Amnistía Internacional España

Manifestación en Londres a favor de la extradición de Pinochet, enero de 1999. Copyright: AP Photo/Robin Nowacki

Madrid.- Amnistía Internacional publica hoy un nuevo informe en el que explica qué es, qué significa y por qué es importante la aplicación de la jurisdicción universal en España. Aporta además importante jurisprudencia que defiende y promueve su aplicación para investigar graves violaciones de derechos humanos.

Entre las conclusiones del informe destaca que con la aprobación de la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2014 de marzo pasado, España incumple diversas normativas y tratados internacionales aprobados y ratificados por España que obligan a investigar los crímenes de derecho internacional.

Además, en el informe queda reflejado que España se aparta de la tendencia mundial de perseguir estos crímenes. Actualmente, un total de 163 Estados (más del 80%) tienen una legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional.

La organización hace un llamamiento a los jueces en España para que no apliquen las disposiciones de la Ley Orgánica que contradicen el derecho internacional y hagan valer el principio de jurisdicción universal, vigente por encima de cualquier ley nacional.

En opinión de la organización, el Poder Judicial debería en primer lugar aplicar los tratados internacionales de los que España es parte para perseguir los crímenes de derecho internacional, entre los que destacan la Convención contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra. Estos son algunos de los instrumentos legales a los que puede acogerse la justicia española para seguir ejerciendo su competencia para investigar los más graves crímenes. En virtud de estos acuerdos, los Estados están obligados a investigar estos crímenes o, en su defecto y cuando corresponda, a extraditar a los presuntos responsables.

Este informe se presenta en el 16º aniversario de la detención en Londres de Augusto Pinochet gracias a una orden de extradición firmada por un juez español, en lo que se considera uno de los hitos recientes en la lucha contra la impunidad en el mundo.

“Hace 16 años, España era un faro de esperanza para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina y en otras regiones. Hoy, camina en contramano de la tendencia mundial de reconocer el principio de jurisdicción universal en sus legislaciones”, asegura Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional en España.

Jurisdicción Universal en España
En marzo pasado entró en vigor la reforma exprés de la jurisdicción universal impulsada por el Grupo Parlamentario Popular. La aprobación de la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2014 supone un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir que algunas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas fuera de España puedan ser investigadas en tribunales españoles.

La reforma llevada a cabo en España es un retroceso sustancial en la obligación de investigar, perseguir y sancionar las más graves violaciones de derechos humanos. Además, viola expresamente obligaciones contraídas por España”, explica Jovtis.

El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto.

Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. Bajo el principio de jurisdicción universal es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva reforma de la Ley Orgánica, la labor de los jueces españoles queda fuertemente limitada.

Así de restringida queda la facultad para investigar crímenes de derecho internacional cometidos fuera de España:

  • Para delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad se exige que el presunto autor sea español o extranjero residiendo en España o cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.
  • Para delitos de tortura y desaparición forzosa se exige que el presunto autor sea español o que la víctima fuera de nacionalidad española en el momento de la comisión del delito y que el presunto autor esté en territorio español en el momento en el que el juez investigue los hechos.

“Esta nueva Ley Orgánica plantea cuestiones graves de incompatibilidad con el derecho internacional y la Constitución española; y contradice una vasta jurisprudencia emitida por tribunales internacionales”.

Antecedentes
En noviembre de 2009, el Parlamento español aprobó una reforma que ya menoscababa el principio de jurisdicción universal. Amnistía Internacional junto con más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones, sindicatos, así como 12.000 particulares, denunció esta reforma y la falta de transparencia y debate con la que se llevó a cabo. Sin embargo, la nueva reforma aprobada va más allá, eliminando entre otras, la disposición actual del artículo 23.4 que permitía investigar casos en los que "existiese algún vínculo de conexión relevante con España", un precepto que daba cierto margen para que los jueces de la Audiencia Nacional pudieran investigar estos delitos.

Reconocimiento internacional que se desvanece
España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces no son "intocables", que sus actos pueden y deben ser castigados y que no hay paraísos seguros para éstos.

Investigaciones por parte de España de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, eran algunos de los ejemplos positivos.

Entre ellos, destaca ahora por cumplirse su 16º aniversario, la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, a partir de un auto oficial emitido por un juez español a las autoridades británicas para interrogar al general chileno por los graves crímenes cometidos durante su mandato. La batalla legal para extraditar a Pinochet había empezado en 1996 con la presentación ante la Audiencia Nacional española de las querellas iniciales contra él. Las investigaciones judiciales se iniciaron en España en 1997. El proceso a Pinochet ha quedado recogido en los libros de historia como un hito en la lucha contra la impunidad y España fue señalada como protagonista.

Ahora -y hasta que no se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial-, las víctimas de genocidio, tortura, desapariciones forzadas, crímenes de guerra y contra la humanidad que quieran buscar justicia fuera de sus países porque en ellos no la encuentran, tampoco lo harán en España.


Imagen de la detención de Ken Tsang Kin Chiu en Hong Kong. © PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

Los agentes de policía de Hong Kong implicados en los golpes y patadas propinados a un manifestante prodemocracia detenido el miércoles deben someterse a la justicia, ha declarado Amnistía Internacional.

