Amnistía Internacional España

Unas 800.000 personas fueron asesinadas hace 20 años durante el genocidio de Ruanda © PHIL MOORE/AFP/Getty Images

La comunidad internacional se ha abstenido colectivamente de actuar a partir de la experiencia adquirida en el genocidio de Ruanda, ha declarado hoy Amnistía Internacional, cuando el mundo conmemora el 20 aniversario de la catástrofe humana que se saldó con casi 800.000 muertos.

En 1994, el mundo se cubrió de vergüenza cuando cerró los ojos ante los desesperados gritos de ayuda que llegaban de Ruanda. África y el resto de la comunidad internacional se lavaron las manos mientras se masacraba a cientos de miles de personas”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“El mensaje es claro: no se debe permitir que esto suceda de nuevo. Pero aunque los líderes han reconocido sus errores, 20 años después es evidente que no se han puesto en práctica las lecciones aprendidas. Los gobiernos siguen sin actuar para proteger a quienes lo necesitan en las catástrofes inminentes que afrontamos hoy.”

Veinte años después, los ecos de los sucesos de Ruanda reverberan en la República Centroafricana y en Sudán del Sur… y en otros países.

“Los recientes sucesos de la República Centroafricana y Sudán del Sur ponen de relieve que los esfuerzos regionales e internacionales siguen sin abordar los conflictos actuales de África. En la República Centroafricana hay una limpieza étnica en gran escala. También en Sudán del Sur se está asesinando o violando a personas debido a su etnia y a su presunta afiliación política”, añadió Salil Shetty.

“No enviar operaciones de paz más robustas y no garantizar la rendición de cuentas por crímenes graves en África sólo sirve para que se produzcan nuevas tragedias de proporciones catastróficas.”

Desde diciembre de 2013, Amnistía Internacional investiga los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose, pese a la presencia de fuerzas de paz de la Unión Africana y Francia, en la República Centroafricana, donde se perpetran a diario homicidios extrajudiciales, violaciones y otras formas de tortura. La limpieza étnica ha obligado a cientos de miles de musulmanes a huir a los países vecinos, donde los refugiados viven en condiciones terribles mientras se desarrolla otra crisis humanitaria.

“Nuestros equipos están investigado la limpieza étnica en gran escala que azota la República Centroafricana e informando sobre ella. Se masacra a hombres, mujeres y niños, mientras las fuerzas de paz no se ven en ninguna parte”, prosiguió Salil Shetty.

“Es inaceptable que en los pasillos del poder de la ONU, Europa y la Unión Africana, los retrasos burocráticos y los juegos del poder político estén frustrando los reiterados esfuerzos para desplegar tropas de paz de la ONU adicionales en la República Centroafricana con la suficiente rapidez. Los terribles resultados son evidentes: muerte y miseria.”

En Sudán del Sur, miles de civiles han sido asesinados en los últimos meses y más de un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares después de que estallara el conflicto en diciembre de 2013. Aquí también los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad siguen destruyendo vidas mientras los perpetradores continúan en libertad.

En respuesta a la violencia, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó por unanimidad aumentar las fuerzas de paz en Sudán del Sur para que desempeñen mejor su mandato de proteger a la población civil. Sin embargo, pese a las lecciones aprendidas en Ruanda, el despliegue es lento.

Continúan cometiéndose homicidios extrajudiciales, violaciones y abusos contra los derechos humanos, a menudo por motivos étnicos y supuestamente políticos. Tanto las fuerzas del gobierno como las de la oposición destruyen deliberadamente propiedades, atacan hospitales e iglesias, y cometen saqueos generalizados, dejando ciudades abandonadas. Miles de civiles siguen huyendo del país mientras cientos de miles de personas continúan desplazadas dentro de Sudán del Sur. Con la inminente llegada de la estación de lluvias, se avecina una catástrofe humanitaria a menos que la ayuda humanitaria pueda llegar a la población civil sin demora.

El tiempo se acaba para los millones de hombres, mujeres y niños que necesitan desesperadamente ayuda en la República Centroafricana y en Sudán del Sur. El mundo debe actuar ya”, concluyó Salil Shetty.

Información complementaria
El genocidio de Ruanda se cometió durante la guerra que comenzó en octubre de 1990 entre las fuerzas del gobierno ruandés y el Frente Patriótico Ruandés (RPF), predominantemente tutsi, con base en Uganda. El RPF había sido creado por tutsis exiliados en Uganda tras su huida o la de sus padres de las matanzas étnicas de 1959 y 1963, entre otras.

Cuando el conflicto se intensificó, el gobierno ruandés pidió la ayuda de sus seguidores para que atacaran a cualquier persona identificada como simpatizante o posible simpatizante del RPF, lo que se convirtió en una estrategia deliberada para matar tutsis y conservar el poder.

El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el presidente de Ruanda Juvénal Habyarimana y el de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue abatido a tiros sobre Kigali, la capital de Ruanda, desencadenando matanzas étnicas en una escala sin precedentes. Los tutsis y hutus que se opusieron a la matanza organizada y a las fuerzas que la orquestaron fueron masacrados.

El gobierno proporcionó instrucción y repartió armas, incluidos machetes, a sus seguidores del partido gobernante, el Movimiento Nacional Republicano por la Democracia y el Desarrollo, y de su organización juvenil, los interahamwe (“los que atacan juntos”), así como a su aliado, la Coalición para la Defensa de la República, y a sus juventudes.

El 21 de abril de 1994, pese a los informes sobre las matanzas que se estaban cometiendo en Ruanda, el Consejo de Seguridad de la ONU votó reducir la misión de la ONU presente en el país, que pasó de tener 2.500 soldados a 270.

La impotente misión de la ONU permaneció en el país mientras decenas de miles de ruandeses eran asesinados cada semana. En los tres meses siguientes fueron asesinados unos 800.000 tutsis y hutus ruandeses contrarios al gobierno.

