Amnistía Internacional España

El campo de refugiados Khazir, cerca de Erbil, al que muchos iraquíes han huido © EPA

El pánico ha hecho presa del noroeste de Irak y decenas de miles de personas abandonan las zonas por donde los militantes del Estado Islámico de Irak y Al Sham (ISIS) continúan su avance, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La situación de los iraquíes del noroeste del país, en especial los de las minorías yazidíes y cristiana, es cada vez más desesperada y están abandonando sus hogares y, en el caso de muchas personas ya desplazadas, sus lugares de refugio”, ha señalado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, que se encuentra actualmente en Irak.

Millares de habitantes de la ciudad cristiana de Qaraqosh huyeron de allí al llegar el ISIS durante la noche, mientras que, según han contado a Amnistía Internacional, otros no pudieron hacerlo porque quedaron atrapados en la ciudad.

Donatella Rovera ha explicado: “Ayer conocí, en la ciudad cristiana de Al Qosh, a un hombre que lleva semanas trabajando duramente para proporcionar refugio y asistencia a las personas desplazadas: cristianos, yazidíes y otras minorías que han huido de sus hogares en los últimos días y semanas en medio de los ataques del ISIS”.

“Hoy, su familia y él se han visto también desplazados. Se ha echado a llorar mientras me contaba que anoche tuvieron que huir sólo con lo puesto, sin tiempo siquiera para echarse la documentación al bolsillo.”

En Bashiqa, localidad de mayoría yazidí situada al norte de Mosul, el temor constante de los habitantes a un ataque del ISIS se hizo realidad anoche. La población está ahora desplazada.

A media que el ISIS ha ido avanzando hacia el este y el norte durante la noche, millares de personas han huido hacia las ciudades de Dohuk y Erbil, en el Kurdistán iraquí.

“Muchos miembros de minorías están huyendo incluso de zonas donde no parece haber peligro inminente de ataque del ISIS, pues están muy traumatizados por haber sufrido ya desplazamiento recientemente. Son presa del pánico y el miedo”, ha añadido Donatella Rovera.

Por ejemplo, algunos yazidíes de la zona de Sinyar, que se vieron obligados a abandonar sus hogares durante el fin de semana tras tomar el ISIS la zona y que encontraron refugio cerca de Dohuk, están de nuevo huyendo. Ahora se dirigen a la frontera turca.


Hay crecientes indicios de que las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron ataques aparentemente deliberados contra hospitales y profesionales de la salud en Gaza © EPA / OLIVER WEIKEN

Debe llevarse a cabo una investigación inmediata sobre los crecientes indicios de que las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado ataques aparentemente deliberados contra hospitales y profesionales de la salud en Gaza, unos ataques que han causado la muerte de seis miembros del personal médico. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional al mismo tiempo que ha difundido inquietantes testimonios de personal médico, de enfermería y de ambulancias que trabaja en la zona.

“Las espantosas descripciones que los conductores de ambulancia y otros miembros del personal médico hacen de la atroz situación en la que tienen que trabajar, con bombas y balas matando o hiriendo a sus colegas mientras tratan de salvar vidas, ilustran la sombría realidad de la vida en Gaza”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. 

“Aún más alarmantes son los crecientes indicios de que el ejército israelí ha atacado a centros o profesionales de salud. Esos ataques están terminantemente prohibidos por el derecho internacional y constituirían crímenes de guerra. Sólo sirven para reforzar el argumento, ya de por sí imperioso, de que la situación debe ser remitida a la Corte Penal Internacional.”

Desde el 17 de julio, los ataques contra hospitales, personal médico y personal de ambulancia, incluidos quienes trataban de evacuar a personas heridas en los ataques israelíes, se han intensificado.

Ha habido equipos médicos a los que les han impedido llegar siquiera a zonas críticas, privando así a cientos de civiles heridos de una asistencia que podría salvarles la vida, y dejando a familias enteras sin ayuda para retirar los cadáveres de sus seres queridos.

Jaber Khalil Abu Rumileh, que supervisa los servicios de ambulancia en el hospital de Mártires de Al Aqsa, habló a Amnistía Internacional de un bombardeo contra el centro médico el 21 de julio que duró media hora.

“Eran las tres de la tarde y yo estaba trabajando en la unidad de urgencias. Oí una explosión que sacudió el hospital. Era un proyectil que había impactado en la cuarta planta, la unidad de embarazo y cesárea. Luego hubo varios impactos más. La gente estaba aterrorizada, los pacientes corrían, los médicos no podían entrar para ayudar a los heridos y retirar a los muertos. Entonces otro proyectil impactó en la planta tercera, y cuatro personas murieron. Vi a una mujer venir corriendo con el bebé al que acababa de dar a luz. Algunas mujeres dieron a luz durante el bombardeo.”

Mohammad Abu Jumiza sufre una sordera parcial a causa de las heridas que sufrió durante un ataque que tuvo lugar mientras trasladaba a personas heridas en su ambulancia en Jan Yunis el 24 de julio.

“Regresábamos al hospital de Nasser, con las luces encendidas y haciendo sonar las sirenas, como siempre. La ambulancia estaba claramente marcada como tal. El médico, la enfermera y yo vestíamos uniformes médicos. Cuando llegamos a la Universidad Islámica oí una explosión justo a nuestro lado, y las ventanillas delanteras y traseras saltaron por los aires. Cuando daba la vuelta, otro misil cayó a nuestro lado, y luego un tercero. Cuando cayó el cuarto, perdí el control y nos estrellamos, así que salimos corriendo del vehículo y nos refugiamos en un edificio. Luego cayeron dos misiles más, y varias personas resultaron heridas.”

El Dr. Bashar Murad, director de una unidad de urgencias y ambulancia de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, contó que, desde el inicio del conflicto, al menos dos trabajadores de ambulancias de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja habían muerto, al menos 35 habían resultado heridos y 17 vehículos de salud habían quedado fuera de servicio tras ataques del ejército israelí.

“Nuestras ambulancias son atacadas a menudo, pese a que están claramente identificadas y llevan todas las señales de que son ambulancias. El ejército debería poder distinguir desde el aire que está disparando contra ambulancias”, relató.

Mohammad Al Abadlah, conductor de ambulancia, murió el 25 de julio. Estaba en Qarara para ayudar a una persona herida cuando fue alcanzado por disparos en la cadera y el pecho, y murió desangrado. Viajaba en una ambulancia con marcas bien visibles y vestía uniforme médico. Los colegas que se acercaron a él para ayudarle también se encontraron bajo ráfagas de disparos, pero no resultaron heridos.

A’ed Mustafa Bur’i, otro conductor de ambulancia, murió calcinado el 25 de julio en Beit Hanoon cuando un proyectil alcanzó el vehículo, claramente identificado, en el que viajaba.

Los hospitales de toda la Franja de Gaza sufren también falta de combustible y cortes de energía, un suministro inadecuado de agua, y escasez de medicamentos y material médico esencial. Esas carencias, ya habituales a causa de los siete años de bloqueo israelí, se han agravado mucho más durante las actuales hostilidades.


