El primer intento de celebración del Orgullo Gay en 2012 en Kiev tuvo que cancelarse por la violencia de grupos de ultra derecha. © Amnesty International.

Tras las agresiones sufridas por varias personas, el gobierno ucraniano debe promulgar legislación que aborde la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe presentado hoy.

Además, los legisladores deben votar en contra de la propuesta de ley que criminaliza la “propaganda de la homosexualidad”, un tema que se está debatiendo actualmente en el Parlamento.

“Hay personas que han recibido palizas, e incluso una ha sido asesinada, a causa de su orientación sexual o identidad de género, real o supuesta. La mayoría de estos delitos no se han investigado de manera adecuada y han quedado impunes”, ha afirmado Max Tucker, experto de Amnistía Internacional sobre Ucrania.

“Por si fuera poco, la posibilidad de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sufran agresiones ya se utiliza de forma habitual para justificar que se las prive del derecho a la libertad de expresión y a celebrar actos públicos de forma pacífica”.

El informe de Amnistía Internacional Nothing to be proud of: Discrimination against LGBTI people in Ukraine, pone al descubierto la discriminación endémica hacia las personas LGBTI por parte de las autoridades y la opinión pública. Las declaraciones negativas, estereotipadas y discriminatorias por parte de representantes gubernamentales elegidos y líderes religiosos fomentan las agresiones a personas LGBTI.

En vez de abordar la discriminación contra las personas LGBTI, el Parlamento está debatiendo actualmente propuestas para criminalizar la “propaganda de la homosexualidad”, medidas que restringirían derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y reunión.

Las disposiciones vigentes contra la discriminación y relativas a los crímenes de odio no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género. A modo de ejemplo, una ley de 2013 “relativa a los principios para prevenir y combatir la discriminación en Ucrania” no establece la orientación sexual ni la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación.

Las autoridades ucranianas no investigan adecuadamente ni enjuician los actos de violencia motivados por los prejuicios. De hecho, policías, fiscales y otros funcionarios públicos expresan habitualmente estereotipos negativos sobre las personas LGBTI, lo que pone en entredicho su disposición de ofrecer a todas las personas la protección de la ley en condiciones de igualdad.

Una ONG ucraniana recibió 29 informes de agresiones violentas y 36 informes de amenazas de violencia contra personas LGBTI por parte de otras personas en Ucrania en 2012. También ha documentado 49 casos de violaciones de derechos humanos de personas LGBTI cometidas por policías durante 2012, como detención ilegal, chantaje, tortura y otros malos tratos.

En la madrugada del 22 de octubre de 2012, Armen Ovcharuk, un joven gay, recibió un golpe en la cabeza cuando salía de un club nocturno gay en Kiev. Testigos presenciales llamaron a una ambulancia. Al día siguiente, sus amigos denunciaron el delito y posteriormente se abrió una investigación. Armen murió el 27 de octubre a causa de las lesiones; sin embargo, Amnistía Internacional aún no ha recibido respuesta del Ministerio del Interior informando sobre los avances en la investigación del ataque o si se ha registrado e investigado como un crimen de odio.

El 2 de marzo de 2013, Mykola Lebed se encontraba con unos amigos en un bar de la ciudad de Rivne cuando fue agredido por un grupo de hombres que ocupaban una mesa cercana y que habían bebido en exceso. Le rompieron la nariz y le dejaron los ojos amoratados. Cuando llegó la policía, los agentes hablaron con los agresores, pero no los detuvieron. Según los informes, le dijeron a Mykola Lebed que los hombres formaban parte de una “estructura superior”, una frase que apunta a que se trataba de funcionarios de la fiscalía.

Hasta la fecha no se ha celebrado ninguna Marcha del Orgullo LGBTI en Ucrania. La que estaba prevista para el pasado mes de mayo se canceló en el último momento debido a las amenazas de violencia y a que la policía de Kiev no estableció las medidas de seguridad necesarias para proteger a los participantes.

Inmediatamente después de la cancelación, y en los meses siguientes, algunos de los organizadores fueron perseguidos y agredidos con gas lacrimógeno a causa de su relación con el acto. Ninguna de las investigaciones sobre estos ataques ha concluido.

Otros actos públicos de grupos LGBTI han sido objeto de ataques de extremistas, pero la policía no sólo se ha abstenido de protegerlos, sino que ha procesado a activistas LGBTI por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica.

“La policía debe garantizar la protección policial necesaria para los grupos LGBTI que desean manifestarse pacíficamente. El hecho de que no protegiese adecuadamente a los participantes y organizadores de la Marcha del Orgullo que se iba a celebrar el año pasado en Kiev constituye una violación del derecho de los participantes a la libertad de reunión”, ha afirmado Max Tucker.

