Amnistía Internacional España

Activistas de Amnistía Internacional protestan contra la pena de muerte en Japón. YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images El uso persistente de la pena de muerte por el gobierno de Japón es una demostración de desprecio por el derecho a la vida, ha afirmado Amnistía Internacional tras la ejecución el jueves de dos hombres.Estas ejecuciones, las primeras que se llevan a cabo en Japón en 2017, elevan a 19 el número de personas ejecutadas con el gobierno actual desde 2012.Masakatsu Nishikawa, que fue declarado culpable del asesinato de cuatro personas en 1991 y 1992, fue ejecutado en el Centro de Detención de Osaka. Mantuvo su inocencia en alguno de los cargos que se le imputaban, y el periódico Asahi informó de que intentaba obtener un nuevo juicio. Koichi Sumida, que fue declarado culpable de asesinato en 2011, fue ejecutado en el Centro de Detención de Hiroshima.“Las ejecuciones de hoy muestran el grave desprecio del gobierno de Japón por el derecho a la vida. La pena de muerte no hace justicia en ningún caso, y es la forma más extrema de pena cruel e inhumana”, ha afirmado Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia oriental.“Las ejecuciones continúan envueltas en secreto en Japón, pero el gobierno no puede ocultar el hecho de que va a contracorriente de la historia, pues la mayoría de los Estados del mundo han vuelto la espalda a la pena de muerte.”El 1 julio, Mongolia ha sido el último país del mundo (el número 105) que ha abolido la pena de muerte para todos los delitos.En Japón hay 124 personas recluidas en espera de ejecución, según las últimas cifras del Ministerio de Justicia.
Ejecuciones secretasEn Japón es habitual que las ejecuciones se lleven a cabo avisando a los condenados sólo unas horas antes, o sin advertírselo siquiera en algunos casos. Normalmente no se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace tampoco pública hasta que se ha producido.Las ejecuciones secretas contravienen las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Su existencia, así como la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas para las personas condenadas a muerte en Japón, ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.Entre otras cosas, se niega a los acusados la debida asistencia letrada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.


Ali al Nimr fue detenido en 2012, cuando tenían 17 años ha agotado todos los recursos de que disponían y corren el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento. El gobierno de Arabia Saudí está utilizando la pena de muerte como arma política para silenciar la disidencia, ha afirmado Amnistía Internacional tras la ejecución de cuatro chiíes en la Provincia Oriental de Arabia Saudí el 11 de julio.Yussuf Ali al Mushaikass, padre de dos hijos, fue ejecutado junto con otros tres hombres por delitos relacionados con el terrorismo, vinculados con su participación en protestas antigubernamentales en la Provincia Oriental, de mayoría chií, entre 2011 y 2012. Fue declarado culpable de delitos que incluían “rebelión armada contra el soberano”, “desestabilizar la seguridad y provocar la sedición uniéndose a un grupo terrorista”, “disparar en una comisaría de policía en Awamiyya dos veces, causando lesiones a un policía” y “participar en disturbios”. Según los informes, no se comunicó de antemano la ejecución a la familia de Yussuf al Mushaikass, que tuvo noticia de ella después, al ver en la televisión la lectura de una declaración del gobierno.“Estas brutales ejecuciones son el episodio más reciente de la persecución que las autoridades de Arabia Saudí llevan a cabo contra la minoría chií. Se está utilizando la pena de muerte como arma política para castigar a esta minoría por atreverse a protestar contra el trato que reciben y para silenciar a otros mediante la intimidación”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de Investigación de la oficina de Amnistía Internacional en Beirut.“Yussuf al Mushaikass fue declarado culpable tras un juicio manifiestamente injusto que se basó en gran medida de una ‘confesión’ obtenida mediante tortura. La comunidad internacional debe mostrar firmeza ante Arabia Saudí para asegurar que otras personas en peligro de ser ejecutadas después de procedimientos judiciales que adolecieron de profundas deficiencias no corren la misma suerte. Arabia Saudí debe anular sus condenas a muerte y declarar la suspensión oficial de las ejecuciones.”Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos otros 34 hombres chiíes condenados actualmente a muerte. En todos los casos fueron acusados de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y condenados a muerte por el Tribunal Penal Especializado, un conocido tribunal antiterrorista. Entre las personas que en la actualidad están en espera de ejecución hay cuatro nacionales de Arabia Saudí que fueron declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes.Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, que fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años, respectivamente, han agotado todos los recursos de que disponían y corren el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento.El 10 de julio se confirmó en apelación la condena a muerte de Abdulkareem al Hawaj. Fue declarado culpable de delitos cometidos cuando tenía 16 años.Los cuatro jóvenes fueron declarados culpables de delitos relacionados con la seguridad tras participar en protestas contra el gobierno. En los cuatro casos, la sentencia del Tribunal Penal Especializado parece basarse en “confesiones” que, según los jóvenes, se obtuvieron mediante tortura y otros malos tratos, denuncias que el tribunal no ordenó investigar.Aumento de las ejecucionesLa ejecución de Yussuf al Mushaikass y los otros tres hombres son las últimas de un repunte de las ejecuciones en Arabia Saudí desde el final del Ramadán, periodo en el que se ha ejecutado a 15 personas, 13 de ellas sólo en los tres últimos días. En 2017, hasta la fecha, han sido ejecutadas 55 personas en el país.“El gobierno de Arabia Saudí no da muestras de aminorar su uso de la pena de muerte, de la que ha hecho un intenso uso desde la tradicional pausa del Ramadán”, ha afirmado Lynn Maalouf.“El uso de la pena de muerte continúa en gran escala, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos y a menudo después de juicios manifiestamente injustos y en algunos casos de motivación política”.
Información complementariaAmnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde se lleva a cabo un número mayor de ejecuciones, con más de 2.000 personas ejecutadas entre 1985 y 2016, cuando 141 países del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica, de los que 105 han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades para que declaren de inmediato la suspensión de todas las ejecuciones como primera medida para la abolición de la pena de muerte.


