Amnistía Internacional España

Refugiados y migrantes frente a la costa de la isla griega de Lesbos, 2015.© Michael S Honegger Los dirigentes de la Cumbre de la UE deben hacer más para resolver la crisis global de refugiados.
El fuerte incremento del número de personas refugiadas que llegan a las islas griegas del Egeo está tensando hasta el límite un sistema de recepción ya de por sí debilitado, y es síntoma de la falta de medidas por parte de los dirigentes europeos para abordar adecuadamente la crisis de refugiados. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en vísperas de la Cumbre de la UE que comienza hoy.
Una reciente misión de investigación a las islas y el seguimiento de dicha investigación revelan que los recién llegados –entre ellos, niños– se enfrentan a unas condiciones de recepción atroces. La mala planificación, el uso ineficaz de los fondos de la UE y la crisis creada por la congelación de la contratación de personal ha dejado a las autoridades griegas incapaces de satisfacer las necesidades y proteger los derechos de las personas refugiadas. Con cada mes que pasa, la crisis humanitaria, inflamada por el desastre económico griego, se intensifica.
“Decenas de miles de personas vulnerables que emprenden peligrosas travesías por mar para escapar de la guerra o la pobreza llegan a estas islas sólo para ser recibidas por un sistema de apoyo tambaleante. La mayoría de los recién llegados apenas tienen acceso –si es que llegan a tenerlo– a atención médica o humanitaria, y a menudo se ven obligadas a permanecer en condiciones de miseria en centros de detención atestados de gente o en campamentos al aire libre”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
La crisis humanitaria del Egeo no es simplemente una tragedia griega, sino el resultado del fallido sistema de migración europeo. Corresponde a los dirigentes de la UE que se reúnen esta semana reconocer que la insoportable tensión en los Estados fronterizos como Grecia o Italia es consecuencia de las fallidas políticas europeas en materia de migración. Deben aplicarse urgentemente soluciones eficaces para hacer frente a la crisis global de refugiados y para compartir de manera más equitativa la responsabilidad en toda la UE.”
La magnitud de la crisis
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional revela que al menos 61.474 refugiados llegaron a las islas griegas entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2015: muchos más que durante todo 2014 (43.500). El número de llegadas va en aumento, con la llegada de una media de más de 5.000 personas en las primeras tres semanas de junio.
A causa del aumento de la seguridad en las fronteras, el cierre con vallas de la frontera terrestre con Turquía y la práctica de las “devoluciones en caliente” –la expulsión colectiva ilegal de migrantes a través de la frontera, de vuelta a Turquía–, la inmensa mayoría de las personas refugiadas y migrantes intentan el viaje por mar.
Pese a que el gobierno ha condenado las “devoluciones en caliente”, y el número de estas devoluciones en el mar parece haber disminuido, la práctica continúa en la frontera greco-turca, donde Amnistía Internacional ha recabado testimonios de casos de devoluciones violentas.
Al describir cómo formaba parte de un gran grupo de personas refugiadas que fueron devueltas en caliente a Turquía el 14 de abril de 2015, un refugiado sirio relató a Amnistía Internacional los malos tratos que había sufrido a manos de agentes de la policía griega que llevaban el rostro cubierto por pasamontañas. “Empezaron a darnos puñetazos y patadas mientras estábamos en el suelo. Me agarraron del pelo y me empujaron hacia el río.”
“Por nuestra investigación queda claro que, pese a las condenas gubernamentales, siguen produciéndose brutales devoluciones en caliente”, ha manifestado John Dalhuisen. “Estas devoluciones desde las fronteras terrestres de Grecia no sólo son ilegales en virtud del derecho internacional, sino que impulsan a un número cada vez mayor de personas refugiadas desesperadas a lanzarse a peligrosas travesías por el Egeo.”
Un sistema de primera recepción fallido
En las islas sólo hay dos Unidades Móviles de Primera Recepción (en Lesbos y Samos). Sin embargo, la mayoría de los recién llegados no tienen acceso a Servicios de Primera Recepción. Estos servicios, concebidos para determinar la nacionalidad de los recién llegados y proporcionarles atención médica, psicosocial y humanitaria básica, están en una situación de precariedad a causa de la grave falta de personal, o directamente no existen, en islas con un gran número de llegadas, como Cos o Quíos.
Un refugiado afgano recluido junto con su esposa y dos hijos pequeños en Lesbos dijo a Amnistía Internacional: “Mis hijos dormían con la ropa mojada […] nadie vino a comprobar cómo estábamos. La situación aquí es mala, mis hijos están enfermos, nosotros estamos enfermos […] Necesitamos un médico y ropa”.
La falta de un proceso de cribado da lugar a que no se identifique a miembros de grupos vulnerables, como los menores no acompañados. En 2014, las cifras oficiales indicaban que a las islas y a Evros habían llegado 1.097 menores no acompañados, y entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2015 habían llegado 216. Es probable que las cifras reales sean mucho más altas.
A causa del número limitado de plazas en los refugios, muchos menores no acompañados permanecen en los centros de detención para inmigrantes durante periodos prolongados: una media de 37 días.
Algunos menores no acompañados relataron a Amnistía Internacional los malos tratos sufridos; un niño afgano describió cómo un policía lo había arrojado al suelo en el centro de migrantes de Moria, en Lesbos. Otro, un muchacho afgano de 17 años que estuvo recluido durante 70 días en Moria, dijo a Amnistía Internacional en marzo de 2015: “No tenemos agua caliente para lavarnos […] muchos no tenemos ni siquiera mantas”.
Condiciones de reclusión inhumanas o degradantes
Las condiciones en los centros de detención incumplen notablemente las normas tanto internacionales como nacionales, y pueden constituir trato inhumano o degradante. Existe un hacinamiento crónico y una falta de higiene, con retretes que se desbordan, colchones sucios, escasez de ropa de cama y para vestir, cortes de electricidad y falta de agua caliente.
Los recién llegados a menudo no reciben una muda de ropa, y se ven obligados a dormir con las prendas mojadas con las que han llegado. El hacinamiento ha provocado que muchas personas refugiadas tengan que dormir en espacios al aire libre, como los puertos.
En Lesbos, los solicitantes de asilo se ven obligados a dormir en un campamento ubicado en un aparcamiento cuya ocupación es del triple de su capacidad. El centro de detención para inmigrantes de Samos, cuya capacidad teórica es de 280 personas, albergaba a hasta 600 refugiados en junio, y la capacidad del centro de detención de Quíos (208 plazas) se había superado en más de 300 personas.
Las personas que solicitan asilo se ven a menudo obligadas a permanecer varias semanas detenidas mientras se registran sus solicitudes. Los graves impedimentos a los que se enfrentan los refugiados para solicitar asilo se deben a la insuficiencia tanto de oficinas regionales de asilo como de personal.
Hora de actuar
“Las crisis paralelas económica y de refugiados han creado una tormenta perfecta sobre las islas del Egeo que sólo una acción concertada de las autoridades griegas y los líderes europeos puede mitigar. Grecia debe proporcionar urgentemente guardacostas, policías y autoridades de primera recepción en las islas, con recursos suficientes para gestionar la recepción de los refugiados recién llegados”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Aunque la implementación de los planes de la UE para reubicar a migrantes puede aliviar un poco la presión sobre las islas griegas e italianas a corto plazo, lo que se necesita es más rutas seguras y legales para las personas refugiadas que acuden a Europa. Eso incluye más plazas de reasentamiento, además de un apoyo económico y operativo considerablemente mayor para la recepción y el procesamiento de las solicitudes de asilo, y una mayor libertad de circulación para las personas a las que se concede el asilo.”
La Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se celebrará en Bruselas el 25 y 26 de junio.
La investigación de Amnistía Internacional se llevó a cabo entre noviembre de 2014 y junio de 2015, e incluyó una misión a Grecia entre el 25 de febrero y el 2 de abril de 2015. Parte de la misión tuvo lugar en las islas de Quíos y Lesbos.
Activistas de las islas, Médicos sin Fronteras y el ACNUR están tratando de cubrir las enormes lagunas en los servicios de recepción proporcionando asistencia médica y humanitaria e información sobre el asilo.
La inmensa mayoría de las personas refugiadas recién llegadas prefieren no solicitar asilo en las islas, sino viajar a Atenas. Muchas continúan su viaje a otros países de la UE cruzando los Balcanes, mientras que otras intentan solicitar asilo en la Oficina Regional de Asilo de Ática. No obstante, el acceso al asilo se ha visto seriamente limitado desde final de mayo.
El reparto de la responsabilidad entre los Estados miembros incluye no sólo la ayuda económica sino también apoyo en cuanto a recursos humanos para registrar las solicitudes de asilo y realizar entrevistas. Se espera que el programa de reasentamiento propuesto por la Comisión Europea reduzca parte de la presión sobre Grecia e Italia. No obstante, todo programa de reasentamiento debe tener en cuenta las necesidades de los solicitantes de asilo, incluido su derecho a la unificación familiar.


