a las advertencias sobre el peligro extremo al que se enfrentarían las personas refugiadas, se hicieron planes para obligarlas a trasladarse a nuevos campamentos sin que hubiera planes de reasentarlas. Esa cruel indiferencia respecto a la seguridad y el bienestar de las personas refugiadas pone a éstas en un gran peligro. Este sistema inherentemente abusivo debe ser desmantelado, y las personas refugiadas deben ser llevadas a un lugar seguro.”“Es preciso llevar a cabo una investigación inmediata, independiente y efectiva sobre estas terribles revelaciones, y sobre lo que sabía el gobierno australiano. Y las personas responsables deben rendir cuentas.”


En la cárcel y a pesar de sus peticiones Chelsea fue privada de un tratamiento adecuado en relación con su identidad de género // released via FOIA request La liberación de Chelsea Manning de una prisión militar estadounidense hoy, tras un largo retraso sobre la fecha prevista, pone fin a su castigo por revelar información clasificada, incluidos posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense, ha afirmado Amnistía Internacional.
“A lo largo del terrible calvario por el que ha pasado Chelsea Manning, miles de activistas de Amnistía Internacional de todo el país y del resto del mundo han hecho campaña sin descanso por la llegada de este día”, ha manifestado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“Chelsea ha recibido un trato especialmente mortificante, dado que no se han exigido responsabilidades a nadie por los presuntos crímenes que ella puso al descubierto. Aunque celebramos su liberación, seguiremos pidiendo una investigación independiente sobre las posibles violaciones de derechos humanos que Chelsea sacó a la luz, y asimismo que se adopten medidas de protección para que ningún denunciante de irregularidades como Chelsea vuelva a sufrir semejante trato.”
Amnistía Internacional venía haciendo campaña en favor de la liberación de Chelsea Manning desde 2013, cuando fue condenada a 35 años de prisión. Se le impuso una pena de cárcel muy superior a las dictadas contra personal militar condenado por asesinato, violación o crímenes de guerra.
Además, la denunciante de irregularidades perteneciente al ejército estadounidense estuvo recluida durante 11 meses en condiciones de prisión preventiva que el relator especial de la ONU sobre la tortura calificó de trato cruel, inhumano y degradante. Fue sometida al régimen de aislamiento como castigo por un intento de suicidio, y privada de tratamiento adecuado en relación con su identidad de género durante su estancia en prisión.
Su caso formó parte de la emblemática campaña anual de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos en 2014. Se emprendieron casi un cuarto de millón de acciones en todo el mundo para pedir su liberación.
En una carta que envió entonces a Amnistía Internacional, Chelsea Manning decía: “Apoyo el trabajo que hacen ustedes para proteger a las personas cuando se les niega la justicia, la libertad, la verdad y la dignidad. Pienso que la transparencia del gobierno es un requisito fundamental para garantizar y proteger la libertad y la dignidad de todas las personas.”
Tras varios años de campaña de Amnistía Internacional y otros, el ex presidente Barack Obama conmutó la condena de Manning antes de dejar el cargo en enero de 2017.
Esta semana, Amnistía Internacional ha presentado su nueva campaña global,Valiente, dirigida a resaltar el coraje de los y las activistas y denunciantes de irregularidades de todo el mundo, que corren graves peligros para poner al descubierto las violaciones de derechos humanos.
“El carácter vengativo del trato que han dado las autoridades estadounidenses a Chelsea Manning después de que revelara posibles actividades ilícitas del ejército es un triste reflejo de los extremos a los que suelen llegar quienes ocupan el poder para disuadir a otros de alzar su voz”, ha afirmado Margaret Huang.
“La liberación de Chelsea demuestra una vez más que el poder de la gente puede triunfar sobre la injusticia; un mensaje inspirador para los muchos activistas con coraje que defienden los derechos humanos en todo el mundo y son los protagonistas de Valiente’, la nueva campaña global.”