Mosul, Norte de Iraq, Mayo 2017 © AI Respondiendo a afirmaciones realizadas por portavoces de la coalición liderada por Estados Unidos, Lynn Maalouf, directora de Investigación en Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Lamentamos la displicencia con que la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas iraquíes han tratado nuestro informe en el que se describe el inmenso sufrimiento de la población civil en Mosul occidental.”
“Como mínimo, los gobiernos que forman parte de la coalición y las fuerzas iraquíes deben garantizar una investigación inmediata e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que hemos documentado.”
“Esperamos un reconocimiento público e inmediato del inmenso coste que esta batalla ha supuesto para la población, así como una respuesta transparente de las fuerzas iraquíes y de la coalición liderada por Estados Unidos a las violaciones de derechos humanos y los ataques documentados por Amnistía Internacional en su informe sobre la operación en Mosul occidental.”
“Incluso las guerras tienen leyes, y cuando éstas se vulneran deben rendirse cuentas.”
“Amnistía Internacional ha documentado la comisión de horrendos crímenes de guerra contra la población civil por el grupo armado autodenominado Estado Islámico, pero las violaciones de derechos humanos de una de las partes en un conflicto no justifican en ningún caso que sus adversarios vulneren las leyes de la guerra.”
“El uso de armas explosivas con efectos en zonas amplias y de ataques aéreos desproporcionados en zonas densamente pobladas muestra que las fuerzas iraquíes y de la coalición liderada por Estados Unidos no han adaptado sus tácticas a la realidad sobre el terreno.”
“No cabe ninguna duda de que se podría haber evitado la muerte de cientos, si no miles, de civiles en Mosul occidental, si las fuerzas iraquíes y la coalición liderada por Estados Unidos hubieran dado prioridad a su protección, como exige el derecho internacional humanitario.”
En contra de las afirmaciones realizadas por la coalición liderada por Estados Unidos, Amnistía Internacional envió una carta al Departamento de Defensa de Estados Unidos en la que presentaba las conclusiones preliminares del informe el 20 de junio de 2017 y solicitaba comentarios. Amnistía no ha recibido respuesta formal alguna por escrito a dicha carta.


Migrantes y refugiados esperan recibir chalecos salvavidas de la ONG española Open Arms. 15 de junio de 2017. AP Photo/Emilio Morenatti Miles de personas refugiadas y migrantes más podrían morir en el mar si se aplica un deficiente código de conducta para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tras revisar un borrador filtrado del documento.
“La propuesta de código de conducta para las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo podría poner vidas en peligro, lo cual es perverso. Los intentos de restringir las operaciones de búsqueda y salvamento de las ONG, que están salvando vidas, podrían poner en peligro a miles de personas al dificultar el acceso de los barcos a las peligrosas aguas próximas a Libia”, ha afirmado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
El código de conducta, elaborado por Italia, se propuso por primera vez en una reunión informal del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE el 6 de julio de 2017.
El borrador de pacto restringiría la labor de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central con las siguientes medidas:
Les prohíbe entrar en aguas territoriales libias para realizar salvamentos.
Les prohíbe usar luces para indicar su posición a las embarcaciones en riesgo inminente de hundimiento.
Las obliga a regresar a puerto para desembarcar a las personas refugiadas y migrantes, en lugar de permitirles trasladar a las personas rescatadas a otros barcos en el mar en caso necesario. Esto obligaría a los equipos de búsqueda y salvamento de las ONG a alejarse durante largos periodos de la zona donde son necesarios, dejando a más personas en peligro de ahogarse en el Mediterráneo central.
El borrador incluye la amenaza de negarse a permitir que los barcos de las ONG desembarquen en Italia si no firman el código o incumplen alguna de sus disposiciones.