“La policía debe reparar este error actuando con profesionalidad y garantizando la protección policial necesaria para que el 25 de mayo se celebre sin impedimentos la primera Marcha del Orgullo LGBTI en Kiev. Si vuelve a abstenerse de proteger a los grupos LGBTI que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica, no sería una buena señal para las aspiraciones de Ucrania de acercarse a la Unión Europea.”

“Si el gobierno de Ucrania logra su objetivo tendrá que adaptar su legislación a las normas europeas de derechos humanos. Debe garantizar que todas las personas, incluidas las personas LGBTI, reciben un trato igualitario.”

Ciudadano retenido esperando a su identificación en la plaza del Callao, Madrid, 17 de mayo de 2011 CC by-nc-nd Achifaifa

¿Qué sucedió durante las cargas policiales de Atocha el 25-S? ¿Cuántas identificaciones realizan las fuerzas de seguridad y cuál es su motivación? ¿Cuántos incidentes racistas, xenófobos o discriminatorios se dan cada año? ¿Cuántas personas sin hogar hay? Todos estos datos son cruciales para evaluar el respeto a los derechos humanos en España, pero o no se recogen, o no son accesibles.

Amnistía Internacional pone en marcha una ciberacción para exigir que la transparencia sea una realidad en www.actuaconamnistia.org

Madrid.- El pasado 9 de octubre, Amnistía Internacional envió una carta al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigiendo una investigación independiente sobre las cargas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre, donde la organización estima que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente dentro de la estación de cercanías de Atocha. El resultado de las investigaciones internas a agentes no se ha hecho público, ni se ha dado explicación alguna sobre la forma en que se llevó a cabo. Amnistía Internacional sólo recibió del Ministerio la respuesta de que “la policía había actuado de acuerdo a la Ley”, y el asunto se archivó.

Este es un ejemplo, entre otros muchos, que ilustra las consecuencias de la falta de transparencia.

“La falta de transparencia impide que las autoridades rindan cuentas en tiempo y forma de sus acciones, y en muchos casos puede facilitar la impunidad y los abusos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La transparencia, obligación internacional
Diversos mecanismos internacionales han venido pidiendo a España de manera reiterada que reúna y publique datos sobre discriminación, violencia sexual, o derechos económicos y sociales como la salud y la vivienda. Sin embargo, son escasos los avances en este aspecto.

En el caso de los incidentes racistas, xenófobos y discriminatorios, no se publica información sobre el número de identificaciones realizadas en la vía pública por las fuerzas de seguridad, o sobre su motivación. Tampoco se conoce el resultado de esos controles ni las personas afectadas por los mismos, según nacionalidad, origen étnico y racial. Sin estos datos, es imposible combatir el racismo y la discriminación ni garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

Tampoco existe información sobre violencia sexual contra mujeres o niñas, más allá de las estadísticas sobre violencia de género a manos de parejas y exparejas. Conocer la magnitud y prevalencia de cada una de las formas de violencia de género en España, así como su alcance y la respuesta judicial ante las denuncias, es un paso necesario para acabar con la impunidad y la falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres.

“Con la información pertinente en la mano, se podría incrementar la rendición de cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchos abusos, malos tratos y torturas no quedarían impunes y se podrían diseñar e implementar políticas adecuadas a la lucha contra la discriminación o la violencia sexual. Además, también se facilitaría el control parlamentario y público”, ha declarado Beltrán.

¿Poner en marcha políticas… sin datos?
La evaluación permanente del impacto de las políticas, especialmente en un contexto de crisis económica, constituye una obligación para las autoridades. Sin embargo, una vigilancia efectiva es imposible si no se cuenta con los datos apropiados.

“Establecer políticas sin contar con los datos necesarios es irresponsable además de ineficaz, y puede poner en peligro los derechos de las personas” ha añadido Beltrán.

Amnistía Internacional ha exigido un estudio de evaluación de impacto en derechos humanos en colectivos vulnerables en el marco de la adopción del Real Decreto Ley 16/2012, que limita el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación irregular mayores de edad, y no lo ha obtenido hasta la fecha. Asimismo, con respecto al derecho a la vivienda, tampoco existe una definición homogénea en el Estado sobre las personas sin hogar y por lo tanto tampoco se cuentan con datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, desoyendo recomendaciones de organismos de Naciones Unidas.

Retrasos y ausencias en la Ley de Transparencia
Hace más de ocho meses que la Ley de Transparencia entró en el Congreso para ser debatida. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo terminarán las ampliaciones de plazo para que los grupos presenten sus enmiendas al texto, de las que ya se han sucedido un total de 29.

