Amnistía Internacional España

© AI En respuesta a la noticia de que la policía ha irrumpido hoy en el Centro El Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia y lo ha cerrado, la directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Túnez capital, Najia Bounaim, ha manifestado:“El cierre hoy del Centro El Nadeem, organización que presta una ayuda esencial a sobrevivientes de tortura y violencia, es un estremecedor ataque más a la sociedad civil de Egipto. La medida pone de manifiesto hasta que horribles extremos están las autoridades dispuestas a llegar en la persecución implacable y sin precedentes a que vienen sometiendo a los activistas de los derechos humanos en los últimos años.“Es un flagrante intento de las autoridades de castigar al Centro El Nadeem por su labor de ayuda a las víctimas de tortura y otros malos tratos y a las familias de personas sometidas a desaparición forzada. Las autoridades egipcias han dejado cada vez más claro que a toda persona que defienda hoy los derechos humanos en Egipto se la considera una amenaza. Lo que deben hacer es ofrecer resarcimiento a las victimas de tortura y prestar apoyo a organizaciones como El Nadeem, no asaltar sus oficinas e impedirles realizar su inestimable labor.”El cierre de El Nadeem es continuación de un año de hostigamiento por parte de las autoridades. En febrero de 2016, las fuerzas de seguridad entraron en las oficinas del Centro y mostraron al personal una orden de cierre sin ofrecer ninguna explicación. El Centro presentó ese mismo mes un recurso judicial contra la orden ante un tribunal egipcio. Sin embargo, la policía ha llevado a cabo esta última operación de cierre sin esperar el resultado del recurso.En noviembre de 2016, el Banco Central de Egipto dictó también una orden de congelación de la cuenta bancaria del Centro.


Protestas contra la prohibición de la entrada de musulmanes por parte de Trump. (Photo by Mark Runnacles/Getty Images) Tras el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha hecho la siguiente declaración:
“Este fallo es sin duda un alivio, pero no pondrá fin a la confusión y la incertidumbre que esta prohibición inhumana está causando a miles de familias”.
“Nos preocupa que, según la información recibida, algunos agentes de patrullas de frontera estén todavía sometiendo a personas que llegan a Estados Unidas a un trato discriminatorio e ilícito, y tememos que el gobierno de Trump encuentre otras formas de discriminar por motivos de religión. El Congreso debe tomar de inmediato medidas para poner definitivamente fin a esta peligrosa y discriminatoria prohibición.”


Personas refugiadas somalíes en el campo de Dadaab esperan para coger un avión con destino a la capital de Somalia © AI En respuesta a la resolución judicial de hoy, que bloquea la decisión unilateral del gobierno de Kenia de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha manifestado:“Hoy es un día histórico para más de un cuarto de millón de personas refugiadas que corrían peligro de ser devueltas a Somalia, donde se habrían enfrentado a un grave riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. Esta resolución reafirma la obligación constitucional e internacional de Kenia de proteger a las personas que buscan seguridad frente al daño y la persecución.”“El bloqueo del cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un primer paso esencial para que se respeten y protejan los derechos de las personas refugiadas en Kenia. Ahora, Kenia y la comunidad internacional deben trabajar para encontrar soluciones alternativas para las personas refugiadas, incluidas opciones de integración local.”Información complementariaEn su resolución, el juez JM Mativo manifestó que las órdenes del gobierno eran discriminatorias y constituían castigo colectivo. También describió esas órdenes como excesivas, arbitrarias y desproporcionadas.La resolución del Tribunal Superior se ha producido como respuesta a una petición de dos organizaciones de derechos humanos de Kenia –la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y Kituo Cha Sheria, ambas respaldadas por Amnistía Internacional– que impugnaron la constitucionalidad de la directiva gubernamental que ordenaba cerrar Dadaab, el campo de refugiados más grande del mundo, y disolver el Departamento de Asuntos sobre Refugiados.En principio estaba previsto que el campo se cerrara el 30 de noviembre de 2016, pero el gobierno anunció un aplazamiento de seis meses por “motivos humanitarios”.El cierre de Dadaab habría dejado en la práctica a más de 260.000 personas refugiadas somalíes sin ningún lugar adonde ir. La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional para un informe publicado en noviembre de 2016 acusaron a autoridades gubernamentales de Kenia de coaccionarlas para que regresaran a Somalia contra su voluntad.