El genocidio se detuvo en julio de 1994, cuando el RPF derrotó a las fuerzas del gobierno. El RPF cometió también abusos masivos contra los derechos humanos inmediatamente después del genocidio y en el conflicto que se desencadenó a continuación.

20 años después, muchos perpetradores del genocidio han sido juzgados por los tribunales ruandeses nacionales y comunitarios, conocidos como gacaca; por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y por tribunales de Europa y Norteamérica. Continúan las investigaciones sobre decenas de presuntos genocidas que viven fuera de Ruanda. La mayoría de los homicidios cometidos por el RPF siguen sin ser juzgados.


La Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal (Coalition Against Unlawful Surveillance Exports, CAUSE) –entre cuyos miembros se encuentran Amnistía Internacional, Digitale Gesellschaft, FIDH, Human Rights Watch, el Instituto de Tecnología Abierta de la Fundación New America, Privacy International y Reporteros sin Fronteras– tiene como finalidad hacer que los gobiernos y las empresas privadas rindan cuentas de los abusos relacionados por el comercio internacional (que alcanza ya los 5.000 millones de dólares estadounidenses y sigue creciendo) de tecnologías de comunicación aplicadas a la vigilancia. Los gobiernos recurren cada vez más al uso de software, material y herramientas de espionaje para violar el derecho a la intimidad y un sinfín de derechos humanos más.

“Estas tecnologías permiten a los regímenes sofocar la disidencia o las críticas, reprimir la libertad de expresión y destruir derechos fundamentales. La coalición CAUSE ha documentado casos en los que las tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia se han utilizado no sólo para espiar la vida privada de la gente, sino también para ayudar a gobiernos a encarcelar y torturar a quienes los critican”, ha manifestado Ara Marcen Naval, coordinadora de relaciones institucionales sobre control de armas, comercio de seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.

“El creciente número de pruebas permite ver claramente el uso generalizado que los regímenes represivos hacen de estas tecnologías de vigilancia para pisotear los derechos de las personas. El desarrollo, la venta y la exportación sin freno de estas tecnologías no es justificable. Los gobiernos deben actuar rápidamente para impedir que estas tecnologías lleguen a manos peligrosas”, ha manifestado Kenneth Page, responsable de políticas de Privacy International.

En una carta abierta publicada hoy en el sitio web de CAUSE, las organizaciones expresan su alarma por la ausencia prácticamente total de regulación respecto al comercio global de materiales de comunicación aplicados a la vigilancia.

El sitio web expone con detalle las distintas tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia que han sido fabricadas y suministradas por empresas privadas, y también destaca los países en los que tienen su sede esas empresas. Según muestra, se han encontrado estas tecnologías en una diversidad de países, tales como Bahréin, Brasil, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Libia, Nigeria, Marruecos, Turkmenistán y muchos más.
“Nadie está a salvo del peligro que las tecnologías de comunicación aplicadas a la vigilancia suponen para la intimidad individual y un sinfín de derechos humanos más. Y quienes hoy vigilan, mañana serán vigilados”, ha manifestado Karim Lahidji, presidente de la FIDH. “CAUSE ha nacido para pedir una regulación responsable del comercio y para poner fin a los abusos que éste permite.”

Aunque varios gobiernos están empezando a debatir la manera de restringir este comercio, la preocupación persiste. Sin una presión internacional sostenida para que los gobiernos establezcan controles sólidos y exhaustivos a este comercio, basados en las normas internacionales de derechos humanos, la floreciente proliferación de esta tecnología intrusiva continuará, y alimentará aún más abusos.

“A los gobiernos se les brinda una oportunidad única de abordar de inmediato este problema y actualizar sus normativas para alinearse con el desarrollo tecnológico”, ha manifestado Tim Maurer, investigador del Instituto de Tecnología Abierta de la Fundación New America.

“Cada vez hay más periodistas, ciberciudadanos y disidentes que terminan en la cárcel tras ser interceptadas sus comunicaciones online. La adopción de un marco jurídico que proteja las libertades en la web es un elemento fundamental, tanto en lo que se refiere a la cuestión general de la vigilancia en Internet como respecto al problema específico de las empresas que exportan productos de vigilancia”, ha manifestado Grégoire Pouget, experto en seguridad digital de Reporteros sin Fronteras.

“Hemos visto el devastador impacto que estas tecnologías tienen en la vida de personas y en el funcionamiento de grupos de la sociedad civil. La inacción envalentonará aún más a comerciantes manifiestamente irresponsables de material de vigilancia y a organismos de seguridad, hasta convertir en normal la vigilancia arbitraria por parte del Estado. Instamos a los gobiernos a unirse y emprender acciones responsables cuanto antes”, ha manifestado Wenzel Michalski, director de Human Rights Watch en Alemania.

Entre las tecnologías en cuestión se encuentran las siguientes: malware que permite extraer subrepticiamente datos de dispositivos personales; herramientas que se utilizan para interceptar el tráfico de telecomunicaciones; equipo de espionaje utilizado para la geolocalización de teléfonos móviles; centros de observación que permiten a las autoridades hacer un seguimiento de poblaciones enteras; espionaje anónimo mediante escuchas y cámaras en ordenadores y teléfonos móviles; y dispositivos utilizados para intervenir cables submarinos de fibra óptica con el fin de realizar una vigilancia y un filtrado masivos de Internet.

“Como miembros de la coalición CAUSE, pedimos a los gobiernos que emprendan acciones inmediatas para detener la proliferación de esta peligrosa tecnología y garantizar que este comercio está controlado de manera efectiva y es totalmente transparente y responsable”, ha manifestado Volker Tripp, responsable de políticas de Digitale Gesellschaft. 