“La Ley de Transparencia no acabará con la falta de rendición de cuentas de las autoridades si no hay una voluntad ni una política activa de recogida de información y de hacerla accesible al escrutinio público. De aprobarse con su contenido actual, la ley será papel mojado” ha declarado Beltrán.

La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, señala al menos cinco puntos débiles del actual proyecto de ley de transparencia:

• Al contrario que otros estándares internacionales, la ley de transparencia no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, lo que puede traer varias consecuencias, especialmente a la hora de aplicar esta norma en el complejo sistema autonómico español.
• La ley de transparencia no incluye a todas las instituciones públicas: deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo y por lo tanto se excluye mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como de algunos organismos como el Tribunal de Cuentas.
• Esta ley excluye mucha información como la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender y seguir el proceso de toma de decisiones.
• No acaba con el silencio administrativo que en España afecta al 50% de las solicitudes de información, puesto que propone que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud.
• El organismo de supervisión no es independiente: va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto.

Además, Amnistía Internacional quiere resaltar que las excepciones al acceso a la información contenida en la Ley de Transparencia, que afectan a "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" no pueden ir en detrimento de las obligaciones establecidas en otras normas. No puede haber retrocesos en particular respecto a los avances y exigencias de transparencia e información pública sobre las exportaciones de material de defensa español recogidas en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

A través de su centro de activismo, www.actuaconamnistia.org, la organización ha  puesto en marcha una ciberacción pidiendo a los grupos parlamentarios que se tenga en cuenta esas debilidades para que la transparencia sea una realidad y se garantice una política activa de recogida y publicación de información que abarque todos los ámbitos.

El Embajador de Siria ante las Naciones Unidas antes de que se votara esta resolución. © Getty Images

La resolución sobre Siria adoptada hoy por la Asamblea General de la ONU supone un avance, pero sirve de poco para abordar la enorme crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el país, ha afirmado Amnistía Internacional.

Entre otras cosas, la resolución –que no es vinculante y se aprobó con el voto favorable de 107 Estados– alienta al Consejo de Seguridad de la ONU a que “estudie medidas apropiadas” para garantizar la rendición de cuentas por la violencia y las violaciones de derechos humanos existentes en Siria. Rusia fue uno de los 12 países que votaron en contra de la resolución, y se registraron 59 abstenciones.

La resolución incluye el llamamiento más enérgico formulado por la Asamblea General de la ONU hasta la fecha para que se investiguen de forma independiente e imparcial todas las presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario desde el inicio del levantamiento en Siria, en marzo de 2011. Rusia y China han vetado en tres ocasiones una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el país.

“Decenas de miles de personas han muerto y millones han quedado desarraigadas a causa del actual conflicto armado en Siria, pero la ONU ha tardado más de dos años en empezar apenas a abordar los graves abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo allí”, ha afirmado José Luis Díaz, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York.

“La mayoría de los gobiernos del mundo ya se han manifestado abiertamente, y su aprobación para que se adopten medidas claras sobre Siria debe ejercer presión para que el Consejo de Seguridad de la ONU se ocupe de nuevo de este problema e inste a que se tomen medidas vinculantes para que los responsables de abusos rindan cuentas.”

“Esto incluye remitir la situación a la Corte Penal Internacional para que procese a las personas de todos los bandos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional.”

Catar, Arabia Saudí, Reino Unido y Francia fueron algunos de los países que presentaron la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada hoy, que condena toda la violencia en el conflicto sirio, independientemente de su origen. Exhorta a todas las partes a que pongan fin de inmediato a las hostilidades y a que cumplan estrictamente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Además, respalda que se lleve a cabo una transición política que contribuya a poner fin a la crisis actual.

La resolución destaca la importancia de poner fin a la impunidad y obligar a rendir cuentas a todos quienes hayan cometido infracciones graves del derecho internacional humanitario e infracciones y abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También exige que se conceda un mandato más amplio a la Comisión Internacional Independiente sobre Siria y se le permita mayor acceso para que pueda llevar a cabo su labor.

Desde los primeros informes sobre graves violaciones de derechos humanos en Siria, recibidos en marzo de 2011, Amnistía Internacional ha hecho constantes llamamientos a la comunidad internacional para que adopte medidas significativas destinadas a garantizar la rendición de cuentas de los responsables de crímenes de derecho internacional y otros abusos, y ofrecer reparaciones a las víctimas.

Activistas atrapados entre dos fuegos
La organización también ha pedido reiteradamente que el presidente Bachar al Assad ponga fin a la represión de la disidencia en el contexto del conflicto en el país: decenas de miles de personas han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, y muchas de ellas están recluidas en régimen de incomunicación o corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos.