Acto de Amnistía Internacional Turquía sobre la campaña SOS Europe. © AI

Madrid.- Los próximos días 25 y 26 de junio tendrá lugar una nueva reunión en Bruselas del Consejo de Europa. La migración y la situación en el Mediterráneo serán uno de los temas prioritarios. Se trata de un momento clave para que la Agenda Migratoria de la Unión Europea (UE) reciba el respaldo necesario por parte de los líderes europeos, incluido el de España, ya que las medidas propuestas solo tendrán éxito si los Estados Miembros de la UE establecen como prioridad la protección de las personas y el salvamento de vidas en lugar de seguir actuando como la Fortaleza Europa. Si no es así, el coste humano seguirá siendo incalculable.

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno para pedirle que las autoridades españolas apoyen las propuestas de la Agenda y colaboren para responder adecuadamente a la grave crisis de derechos humanos del Mediterráneo.

Para ello, deben anteponer la protección de las personas a la protección de las fronteras, un cambio en las políticas de migración y situar los derechos humanos en el centro de cualquier política del gobierno. Igualmente, la organización ha pedido al presidente información sobre cuáles son los medios materiales o financieros con los que España va a contribuir a la operación de salvamento y rescate. Por último, serán necesarias más plazas para refugiados en el programa de reasentamiento nacional.

Solo en los cuatro primeros meses de 2015, alrededor de 1.856 personas han muerto en el Mediterráneo en su intento de alcanzar territorio europeo. Tras meses y meses de mirar a hacia otro lado, la muerte de 800 migrantes y refugiados el pasado 18 de abril al volcar la embarcación en la que viajaban, puso de nuevo en evidencia unas políticas europeas en materia de inmigración más centradas en proteger fronteras que en dedicar recursos al salvamento de vidas.