Cualquier código de conducta, de ser necesario, debería tener por objetivo que las operaciones de rescate marítimo sean más efectivas

Cualquier código de conducta, de ser necesario, debería tener por objetivo que las operaciones de rescate marítimo para salvar vidas sean más efectivas, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, debería acordarse previa consulta con los grupos que realizan dichas operaciones, aplicarse a todos los barcos que llevan a cabo salvamentos en el Mediterráneo y no estar vinculado al desembarco.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch creen que el código de conducta podría, en algunos casos, dificultar las operaciones de salvamento y retrasar los desembarcos en un lugar seguro en un plazo razonable, lo que infringiría las obligaciones que han de cumplir tanto los Estados como los capitanes de navío en virtud del derecho internacional marítimo.
La propuesta italiana de un código de conducta para ONG se produce en medio de una campaña de estigmatización orquestada contra estos grupos y coincide con la petición de Italia de que se reparta más entre los Estados miembros de la UE la responsabilidad del salvamento y el desembarco. La UE y sus países miembros no han proporcionado a Italia ni a otros Estados miembros de primera línea el apoyo y la asistencia compartidos que necesitan. Por el contrario, la Unión se ha centrado en formar a la guardia costera libia, dependiente del Gobierno de Acuerdo Nacional que respalda la ONU, con el fin de aumentar su capacidad para interceptar barcos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado conductas temerarias y abusivas de las fuerzas de la guardia costera libia.
“Las ONG están en el Mediterráneo rescatando a personas porque no lo está haciendo la UE”, ha declarado Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “Habida cuenta de la magnitud de las tragedias en el mar y los terribles abusos a los que están expuestas las personas migrantes y solicitantes de asilo en Libia, la UE debería trabajar con Italia para mejorar y fortalecer la búsqueda y el salvamento en las aguas libias en lugar de limitarlos”.
Información complementaria
El 12 de julio, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo celebrará un “intercambio de opiniones sobre búsqueda y salvamento en el Mediterráneo” entre parlamentarios y parlamentarias, la guardia costera italiana, la agencia europea para la gestión de las fronteras (Frontex) y ONG.
Desde enero de 2017 han muerto en el Mediterráneo central más de 2.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones.
La semana pasada, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe, titulado A Perfect Storm, sobre la relación entre el fracaso de las políticas de la UE y este creciente número de muertes, y los terribles abusos a los que están expuestas miles de personas refugiadas y migrantes en los centros de detención libios. El 19 de junio, Human Rights Watch publicó un detallado informe sobre la falta de capacidad de las fuerzas de la guardia costera libia para llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento seguras.
Las ONG han rescatado a más de 80.000 personas refugiadas y migrantes que cruzaban el mar desde Libia hacia Italia desde que se canceló la operación italiana “Mare Nostrum” en 2014.
En una conferencia de prensa celebrada en Bruselas el martes 4 de junio, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) criticaron la propuesta de código de conducta para las ONG.
Este año, dos investigaciones de sendas comisiones parlamentarias italianas no hallaron ninguna prueba de conducta indebida por parte de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento o contribuyen a actividades de búsqueda y salvamento. La guardia costera y la Armada italianas han expresado su opinión de que las ONG son útiles y muestran una actitud de colaboración.  