Entre las personas perseguidas hay un gran número de activistas de los derechos humanos; algunos van a ser juzgados en el Tribunal Antiterrorista recién creado, en donde parece que los procedimientos incumplen las normas internacionales sobre juicios con garantías.

El 19 de mayo está previsto que el Tribunal Antiterrorista procese a cinco activistas independientes del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión; detenidos en febrero de 2012 durante una redada llevada a cabo en el centro, llevan desde entonces recluidos arbitrariamente en condiciones que constituyen desaparición forzada.
Los activistas, entre los que se encuentra el director del Centro, Mazen Darwish, están acusados de “difundir actos terroristas” para sus actividades de derechos humanos y con los medios de comunicación en respuesta al actual conflicto sirio.

“El próximo juicio contra Mazen Darwish y sus compañeros activistas de los derechos humanos por cargos relacionados con el terrorismo es representativo del modo en que se ha pisoteado el respeto de los derechos humanos en el actual conflicto sirio”, ha declarado José Luis Díaz.

“La comunidad internacional –y especialmente los aliados de Siria– debe presionar para que el gobierno de Al Assad deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos y garantice la puesta en libertad de todos los presos de conciencia que siguen encarcelados por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión.”

Desde que comenzó el conflicto, el gobierno de Bachar al Assad ha concedido varias amnistías penitenciarias generales, pero Amnistía Internacional ha hecho seguimiento de los casos de decenas de presos de conciencia a quienes no han afectado las medidas y que, al parecer, siguen recluidos en condiciones terribles.

Docentes de Grecia en huelga © ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images

El uso de medidas especiales por parte del gobierno para frustrar la huelga de docentes convocada en Grecia viola las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

La Unión de Docentes de Enseñanza Secundaria (OLME), sindicato nacional, ha propuesto una huelga de seis días durante los exámenes de acceso a la universidad, que comienzan el 17 de mayo y terminan al final del curso académico.

La huelga –que, según se ha informado, cuenta con el apoyo de los sindicatos de docentes locales– es en protesta por la decisión anunciada a finales de abril de incrementar la jornada laboral de los docentes. Los sindicatos afirman que ese cambio dará lugar a un elevado número de despidos y a un deterioro de la calidad general de la enseñanza en el país.

En un intento de sofocar la huelga, las autoridades griegas están invocando, según noticias, una legislación especial para obligar a los docentes a seguir trabajando. Los docentes podrían enfrentarse a cargos penales y a un mínimo de tres meses de prisión si incumplen esa orden; de ser acusados, se enfrentan a la suspensión inmediata de sus funciones y a la perspectiva de perder su empleo.

“Una prohibición general del derecho de los docentes a la huelga, impuesta mediante el procesamiento penal y la amenaza de penas de prisión, es claramente innecesaria y desproporcionada, y violaría las obligaciones internacionales contraídas por Grecia en materia de derechos humanos”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Las dificultades económicas no eximen a los gobiernos de su obligación de respetar y defender todos los derechos humanos, y los derechos de los trabajadores, en concreto, no deben convertirse en una víctima de la crisis.”

Según la ley griega, el gobierno está facultado para movilizar obligatoriamente a los trabajadores en tiempos de paz en caso de que se produzca un suceso repentino que exija la adopción de medidas urgentes para hacer frente a las necesidades de defensa del país o a una necesidad social urgente: por ejemplo, un desastre natural o una amenaza a la salud pública.

Al anunciar el uso de esta disposición legal contra la huelga de docentes, el gobierno alegó que la medida era necesaria “para evitar una grave alteración de la vida social y económica del país y para proteger el orden público y la salud de los futuros estudiantes universitarios”.

En virtud del derecho internacional, Grecia tiene la obligación vinculante de respetar y proteger el derecho a la libertad de asociación, que incluye el derecho a organizarse –a formar sindicatos y unirse a ellos– y el derecho a la huelga. Esta obligación está establecida en tratados internacionales de derechos humanos en los que Grecia es Estado Parte, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (Convenio 87) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos derechos sólo pueden limitarse en circunstancias muy específicas, cuando sea demostrablemente necesario y proporcionado y tenga como finalidad proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de otras personas.

Sobre esta base, hay muy pocas restricciones del derecho a la huelga que sean admisibles. Podría aplicarse a las fuerzas armadas, la policía y otros funcionarios públicos que ejercen la autoridad en nombre del Estado. También podría aplicarse a trabajadores de servicios esenciales: servicios que, de interrumpirse, pondrían en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la población.

Los expertos de la OIT han señalado que el sector de la enseñanza no constituye un servicio esencial en ese sentido estricto del término, y también han señalado, de forma más general, que cualquier limitación de una huelga debe ser razonable y no imponer una limitación sustancial a los sindicatos.