Las imágenes emitidas por un canal de la televisión local muestran que, en la madrugada del miércoles, seis policías se llevan al trabajador social Ken Tsang Kin Chiu con las manos atadas a la espalda a un rincón y lo tumban en el suelo. El vídeo, que es público, muestra entonces cómo algunos agentes le dan patadas y puñetazos de forma reiterada mientras Tsang está acurrucado en el suelo y otros policías miran sin intervenir.

Amnistía Internacional ha hablado con un abogado que asiste a Tsang, que confirmó los detalles de la agresión y dijo que la policía se llevó a la víctima a un hospital local para que lo atendieran. Posteriormente la policía declaró que abrirá una investigación sobre el incidente.

“Esto parece una agresión brutal contra un detenido que no representaba ninguna amenaza para la policía. Cualquier investigación sobre este incidente deberá realizarse sin demora, y todas las personas implicadas en actos ilegales deben ser enjuiciadas”, declaró Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.

“Revuelve el estómago pensar que en Hong Kong hay policías que creen que están por encima de la ley.”

 

Según el abogado, Tsang fue detenido inicialmente por agresión a un policía. Después cambiaron los cargos a reunión ilegal e impedir que la policía cumpliera su obligación. Tsang sigue bajo custodia policial y será entrevistado tras recibir tratamiento médico.

El incidente se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles cuando la policía trataba de expulsar a los manifestantes prodemocracia que habían ocupado una calle frente al escenario principal de la protesta, en el centro de Hong Kong. La policía usó pulverizadores de pimienta contra decenas de manifestantes. Según la policía, se practicaron 45 detenciones.

Todas las personas detenidas sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión deben ser puestas en libertad inmediata e incondicionalmente”, dijo Mabel Au.

“Amnistía Internacional insta a la policía de Hong Kong a que muestre moderación y evite cualquier uso ilegal de la fuerza.”

La policía ha intensificado esta semana las operaciones para retirar las barricadas levantadas por los manifestantes prodemocracia y reducir las zonas ocupadas por manifestantes.

 


Protesta en Madrid el 10 de abril de 2014 para exigir la libertad de los detenidos tras las manifestaciones del 22 de marzo (AP Photo / Andres Kudacki)

Madrid.- El pasado 11 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Aunque en el texto final se han introducido algunas de las recomendaciones que Amnistía Internacional realizó al Ministerio del Interior, como por ejemplo incluir de manera expresa el principio de no discriminación en las identificaciones por parte de la policía, o que la disolución de la reunión sea la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas, la organización considera que esta reforma es un paso en la dirección equivocada y se aleja de los estándares internacionales. La organización lanza una nueva ciberacción para pedir a los grupos parlamentarios que protejan el derecho a la protesta y analiza en un informe el texto de la ley. 

La ampliación de los poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad que podría llevar a la  arbitrariedad en la aplicación de la ley, así como la tipificación y sanción de nuevas formas de protesta que podrían afectar al ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, son algunas de las preocupaciones que la organización ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios antes de su debate en el Pleno el día 16 de octubre.

“El Proyecto ha mejorado respecto a su versión inicial, pero, de aprobarse tal y como está, podría suponer una restricción innecesaria e injustificada de la protesta contraria al derecho internacional”, ha declarado Esteban Beltrán, director de AI España. En ese sentido, la organización pide que se corrija la discrecionalidad que otorga el Proyecto de Ley a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como que se establezcan mecanismos de control y supervisión de la actividad policial para garantizar que los abusos de las fuerzas y cuerpos de seguridad no queden impunes.   

Más infracciones, menos garantías

En comparación con la ley vigente, el texto amplía el número de infracciones de 27 a 47. El gobierno ha justificado esta ampliación bajo el argumento de que algunas faltas se han eliminado del Código Penal. Sin embargo, sólo 9 infracciones del texto proceden del Código Penal y pasan al ámbito administrativo sancionador, mientras que 21 son de nueva creación.

El traslado al ámbito administrativo de algunas de las faltas se produce además en un contexto en el que los tribunales han archivado o fallado en favor de manifestantes. Así, los tribunales han reconocido, por ejemplo, que los “escraches” son ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión, han desestimado cargos contra los organizadores de la manifestación “Rodea el Congreso” celebrada el 25 de septiembre de 2012, al constatar que el "delito contra las altas instituciones del Estado" aducido por el Ministerio del Interior no era tal, o han reafirmado  que está permitido grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Ese traslado de algunas de las faltas del ámbito penal al administrativo, lejos de suponer un menor reproche sancionador, implica que algunas conductas recibirán sanciones más severas. Y puesto que en el ámbito administrativo se presume la veracidad de los agentes, la organización teme que los ciudadanos cuenten con menos garantías de las que tendrían de ser juzgados en un procedimiento penal.

Limitar la protesta

El Proyecto de Ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, cuando no se ha cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad de Reunión, que establece una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación.

“Todo esto podría provocar el efecto de limitar la protesta social, así como de castigar la disconformidad, tal y como han denunciado movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, expertos y organismos internacionales”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI España.

La libertad de expresión y el derecho a informar

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la limitación de la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes. En ese sentido, la organización insiste, por un lado, en que, tal y como han recordado a España diversos organismos internacionales, el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista. “El Relator de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión  ha recordado el ejercicio tan valioso que llevan a cabo miles de personas que documentan las violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Virginia Álvarez.