Ahora que el presidente de Estados Unidos se prepara para recibir a Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, en la Casa Blanca, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, Margaret Huang, ha declarado lo siguiente:
“Mientras que los dos líderes se sientan y se felicitan mutuamente en la Casa Blanca, seguirán multiplicándose los daños provocados por su espiral de agresiones contra los derechos humanos.
Recientemente, Trump ha ensalzado a Erdoğan por haber ganado un referéndum en el que se reprimieron sin piedad las voces discrepantes, pero ha guardado silencio ante la alarmante severidad empleada contra los medios de comunicación, que se ha traducido en el encarcelamiento sin juicio de más de 120 periodistas. Este preocupante gesto no es sino un reflejo del desprecio del presidente Trump por los derechos humanos: el aplastamiento de la libertad de periodistas y manifestantes no es motivo de celebración.
El mundo está alerta: la reunión permitirá poner en evidencia cómo ambos presidentes, Trump y Erdoğan, están contribuyendo a un clima mundial de políticas tóxicas y deshumanizantes, y resaltar el grave deterioro de los derechos humanos en Turquía”.
Información complementaria:Amnistía Internacional ha lanzado recientemente una campaña, con la etiqueta #FreeTurkeyMedia, para pedir la liberación de los más de 120 periodistas encarcelados en Turquía desde el fallido golpe de Estado del pasado verano. Anteriormente, había despertado ya la ira de Erdoğan, al difundir indicios fiables de palizas y torturas a algunas de las personas detenidas tras el golpe de Estado.
Asimismo, hace poco, AI Estados Unidos publicó un documento sobre 100 intentos de Trump y su gobierno de violar los derechos humanos durante sus primeros 100 días.


Madrid/Londres.- Líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la abogacía, periodistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo afrontan niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia, advirtió Amnistía Internacional hoy en la presentación de una nueva campaña global que pide el fin de la avalancha de ataques contra personas valientes que luchan contra la injusticia.
“Lo que presenciamos hoy es una agresión descomedida por parte de gobiernos, grupos armados, empresas y otros actores con poder contra el derecho mismo a defender los derechos humanos. Las personas que los defienden son quienes llevan la peor parte de esta agresión de dimensiones globales”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Del presidente Putin al presidente Xi y el presidente Al Sisi, líderes en todos los continentes están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Al despojarlas de su derecho a protestar, colocarlas bajo vigilancia y convertirlas, junto a sus comunidades, en blanco de acoso, amenazas y agresiones físicas, los gobiernos están cortando el suministro de oxígeno a quienes defienden nuestros derechos.”
En un nuevo documento, “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil”, publicado hoy para acompañar la nueva campaña, Amnistía Internacional detalla los peligros sin precedentes que afrontan quienes defienden los derechos humanos. Se ha convertido en una persecución cada vez más letal: En 2016, 281 personas perdieron la vida en todo el mundo por defender los derechos humanos, frente a las 156 que murieron en 2015, según las pruebas de la ONG Front Line Defenders.
“Unos líderes autoritarios y populistas quieren hacernos creer que desean lo mejor para nosotros, pero no es así. De hecho, quienes defienden los derechos humanos son los que luchan por nosotros —y se enfrentan a la persecución por atreverse a hacerlo—. Ahora, en 2017, la difícil situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos ha llegado a un punto crítico debido a las medidas adoptadas por Estados abusivos”, dijo Salil Shetty.