Desde 2010, los trabajadores griegos han realizado varias huelgas contra la austeridad, en protesta por los severos recortes de salarios y programas gubernamentales.

Mapa de Guinea Ecuatorial cedido por United States Central Intelligence Agency’s World Factbook

La detención de al menos nueve activistas que intentaban organizar una manifestación pacífica en Guinea Ecuatorial es un nuevo indicio de que las autoridades están decididas a reprimir la libertad de expresión ante las próximas elecciones, ha dicho Amnistía Internacional.

Dos de las personas detenidas son Clara Nsegue Eyi y Natalia Angue Edjodjomo, fundadoras del Partido Democrático de la Justicia Social, de reciente creación, y coordinadoras del Movimiento de Protesta Popular, que fueron arrestadas el 13 de mayo y según los informes se encuentran recluidas en régimen de incomunicación en la Comisaría Central de Policía de Malabo.

Las activistas estaban organizando una protesta pacífica el 15 de mayo para exigir la inscripción en el registro de su partido político, que las autoridades han rechazado.

Jerónimo Ndong, secretario general del partido de oposición Unión Popular, también implicado en la organización de la protesta, fue detenido esta mañana y también está en la Comisaría Central de Policía de Malabo.

Éstas son las últimas detenciones de la nueva oleada de arrestos de activistas que comenzó el 8 de mayo, mientras el país se prepara para celebrar elecciones generales el 26 de mayo.

“Las autoridades de Guinea Ecuatorial están llevando a cabo una terrible campaña de detenciones dirigida contra todo aquel que se atreva a enfrentarse a ellas en las elecciones”, ha dicho Noel Kututwa, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“La oleada de arrestos y hostigamiento contra los activistas en favor de la democracia documentada en la última semana ensombrece las próximas elecciones.”

Enrique Nsolo Nzo, profesor universitario, fue detenido el 8 de mayo, cuando preparaba una pancarta para la manifestación con un grupo de alumnos. Seis jóvenes lo golpearon y lo arrastraron a un vehículo policial que esperaba en la calle.

Lo llevaron a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde lo interrogaron ante unas cámaras de televisión. Le preguntaron por qué querían manifestarse y si tenían permiso para hacerlo. Nsolo Nzo quedó en libertad sin cargos ese mismo día, pero lo despidieron de su trabajo docente.

El 14 de mayo, su padre, Marcelo Nzo Nsue, y su hermano mayor, Zenón Nsue Nzo, fueron detenidos y llevados a Malabo. Ambos siguen recluidos en el Ministerio del Interior, sin que se conozcan los motivos de la detención.

A varios miembros del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social, uno de los dos partidos de oposición que se presentan a las elecciones, los hostigaron y detuvieron brevemente en el inicio de la campaña electoral.

El 26 de mayo, los ecuatoguineanos elegirán en las urnas a un nuevo Parlamento y a miembros de los ayuntamientos de todo el país.

Los votantes elegirán también, por primera vez, a 55 miembros del nuevo Senado surgido de la Constitución reformada y aprobada en febrero de 2012. Los 15 senadores restantes serán designados directamente por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979.

El gobierno y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), liderado por el presidente Obiang, tienen un historial de represión de los opositores políticos antes de las elecciones, invocando a menudo “razones de seguridad” y presuntos intentos de golpe de Estado.

El PDGE monopoliza prácticamente el control del poder, la financiación y el acceso a los medios de comunicación nacionales, mientras que sus opositores políticos se encuentran con graves restricciones. Los miembros de la oposición sufren diversos tipos de presión, entre ellas la detención arbitraria y el hostigamiento.

El marco post-2015 debe reconocer que las personas que sufren pobreza y privaciones son sujetos de derechos, no objetos de desarrollo. © Andrew W. Maki

Los líderes mundiales deben rechazar el modelo de desarrollo basado en la ayuda humanitaria en favor de un enfoque que prime los derechos humanos y la justicia, así se han manifestado 18 organizaciones no gubernamentales ante la presentación en la ONU del informe de un grupo de alto nivel sobre el futuro del desarrollo sostenible.

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), la Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID) y otras 15 organizaciones de todo el mundo han hecho este llamamiento cuando un grupo de alto nivel de expertos se dispone a revisar el borrador definitivo de un informe que presentará al secretario general de la ONU al final de mayo, con miras a sentar las bases para la acción una vez concluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.

Las organizaciones han explicado que todo nuevo modelo que se adopte ha de garantizar que se empodera y capacita a las personas para hacer que sus gobiernos y otras entidades rindan cuentas por su conducta cuando se haga caso omiso de los derechos humanos o se cometan abusos contra ellos.

