Amnistía Internacional España

© Private Cuando se cumplen mil días del escalofriante secuestro de 276 alumnas de una escuela de Chibok, el gobierno de Nigeria debe redoblar sus esfuerzos para lograr la liberación de las niñas y de todas las demás víctimas de secuestros masivos, ha afirmado Amnistía Internacional.La organización pide a Boko Haram que ponga fin al sufrimiento de las niñas y proceda a su inmediata liberación y a la de todos los demás civiles a quienes retiene en su poder.“Este terrible aniversario es un escalofriante recordatorio no sólo de la trágica desaparición de las escolares de Chibok, sino también de la de todas las demás personas —muchas de ellas también menores de edad— que continúan cautivas en escondites de Boko Haram en todo el país. Estos secuestros y otros ataques contra civiles, que en muchos casos constituyen crímenes de guerra, deben terminar”, ha afirmado Makmid Kamara, director de país en funciones de Amnistía Internacional Nigeria.“Si bien el gobierno de Nigeria está haciendo considerables esfuerzos para recuperar a las 195 niñas de Chibok que continúan bajo custodia de Boko Haram, nos preocupa que las víctimas de secuestros masivos que reciben menos publicidad no se hayan beneficiado de esfuerzos equiparables para lograr su liberación.”Amnistía Internacional ha documentado al menos otros 41 casos de secuestros masivos perpetrados por Boko Haram desde 2014. Muchos de los ataques cometidos por el grupo, que incluyen homicidio deliberado de civiles, violación, destrucción de viviendas, bombardeo de lugares de culto, mercados y otras estructuras civiles, constituyen crímenes de guerra, y los responsables deben responder ante la justicia en juicios con las debidas garantías en los que no pueda imponerse la pena de muerte.Amnistía Internacional reconoce la resiliencia y determinación de los activistas de la campaña Devuélvannos a Nuestras Niñas en Nigeria para incorporar la difícil situación de las niñas de Chibok a la agenda del mundo y para mantener la presión sobre el gobierno al seguir exigiendo la liberación de todas las niñas. Su perseverancia es digna de mención en un momento en el que el espacio cívico para las protestas y reuniones pacíficas en Nigeria disminuye con rapidez.“La población de Nigeria, y de hecho el mundo entero, recuerda el día número 1.000 después del secuestro de Chibok gracias sobre todo al infatigable trabajo de Devuélvannos a Nuestras Niñas. Esperamos que la energía de esta formidable campaña tenga su reflejo en demandas de justicia y rendición de cuentas por los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto en curso en el nordeste de Nigeria”, ha afirmado Makmid Kamara.“El gobierno de Nigeria también debe intensificar radicalmente sus esfuerzos para lograr la liberación segura de las personas secuestradas y proporcionar apoyo psicológico y médico adecuado a quienes han sido ya rescatados, liberados o han escapado del cautiverio.”
Información adicionalDesde 2009, Boko Haram lleva a cabo una violenta campaña contra la población civil en el nordeste de Nigeria mediante homicidios, bombardeos, secuestros y saqueos casi diarios. Se han saqueado ciudades y pueblos. Se han atacado y destruido escuelas, iglesias, mezquitas y otros edificios públicos. Boko Haram somete a un maltrato brutal a la población civil atrapada en las zonas bajo su control, y obstaculiza la prestación de servicios públicos, entre otros los de salud y educación.La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional revela que Boko Haram ha cometido impunemente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.En abril de 2014, combatientes de Boko Haram secuestraron a 276 niñas de la escuela secundaria oficial de niñas en Chibok. Los secuestros son parte integrante de los ataques de Boko Haram, y el 14 de abril de 2015 Amnistía Internacional publicó un informe completo que documentaba 38 casos de secuestros cometidos por Boko Haram.Desde abril de 2015, miles de mujeres, hombres, niñas y niños secuestrados por Boko Haram han escapado o han sido rescatados.


Combatientes chiíes de Irak pertenecientes a las PMU
La milicias paramilitares que combaten integradas nominalmente en las fuerzas armadas iraquíes contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico utilizan armas de arsenales militares iraquíes, suministradas por Estados Unidos, Europa, Rusia e Irán, para cometer crímenes de guerra, ataques de venganza y otras atrocidades, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en nuevo informe.