Utilización de un creciente arsenal de instrumentos para reprimir a los defensores y defensorasLa combinación de vigilancia masiva, nuevas tecnologías, uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos, advierte el documento.
Entre las nuevas tendencias está el uso generalizado de las nuevas tecnologías y la vigilancia selectiva, incluso a través de Internet, para amenazar y silenciar a los activistas.
El gobierno de Bahréin hace un seguimiento a activistas de derechos humanos exiliados utilizando programas espías, y gobiernos de todo el mundo ordenan a las empresas que revelen claves de cifrado y descifren comunicaciones personales en línea sin pensar en las consecuencias. En el Reino Unido, la policía ha puesto a periodistas bajo vigilancia con el fin de identificar sus fuentes.En lugares como México y Rusia, redes de troles están generando cada vez más campañas de desinformación que se convierten en tendencia y cuyo objetivo es desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos, como los periodistas.
Estas nuevas tendencias se suman al ya peligroso arsenal de herramientas de supresión, entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Amnistía Internacional señala que en 2016:
en al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos;en 63 países los defensores y defensoras fueron objeto de campañas de desprestigio;en 68 países los arrestaron o detuvieron solo por su labor pacífica; yen 94 países recibieron amenazas o sufrieron agresiones.
“Gobiernos de distintas tendencias políticas, cuando no amenazan u hostigan a quienes defienden los derechos humanos, intentan cultivar una hostilidad abierta hacia esos defensores y defensoras mediante la propagación de una retórica demonizadora que representa a las personas activistas como terroristas o agentes extranjeros. Esta afirmación no podría estar más lejos de la realidad”, dijo Salil Shetty.
“La pregunta ahora es: ¿Vamos a permanecer de brazos cruzados y permitir que quienes están en el poder prosigan sus esfuerzos para eliminar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que suelen ser la última línea de defensa de una sociedad libre y justa? ¿O nos levantaremos y nos interpondremos?”
Amnistía Internacional lanza una nueva campaña para “proteger a los y las valientes”A la luz de los peligros inéditos que afronta la comunidad de activistas de derechos humanos, Amnistía Internacional lanza hoy una nueva campaña, Valiente, que pide a los Estados que reconozcan el trabajo legítimo de quienes trabajan para defender la dignidad inherente y la igualdad de derechos de todas las personas, y que garanticen su libertad y su seguridad.
Amnistía Internacional pide que los países apliquen aquello a lo que se comprometieron cuando las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en 1998. La Declaración pide a los Estados que reconozcan el papel importante que desempeñan quienes defienden los derechos humanos y que establezcan medidas eficaces para protegerlos.
La campaña global destacará los casos de personas que se enfrentan a un peligro inminente debido a su trabajo en la esfera de los derechos humanos, captará el apoyo de los gobiernos y presionará a quienes son responsables de la toma de decisiones para que fortalezcan los marcos jurídicos.
Además, Amnistía Internacional seguirá investigando los ataques contra activistas y trabajará codo con codo con comunidades y activistas a escala local para movilizar a las personas para que actúen.
“Desde Frederick Douglass hasta Emily Pankhurst, pasando por Rosa Parks, B. R. Ambedkar y Nelson Mandela, la historia está llena de personas comunes que se negaron a aceptar la situación establecida y dieron la cara por lo que era justo”, dijo Salil Shetty.
“Ese espíritu de valentía sigue vivo hoy en día. Hay muchas personas aquí y ahora, ya sean como Malala Yousafzai o como Chelsea Manning, que están asumiendo muchos riesgos por nosotros.”
“Sin su valentía, nuestro mundo es menos justo y menos igualitario. Por esta razón pedimos a todos y a todas —no solo a los líderes mundiales— que apoyen a quienes defienden los derechos humanos y protejan a los y las valientes.”


Tumba de Franco. By Georgio – Photo personnelle sur French Wikipedia:(suppr) (actu) 30 septembre 2005 à 13:01 . ., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=422056 "Amnistía Internacional valora positivamente la Proposición No de Ley (PNdL) aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión plenaria del día 11 de mayo, sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Ya que esta iniciativa legislativa recoge en parte algunas de las recomendaciones formuladas por organismos de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en sus respectivos informes de julio de 2014.
Así, entre otras cuestiones, la PNdL insta al Gobierno a dotar presupuestariamente las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica; a asumir las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada; a revisar la normativa en materia de archivos en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, y a resignificar la función del Valle de los Caídos hacia un espacio de dignificación y reconocimiento de las víctimas, a través, entre otras medidas, de la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado a otro lugar. Amnistía Internacional espera que esta iniciativa legislativa suponga una oportunidad para que España dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales y se comprometa a avanzar con los más de 30 países que ya han hecho progresos en materia de memoria histórica, por ejemplo a través del establecimiento de 40 comisiones de la verdad entre 1974 y 2010 para el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos consecuencia de regímenes y de conflictos armados.