El 13 de mayo, la Comisión Europea (CE) presentó la Agenda Migratoria de la UE, un pequeño avance que, entre otras medidas, reconoce la necesidad de intensificar las tareas de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo. Una de estas medidas propuestas es la ampliación del área geográfica de la Operación Tritón, lo que en la práctica significa poner más medios aéreos y navales más cerca de los lugares donde refugiados y migrantes corren más riesgo de ahogarse.

Por otra parte, aunque el incremento de la capacidad europea de búsqueda y salvamento es un avance, la realidad es que sigue habiendo vidas en peligro. Para adoptar un enfoque realmente global de la migración es necesario ofrecer rutas legales y seguras a quienes buscan protección internacional. Sin eso, la gente seguirá embarcándose, como último recurso, en peligrosas travesías a través del Mediterráneo para llegar a Europa.

Para lograr este objetivo, la organización tiene en marcha desde julio de 2012 la campaña #SOSEurope. Hasta el momento, Amnistía Internacional ha recogido casi 70.000 firmas en su centro de activismo on line dirigidas a las autoridades españolas y centradas en lograr un refuerzo de las operaciones de búsqueda y salvamento, así como la apertura de rutas legales y seguras para quienes huyen de situaciones de conflicto y persecución.

Rutas legales y seguras: El reasentamiento

La Agenda de la UE plantea algunas medidas positivas para reducir el número de personas que se ven obligadas a arriesgar sus vidas, bien en el mar, bien en manos de traficantes. Entre ellas, un Programa de Reasentamiento europeo, que debe complementar los programas nacionales, para unos 20.000 refugiados en los próximos dos años. Una cifra que se queda corta si la comparamos con las 380.000 personas solo de Siria, que según ACNUR se encuentran en necesidad de ser reasentadas.

Amnistía Internacional calcula que los países de la UE deben prepararse para reasentar a unos 100.000 de estos refugiados en el plazo de dos años, pero hasta el momento sólo se han comprometido a poco más de 40.000.

Sirios que huyen de la guerra y llegan a España

Hasta ahora el Gobierno español ha mantenido una política exterior en la que ha venido apoyando financiera y técnicamente a los países vecinos de Siria, pero la realidad es que la respuesta a las personas que huyen de la guerra y el horror debe mejorarse.

El Gobierno ha manifestado que las solicitudes de protección internacional de nacionales sirios son admitidas a trámite en su totalidad. Desde el inicio del conflicto hasta hoy, se han concedido 118 estatutos de refugiados y 1.187 estatutos de protección subsidiaria a ciudadanos sirios. Sin embargo, la mayoría de las personas que han accedido a España, lo han tenido que hacer a través de rutas peligrosas y entrando de manera irregular por las fronteras de Ceuta y Melilla. Amnistía Internacional lamenta que una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno español en 2012 fuera la exigencia de visados incluso de tránsito para aquellas personas de nacionalidad siria que pretendieran entrar a España.

El Gobierno español anunció en 2013 un programa de reasentamiento para traer a España a solamente 30 personas. A ese número se le sumaron otras 100 en 2014. A finales de 2014, el Gobierno aprobó una extensión del programa para 130 personas más en 2015, cifras que siguen siendo insuficientes.

En este sentido, Amnistía Internacional ha hecho llegar al Presidente del Gobierno más de 41.000 firmas recogidas en la ciberacción Siria, las cifras de la vergüenza, en la que la organización pide a las autoridades españolas que ofrezcan una respuesta adecuada a las personas que huyendo de Siria han buscado refugio en los países vecinos, ofreciendo un número mayor de plazas en el programa de reasentamiento y poniendo en práctica este programa de una manera digna.


Maritza Saavedra recibió una orden de desahucio © AI

  • AI publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos
  • Dos de las Comunidades Autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, Madrid y Cataluña, han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección
  • España sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido

Madrid.- Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” en el que denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios. La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
Medidas que desprotegen

En un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). En lugar de hacer frente a esa alarmante cifra, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.
Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. En ese sentido, ni la comunidad de Madrid ni el Gobierno central han adoptado medidas que sigan esta recomendación, y Cataluña no está implementando su Ley de derecho a la vivienda que promover el uso de la vivienda vacía.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.
Por último, el escaso periodo de calificación social de la vivienda (es decir, el tiempo por el cual a una vivienda se la considera “social”) en Madrid, la reducción del mismo en Cataluña y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales, también han generado desprotección en las personas.
“Todas estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar”, ha asegurado Esteban Beltrán.
Desigualdad en las negociaciones

“Me ha faltado información, porque mis padres no firmaron por 5 años como avalistas, firmaron de por vida”. Ainhoa Lafuente, uno de los casos descritos en el informe, cuenta como a la hora de firmar su contrato hipotecario, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían en riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejaron de poder pagar la cuota hipotecaria, y, con una hija a su cargo y tan solo una ayuda por desempleo de 337 euros, Ainhoa decidió volver a casa de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, asegura Ainhoa. El proceso ha afectado a toda la familia, también en cuestiones de salud: su padre ha tenido varios infartos y su madre ha sufrido un cáncer. Ainhoa todavía está en negociaciones con el banco: “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”.
Un periplo sin fin

Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al perder el empleo los dos, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca. Llegó una orden de desalojo: “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha, para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza.  
La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses, y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente una vecina les cedió una vivienda, por la que ahora pagan un pequeño alquiler: “Por lo menos estoy aquí tranquila con mi esposo y mis hijos pero siempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmente”, concluye.
Peticiones de Amnistía Internacional

El gobierno español debe:

  • Abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras no se adopten garantías de protección de derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
  • Crear un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas y que se priorizan soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
  • Realizar consultas con las personas afectadas y organizaciones, realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos y publicar datos desagregados.
  • Trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social y adoptar todas las medidas a su alcance para modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

Las Comunidades Autónomas deben:

  • Abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas.
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda. En relación a las viviendas vacías de propiedad privada, elaborar un censo actualizado  y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.
  • En especial, Madrid y Cataluña deben asegurarse que cualquier venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social. Además, deben revertir las medidas que reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas de inserción, claves para ayudar a las personas en el acceso a la vivienda.