Después de que el presidente Vladimir Putin haya firmado una reforma legal que despenaliza algunas formas de violencia en el ámbito familiar, Anna Kirey, directora adjunta de Campañas para Rusia y Eurasia de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Aunque el gobierno ruso afirma que esta reforma servirá para ‘proteger los valores familiares’, en realidad pisotea los derechos de las mujeres. Es un intento repugnante de trivializar aún más la violencia intrafamiliar, una cuestión a la que el gobierno ruso lleva mucho tiempo intentando restar importancia. Con demasiada frecuencia, las víctimas se encuentran con que no pueden recurrir a la ley para obtener protección, y se permite que sus maltratadores se salgan con la suya, pues son muy pocos los que acaban en prisión.”“En los más de diez años transcurridos desde que Amnistía Internacional publicó su último informe sobre la violencia intrafamiliar imperante en Rusia, las autoridades no han puesto en práctica ni una sola medida para mejorar la protección y los servicios para las víctimas.”“Rusia está muy por detrás del desarrollo mundial a la hora de proteger a las víctimas de la violencia en el ámbito familiar, y ha puesto en práctica muy pocas medidas tales como refugios financiados por el gobierno, prácticas efectivas de órdenes de protección o formación para la policía sobre cómo responder a las denuncias de abusos y proteger a las víctimas.”“Las autoridades rusas deben abolir esta legislación abusiva y adoptar un paquete completo de medidas para abordar de una vez por todas la enorme magnitud de la violencia intrafamiliar en el país.”Rusia es Estado Parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha criticado específicamente a Rusia por no emprender acciones para abordar la violencia en el ámbito familiar. 


Después de que el presidente Vladimir Putin haya firmado una reforma legal que despenaliza algunas formas de violencia en el ámbito familiar, Anna Kirey, directora adjunta de Campañas para Rusia y Eurasia de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Aunque el gobierno ruso afirma que esta reforma servirá para ‘proteger los valores familiares’, en realidad pisotea los derechos de las mujeres. Es un intento repugnante de trivializar aún más la violencia intrafamiliar, una cuestión a la que el gobierno ruso lleva mucho tiempo intentando restar importancia. Con demasiada frecuencia, las víctimas se encuentran con que no pueden recurrir a la ley para obtener protección, y se permite que sus maltratadores se salgan con la suya, pues son muy pocos los que acaban en prisión.”“En los más de diez años transcurridos desde que Amnistía Internacional publicó su último informe sobre la violencia intrafamiliar imperante en Rusia, las autoridades no han puesto en práctica ni una sola medida para mejorar la protección y los servicios para las víctimas.”“Rusia está muy por detrás del desarrollo mundial a la hora de proteger a las víctimas de la violencia en el ámbito familiar, y ha puesto en práctica muy pocas medidas tales como refugios financiados por el gobierno, prácticas efectivas de órdenes de protección o formación para la policía sobre cómo responder a las denuncias de abusos y proteger a las víctimas.”“Las autoridades rusas deben abolir esta legislación abusiva y adoptar un paquete completo de medidas para abordar de una vez por todas la enorme magnitud de la violencia intrafamiliar en el país.”Rusia es Estado Parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha criticado específicamente a Rusia por no emprender acciones para abordar la violencia en el ámbito familiar. 