Las ONG agrupadas en CAUSE han investigado la manera en que estas tecnologías terminan en manos de organismos de seguridad con un historial atroz de derechos humanos y permiten que los agentes de seguridad hagan arbitrariamente blanco de sus acciones a periodistas, manifestantes, grupos de la sociedad civil, opositores políticos y otras personas.
Entre los casos documentados por los miembros de la coalición se encuentran los siguientes:
·        Se está utilizando tecnología de vigilancia alemana para contribuir a que se inflijan torturas en Bahréin;
·        Malware fabricado en Italia está ayudando a las autoridades de Marruecos y de Emiratos Árabes Unidos a reprimir la libertad de expresión y encarcelar a quienes critican al gobierno;
·        Hay empresas europeas que exportan software de vigilancia al gobierno de Turkmenistán, un país tristemente famoso por su violenta represión de la disidencia.


Huelga general del 29 de marzo de 2012 en Barcelona, Cataluña, España copy Dani del Sol

Amnistía Internacional ha enviado hoy viernes una carta al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, para pedir una investigación independiente, exhaustiva e imparcial que aclare los hechos y circunstancias que rodean la muerte reciente de dos personas tras sus detenciones por los Mossos d´Esquadra en Barcelona y Salou (Tarragona).

En los últimos seis meses, tres personas han fallecido en acciones de reducción y detención de los Mossos d’Esquadra en Cataluña. El pasado 6 de octubre de 2013, el empresario Juan Andrés Benitez también murió tras su detención por los Mossos d’Escuadra. Actualmente hay una investigación Judicial con 10 agentes imputados.

Amnistía Internacional cree necesario revisar los protocolos de actuación de los Mossos e insiste en la creación de un mecanismo independiente de investigación, no solo para depurar responsabilidades en caso que se determinen, sino para realizar recomendaciones que eviten que estos hechos puedan repetirse.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha denunciado la falta de mecanismos o procedimientos internos eficaces, imparciales e independientes que garanticen una investigación imparcial, exhaustiva y sin demoras ante posibles violaciones de derechos humanos derivadas de la actuación policial. Diversos organismos internacionales, como el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, también han expresado su preocupación por las deficiencias en la investigación de hechos en que se ven implicados los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley en España.

Para Amnistía Internacional, los mecanismos de rendición de cuentas, como las investigaciones prontas e independientes, son fundamentales para romper el círculo de impunidad que suele rodear casos de maltrato por parte de agentes policiales.


10 policías parecen tener vínculos con el partido de Extrema Derecha, Amanecer Dorado, en Grecia. © STR/AFP/Getty Images

La investigación de Amnistía Internacional sobre la actuación policial en Grecia ha puesto de manifiesto una larga tradición de impunidad, racismo arraigado y violencia endémica que incluye el uso de fuerza excesiva contra manifestantes y malos tratos a personas refugiadas y migrantes. El análisis se ha realizado con posterioridad a una investigación oficial sobre los vínculos existentes entre la policía y el partido Amanecer Dorado.

En diciembre de 2013, cerca de 50 personas –entre ellas el máximo dirigente de Amanecer Dorado, dos agentes de policía y cinco parlamentarios– habían sido detenidas y acusadas de múltiples delitos, desde el chantaje hasta causar explosiones y cometer asesinato. Una decena de agentes de policía resultaron estar vinculados directa o indirectamente a actividades delictivas atribuidas a miembros de Amanecer Dorado.

En su nuevo informe A law unto themselves: A culture of abuse and impunity in the Greek police, Amnistía Internacional pone al descubierto las numerosas y persistentes violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En él se detallan tanto el carácter arraigado y generalizado de la falta de rendición de cuentas como la ausencia de medidas para llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias.

“Nuestra investigación demuestra que el desastre de Amanecer Dorado sólo es la punta del iceberg. La Impunidad y el racismo profundamente arraigados y el uso excesivo de la fuerza constituyen una lacra en la policía griega. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos de Grecia no han reconocido –y menos abordado– estas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, ni la impunidad rampante”, ha afirmado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Es urgente que se acometa una reforma estructural completa del sistema para hacer cumplir la ley, incluida la creación de un mecanismo independiente de presentación de quejas contra la policía que investigue las denuncias sobre conducta ilícita de sus agentes. Las autoridades de Grecia deben restablecer la confianza de la sociedad en las estructuras griegas destinadas a hacer cumplir la ley.”

Amnistía Internacional lleva muchos años documentando conductas ilícitas de la policía en Grecia. En su reciente investigación examina la situación de estos dos años y concluye que sigue siendo sombría.

Según la información a que ha tenido acceso la organización, la policía de la prisión de Nigrita, al norte de Grecia, mató a golpes a fines de marzo de 2014 a un interno que se encontraba en régimen de aislamiento. La utopsia reveló que los golpes en las plantas de los pies y en el pecho fueron muy intensos, y que tenía quemaduras en las manos.

En los últimos tres años se ha observado una brusca escalada de los ataques basados en el odio contra personas refugiadas y migrantes. Asimismo se han documentado crímenes de odio contra miembros de la comunidad romaní y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Según informes, los responsables de hacer cumplir la ley no han impedido que se cometan estos ataques o no han investigado si estaban motivados por el odio, o no han hecho ninguna de las dos cosas.

“Con su actuación, la policía griega reafirma a los grupos ultraderechistas xenófobos en su intención de atacar a todo el que no se ajuste a su noción de ciudadano normal”, ha dicho Jezerca Tigani.

“Las autoridades han utilizado a la policía como arma de efectos indiscriminados. Con demasiada frecuencia se le ha encomendado que reprima la disidencia y persiga a miembros de grupos vulnerables en lugar de mantener el orden público. Sus actos no se han sometido a un escrutinio independiente y sus infracciones han quedado impunes. Esto tiene que cambiar.”

Amanecer Dorado

El 17 de septiembre de 2013, Pavlos Fyssas, músico y activista antifascista, murió en Keratsini, barrio residencial de la capital, Atenas, al ser apuñalado por un miembro de Amanecer Dorado. Varios testigos presenciales dijeron a los medios de comunicación griegos que había ocho agentes de la unidad de policía motorizada griega (DIAS) en el lugar donde Pavlos Fyssas y sus amigos fueron atacados por miembros de grupos ultraderechistas, pero que no intervinieron cuando Pavlos fue perseguido por varios de ellos y posteriormente apuñalado por Giorgos Roupakias. 