© Amnesty International En Ghana, cerca de 150 presos y presas condenados a muerte se consumen en condiciones atroces y sólo unos pocos pueden apelar sus sentencias condenatorias, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que pide al nuevo gobierno del país abolir definitivamente la pena de muerte. Basado en entrevistas con 107 hombres y mujeres recluidos en espera de ejecución, el informe Locked up and Forgotten: The need to abolish the death penalty in Ghana aporta nuevos datos sobre por qué Ghana debe abolir esta pena cruel, de acuerdo con la recomendación de 2011 de la Comisión de Revisión de la Constitución de Ghana. “La revisión constitucional de 2011 debería haber marcado el punto final para la pena de muerte en Ghana pero, seis años después, los tribunales continúan imponiendo esta pena cruel y las personas condenadas a muerte siguen atrapadas en condiciones de hacinamiento, separadas del resto de la población reclusa y sin acceso a actividades educativas o recreativas”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “Las autoridades ghanesas deben conmutar por penas de prisión las condenas a muerte de todos los presos en espera de ejecución y garantizar que se revisan todos los casos para identificar posibles errores judiciales.” Preocupación por la falta de garantías de juicio justoMuchas personas condenadas a muerte dijeron a Amnistía Internacional que no habían recibido una asistencia letrada adecuada en sus juicios y, la gran mayoría, no habían podido presentar apelaciones. Aunque el gobierno facilitó asistencia letrada para el juicio a unas tres cuartas partes de los presos, algunos dijeron que sus representantes legales les había pedido un pago por sus servicios. Varios presos dijeron que su abogado o abogada no había asistido a todas las audiencias judiciales y muchos otros explicaron que no habían podido hablar con su abogado para preparar su defensa.
Uno de los presos en espera de ejecución dijo: “No tengo dinero, y es por eso por lo que estoy aquí. Si tuviera dinero ahora estaría libre”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial de ONU sobre la tortura ya han manifestado anteriormente su preocupación por la calidad de la asistencia letrada de oficio en Ghana.Menos de uno de cada cuatro condenados a muerte entrevistados habían podido apelar su sentencia condenatoria, y el Servicio de Prisiones de Ghana informó a Amnistía Internacional de que, desde 2006, sólo 12 personas recluidas en espera de ejecución habían presentado recursos de apelación, de los que prosperaron la mitad. Pocas de las personas condenadas a muerte sabían cómo presentar un recurso de apelación o acceder a asistencia letrada gratuita, y la mayoría no podían pagar un abogado privado. Condiciones deficientes de reclusión de las personas condenadas a muerteLos condenados y condenadas a muerte de la prisión de Nsawam viven en condiciones de hacinamiento, en instalaciones mal conservadas y con sólo siete aseos para más de 100 personas. En la zona para hombres hay 24 celdas pequeñas con 4 presos en cada una, 4 celdas de tamaño mediano con hasta 8 presos por celda y 2 celdas grandes con 16 presos en cada una de ellas. En cada celda hay una sola ventana que está cerrada con barras metálicas y no se puede abrir, con pequeños agujeros en las paredes como única ventilación. En la prisión hay 4 mujeres condenadas a muerte que comparten la misma celda, aisladas de las demás reclusas. Los hombres y mujeres condenados a muerte presentan signos de angustia y ansiedad, y varios de ellos lloraron al hablar con Amnistía Internacional sobre su situación.Uno de los presos aseguró a Amnistía Internacional: “Si me mataran, estaría mejor que aquí”. Amnistía Internacional pide a las autoridades ghanesas que garanticen que se proporciona a los presos y presas alimentación, atención médica y acceso a instalaciones recreativas y educativas adecuadas, con arreglo a las normas internacionales.En marzo de 2017 se consideraba oficialmente que seis de las personas condenadas a muerte sufrían discapacidad mental e intelectual, pero no se les había prestado un trato especializado, aunque el Servicio de Prisiones dijo que estaban intentando conseguir apoyo psiquiátrico. “Condenar a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual viola el derecho internacional de los derechos humanos y pone en peligro su seguridad y la de los otros presos”, ha dicho Alioune Tine.Los presos y presas condenados a muerte también sufren discriminación y aislamiento, al no poder participar de las oportunidades recreativas y educativas disponibles para otros presos.Uno de los presos describió el área destinada a los condenados a muerte como “una prisión dentro de una prisión”. Una mujer que llevaba nueve años en espera de ejecución explicó a Amnistía Internacional: “No hago nada. Sólo barro y espero.” Tendencia hacia la abolición de la pena de muerteAmnistía Internacional pide a las autoridades de Ghana abolir la pena de muerte para todos los delitos.“Hay 105 países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 19 de ellos en África. Una excelente manera en que Ghana podría celebrar el 60 aniversario de su independencia este año sería abolir esta pena cruel y acabar con el sufrimiento de los condenados a muerte, que están encerrados y olvidados”, ha expresado Alioune Tine. Información generalA 30 de diciembre de 2016 había 148 personas condenadas a muerte en Ghana, 144 hombres y 4 mujeres. Todas ellas habían sido condenadas a muerte por asesinato. La última ejecución en Ghana se llevó a cabo en 1993.Para este informe, Amnistía Internacional ha entrevistado a 107 condenados y condenadas a muerte —104 hombres y 3 mujeres— durante dos visitas, en agosto de 2016 y marzo de 2017.


Migrantes y refugiados esperan recibir chalecos salvavidas de la ONG española Open Arms. 15 de junio de 2017. AP Photo/Emilio Morenatti Miles de personas refugiadas y migrantes más podrían morir en el mar si se aplica un deficiente código de conducta para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tras revisar un borrador filtrado del documento.
“La propuesta de código de conducta para las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo podría poner vidas en peligro, lo cual es perverso. Los intentos de restringir las operaciones de búsqueda y salvamento de las ONG, que están salvando vidas, podrían poner en peligro a miles de personas al dificultar el acceso de los barcos a las peligrosas aguas próximas a Libia”, ha afirmado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
El código de conducta, elaborado por Italia, se propuso por primera vez en una reunión informal del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE el 6 de julio de 2017.
El borrador de pacto restringiría la labor de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central con las siguientes medidas:
Les prohíbe entrar en aguas territoriales libias para realizar salvamentos.
Les prohíbe usar luces para indicar su posición a las embarcaciones en riesgo inminente de hundimiento.
Las obliga a regresar a puerto para desembarcar a las personas refugiadas y migrantes, en lugar de permitirles trasladar a las personas rescatadas a otros barcos en el mar en caso necesario. Esto obligaría a los equipos de búsqueda y salvamento de las ONG a alejarse durante largos periodos de la zona donde son necesarios, dejando a más personas en peligro de ahogarse en el Mediterráneo central.
El borrador incluye la amenaza de negarse a permitir que los barcos de las ONG desembarquen en Italia si no firman el código o incumplen alguna de sus disposiciones.