UNHCR / B. Bannon Está previsto que el jueves 9 de febrero el Tribunal Superior de Kenia dé a conocer su decisión sobre un recurso contra la decisión unilateral del gobierno de cerrar Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo.
El recurso, presentado por la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y Kituo Cha Sheria, con el apoyo de Amnistía Internacional, trata de que se declare inconstitucional la decisión del gobierno de cerrar el campo.
“Esta resolución crucial determinará la suerte de más de un cuarto de millón de personas refugiadas, en su mayoría somalíes, que viven actualmente en Dadaab. También representa un importante paso en los esfuerzos para detener la devolución de personas refugiadas a Somalia, donde tenemos pruebas de que corren el riesgo de sufrir abusos graves contra los derechos humanos”, declaró Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Estamos presenciando cómo, en todo el mundo, los gobiernos incumplen sus obligaciones para con las personas refugiadas. La prohibición de viaje impuesta por Donald Trump trata de cerrar las puertas al reasentamiento en Estados Unidos, incluso para las personas refugiadas somalíes más vulnerables. Debido al conflicto armado en curso y a la ausencia de servicios, volver a Somalia no es una opción para la mayoría de los somalíes de Dadaab. Es muy sencillo: estas personas no tienen ningún otro lugar adonde ir.
“Necesitamos que los gobiernos se unan y creen soluciones sostenibles a largo plazo, y que compartan la responsabilidad, en lugar de volver la espalda a las personas necesitadas.”
Información complementaria
El gobierno de Kenia anunció el 6 de mayo de 2016 que disolvía el Departamento de Asuntos sobre Refugiados con efectos inmediatos y que cerraría el campo de Dadaab el 30 de noviembre de 2016, devolviendo de hecho a más de 260.000 personas refugiadas somalíes a Somalia a pesar de los gravísimos peligros a los que se enfrentarían en su país.El 16 de noviembre de 2016, el gobierno keniano anunció que aplazaría el cierre del campo otros seis meses por “motivos humanitarios”.
En noviembre de 2016, Amnistía Internacional publicó el informe titulado Kenia: Ningún otro lugar adonde ir: devolución de personas refugiadas somalíes del campo de Dadaab, Kenia, que mostraba que las autoridades kenianas estaban coaccionando a los refugiados para que volvieran a Somalia.
Somalia está devastada por más de veinte años de conflicto. Los combates entre las fuerzas del gobierno, que cuentan con el apoyo de tropas de la Unión Africana, y los extremistas de Al Shabaab han causado violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas contra la población civil y destruido servicios e infraestructuras básicas.


RODRIGO BUENDIA/AFP/Getty Images El repunte en el número de activistas de derechos humanos que fueron víctimas de homicidio el mes pasado pone de manifiesto el peligro constante al que se enfrentan quienes denuncian los abusos continuos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, mientras se inician en Ecuador las largamente demoradas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La organización pide al gobierno que brinde de inmediato protección efectiva a los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo después de que al menos 10 hayan sido víctimas de homicidio únicamente en el mes de enero: casi el doble de la media mensual del año pasado.
“El proceso de paz en Colombia es una luz brillante al final de un túnel largo y oscuro que ya ha traído algunos beneficios tangibles a muchos colombianos y colombianas. Sin embargo, a menos que cesen, los homicidios de activistas dejarán una mancha indeleble en cualquier acuerdo de paz que se alcance”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país.”
El fuerte descenso que, desde el inicio de las conversaciones de paz con las FARC, se ha observado en la violencia relacionada con los combates que afecta a la población civil ha ofrecido un atisbo de lo que podría ser la Colombia posterior al conflicto. Sin embargo, el aumento de los homicidios de líderes comunitarios y activistas que defienden el derecho a la tierra y al medio ambiente –el año pasado fueron víctimas de homicidio aproximadamente 80–, así como la información sobre la creciente actividad paramilitar en regiones como Urabá, en el noroeste del país, podría socavar esos logros.
Entre los homicidios cometidos este año se encuentran los del líder comunitario afrodescendiente Emilsen Manyoma y su compañero Joe Javier Rodallega. Ambos fueron vistos con vida por última vez el 14 de enero, y sus cadáveres fueron descubiertos el 17 de enero en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca.
Justicia
El acuerdo sobre justicia alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el año pasado, que se está debatiendo actualmente en el Congreso, y que beneficiará también a los miembros de las fuerzas armadas y probablemente se aplicará al ELN, constituye un paso adelante en lo relativo a hacer realidad el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, no cumple plenamente lo dispuesto en el derecho internacional, en parte porque la definición de responsabilidad de la cadena de mando utilizada en el acuerdo es demasiado limitada y, por tanto, haría que resultara muy difícil llevar a los mandos de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad ante la justicia por los delitos cometidos por sus subordinados.
“La auténtica paz sólo se hará realidad cuando todos los sospechosos de ser penalmente responsables de algunos de los crímenes más atroces imaginables rindan cuentas adecuadamente en juicios con las debidas garantías”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“Deben adoptarse medidas efectivas para poner fin a los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, y debe garantizarse la seguridad de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en muchas zonas rurales, unas comunidades que siguen siendo blanco de ataques, principalmente a manos de grupos paramilitares.”
Información complementaria
Tras el inicio de la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno está iniciando conversaciones con el ELN, después de que, el 2 de enero, el grupo liberara a uno de sus rehenes más destacados, Odín Sánchez.