Investigaciones sobre el terreno y detallados análisis periciales de datos fotográficos y de vídeo elaborados desde junio de 2014 han permitido determinar que estas milicias paramilitares se han beneficiado de transferencias de armas fabricadas en al menos 16 países y entre las que figuran tanques y artillería, así como una amplia variedad de armas pequeñas.
Las milicias, predominantemente chiíes, han utilizado estas armas para facilitar la desaparición forzada o secuestro de miles de hombres y niños, en su mayoría suníes, así como tortura y destrucción gratuita de bienes.
“Los proveedores internacionales de armas, como Estados Unidos, diversos países europeos, Rusia e Irán, deben darse cuenta de que con todas las transferencias de armas a Irak se corre un riesgo real de que acaben en manos de milicias con un largo historial de violaciones de derechos humanos”, ha señalado Patrick Wilcken, investigador de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Todo Estado que venda armas a Irak tiene que demostrar que se aplican medidas estrictas para garantizar que no son utilizadas por las milicias paramilitares para violar flagrantemente derechos. Si no lo hace no debe efectuarse ninguna transferencia.”
Las Unidades de Movilización Popular, compuestas de 40 o 50 milicias distintas, se establecieron a mediados de 2014 para ayudar a combatir al Estado Islámico. En 2016 quedaron integradas formalmente en las fuerzas armadas iraquíes, pero recibían apoyo del gobierno desde mucho antes.
El informe de Amnistía Internacional, titulado Irak: Mirar para otro lado. La provisión de armamento a las Unidades de Movilización Popular está centrado en cuatro milicias principales que, como documenta la organización, han cometido violaciones graves de derechos humanos: Munathamat Badr (Brigadas Badr u Organización Badr), Asaib Ahl al Haq (Liga de los Justos), Kataib Hizbullah (Brigadas de Hezbolá) y Saraya al Salam (Brigadas de la Paz).
La investigación de Amnistía Internacional revela que las milicias de las Unidades de Movilización Popular han adquirido mayor poder e influencia desde 2014. Reciben armas y salarios de las autoridades iraquíes y entran cada vez más en combate o toman el mando de puestos de control junto con las tropas iraquíes. Se ha documentado que, al amparo de la aprobación oficial, algunas Unidades de Movilización Popular han llevado a cabo ataques de venganza, principalmente contra árabes suníes, sin que nadie les haga rendir cuentas.
“Las autoridades iraquíes han ayudado a armar y equipar a las milicias de las Unidades de Movilización Popular y les pagan sus salarios. Tienen que dejar de hacer oídos sordos a estas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos sistemáticamente”, ha señalado Patrick Wilcken.
“Todo miliciano que combata hombro con hombro con el ejército iraquí debe ser objeto de exhaustivo y riguroso control. Los que puedan haber cometido graves violaciones de derechos humanos deben ser apartados de sus unidades mientras se llevan a cabo investigaciones judiciales y procesamientos. Las milicias indisciplinadas y que no rindan cuentas deben someterse al control y la disciplina de las fuerzas armadas o ser, si no, desarmadas y desmovilizadas completamente.”
Las autoridades iraquíes se enfrentan en materia de seguridad a tremendas amenazas del Estado Islámico, que continúa cometiendo atrocidades en las zonas bajo su control y llevando a cabo mortales atentados contra civiles en otras partes de Irak. Pero las medidas adoptadas para responder a estas amenazas deben respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a Irak a que se adhiera de inmediato al Tratado sobre el Comercio de Armas, instrumento internacional donde se establecen normas estrictas para detener las transferencias y el desvío de armas que puedan fomentar la comisión de atrocidades.
Violaciones sistemáticas del derecho internacional cometidas por las milicias de las Unidades de Movilización Popular
Las milicias, predominantemente chiíes, de las Unidades de Movilización Popular han utilizado sus arsenales para llevar a cabo o facilitar violaciones sistemáticas del derecho internacional, aparentemente como venganza por atentados del EI. Entre tales violaciones figuran desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y tortura de miles de hombres y niños árabes suníes.
Un hombre de Muqdadiya contó a Amnistía Internacional que su hermano Amer, de 22 años, fue uno de los 100 hombres y niños a quienes secuestraron en sus casas en enero de 2016, cuando las milicias de las Unidades de Movilización Popular entraron en la ciudad arrasándolo todo como represalia por un atentado suicida cometido en un café de propiedad chií. Los combatientes de las Unidades de Movilización Popular quemaron y destruyeron mezquitas, comercios y bienes suníes.