El vídeo horripilante recogido por Amnistía Internacional proporciona nuevas pruebas de crímenes de guerra en el noreste de Nigeria © EPA

Espeluznantes vídeos, imágenes y testimonios recopilados por Amnistía Internacional arrojan nuevas pruebas de crímenes de guerra, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de otras violaciones graves de derechos humanos perpetradas en el noreste de Nigeria, donde se han intensificado los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados, entre ellos Boko Haram.

El vídeo, procedente de numerosas fuentes y obtenido durante un reciente viaje al estado de Borno, demuestra, con pruebas gráficas, los múltiples crímenes de guerra que se están cometiendo en Nigeria.

En él pueden verse escalofriantes escenas en las que varios hombres –en apariencia pertenecientes al ejército nigeriano y a las milicias patrocinadas por el Estado llamadas “Fuerza Civil Especial Conjunta” (CJTF)– van cortando, uno a uno, la garganta a los detenidos, a los que después arrojan a una fosa común. Asimismo puede apreciarse el estado en el que queda un pueblo tras un ataque de Boko Haram, en el que casi 100 personas fueron asesinadas y decenas de viviendas y edificios, destruidos o asolados.

“Estas impactantes y nuevas pruebas ponen en evidencia, una vez más, los horribles crímenes que están cometiendo todas las partes en conflicto, sin la más mínima contención. La población nigeriana se merece algo mejor. ¿Qué cabe esperar, cuando el ejército comete tan atroces crímenes y, además, los graba?” se pregunta Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“No son las imágenes que cabría esperar de un gobierno que dice ser uno de los líderes de África. Estas pavorosas escenas han sido corroboradas, además, por los numerosos testimonios que hemos recogido, según los cuales las ejecuciones extrajudiciales son, en efecto, una práctica habitual del ejército nigeriano y de la CJTF”.

Sólo este año, más de 4.000 personas han perdido la vida en el conflicto en curso entre el ejército nigeriano y Boko Haram, y de ellas, más de 600 fueron ejecutadas extrajudicialmente tras el ataque a las dependencias militares de Giwa (Maiduguri), el 14 de marzo.

A lo largo de los últimos meses, el conflicto del noreste de Nigeria se ha intensificado y propagado a ciudades y pueblos más pequeños, que se van incorporando, cada vez más a la línea de fuego. En julio de este año, Damboa (estado de Borno) se ha convertido en la primera población en caer bajo control de Boko Haram desde que el presidente Goodluck Jonathan declaró el estado de emergencia en mayo de 2013.

La implacable actitud del ejército golpeó, también, con fuerza al estado de Kaduna en julio. Doce personas de una secta mayoritariamente chií, encabezada por Sheij El Zakzaky, fueron, al parecer, asesinadas bajo custodia por el ejército nigeriano. Habían sido detenidas tras haber participado en una manifestación –según parece, pacífica–, en la que murieron 21 personas, entre ellas 2 niños, cuando la policía abrió fuego.

Amnistía Internacional insta a las autoridades nigerianas a garantizar que el ejército deje de cometer violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra y demás violaciones graves deben investigarse sin demora y de forma exhaustiva, independiente e imparcial, para llevar posteriormente ante la justicia a los responsables, incluida toda la cadena de mando.

“Los miembros de Boko Haram y de otros grupos armados son responsables de un enorme número de monstruosos crímenes, como el secuestro de las colegialas de Chibok hace más de tres meses, pero en teoría, la función del ejército es defender a la población, y no cometer más abusos”, arguye Salil Shetty.

“El estado de emergencia no debe conducir al estado de anarquía. Tristemente, tanto Boko Haram como el ejército están sembrando el terror entre las mismas comunidades”.

Macabras ejecuciones extrajudiciales

El vídeo obtenido por Amnistía Internacional muestra un horripilante acto que tuvo lugar en Maiduguri, la capital del estado de Borno, el 14 de marzo. En él, puede verse cómo personas, en apariencia pertenecientes al ejército nigeriano y a la CJTF, van cortando con una cuchilla la garganta de varios detenidos, a los que después arrojan a una fosa común.

En el vídeo se ve a 16 jóvenes y niños sentados en fila. Uno a uno, los van llamando y les ordenan que se echen al suelo delante de la fosa. A cinco de ellos los matan así. El vídeo no muestra la suerte que corrieron los demás, pero según testigos presenciales a nueve les cortaron la garganta, y a los demás los fusilaron.

En otras imágenes de los mismos verdugos, rodadas algo antes en el mismo lugar, se ve a dos detenidos que cavan una fosa mientras los vigilan a punta de arma. Luego, le piden a uno de ellos que se eche delante de la fosa, y presuntos miembros de la CJTF lo agarran por las piernas y la cabeza. Quien parece ser el jefe del grupo, pone el pie sobre el costado del chico, levanta el cuchillo, lo besa y grita “muere, comando”. A continuación, corta la garganta del joven inmovilizado mientras todos los demás soldados y miembros de la CJTF gritan: “¡Sí oga [jefe], mátalo!”.

Amnistía Internacional habló con varias fuentes militares que confirmaron que el personal armado del vídeo era, en efecto, personal militar. En concreto, según dos fuentes fidedignas, pueden ser parte del 81 Batallón, con base en el estado de Borno.

En el vídeo no se ven edificios, carreteras o infraestructuras, pero el ruido de los coches confirma que se encuentran cerca de una carretera. Varios de los hombres armados llevan uniformes militares, uno de ellos con las palabras “Borno State Operation Flush” (“Estado de Borno, Operación Purga”) en la parte delantera. También se puede leer con claridad el número de identificación de una de las armas (81BN/SP/407). Según fuentes militares, el rifle pertenece a la compañía de refuerzo de 81 Batallón, y nadie ha denunciado su pérdida.

Asimismo, testigos oculares confirmaron a Amnistía Internacional que los vídeos se rodaron el 14 de marzo de 2014, el día del ataque de las fuerzas de Boko Haram contra las dependencias militares de Giwa (Maiduguri). Según informes, las fuerzas de Boko Haram liberaron a sus miembros y dejaron elegir a los demás detenidos entre sumarse a ellos o irse a casa. Una vez que Boko Haram había abandonado la ciudad, más de 600 personas, en su mayoría detenidos nuevamente capturados, fueron ejecutados extrajudicialmente en varios lugares de Maiduguri. Los detenidos del vídeo fueron arrestados por la CJTF en Giddari Polo, cerca de las dependencias militares, donde varias fuentes han confirmado que otros detenidos, también capturados de nuevo y entregados al ejército, fueron fusilados por soldados. A continuación, los militares trasladaron los cadáveres, junto con los detenidos que quedaban vivos, a un lugar a las afueras de Maiduguri, cercano a Giddari, donde al parecer se llevaron a cabo las ejecuciones que se grabaron.

Redadas militares en Bama

Otras imágenes de vídeo en poder de Amnistía Internacional revelan violaciones graves perpetradas en Bama, localidad situada a 70 km al sur de Maiduguri.

Bama es una de las numerosas comunidades que se han convertido en focos de violencia durante los últimos dos años. Con frecuencia, ha sido blanco de ataques armados perpetrados por Boko Haram, y el ejército nigeriano la ha elegido al menos dos veces para efectuar masivas detenciones arbitrarias de presuntos miembros de Boko Haram.