El ex prisionero de Saydana, Omar al-Shogre, antes de ser detenido y poco después de ser liberado © Private Un escalofriante nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia la calculada campaña del gobierno sirio de ejecuciones extrajudiciales mediante ahorcamientos masivos en la prisión de Saydnaya. Entre 2011 y 2015, todas las semanas, y a menudo dos veces a la semana, se sacó de sus celdas a grupos de hasta 50 personas para ahorcarlas. En cinco años fueron ahorcadas en secreto en esta prisión hasta 13.000 personas, en su mayoría civiles presuntamente contrarios al gobierno.
El informe Human slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison, Syria (“Matadero humano: Ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión siria de Saydnaya”) muestra asimismo que el gobierno impone deliberadamente condiciones inhumanas a los presos de Saydnaya mediante torturas reiteradas y la privación sistemática de alimentos, agua, medicinas y atención médica. El informe documenta que estas políticas de exterminio han matado a un número enorme de reclusos.
Estas prácticas, que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, son autorizadas por las máximas instancias del gobierno sirio.
“Los horrores expuestos en este informe revelan una campaña oculta y monstruosa autorizada por las máximas instancias del gobierno sirio, encaminada a aplastar cualquier forma de disidencia en la población siria”, ha declarado Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación en la oficina regional de Beirut de Amnistía Internacional.
“Exigimos a las autoridades sirias que cesen inmediatamente las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y los tratos inhumanos en la prisión de Saydnaya y en todos las demás prisiones del gobierno que hay en Siria. Rusia e Irán, los mayores aliados del gobierno, deben presionar para que se ponga fin a estas políticas homicidas de reclusión.
“Las conversaciones de paz sobre Siria que se celebrarán próximamente en Ginebra no pueden ignorar estos hallazgos. Hay que incluir en el orden del día que se acabe con estas atrocidades en las prisiones del gobierno sirio. La ONU debe realizar inmediatamente una investigación independiente sobre los crímenes que se están cometiendo en Saydnaya y exigir el acceso de observadores independientes a todos los centros de reclusión.”
El informe revela que entre 2011 y 2015 existió una rutina de ejecuciones extrajudiciales masivas mediante ahorcamiento dentro de la prisión de Saydnaya. Todas las semanas —y a menudo dos veces a la semana— se ahorcaba a las víctimas en grupos de 50, de madrugada y en total secreto. Hay razones de peso para creer que esta rutina sigue existiendo actualmente. Por otra parte, un gran número de reclusos ha muerto como consecuencia de las políticas de exterminio de las autoridades, que incluyen torturas reiteradas y la privación sistemática de alimentos, agua, medicinas y atención médica. Además, los presos de Saydnaya deben obedecer una serie de normas sádicas y deshumanizadoras.
Las conclusiones del informe se basan en una investigación intensiva realizada a lo largo de un año, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016, en la que se hicieron entrevistas directas a 84 testigos, entre los que había ex guardias y funcionarios de Saydnaya, reclusos, jueces y abogados, así como expertos nacionales e internacionales en la privación de libertad en Siria.