Por otro lado, Amnistía Internacional recuerda que según el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, las autoridades españolas se comprometieron a no introducir restricciones a la difusión de imágenes o datos sobre los miembros o fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones en los casos en los que dichas imágenes o datos pudieran suponer una amenaza para su vida o para la operación que lleven a cabo. El Comisario afirmó que tales restricciones “socavarían enormemente el derecho a la libertad de expresión en el país”.

También la libertad de expresión podría verse amenazada mediante algunos artículos  del Proyecto de Ley, como el que castiga como infracción leve las injurias o faltas de respeto dirigidas contra las Fuerzas de Seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición, expresada en términos vagos e imprecisos, podría limitar de manera injustificada el derecho a la libertad de expresión y se correría el riesgo de sancionar cualquier crítica que se considere ofensiva.   

Algunas recomendaciones

Amnistía Internacional ha publicado un informe con algunas recomendaciones que ha hecho llegar a a los grupos parlamentarios, entre otras:

  • La eliminación de los artículos que limitan el derecho de reunión pacífica espontánea, cuando no es posible la notificación al ser respuestas inmediatas a sucesos no previstos ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.  
  • La eliminación de la infracción que hace referencia a la grabación de imágenes y la que castiga como infracción leve las injurias o faltas de respeto dirigidas contra las Fuerzas de Seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones, por ser innecesaria y constituir un riesgo para la libertad de expresión.
  • Introducir mecanismos independientes que aseguren que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad sean investigadas de manera imparcial y exhaustiva.  

“Con una legislación que amplía los poderes policiales y no introduce mecanismos de control nos encontraremos con más abusos y la misma impunidad”, ha concluido Esteban Beltrán.

Más información

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de julio, después de que el Gobierno llevara a cabo una serie de correcciones al primer texto planteado, que suscitó preocupación por diversas organizaciones y movimientos sociales, entre ellas Amnistía Internacional. En estos momentos el plazo para las enmiendas se ha ampliado hasta el día 16 de octubre, momento en que será debatido en el Pleno.

No es el único texto que suscita inquietud a Amnistía Internacional, quien ha mostrado también su preocupación por la reforma del Código Penal en marcha que, de aprobarse, también podría poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional ha puesto en marcha una nueva ciberacción para pedir a los grupos parlamentarios que protejan el derecho de protesta durante este proceso de debate de la Ley.


Pancarta de apoyo a la minoría chií en Bagdad

Las milicias chiíes, apoyadas y armadas por el gobierno de Irak, han secuestrado y matado a decenas de civiles suníes en los últimos meses y disfrutan de total impunidad por estos crímenes de guerra, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, titulado Impunidad absoluta: las milicias mandan en Irak, ofrece espeluznantes detalles sobre ataques sectarios de las cada vez más poderosas milicias chiíes en Bagdad, Samarra y Kirkuk, al parecer en venganza por ataques del grupo armado autodenominado Estado Islámico. Decenas de cadáveres sin identificar han sido descubiertos por todo el país maniatados y con heridas en la cabeza, lo que indica homicidios sistemáticos tipo ejecución.

“Al dar su bendición a milicias que perpetran este tipo de atroces abusos de forma habitual, el gobierno iraquí está autorizando los crímenes de guerra y fomentando un peligroso círculo de violencia sectaria que está destrozando al país. El apoyo del gobierno iraquí al dominio de las milicias debe terminar ya”, ha dicho Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a las Crisis.

Sigue sin conocerse la suerte de muchas de las personas que desde hace semanas y meses están secuestradas por las milicias chiíes. Otras fueron ejecutadas incluso después de que sus familias pagaran rescates de 80.000 dólares estadounidenses o más para que las liberaran.

Salem, empresario bagdadí de 40 años y padre de nueve hijos fue secuestrado en julio. Dos semanas después de que su familia pagara un rescate de 60.000 dólares, su cadáver fue hallado en el depósito de Bagdad, con la cabeza destrozada y aún maniatado.

El creciente poder de las milicias chiíes ha contribuido al deterioro general de la seguridad y a crear una atmósfera de desgobierno. Un familiar de una víctima de Kirkuk dijo a Amnistía Internacional:

“He perdido un hijo y no quiero perder más. A éste nadie me lo va a devolver y no pondré a mis otros hijos en peligro. ¡A saber quién va a ser el siguiente! No hay Estado de derecho, no hay protección.”

Se cree que entre las milicias chiíes que están tras la cadena de secuestros y homicidios figuran ‘Asa’ib Ahl al Haq, las Brigadas Badr, el Ejército Mahdi y Kataib Hezbolá.

Estas milicias han conseguido más poder e importancia desde junio, tras la retirada del ejército iraquí, que dejó casi una tercera parte del país en manos de los combatientes del Estado Islámico. Los miembros de las milicias –decenas de miles– llevan uniformes militares, pero operan fuera de todo marco legal y sin ningún control oficial.