Los residentes han descrito a Amnistía Internacional una operación de “cribado” que tuvo lugar el 23 de julio, cuando decenas de soldados nigerianos y miembros de la CJTF, procedentes de Maiduguri, llegaron al mercado central, en torno a las once de la mañana, y ordenaron a todos los hombres adultos concentrarse en un lugar y desnudarse.

Según testigos oculares, a continuación los colocaron en fila y, uno a uno, les hicieron cerrar los ojos y después, a empujones, los llevaron hasta un hombre que estaba sentado en un vehículo. Éste señalaba la derecha o la izquierda. Los 35 hombres enviados a la izquierda fueron acusados de pertenecer a Boko Haram. Los enviados a la derecha, aproximadamente 300, fueron considerados inocentes.

Las pruebas obtenidas en vídeo por Amnistía Internacional confirman los relatos de numerosos testigos oculares sobre lo que ocurrió a continuación. Los soldados nigerianos y los miembros de la CJTF ordenaron a los presuntos miembros de Boko Haram que se tumbaran en el suelo, uno junto a otro y, a continuación, los golpearon con palos y machetes. Un testigo describió a Amnistía Internacional cómo los oficiales gritaban: “¡A éstos hay que pegarlos, hasta matarlos; son Boko Haram!”.

El vídeo muestra cómo, durante esta operación de “cribado”, los soldados y miembros de la CJTF lanzaban disparos al aire en señal de celebración. Posteriormente, hicieron subir a los 35 detenidos a un único vehículo militar, y los transportaron hasta el cuartel militar de Bama.

Varios días más tarde, el 29 de julio por la tarde, personal militar los sacó del cuartel y los llevó a sus comunidades, donde los fue fusilando, a varios a la vez, y abandonando sus cuerpos. Una persona del lugar refirió a Amnistía Internacional que los disparos empezaron a sonar en torno a las dos de la tarde y no pararon hasta el anochecer, puesto que los soldados los iban matando y colocando sus cadáveres en distintos puntos de la ciudad.

Un familiar de uno de los hombres ejecutados extrajudicialmente detalló lo que ocurrió cuando todo hubo terminado: “En ese momento, todos sabíamos que los habían matado [y] salimos corriendo a buscarlos. Lo encontramos [a nuestro familiar] junto al puente de Bama. Había mucha gente con nosotros. Habían fusilado a cinco [sólo en ese sitio]. Había cinco cuerpos [incluido el de mi familiar]. Tenía un agujero de bala en el pecho, y no llevaba ropa, sólo los pantalones. Tomamos su cuerpo y los enterramos. No hay certificado de defunción. Los hospitales de Bama no están en funcionamiento. No hay ningún sitio donde reclamar; en la ciudad, tenemos la circulación restringida. Todos encomendamos lo que había pasado a Dios”.

Redada mortal de Boko Haram

Como en muchas otras comunidades del noreste de Nigeria, en Bama la población vive con el temor constante de sufrir ataques de Boko Haram y de otros grupos armados. Según se cree, éstos se llevan a cabo en represalia por lo que los grupos armados consideran cooperación de la población local con el ejército nigeriano. Éste, por su parte, opone escasa resistencia a muchos de estos ataques.

El ataque más sanguinario de Boko Haram contra esta ciudad duró varias horas, y se produjo a primera hora de la mañana del 19 de febrero. Según afirma la gente del lugar, más de 100 personas resultaron muertas y los heridos fueron más de 200. Los agresores, con ayuda de improvisados explosivos y granadas, destruyeron enormes sectores de la localidad.

“Para los insurgentes fue un festín; sin parar de matar, quemar y destruir”, declaró un residente a Amnistía Internacional.

Las imágenes de vídeo rodadas tras los ataques muestran los restos carbonizados de numerosos coches y edificios, hasta el punto de que incluso en el piso superior del palacio del emir local (shehu), se aprecian destrozos causados por el fuego. Testigos oculares aseguraron a Amnistía Internacional que también habían bombardeado o incendiado escuelas y edificios administrativos, y que los vehículos de más de 100 residentes habían quedado destrozados.

En las imágenes capturadas tras estos hechos, pueden verse decenas de cadáveres cubiertos, en espera de ser enterrados.

Amnistía Internacional pide una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre este panorama de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas por ambos bandos, que se observa en el noreste de Nigeria. El gobierno de Nigeria debe condenar públicamente estos actos, incluidos los presuntamente cometidos por el ejército del país, como detenciones arbitrarias, reclusiones en régimen de incomunicación, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Información complementaria

En una reciente visita de investigación al estado de Borno (noreste de Nigeria), Amnistía Internacional entrevistó a decenas de testigos presenciales de abusos y familiares de muertos.

A lo largo de la visita, salieron a la luz decenas de vídeos y cientos de imágenes que circulan por toda la región (pero que no se han visto mucho fuera de ésta), y corroboran las denuncias de violaciones generalizadas de derechos humanos a manos del ejército de Nigeria y de la “Fuerza Civil Especial Conjunta” (CJTF). Tanto los testigos como los familiares de las víctimas coinciden en afirmar que el ejército efectuó detenciones y reclusiones arbitrarias, infligió torturas y malos tratos y fue responsable de muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional ha verificado por sí misma estas denuncias.

Uno de los vídeos muestra el resultado del mortífero ataque lanzado por Boko Haram contra Bama en febrero de este año; uno de los muchos denunciados en la región, que se han saldado con cientos de muertes y secuestros, y que ha sembrado la destrucción por doquier.

Amnistía Internacional describió, en un informe publicado en marzo, la respuesta del ejército nigeriano al ataque perpetrado por Boko Haram contra el cuartel de Giwa ese mismo mes. La organización ha transmitido a las autoridades gubernamentales sus motivos de preocupación y ha pedido una investigación independiente sobre estos hechos. El fiscal general de la Federación y ministro de Justicia ha escrito a Amnistía Internacional para comunicarnos que el gobierno ha constituido un comité de investigación al respecto. Sin embargo, otras autoridades públicas, como los servicios de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores han negado posteriormente la implicación del ejército en los hechos. No se ha publicado información sobre la investigación.

Más adelante, este mismo año, Amnistía Internacional publicará un informe en el que se documentarán abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitarios cometidos por ambas partes en el conflicto, y se pondrá en evidencia la cada vez más dura situación humanitaria que se vive en el noreste de Nigeria.

Para ver el vídeo, hagan clic aquí. AVISO: el vídeo contiene imágenes muy explícitas que pueden herir la sensibilidad del espectador.


Los envíos de combustible de Estados Unidos incluyen el combustible para aviones F16 israelíes de la Fuerza Aérea, que se están utilizando en la “Operación Margen Protector” © EPA

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Estados Unidos que detenga de inmediato la transferencia de un cargamento de combustible estadounidense que actualmente está en ruta hacia Israel para ser utilizado por el ejército israelí. La organización ha pedido reiteradamente un embargo de armas integral sobre todas las partes del conflicto, mientras se acumulan las pruebas de que todas las partes han cometido crímenes de guerra en las cuatro últimas semanas en Gaza.