“El marco post-2015 debe reconocer que las personas que sufren pobreza y privaciones son sujetos de derechos, no objetos de desarrollo. Además, debe abordar los obstáculos estructurales que mantienen a las personas en la pobreza en el ámbito nacional y mundial”, ha señalado Ignacio Saiz, director ejecutivo del CESR. Basándose en las conclusiones del grupo de alto nivel, el secretario general de la ONU formulará recomendaciones en un evento especial de la Asamblea General sobre los ODM, en el que se negociarán los parámetros básicos del plan post-2015 en septiembre de 2013.

Como mínimo, la agenda de desarrollo post-2015 debe respetar y reflejar los compromisos políticos, estándares y normas jurídicas preexistentes en materia de derechos humanos, han manifestado las organizaciones.

Han instado a los gobiernos a que garanticen que se brinda un grado mínimo de protección social.

Aunque serán fundamentalmente los Estados los que implementen la agenda de desarrollo, se necesitarán mecanismos efectivos de rendición de cuentas dirigidos por la ciudadanía para garantizar que otras entidades –como las instituciones internacionales y el sector privado– observan las normas de derechos humanos. Como mínimo, se debe garantizar con ello que el sector privado no causa ningún daño al ejecutar los proyectos de desarrollo.

Debe promoverse una mejor colaboración entre instituciones efectivas de ámbito estatal internacional para que sirva de base a una asociación global con que abordar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la destrucción ecológica.

Los recientes levantamientos populares que se han producido en todo el mundo muestran que es esencial que los gobiernos reconozcan que las dos principales categorías de derechos humanos –los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales– son indivisibles e interdependientes, han explicado las organizaciones.

“El marco de desarrollo post-2015 ha de estar basado en la comprensión de la interdependencia de las privaciones socioeconómicos y los fallos democráticos”, ha afirmado Savio Carvalho, director del Programa de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional.

“Los derechos civiles y políticos son inseparables de los derechos económicos y sociales, por lo que la nueva agenda ha de concebirse de manera que promueva el empoderamiento en ambos terrenos”.

En aspectos que abarcan desde la atención de salud hasta los derechos sobre los bienes y las tierras, pasando por la violencia de género, las mujeres y la niñas encuentran dificultades específicas que es preciso abordar en la agenda de desarrollo post-2015.

“El marco de desarrollo post-2015 debe garantizar de manera efectiva el espectro completo de derechos de las mujeres, abordando los derechos sobre los bienes y las cuestiones económicas estructurales, garantizando la participación plena de las mujeres en todos los niveles del proceso de toma de decisiones y reconociendo los servicios no remunerados de la economía asistencial”, ha señalado Lydia Alpízar, directora ejecutiva de la AWID.

Los ODM han sido deficientes a la hora de abordar otras formas de desigualdad. Esta vez, en toda meta y objetivo que se establezcan han de quedar reflejadas las normas de derechos humanos existentes en materia de eliminación de la discriminación. Los grupos actualmente desfavorecidos o excluidos –por motivos de raza, género, discapacidad, condición migrante o indígena, orientación sexual o identidad de género– han de poder actuar en tanto que agentes efectivos de su propio desarrollo.

Los estados del Kordofán del Sur y del Nilo Azul están en conflicto desde 2011 © Private

La detención de una abogada de Sudán, cuyo paradero sigue sin conocerse, es la última acción de la brutal campaña de las autoridades contra activistas de derechos humanos en el contexto del conflicto de los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, ha afirmado Amnistía Internacional.

Asma Ahmed, abogada y miembro del proscrito partido de oposición Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N), fue detenida el 4 de mayo cuando comparecía ante la sede de los Servicios de Seguridad Nacional de Sudán en Jartum.

Dos días antes, agentes de los Servicios de Seguridad Nacional habían ido a su casa para exigirle que se presentase ante la institución.

Asma Ahmed ha estado recluida en régimen de incomunicación desde que la detuvieron sin cargos, por lo que corre un grave peligro de sufrir tortura u otros malos tratos. Es diabética y necesita atención médica y una dieta especial.

“La detención de Asma Ahmed es un ejemplo más de la determinación de las autoridades sudanesas de sofocar la libertad de asociación y el trabajo de los activistas de derechos humanos en el país”, afirmó Lucy Freeman, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.

“Las autoridades deben dar inmediatamente a Asma Ahmed acceso a un abogado y a su familia, y deben también acusarla formalmente de un delito común reconocible o dejarla en libertad sin demora”.

Ésta es la acción más reciente de la oleada de detenciones de personas, entre ellas activistas de derechos humanos, que trabajan en Kordofán del Sur o sobre este estado, así como de otras personas sospechosas de mantener vínculos con el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte.