Cualquier código de conducta, de ser necesario, debería tener por objetivo que las operaciones de rescate marítimo sean más efectivas

Cualquier código de conducta, de ser necesario, debería tener por objetivo que las operaciones de rescate marítimo para salvar vidas sean más efectivas, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, debería acordarse previa consulta con los grupos que realizan dichas operaciones, aplicarse a todos los barcos que llevan a cabo salvamentos en el Mediterráneo y no estar vinculado al desembarco.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch creen que el código de conducta podría, en algunos casos, dificultar las operaciones de salvamento y retrasar los desembarcos en un lugar seguro en un plazo razonable, lo que infringiría las obligaciones que han de cumplir tanto los Estados como los capitanes de navío en virtud del derecho internacional marítimo.
La propuesta italiana de un código de conducta para ONG se produce en medio de una campaña de estigmatización orquestada contra estos grupos y coincide con la petición de Italia de que se reparta más entre los Estados miembros de la UE la responsabilidad del salvamento y el desembarco. La UE y sus países miembros no han proporcionado a Italia ni a otros Estados miembros de primera línea el apoyo y la asistencia compartidos que necesitan. Por el contrario, la Unión se ha centrado en formar a la guardia costera libia, dependiente del Gobierno de Acuerdo Nacional que respalda la ONU, con el fin de aumentar su capacidad para interceptar barcos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado conductas temerarias y abusivas de las fuerzas de la guardia costera libia.
“Las ONG están en el Mediterráneo rescatando a personas porque no lo está haciendo la UE”, ha declarado Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “Habida cuenta de la magnitud de las tragedias en el mar y los terribles abusos a los que están expuestas las personas migrantes y solicitantes de asilo en Libia, la UE debería trabajar con Italia para mejorar y fortalecer la búsqueda y el salvamento en las aguas libias en lugar de limitarlos”.
Información complementaria
El 12 de julio, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo celebrará un “intercambio de opiniones sobre búsqueda y salvamento en el Mediterráneo” entre parlamentarios y parlamentarias, la guardia costera italiana, la agencia europea para la gestión de las fronteras (Frontex) y ONG.
Desde enero de 2017 han muerto en el Mediterráneo central más de 2.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones.
La semana pasada, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe, titulado A Perfect Storm, sobre la relación entre el fracaso de las políticas de la UE y este creciente número de muertes, y los terribles abusos a los que están expuestas miles de personas refugiadas y migrantes en los centros de detención libios. El 19 de junio, Human Rights Watch publicó un detallado informe sobre la falta de capacidad de las fuerzas de la guardia costera libia para llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento seguras.
Las ONG han rescatado a más de 80.000 personas refugiadas y migrantes que cruzaban el mar desde Libia hacia Italia desde que se canceló la operación italiana “Mare Nostrum” en 2014.
En una conferencia de prensa celebrada en Bruselas el martes 4 de junio, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) criticaron la propuesta de código de conducta para las ONG.
Este año, dos investigaciones de sendas comisiones parlamentarias italianas no hallaron ninguna prueba de conducta indebida por parte de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento o contribuyen a actividades de búsqueda y salvamento. La guardia costera y la Armada italianas han expresado su opinión de que las ONG son útiles y muestran una actitud de colaboración.  