Y los Ayuntamientos deben:

  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

Ehsan Shah Ghasemi, iraní de 24 años en riesgo de ejecución inminente.© Particular
Las autoridades iraníes deben conmutar con urgencia la condena de muerte a Ehsan Shah Ghasemi, joven de 24 años que corre riesgo inminente de ejecución tras un juicio con irregularidades que suscitó serias dudas acerca de su culpabilidad, ha manifestado Amnistía Internacional.

Ehsan Shah Ghasemi fue condenado a muerte por haber apuñalado a Ali Khalili en el cuello en julio de 2011, causándole lesiones que, presuntamente, le provocaron la muerte tres años más tarde, en abril de 2014. El Tribunal Supremo aprobó la condena pese a la falta de pruebas concluyentes de que el apuñalamiento fuera la causa de la muerte. Se espera que en los próximos días la ratifique el presidente de la Magistratura de Irán.

Ehsan Shah Ghasemi está viviendo una angustiosa pesadilla que conduce a la horca. Su vida está ahora en manos del presidente de la Magistratura, que debe decidir si el joven debe ser ejecutado tras un juicio  con graves irregularidades”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La pena de muerte es siempre un castigo cruel e inhumano, pero el caso de Ehsan Shah Ghasemi suscita tan serias dudas que la posibilidad de que sea ejecutado resulta más horrible aún.”

Ehsan Shah Ghasemi fue detenido en julio de 2011 por apuñalar a Ali Khalili durante una pelea callejera, cuando éste intentó impedirle poner música “ilegal” a un volumen muy alto en el automóvil donde viajaba junto con unos amigos.  

Tras ser detenido, lo recluyeron durante dos semanas en el centro de detención de Kahrizak, donde afirma que sufrió tortura y otros malos tratos. Estando bajo custodia, intentó ahorcarse con las sábanas de la cama. Según otros reclusos, los guardias de la prisión lo golpearon con porras por todo el cuerpo al encontrarlo inconsciente en la celda.  
Posteriormente, en 2012, un tribunal penal de Teherán lo condenó a tres años de prisión y al pago de una indemnización (diyah). Ese mismo año, Ali Khalili y su padre le concedieron un indulto, por lo que se sobreseyó la causa.

Sin embargo, Ehsan Shah Ghasemi fue detenido de nuevo al fallecer Ali Khalili en marzo de 2014. En octubre de 2014, tras un rápido juicio, lo condenaron a muerte en virtud del principio de “castigo equivalente al delito” (qesas).  

No se le permitió contratar los servicios de un abogado de su elección, y no tuvo asistencia letrada hasta que el fiscal llevó el asunto a juicio. Se cree, además, que, tras sufrir intimidaciones, su abogado se retiró de la causa antes de la primera sesión judicial. Se le asignó entonces uno de oficio, al que vio por primera vez en el juicio.

Si el presidente de la Magistratura de Irán no garantiza la conmutación de esta condena, se cometerá un error irreparable, como consecuencia del cual se ahorcará a un joven pese a haber múltiples explicaciones alternativas y no existir pruebas claras ni convincentes. El ayatolá Sadegh Larijani debe garantizar que se celebra un nuevo juicio, que cumpla estrictamente las normas internacionales sobre juicios justos y en el que no se recurra a la pena de muerte”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

Un dato significativo es que Ehsan Shah Ghasemi fue detenido de nuevo en 2014, más o menos a vez que el Parlamento de Irán estaba examinando la Ley de Protección de Quienes Promueven la Virtud y Previenen el Vicio, que autoriza a los ciudadanos a oponerse a las conductas o comportamientos considerados “anti-islámicos”. Desde entonces, las autoridades han calificado públicamente a Ali Khalili de “mártir”, muerto por promover los dogmas del islam.

Se teme que las autoridades iraníes hayan manipulado esta tragedia personal con fines políticos”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de quién sea la persona juzgada, el delito del que se la acuse, su culpabilidad o inocencia y el método de ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida.