“Al no hacer responder a las milicias por los crímenes de guerra y otros graves abusos contra los derechos humanos, las autoridades iraquíes les han dado carta blanca para arrasar con los suníes. El nuevo gobierno iraquí del primer ministro Haider al Abadi debe actuar ya para frenarlas y establecer el Estado de derecho”, ha dicho Donatella Rovera.

“Las milicias chiíes están atacando implacablemente a la población civil sunní por motivos sectarios, so pretexto de combatir el terrorismo, en un aparente intento de castigar a los suníes por el ascenso del Estado Islámico y por sus atroces crímenes.”

En un control en el norte de Bagdad, por ejemplo, Amnistía Internacional oyó decir a un miembro de la milicia ‘Asa’ib Ahl al Haq: “Si agarramos a ‘esos perros’ [suníes] que bajan desde Tikrit, los ejecutamos [...] Vienen a Bagdad a cometer actos terroristas, y tenemos que impedírselo”.

Mientras, las fuerzas del gobierno iraquí también siguen perpetrando graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional descubrió indicios de tortura y malos tratos a los detenidos, así como de muertes bajo custodia de hombres suníes detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista de 2005.

El cadáver de un abogado de 33 años, padre de dos niños pequeños, que murió bajo custodia presentaba hematomas, heridas abiertas y quemaduras que hacían sospechar la aplicación de descargas eléctricas. A otro hombre que estuvo recluido durante cinco meses lo torturaron con descargas eléctricas y lo amenazaron con violarlo con un palo antes de dejarlo en libertad sin cargos.

“Los sucesivos gobiernos iraquíes han mostrado un cruel desprecio por los principios fundamentales de derechos humanos. El nuevo gobierno debe cambiar ya el rumbo, establecer mecanismos eficaces para investigar los abusos de las milicias chiíes y las fuerzas iraquíes y hacer que los responsables rindan cuentas”, ha dicho Donatella Rovera.


Pancarta de apoyo a la minoría chií en Bagdad

Las milicias chiíes, apoyadas y armadas por el gobierno de Irak, han secuestrado y matado a decenas de civiles suníes en los últimos meses y disfrutan de total impunidad por estos crímenes de guerra, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, titulado Impunidad absoluta: las milicias mandan en Irak, ofrece espeluznantes detalles sobre ataques sectarios de las cada vez más poderosas milicias chiíes en Bagdad, Samarra y Kirkuk, al parecer en venganza por ataques del grupo armado autodenominado Estado Islámico. Decenas de cadáveres sin identificar han sido descubiertos por todo el país maniatados y con heridas en la cabeza, lo que indica homicidios sistemáticos tipo ejecución.

“Al dar su bendición a milicias que perpetran este tipo de atroces abusos de forma habitual, el gobierno iraquí está autorizando los crímenes de guerra y fomentando un peligroso círculo de violencia sectaria que está destrozando al país. El apoyo del gobierno iraquí al dominio de las milicias debe terminar ya”, ha dicho Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a las Crisis.

Sigue sin conocerse la suerte de muchas de las personas que desde hace semanas y meses están secuestradas por las milicias chiíes. Otras fueron ejecutadas incluso después de que sus familias pagaran rescates de 80.000 dólares estadounidenses o más para que las liberaran.

Salem, empresario bagdadí de 40 años y padre de nueve hijos fue secuestrado en julio. Dos semanas después de que su familia pagara un rescate de 60.000 dólares, su cadáver fue hallado en el depósito de Bagdad, con la cabeza destrozada y aún maniatado.

El creciente poder de las milicias chiíes ha contribuido al deterioro general de la seguridad y a crear una atmósfera de desgobierno. Un familiar de una víctima de Kirkuk dijo a Amnistía Internacional:

“He perdido un hijo y no quiero perder más. A éste nadie me lo va a devolver y no pondré a mis otros hijos en peligro. ¡A saber quién va a ser el siguiente! No hay Estado de derecho, no hay protección.”

Se cree que entre las milicias chiíes que están tras la cadena de secuestros y homicidios figuran ‘Asa’ib Ahl al Haq, las Brigadas Badr, el Ejército Mahdi y Kataib Hezbolá.

Estas milicias han conseguido más poder e importancia desde junio, tras la retirada del ejército iraquí, que dejó casi una tercera parte del país en manos de los combatientes del Estado Islámico. Los miembros de las milicias –decenas de miles– llevan uniformes militares, pero operan fuera de todo marco legal y sin ningún control oficial.

“Al no hacer responder a las milicias por los crímenes de guerra y otros graves abusos contra los derechos humanos, las autoridades iraquíes les han dado carta blanca para arrasar con los suníes. El nuevo gobierno iraquí del primer ministro Haider al Abadi debe actuar ya para frenarlas y establecer el Estado de derecho”, ha dicho Donatella Rovera.

“Las milicias chiíes están atacando implacablemente a la población civil sunní por motivos sectarios, so pretexto de combatir el terrorismo, en un aparente intento de castigar a los suníes por el ascenso del Estado Islámico y por sus atroces crímenes.”

En un control en el norte de Bagdad, por ejemplo, Amnistía Internacional oyó decir a un miembro de la milicia ‘Asa’ib Ahl al Haq: “Si agarramos a ‘esos perros’ [suníes] que bajan desde Tikrit, los ejecutamos [...] Vienen a Bagdad a cometer actos terroristas, y tenemos que impedírselo”.