El gobierno estadounidense ha seguido suministrando cientos de miles de toneladas de combustible –para aviones de combate y vehículos militares– a las fuerzas armadas israelíes, a pesar de la vertiginosa cifra de víctimas civiles en ataques aéreos y otros ataques militares. La última remesa de combustible para aviones estadounidense llegó a Israel el 14 de julio, a la semana de iniciarse el conflicto. Hubo nueve cargamentos anteriores de Estados Unidos a Israel en 2013 y 2014. Un buque cisterna de combustible con el último envío estadounidense de combustible está navegando actualmente junto a las Azores y está previsto que llegue a Israel el 12 de agosto.

“El gobierno estadounidense seguirá manchándose las manos de sangre si continúa suministrando combustible para aviones de combate y vehículos militares usados en ataques que causan cada vez más muertes y lesiones terribles entre la población civil”, ha dicho Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

En lugar de seguir enviando cargamentos de combustible y armamento al ejército israelí, Estados Unidos debe suspender de inmediato todas estas transferencias y apoyar la apertura de una investigación internacional sobre las atrocidades que están cometiendo ambas partes.”

Según documentación entregada a Amnistía Internacional por la organización TransArms de Chicago y por International Peace Information Service, con sede en Amberes, el petrolero Overseas Mykonos, con bandera estadounidense, partió de Houston el 23 de julio de 2014 con destino declarado a Asquelón, justo al norte de la Franja de Gaza, donde hay una importante terminal petrolera.

Desde que comenzó la ofensiva el 8 de julio, los ataques incesantes por aire y tierra de las Fuerzas de Defensa de Israel han causado una destrucción inmensa. Se han destruido miles de viviendas y se han causado daños en bienes civiles, incluidos centros médicos e infraestructura esencial. Hasta ahora han muerto más de 1.800 palestinos, la inmensa mayoría de los cuales eran civiles; más de 440 eran menores de edad. Asimismo han perdido la vida al menos 64 soldados israelíes, dos civiles israelíes y un ciudadano tailandés en ataques con cohetes de acción indiscriminada que Hamás y otros grupos armados palestinos siguen disparando contra Israel.

En vista de que no se vislumbra el fin permanente de las hostilidades, Amnistía Internacional ha pedido a todos los demás Estados que impongan de inmediato un embargo total de armas a todas las partes del conflicto de Gaza.

Estados Unidos e Irán son igualmente culpables de posibilitar la comisión de violaciones del derecho internacional al dar apoyo militar a las partes enfrentadas. Sin el suministro de tecnología militar, ninguna de las partes enfrentadas en Gaza podía haber cometido repetida e impunemente violaciones del derecho internacional de tal alcance. Mientras los perpetradores de ambas partes no sean obligados a rendir cuentas, no debería permitirse el envío de suministros militares que puedan destinarse a cometer graves abusos”, ha dicho Brian Wood.

Amnistía Internacional ha pedido que la situación de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se remita al fiscal de la Corte Penal Internacional.

Cargamentos de combustible de Estados Unidos para Israel

Los documentos de transporte facilitados a Amnistía Internacional muestran que el Overseas Santorini y su buque gemelo, el Overseas Mykonos, han atracado en la terminal petrolera de Asquelón al menos en 10 ocasiones desde enero de 2013 –seis veces desde enero de 2014– y entregado un total de 277.000 toneladas (101 millones de galones) de combustible para reactores suministrados por el gobierno estadounidense a las fuerzas armadas israelíes. La empresa OSG Ship Management (GR) Ltd, radicada en Atenas, gestionaba ambos buques cisterna.

Siete días después de empezar los ataques de Israel contra Gaza como parte de la operación “Margen Protector” el 8 de julio, la entrega más reciente de una remesa de combustible para reactores la hizo un petrolero con bandera estadounidense, el Overseas Santorini. El buque partió de Corpus Christi (Texas) el 21 de junio y llegó a Asquelón el 14 de julio con 26.000 toneladas (9,6 millones de galones) de combustible para reactores a bordo en virtud de un contrato firmado con la División Energética de la Agencia de Logística para la Defensa de Estados Unidos (DLA Energy).

La División Energética de la Agencia de Logística para la Defensa estadounidense, responsable de la obtención y distribución de diversos tipos de combustible para las fuerzas armadas estadounidenses y sus aliados, envió 9 de los 10 cargamentos de combustible para reactores que llegaron a Israel en 2013 y 2014.  El décimo fue supervisado por el “Gobierno de Israel” a través de su consulado en Nueva York.

En años recientes, DLA Energy ha concedido contratos por valor de cientos de millones de dólares a empresas energéticas estadounidenses para la provisión de combustible para reactores a las fuerzas armadas israelíes, en particular a una filial de Valero Energy radicada en San Antonio.

En octubre de 2013, DLA Energy concedió a Valero Marketing and Supply Co., empresa radicada en Texas, un contrato por importe máximo de 331 millones de dólares por el suministro de combustible de turbinas de aviación para las fuerzas armadas de Israel, y a Petromax LLC, radicada en Bay City (Texas), un contrato por el suministro de gasolina de automoción también para las fuerzas armadas de Israel.

Anteriormente, en 2013, se había concedido a Valero Marketing and Supply Co un contrato por importe máximo de 246 millones de dólares por el suministro de combustible de aviación a las fuerzas armadas israelíes. Cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con la empresa, la persona que ejerció de portavoz de Valero respondió que la empresa tenía por norma no comentar los detalles de sus contratos de suministro. OSG Ship Management y Petromax no han respondido a las cartas enviadas por Amnistía Internacional.

El 16 de abril de 2013 se notificó al Congreso de Estados Unidos que el gobierno israelí había solicitado 864 millones de galones de combustible de aviación JP-8 (“propulsión a reacción”) por valor de 2,7 millones de dólares, con la siguiente afirmación: “Estados Unidos tiene un compromiso con la seguridad de Israel”. El combustible JP-8 se utiliza para aviones de combate como los F-16 fabricados en Estados Unidos, que han sido utilizados por la fuerza aérea israelí durante la operación militar en curso contra Gaza, así como para ciertos tipos de aeronave, helicópteros de ataque, tanques y otros vehículos militares terrestres con cierta clase de motores.

Los aviones de combate F-16 son utilizados por al menos 12 unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel ha obtenido más de 300 aviones F-16 desde la década de 1980 y, según informes, más de 170 siguen en servicio activo.

Con arreglo a la Ley de Ayuda Exterior de Estados Unidos, no se podrá dar asistencia en materia de seguridad a ningún “país cuyo gobierno cometa de forma sistemática violaciones graves de derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Pese a ello, sucesivos gobiernos estadounidenses han aplicado una cláusula de esa ley que autoriza al presidente a continuar con los suministros en “circunstancias extraordinarias”.

“Al ignorar de manera sistemática el costo humano demoledor de sus ingentes envíos de armas y combustible para uso militar a Israel, Estados Unidos está desobedeciendo descaradamente los principios básicos de derechos humanos”, ha afirmado Brian Wood.


Restos de cartuchos en el suelo, al lado de un tanque israelí Merkava, en un lugar no especificado, cerca de la frontera israelí con la Franja de Gaza, 28 de julio 2014 © OLIVER Witkin / EPA

Madrid.- El pasado jueves 31 de julio, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) decidió suspender temporalmente la exportación de armas a Israel. España ha sido el primer país en adoptar esta medida.