“A muchos suníes los pararon en la calle o los sacaron de sus casas y los mataron al instante. En la primera semana de la operación, los milicianos iban de un lado a otro con sus vehículos diciendo por altavoz a los hombres suníes que salieran de sus casas. El 13 de enero [de 2016] se llevaron a más de 100 hombres, y no se los ha vuelto a ver desde entonces”, dijo el hombre.
Los hombres y los niños suníes son sometidos de manera habitual a tortura y otros malos tratos en los puestos de control y los centros de detención controlados por las milicias de las Unidades de Movilización Popular.
En un caso, un estudiante de 20 años contó a Amnistía Internacional que, el 26 de julio de 2016, huía de los combates en Shargat cuando le dieron el alto en el puesto de control de Asmida, en la gobernación de Salah al Din. Las fuerzas que controlaban el puesto de control –formadas por hombres vestidos de civil y por otros con uniforme militar, entre ellos algunos con insignias de las Unidades de Movilización Militar– le vendaron de inmediato los ojos y se lo llevaron.
“Pasé siete semanas bajo tortura; querían que confesara que era del Daesh [Estado Islámico]. Estaba recluido en una escuela con alrededor de 30 personas más [...] Nos golpeaban con barras de metal y cables. También aplicaban descargas eléctricas [...] Estuve con los ojos vendados casi todo ese tiempo [...] al cabo de 22 días no llevaron a Bagdad, a una prisión [...] Había otras personas allí; algunas llevaban más de seis meses detenidas y sus familias no sabían nada de ellas […] También me torturaron allí, y me interrogaron una vez con los ojos vendados”. Al final lo dejaron en libertad sin cargos.
Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de miles de hombres y niños suníes más, capturados por las Unidades de Movilización Popular.  Sólo las Brigadas de Hezbolá ha secuestrado a centenares de hombres y niños suníes en el puesto de control de Al Razzaza desde octubre de 2014.
“En vez de aclamar inequívocamente a las milicias como héroes que combaten para poner fin a las atrocidades del Estado Islámico y hacer así que se envalentonen, las autoridades iraquíes deben dejar de hacer oídos sordos a los abusos sistemáticos, que fomentan las tensiones sectarias”, ha afirmado Patrick Wilcken.
“No basta con hacer cambios superficiales con los que simplemente se reconozca a las milicias como parte de las fuerzas armas; las autoridades iraquíes deben poner freno con urgencia a las milicias paramilitares. Los socios internacionales de Irak, en especial los que le proveen de armas, tienen que utilizar su influencia para ejercer presión a fin de que lo hagan.”
Armar a las Unidades de Movilización Popular
Las Unidades de Movilización Popular utilizan más de 100 tipos de armas, fabricadas originalmente en al menos 16 países. Entre ellas hay armas pesadas, como tanques y artillería, además de una amplia variedad de armas pequeñas –una mezcla ecléctica que incluye fusiles automáticos M-16 y Kalashnikov estándar, ametralladoras, pistolas y fusiles de francotirador–.
Desde su establecimiento a mediados de 2014, las Unidades de Movilización Popular han recibido cada vez más material de los arsenales militares iraquíes, suministrado directamente por las autoridades iraquíes. Gran parte de él es material del modelo de la OTAN, de fabricación reciente y procedente principalmente de Estados Unidos, así como material de Rusia y Europa oriental.
Más de 20 países han suministrado armas y munición a Irak durante los últimos cinco años, principalmente Estados Unidos, seguido de Rusia. Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, las exportaciones de armas a Irak aumentaron un 83% entre los periodos de 2006–2010 y 2011–2015. En 2015, Irak era el sexto mayor importador de armas pesadas del mundo.
Los a menudo caóticos y deficientes sistemas de rastreo de armas de las fuerzas armadas iraquíes hacen que resulte muy difícil determinar dónde van a parar las transferencias de armas una vez en Irak. Este problema, sumado a la naturaleza variable del conflicto, permite con frecuencia que las armas se desvíen a grupos armados o milicias activos actualmente en Irak y en Siria o que éstos se apoderen de ellas.
“Las autoridades iraquíes deben adoptar medidas estrictas para garantizar que los arsenales están seguros y controlados”, ha añadido Patrick Wilcken.
El papel de España
Según datos oficiales, entre 2015 y el primer semestre de 2016, las exportaciones de armas a Irak realizadas por España superaron los 111 millones de Euros. De esa cantidad, más de la mitad (61,2 millones) correspondieron a granadas de mortero y munición para armas ligeras, mientras que cerca de 20 millones corresponden a al menos 31 vehículos blindados, varios de ellos con brazo robot de desminado.