Mientras, las fuerzas del gobierno iraquí también siguen perpetrando graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional descubrió indicios de tortura y malos tratos a los detenidos, así como de muertes bajo custodia de hombres suníes detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista de 2005.

El cadáver de un abogado de 33 años, padre de dos niños pequeños, que murió bajo custodia presentaba hematomas, heridas abiertas y quemaduras que hacían sospechar la aplicación de descargas eléctricas. A otro hombre que estuvo recluido durante cinco meses lo torturaron con descargas eléctricas y lo amenazaron con violarlo con un palo antes de dejarlo en libertad sin cargos.

“Los sucesivos gobiernos iraquíes han mostrado un cruel desprecio por los principios fundamentales de derechos humanos. El nuevo gobierno debe cambiar ya el rumbo, establecer mecanismos eficaces para investigar los abusos de las milicias chiíes y las fuerzas iraquíes y hacer que los responsables rindan cuentas”, ha dicho Donatella Rovera.


Malala, cuando recibió el Premio Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional con el grupo de música, U2 © Amnistía Internacional – Robbie Reynolds

Tras el anuncio de que se ha concedido el Premio Nobel de la Paz a la escolar y activista paquistaní del derecho a la educación Malala Yousafzai y al activista indio de los derechos de la infancia Kailash Satyarthi, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha manifestado:

“El trabajo de Kailash Satyarthi  y Malala Yousafzai representa la lucha de millones de niños y niñas de todo el mundo. Este galardón es un premio a los defensores y defensoras de los derechos humanos que están dispuestos a dedicarse enteramente a promover la educación y los derechos de los niños y niñas más vulnerables del mundo.”

“El Comité Nobel ha reconocido la importancia fundamental de los derechos de la infancia para el futuro de nuestro mundo. La elección de las dos personas galardonadas muestra que se trata de una cuestión que nos importa a todos, cualquiera que sea nuestra edad, sexo, país o religión.”

Malala es un poderoso modelo, que ha servido de ejemplo a personas de todo el mundo y que ha sido merecidamente reconocido por el Comité Nobel. El valor de que ha dado muestra ante tanta adversidad es una verdadera inspiración. Su actos son un símbolo de lo que supone defender nuestros derechos, con una simple demanda en favor de que se haga efectivo el derecho humano básico a la educación.”

“Kailash Satyarthi ha dedicado su vida a ayudar a los millones de niños y niñas de India que sufren esclavitud  y son obligados a trabajar en terribles condiciones. Su galardón es un reconocimiento del infatigable trabajo de campaña que realizan desde hace decenios los activistas de las sociedad civil en contra de la trata de menores y el trabajo infantil en India.”

“Personalmente, me alegro mucho de que se haya concedido el premio a dos personas que conozco y admiro.  Kailash es un viejo amigo y compañero de activismo en la defensa de los derechos humanos, y en cuanto a Malala, fue un privilegio presentarla cuando recibió el Premio Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional el año pasado.”


Activistas saudíes de derechos humanos en al-Hamid y al-Qahtani © Privado

Los activistas pacíficos de derechos humanos son acosados por sistema, detenidos como delincuentes y a menudo maltratados bajo custodia; son las medidas extremas que llegan a adoptar las autoridades saudíes para someter a una sumisión silenciosa a quienes las critican. Así lo afirma Amnistía Internacional en un documento de campaña que ha publicado hoy.

En el informe, titulado Saudi Arabia’s ACPRA: How the Kingdom silences its human rights activists (ACPRA en Arabia Saudí: Cómo el reino silencia a sus activistas de derechos humanos), se reseñan los casos de 11 miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) –una de las pocas organizaciones de derechos humanos independientes del país– que han sido encarcelados o están procesados y pueden ir a la cárcel en relación con su labor de derechos humanos en los últimos tres años.

“Las autoridades saudíes han apuntalado su férreo control del poder mediante una campaña sistemática e implacable de persecución de los activistas pacíficos para reprimir toda crítica del Estado tras las sublevaciones árabes de 2011”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Las autoridades saudíes han actuado selectivamente contra todos y cada uno de los miembros fundadores de ACPRA en su incansable intento de desarticular la organización y acallar a sus miembros, lo que forma parte de una campaña general dirigida a reprimir el activismo independiente y la libertad de expresión desde 2011. Entre estas personas están los destacados activistas Abdullah al Hamid y Mohammad al Qahtani.

“Las autoridades saudíes han intentado borrar todo rastro de ACPRA, igual que han intentado ahogar todas las voces críticas que reclaman una reforma pacífica”, ha dicho Said Boumedouha.

“Todas las sentencias dictadas contra estos activistas de ACPRA deben ser anuladas, y deben ponerlos en libertad de inmediato y sin condiciones. Asimismo se debe retirar cualquier acusación pendiente contra otros miembros de ACPRA.”

Dos de los miembros del grupo permanecen recluidos sin juicio, tres están en espera de nuevo juicio, tres están cumpliendo penas de hasta 15 años de prisión y tres están en libertad en espera de la resolución de sus procesos.