“Acogemos con satisfacción esta decisión del Gobierno español, coherente con lo establecido en la legislación española, europea e internacional sobre transferencia de armas”, ha señalado Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España. La organización recuerda además que es necesario que España mantenga esta decisión hasta la imposición de un embargo de armas global por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea a Israel, Hamas y otros grupos palestinos armados, y que promueva que otros países también la adopten, tal y como AI pidió a la JIMDDU el pasado 10 de julio. “Hasta que se establezcan mecanismos efectivos que garanticen que las armas no se emplean para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ningún país debería enviar armas a Israel”, ha asegurado Ana Rebollar.

Estados Unidos, el principal exportador

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a EE.UU., principal suministrador de armas a Israel, que suspenda las transferencias de armas al país, y se ha dirigido también a Colombia, Italia, Austria, Corea del Sur e India, que han exportado importantes cantidades de armas a Israel en los últimos cinco años. Por otro lado, Irán ha suministrado asistencia técnica sobre fabricación de armas a Hamás en Gaza.

Igualmente, la organización ha hecho un llamamiento urgente al gobierno de EE.UU. para que pare inmediatamente la transferencia de un envío de combustible que actualmente es transportado en barco a Israel para ser utilizado por el ejército israelí. El 23 de julio de 2014 el petrolero de bandera estadounidense “Overseas Mykonos” dejó el Puerto de Corpus Christi, Texas, después de salir de Houston hacia su destino declarado de Ashkelon, donde se encuentra una terminal petrolífera importante al norte de la Franja de Gaza.  

Exportaciones españolas

Según datos oficiales, entre 2003 y 2012, España realizó operaciones con  Israel por valor de 8,9 millones de euros. En 2013 realizó exportaciones por valor de 4,88 millones y autorizó operaciones por importe de 5,9 millones de euros.

Entre los productos exportados por España entre 2010 y 2013 figuran vehículos todo terreno, componentes de pistolas deportivas para su reexportación a EE.UU., componentes de un misil para el Ejército de Tierra, espoletas de granadas de morteros, sistemas electroópticos de morteros para su reexportación al Ejército de Tierra español y un prototipo de un sistema de dirección de tiro para su reexportación a Indonesia, así como tarjetas electrónicas de procesado de imágenes para ser incorporadas en equipos con destino a aeronaves de las Fuerzas Aéreas de países de la UE.

La legislación sobre comercio de armas

La Ley 53/2007 sobre el control del material de defensa y de doble uso permite denegar, suspender o revocar una solicitud de autorización cuando “el material de defensa, otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. 

España ratificó el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), aprobado por la Asamblea General de la ONU el 2 de abril de 2013, que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales, municiones y componentes a países cuando tienen conocimiento de que esas transferencias podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Asimismo, el TCA obliga a España a evaluar el riesgo de transferir armas a otro país y a no autorizar la transferencia si existe un riesgo preponderante de que las armas contribuyan o menoscaben la paz y la seguridad, se puedan utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, un delito de terrorismo o de delincuencia organizada transnacional. Los gobiernos deben denegar las autorizaciones si hay un riesgo “preponderante” de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños.

En junio de 2013, al firmar el TCA, España hizo una declaración aceptando aplicar las disposiciones de derechos humanos del TCA incluso antes de su entrada en vigor, que se producirá a los 90 días de que lo ratifique el país número 50. Hasta ahora hay 41 países y se prevé que hacia finales de 2014 se consigan los nueve países que faltan. Esta decisión de suspensión primando los derechos humanos a los intereses comerciales va en línea con esa declaración.


Imagen que muestra las secuelas y los continuos problemas de derrame de petróleo del oleoducto operado por la corporación multinacional Shell en Bodo, Gokana, estado de Rivers, Nigeria © CEHRD

La sistémica inacción del gobierno nigeriano y del gigante petrolero Shell a la hora de limpiar la terrible contaminación por petróleo en el delta del Níger ha sido calificada de “vergonzosa” hoy lunes por un grupo de organizaciones nigerianas e internacionales.

Un crítico informe, publicado hoy por Amigos de la Tierra Europa, Amnistía Internacional, Acción pro Derechos Medioambientales, Platform y Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHRD), saca a la luz una alarmante falta de acción por parte de Shell y del gobierno de Nigeria para limpiar la contaminación en Ogoniland, a pesar de las recomendaciones formuladas por un importante estudio de la ONU de cuya publicación se cumplen hoy tres años.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó en 2011 un estudio científico sobre la región de Ogoniland, en el delta del Níger, que sacaba a la luz la contaminación generalizada por petróleo, los graves riesgos sanitarios para la población –incluida la contaminación del agua potable, desconocida hasta entonces– y las profundas deficiencias en los procesos de Shell para limpiar los vertidos de petróleo.

Godwin Ojo, de Amigos de la Tierra Nigeria, ha afirmado: “Han pasado tres años y el gobierno y Shell han hecho poco más que establecer procesos que parecen acciones pero que no son más que… hojas de parra para que todo siga igual. La falta de acciones significativas ante los incontrovertibles datos científicos es indignante. El gobierno de Nigeria y Shell están simplemente eludiendo su responsabilidad por los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el delta del Níger”.

El estudio de la ONU, realizado a petición del gobierno de Nigeria y pagado por Shell, sacó a la luz la grave inacción del gobierno de Nigerian en cuanto a regular y controlar empresas como Shell. El informe reveló también la sistémica inacción de Shell a la hora de abordar vertidos de petróleo que se remontan a hace muchos años. La ONU describió cómo los expertos de la ONU descubrieron que lugares que Shell afirmaba que se habían limpiado seguían estando contaminados.

Audrey Gaughran, de Amnistía Internacional, ha afirmado: “Por muchas pruebas que surjan de su mala práctica, Shell ha eludido hasta ahora la necesidad de limpiar los daños que ha causado. El informe del PNUMA era claro: Shell no limpió adecuadamente los vertidos de petróleo. Su sistema de limpieza adolecía de deficiencias sustanciales, y la consecuencia ha sido la exposición a largo plazo de decenas de miles de personas a la contaminación y a riesgos para su salud”.

Después del estudio de la ONU de 2011, Shell ha defendido, y sigue usando, métodos para limpiar los vertidos de petróleo que el informe de la ONU declaraba ineficaces. El informe publicado hoy lunes, titulado No progress, pone de relieve asimismo la manipulación de la información por parte de Shell para eludir la rendición de cuentas por los oleoductos antiguos y con escapes, unos oleoductos tan viejos que la empresa no revela su antigüedad ni su estado.

Paul de Clerk, de Amigos de la Tierra Europa, ha afirmado: “Tres años después de descubrirse que sus actividades han expuesto prácticamente a cada hombre, mujer, niño y niña de Ogoniland –y casi con certeza a decenas de miles de personas en otras zonas del delta del Níger– a una contaminación para toda la vida, Shell sigue más preocupada por protegerse a sí misma. Los gobiernos de Nigeria y de los países de origen de Shell, Países Bajos y Reino Unido, deben asegurarse de que Shell ponga en marcha una limpieza adecuada y de que indemniza por los daños”.