© AI Si se permite que entre en vigor, la orden ejecutiva de la administración Trump sobre la prohibición de la entrada de musulmanes en Estados Unidos, que está previsto examinar en los tribunales federales de apelación el lunes próximo, perjudicará tanto a inmigrantes como a personas de nacionalidad estadounidense, ha advertido Amnistía Internacional en un documento publicado hoy.
“La orden de prohibición de la entrada en Estados Unidos dictada por el presidente Trump ha separado a familias y transmitido un mensaje de intransigencia e intolerancia”, ha señalado Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional. “Esta prohibición dañina y discriminatoria tiene que ser objeto del más estricto escrutinio judicial.”
En el documento publicado hoy, que es una iniciativa conjunta de Amnistía Internacional y CLEAR –proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) sobre creación de rendición de cuentas y responsabilidad en los organismos encargados de hacer cumplir la ley–, se explica por qué la prohibición de la entrada en Estados Unidos a los musulmanes, impuesta por el presidente Trump, es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y viola tratados que Estados Unidos se ha comprometido a hacer valer. Basado en entrevistas con más de 30 personas afectadas por ella, el documento contiene más de una decena de casos donde se describen los daños que la prohibición ha causado a personas y familias de Yemen, Irán, Sudán y otros países.
La primera orden ejecutiva estuvo en vigor sólo una semana, hasta que quedó bloqueada en todo el país por decisión de una corte federal de Seattle, medida que se confirmó en apelación. Incluso durante tan breve periodo, la orden causó estragos en la vida de muchas personas. Las revisiones de la orden original no han reducido la confusión creada.

Esta orden es un intento de incorporar la discriminación a musulmanes en la legistación
Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos
“Esta orden fue un intento flagrante de incorporar la discriminación de los musulmanes a la legislación”, ha afirmado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Mientras un tribunal tras otro falla en contra de ella, el Congreso tiene la facultad de anularla ya, aprobando legislación que la invalide de una vez por todas. Las familias y las personas sumidas en el caos y la incertidumbre no pueden esperar.”
En el documento se describe el coste humano de la orden ejecutiva, que ha separado a familias, desbaratado planes personales cuidadosamente trazados y causado enorme angustia emocional.
Temiendo que se prohibiera permanentemente la entrada a Estados Unidos a su familia debido a su ciudadanía yemení, Baraa H. (nombre ficticio) y su esposa dejaron a su hijita en Malasia, bajo el cuidado de unos amigos. “Fue una decisión muy cruel”, explicó Baraa a Amnistía Internacional, añadiendo que le parecía que estaba obligado a tomarla.
Un médico sudanés que recibía formación de posgrado en medicina interna se vio separado de su esposa y su bebé de cuatro meses en Dubai, donde temía que quedaran atrapados durante meses. “Fue un sufrimiento enorme para los dos”, afirma. “No sabíamos qué iba a pasar al final.”
Un investigador pakistaní cuya esposa, iraní, se vio afectada por la prohibición y no pudo tomar dos vuelos, recuerda lo ocurrido como “quizá la semana más angustiosa de mi vida”.
Una mujer siria a la que se impidió al principio viajar a Estados Unidos, mientras los tribunales procedían rápidamente a anular la prohibición, puso de relieve el daño y la angustia causados por la orden ejecutiva.
“Lo peor fue el tormento emocional”, explica. Hace que parezca que da igual quién seas, lo que hayas logrado, porque siempre te van a tachar de algo negativo”.
Incluso personas que llevaban decenios viviendo en Estados Unidos se vieron afectadas. Una estadounidense de ascendencia iraní a quien llevaron a vivir a Estados Unidos cuando tenía ocho años dijo que la orden ejecutiva había sido un fuerte golpe para ella.
“Fue terrible”, afirmó, con voz ahogada. “De la noche a la mañana pasé de sentirme estadounidense a sentirme una invasora en mi propio país”.
Explicó: “Fue como si mi país no me quisiera. Como si me fueran a quitar la ciudadanía si pudieran.”
Además de documentar los daños causados por la primera orden ejecutiva del presidente Trump durante el periodo relativamente corto en que estuvo vigente, el documento describe la situación de personas que están todavía esperando el visado de Estados Unidos, algunas de la cuales podrían sufrir daños irreparables si los tribunales estadounidenses determinasen que la segunda orden ejecutiva es constitucional.
Una refugiada iraní transexual, que lleva dos años esperando el reasentamiento en Estados Unidos vive en una situación de hostigamiento y abusos. “No puedo soportarlo más”, dijo. “Lo único que quiero es vivir en un lugar seguro”.
Amnistía Internacional y el proyecto CLEAR trabajaron en colaboración para llevar a cabo la investigación que sirve de base al documento. Cuando la primera orden ejecutiva estuvo en vigor, estudiantes de leyes y profesionales del derecho de CLEAR prestaron asesoramiento jurídico a decenas de personas refugiadas e inmigrantes que habían quedado atrapadas en otros países de camino a Estados Unidos o estaban detenidas en aeropuertos estadounidenses. El personal de CLEAR remitió a algunas de estas personas a Amnistía Internacional para que la organización las entrevistara y proporcionó información y análisis sobre las consecuencias de la orden ejecutiva.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito escuchará los argumentos de una impugnación de la orden ejecutiva del presidente Trump el lunes, 15 de mayo; hace cuatro días, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito escuchó los de una impugnación paralela. Junto con un grupo de catedráticos de Derecho y organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional presentó un informe de amicus curiae ante ambas cortes.
“Si se permite que entre en vigor, la orden de prohibición de la entrada de musulmanes en Estados Unidos causará un sufrimiento terrible a algunas de las personas más vulnerables del mundo”, ha manifestado Joanne Mariner. “Hasta la fecha, los tribunales han hecho bien en bloquear esta vergonzosa política”.