Además, entre noviembre de 2014 y junio de 2016, el Gobierno español autorizó 11 licencias de exportación de munición, granadas de morteros y vehículos blindados por valor de 167,5 millones de Euros.
En 2014, ante la Comisión de Defensa del Congreso, el Gobierno alegó tener por escrito todas las garantías de que el único usuario de las armas españolas era el Ministerio de Defensa iraquí. En correspondencia con Amnistía Internacional en 2016, el Gobierno defendió que la política de exportación seguiría siendo muy cautelosa y analizaría cada operación caso por caso, exigiendo garantías para evitar desvíos. Sin embargo, no detalló las garantías exigidas en línea con las recomendaciones de Amnistía Internacional: evaluación más rigurosa del riesgo de la exportación; sistemas de marcado, transporte y verificación de entrega; registro diligente y total transparencia de la información; y sólidos controles tras la entrega.
La organización reitera su petición al Gobierno español para que, debido al deterioro de la situación de derechos humanos en Irak, adopte una norma de "presunción de denegación" respecto a la exportación de armas al gobierno iraquí y a las fuerzas armadas y la policía iraquíes.
El papel de Irán
La existencia de tantos proveedores de armas a Irak ha tenido consecuencias imprevistas. Por ejemplo, vehículos armados estadounidenses destinados casi con total seguridad a las fuerzas iraquíes han acabado en manos de Kataib Hizbullah, milicia que tiene vínculos con Irán y que el Departamento de Estado estadounidense clasificó hace ya mucho tiempo como “organización terrorista extranjera”.
Irán sigue siendo un importante patrocinador militar de las milicias de las Unidades de Movilización Popular, en particular de las que tienen estrechos vínculos con figuras militares y religiosas iraníes, como la Organización Badr, Asaib Ahl al Haq y las Brigadas de Hezbolá, todas las cuales están acusadas de graves violaciones de derechos humanos. Estos suministros constantes infringen una resolución de 2015 de la ONU que prohíbe las exportaciones de armas de Irán sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Con el suministro directo de armas a las Unidades de Movilización Popular, Irán se expone a ser cómplice de crímenes de guerra. No debe permitir las transferencias a ninguna milicia de la Unidades de Movilización Popular mientras sigan fuera del mando y el control efectivos de las fuerzas armadas iraquíes y no rindan cuentas de los abusos que comenten”, ha señalado Patrick Wilcken.
Notas para periodistas:
1. Esta investigación es continuación del informe de diciembre de 2015 de Amnistía Internacional Haciendo balance: Armar al Estado Islámico. En este informe se describe cómo decenios de flujos de armas a Irak mal regulados, así como laxas medidas de control sobre el terrero, proporcionaron al Estado Islámico el arsenal que ha utilizado para cometer en gran escala crímenes de guerra y de lesa humanidad en Irak y Siria.
2. El 26 de septiembre de 2016, Amnistía Internacional solicitó información del Ministerio de Defensa iraquí sobre el suministro de armas y asistencia militar a las Unidades de Movilización Popular por parte de las autoridades y sobre los mecanismos de rendición de cuentas existentes. La solicitud no ha recibido respuesta.