El estudio de la ONU recomendaba también, entre otras medidas, el establecimiento de una Autoridad para la Recuperación Medioambiental de Ogoniland y el establecimiento de un Fondo para la Recuperación Medioambiental con un capital inicial de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Ni la Autoridad ni el Fondo han sido establecidos.

El gobierno de Nigeria, Shell y los gobiernos de sus países de origen –Reino Unido y Países Bajos– se han beneficiado de la extracción de petróleo en el delta del Níger, y ahora deben apoyar un proceso de rehabilitación social y medioambiental y la aplicación en su integridad del estudio de la ONU, según las organizaciones que publican el informe presentado hoy.


La Corte Penal Internacional debe investigar las graves violaciones que se están cometiendo © EPA / ANP / TOUSSAINT KLUITERS / lln mda

El Consejo de Seguridad de la ONU, la Autoridad Palestina e Israel deben hacer todo lo posible para que la Corte Penal Internacional haga responder ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el actual y en los anteriores conflictos palestino-israelíes, ha manifestado Amnistía Internacional. 

Más de 1.400 palestinos han muerto en las hostilidades que se suceden desde el 8 de julio. Según la ONU, la mayoría eran civiles, entre ellos al menos 252 niños y niñas. En Israel han resultado muertos tres civiles como consecuencia de los ataques con morteros o cohetes de efecto indiscriminado lanzados desde Gaza, y también han muerto 61 soldados israelíes. Hay crecientes indicios de crímenes de guerra cometidos por todas las partes en el conflicto. 

Amnistía Internacional lleva decenios reuniendo convincentes datos sobre crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional cometidos por Israel, Hamás y los grupos armados palestinos, pero los responsables continúan disfrutando de impunidad en ambos bandos. 

“La injusticia que se está cometiendo con las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad es una verdadera vergüenza para el mundo –ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional–. Una vez más, la comunidad internacional apenas ha hecho más que retorcerse las manos ante las recientes hostilidades.”

“Para acabar con la cultura generalizada de impunidad es esencial que la Corte Penal Internacional abra una investigación. Todas las partes deben presionar para que la Corte investigue tales delitos, a fin de romper de una vez por todas el círculo vicioso de violaciones del derecho internacional e injusticia.”   

En una carta abierta publicada hoy, Amnistía Internacional insta a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a que tomen de inmediato medidas para remitir la situación en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la fiscalía de la Corte, entre otras acciones con que abordar la crisis, como imponer un embargo exhaustivo de armas. 

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha abstenido reiteradamente de tomar medidas efectivas para responder a las violaciones del derecho internacional cometidas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados o hacer rendir cuentas a los responsables, y ha sido así debido en parte a la oposición de Estados Unidos, que ha vetado reiteradas resoluciones críticas con Israel. En ocasiones, Estados Unidos ha sido el único miembro del Consejo que se ha manifestado en contra, frente a todos los demás.  

“El Consejo de Seguridad no debe limitarse otra vez a ser simplemente testigo de las crecientes atrocidades. Tiene que aprovechar la ocasión y tomar medidas decisivas para que se haga justicia”, ha añadido Salil Shetty. 

Amnistía Internacional pide también a las autoridades palestinas e israelíes que apoyen la remisión de la situación a la Corte y tomen otras medias que permitan a ésta intervenir, y que garanticen su cooperación con ella.   

En particular, la organización pide a la Autoridad Palestina que haga una declaración de aceptación de la competencia de la Corte sobre los delitos de derecho internacional cometidos desde el establecimiento de ésta, el 1 de julio de 2002. Asimismo, le pide que se haga Parte en el Estatuto de Roma, tratado por el que se estableció la Corte. 

En los últimos días, altos cargos palestinos han anunciado su intención de reconocer la competencia de la Corte. 

“Deben cumplir su palabra y aprovechar la oportunidad para avanzar en la rendición de cuentas debida a las incontables víctimas de violaciones de derechos humanos, presentando una declaración de aceptación de la competencia de la Corte sin más demora”, ha explicado Salil Shetty. 

Estados Unidos, Israel, Canadá y Reino Unidos y otros Estados miembros de le UE han presionado constantemente a la Autoridad Palestina para que no acepte la competencia de la Corte, llegando incluso a amenazar con retirarle la ayuda económica, de que la depende. 

“No debe amenazarse a quienes buscan justicia con recortarles la ayuda”, ha manifestado Salil Shetty. 

Todos los Estados deben animar al presidente Mahmoud Abbas a tomar medias para que la Autoridad Palestina sea Parte en el Estatuto de Roma. 

Amnistía Internacional pide también a Israel que se adhiera al Estatuto de Roma y emita una declaración de aceptación de la competencia de la Corte sobre los delitos cometidos desde julio de 2002 para garantizar que se hace justicia a las víctimas israelíes de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Israel participó en las negociaciones que dieron lugar al establecimiento de la Corte, pero en  2002 manifestó que no iba a ratificar su Estatuto. 

“Es hora ya de que Israel reconsidere su postura sobre la Corte y se comprometa con el respeto de la legalidad y la lucha contra la impunidad”, ha añadido Salil Shetty. 

Para más información, véase:

Israel/OPT: The International Criminal Court must investigate war crimes: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/019/2014/en


El Convenio de Estambul es el primer tratado europeo dirigido específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica © Demotix

Los gobiernos de toda Europa y la Unión Europea (UE) deben firmar y ratificar sin más demora el Convenio de Estambul, un nuevo instrumento de ámbito continental para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas y la violencia intrafamilar, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 1 de agosto, día en el que este tratado entra en vigor.

Golpeadas, violadas, acosadas o sometidas a mutilación genital femenina, muchas mujeres y niñas en Europa sufren en silencio mientras se les niegan los medios para escapar de unas situaciones que consideran sin esperanza. Europa debe despertar a esta realidad”, ha afirmado Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“El Convenio de Estambul es una poderosa herramienta para abordar a fondo este amplio abuso contra los derechos humanos que destroza todos los días las vidas de millones de mujeres en Europa. Los gobiernos de toda Europa y Asia Central deben mostrar ahora voluntad política y traducirla en acciones concretas.”

El Convenio, adoptado en Estambul por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2011, es el primer tratado europeo que aborda de manera específica la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. El tratado expone unas normas mínimas sobre prevención, protección, enjuiciamiento y desarrollo de políticas integradas. Los países que ratifican el tratado están obligados a proteger y apoyar a las víctimas de esta violencia. También deben establecer servicios como líneas telefónicas permanentes, refugios, servicios médicos, servicios de apoyo especializado y asistencia jurídica gratuita.

“Los gobiernos deben empoderar a las mujeres para que tomen el control de sus vidas. Al mismo tiempo, deben elaborar políticas claras para proporcionarles reparación, castigar a los autores de los abusos y prevenir nuevos abusos”, ha afirmado Michael Bochenek.

El problema:

La violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres es un abuso contra los derechos humanos muy extendido en todos los Estados miembros del Consejo de Europa.