En un informe anterior de Amnistía Internacional publicado en agosto de 2016, que incluía una reconstrucción de la prisión de Saydnaya realizada mediante técnicas de arquitectura forense, se calculaba que desde que comenzó la crisis siria en 2011 habían muerto en las prisiones de Siria más de 17.000 personas como consecuencia de las condiciones inhumanas y la tortura. Esta cifra no incluye las aproximadamente 13.000 muertes adicionales consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales que se denuncian en este informe.El papel del Tribunal Militar de CampañaNi uno solo de los reclusos condenados a la horca en la prisión de Saydnaya es sometido a nada que se parezca a un juicio. Antes de ser ahorcadas, las víctimas son sometidas a un trámite superficial de uno o dos minutos en lo que se conoce como Tribunal Militar de Campaña. Estas actuaciones son tan sumarias y arbitrarias que no pueden considerarse un procedimiento judicial. Los testimonios de ex funcionarios del Estado, guardias, jueces y reclusos ayudaron a Amnistía Internacional a reconstruir con detalle las ridículas actuaciones que desembocan en el ahorcamiento.

El juez pregunta al detenido su nombre y si ha cometido el delito. Da igual la respuesta, será declarado culpable
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Un ex juez de un tribunal militar sirio contó a Amnistía Internacional que el “tribunal” actúa fuera del marco judicial sirio. “El juez preguntará al detenido su nombre y si ha cometido el delito. Sea cual sea la respuesta, será declarado culpable [...] Este tribunal no tiene nada que ver con el Estado de derecho. Esto no es un tribunal”, dijo.
Las sentencias condenatorias dictadas por este presunto tribunal se basan en confesiones falsas obtenidas mediante tortura. Los detenidos no tienen acceso a un abogado ni reciben una oportunidad para defenderse; en su mayoría han sido sometidos a desaparición forzada y están recluidos en secreto y aislados del mundo exterior. Los condenados a muerte no conocen su condena hasta minutos antes de ser ahorcados.Ahorcamientos masivosLos ahorcamientos en Saydnaya se llevan a cabo una o dos veces a la semana, normalmente los lunes y los miércoles, de madrugada. A los reclusos cuyos nombres figuran en la lista se les dice que van a trasladarlos a prisiones civiles de Siria. En realidad, se los lleva a una celda en el sótano de la prisión, donde se les propina una brutal paliza. Luego los trasladan a otro edificio del recinto de Saydnaya, donde son ahorcados. Durante todo este proceso, las víctimas tienen los ojos vendados y no saben cómo ni cuándo van a morir hasta que se les pasa la soga alrededor del cuello.“Los tienen [colgados] allí 10 o 15 minutos. Algunos no morían porque pesaban poco. En el caso de los jóvenes, su peso no los mataba. Los ayudantes de los funcionarios los bajaban y les rompían el cuello”, dijo un ex juez que presenció los ahorcamientos.
Los tienen [colgados] allí 10 o 15 min.Algunos no morían porque pesaban poco.Los bajaban y les rompían el cuello
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Las personas que se encuentran recluidas en las plantas situadas encima de la “sala de ejecución” dijeron que a veces oían los ahorcamientos.
“Si ponías la oreja en el suelo, podías oír una especie de borboteo. Esto duraba unos 10 minutos [...] Nosotros dormíamos encima de esas personas, oyendo cómo se asfixiaban hasta morir. Esto era lo normal para mí entonces”, dijo “Hamid”, ex oficial del ejército que fue detenido en 2011.
En una sola noche pueden ser ahorcadas hasta 50 personas. Sus cadáveres se sacan en camiones para ser enterrados en secreto en fosas comunes. No se informa a sus familias sobre la suerte que han corrido.Una política de exterminioLos sobrevivientes de Saydnaya también ofrecieron testimonios escalofriantes y terribles sobre la vida dentro de la prisión, describiendo un mundo cuidadosamente diseñado para humillar, degradar, enfermar, matar de hambre y causar en última instancia la muerte a quienes estaban atrapados en su interior.Estos espeluznantes relatos llevan a Amnistía Internacional a concluir que el sufrimiento y las terribles condiciones de Saydnaya se infligen deliberadamente a los reclusos como una política de exterminio.Muchos de los presos dijeron que habían sido violados y, en algunos casos, obligados a violar a otros reclusos. La tortura y las palizas se emplean habitualmente como una forma de castigo y de degradación, y a menudo causan lesiones permanentes, incapacidad e incluso la muerte. El suelo de las celdas está cubierto de sangre y pus de las heridas de los presos. Los guardias de la prisión recogen los cuerpos de los reclusos muertos cada mañana, hacia las 9.“Todos los días había uno o dos muertos en nuestro pabellón [...] Recuerdo que el guardia nos preguntaba cuántos teníamos. Decía: ‘sala número uno, ¿cuántos? Sala número dos, ¿cuántos?’ y así sucesivamente [...] En una ocasión [...] llegaron los guardias, sala por sala, y nos pegaron en la cabeza, el pecho y el cuello. Ese día murieron 13 personas en nuestro pabellón”, dijo “Nader”, ex recluso de Saydnaya.El suministro de alimentos y agua se interrumpe regularmente. Cuando llevan la comida, los guardias suelen esparcirla en el suelo de la celda, donde se mezcla con la sangre y la tierra. Los escasos reclusos que salen de Saydnaya suelen pesar la mitad de lo que pesaban al llegar.Saydnaya tiene además su propio conjunto de “normas especiales”. No se permite a los presos hacer ningún ruido, hablar o siquiera susurrar. Se los obliga a adoptar ciertas posturas cuando los guardias entran en las celdas y sólo mirar a los guardias puede castigarse con la muerte.La comunidad internacional, y especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, debe adoptar medidas inmediatas y urgentes para poner fin a este sufrimiento.“El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar una firme decisión. No puede mirar hacia otro lado ante estos terribles crímenes; debe aprobar una resolución que exija que el gobierno sirio abra sus prisiones a los observadores internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe abrir inmediatamente una investigación independiente sobre estas violaciones graves del derecho internacional”, concluyó Lynn Maalouf.
“No se puede permitir que continúen el homicidio a sangre fría de miles de presos indefensos, junto con los programas cuidadosamente diseñados y sistemáticos de tortura psicológica y física que se aplican en la prisión de Saydnaya. Es preciso llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes horrendos.”