La sentencia condenatoria dictada contra un soldado israelí, que mató a tiros a un palestino implicado en un ataque con arma blanca en Hebrón cuando estaba herido en el suelo, ofrece un pequeño destello de esperanza en medio de la extendida impunidad para los homicidios ilegítimos que se cometen en los Territorios Palestinos Ocupados, ha declarado hoy Amnistía Internacional.El soldado, Elor Azaria, fue declarado culpable del homicidio de Abed al Fatah al Sharif, uno de los dos palestinos que, según parece, participaron en el apuñalamiento de un soldado israelí el 24 de marzo de 2016 en Hebrón, después de que un tribunal militar resolviese por unanimidad que sus actos violaron las reglas de intervención del ejército israelí.“La sentencia condenatoria impuesta hoy a un miembro de las fuerzas israelíes es algo excepcional en un país con un largo historial de uso de fuerza excesiva e injustificada, donde los soldados que podrían haber cometido crímenes de derecho internacional rara vez son enjuiciados. Este fallo es un pequeño paso en la dirección correcta y un destello de esperanza de que los soldados que cometan homicidios ilegítimos no seguirán gozando de impunidad”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia en Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.Las pruebas en vídeo sobre el incidente muestran a Elor Azaria disparando aparentemente al herido sin justificación aparente, y el tribunal resolvió que la única razón de los disparos fue su deseo de vengarse por el ataque previo con arma blanca. El homicidio deliberado de una persona capturada que no representa una amenaza inminente para la vida de las personas cometido por un soldado constituye ejecución extrajudicial y es un crimen de derecho internacional.El tribunal rechazó con firmeza las alegaciones de Elor Azaria de que había actuado en defensa propia al temer que el herido llevara un chaleco con explosivos. La oleada de violencia iniciada en Cisjordania en octubre de 2015 ha provocado un aumento de los homicidios ilegítimos, incluidos ataques con arma blanca y de otro tipo contra soldados, policías y civiles israelíes cometidos por palestinos y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. El pasado año al menos 16 israelíes murieron en ataques cometidos por palestinos y al menos 110 palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes.Las investigaciones israelíes anteriores sobre estas violaciones vulneraban las normas internacionales. En varios casos, las fuerzas israelíes no respondieron de sus actos a pesar de las pruebas fehacientes de que se había cometido un crimen.“Lamentablemente, esto es sólo la punta del iceberg. Hemos visto una y otra vez casos en los que las fuerzas israelíes han cometido aparentemente homicidios ilegítimos, mostrando una terrible indiferencia hacia la vida humana. La persistente inacción de las autoridades para que se rindan cuentas por violaciones flagrantes ha fomentado una cultura en la que los homicidios ilegítimos se han convertido en algo aceptable”, prosiguió Philip Luther.“Para acabar con este enconado ciclo de homicidios ilegítimos es crucial que los responsables de violaciones rindan cuentas de sus actos.”En un memorando enviado a las autoridades israelíes en septiembre de 2016, Amnistía Internacional destacaba al menos 20 casos de presuntos homicidios ilegítimos de palestinos cometidos por fuerzas israelíes. En al menos 15 de los casos, las víctimas murieron por disparos deliberados a pesar de que no constituían una amenaza inminente para la vida de las personas.


"La excarcelación hoy de Golrokh Ebrahimi Iraee es un alivio bienvenido, pero debía haberse producido hace tiempo. Ni ella ni su esposo, Arash Sadeghi, deberían haber sido obligados a pasar un solo minuto entre rejas. Fueron detenidos injustamente y tratados como delincuentes por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y defender los derechos humanos. La salud de Arash Sadeghi se ha deteriorado mucho y debe recibir todo el tratamiento médico especializado que necesita", ha declarado Nassim Papayianni, investigador de Amnistía Internacional sobre Irán.
Para más información de la situación de su marido: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/las-autoridades-iranies-ponen-en-peligro-la-vida-de-un-activista-en-estado-critico/
Más información sobre el caso: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/iran-escritora-condenada-a-pena-de-carcel-por-un-relato-sobre-la-lapidacion-es-detenida-en-una-v/ y https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/iran-escritora-a-punto-de-ser-encarcelada-por-escribir-un-relato-sobre-la-lapidacion/