Según un nuevo informe de la Unión Europea, una de cada tres mujeres (el 33 por ciento, es decir 62 millones de mujeres) de los 28 Estados miembros de la UE han sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad. Estas mujeres son violadas, mutiladas, acosadas, golpeadas o asesinadas. El 56 por ciento de los belgas conocen al menos a una persona que ha sufrido violencia sexual grave, una violación de derechos humanos que en gran medida no se denuncia debido a los prejuicios y al estigma social.

Se calcula que unas 500.000 mujeres y niñas, sólo en la Unión Europea, han sufrido mutilación genital femenina (MGF), otra forma de violencia que sufren las mujeres y niñas, en tanto que otras 180.000 corren peligro de sufrirla cada año. Las cifras más altas de mujeres y niñas originarias de países donde se practica la mutilación genital femenina corresponden a mujeres que viven en Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Bélgica. Esta práctica ilegal repercute en la salud y el bienestar de las mujeres y en su capacidad para realizar todo su potencial.

“La protección exige que los gobiernos mantengan a las mujeres y niñas a salvo de la violencia. Cuando han fallado las medidas preventivas y han tenido lugar o están a punto de tener lugar incidentes violentos, es importante proporcionar a las víctimas y a los testigos protección y apoyo para que puedan rehacer sus vidas”, ha afirmado Michael Bochenek.

“Las mujeres y las niñas que han sido objeto de violencia fuera de Europa también tienen derecho a protección internacional, incluso en los casos de las personas que huyen, por ejemplo, de la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado.”

La solución:

Los gobiernos obligados por el Convenio deberán tomar medidas, entre otras cosas, para:

  • Abordar los estereotipos de género y promover cambios en la mentalidad y las actitudes acerca del papel de las mujeres y niñas en la sociedad;
  • Impartir formación a los profesionales para que trabajen con sobrevivientes o con mujeres que corren el riesgo de sufrir violencia y trabajan en estrecho contacto con ONG especializadas;
  • Proporcionar servicios de apoyo generales y especializados que sean apropiados y accesibles para las mujeres y niñas, incluidos servicios de apoyo físico y psicológico, refugios, centros de remisión en casos de violencia sexual y líneas telefónicas de ayuda, gratuitas y disponibles 24 horas al día los 7 días de la semana;
  • Desarrollar un sistema de asilo que tenga en cuenta el género: la obligación de proteger incluye el derecho a protección internacional. Las mujeres y niñas que sufren violencia por motivos de género en terceros países pueden buscar protección en otro Estado cuando el suyo no impide la persecución o no ofrece protección adecuada y recursos efectivos.  

 

“Ratificar y aplicar el Convenio de Estambul no es una cuestión de conceder derechos especiales a las mujeres, sino de remediar las injusticias existentes y prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos de las mujeres”, ha afirmado Michael Bochenek.

Nota para periodistas:

Hasta la fecha, más de tres cuartas partes (36 de 47) de los países miembros del Consejo de Europa han firmado el Convenio y 14 de ellos también lo han ratificado: Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Francia, Italia, Malta, Montenegro, Portugal, Serbia, Suecia y Turquía. En los próximos meses se establecerá un mecanismo para hacer el seguimiento de la aplicación del Convenio por parte de los Estados miembros.

Amnistía Internacional desempeñó un papel decisivo en el proceso de redacción del Convenio, facilitando información basada en la experiencia de las ONG en su trabajo con supervivientes de violencia de género, así como en las buenas prácticas, las obligaciones existentes en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así pues, este tratado es un reflejo de normas internacionales básicas y de opiniones de la sociedad civil.

"Mi cuerpo, mis derechos” es la campaña global de Amnistía Internacional para poner fin al control gubernamental y a la criminalización de la sexualidad y la reproducción. Durante 2014 y 2015, la campaña trabajará por el cambio en las vidas de las personas en varios países, entre ellos Irlanda. Esta campaña tiene como objetivo recordar a los líderes del mundo su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos sexuales y reproductivos.

La campaña europea para acabar con la MGF (END FGM) es una asociación creada en 2009 entre Amnistía Internacional y organizaciones de base comunitaria y de defensa de los derechos de las mujeres en Estados miembros de la Unión Europea. Propugna un enfoque holístico para poner fin a la mutilación genital femenina en Europa. Como resultado, la UE adoptó en 2013 un plan de acción sobre la mutilación genital femenina.

En 2014 se creó la Red Europea END FGM para dar continuidad al trabajo de la campaña. Al propugnar una respuesta a la mutilación genital femenina basada en los derechos humanos, tratará de garantizar que la mutilación genital femenina sigue ocupando un lugar destacado en la agenda europea y que los compromisos para poner fin a esta práctica se aplican en Europa y en otros lugares. Para más información, véase: http://www.endfgm.eu/en/

 


La transferencia de armas de EE.UU. a Israel están proporcionando las herramientas para provocar más violaciones graves en Gaza © EPA

El gobierno de Estados Unidos debe poner fin de inmediato a sus constantes envíos de grandes cantidades de armas a Israel, que se están utilizando para cometer nuevas violaciones graves del derecho internacional en Gaza, ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha pedido la imposición de un embargo total de armas a todas las partes en el conflicto.

La organización formula su petición en un momento en que, según la información disponible, el Pentágono ha aprobado la transferencia inmediata de granadas y proyectiles de mortero a las fuerzas armadas israelíes desde un arsenal estadounidense establecido previamente en Israel, y tras el envío de 4,3 toneladas de motores para cohetes de fabricación estadounidense, que llegaron al puerto israelí de Haifa el 15 de julio.

Estos envíos se suman a las municiones por valor de más de 62 millones de dólares estadounidenses exportadas ya de Estados Unidos a Israel entre enero y mayo de este año, entre ellas piezas de misiles dirigidos y lanzagranadas, componentes de artillería y armas pequeñas.

“El gobierno estadounidense está echando leña al fuego al seguir suministrando este tipo de armas utilizadas por las fuerzas armadas de Israel para violar derechos humanos –ha señalado Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos de Amnistía Internacional–. Debe admitir que al enviar y pagar reiteradamente tales armas a esa escala está exacerbando y potenciando aún más la comisión de graves abusos contra civiles durante el conflicto de Gaza.”

Los grupos armados palestinos han seguido disparando indiscriminadamente cohetes contra Israel, con el consiguiente peligro para la población civil, lo que supone una violación flagrante del derecho internacional. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se ponga fin de inmediato a tales ataques, que constituyen crímenes de guerra.

La semana pasada, el presidente del Parlamento iraní dijo que su país había suministrado asistencia técnica sobre fabricación de armas a Hamás en Gaza. En noviembre de 2012, afirmó que Irán había prestado apoyo económico y militar a Hamás, y el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que se había suministrado tecnología de misiles. Los combatientes de Hamás han admitido haber lanzado misiles Fajr 5 de tipo iraní hacia Tel Aviv, pero la mayoría disparan cohetes Qassam o M25 de menor alcance y cohetes GRAD.

Estados Unidos es con creces el mayor exportador de material militar a Israel. Según datos que ha hecho públicos el gobierno estadounidense, entre las transferencias de armas que hizo a Israel de enero a mayo de 2014 figuraban “lanzacohetes” por valor de 27 millones de dólares estadounidenses, “piezas de misiles dirigidos” por valor de 9,3 millones de dólares y “bombas, granadas y munición de guerra” por valor de casi 762.000 dólares.