Photo by Spencer Platt/Getty Images Nueva York (EE. UU.) A medida que la población va conociendo mejor la prohibición de entrada de musulmanes ordenada por el presidente Trump, cada vez más estadounidenses la rechazan, según indican múltiples encuestas. Amnistía Internacional Estados Unidos ha manifestado hoy que el Congreso debe escuchar la creciente oposición de la ciudadanía a la prohibición de entrada de musulmanes y aprobar legislación para bloquearla.
Cuatro encuestas científicas de ámbito nacional —de Gallup, Reuters, CNN y CBS News— demuestran que mayorías firmes de la población se oponen a la prohibición y rechazan la idea de impedir que entren personas en Estados Unidos por ser musulmanas. Hace poco más de una semana, el presidente Trump emitió una orden que prohíbe entrar en Estados Unidos a la mayoría de las personas procedentes de siete países de población mayoritariamente musulmana y, en declaraciones públicas que hizo ese mismo día, manifestó que Estados Unidos debía dar trato preferente a las personas cristianas que intentaran entrar en Estados Unidos.
“Cuanto mejor conoce la gente la prohibición de entrada de musulmanes impuesta por Trump, más se oponen a ella. De las encuestas a las manifestaciones, el mensaje al Congreso está claro: intervengan y bloqueen ya la prohibición de entrada de musulmanes”, ha dicho Margaret Huang, directora ejecutiva de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional. “En cuestión de días, la prohibición de entrada de musulmanes ha destruido miles de familias, ha creado el caos en los aeropuertos del país y ha sembrado el miedo entre la comunidad musulmana residente en Estados Unidos.” Es una prohibición peligrosa y discriminatoria, y el Congreso debe pararla de forma permanente.”