Al día siguiente, la policía antidisturbios usó porras y productos químicos para dispersar a los manifestantes que protestaban por el asesinato de Pavlos Fyssas. Un total de 31 manifestantes tuvieron que recibir asistencia médica, muchos con lesiones en la cabeza. Los manifestantes denunciaron que la policía los había golpeado con porras, cascos y escudos. Miembros de grupos ultraderechistas los habían apedreado mientras la policía antidisturbios observaba la escena sin acudir en su auxilio. Gavril, manifestante de 32 años, perdió el ojo derecho y a finales de octubre de 2013 ya se había sometido a tres operaciones quirúrgicas.

El caso de Pavlos Fyssas dio lugar a la apertura de una importante investigación policial sobre las actividades de Amanecer Dorado y sus vínculos con la policía.

Trato brutal a refugiados y migrantes

En Grecia, la policía tiene asignadas las funciones de controlar la inmigración y detener y expulsar a migrantes en situación irregular. Durante las redadas de la operación “Xenios Zeus”, ejecutada entre abril de 2012 y junio de 2013, se dio el alto a más de 120.000 ciudadanos extranjeros para fines de identificación. De ellos, sólo cerca de 7.000 –alrededor del 5 por ciento– resultaron no tener documentos de identidad.

K., refugiado sirio, describió así los malos tratos sufridos a manos de la policía en el centro de detención para inmigrantes de Corinto en febrero de 2013: “El mismo policía empezó a darme patadas [...] Yo intenté levantarme y él me golpeó otra vez [...] Luego pidió a dos agentes de policía que me llevaran a una sala donde no podían verme otros detenidos [...] [Allí] los policías empezaron a darme patadas en el pecho [...]  luego un agente me abofeteó y empezó a golpearme en la cara con los puños”.

Crímenes de odio

En enero de 2013, dos ciudadanos griegos mataron con arma blanca a S. Luqman, ciudadano paquistaní que vivía en Grecia. Ni la policía ni los fiscales tuvieron en cuenta la posible motivación racista del ataque. El asesinato de S. Luqman presentaba muchos de los elementos de los ataques de motivación racial organizados por un “escuadrón de la muerte” relacionado con Amanecer Dorado. Hay una causa judicial abierta contra ellos.

En septiembre de 2013 se grabaron imágenes de una mujer griega dando patadas a una niña romaní que tocaba el acordeón en una calle peatonal junto a la Acrópolis, en Atenas.  Gracias a la insistencia de la organización no gubernamental Observador Griego de Helsinki, la policía abrió una investigación sobre los hechos y la presunta motivación de odio tras ellos.

 

 


La UE ha retrasado el despliegue de tropas para una “misión de puente” para proteger a los civiles, incluidos los de un campamento improvisado en el aeropuerto de Bangui © PACOME PABAMDJI / AFP / Getty Images

El despliegue por la Unión Europea (UE) de hasta 1.000 soldados debe ser sólo el principio de la nueva respuesta de la comunidad internacional a la violencia y la limpieza étnica en la República Centroafricana, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la importante Cumbre UE-África inaugurada hoy en Bruselas.

Hace meses que la limpieza étnica de musulmanes, así como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se están perpetrando en la República Centroafricana exigen una respuesta rápida y enérgica. Se espera que la operación militar de la UE, la EUFOR RCA, se despliegue en breve; su objetivo es servir de “misión puente” para apoyar a los 8.000 efectivos de la Unión Africana y Francia hasta que pueda desplegarse una misión de paz completa de la ONU, este mismo año.

“La República Centroafricana vive una crisis humanitaria y de derechos humanos de proporciones históricas. Al no dar una respuesta más enérgica y urgente, la comunidad internacional ha mostrado una cruel indiferencia hacia la amenazada población civil de ese país, abandonándola en un momento de necesidad”, afirmó Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre África Central.

“El despliegue completo de la EUFOR RCA será crucial para sentar las bases para la futura misión de paz de la ONU; sólo esperamos que los retrasos del último par de meses no pongan en peligro el esfuerzo de la comunidad internacional para proteger a la población civil en toda la República Centroafricana.

“La Unión Africana debe asimismo prestar un apoyo económico, logístico y político significativo a sus tropas en este país y garantizar que la protección de los derechos humanos está en el centro de su misión.”

El secretario general de la ONU ha propuesto una fuerza de paz de la ONU de 12.000 efectivos para la República Centroafricana, aunque no se podrá desplegar hasta septiembre de 2014.

Como medida provisional, el 10 de febrero de 2014 la UE prometió el despliegue rápido de hasta 1.000 soldados de la EUFOR, así como el envío de equipos y suministros militares a la República Centroafricana para ayudar a las fuerzas internacionales existentes en el terreno. Casi dos meses después, aún se está reuniendo a la EUFOR RCA para que alcance gradualmente toda su capacidad.

Mientras tanto, los 8.000 soldados de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA) y las tropas francesas que ya están en ese país se esfuerzan por proteger eficazmente a la población civil, sobre todo a los musulmanes, que huyen del país en masa por temor por sus vidas. Al final de marzo, las fuerzas de la MISCA fueron atacadas en varias ocasiones por las milicias antibalaka a las que no han desarmado, lo que indica un mayor deterioro grave de la seguridad.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 22 de marzo al 1 de abril perdieron la vida en la capital, Bangui, al menos 60 personas. Dos de los incidentes más graves —un ataque con granadas en un funeral cristiano el 27 de marzo y el ataque de un grupo de soldados chadianos que abrieron fuego contra unos civiles dos días después— se cobraron la vida de decenas de civiles y causaron heridas a varios más. Tras estos ataques, el gobierno de transición de la República Centroafricana pidió a la ONU que encabezara una investigación independiente para hacer que los responsables respondan ante la justicia.

Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Africana (UA) que abra una investigación sobre cualquier denuncia de implicación de las tropas de la MISCA en violaciones de derechos humanos.

La semana pasada, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, baronesa Catherine Ashton, volvió a manifestar que la UE “tiene la intención de asumir su parte en  […] los esfuerzos para devolver la estabilidad y la seguridad a Bangui y el resto de la [República Centroafricana]”.

“La UE debe actuar con urgencia para dar estabilidad a la República Centroafricana; ahora que se ha iniciado la misión de la EUFOR RCA, no hay tiempo que perder para garantizar que es enérgica y cuenta con recursos para ayudar inmediatamente a las tropas de paz existentes en el terreno”, añadió Christian Mukosa.

“Esto ha de ir unido a los esfuerzos de la UA y la UE para garantizar que el tan necesario apoyo económico y logístico llegue a la MISCA para que ésta pueda cumplir su mandato de proteger a la población civil en todo el país hasta que se despliegue la misión de paz de la ONU.”

Información complementaria

Desde que se intensificó la violencia en la República Centroafricana en diciembre de 2013, los expertos de Amnistía Internacional han realizado tres viajes al país, así como a los campos de refugiados de la vecina Chad. La organización sigue observando la situación del país a diario.

Se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, saqueos y otras atrocidades contra la población civil todos los días. La limpieza étnica de la población musulmana del país ha obligado a cientos de miles de personas a huir a los países vecinos, donde ahora afrontan otra catástrofe humanitaria debido a las terribles condiciones de vida.

Creada en febrero de 2014 por el Consejo Europeo y autorizada por la resolución 2134 (2014) del Consejo de Seguridad de la ONU, la EUFOR RCA (que usa el acrónimo en francés de la República Centroafricana) es una operación militar de la UE encaminada a contribuir a la existencia de un entorno seguro en Bangui, la capital del país, y que funciona como una “misión puente” limitada de seis meses, con vistas a transferir su mandato a las fuerzas africanas y en última instancia a una misión de paz de la ONU. La misión tiene el objetivo expreso de contribuir a los esfuerzos internacionales para proteger a la población expuesta al mayor riesgo y de crear las condiciones para proporcionar ayuda humanitaria.

El Consejo de la Unión Europea emitió una declaración el 1 de abril de 2014 en la que anunció  la creación de la EUFOR RCA y su rápido despliegue, con un máximo de 1.000 soldados y un coste de 25,9 millones de euros para la fase preparatoria.

La Cumbre UE-África que se está celebrando en Bruselas los días 2 y 3 de abril incluye una minicumbre sobre la crisis de la República Centroafricana que se celebrará el 2 de abril y en la que participará el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, además de los líderes de la UE y de los Estados africanos.


Un manifestante chií de Bahréin fue detenido por la policía antidisturbios durante una manifestación contra el gobierno en el centro de la capital, Manama, el 21 de septiembre de 2012. AFP PHOTO / MOHAMMED AL-SHAIKH

Mientras todas las miradas del mundo deportivo están puestas en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin de este fin de semana, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de este país que no sofoquen las protestas pacíficas en torno al evento.

La competición de Fórmula 1 tendrá lugar en Bahréin del 4 al 6 de abril. En años anteriores, las autoridades han adoptado severas medidas represivas contra quienes se manifiestan a favor de las reformas, los activistas que se oponen a la familia real y los defensores de derechos humanos durante el evento.

“Las autoridades de Bahréin no deben repetir los errores del pasado restringiendo la libertad de circulación o reprimiendo las protestas. Los derechos del pueblo de Bahréin a expresar pacíficamente su oposición a las políticas gubernamentales y a denunciar sus motivos de preocupación respecto de los derechos humanos son legítimos y deben ser respetados”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

El gobierno ya ha calificado de “traidores” a los activistas de la oposición que piden el boicot al Gran Premio
. Existe el temor de que las autoridades usen los recientes disturbios, incluidos los atentados terroristas contra la policía, para justificar la imposición de nuevas restricciones durante el Gran Premio, prohibiendo que las personas salgan de sus pueblos y reprimiendo las protestas pacíficas, por ejemplo.

Durante la celebración de ediciones anteriores del Gran Premio se prohibió a los periodistas extranjeros y locales que informaran de las protestas, y algunos fueron expulsados del país por intentar hacerlo sin autorización.

“En lugar de seguir recurriendo a las medidas de seguridad para abordar las protestas contra el gobierno, las autoridades de Bahréin deberían aprovechar la celebración del Gran Premio para anunciar pasos concretos para abordar la grave situación de los derechos humanos en el país”, prosiguió Said Boumedouha.

“Tres años después del levantamiento de 2011, en Bahréin sólo ha habido cambios cosméticos y promesas vacías de reforma. Las detenciones arbitrarias, la represión de las protestas y las torturas de detenidos siguen sin disminuir. Utilizar el Gran Premio para mejorar la imagen pública del país es poco más que un intento descarado de encubrir los crecientes abusos con la propaganda de un evento deportivo internacional.”

Para agravar los abusos que se siguen produciendo, existe una total ausencia de rendición de cuentas por las violaciones perpetradas y son multitud las víctimas y sus familias que aún esperan que se haga justicia por las muertes y torturas cometidas durante ediciones anteriores del Gran Premio.

Gran Premio injusticia

Dos años después de la muerte de Salah Abbas Habib, durante la celebración de la edición de 2012 del Gran Premio, su familia sigue esperando que se haga justicia. Salah, de 37 años, fue abatido a tiros por las fuerzas de seguridad el 20 de abril de 2012, tras las protestas celebradas en Manama. Las autoridades impidieron que la familia viera el cadáver durante tres días. En noviembre de 2013, un policía fue absuelto de su implicación en el homicidio por falta de pruebas y los testimonios contradictorios de los testigos. Nadie más ha sido enjuiciado en relación con esta muerte.