© Amnesty International En Ghana, cerca de 150 presos y presas condenados a muerte se consumen en condiciones atroces y sólo unos pocos pueden apelar sus sentencias condenatorias, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que pide al nuevo gobierno del país abolir definitivamente la pena de muerte. Basado en entrevistas con 107 hombres y mujeres recluidos en espera de ejecución, el informe Locked up and Forgotten: The need to abolish the death penalty in Ghana aporta nuevos datos sobre por qué Ghana debe abolir esta pena cruel, de acuerdo con la recomendación de 2011 de la Comisión de Revisión de la Constitución de Ghana. “La revisión constitucional de 2011 debería haber marcado el punto final para la pena de muerte en Ghana pero, seis años después, los tribunales continúan imponiendo esta pena cruel y las personas condenadas a muerte siguen atrapadas en condiciones de hacinamiento, separadas del resto de la población reclusa y sin acceso a actividades educativas o recreativas”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “Las autoridades ghanesas deben conmutar por penas de prisión las condenas a muerte de todos los presos en espera de ejecución y garantizar que se revisan todos los casos para identificar posibles errores judiciales.” Preocupación por la falta de garantías de juicio justoMuchas personas condenadas a muerte dijeron a Amnistía Internacional que no habían recibido una asistencia letrada adecuada en sus juicios y, la gran mayoría, no habían podido presentar apelaciones. Aunque el gobierno facilitó asistencia letrada para el juicio a unas tres cuartas partes de los presos, algunos dijeron que sus representantes legales les había pedido un pago por sus servicios. Varios presos dijeron que su abogado o abogada no había asistido a todas las audiencias judiciales y muchos otros explicaron que no habían podido hablar con su abogado para preparar su defensa.
Uno de los presos en espera de ejecución dijo: “No tengo dinero, y es por eso por lo que estoy aquí. Si tuviera dinero ahora estaría libre”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial de ONU sobre la tortura ya han manifestado anteriormente su preocupación por la calidad de la asistencia letrada de oficio en Ghana.Menos de uno de cada cuatro condenados a muerte entrevistados habían podido apelar su sentencia condenatoria, y el Servicio de Prisiones de Ghana informó a Amnistía Internacional de que, desde 2006, sólo 12 personas recluidas en espera de ejecución habían presentado recursos de apelación, de los que prosperaron la mitad. Pocas de las personas condenadas a muerte sabían cómo presentar un recurso de apelación o acceder a asistencia letrada gratuita, y la mayoría no podían pagar un abogado privado. Condiciones deficientes de reclusión de las personas condenadas a muerteLos condenados y condenadas a muerte de la prisión de Nsawam viven en condiciones de hacinamiento, en instalaciones mal conservadas y con sólo siete aseos para más de 100 personas. En la zona para hombres hay 24 celdas pequeñas con 4 presos en cada una, 4 celdas de tamaño mediano con hasta 8 presos por celda y 2 celdas grandes con 16 presos en cada una de ellas. En cada celda hay una sola ventana que está cerrada con barras metálicas y no se puede abrir, con pequeños agujeros en las paredes como única ventilación. En la prisión hay 4 mujeres condenadas a muerte que comparten la misma celda, aisladas de las demás reclusas. Los hombres y mujeres condenados a muerte presentan signos de angustia y ansiedad, y varios de ellos lloraron al hablar con Amnistía Internacional sobre su situación.Uno de los presos aseguró a Amnistía Internacional: “Si me mataran, estaría mejor que aquí”. Amnistía Internacional pide a las autoridades ghanesas que garanticen que se proporciona a los presos y presas alimentación, atención médica y acceso a instalaciones recreativas y educativas adecuadas, con arreglo a las normas internacionales.En marzo de 2017 se consideraba oficialmente que seis de las personas condenadas a muerte sufrían discapacidad mental e intelectual, pero no se les había prestado un trato especializado, aunque el Servicio de Prisiones dijo que estaban intentando conseguir apoyo psiquiátrico. “Condenar a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual viola el derecho internacional de los derechos humanos y pone en peligro su seguridad y la de los otros presos”, ha dicho Alioune Tine.Los presos y presas condenados a muerte también sufren discriminación y aislamiento, al no poder participar de las oportunidades recreativas y educativas disponibles para otros presos.Uno de los presos describió el área destinada a los condenados a muerte como “una prisión dentro de una prisión”. Una mujer que llevaba nueve años en espera de ejecución explicó a Amnistía Internacional: “No hago nada. Sólo barro y espero.” Tendencia hacia la abolición de la pena de muerteAmnistía Internacional pide a las autoridades de Ghana abolir la pena de muerte para todos los delitos.“Hay 105 países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 19 de ellos en África. Una excelente manera en que Ghana podría celebrar el 60 aniversario de su independencia este año sería abolir esta pena cruel y acabar con el sufrimiento de los condenados a muerte, que están encerrados y olvidados”, ha expresado Alioune Tine. Información generalA 30 de diciembre de 2016 había 148 personas condenadas a muerte en Ghana, 144 hombres y 4 mujeres. Todas ellas habían sido condenadas a muerte por asesinato. La última ejecución en Ghana se llevó a cabo en 1993.Para este informe, Amnistía Internacional ha entrevistado a 107 condenados y condenadas a muerte —104 hombres y 3 mujeres— durante dos visitas, en agosto de 2016 y marzo de 2017.


Las autoridades turcas deben poner en libertad inmediata e incondicional a 10 defensores y defensoras de los derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional después de que se ampliara siete días más su detención en dependencias policiales, que duraba ya una semana.La directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, es una de las 10 personas detenidas el 5 de julio mientras participaban en un taller rutinario. Están siendo investigadas bajo la sospecha infundada de pertenecer una “organización terrorista armada”.“A tenor de estas noticias, renovamos nuestra enérgica petición de libertad inmediata e incondicional para nuestra directora en Turquía y otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos con ella”, ha dicho John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.“Es verdaderamente absurdo que estén siendo investigados por pertenecer a una organización terrorista armada. No deberían haber pasado ni un segundo entre rejas. El hecho de que estas personas vayan a empezar una segunda semana en los calabozos de la policía es una escandalosa muestra del cruel trato que se dispensa a quienes intentan defender los derechos humanos en Turquía.”


Víctimas tras un ataque aéreo del Estado Islámico en Mosul. 17 de marzo de 2017. ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela la terrible magnitud de las muertes, lesiones y sufrimientos causados a la población civil atrapada en medio de la batalla por el oeste de Mosul. El informe documenta cómo el grupo autodenominado Estado Islámico ha llevado a civiles de pueblos de alrededor a las zonas de combate del oeste de Mosul, los ha dejado atrapados dentro de sus hogares y les ha impedido escapar, a fin de utilizarlos como escudos humanos. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes y de la coalición, en vez de tomar medidas adecuadas para proteger a la población civil, la han dejado expuesta a terribles ataques efectuados con armas que jamás deben ser utilizadas en zonas civiles densamente pobladas. At any cost: The civilian catastrophe in West Mosul, Iraq, cubre las hostilidades que han tenido lugar en el oeste de Mosul desde enero hasta mediados de mayo de 2017. El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 151 personas, entre habitantes del oeste del Mosul, especialistas y analistas, y documentó 45 ataques en total, que mataron al menos a 426 civiles e hirieron a más de 100, lo que ha permitido analizar 9 ataques específicos de las fuerzas iraquíes y de la coalición dirigida por Estados Unidos.“La magnitud y gravedad de la pérdida de vidas civiles que se ha producido en la operación de reconquista de Mosul deben reconocerse públicamente y de inmediato en los niveles superiores de los gobiernos de Irak y los Estados que forman parte de la coalición dirigida por Estados Unidos”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