©Private Las autoridades iraníes deben trasladar de inmediato a Arash Sadeghi, defensor de los derechos humanos encarcelado que ayer terminó su huelga de hambre, al hospital, para que pueda recibir la atención médica especializada y urgente que necesita. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.Arash Sadeghi se puso en huelga de hambre en octubre de 2016 en protesta por el encarcelamiento de su esposa, la escritora y defensora de los derechos humanos Golrokh Ebrahimi Iraee, detenida por escribir una historia de ficción sobre la lapidación. A raíz de la indignación mundial, finalmente fue puesta en libertad ayer con un permiso temporal.Estaba previsto que Arash Sadeghi fuera trasladado anoche desde la Prisión de Evin, en Teherán, a un hospital. Sin embargo, fuentes fidedignas y bien informadas han dicho a Amnistía Internacional que las autoridades de la prisión se han negado a trasladarlo.“La demora en trasladar a Arash Sadeghi a un hospital es cruel, inhumana y degradante. Su estado es crítico, y debe recibir sin demora el tratamiento especializado y urgente que podría salvarle la vida. Al no autorizar su traslado al hospital, las autoridades iraníes están jugando cruelmente con su vida e incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de proporcionarle acceso a atención médica adecuada”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.Arash Sadeghi sufre múltiples síntomas y problemas de salud, entre ellos inflamación e infección severa de los pulmones, bajadas severas de la presión sanguínea, arritmias, dificultades para respirar, náuseas y vómitos de sangre. Durante su huelga de hambre perdió más de 20 kilos. Los médicos han expresado preocupación por el daño renal a largo plazo, y calculan que aproximadamente el 70% del riñón derecho y el 20% del izquierdo no le están funcionando.Esta mañana temprano fue trasladado al hospital penitenciario tras empezar a vomitar sangre y a sufrir una fuerte tos, náuseas y dolor abdominal. Allí le administraron medicación contra las náuseas, analgésicos y fluidos intravenosos antes de devolverlo a su celda.Los hospitales penitenciarios de Irán sólo ofrecen servicios médicos muy básicos, como medición de la presión sanguínea, administración de inyecciones y de fluidos intravenosos y prescripción de medicación. Los presos como Arash Sadeghi, con enfermedades graves, deben ser trasladados a centros médicos fuera de la prisión para recibir tratamiento.“El trato que las autoridades iraníes han dado a Arash Sadeghi ha sido absolutamente deplorable Primero lo encarcelaron injustamente, luego ignoraron su protesta legítima contra el encarcelamiento injusto –durante semanas– de su esposa, y ahora le niegan la atención médica urgente. Deben dejar de poner en peligro su salud y su vida y ordenar su traslado inmediato a un hospital, en espera de su libertad incondicional”, ha manifestado Philip Luther.Información generalArash Sadeghi lleva desde junio de 2016 cumpliendo una condena de 15 años de cárcel por sus actividades pacíficas de derechos humanos. Su esposa, Golrokh Ebrahimi Iraee, había sido condenada a seis años de prisión por cargos entre los que se encontraba “insultar a santidades islámicas”. La petición de Golrokh Ebrahimi Iraee de que se revise judicialmente su caso está en la actualidad pendiente ante el Tribunal Supremo de Irán. Amnistía Internacional los considera a ambos presos de conciencia.En un informe titulado Health taken hostage: Cruel denial of medical care in Iran’s prisons y publicado en julio de 2016, Amnistía Internacional documentó un patrón de negación a presos políticos de la atención médica especializada oportuna fuera de la prisión, a menudo como acto deliberado de las autoridades judiciales, en especial la Fiscalía y las administraciones penitenciarias.


Cuando el presidente Obama inicia los últimos días de su presidencia, Amnistía Internacional Estados Unidos ha presentado una enérgica campaña para pedirle que use todas las facultades de su cargo para cerrar Guantánamo antes de que termine su mandato. Con una carta abierta dirigida al presidente, una contundente campaña de publicidad en marquesinas de autobús situadas en lugares estratégicos de Washington D.C., publicidad en Internet y la concentración de una coalición de organizaciones ante la Casa Blanca el 11 de enero, 15 aniversario de Guantánamo, Amnistía Internacional quiere hacer que Obama actúe antes de que tome posesión de su cargo el 20 de enero el presidente electo Donald Trump.
“Amnistía Internacional Estados Unidos está movilizando a sus simpatizantes de base y a todas las personas que defienden los derechos humanos para que le digan al presidente Obama que no se puede dejar Guantánamo al presidente electo Trump”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de la organización. “Estamos enormemente preocupados por los derechos humanos en el próximo gobierno Trump, y eso incluye la promesa del presidente electo de ampliar la población de Guantánamo. No podemos arriesgarnos a dejar que esta institución de injusticia se haga permanente. El presidente Obama debe actuar con audacia ya y hacer todo lo posible en el tiempo que le queda para cumplir su promesa de cerrar Guantánamo.”
El anuncio publicitario de Amnistía Internacional en Internet y en las marquesinas de autobús muestra una imagen de la estatua de la Libertad en medio de una multitud, todos vestidos con los tristemente famosos monos de color naranja, con el mensaje: “No dejen Guantánamo a Trump”. El anuncio, que apunta a la acción online de Amnistía en la que se pide al presidente Obama que termine su trabajo y cierre Guantánamo definitivamente, estará en el D.C. varias semanas, hasta que finalice el gobierno Obama.
Próximamente se darán a conocer los detalles de la concentración del 11 de enero, iniciativa conjunta con el Centro de Derechos Constitucionales, Reprieve, Veterans for Peace, Witness Against Torture, National Religious Campaign Against Torture y otros.