Durante la edición del Gran Premio de Bahréin del año pasado, Nafeesa al Asforr, de 31 años, y Rayhana al Mousawi, de 38, fueron detenidas tras intentar entrar en el circuito de Fórmula Uno para protestar por el encarcelamiento de activistas políticos. Ambas han sido acusadas de intentar cometer actos terroristas y de posesión de explosivos. Su juicio está en curso. El pasado mes de septiembre, Rayhana fue condenada a cinco años de prisión en otro juicio por su relación con la Coalición 14 de febrero, movimiento juvenil a la que las autoridades calificaron de organización terrorista en marzo de 2014.

Las dos mujeres denuncian que sufrieron torturas y malos tratos durante el interrogatorio y que las obligaron a firmar “confesiones” que más tarde retiraron. Amnistía Internacional ha pedido una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de malos tratos de las encausadas y que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Además, durante el Gran Premio de este año se cumplen tres años de la detención de Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb, ex presidente de la Asociación de Maestros de Bahréin. Estuvo 64 días en régimen de aislamiento y fue golpeado y torturado bajo custodia incluso después de firmar una “confesión” forzada. Amnistía Internacional le considera preso de conciencia, recluido sólo por la expresión pacífica de sus opiniones, y pide su libertad inmediata e incondicional y que se investiguen sus denuncias de tortura.

Varios activistas pro derechos humanos, como Nabeel Rajab y Abdelhadi Al Khawaja, y cientos de presos políticos más están en prisión sólo por encabezar o convocar pacíficamente protestas contra el gobierno.

“El arraigado clima de impunidad en el seno de las fuerzas de seguridad de Bahréin hace que, una y otra vez, se permita que los responsables de torturas y otras violaciones graves estén en libertad. En lugar de abordar los abusos que se están cometiendo, las autoridades de Bahréin siguen buscando el reconocimiento internacional con actividades como el Gran Premio al mismo tiempo que violan flagrantemente los derechos de sus propios ciudadanos”, concluyó Said Boumedouha.


El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el TCA y desde entonces lo han firmado 118 Estados. © Amnesty International

Millones de personas en todo el mundo seguirán sufriendo las letales consecuencias de un comercio global de armas mal regulado hasta que muchos más gobiernos actúen con rapidez para que el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) entre en vigor; así lo advierte Amnistía Internacional un año después de la adopción del Tratado por abrumadora mayoría en la Asamblea General de la ONU.
 
El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el TCA y desde entonces lo han firmado 118 Estados, indicando su disposición a incorporarlo finalmente a su legislación nacional. Pero 43 Estados que apoyaron entonces la adopción del Tratado todavía no han dado ningún paso (véase la lista infra).
 
“Hay un número excesivo de gobiernos que lo están demorando. La lista de las 43 firmas que faltan está formada principalmente por países donde los conflictos armados, la represión violenta y la violencia armada son más frecuentes; pero son precisamente esos Estados los que más pueden beneficiarse del Tratado. Es un gran fracaso de liderazgo político”, ha dicho Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
 
“Resulta llamativo que Kenia, que estaba entre los Estados que inicialmente pidieron a la ONU que respaldara el TCA, ni siquiera haya firmado el Tratado.”
 
Aunque 17 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea ratificarán el Tratado en la ONU el 2 de abril de 2014, el número total seguirá sin alcanzar las 50 ratificaciones que hacen falta para que el tratado entre en vigor. Hasta ahora, sólo 13 Estados han ratificado el TCA en todo el mundo.
 

El TCA contiene una serie de disposiciones dirigidas a reforzar la protección de los derechos humanos de cientos de millones de personas cuyas vidas y medios de subsistencia se ven amenazados por la proliferación y el abuso de las armas convencionales.
 

Si se aplica con eficacia y firmeza, el TCA terminará con la afluencia de armas a países donde se sabe que se destinarían a cometer o facilitar actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Una aplicación estricta del TCA también obligará a los Estados a evaluar el riesgo de transferir armas a otro país, ya que han acordado que la transferencia no se llevará a efecto si existe un riesgo preponderante de que las armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
 
Varios países –España, Bélgica, Alemania, México, Noruega, Serbia, Islandia, Costa Rica, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago– han declarado que van a aplicar las disposiciones de derechos humanos del Tratado incluso antes de su entrada en vigor.
 
Pero a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que algunos Estados, entre ellos varios miembros de la UE, al parecer continúan transfiriendo armas a países donde hay un riesgo preponderante de que se utilicen para cometer abusos y violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, la República Checa ha enviado muy recientemente (en diciembre de 2013) decenas de miles de armas de fuego a las fuerzas de seguridad egipcias, que han matado a cientos de personas en las manifestaciones que sucedieron al derrocamiento del presidente Mohamed Morsi por los militares.
 
“Si los Estados de la UE que ahora ratifican el Tratado sobre el Comercio de Armas piensan que pueden seguir, como de costumbre, suministrando instrumentos letales a autores persistentes de gravísimas violaciones de derechos humanos, la eficacia del Tratado estará condenada desde el principio”, ha dicho Brian Wood.
 
Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña para que todos los Estados firmen, ratifiquen y apliquen rigurosamente el TCA.  Para que el tratado se constituya en una norma verdaderamente universal de limitación de las armas, grandes productores de armamento que se mantienen escépticos como Canadá, Israel y Estados Unidos, e importadores como Pakistán y Ucrania, tendrán que ratificarlo junto con el resto de esos 43 países que van rezagados. Están entre los 155 Estados que el año pasado votaron a favor de adoptar el tratado en la Asamblea General de la ONU.
 
Según las previsiones de diplomáticos, China y la Federación Rusa, dos importantes exportadores de armas que se abstuvieron en la votación del año pasado, firmarán el Tratado cuando un gran número de Estados lo haya hecho.   
 