Los horrores que la población de Mosul ha visto y el desprecio por la vida humana de todas las partes en el conflicto no pueden quedar impunes
Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio
“Los horrores que la población de Mosul ha visto y el desprecio por la vida humana de que han dado muestra todas las partes en el conflicto no deben quedar impunes. Han sido aniquiladas familias enteras, muchas de las cuales yacen todavía bajo los escombros. La población de Mosul merece saber, de boca de su gobierno, que habrá justicia y reparación, para abordar debidamente así los horrorosos efectos de esta operación.“Debe establecerse de inmediato una comisión independiente, encargada de garantizar que se lleva a cabo una investigación efectiva de todo incidente sobre el que haya indicios creíbles de comisión de violaciones del derecho internacional y que se hacen públicos los resultados.”
Violaciones del derecho internacional cometidas por el Estado Islámico: desplazamiento forzado, ejecuciones sumarias y uso de escudos humanosDesde octubre de 2016, el Estado Islámico llevó a cabo una campaña sistemática de desplazamiento forzado, en la que trasladó a miles de civiles de pueblos vecinos a zonas que estaban todavía bajo su control. Luego utilizó estos civiles como escudos humanos.“Abu Haidar”, habitante del pueblo de Tel Arbeed a quien el Estado Islámico había obligado a mudarse al oeste de Mosul, contó a Amnistía Internacional:“[Los miembros del Estado Islámico] te decían que tenías que marcharte o te mataban. Nos trajeron para utilizarnos como escudos humanos. Nos trajeron para ponernos entre ellos y los misiles. Todo esto fue antes de que comenzara la operación por el oeste de Mosul [...] Cuando las fuerzas iraquíes avanzaron, el Estado Islámico retrocedió y se llevó a la mayoría de los civiles consigo"Para impedir a los civiles evacuar las zonas en busca de seguridad, el Estado Islámico dejaba a la gente atrapada dentro de sus casas, soldándoles la puerta para que no pudieran abrir, poniendo armas trampa en las salidas y ejecutando sumariamente a centenares o, quizá, miles de personas que habían intentado escapar.
“Mohsen”, que vivía en Mosul, explicó a Amnistía Internacional: “Vinieron en una camioneta con un generador en la parte de atrás y soldaron la rendija que quedaba entre las dos puertas [...] Lo hicieron en nuestra puerta y, peor aún, en otra casa de nuestro barrio donde había centenares de personas.”Otro hombre, “Hasan”, vio al Estado Islámico colgar de los postes eléctricos los cadáveres de civiles que habían intentado huir. Explicó: “No teníamos opción. Si te quedabas, morías en tu casa a causa de los combates. Si intentabas escapar, te atrapaban, te mataban y colgaban tu cadáver de un poste eléctrico como advertencia. A cuatro vecinos nuestros, los atraparon al intentar escapar, y vi colgarlos del poste eléctrico. Los dejaron días allí colgados. Colgaron a entre 15 y 50 personas de los postes.”El miedo a que el Estado Islámico los matara al intentar huir hacía que muchos civiles esperaran hasta que los enfrentamientos alcanzaran su punto álgido. Cuando los combatientes de SI estaban ya centrados en la lucha, los civiles aprovechan para llegar directamente hasta las fuerzas iraquíes cruzando el frente.
Violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerza iraquíes y la coalición dirigida por Estados Unidos: Ataques ilícitos y uso de armas explosivas y poco precisas“Cuando llegaron las fuerzas iraquíes, llegaron con ellas los morteros y los misiles.” – MohsenComo el Estado Islámico obligaba a la población civil a trasladarse a las zonas de combate y la impedía escapar, las partes del oeste de Mosul bajo su control se fueron llenando cada vez más de civiles a medida que se intensificaba la batalla. Las fuerzas iraquíes y la coalición dirigida por Estados Unidos no adaptaron sus tácticas a este hecho y continuaron utilizando armas explosivas y poco precisas, con efectos en una amplia superficie, en entornos urbanos densamente poblados.“El uso de personas como escudos humanos por parte del SI no exime en absoluto a las fuerzas partidarias del gobierno de la obligación jurídica de proteger a la población civil. Los encargados de planear las operaciones militares debían haber puesto especial cuidado al determinar el modo de utilizar las armas para garantizar que los ataques no eran ilícitos”, ha afirmado Lynn Maalouf.Amnistía Internacional ha documentado una constante de ataques en los que parece que la coalición dirigida por Estados Unidos y las fuerzas iraquíes no alcanzaron los objetivos militares previstos, sino que mataron e hirieron a civiles y destruyeron o dañaron bienes civiles. En algunos casos, parece que las muertes y lesiones causadas a civiles fueron consecuencia de la elección de armas inapropiadas para esas circunstancias o al hecho de no haber tomado las precauciones necesarias para verificar si el blanco era un objetivo militar.Incluso en ataques en los que parece que se alcanzó el objetivo militar previsto, el uso de armas al parecer innecesariamente potentes o la ausencia de las debidas precauciones causaron pérdidas innecesarias de vidas civiles. Por ejemplo, el 17 de marzo de 2017, un ataque aéreo estadounidense efectuado sobre el barrio de Al Yadida de Mosul con objeto de neutralizar a dos francotiradores del Estado Islámico mató al menos a 105 civiles. Con independencia de que, como sostuvo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se produjera una explosión secundaria, los responsables deberían haber sabido perfectamente que los riesgos que suponía para la población civil el uso de una bomba de más de 200 kilos eran claramente excesivos con respecto a la ventaja militar prevista.Mohamed, vecino de Al Tenak, barrio del oeste de Mosul, contó a Amnistía Internacional: “Los ataques iban dirigidos contra los francotiradores del Estado Islámicos. Un ataque destruyó una casa de dos pisos entera. Bombardearon de noche y de día. Alcanzaron muchas casas. Daban en una casa y destruían también las dos casas de los lados. Mataron a muchísima gente.”“Las fuerzas iraquíes y los miembros de la coalición dirigida por Estados Unidos deben garantizar que los combates contra el Estado Islámico –no sólo en la batalla por Mosul, sino también en todas las demás de Irak y Siria– se libran de manera coherente con el derecho y las normas internacionales. Los Estados que participan en esta batalla no deben centrarse sólo en su aspecto militar, sino que tienen también que desplegar conjuntamente los recursos necesarios para aliviar el sufrimiento increíble de la población civil atrapada en medio del conflicto y sometida a abusos por el Estados Islámico”, ha añadido Lynn Maalouf.