Presidente de Camerún, Paul Biya. Copy: U.S. Embassy Yaounde, Cameroon [Public domain], via Wikimedia Commons Las autoridades de Camerún deben poner fin de inmediato a la reclusión ilegal desde haces seis meses de 84 menores de edad –algunos de sólo cinco años– que fueron arrestados durante una operación contra escuelas coránicas en el extremo septentrional del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El 20 de diciembre de 2014, las fuerzas de seguridad de Camerún irrumpieron en varias escuelas en una ciudad llamada Guirvidig y arrestaron a 84 menores y 43 hombres, entre ellos muchos profesores. Todos los menores excepto tres tienen menos de 15 años, y 47 tienen menos de 10. Las autoridades afirman que las escuelas se utilizaban como pantallas de “campos de adiestramiento de Boko Haram”.
Seis meses después, los menores continúan detenidos en un centro para menores de Maroua, principal ciudad de la región septentrional, pese a no haber sido acusados formalmente de ningún delito. En ausencia de atención de las autoridades locales, Unicef proporcionó colchones para el centro y el Programa Mundial de Alimentos ha suministrado alimentos que ya se están agotando.
Es inconcebible mantener a niños de tan corta edad lejos de sus padres durante tanto tiempo, y con tan poco apoyo. Los niños no quieren otra cosa que volver a casa y estar con su familia. No merecen convertirse en daños colaterales en la guerra contra Boko Haram”, ha afirmado Steve Cockburn, director regional adjunto para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.  
“Mantener detenidos a niños tan jóvenes no servirá para proteger a la población camerunesa que vive bajo la amenaza de Boko Haram. El gobierno debe cumplir su promesa de respetar los derechos humanos en la lucha contra Boko Haram, y poner en libertad a estos niños para que puedan reunirse sin demora con sus familias.”
En el último año, Camerún ha ampliado de forma significativa la presencia de las fuerzas de seguridad en la región situada en el extremo septentrional del país como respuesta a una serie de ataques en gran escala de Boko Haram en territorio camerunés. Numerosos civiles han sido ejecutados y secuestrados.
El 20 de diciembre, una fuerza conjunta de policías, gendarmes y militares acordonó barriadas de Guirvidig e irrumpió en escuelas a las que las autoridades locales habían acusado de reclutar a niños para Boko Haram. No se había informado de ataques previos en la ciudad.
Según testigos presenciales, durante la operación reunieron a los hombres y los niños y les hicieron esperar durante horas en una plaza pública antes de ser obligados a subir a bordo de camiones. Los niños permanecieron bajo custodia en la jefatura de la gendarmería durante cuatro días antes de ser trasladados a un centro para jóvenes bajo el control del Ministerio de Asuntos Sociales. A los hombres los llevaron a la Prisión Central de Maroua, donde continúan recluidos en condiciones extremadamente deficientes.
Uno de los niños relató los hechos a un investigador de Amnistía Internacional: “Estábamos leyendo el Corán cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la escuela. Pidieron los documentos de identidad y nos interrogaron. Dijeron que cavarían nuestra tumba y nos arrojarían a ella. Estábamos asustados. Después maltrataron a nuestros profesores. [...]  Algunos de ellos tenían sangre en la cara.”
De acuerdo con declaraciones de testigos reunidas por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad también entraron por la fuerza en varias casas, confiscaron bienes y pidieron sobornos a los residentes. Un padre vio que la gente daba dinero a las fuerzas de seguridad para conseguir la liberación de sus hijos arrestados. “Ese día yo no tenía dinero y se llevaron a mi niño”, dijo.
Varios hombres recibieron golpes durante su arresto, entre ellos un maestro del Corán de 39 años a quien golpearon reiteradamente con la culata de un fusil hasta que comenzó a vomitar sangre. Amnistía Internacional se entrevistó con él en la prisión de Maroua. No podía mantener la cabeza en una postura erguida y necesitaba ayuda para caminar. Ha sido trasladado al hospital para ser tratado de tuberculosis pero no ha recibido todavía tratamiento alguno para las lesiones que sufrió durante su arresto.
Investigadores de Amnistía Internacional han planteado el caso de los niños detenidos directamente a muchas autoridades camerunesas distintas. Aunque la mayoría reconocen que los niños no representan ninguna amenaza, nadie ha asumido la responsabilidad de facilitar su liberación y reintegración, dejando a los niños detenidos en un limbo.
Amnistía Internacional pide que todos los niños menores de 15 años sean liberados de inmediato y devueltos a sus familias, y que los mayores de 15 años sean liberados de inmediato a menos que sean acusados formalmente de un delito reconocible. De acuerdo con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Camerún es parte, 15 años es la edad mínima de responsabilidad penal.
Amnistía pide también a las autoridades de Camerún que abran una investigación independiente sobre los arrestos masivos y la ulterior reclusión en Guirvidig, y que garanticen juicios justos y condiciones de reclusión humanas para los hombres recluidos en la misma operación.


Los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia incumplen las normas internacionales sobre uso de fuerza letal por parte de la policía. Así lo ha concluido hoy un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional Estados Unidos.

En el informe, titulado Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States, se pide que se reformen las leyes en los ámbitos estatal y federal para conformarlas con el derecho y las normas internacionales, que disponen que la fuerza letal sólo debe utilizarse como último recurso cuando sea estrictamente necesario para que los agentes de policía se protejan a sí mismos o protejan a otras personas frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

“La policía tiene la obligación fundamental de proteger la vida humana. La fuerza mortal debe reservarse como medida de último recurso absoluto”, ha manifestado Steven W. Hawkins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“El hecho de que absolutamente ningún estado del país cumpla en su legislación esta norma resulta sumamente inquietante, y suscita honda preocupación respecto a los derechos humanos. Es precisa una reforma, y de manera inmediata. Hay vidas en juego.”

El informe se basa en un examen de las normativas sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos. Amnistía Internacional ha examinado asimismo decisiones pertinentes de la Corte Suprema del país, directrices del Departamento de Justicia sobre el uso de la fuerza mortal, y los datos estadísticos disponibles, procedentes de fuentes como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Informes del Crimen Uniformes del FBI.