Información complementaria
 Al menos 500.000 personas mueren cada año por término medio y varios millones más sufren desplazamientos y abusos a causa del conflicto y la violencia armada.
 
Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional hace campaña en favor de que se adopten unas normas globales sobre transferencias internacionales de armas que sean sólidas y jurídicamente vinculantes, para frenar la circulación de municiones y armas convencionales que fomentan las atrocidades y los abusos. Millones de personas en todo el mundo pidieron a los gobiernos que acordaran un Tratado sobre el Comercio de Armas firme y con sólidas normas para proteger vidas.
 
Cuando el TCA esté en vigor, los Estados tendrán prohibido transferir armas convencionales a países en los que sepan que esas armas se utilizarían para cometer o facilitar graves abusos contra los derechos humanos, incluidos actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Todos los Estados Partes tendrán la obligación de realizar evaluaciones objetivas para evitar el riesgo preponderante de que el armamento transferido se destine a cometer violaciones graves de derechos humanos.
 
El tratado entrará en vigor a los 90 días de completarse 50 ratificaciones. Amnistía Internacional y sus asociados en la causa siguen presionando a todos los gobiernos para que firmen, ratifiquen y apliquen estrictamente el Tratado y lo hagan cuanto antes.
 
Estados de todas las regiones del mundo firmaron el TCA al poco tiempo de su apertura a la firma, el 3 de junio de 2013, entre ellos cuatro de los primeros productores y exportadores de armas mundiales –Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos–, que lo firmaron en septiembre de 2013.
 
Estados que votaron “sí” al TCA pero todavía no lo han firmado o ratificado (43 en total):
Afganistán, Andorra, Argelia, Azerbaiyán, Botsuana, Brunéi, Bután, Camerún, Canadá, Eritrea, Etiopía, Gambia, Georgia, Irak, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Líbano, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Namibia, Nepal, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República Democrática del Congo, San Marino, Singapur, Somalia, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Ucrania.
 
Estados que ya han ratificado el TCA en el momento de redactarse este documento (31 en total, incluidos los que está previsto que lo ratifiquen el 2 de abril de 2014)
Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Bulgaria, Costa Rica, Croacia,Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Granada, Guyana, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Malí, Malta, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Rumania, Trinidad y Tobago y Reino Unido.


Cartuchos de municiones disparadas en las manifestaciones. Copy: Manaure Quintero Alvarez

Venezuela se arriesga a afrontar una de las peores amenazas al estado de derecho de las últimas décadas, si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la actual crisis en el país.

El informe, Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar desde comienzos de febrero.

“El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se dan los pasos adecuados para que las partes en conflicto establezcan un diálogo. Esto sólo puede ocurrir si ambas respetan los derechos humanos y el estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, con personas corrientes llevándose la peor parte,” ha dicho Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Hasta el momento, 37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego. Según datos publicados por la Fiscalía General el 27 de Marzo, 2,157 personas fueron detenidas durante las protestas. La gran mayoría han sdio liberadas pero continúan enfrentando cargos.

De acuerdo a información recibida por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes.

El informe también documenta abusos a los derechos humanos cometidos por grupos progubernamentales, manifestantes e individuos no identificados.

“Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva y los responsables deben comparecer ante los tribunales,” ha asegurado Erika Guevara Rosas.

“La crisis política amenaza con socavar cualquier progreso hecho en los años recientes en lo que respecta a los derechos de las personas más marginadas del país.”

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno venezolano para que se comprometa a desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos. El plan debería ser el resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil.
 
“El gobierno y la oposición deben comprometerse a utilizar medios pacíficos para resolver la crisis política y mandar un mensaje claro a sus partidarios de que no van a tolerar el uso de la violencia ni la retórica de confrontación que pueda incitar a la violencia . La comunidad internacional, incluyendo los países vecinos, debe fomentar el diálogo constructivo en el país,” han concluido Erika Guevara Rosas.

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Ejemplos de presuntas violaciones y abusos a los derechos humanos
El 19 de Febrero, Geraldine Moreno, una estudiante de 23 años, participó en una manifestación en la ciudad de Valencia. Un oficial de la Guardia Nacional presuntamente disparó una escopeta de balas de caucho en su cara desde una distancia de apenas 30 centímetros. Geraldine murió en el hospital tres días después.

Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, fue detenido por oficiales de la Guardia Nacional después de haber participado en manifestaciones en contra del gobierno en la ciudad de Maracaibo el 21 de Febrero. Fue golpeado repetidamente y dice que un comandante de la Guardia Nacional amenazó con quemarlo vivo.


AP Photo/Kyodo News

La decisión de la fiscalía de Japón de recurrir la sentencia que ordena que se juzgue de nuevo a Hakamada Iwao no hará más que añadirse a las décadas de tortura psicológica que Hakamada ya ha sufrido, ha dicho Amnistía Internacional.

Hakamada, de 78 años, estuvo más de 40 años en el corredor de la muerte hasta que un tribunal ordenó el pasado jueves que volviera a juzgársele y quedara de inmediato en libertad.“Durante 46 años Hakamada ha vivido bajo el temor constante de ser ejecutado, sin saber nunca si al día siguiente iba a morir. Este recurso de apelación sólo aumentará su sufrimiento”, ha dicho Roseann Rife, directora de investigación de Amnistía Internacional para Asia Oriental.

El recurso de la fiscalía se presentó el lunes en el Tribunal Superior de Tokio, que podría tardar hasta dos años en resolverlo.

“Esta decisión de la fiscalía podría negarle a un anciano el nuevo juicio que sin duda merece. Parece una estratagema deliberada para retrasarlo, sabiendo perfectamente que a Hakamada se le acaba el tiempo” ha añadido Roseann Rife.

“La sentencia dictada por el tribunal el pasado jueves desacreditó totalmente los argumentos de la fiscalía, y no se entiende por qué se ha presentado este recurso.”