Ruslan Sokolovsky playing Pokémon Go © YouTube/Ruslan Sokolovsky Las autoridades rusas han hecho uso del sistema de justicia penal de manera flagrante e indebida, incluso mediante la draconiana legislación contra el extremismo, en un juicio espectáculo contra el bloguero Ruslan Sokolovsky, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Un tribunal de Ekaterinburgo ha impuesto hoy una condena condicional de tres años y medio a prisión a un bloguero de 22 años por “incitar al odio” y “ofender los sentimientos de los creyentes”. El joven había sido detenido en septiembre de 2016 por jugar a Pokémon Go en una catedral de Ekaterinburgo, en los Urales.“Aunque los comentarios de Ruslan Sokolovsky sobre la religión puedan parecerles despreciativos a algunas personas, no son razón suficiente para procesarlo. Sokolovsky llamó la atención de las autoridades sólo cuando puso públicamente en evidencia la absurdamente severa legislación rusa que penaliza ofender los sentimientos de los creyentes”, ha señalado Sergei Nikitin, director de Amnistía Internacional Rusia.

Esto no es para proteger la libertad religiosa, esto es un atentado contra la libertad de expresión
Sergei Nikitin, director de Amnistía Internacional Rusia
“Con la sentencia dictada contra Sokolovsky, las autoridades rusas hacen una severa advertencia a quienes se atrevan a cuestionar la grotesca legislación del país sobre la ‘blasfemia’. Que no se confunda: esto no es piedad religiosa ni un esfuerzo verdadero por proteger la libertad de religión en Rusia, especialmente cuando el mes pasado las autoridades prohibieron los Testigos de Jehová. Es un atentado más a la libertad de expresión.”La condena de Ruslan Sokolovsky ha sido causa ya de una preocupante autocensura en los medios de comunicación. El ejemplo más reciente es la red de televisión por cable 2×2, que prohibió un episodio de la popular serie de animación estadounidense “Los Simpsons”’ en que se satirizaba el incidente de Pokémon Go en la iglesia.
Información complementariaRuslan Sokolovsky fue detenido el 3 de septiembre de 2016 por cargos de “acciones públicas que expresan una clara falta de respeto a la sociedad con el fin de insultar los sentimientos religiosos de los creyentes, cometida en lugares de culto religioso” y de “incitación al odio”.Su vídeo de YouTube, en el que jugaba a Pokémon Go en su teléfono móvil en una de las principales iglesias de Ekaterinburgo, sirvió de pretexto para entablar las actuaciones penales. Posteriormente, el fiscal estudió otros vídeos que había subido anteriormente, con lo que el número total de episodios incriminatorios ascendió a 17.Ruslan Sokolovsky ha sido declarado culpable en aplicación del artículo 282 (incitación al odio o enemistad y humillación de la dignidad humana) y el artículo 148 (violación del derecho a la libertad de conciencia y la libertad de religión) del Código Penal de la Federación Rusa. El artículo 282, que se endureció aún más en 2016, se utiliza con frecuencia para procesar a personas críticas con el gobierno y a otras voces disidentes de Rusia. El artículo 148 se modificó en 2013 con la aprobación de una serie de disposiciones conocidas comúnmente como “ley de blasfemia”. Desde entonces se ha utilizado para penalizar acciones como la presentación política del grupo punk Pussy Riot en una catedral ortodoxa rusa de Moscú, por la que se procesó y encarceló a sus miembros arbitrariamente por cargos de “vandalismo”.