Desde su fundación en 2009, ACPRA ha estado entre los pocos que se atrevían a hablar en voz alta de las violaciones de derechos humanos cometidas en Arabia Saudí. Como consecuencia, se ha procesado a sus miembros por cargos como “infringir la lealtad al gobernante”, “incitar a la opinión pública en contra de las autoridades” y otros cargos igual de imprecisos recopilados en la legislación antiterrorista aprobada recientemente, que en la práctica penaliza todas las formas de disidencia pacífica.

Hace tiempo que Arabia Saudí elude un escrutinio internacional efectivo de su nefasto historial en materia de derechos humanos. Sigue siendo uno de los firmes aliados de Estados Unidos en la “guerra contra el terror”, de la que han formado parte los recientes ataques aéreos contra el grupo armado Estado Islámico en Irak y Siria.

“Los aliados de Arabia Saudí deben demostrar que las normas internacionales de derechos humanos se aplican a todos por igual. Sin la condena internacional ni la presión concreta sobre las autoridades, Arabia Saudí continuará violando los principios fundamentales de derechos humanos de manera flagrante y sin control”, ha afirmado Said Boumedouha.

El documento de Amnistía Internacional describe además el trato inhumano recibido por miembros de ACPRA, varios de los cuales han sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia. Otros permanecieron entre varios días y varios meses en régimen de incomunicación antes de ser llevados a juicio.

Saleh al Ashwan, miembro de ACPRA, fue detenido en julio de 2012 cuando regresaba a casa tras la oración matutina. Estuvo dos meses recluido en régimen de incomunicación y fue interrogado en ausencia de un abogado. Además, según informes, lo torturaron y golpearon, lo desnudaron y lo colgaron por las extremidades del techo de una sala de interrogatorio. Otro miembro de ACPRA, Sheikh Suliaman al Rashudi, quien entonces tenía 76 años, estuvo dos meses detenido en régimen de incomunicación y de aislamiento antes de ser autorizado a tener contacto de alguna clase con su familia.

Al menos cuatro presos de ACPRA se han declarado en huelga de hambre para protestar por el trato que reciben y las penosas condiciones de reclusión. Mohammed al Bajadi, miembro de ACPRA, fue alimentado a la fuerza por vía intravenosa tras declararse varias veces en huelga de hambre.

Información complementaria

Los 11 miembros de ACPRA encarcelados o procesados en relación con su trabajo son:

1. Abdullah al Hamid, de 66, cumple actualmente una pena de 11 años de cárcel en la prisión de Al Hair, en Riad, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.

2. Mohammad al Qahtani, de 46, cumple actualmente una pena de 10 años de cárcel en la prisión de Al Hair, en Riad, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.  

3. Suliaman al Rashudi, de 78, cumple actualmente una pena de 15 años de cárcel en la prisión de Al Hair, en Riad, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.

4. Mohammed al Bajadi, de 36, fue condenado inicialmente a cuatro años de prisión y está en espera de nuevo juicio ante el Tribunal Penal Especializado. Está en la prisión de Al Hair, en Riad, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.

5. Abdulkarim al Khodr, de 48, fue condenado inicialmente a ocho años de prisión y está en espera de nuevo juicio ante el Tribunal Penal Especializado. Está en la prisión de Buraydah, en Al Qassim, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.

6. Omar al Said, de 22, fue condenado inicialmente a cuatro años de prisión y está en espera de nuevo juicio ante el Tribunal Penal Especializado. Está en la prisión de Buraydah, en Al Qassim, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.

7. Abdulrahman al Hamid, de 52, está recluido sin cargos ni juicio en la prisión de Buraydah, en Al Qassim, donde, según informes, ha sufrido malos tratos. Es preso de conciencia.

8. Saleh al Ashwan, de 30, permanece recluido sin cargos ni juicio desde que fue detenido en abril de 2012. Según informes, ha sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia. Es preso de conciencia.

9. Fowzan al Harbi, de 36, está condenado a siete años de prisión. Estuvo seis meses detenido y actualmente se encuentra en libertad en espera del resultado de su apelación.

10. Abdulaziz al Shubaily, de 30, está siendo juzgado por el Tribunal Penal Especializado.

11. Issa al Hamid, de 47, está siendo juzgado por el Tribunal Penal Especializado.


Activista de Amnistía Internacional España contra la pena de muerte. ©AI

Países de todo el mundo siguen condenando a muerte o ejecutando a personas con discapacidad mental e intelectual, en una clara violación de las normas internacionales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre de 2014).

Amnistía Internacional ha documentado casos de personas que sufren ese tipo de discapacidad y que se enfrentan a la ejecución o han sido ejecutadas en países como Japón, Pakistán y Estados Unidos. A menos que estos países reformen urgentemente sus sistemas de justicia penal, muchas más personas seguirán en peligro.

“Las normas internacionales sobre la discapacidad mental e intelectual son una importante salvaguardia para las personas vulnerables. No pretenden disculpar crímenes atroces, sino que establecen parámetros para el tipo de pena que se puede imponer”, ha manifestado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.

“Nos oponemos a la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. No obstante, en los países que aún llevan a cabo ejecuciones, y mientras se produce la abolición final, deben respetarse y aplicarse las normas internacionales, incluidas las que prohíben el uso de la pena capital contra ciertos grupos vulnerables.”