Muchas de ellas han sido recluidas sin cargos y en régimen de incomunicación.

Desde 2011, los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul han sido escenario de un conflicto armado interno entre el gobierno sudanés y el Ejército Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLA-N), brazo armado el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N).

Durante el año pasado, muchas personas sufrieron diversas formas de malos tratos y tortura bajo custodia de los Servicios de Seguridad Nacional, por ejemplo, les propinaban patadas, les golpeaban con palos, mangueras y puños, las obligaban a permanecer de pie varios días seguidos a altísimas temperaturas, les privaban de comida, agua y sueño, o las forzaban a mantenerse en posturas dolorosas.

Amnistía Internacional también ha recibido información de que algunas mujeres detenidas han sido sometidas a violencia sexual, incluso violadas.

La organización no tiene constancia de que ningún miembro de los Servicios de Seguridad Nacional haya rendido cuentas por estas violaciones de derechos humanos.

A finales de 2012 se detuvo y recluyó sin cargos a 32 mujeres en Kadugli, capital de Kordofán del Sur, al parecer por espiar para el SPLM/A-N y colaborar con él. La mayoría eran funcionarias del Estado que trabajaban en diversos ministerios en Kadugli, y a cinco de ellas las detuvieron con sus hijos pequeños, de edades comprendidas entre los 6 y los 18 meses.

El 27 de diciembre, las mujeres y sus hijos fueron transferidos a la prisión de El Obeid en Kordofán del Norte. Según se ha tenido noticia, 14 de las detenidas quedaron en libertad en abril de 2013, pero el resto continúan recluidas en El Obeid. De acuerdo con la información disponible, no se han presentado cargos contra estas mujeres.

El 16 de enero de 2013, los Servicios de Seguridad Nacional de Sudán cerraron el Centro Kuku de Cultura y Patrimonio (KUCCH) y el Centro NINU de Lenguas e Informática, ambos con sede en Jartum. El KUCCH se creó en 1993 con el objetivo de ayudar a la población de Kordofán del Sur a preservar su patrimonio cultural mediante la escritura y el desarrollo de sus lenguas.

En su calidad de abogada, Asma Ahmed ha representado a numerosos activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos Jalila Khamis Koko, miembro del SPLM-N y defensora de los derechos de las personas desplazadas de Kordofán del Sur. Jalila Khamis Koko estuvo recluida más de nueve meses sin acceso a la atención médica que necesitaba, antes de quedar en libertad en enero de 2013.

Gente cerca de la Catedral de San Marcos en El Cairo, Egipto, 7 de abril de 2013. © AI

Una profesora cristiana copta, detenida en Egipto por “difamación de la religión”, debe ser puesta en libertad de inmediato, y la causa penal abierta contra ella debe ser archivada, ha dicho hoy Amnistía Internacional. La mujer comparecerá ante el tribunal el sábado.

Dimyana Obeid Abd Al Nour, de 24 años, está bajo custodia desde el 8 de mayo, fecha en que acudió a la fiscalía de Luxor para responder al cargo de “difamación de la religión”. La causa abierta contra ella se basa en una queja presentada por los padres de tres de sus alumnos, que alegaban que había insultado al islam y al profeta Mahoma en una de sus clases.

El presunto incidente se produjo en el colegio de enseñanza primaria Sheikh Sultan de Tout (gobernación de Luxor) el 8 de abril durante una clase sobre “vida religiosa”. Dimyana Obeid Abd Al Nour imparte clases en tres colegios de Luxor desde comienzos de año.

“Es indignante que una profesora se encuentre encarcelada por dar clase. Si cometió algún error profesional, o se apartó del programa educativo del colegio, hubiera bastado con una inspección interna”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades deben poner en libertad inmediatamente a Dimyana Obeid Abd Al Nour y retirar los cargos falsos contra ella."

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, algunos de los alumnos dijeron que Dimyana Obeid Abd Al Nour se tocaba la rodilla o el estómago cuando hablaba en clase sobre el profeta Mahoma y había dicho que “amaba al padre Shenuda”, el difunto patriarca de la iglesia ortodoxa de Egipto. La profesora niega los cargos y sostiene que se ciñó al programa del colegio.

Al parecer, varios padres se quejaron verbalmente y el colegio y el Departamento de Educación local abrieron sus propias investigaciones internas. El Departamento de Educación dijo a Dimyana Obeid Abd Al Nour que se abstuviera de dar clases hasta que la investigación concluyera. Hasta que fue detenida, la profesora siguió yendo al Departamento de Educación y recibiendo un sueldo.

En los últimos meses, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de personas acusadas y condenadas por blasfemia en Egipto. En algunos casos, los acusados son blogueros o profesionales de los medios de comunicación cuyas ideas “se consideran ofensivas”.  