Según la encuesta de la CNN, el 53% no aprueba la prohibición ni la orden de no admitir a más personas refugiadas en Estados Unidos (el 47% está a favor); además, el 46% considera que esta política reduce la seguridad de Estados Unidos frente al terrorismo (el 41% considera que aumenta la seguridad de Estados Unidos frente al terrorismo).Según la encuesta de CBS News, el 51% desaprueba la prohibición (el 45% la aprueba), y el 57% no cree que la prohibición sea compatible con los principios estadounidenses; además, la encuesta concluye que el 88% de los estadounidenses piensa que Estados Unidos debería tratar por igual a todos los inmigrantes potenciales, sin tener en cuenta su religión.Según la encuesta de Reuters, casi el 51% desaprueba la prohibición de entrada de musulmanes o tiene dudas al respecto. Es importante señalar que otra conclusión de esta encuesta es que el 56% de los estadounidenses no está de acuerdo con que Estados Unidos deba “acoger a los refugiados cristianos pero no a los musulmanes”.Según la encuesta de Gallup, el 55% desaprueba la orden de Trump de impedir la entrada en Estados Unidos a la mayoría de las personas procedentes de siete países de población mayoritariamente musulmana (el 42% la aprueba).
Algunas encuestas iniciales reflejaban el apoyo de la opinión pública a la prohibición de entrada de musulmanes; el resultado ha cambiado a medida que la población ha ido conociendo mejor los efectos negativos que tiene para personas que están en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. “Al evidenciarse el carácter irracional e inhumano de esta prohibición, la opinión pública ha expresado su rechazo y quiere que el Congreso también lo haga ”, afirma Huang.
La prohibición de entrada de musulmanes ha desatado protestas generalizadas en todo el país y llamamientos crecientes al Congreso para que intervenga y bloquee la orden del presidente Trump. La membresía de Amnistía Internacional celebró manifestaciones en todo el país el pasado fin de semana, en Washington DC, Nueva York, Oakland, Chicago, Boston, Los Ángeles, Phoenix, Tallahassee y otras ciudades, así como en otros países.
Cada vez más estados del país están actuando para impedir que se aplique la prohibición de entrada de musulmanes. La semana pasada, las autoridades de Virginia, Nueva York y Oregón tomaron medidas para intentar bloquear la prohibición y, durante el fin de semana, un juez federal la bloqueó temporalmente. Posteriormente, un tribunal de apelación rechazó los intentos del gobierno de Trump de restablecerla de inmediato.


Activista de Amnistía Internacional contra la venta de armas “Made in Britain, que están destrozando vidas en Yemen”. (Photo by Chris Ratcliffe/Getty Images) En un caso pionero de revisión judicial, el 7, 8 y 10 de febrero el Tribunal Superior de Reino Unido determinará la legalidad de las transferencias de armas del gobierno de Reino Unido a Arabia Saudí en el actual conflicto armado de Yemen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Rights Watch (Reino Unido) y Oxfam presentarán informes al Tribunal, en un recurso judicial presentado por la Campaña contra el Comercio de Armas. “La reiterada negativa del gobierno británico a detener las transferencias de armas resulta difícil de creer, dadas la abundancia y la credibilidad de la información que muestra que la coalición encabezada por Arabia Saudí comete constantemente violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos posibles crímenes de guerra”, ha manifestado James Lynch, director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

¿Cuántos civiles deben morir para que el Gobierno británico deje de armar irresponsablemente a Arabia Saudí?
James Lynch, director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Resulta lamentable que las ONG tengan que acudir a los tribunales para intentar obligar al gobierno británico a hacer lo correcto para la población de Yemen.” “¿Cuántos civiles deben morir, sufrir mutilaciones, quedar sin hogar y ver sus sueños y esperanzas destrozados por las fuerzas encabezadas por Arabia Saudí a las que el gobierno británico, entre otros, continúa armando irresponsablemente?”La legislación nacional de Reino Unido, el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (en el que Reino Unido es Estado Parte) y las normas del derecho internacional consuetudinario exigen a Reino Unido que se asegure de que sus transferencias de armas no ayudan a que Arabia Saudí cometa crímenes de guerra.