Desde 2012, Estados Unidos ha exportado armas y municiones básicas a Israel por valor de 276 millones de dólares, cantidad que no abarca las exportaciones de equipo de transporte militar y alta tecnología militar (véase la tabla de datos oficiales adjunta).

La noticia del 30 de julio de que Estados Unidos había permitido suministrar de nuevo municiones a Israel se conoció el mismo día que el gobierno estadounidense condenaba el bombardeo de una escuela de la ONU en Gaza, que mató al menos a 20 personas, entre ellas niños y niñas y personal humanitario de la ONU.

“Parece puro cinismo que la Casa Blanca condene que se haya matado y herido a civiles palestinos, incluidos niños y niñas, y trabajadores humanitarios cuando sabe perfectamente que los militares israelíes responsables de tales ataques van armados hasta los dientes con material financiado por los contribuyentes estadounidenses”, ha afirmado Brian Wood.

Amnistía Internacional pide a la ONU que imponga de inmediato un embargo general de armas a Israel, Hamás y los grupos armados palestinos con el fin de prevenir las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de todos los bandos.

La organización pide a todos los Estados que, a falta de un embargo de armas de la ONU, suspendan unilateralmente todas las transferencias de material y asistencia militar y municiones a todas las partes en el conflicto. No deben reanudarlas hasta que se investiguen debidamente las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en anteriores conflictos y se ponga a los responsables a disposición judicial.

Como principal exportador de armas a Israel, Estados Unidos debe tomar la iniciativa y demostrar el respeto que afirma tener por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario suspendiendo con urgencia las transferencias de armas a Israel y presionando para que se imponga un embargo de armas de la ONU a todas las partes en el conflicto. No hacerlo supone mostrar una cruel despreocupación por las vidas que se están perdiendo durante el conflicto en todos los bandos”, ha explicado Brian Wood.

Más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto desde que Israel inició su última ofensiva sobre Gaza el 8 de julio. También han muerto en el conflicto al menos 56 soldados israelíes, así como tres civiles, entre ellos una persona de nacionalidad tailandesa, que han perecido en Israel.

Aquí puedes ver las exportaciones de armas de Estados Unidos a Israel.
Para más información sobre la campaña de Amnistía Internacional: “Estados Unidos: Dejen de armar a Israel”.


El periodismo es un negocio peligroso en Irán © APGraphicsBank

El acusado aumento del número de detenciones, enjuiciamientos y encarcelamientos de periodistas independientes en Irán pone de manifesto la determinación absoluta de las autoridades de ahogar las esperanzas de mayor libertad que permitió abrigar la elección del presidente Hasán Ruhaní, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.

“El modo en que se trata a los periodistas en Irán amenaza todo lo que el periodismo debe defender –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional–. Desde hace unos meses, toda persona considerada detractor de las autoridades corre mayor riesgo de detención y procesamiento, con lo que se está creando un clima de temor donde expresar alguna crítica supone ya acabar en prisión.”

“La intolerancia absoluta de las autoridades para con toda idea y voz que se alejen de las aprobadas por el Estado hace que se corra el riesgo de ir a la cárcel por el mero hecho de informar de una noticia.”

La oleada de represión surgida tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009 ha alcanzado nuevas cotas en los últimos meses. Las autoridades parecen haber ampliado el círculo de represión a fin de sofocar toda aspiración de cambio generada por las promesas de mayor libertad que permitió abrigar la elección del presidente Hasán Ruhaní en 2013.

Se ha hostigado, intimidado, detenido y encarcelado por sus actividades profesionales legítimas a periodistas iraníes y a corresponsales extranjeros. Otros profesionales de los medios de comunicación, como cineastas, se han enfrentado también a prohibiciones judiciales que les impiden hacer su trabajo.

Muchas de las personas detenidas están acusadas en virtud de disposiciones del Código Penal Islámico que tipifican de manera muy general “delitos” como “difundir mentiras”, “hacer propaganda contra el sistema” y “generar inquietud en la opinión pública”, con lo que, en la práctica, se criminalizan una amplia variedad de actividades pacíficas. Las autoridades se valen también de amenazas, como un prolongado enjuiciamiento, la cárcel por una condena sin cumplir o la negación de un permiso carcelario por motivos médicos, para disuadir a los periodistas de criticarlas.

“Estas disposiciones jurídicas tan generales se utilizan de hecho como herramienta con que impedir a los profesionales de los medios de comunicación ofrecer al mundo noticias independientes sobre la situación sociopolítica en Irán”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.

“El poder judicial de Irán está jugando con la ley y valiéndose de juicios interminables y condenas de prisión sin cumplir para coaccionar a los periodistas independientes a fin de que se autocensuren.”

Jason Rezaian, corresponsal del Washington Post en Irán, de doble nacionalidad, iraní y estadounidense, y su esposa, Yeganeh Salehi, trabajadora del periódico National de Emiratos Árabes Unidos, fueron detenidos el 22 de julio de 2014 en Teherán. Tres días más tarde, Gholamhossein Esma’ili, presidente de la magistratura de Teherán, confirmó la detenciones, señalando que no se iba a proporcionar más información hasta que terminarán las “investigaciones técnicas e interrogatorios”.

Se ignora todavía el paradero de la pareja de periodistas.

Otro caso es el Saba Azarpeik, periodista que trabaja para varias publicaciones reformistas de Teherán, detenida el 28 de mayo de 2014 y recluida aún en algún lugar desconocido. Compareció ante la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán el 21 y el 22 de julio por cargos de “hacer propaganda contra el sistema” y “difundir mentiras”, relacionados con una detención anterior, de enero de 2013.

El periodista y miembro del partido político Frente de Participación Hossein Nourani Nejada se enfrenta a seis años de prisión por haber sido declarado culpable por un tribunal revolucionario de Teherán de los cargos de “propaganda contra el sistema” y “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” en junio de 2014. Había sido detenido el 21 de abril de 2014 y recluido en régimen de aislamiento en la prisión de  Evin de Teherán.

Cuando fue detenido llevaba dos meses en Irán. Había regresado de Australia, donde preparaba su doctorado universitario, para ver a su hijo recién nacido por primera vez. Ya había sido detenido anteriormente, en 2009.
Otro periodista, Serajeddin Mirdamadi, fue condenado también a seis años de prisión el 27 de julio por los cargos de “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”.

Mahnaz Mohammadi, cineasta documental y activista de los derechos de las mujeres; Reyhaneh Tabatabaei, periodista y ex colaboradora de los periódicos Shargh y Bahar; Marzieh Rasouli, redactora de varios periódicos reformistas, y Sajedeh Arabsorkhi, periodista, figuran también entre los profesionales de los medios de comunicación a los que se ha citado en los últimos meses para que comiencen a cumplir condenas de prisión que les han sido impuestas por imprecisos cargos contra la seguridad nacional.

El periodismo independiente no es delito. Las autoridades iraníes deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas y encarceladas en los últimos meses únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho legítimo a la libertad de expresión, de asociación y de reunión”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.