El 25 de enero, un tribunal de El Cairo confirmó la sentencia dictada por una instancia judicial inferior contra Alber Saber Ayyad, también cristiano copto, condenado a tres años de cárcel por “difamación de la religión” en relación con unos vídeos y otro material que colgó en Internet y que el tribunal consideró “ofensivo”.

Ha habido otros casos, en concreto en el Alto Egipto, en que se ha acusado de blasfemia a cristianos coptos, algunos de ellos también profesores.

El 11 de mayo, otro cristiano copto debe comparecer ante los tribunales en la gobernación de Assiut acusado de “difamación de la religión”, al parecer por una conversación mantenida con un grupo de musulmanes que luego lo acusaron de insultar al islam.

En numerosas ocasiones Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que no abran procedimientos judiciales en aplicación de las leyes sobre la blasfemia, que criminalizan la crítica o los insultos a las creencias religiosas.

“Dar la opinión sobre una religión, sea la propia o la de otra persona, no es un delito. Cualquier ley que prohíba hacerlo viola la libertad de expresión y vulnera las obligaciones internacionales contraídas por Egipto en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Concentración por la memoria de Iñigo Cabacas, a 8 meses de su muerte. En los carteles se dice: Ez zan istripu bat izan / No fue un accidente

Vitoria.- Amnistía Internacional ha mantenido un encuentro con el Lehendakari, Iñigo Urkullu para presentarle una agenda de derechos humanos que garantice que los derechos humanos sean la hoja de ruta en el nuevo tiempo que se abre en el País Vasco.

En el nuevo escenario abierto tras la renuncia de ETA a la violencia, que se ha cobrado más de 800 víctimas mortales, Amnistía Internacional mantiene que se debe asegurar el acceso de las víctimas de graves abusos y violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La verdad debe ser conocida, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y las víctimas deben obtener reparación. Ésta debe incluir la indemnización, la rehabilitación, el reconocimiento público del daño causado y las garantías de no repetición, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

En concreto esta agenda debe garantizar que no haya espacios de impunidad para los graves abusos de derechos humanos cometidos por ETA, pero también deben investigarse las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En concordancia con estas mismas normas deben realizarse cambios en la legislación penal en materia de terrorismo, y la derogación del régimen de incomunicación, régimen que tal y como han denunciado diversos organismos internacionales, propicia la tortura y malos tratos de las personas detenidas. Todos los presos, incluyendo los de ETA, deben cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y que individualmente lo solicite.

Amnistía Internacional da la bienvenida al anuncio del Lehendakari sobre la creación de un mecanismo de investigación independiente encargado de investigar denuncias de malos tratos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por la Ertzaintza. Igualmente la organización ha pedido información sobre la revisión de los protocolos de usos de la fuerza y utilización de material antidisturbios.  Ante el anuncio de una investigación interna por la muerte de Iñigo Cabacas como consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por un agente de la Ertzaintza, Amnistía Internacional ha solicitado al Lehendakari que esta sea exhaustiva y los resultados y los métodos se hagan públicos.

Amnistía Internacional ha señalado también que la crisis económica no puede convertirse en una crisis de derechos humanos. El Lehendakari ha expresado su compromiso de que el acceso a la salud estará garantizado para todas las personas independientemente de su situación administrativa. Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno vasco una ley que garantice el derecho a una vivienda adecuada, y asegure el respeto y protección de este derecho estableciendo los mecanismos para reclamarlos ante la administración y la justicia.

Durante la visita, los representantes de la organización se han reunido también con la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería y con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del PNV, Partido Popular y EH Bildu, a quienes  ha presentado su agenda de derechos humanos y ha solicitado el apoyo del Parlamento vasco a dos iniciativas relacionadas con la situación en los Países de Norte de Africa y Oriente Próximo y en contra de la Pena de Muerte. En la reunión con el Lehendakari también asistieron el Secretario General de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, la Directora de Derechos Humanos, Mónica Hernando y la Directora de Emakunde, Izankun Landaida.

Información adicional
La delegación de Amnistía Internacional estuvo compuesta por Esteban Beltrán, Director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Virginia Alvarez, Responsable de Relaciones Institucionales y Política Interior y Aitor Imaz, coordinador de la organización en Euskadi. La agenda de derechos humanos presentada incluye recomendaciones sobre las medidas a poner en práctica para abordar ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como de los efectos que está teniendo la crisis económica en los derechos humanos de las personas. La organización recuerda la obligación del Estado español de respetar, proteger y hacer que sea realidad el acceso a la vivienda, y a la salud. Y la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas ante todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual.

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Protestas en Dhaka, Bangladesh © STR / AFP / Getty Images