Además de concluir que todas las leyes estatales son excesivamente amplias e incumplen las normas internacionales al permitir a la policía utilizar fuerza letal en una amplia diversidad de circunstancias, el informe concluye que, además, 13 estados incumplen los niveles más bajos establecidos por el derecho constitucional estadounidense sobre el uso de fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Nueve estados y el Distrito de Columbia carecen de leyes sobre el uso de fuerza letal (Maryland, Massachusetts, Michigan, Ohio, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming).

El informe concluye asimismo que ninguna de las normativas de los estados sobre el uso de fuerza letal incluye disposiciones relativas a mecanismos de rendición de cuentas.

En estos momentos no existen estadísticas nacionales completas que hagan un seguimiento de las muertes o heridas a manos de la policía en Estados Unidos. Las estimaciones sobre el número de personas muertas anualmente en el país a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley oscilan entre las 400 y las 1.000 muertes.

Según los escasos datos gubernamentales disponibles, los afroamericanos se ven desproporcionadamente afectados por el uso de la fuerza letal. La población afroamericana de Estados Unidos asciende al 13 por ciento de la población general, y sin embargo representa un 27 por ciento de las personas muertas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El informe pide al Departamento de Justicia que recopile y publique estadísticas y datos sobre disparos de la policía, y que clasifique esos datos por raza, género, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y condición de indígena.

“Se necesita urgentemente un estudio nacional sobre las leyes, las políticas y la formación relativas a la fuerza letal”, ha manifestado Steven W. Hawkins.

“Pedimos al presidente y al Departamento de Justicia que creen un grupo de trabajo nacional encargado de llevar a cabo ese estudio e instituir reformas exhaustivas, incluida la existencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Si Estados Unidos quiere cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, estas políticas deben conformarse al derecho y las normas internacionales.”


Wang Qingying, Tang Jingling y Yuan Xinting en 2009. Sus camisetas decían: “los funcionarios no elegidos no sirven a la gente”, “El poder debe venir de los votos.” ©http://chinachange.org El gobierno chino debe poner en libertad a tres activistas de derechos humanos a punto de ser juzgados por cargos relativos a la seguridad del Estado por publicar libros sobre democracia y activismo, y debe retirar todos los cargos contra ellos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Tang Jingling, Yuan Xinting y Wang Qingying serán juzgados por el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Guangzhou el viernes por “incitar a la subversión del poder del Estado”, un cargo relativo a la seguridad del Estado que normalmente se formula contra activistas de derechos humanos y personas que critican pacíficamente el monopolio del poder ejercido por el Partido Comunista. Se enfrentan cada uno a una pena de hasta cinco años de prisión.
“Este juicio es un día sombrío más para la libertad de expresión en China. No tiene nada que ver con la justicia, y sí con el silenciamiento arbitrario de quienes critican al gobierno”, ha manifestado William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.
“Todo lo que no sea que estos hombres queden libres, supondrá una grave injusticia.”
Según el auto de acusación de la fiscalía del Estado,  se acusa a los tres hombres de haber “promovido las ideas de la desobediencia civil […] con el objetivo de derrocar el sistema socialista”.A los tres activistas no se les ha acusado de haber participado en ningún acto de desobediencia civil.
La prueba fundamental citada por la acusación es la publicación de una serie de libros sobre activismo civil, democratización pacífica y desobediencia civil, como De la dictadura a la democracia, de Gene Sharp, Organizing: A Guide for Grassroots Leaders, de Si Kahn, y Breaking the Real Axis of Evil, de Mark Palmer.
Las autoridades acusan también a los encausados de haber participado desde 2006 en diversas “actividades ilegales”, como la conmemoración de las víctimas de la represión de Tiananmen de 1989, el recuerdo de Lin Zhao (víctima de la era de Mao) y la firma de la Carta 08, manifiesto por la democracia redactado, entre otros autores, por Liu Xiaobo, ganador encarcelado del Premio Nobel de la Paz.
“La acusación en sí deja claro que los hombres no han hecho nada que haya excedido los límites del derecho a la libertad de expresión. Los tres deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional”, ha manifestado William Nee.
La detención y el procesamiento de los tres activistas se han visto enturbiados por reiteradas violaciones de procedimiento. Los tres fueron detenidos inicialmente en mayo de 2014 como sospechosos de “provocar peleas y crear problemas” cuando se detuvo a decenas de activistas y personas críticas con el gobierno en vísperas del 25 aniversario de la represión de Tiananmen.
La policía primero negó y luego restringió arbitrariamente a los tres hombres el acceso a sus abogados y las visitas de sus familiares, en contra de lo dispuesto por el derecho procesal penal chino. A Tang Jingling no le permitieron reunirse con uno de sus abogados durante varias semanas después de ser puesto bajo custodia.
Varios de los abogados de los activistas denunciaron también que a sus clientes los habían golpeado repetidamente bajo custodia y durante los interrogatorios policiales.
Los abogados tuvieron asimismo dificultades para acceder al expediente judicial y, pese a tener derecho a ello, no pudieron hacer copias de la transcripción de los interrogatorios policiales, citados como prueba en el auto de acusación.
Tang Jingling, de 44 años, Yuan Xinting, también de 44 años, y Wang Qingying, de 31, son desde hace mucho destacados activistas de derechos humanos en el sur de China, y en los círculos de activistas se han ganado el apodo de “Los tres caballeros de Guangzhou” por su disposición a defender sus ideas ante la represión del Estado.
Desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder a finales de 2012, la libertad de expresión y asociación se ha convertido en blanco de nuevos ataques. Decenas de intelectuales, periodistas, abogados y activistas han sido detenidos o encarcelados exclusivamente por expresar de forma pacífica sus opiniones.