Para el Día Mundial contra la Pena de Muerte de este año, Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han puesto el foco en la pena capital y las personas con discapacidad mental o intelectual.

Las normas internacionales establecen claramente que quienes sufren discapacidad mental e intelectual no deben enfrentarse a la pena máxima. Sin embargo, en muchos casos esa discapacidad no se identifica durante los procedimientos penales”, ha manifestado Audrey Gaughran.

“Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones deben garantizar que existen recursos para realizar evaluaciones independientes y rigurosas a todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte, desde el momento en que son acusadas y después de que se dicte la sentencia.”

“Instamos a los gobiernos de todos los países que aún recurren a la pena de muerte a dictar de inmediato una suspensión de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición. Lo que ponemos hoy de manifiesto es un ejemplo más de la injusticia de esta pena.”

A continuación exponemos ejemplos ilustrativos recientes del uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual:

  • En Estados Unidos, Askari Abdullah Muhammad fue ejecutado en Florida el 7 de enero de 2014 por un asesinato cometido en prisión en 1980. Tenía un largo historial de enfermedad mental grave, que incluía diagnósticos de esquizofrenia paranoide. El 9 de abril, el ciudadano mexicano Ramiro Hernández Llanas fue ejecutado en Texas pese a las pruebas que indicaban que su discapacidad intelectual, evaluada en seis pruebas diferentes de cociente intelectual en la última década, convertía su pena de muerte en inconstitucional. En Florida, Amnistía Internacional ha destacado el caso de otros dos condenados a muerte: Frank Walls y Michael Zack, ambos con un historial de traumatismo encefálico severo, que han agotado sus vías de apelación.

  • En Japón ya se ha ejecutado a varios presos que sufrían enfermedad mental, y otros permanecen en espera de ejecución. Hakamada Iwao, ahora de 78 años, fue condenado a muerte por asesinato tras un juicio injusto en 1968, y es el preso que más tiempo lleva condenado a muerte del mundo. Desarrolló graves problemas de salud mental durante sus décadas en régimen de aislamiento. Fue puesto temporalmente en libertad en marzo de 2014 en espera de un posible nuevo juicio. Matusmoto Kenji lleva condenado a muerte por asesinato desde 1993 y podría ser ejecutado en cualquier momento. Sufre discapacidad mental a causa de envenenamiento por mercurio (enfermedad de Minamata), y al parecer sufre paranoia y falta de coherencia a consecuencia de una enfermedad mental que desarrolló durante su reclusión en el pabellón de los condenados a muerte. Sus abogados están intentando conseguirle un nuevo juicio.

  • En Pakistán, Mohammad Asghar, a quien se había diagnosticado esquizofrenia paranoide en Reino Unido en 2010 y que después se trasladó a Pakistán, fue declarado culpable de blasfemia en 2014 y condenado a muerte. Precisamente, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción sobre este caso.

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Acto de Amnistía Internacional España de #SOSEurope © Amnistía Internacional

Coincidiendo con la reunión de dos días que celebra el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a los correspondientes ministros de cada Estado miembro a dar una respuesta integral y colectiva a las necesidades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, con el objetivo urgente de salvar vidas. 

“Al erigir la UE muros cada vez más altos, aumenta el número de personas migrantes y refugiadas que se lanzan a las aguas del Mediterráneo en un intento desesperado de alcanzar la seguridad y el refugio que representa Europa. Por desgracia, cada vez pagan con más frecuencia el peor precio: perder sus vidas en el mar”, afirmó Nicolas J. Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

Transcurrido un año desde los naufragios de octubre de 2013 en el Mediterráneo central, en los que murieron más de 500 personas, la respuesta colectiva de la UE para salvar vidas en estas aguas ha sido vergonzosa. Italia es el único país de la UE que ha reaccionado con la Operación Mare Nostrum, desplegando una parte considerable de su marina en operaciones de búsqueda y rescate.

No obstante, ni siquiera los más denodados esfuerzos de Italia han sido suficientes para evitar la trágica pérdida de vidas este año, y hay indicios de que el país no puede mantener la operación a largo plazo.

En lo que llevamos de año, más de 165.000 refugiados y migrantes han llegado a Europa a través del Mediterráneo. Lamentablemente, se calcula que más de 3.000 personas han perecido en el mar, aunque es muy difícil determinar las cifras reales. Casi la mitad de las personas llegan a Europa huyendo de la guerra de Siria y de la represiva Eritrea, y está aumentando el número de mujeres y niños.

El anuncio hecho en agosto por la Comisión Europea sobre el lanzamiento de una nueva operación de Frontex –la Operación Tritón– para apoyar las iniciativas de Italia se percibió mayoritariamente como la primera señal de que la UE empezaba a reaccionar y a dar una respuesta colectiva a los trágicos sucesos que siguen ensombreciendo el Mediterráneo central.

Sin embargo, cada vez queda más claro que la Operación Tritón difícilmente responderá a las necesidades reales de búsqueda y rescate para salvar vidas.

“La Operación Tritón, con su alcance limitado y su mandato de controlar las fronteras, no es sustituta adecuada de Mare Nostrum”, declaró Judith Sunderland, jefa de investigación sobre Europa de Human Rights Watch. “Si la UE tiene verdaderamente la intención de evitar futuras tragedias, debe otorgar a la Operación Tritón el mandato y los recursos necesarios para rescatar embarcaciones en todo el Mediterráneo.”