Activistas de Amnistía Internacional Catalunya, el 10 de julio de 2017, frente al Consulado turco en Barcelona. ©AI Activistas de más de 30 países se unirán a las protestas ante las embajadas turcas exigiendo la libertad del presidente y la directora de Amnistía Internacional, así como de otros destacados defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados en la espiral de represión.Las manifestaciones se celebran transcurrido un mes desde que el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, fuera enviado a prisión preventiva por cargos infundados, y cinco días después de la detención de su directora, İdil Eser, junto con otros siete destacados activistas de derechos humanos. Todos se enfrentan a investigaciones penales por la sospecha absurda de que pertenecen a una “organización terrorista armada”.“Ahora que nos acercamos al primer aniversario del estado de excepción en Turquía, estos casos demuestran lo arbitraria y feroz que ha sido la represión llevada a cabo contra la oposición, real o supuesta, tras el golpe. Cada día que pasa aumenta el clamor para que se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a nuestros compañeros, un clamor que no será acallado”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo reputados defensores y defensoras de los derechos humanos son encarcelados por motivos espurios en un intento claramente tóxico de intimidar a las valientes voces críticas de Turquía que se han negado a ser silenciadas. Mientras estén en la cárcel, marcharemos en su favor. Mientras estén amordazados, protestaremos por ellos.”İdil Eser, siete destacados defensores y defensoras de los derechos humanos y dos formadores fueron detenidos cuando asistían a un taller formativo profesional. Durante más de 28 horas, las autoridades rehusaron revelar su paradero y les negaron el derecho a llamar a sus seres queridos.Se ha autorizado que permanezcan detenidos durante siete días, un plazo que podría prorrogarse otros siete sin necesidad de presentarlos ante los tribunales.Taner Kiliç fue detenido el 6 de junio. Tres días después fue acusado de “pertenecer a la organización terrorista Fethullah Gülen” y puesto en prisión preventiva. La alegación presentada por las autoridades que teóricamente vincula a Taner Kiliç con el movimiento Gülen es que se descubrió que, en agosto de 2014, Taner tenía en su teléfono Bylock, una aplicación de mensajería segura para telefonía móvil que, según las autoridades, utilizaban los miembros de la “Organización Terrorista Fethullah Gülen”.No se ha presentado ninguna prueba que sustente esta alegación, y Taner Kiliç niega haber descargado o utilizado jamás Bylock, o haber oído siquiera hablar de ella, hasta que se dio amplia publicidad a su presunto uso en relación con recientes detenciones y procesamientos.“Mi marido lleva un mes encarcelado indebida e ilegalmente. Esto ha sido devastador para nosotros”, ha dicho Hatice Kiliç, esposa de Taner.“Quiero dar las gracias en nombre de mi esposo y mi familia a todas las personas que nos han apoyado durante este tiempo, y espero que todo este gran esfuerzo en su favor continúe hasta que Taner sea puesto en libertad.”Información complementariaAdemás de İdil Eser, los siete defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos son: İlknur Üstün, Coalición de Mujeres; Günal Kurşun, abogado, Asociación de la Agenda de Derechos Humanos; Nalan Erkem, abogada, Asamblea de Ciudadanos; Nejat Taştan, Asociación de Vigilancia por la Igualdad de Derechos; Özlem Dalkıran, Asamblea de Ciudadanos; Şeyhmuz Özbekli, abogado; y Veli Acu, Asociación de la Agenda de Derechos Humanos.Taner Kiliç ha sido miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Turquía durante varios periodos desde 2002, y la preside desde 2014. Durante sus decenios de trabajo para organizaciones de derechos humanos en Turquía ha demostrado sistemáticamente su inquebrantable compromiso con esta causa.