Tren pasando por el refugio de migrantes “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, México. © AI (Foto: Ricardo Ramírez Arriola) Las autoridades mexicanas deben investigar urgentemente el atroz aumento de los ataques violentos contra migrantes indocumentados por parte de bandas delictivas, y deben proporcionar un refugio seguro a los supervivientes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Más de 200 migrantes, entre ellos varios menores, fueron blanco de un brutal ataque, y varios murieron, a manos de grupos armados en dos ataques diferentes. Sigue sin conocerse el paradero de más de 130, lo que hace temer por su vida y su seguridad.
“México se ha convertido en una trampa mortal para las personas migrantes, con crueles bandas delictivas en cada esquina aguardando su oportunidad de atacarlas por unos cuantos dólares, y con unas autoridades estatales y federales más ansiosas por expulsar a gente que por salvar vidas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Muchas personas migrantes han muerto y han desaparecido en los últimos años cuando trataban de llegar a Estados Unidos; la única duda es cuántas vidas más tendrán que perderse antes de que las autoridades despierten y decidan actuar.”

El viernes, varios hombres armados con pistolas, escopetas y machetes atacaron a un grupo de un centenar de migrantes centroamericanos que viajaban en un tren de mercancías cerca de la localidad de Las Choapas, Veracruz, en el sur de México.
Los hombres armados exigieron dinero al grupo, que viajaba hacia la frontera estadounidense, antes de atacarlo.
Según las autoridades locales entrevistadas por Amnistía Internacional, sólo 44 personas, entre ellas cinco niños, lograron escapar y llegar a una localidad cercana. Las autoridades las llevaron a un centro de detención gestionado por las autoridades de inmigración federales, donde se han puesto en contacto con sus consulados para considerar sus opciones, que pueden incluir regresar a casa, obtener un visado humanitario para México o, en algunos casos, solicitar asilo.
Un hombre tenía una herida grave de bala, y al menos otros dos habían recibido una fuerte paliza. Algunas de las personas migrantes están considerando la posibilidad de declarar ante las autoridades en relación con el ataque, pero otras tienen demasiado miedo para hacerlo. Mientras tanto, las autoridades no han dado información clara sobre las acciones emprendidas para buscar al resto del grupo o investigar el delito.
En otro incidente diferente, el 2 de junio, unos hombres armados vestidos con ropas militares atacaron a un grupo de unos 120 migrantes centroamericanos en el estado de Sonora, en el norte de México.
Los supervivientes dijeron a Amnistía Internacional que se dirigían a la frontera estadounidense cuando uno de los vehículos en los que viajaban se averió.
Según su relato, entonces un grupo de hombres armados vestidos con ropas militares se les acercó y disparó contra ellos indiscriminadamente. Al menos 13 escaparon y consiguieron cruzar el desierto hasta llegar a un lugar seguro.
Amnistía Internacional ha entrevistado a algunos de estos supervivientes. Las autoridades los han detenido y han iniciado los procedimientos para devolverlos a su país, a petición de los propios migrantes, que vivieron una experiencia traumática.
Dos días después del violento ataque, la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora dijo que había encontrado tres cadáveres y dos vehículos quemados en el lugar donde se produjo el ataque.
Sin embargo, las investigaciones oficiales no han proporcionado datos sobre los responsables del ataque y sobre la suerte corrida por los supervivientes, muchos de los cuales siguen desaparecidos en el desierto o se teme que hayan sido secuestrados por las bandas delictivas.
Según la información publicada en los últimos meses en los medios de comunicación nacionales, las autoridades de inmigración mexicanas han informado de que, de 2013 a 2014, las denuncias sobre secuestros de migrantes se multiplicaron por diez: de las 62 denuncias presentadas en 2013 a las 682 de 2014.
“Las personas migrantes se ven obligadas a vivir en las sombras, y Amnistía Internacional ha documentado en el pasado una falta generalizada de investigación de los delitos cometidos contra ellas en México. Ante la posibilidad de que decenas de hombres, mujeres, niños y niñas estén perdidos en el desierto sin comida ni agua, o en manos de bandas delictivas, no hay tiempo que perder.”
Las autoridades mexicanas deben empezar urgentemente a buscar a las personas migrantes en paradero desconocido, y deben garantizar la seguridad de las que han sido rescatadas. También deben iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes y asegurarse de que los responsables se enfrentan a la justicia. Cualquier otra cosa sólo servirá para poner a más migrantes en peligro”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Además, Amnistía Internacional pide que los supervivientes de estos ataques reciban atención adecuada como víctimas de delitos graves, incluida atención psicológica y médica inmediata y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientras tramitan una denuncia penal.


Foto tomada en el EuroPride 2014 en Oslo, Noruega.© AI El gobierno de Letonia debe romper su silencio y adquirir el firme compromiso de hacer cuanto esté en su poder para garantizar la seguridad y protección de las personas que participen en el EuroPride de este año en Riga, ha afirmado hoy Amnistía internacional.
EuroPride, que celebra los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en una ciudad europea distinta cada año, se celebrará en la capital de Letonia el sábado 20 de junio, culminando un festival de una semana que comenzó el 15 de junio.
Aunque los organizadores del EuroPride afirman que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han mantenido una actitud de cooperación, el gobierno letón no ha dado la bienvenida al evento. Al ser preguntado al respecto en diciembre pasado, el presidente de Letonia, Andris Berzins, afirmó que “la homosexualidad no debería ser publicitada e impuesta”.
“Es inquietante comprobar la evidente incomodidad del gobierno de Letonia ante la celebración del EuroPride. En vez de dar la bienvenida a un evento que pretende abogar por la apertura y la tolerancia, los dirigentes de Letonia parecen estar dándole la espalda. Como país que ocupa la Presidencia de la Unión Europea, Letonia debe dar ejemplo en la lucha contra la discriminación homófoba”, ha afirmado Lucy Freeman, directora del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional.
“Lo triste es que la mayoría de la sociedad letona está en contra del EuroPride, y fomentar los derechos de las personas LGBTI sigue siendo una lucha: las parejas del mismo sexo son invisibles para el gobierno, los crímenes de odio homófobo no se reconocen, y los políticos de alto nivel emplean una agresiva retórica homófoba”, ha afirmado Kaspars Zalitis, miembro de la junta directiva de Mozaika, grupo letón que organiza EuroPride 2015.
El EuroPride de este año es el primero que se celebra en un país ex soviético, señal de hasta dónde han llegado lo derechos de las personas LGBTI en Letonia. En 2005, una marcha del orgullo de ámbito nacional celebrada en Riga se vio empañada por la violencia y la hostilidad, cuando 70 activistas marcharon por sus derechos pese a la presencia de más de 1.000 contramanifestantes que intentaron impedir la marcha, usaron gas lacrimógeno y arrojaron huevos contra los manifestantes del orgullo.
A pesar de los avances en cuanto a derechos de la comunidad LGBTI en los Estados bálticos y en toda Europa, la seguridad de las marchas del orgullo, y la libertad de expresión en general, continúa amenazada en varios Estados ex soviéticos, donde los ataques homófobos siguen siendo una amenaza constante. El 6 de junio, el Orgullo de Kiev se vio empañado por violencia homófoba que se saldó con 10 manifestantes y 11 agentes de policía heridos. Amnistía Internacional afirmó que la policía no protegió adecuadamente la marcha.
Sólo cinco antiguos Estados soviéticos han aprobado disposiciones legales que prohíben la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual, y sólo en tres de ellos –Georgia, Lituania y Estonia– hay leyes sobre crímenes de odio o incitación al odio que incluyen de forma explícita la orientación sexual o la identidad de género.
Es preocupante que Lituania y Rusia hayan aprobado leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión de los activistas LGBTI, en la difusión de información y la defensa de cuestiones como la igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo. Uzbekistán y Turkmenistán mantienen leyes que penalizan el sexo entre hombres adultos.
Activistas de Amnistía internacional de todo el mundo se unirán a los activistas LGBTI letones en el EuroPride.
“Dado que la violencia homófoba sigue siendo un peligro claro y presente para los activistas en los Estados post-soviéticos, esperamos que el EuroPride de esta semana transmita el mensaje de que los avances son posibles y la discriminación profundamente asentada puede ser desarraigada y sustituida por la tolerancia”, ha afirmado Lucy Freeman.


Copy: APGraphicsBank El hecho de que el gobierno de Sudáfrica haya desobedecido una orden de sus propios tribunales y no haya detenido a Bashir es un escándalo y una traición a los cientos de miles de personas que perdieron la vida durante el conflicto de Darfur, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El Tribunal Superior de Gauteng Norte ha resuelto a primera hora de esta tarde que el gobierno sudafricano, al no detener al presidente de Sudán, Omar al Bashir, ha incumplido la Constitución, y que debería haberlo hecho cuando llegó al país, en espera de una solicitud formal de la Corte Penal Internacional.
Al parecer, esta mañana se le permitió irse a pesar de que se había dictado una orden provisional para que se impidiera su marcha.
“El papel de Sudáfrica estaba claro desde el día en que el presidente sudanés aterrizó en el país: Omar al Bashir debía ser arrestado y entregado a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por los crímenes de guerra que presuntamente ha cometido", ha afirmado Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para África.  
“Al no haber entregado a Omar al Bashir a la Corte mientras estaba en su país, las autoridades de Sudáfrica, bajo la dirección de su presidente Jacob Zuma, han contribuido con su pasividad a que Omar al Bashir eluda la acción de la justicia.
"Es del todo inaceptable e indignante que Sudáfrica, como miembro de la Corte Penal Internacional, incumpla sus obligaciones internacionales de esta manera y permita que reine la impunidad. No sólo ha menoscabado el compromiso del país con la Corte; también ha pisoteado los derechos y las esperanzas de justicia de todas las personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la guerra en Darfur.”
El presidente Omar al Bashir asistió a la 25ª Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Sudáfrica del 13 al 15 de junio de 2015. Como miembro de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica tenía la obligación de detener al presidente Omar al Bashir y entregarlo a la Corte.
Sobre el presidente Omar al Bashir pesan dos órdenes de detención dictadas por ella en 2009 y 2010. Se enfrenta a siete cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y tres más por genocidio.

La Corte Penal Internacional ha cursado peticiones de cooperación a todos los Estados Partes en el Estatuto de Roma, entre ellos Sudáfrica, para la detención de Omar Al Bashir y su entrega a la Corte.        

Información complementaria
Omar al Bashir está acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto de Darfur (Sudán), que ha causado la muerte de más de 400.000 personas y ha provocado el desplazamiento de más de dos millones. El conflicto comenzó en 2003 y sigue cobrándose vidas.