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Hakamada fue condenado a muerte en 1968 tras un juicio sin garantías por asesinar a su empleador y a la familia de éste, y era el preso que llevaba más tiempo en el corredor de la muerte en todo el mundo.

El jueves, el Tribunal de Distrito de Shizuoka ordenó que volviera a ser juzgado y que quedara en libertad de inmediato. El intento de la fiscalía de bloquear su excarcelación inmediata fue rechazado, y Hakamada salió de un centro de detención de Tokio el jueves por la tarde. Posteriormente ha acudido a un hospital de Tokio para recibir atención médica.


Los niños junto a los vehículos quemados tras un ataque de Boko Haram el 20 de febrero de 2014 en Bama, al noreste del país. El ataque causó la muerte de 60 personas y la destrucción de edificios públicos. Los testigos contaron que hombres armados irrumpieron en la ciudad de madrugada y lanzaron explosivos contra varios edificios, obligando a los residentes a huir a la selva. AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

La escalada de ataques de Boko Haram y represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad de Nigeria ha hecho que el saldo de muertes en el noreste de Nigeria se eleve al menos a 1.500 personas –más de la mitad de ellas civiles– en los primeros tres meses de 2014, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

“La escalada de la violencia en el noreste de Nigeria en 2014 ha degenerado en una situación de conflicto armado no internacional donde todas las partes violan el derecho internacional humanitario. Instamos a la comunidad internacional a que garantice investigaciones independientes y sin demora de actos que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Relaciones Institucionales para África en Amnistía Internacional.

“Más de 1.500 muertes en tres meses indican un deterioro alarmante de la situación. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado ante las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra la población civil y otros crímenes de derecho internacional a gran escala. El círculo vicioso de violaciones y represalias se está acelerando y la población civil está pagando un elevado precio.”

Más de la mitad de los homicidios han sido obra de miembros del grupo armado islamista Boko Haram, incluidos los de decenas de niños y niñas en edad escolar que han sido víctimas de ataques deliberados.

Amnistía Internacional ha documentado los homicidios perpetrados por Boko Haram y por las fuerzas de seguridad de Nigeria en enero, febrero y marzo de 2014. El punto culminante se alcanza el 14 de marzo con la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra detenidos que habían sido liberados.

Ese día, hombres armados de Boko Haram atacaron el cuartel del ejército de Giwa, situado en la ciudad de Maiduguri (estado de Borno). Según los informes, los atacantes se abrieron paso a disparos hasta la zona del cuartel donde se encontraban los detenidos y liberaron a varios cientos de ellos. Amnistía Internacional ha recibido pruebas creíbles de que, al recuperar el control, el ejército ejecutó extrajudicialmente a más de 600 personas en varios lugares de Maiduguri, la mayoría de ellas detenidos que habían vuelto a ser capturados y estaban desarmados.

Amnistía Internacional ha compuesto varias secuencias de la película de los hechos que siguieron al ataque del 14 de marzo de Maiduguri. Se ha basado en entrevistas con residentes en la localidad, abogados, activistas de derechos humanos y personal de centros hospitalarios de toda la ciudad, así como en las imágenes de satélite que muestran tres posibles fosas comunes en una zona de Maiduguri.

“La magnitud de las atrocidades cometidas por Boko Haram es realmente terrible y crea un clima de temor e inseguridad, pero esto no puede utilizarse para justificar la brutalidad de la respuesta que sin duda están dando las fuerzas de seguridad de Nigeria”, ha afirmado Netsanet Belay.

Entre los testimonios reunidos por Amnistía Internacional están los de unos testigos que describieron lo que había sucedido cuando los militares hallaron a 56 personas que habían escapado del cuartel de Giwa.

“Los detenidos que habían escapado estaban en un aula y comenzaron a gritar: ‘¡No somos de Boko Haram! ¡Somos detenidos!’ Mis vecinos y yo vimos cómo los soldados se los llevaban a un lugar llamado “tierra de nadie”, situado detrás de la Universidad de Maiduguri, y abrían fuego contra ellos, matándolos a todos. Los mataron delante de nosotros. A todos ellos.”

En Jiddari Polo, también en Maiduguri, otros testigos describieron cómo miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil habían vuelto a detener a detenidos liberados y los habían entregado al ejército. Fueron ejecutadas más de 190 personas, muchas de las cuales no pudieron ni correr debido a su estado de debilidad.

“Vi cómo los soldados le decían a la gente que se tumbara en el suelo. Los miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil mantuvieron una pequeña discusión con los soldados, que hicieron algunas llamadas y, pocos minutos después, empezaron a disparar los que estaban tumbados. Conté 198 personas muertas en ese punto de control.”

Dada la evidente falta de voluntad y capacidad de Nigeria para investigar y procesar a los perpetradores de estos crímenes, Amnistía Internacional pide a la Comisión Africana y a la ONU que ayude a este país a investigar unos actos que pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, perpetrados tanto por Boko Haram como por las fuerzas de seguridad nigerianas en el noreste del país.

“La ejecución sumaria de estos detenidos equivale a una ejecución extrajudicial y es un delito de derecho internacional. Estos homicidios son la consecuencia de una consolidada constante de muertes bajo custodia de detenidos en relación con la situación en el noreste”, ha dicho Netsanet Belay.

“La comunidad internacional, y en particular la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debe garantizar, con carácter de urgencia, que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre estas denuncias de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Nigeria”.

Amnistía Internacional pide también a la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO)  y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana que evalúen de inmediato la situación de conflicto en el noreste de Nigeria y proporcionen apoyo pleno y eficaz para poner fin a estos actos de violencia contra la población civil, además de condenar enérgicamente los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que están cometiendo todas las partes en el conflicto.

“Al asumir Nigeria el mes que viene la presidencia del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, esta organización debe preguntarse seriamente hasta qué punto sus Estados miembros están cumpliendo los compromisos de defender los principios de la Unión Africana y respetar el Estado de derecho y los derechos humanos”, ha dicho Netsanet Belay.