La carta abierta de Margaret Huang enviada hoy a Obama dice, entre otras cosas:
“A pesar de sus medidas positivas hasta la fecha, su legado incluirá no haber curado esta corrupción de los ideales de justicia e imparcialidad de nuestro país. Dejará atrás Guantánamo como un sistema de injusticia que —tras sobrevivir 15 años, a dos partidos políticos y a cuatro mandatos presidenciales— podría permanecer abierto en un futuro próximo.
Nuestra preocupación se ve agravada por el enorme aumento de la retórica antimusulmana y antiinmigrantes durante el periodo electoral. Las propuestas para la reclusión sin cargos en gran escala, que en un tiempo parecía algo inconcebible, están ahora sobre la mesa como opciones que su sucesor podría aplicar. Guantánamo, con su vergonzosa tradición de secreto y aislamiento de las actuaciones procesales, sería un lugar demasiado cómodo para el encarcelamiento masivo, y devolvería a Estados Unidos a uno de los capítulos más sombríos de su historia.
“[...] Comenzó usted su presidencia con una orden ejecutiva para acabar con las detenciones en Guantánamo y cerrar el campo de detención. Le pedimos que la termine con una medida audaz para cumplir su promesa.”


El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la responsabilidad de los atentados con explosivos cometidos el lunes contra la población civil de Ciudad Sáder, barrio predominantemente chií de Bagdad. En respuesta, Samah Hadid, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, ha declarado:“El ataque sistemático contra civiles en barrios concurridos a plena luz del día muestra la flagrante indiferencia del Estado Islámico hacia la vida humana y una intención de causar daños y aterrorizar a la población civil. Al reivindicar la responsabilidad de estos terribles atentados, el Estado Islámico alardea de cometer crímenes de guerra.“Estos ataques deliberados contra la población civil no pueden justificarse jamás y constituyen una violación clara del derecho internacional humanitario. Deben parar de inmediato y quienes están detrás de ellos deben responder de ellos ante la justicia.”Según los medios de comunicación, los atentados múltiples mataron al menos a 35 personas e hirieron a más de sesenta; uno fue perpetrado en un concurrido mercado en el centro de Ciudad Sáder, otro en un estacionamiento de automóviles cerca del hospital de Al Kindi y el tercero en las inmediaciones del hospital de Jawader.El Estado Islámico ha reivindicado también el doble atentado cometido en Bagdad el 31 de diciembre que costó la vida de al menos 28 personas y causó heridas a 50, según los medios de comunicación.


Valla de Ceuta © Amnistía Internacional Ante el intento de salto de la madrugada de este domingo, en el que más de mil personas trataron de llegar a España a través de la frontera de Ceuta, Amnistía Internacional denuncia que se han vuelto a producir devoluciones en caliente de las cerca de 70 personas que han conseguido acercarse a la valla, después de que las fuerzas marroquíes repelieran a la mayoría de ellas. Solo dos personas heridas han logrado entrar en Ceuta y se encuentran hospitalizadas. A la organización le preocupa que se estén agravado las expulsiones sumarias en la frontera sur, puesto que se trata de una de las mayores que se han producido en los últimos meses.
“Aunque los heridos más graves han sido hospitalizados, se ha expulsado a gente con heridas leves”, manifiesta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Nos preocupa que las personas no estén accediendo a procedimientos individualizados de asilo, puesto que en este intento de salto podría haber tanto solicitantes de asilo como personas de colectivos vulnerables, incluido menores, que no estarían accediendo a esos procedimientos”, añade el director de la organización.
“España cuenta con el dudoso honor de situarse en un grupo de países como Bulgaria, Hungría y Turquía, que llevan a cabo expulsiones en caliente, violando el derecho internacional e impidiendo que personas que huyen de la guerra y la persecución accedan a la protección internacional a la que tienen derecho”, concluye.
En 2016 más de 2.000 personas han intentado entrar por Ceuta y Melilla, en, al menos, diez saltos masivos, y centenares de ellas han sido devueltas. Amnistía Internacional exige que cesen las expulsiones en caliente y que se garantice que todas las personas tienen acceso tanto a procedimientos individualizados de asilo como a la atención sanitaria que requieren.