La Operación Tritón, que se pondrá en marcha en noviembre bajo la dirección de Frontex, la agencia de la UE para la vigilancia de las fronteras, debería, como mínimo, igualar a la Operación Mare Nostrum en mandato, capacidades y financiación. Por el momento, Frontex ha presupuestado alrededor de 3 millones de euros al mes para la operación, comparados con los 9 millones que Italia está gastando mensualmente en Mare Nostrum. Para salvar vidas, la Operación Tritón también tendría que ejecutarse en aguas internacionales y cubrir por completo las zonas de búsqueda italianas y maltesas, tal como hace actualmente la Operación Mare Nostrum.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch exhortan asimismo a los ministros del Consejo JAI a adoptar un enfoque integral y a largo plazo de la gestión de flujos migratorios hacia Europa, ya que el acusado aumento de personas que cruzan el Mediterráneo no se debe únicamente a una mayor inestabilidad en Oriente Medio, a conflictos más amplios o al deterioro de la situación en Libia.

“Sencillamente, las personas se ven obligadas a subir a embarcaciones destartaladas y peligrosas porque la respuesta de la UE a la migración está dictada por criterios de seguridad, lo que implica un cierre progresivo de las fronteras terrestres de la UE y la ausencia de rutas seguras y legales para que las personas solicitantes de asilo lleguen a la UE”, afirmó Nicolas J. Beger.

Entre las medidas que podrían adoptarse para proporcionar rutas seguras y legales hacia Europa, cabe mencionar el aumento de las cuotas de reasentamiento, un mayor acceso a visados por motivos humanitarios y más facilidades para la reunificación familiar. Amnistía Internacional también insta a los Estados miembros de la UE a que compartan la responsabilidad para con las personas rescatadas o que arriban a las costas europeas, lo que limitará la necesidad de efectuar movimientos secundarios irregulares dentro de la UE. Los Estados miembros podrían lograr este objetivo reuniendo a familiares en vez de aplicar la norma general, prevista en el Reglamento de Dublín, de que el Estado miembro al que llegó por primera vez la persona en cuestión es el responsable de tramitar la solicitud de asilo.

“El Consejo JAI de esta semana será la prueba de fuego sobre los compromisos y las obligaciones que incumben a la UE y a sus Estados miembros en virtud del derecho internacional para salvar vidas en el mar”, afirmó Judith Sunderland. ”La UE debe centrarse principalmente en adoptar medidas de búsqueda y rescate integrales y colectivas, que han de brindar protección eficaz e inmediata y salvar a personas migrantes y refugiadas en la ruta marítima más peligrosa del mundo”.

Más información

Amnistía Internacional España se ha dirigido a las autoridades españolas del Ministerio del Interior para pedirles que en el ámbito europeo, en esta reunión, promuevan que el salvamento y rescate de las personas migrantes y refugiadas sea una prioridad, se dote de recursos suficientes a las operaciones de salvamento y rescate, se adopten compromisos para que la UE abran rutas seguras para los refugiados, así como para facilitar el reasentamiento.


El presidente de Chad, Idriss Deby -via Wikimedia Commons

Se ha advertido directamente al presidente de Chad, Idriss Deby, de que si se aprueba el proyecto de ley homófobo actualmente ante el Parlamento, estará mostrando un flagrante desprecio por las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por el país. En una carta abierta hecha pública hoy, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, pide al presidente que descarte el proyecto de ley que amenaza con imponer condenas de hasta 20 años de cárcel y fuertes multas a las personas “declaradas culpables” de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

“Si este proyecto homófobo se convierte en ley, el presidente Deby estará mostrando un flagrante desprecio por las obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos contraídas por el país. Negará a la gente su derecho a la privacidad, institucionalizará la discriminación y permitirá la estigmatización, el acoso y la actuación policial contra personas que son, o a las que se considera, gays, independientemente de su conducta sexual”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“El presidente Idriss Deby debe intervenir de inmediato y detener este proyecto de ley, para garantizar que no se pone a personas en un mayor peligro de sufrir violencia y abusos a causa de su orientación o presunta orientación sexual o identidad de género, y asegurar, por el contrario, que estas personas pueden vivir en condiciones de igualdad, con dignidad y sin miedo.”

El código penal aprobado en septiembre por el gabinete propone la tipificación como delito de las relaciones sexuales con personas del mismo sexo en el país. Amenaza con imponer condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, y una multa de entre 50.000 y 500.000 francos CFA (entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses). Ahora va a ser revisado y, posiblemente, aprobado por el Parlamento.

Amnistía Internacional considera que se trata de un importante retroceso para los derechos humanos en Chad. Es una medida que viola las obligaciones internacionales y regionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Chad es Estado Parte, estipula que toda persona tendrá derecho a disfrutar de los derechos y libertades sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, grupo étnico, color o sexo, y que toda persona será igual ante la ley y gozará de igual protección ante la ley.

El proyecto de ley muestra también un absoluto desprecio hacia una resolución histórica adoptada este mismo año por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que condenaba los actos de violencia, la discriminación y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra personas a causa de su orientación sexual o su identidad de género.