El asentamiento ilegal de Maaleh Adumim, en el este de Jerusalen, se contruyó contraviniendo la legislación internacional. 8 abril 2010. © Amnesty International
A raíz de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en la que pide a Israel que cese toda actividad de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados, la directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York, Sherine Tadros, ha manifestado:“Después de un año bochornoso para el Consejo de Seguridad, con divisiones que bloquearon repetidamente la adopción de resoluciones fundamentales para proteger a las personas más indefensas, la decisión de aprobar finalmente una resolución de condena de los asentamientos ilegales israelíes, adoptada hoy, es un positivo avance.”“Es la primera vez que se aprueba una resolución semejante en casi cuatro decenios. En ese tiempo no sólo continuó la construcción de asentamientos, sino que se hizo a paso acelerado.”“La resolución incluye la demanda fundamental a las autoridades israelíes de que suspendan de inmediato todas sus actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados. Tales actividades constituyen una violación flagrante del derecho internacional humanitario y, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de guerra.”“También consideramos positivo que en la resolución se reconozca el carácter ilegal de los asentamientos israelíes. Amnistía Internacional lleva muchos años haciendo campaña sobre este asunto. La política de asentamientos de Israel es intrínsecamente discriminatoria y ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos, como destrucción de viviendas, desalojos forzosos, homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y castigos colectivos.”“Ahora el Consejo de Seguridad debe garantizar que se respeta esta resolución. De hecho, debe dar un paso más y exigir al Estado de Israel no sólo que cumpla con su obligación jurídica de parar la construcción de asentamientos, sino también que proceda a desmantelar sus asentamientos y reasentar a sus habitantes fuera de los Territorios Palestinos Ocupados. Es la única manera de alcanzar una paz justa y duradera.”


Refugiados en la regiónHay más de 4,8 millones de refugiados sirios en sólo cinco países: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto:
Turquía acoge a 2,7 millones de refugiados sirios, más que ningún otro país del mundo.  Líbano acoge a alrededor de 1 millón de refugiados sirios, lo que equivale a casi uno de cada cinco habitantes del país.Jordania acoge a unos 655.675 refugiados sirios, lo que equivale aproximadamente al 10% de la población.Irak, donde hay ya 3,1 millones de personas internamente desplazadas, acoge a 228.894 refugiados sirios.Egipto acoge a 115.204 refugiados sirios.
Al finalizar noviembre de 2016, el llamamiento humanitario de la ONU de 2016 en favor de los refugiados sirios sólo estaba financiado en un 56%.
El 93% de los refugiados sirios residentes en zonas urbanas de Jordania vive por debajo del umbral de pobreza, al igual que el 70% de los refugiados sirios de Líbano, el 65% de Egipto y el 37% de Irak.
El conflicto de SiriaSegún la ONU, alrededor de 13,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente dentro de Siria. Se prevé que el número de personas desplazadas dentro de Siria aumente hasta llegar a 8,7 millones al finalizar 2016.Los cinco países que tienen frontera con Siria (Irak, Israel, Jordania, Líbano y Turquía) han cerrado sus fronteras a las personas que huyen del conflicto. En la actualidad, hay más de 75.000 sirios atrapados en condiciones atroces en la frontera entre Siria y Jordania. Es probable que el conflicto en curso en Siria, incluidos los recientes ataques en Alepo, empuje a más personas a tratar de huir del país.Entre enero y septiembre de 2016, la mayoría de las personas que cruzaban el Mediterráneo para llegar a Europa (el 26,2%) era de nacionalidad siria.
Reasentamiento internacionalDesde el comienzo de la crisis de Siria se han comprometido en total en todo el mundo 224.694 plazas de reasentamiento y otras vías de admisión, lo que equivale a tan sólo el 4,7% de la población total de refugiados sirios de Líbano, Jordania, Irak, Egipto y Turquía.Al menos 480.000 personas refugiadas en los cinco principales países de acogida —el 10%— necesitan ser reasentadas, según el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados).
Datos clave
Los países del Golfo –Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin– no han ofrecido ninguna plaza de reasentamiento para refugiados sirios.Otros países de altos ingresos, como Rusia, Singapur y Corea del Sur, tampoco han ofrecido ninguna plaza de reasentamiento.Alemania ha prometido 43.431 plazas de reasentamiento y otras vías de admisión a refugiados sirios, alrededor del 46% del total de la UE.Excluida Alemania, los 27 países restantes de la UE han prometido unas 51.205 plazas de reasentamiento y otras vías de admisión, lo que equivale aproximadamente al 1% de la población refugiada siria en los principales países de acogida.Alemania y Suecia han recibido entre las dos el 64% de las solicitudes de asilo sirias en Europa entre abril de 2011 y octubre de 2016.
Fuentes: Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM)