Amnistía Internacional España

Activistas de Amnistía Internacional en una protesta contra la tortura, celebrada en septiembre de 2014 en Ciudad de México. SCHEMIDT/AFP/Getty Images. La Corte Suprema de Justicia de México ha ordenado dejar de inmediato en libertad a un hombre que lleva más de dos décadas encarcelado debido a una confesión que se obtuvo por medio de tortura. Esta sentencia es una importante victoria para la justicia, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el 18 de marzo dejar en libertad a Alfonso Martín del Campo Dodd, quien lleva casi 23 años en prisión, desde 1992, cuando fue declarado culpable del asesinato de su hermana y su cuñado, delito que confesó tras haber sido detenido arbitrariamente y torturado en la Ciudad de México.
“La excarcelación de Alfonso Martín del Campo Dodd es una victoria para la justicia que llega con mucho retraso –ha señalado Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México–. Su caso debía haberse desestimado hace décadas, dado que se recurrió a la tortura para hacerlo confesar, lo que constituye una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos.”  
“Esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia pone una vez más de relieve la necesidad urgente de abordar el uso generalizado de la tortura en el sistema de justicia de México, como ha señalado este mismo mes el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura.”
Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1992, y agentes de la policía judicial local lo golpearon, lo sometieron a asfixia y lo amenazaron. Años más tarde, un policía admitió haberlo torturado junto con otros agentes. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso de ésta y otras pruebas de la tortura, incluidos los informes médicos.
Amnistía Internacional cree que este caso es emblemático, porque pone de manifiesto las múltiples deficiencias del sistema de justicia penal de México, que continúan haciendo posible la detención arbitraria y la obtención de pruebas por medio de tortura.
La organización ha documentado muchos casos en los que los jueces han continuado admitiendo testimonios obtenidos por medio de tortura. Mientras tanto, las denuncias de tortura no se investigan debidamente. Con frecuencia, lo informes forenses oficiales son deficientes, y los realizados por peritos independientes no suelen tenerse en cuenta.
Aunque a Alfonso Martín del Campo lo examinó un perito independiente, que confirmó que había sido torturado, el sistema de justicia local y federal hizo caso omiso de esta prueba durante más de dos decenios.
Las víctimas de tortura de nuestro país merecen que, como mínimo, los jueces tengan en cuenta toda prueba pericial independiente de la tortura”, ha añadido Perseo Quiroz.
Numerosos órganos internacionales documentaron el caso de Alfonso Martín del Campo y confirmaron su tortura, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria.
Amnistía Internacional insta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que investigue el asesinato de la hermana y el cuñado de Alfonso Martín del Campo y ponga a los responsables a disposición judicial. Alfonso Martín del Campo tiene también derecho a una reparación del Estado por las violaciones de derechos humanos que ha sufrido.


Un hombre sostiene una pancarta de rechazo al terrorismo frente al Museo del Bardo, un día después del ataque en el que murieron 19 personas en Túnez. AP Photo/Christophe Ena. El ataque armado perpetrado hoy en un museo del centro de Túnez capital, que ha matado al menos a 19 personas, según el primer ministro tunecino, y herido a muchas más, revela una absoluta falta de respeto por la vida, ha manifestado Amnistía Internacional.  
La organización pide a las autoridades que garanticen que se detiene y se pone a disposición judicial a todos los implicados en la planificación y ejecución de este atentado.
“No debe permitirse que este mortal atentado, absolutamente deplorable en sí mismo, arruine lo que para muchos observadores es el mayor éxito de transición del autoritarismo al Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos de la región”, ha señalado  Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.  
La mejor respuesta a esta atrocidad es llevar a los responsables ante la justicia para que sean sometidos a un juicio justo. La vuelta a las medidas draconianas con que se pisoteaban los derechos humanos en la época de Ben Ali no haría más que aumentar la tragedia de este crimen y, probablemente, redundaría en beneficio de quienes intentan menoscabar el proceso de transición de Túnez.”
Las fuerzas de seguridad mataron a dos hombres armados en el lugar del atentado, el museo del Bardo, situado junto al Parlamento tunecino, y aún se están buscando cómplices.
Según declaraciones del primer ministro tunecino, Habib Essid, entre las personas que han resultado muertas hay dos tunecinos, entre ellos un agente de policía, y varios ciudadanos italianos, españoles, polacos y alemanes.


Activistas de varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, reclaman a Shell el pago de indemnizaciones y la limpieza por los vertidos en el delta del Níger (Nigeria), en abril de 2012. © AI. Royal Dutch Shell y el gigante multinacional del petróleo italiano ENI han reconocido más de 550 vertidos de petróleo en el delta del Níger el año pasado, según el análisis de Amnistía Internacional de las cifras más recientes de las empresas. En cambio, por término medio, entre 1971 y 2011 sólo hubo 10 vertidos al año en toda Europa.
Shell informó de 204 vertidos en el delta del Níger en 2014, mientras que ENI, que opera en una zona más pequeña, informó del impresionante número de 349.
“Estas cifras son seriamente alarmantes. Es evidente que ENI ha perdido el control de sus operaciones en el delta del Níger. Y a pesar de todas sus promesas, Shell no ha hecho ningún avance en abordar los vertidos”, declaró Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.
“En cualquier otro país, esto sería una emergencia nacional. En Nigeria parece un procedimiento operativo normalizado para la industria petrolera. El coste humano es terrible: la gente vive con la contaminación todos los días de su vida.”
Las empresas dicen que estos vertidos fueron de sólo 30.000 barriles —5 millones de litros— de petróleo. Sin embargo, dada la gran precariedad de los sistemas de presentación de informes que usan las empresas petroleras, es muy probable que esta cifra sea significativamente inferior a la real.
Royal Dutch Shell
Las empresas petroleras culpan al sabotaje y al robo de la inmensa mayoría de los vertidos. Esta afirmación es rebatida con fuerza por las comunidades y ONG y se ha demostrado que es errónea.
En noviembre de 2014, durante unas actuaciones judiciales en el Reino Unido, Shell se vio obligada a reconocer que había subestimado el volumen de los dos principales vertidos de petróleo en el delta del Níger, después de años de desmentidos.
El volumen de petróleo vertido importa, porque el importe de la indemnización que se abona a las comunidades afectadas es proporcional a la cantidad de petróleo que se calcula que se ha vertido. Shell acordó finalmente pagar 55 millones de libras esterlinas a la comunidad de Bodo, en el delta del Níger, cuando al principio ofreció apenas 4.000 libras.
“Cuando una empresa tiene que pagar 55 millones de libras por dos vertidos de petróleo que al principio intentó hacer pasar por vertidos menores, los inversores deberían tener serias dudas sobre los pasivos ocultos que podría tener Shell en el delta del Níger”, añadió Audrey Gaughran.
“Si se pudieran examinar todos los vertidos de petróleo como se examinaron los dos vertidos de Bodo, se revelaría la auténtica escala de los daños y de las responsabilidades económicas de Shell. Pero no se trata sólo de indemnizaciones económicas: también hay una cuestión humana muy seria. Shell está engañando a la gente para no darle una indemnización justa. El caso de Bodo deja claro lo que cuesta hacer que esta empresa reconozca la verdad sobre los vertidos de petróleo: seis años y unas actuaciones judiciales en el Reino Unido. ¿Qué pasa con los cientos de comunidades más a las que podría haber engañado?”
Los documentos presentados dentro de las actuaciones judiciales en el Reino Unido revelaron que la empresa supo durante años que uno de sus principales oleoductos era viejo y peligroso, pero no lo mantuvo debidamente.
Además, una resolución judicial británica declaró que Shell tiene la responsabilidad de garantizar la integridad de sus oleoductos.
ENI
El gigante petrolero italiano ENI, propietario de la Nigerian Agip Oil Company, es un actor más pequeño que Shell en el delta del Níger y ha recibido menos atención, pero el número de vertidos de petróleo de sus operaciones exige medidas urgentes tanto del gobierno nigeriano como del italiano.
Además de los 349 vertidos de 2014, ENI informó de más de 500 vertidos de petróleo en 2013. Por su parte, el organismo regulador nigeriano informó de 474 vertidos de petróleo de las operaciones de ENI en 2012.
“El gobierno italiano debe investigar lo que está pasando en las operaciones de ENI en Nigeria. Estas cifras plantean serias dudas sobre posibles negligencias de la empresa que se remontan a muchos años”, dijo Audrey Gaughran.
“Como objetivo prioritario, todas las empresas petroleras en Nigeria deben revelar urgentemente la antigüedad y el estado de sus infraestructuras, revisar sus prácticas de explotación y hacer públicas las conclusiones para que las comunidades sepan lo que está pasando.”
Sea cual fuere la causa, según la legislación nigeriana, las empresas petroleras son responsables de contener y limpiar los vertidos, y restituir las zonas afectadas a su estado anterior. Sin embargo, esto rara vez ocurre. Como consecuencia, los habitantes del delta del Níger viven con el impacto acumulativo de décadas de contaminación.


Un helicóptero de la armada siria sobrevuela la ciudad de Aleppo. © TAUSEEF MUSTAFA/AFP/Getty Images.
Testigos presenciales de un supuesto ataque con gas de cloro perpetrado la pasada noche en Idlib, en el norte de Siria, han contado a Amnistía Internacional la terrible muerte que sufrió toda una familia, incluidos tres niños menores de tres años.
Decenas de civiles más fueron expuestos al tóxico gas de cloro en dos aparentes ataques con armas químicas supuestamente realizados por fuerzas gubernamentales en y alrededor de la ciudad de Sarmin (Idlib), la pasada noche, según testigos presenciales.
“Estos terribles ataques, que han causado una muerte atroz a civiles, incluidos niños pequeños, son otro indicio más de que las fuerzas del gobierno sirio están cometiendo crímenes de guerra con impunidad. La situación en Siria debe ser remitida a la Corte Penal Internacional con urgencia”, declaró Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
En total, unas 100 personas estuvieron expuestas a niveles tóxicos de cloro después de que helicópteros de las fuerzas armadas sirias lanzaran cuatro barriles que contenían el gas en dos ataques contra Sarmin y la localidad vecina de Qmainass producidos entre las 9:15 y las 11 de la noche del 16 de marzo, según testigos presenciales. Entre los heridos hay un pequeño número de combatientes del grupo armado Ejército Sirio Libre, pero la inmensa mayoría son civiles.
Un portavoz del ejército sirio negó la responsabilidad de éste sobre los ataques.
Un médico y un trabajador de la defensa civil dijeron a Amnistía Internacional que los afectados por el ataque no tenían lesiones asociadas a armas explosivas, sino que mostraban síntomas característicos de un ataque con armas químicas, como ojos enrojecidos, falta de aliento, tos continua, dificultades para respirar, vómitos y babeo.
Un miembro de la defensa civil que acudió a una vivienda próxima al lugar del ataque en Sarmin dijo a Amnistía Internacional:
“El olor era horrible. Evacuamos a la gente. Nos dijeron que una familia vivía en el sótano. Tres de nosotros bajamos las escaleras. Inspiré una vez y luego, al inspirar por segunda vez, me quemé la garganta y me empezaron a arder los ojos. No teníamos máscaras. No tenemos ropa especial. No pude seguir. Contuve la respiración, pero no pude contenerla más. Vi a una mujer en las escaleras. Estaba azul y no respiraba. La evacuamos y un minuto después entró el siguiente equipo y evacuó a la otra familia. Llevaban máscaras y por eso pudieron bajar. Evacuaron al padre, a la madre y a tres bebés. Todos murieron.”
Los nombres de los miembros de la familia que perdieron la vida son Warf Mohammad Taleb, su madre Ayoush Hassan Qaq, su esposa Ala al Jati y sus tres hijos: Sara, Aisha y Mohamad Taleb.
Un activista local publicó unas imágenes de vídeo grabadas en un hospital después de los ataques, en las que se ve a un bebé agonizante desnudo sobre una mesa y cómo colocan los cuerpos lacios y desnudos de los otros dos niños Taleb sobre el cadáver de su madre, en una cama del hospital.
En septiembre de 2013, tras la muerte de cientos de personas en presuntos ataques con gas sarín en Ghouta, en las afueras de Damasco, el presidente sirio Bashar al Assad se adhirió a la Convención sobre las Armas Químicas y se comprometió a destruir el arsenal de agentes químicos prohibidos del país.
Sin embargo, un año después, en septiembre de 2014, una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas halló “una confirmación convincente” de que a principios de año se había usado un agente químico tóxico de forma “sistemática y reiterada” como arma en pueblos del norte de Siria.

Más información en el informe Al-Raqqa under attack: Syrian air force strikes against civilians que contiene pruebas fehacientes de que las fuerzas del gobierno sirio mataron ilegítimamente a decenas de civiles en una serie de ataques aéreos contra la ciudad de Al Raqqa en noviembre de 2014. Los ataques violaron el derecho internacional humanitario y algunos podrían constituir crímenes de guerra.


Ceremonia de conmemoración del 70 aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea, junto a una mezquita de una mezquita en Simferopol, en mayo de 2014. © MAX VETROV/AFP/Getty Images. Las autoridades de facto en Crimea no han investigado una sucesión de actos de secuestro y tortura de opositores y han recurrido a una campaña incesante de intimidación para acallar la disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un documento que ha publicado hoy con motivo del primer aniversario de la anexión.
En Violations of the rights to freedom of expression, assembly and association in Crimea, Amnistía Internacional pone de relieve que las autoridades de facto de Crimea están llevando a cabo un verdadero catálogo de abusos contra los derechos humanos de medios de comunicación afines al gobierno ucraniano, organizaciones de activistas, la comunidad tártara de Crimea y personas que critican al régimen.
Desde que Rusia se anexionó Crimea, las autoridades de facto están aplicando gran diversidad de tácticas de matonismo para reprimir la disidencia; ante la profusión de secuestros perpetrados entre marzo y septiembre, muchos críticos destacados han abandonado la región. Los que se han quedado sufren múltiples formas de hostigamiento por parte de las autoridades, decididas a silenciar a sus opositores”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
No hay investigaciones eficaces sobre los secuestros y las torturas
Desde la anexión, al menos siete personas han sido secuestradas y sigue sin conocerse la suerte que han corrido. Al menos otra persona secuestrada ha aparecido sin vida y con señales de tortura.  
Amnistía Internacional ha documentado las desapariciones de tres tártaros crimeos. El 29 de septiembre de 2014, cuatro hombres con uniformes negros obligaron a subir a una furgoneta a Islyam Dzhepparov, de 19 años, y a Dzhevdet Islyamov, de 23, y desde entonces no se los ha vuelto a ver. Reshat Ametov, de 39 años, fue secuestrado cuando asistía a una manifestación en marzo de 2014. Su cadáver apareció más tarde con señales de tortura. Nadie ha sido obligado a rendir cuentas hasta la fecha.
Andriy Schekun, dirigente de la organización Casa Ucraniana, que promueve la lengua y la cultura ucranianas, fue secuestrado por paramilitares prorrusos y permaneció 11 días recluido en un lugar secreto donde sufrió descargas eléctricas en marzo de 2014. Tras la terrible experiencia, fue entregado a las fuerzas armadas ucranianas. Tampoco ha respondido nadie por su tortura. Otros tres miembros de la organización desaparecieron en mayo de 2014 y no se les ha vuelto a ver.
“Las autoridades crimeas de facto nos dicen que están investigando todos los casos de secuestro y tortura, pero aún no hemos visto una sola prueba concreta de ello”, ha afirmado John Dalhuisen.  
Represión de los medios de comunicación
Además, las autoridades de facto están generando un clima de miedo en Crimea, utilizando la intimidación y una legislación restrictiva para amordazar a los medios de comunicación y las ONG.
El 26 de enero de 2015, unos 30 hombres armados con el rostro cubierto pertenecientes a una unidad especial de la policía, acompañados de 10 miembros de las fuerzas de seguridad, registraron las oficinas del canal de televisión tártaro crimeo ATR, interrumpieron la emisión y se llevaron documentos que se remontaban a febrero de 2014.
Antes de sufrir el registro, el canal ya estaba ejerciendo la autocensura y había dejado de usar las palabras “anexión” y “ocupación” después de los avisos de las autoridades a varios miembros de la redacción calificando sus emisiones de “extremistas” y amenazándolos con el procesamiento.
Varios periodistas y blogueros han huido de Crimea por miedo a sufrir persecución. Entre ellos está Elizaveta Bogutskaya, conocida bloguera afín al gobierno ucraniano a quien citaron para ser interrogada después de que representantes del “Centro para Combatir el Extremismo” registraran su domicilio y se llevaran datos para someterlos a inspección.  
Tras la anexión, las autoridades de facto establecieron que todos los medios de comunicación debían volver a inscribirse legalmente. La conocida agencia de noticias tártara crimea QHA no ha podido hacerlo, sin que se le den explicaciones concretas sobre los motivos de que su solicitud no sea admitida.
Sin derecho a protestar ni a celebrar la cultura tártara crimea
Las protestas públicas están prohibidas en la práctica en Crimea. Los permisos solicitados por tártaros crimeos para celebrar reuniones culturales y manifestaciones se deniegan la mayoría de las veces, y los que se conceden obligan a celebrarlas en lugares de difícil acceso. Así ocurre especialmente con los actos conmemorativos tradicionales.  
También han dejado de existir varias destacadas organizaciones independientes, en su mayoría organizaciones dedicadas a asuntos de derechos humanos. El Mejlis, Parlamento que representa a la comunidad tártara crimea, no ha sido reconocido como tal y sus prominentes miembros sufren una campaña de acoso y persecución.
“Un año después de la anexión de Crimea, la actitud de las autoridades de facto y sus amos rusos puede resumirse en una sencilla expresión: si no te gusta, o te marchas, o te callas”, ha dicho John Dalhuisen.
“Aunque es evidente la escasa voluntad de los miembros de la comunidad internacional para convencer a Rusia de que restablezca la integridad territorial de Ucrania, como mínimo deberían presionarla mucho más para que respete los derechos de todos los residentes en Crimea.”


Un manifestante contra las prácticas de Estados Unidos © JASON REED/Reuters/Corbis La vigilancia masiva por parte de Estados Unidos del uso de Internet y del teléfono indigna a la opinión pública mundial, ha declarado Amnistía Internacional, que dio a conocer los resultados de una importante encuesta de opinión con motivo del lanzamiento de su campaña mundial #DejenDeSeguirme.
Según el estudio, en el que participaron 15.000 personas de 13 países de todos los continentes, el 71% de los encuestados rechaza rotundamente el control por Estados Unidos del uso de Internet. Por otra parte, casi dos tercios afirman que quieren que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— protejan sus comunicaciones para impedir el acceso del gobierno.
“Estados Unidos debería ver esta encuesta como una advertencia de que la vigilancia está perjudicando su credibilidad. El presidente Obama debería escuchar la voz de los ciudadanos de todo el mundo y dejar de usar Internet como una herramienta para recoger datos masivos sobre la vida privada de las personas”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
La tecnología actual da a los gobiernos un poder sin precedentes para observar lo que hacemos en Internet. Necesitamos un mecanismo independiente que vigile a los vigilantes para que no haya abusos de poder. Pero hoy son pocas las leyes, si es que las hay, que protegen realmente nuestro derecho humano a la intimidad frente a la vigilancia masiva indiscriminada. De hecho, hay más países estudiando leyes que confieran mayores poderes de vigilancia a expensas de los derechos de las personas.”
En junio de 2013, Edward Snowden reveló que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense estaba autorizada para vigilar el uso del teléfono y de Internet en 193 países del mundo. En una representación de las capacidades de vigilancia de la agencia, se reveló que ésta recogía 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles al día y 42.000 millones de registros de Internet —incluidos correos electrónicos e historiales de navegación— al mes.
La mayor oposición a la vigilancia masiva de Estados Unidos, en Brasil y Alemania

La mayor oposición a la interceptación, almacenamiento y análisis por Estados Unidos del uso de Internet procedía de Brasil (80 por ciento en contra) y Alemania (81 por ciento).
Tras las revelaciones de Snowden, la indignación pública fue generalizada en estos dos países cuando se reveló que Estados Unidos había vigilado incluso las llamadas telefónicas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de la canciller alemana Angela Merkel.
Incluso en el país con menor oposición, Francia, la mayoría de los encuestados rechazaba la vigilancia estadounidense (el 56 por ciento). La encuesta se realizó después del atentado contra Charlie Hebdo.
Aliados clave de Estados Unidos se oponen también a la vigilancia

Estados Unidos comparte los frutos de su programa de vigilancia masiva con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, países con los que forma la Alianza de los Cinco Ojos. Incluso en estos países, el porcentaje de personas que se oponen a la vigilancia estadounidense (70 por ciento) es más de tres veces superior al de quienes la apoyan (17 por ciento).
“El mensaje es claro: ni siquiera los ciudadanos de los países aliados más próximos de Estados Unidos quieren que los gobiernos registren su uso de Internet. Reino Unido y los otros países de los Cinco Ojos deberían ser sinceros con su propia ciudadanía sobre cómo están compartiendo el botín de la vigilancia: nuestros datos personales”, declaró Salil Shetty.
Las empresas de tecnología, bajo presión para que favorezcan el derecho a la intimidad y no lo obstaculicen

Las personas encuestadas que creen que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— tienen la obligación de ayudarles a proteger su información personal frente a los gobiernos (60 por ciento) son más que las que están de acuerdo en que estas empresas faciliten a las autoridades el acceso a los datos (26 por ciento).
En 2013, unos archivos filtrados de la NSA revelaron que las empresas de tecnología habían colaborado con las autoridades estadounidenses para facilitar la vigilancia del uso de sus aplicaciones, como el correo electrónico y las plataformas de medios sociales.
“Las empresas de tecnología tienen que tomar una decisión sobre el futuro de Internet. ¿Debe ser un lugar de expresión o de represión? Pueden pedir a sus usuarios que dejen su derecho a la intimidad en la puerta cuando se conecten o darles el control sobre sus datos personales”, dijo Salil Shetty.
La vigilancia en el propio país

En los 13 países en los que se hizo la encuesta, la gente rechazaba que su propio gobierno interceptara, almacenara y analizara su uso del teléfono y de Internet. Por término medio, había el doble de encuestados contrarios a la vigilancia por parte de su gobierno (59 por ciento) que de encuestados a favor (26 por ciento).
Quienes más se oponían a la vigilancia masiva por parte de su propio gobierno eran, de nuevo, los encuestados de Brasil (65 por ciento) y Alemania (69 por ciento). España, donde las informaciones de que la NSA había intervenido 60 millones de llamadas telefónicas españolas fueron recibidas con indignación en 2013, también estaba entre los primeros países contrarios (67 por ciento).
La mayoría de los ciudadanos estadounidenses encuestados (63 por ciento) estaba en contra del programa de vigilancia de su gobierno y sólo el 20 por ciento estaba a favor.
“La gente quiere que la sigan sus amigos, no sus gobiernos. Nadie quiere vivir sometido al escrutinio constante de un sistema de vigilancia tipo ‘gran hermano’”, dijo Salil Shetty.
¿El enemigo en casa?

Las actitudes hacia la vigilancia son significativamente diferentes cuando se trata de personas extranjeras. En los 13 países objeto de la encuesta, un porcentaje ligeramente superior de personas (43 por ciento) aprobaba que sus gobiernos vigilaran el uso del teléfono y de Internet en su país por los extranjeros, frente al 40 por ciento que lo rechazaba.
Francia y Reino Unido encabezan la lista de países a favor de vigilar a los extranjeros en su país, y el porcentaje de quienes lo aprueban (el 54 y el 55 por ciento, respectivamente) duplica al de quienes se oponen (el 27 y el 26 por ciento).
Igualmente, la mitad de los ciudadanos estadounidenses pensaba que su gobierno debía vigilar el uso de Internet y del teléfono de los extranjeros en Estados Unidos, a lo que sólo se oponía el 30 por ciento.

“El hecho de que las personas estén más dispuestas a aceptar que su gobierno siga a los extranjeros que a ellas mismas podría ilustrar el clima de miedo creado para justificar la vigilancia. Los gobiernos deben abordar la xenofobia y admitir que sacrificar los derechos humanos no traerá más seguridad”, concluyó Salil Shetty.

Amnistía Internacional ya ha adoptado acciones legales contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para frenar la vigilancia masiva indiscriminada. La organización presenta hoy su nueva campaña #DejenDeSeguirme, en la que pide a los gobiernos que sometan la vigilancia masiva a supervisión y transparencia.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción en la que pide a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, así como a los de sus estrechos aliados —Australia, Canadá y Nueva Zelanda– que pongan fin sin más demora a todos los programas y prácticas de vigilancia masiva indiscriminada existentes y garanticen que todas las medidas de vigilancia de comunicaciones son conformes al derecho internacional de los derechos humanos.
Nota a los periodistas

El 10 de marzo se presentó una demanda ante una corte federal de Estados Unidos, con Amnistía Internacional Estados Unidos como demandante, contra la vigilancia masiva de la NSA.
El 16 de marzo, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos, solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una resolución sobre la legalidad de la vigilancia masiva indiscriminada que realiza la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno, agencia de inteligencia de Reino Unido.
Todas las cifras, salvo que se indique lo contrario, son de YouGov Plc. YouGov hizo 13 encuestas en sendos países. El tamaño de la muestra de cada país varía entre las 1.000 y las 1.847 personas. El trabajo de campo se realizó entre el 4 y el 16 de febrero. Las encuestas se hicieron en Internet. Las cifras de cada una de las 13 encuestas de país se han ponderado y son representativas de todas las personas adultas (mayores de 18 años) residentes en los países correspondientes. Todos los promedios multinacionales han sido calculados por Amnistía Internacional.


Un hombre camina junto a los restos de una mezquita derribada en la ciudad siria de Raqa, la cual, según el testimonio de varios activistas, fue alcanzada por fuerzas del ejército del Gobierno de Bashar al-Assad. © REUTERS/Nour Fourat. Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe que contiene indicios condenatorios de que las fuerzas gubernamentales de Siria actuaron de forma ilícita causando la muerte de decenas de civiles en diversos ataques aéreos lanzados contra la ciudad de Al Raqa en noviembre de 2014 que violaron el derecho internacional humanitario. Algunos de los ataques podrían constituir crímenes de guerra.
El informe, titulado Al-Raqqa under attack: Syrian air force strikes against civilians, documenta varios ataques aéreos que tuvieron lugar entre el 11 y el 29 de noviembre y que causaron la muerte de hasta 115 civiles, incluidos 14 menores de edad. Entre los lugares alcanzados por los ataques están una mezquita y un mercado muy concurrido, frecuentado por gran número de civiles, y otros edificios que no se usaban para fines militares.
“Las fuerzas del gobierno sirio han mostrado una falta de respeto patente por las normas de la guerra en estos despiadados ataques aéreos. Algunos de los ataques muestran signos evidentes de ser crímenes de guerra”, afirmó Philip Luther, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
El gobierno parece indiferente a la matanza causada por los estos ataques, pues se niega incluso a reconocer las víctimas civiles que ha ocasionado. Ha lanzado ataques reiterados contra zonas civiles sin identificar claramente objetivos militares, lo cual es una violación flagrante del requisito de distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos militares.”
Según las autoridades sirias, los ataques iban dirigidos contra miembros y bases del grupo armado que se da a sí mismo el nombre de Estado Islámico. El Estado Islámico se hizo con el control de Al Raqa el pasado mes de junio y declaró a la ciudad la capital de su “califato islámico”, compuesto por territorios de Siria y de Irak que están bajo su control. Sin embargo, los datos recopilados por Amnistía Internacional ponen de manifiesto que, en la mayoría de los casos, no se pudieron identificar objetivos militares en las proximidades de las zonas atacadas.
El 25 de noviembre, la jornada más mortífera de los ataques contra Al Raqa, las fuerzas gubernamentales bombardearon diversas zonas civiles, y alcanzaron una mezquita, un mercado muy concurrido, tiendas, un centro de transporte, un almacén y un edificio de viviendas.
Un testigo que describió a Amnistía Internacional la escena posterior al ataque contra el Mercado del Museo dijo que habían resultado dañados 40 edificios y confirmó que no había ninguna base ni puesto de control militar en las inmediaciones.
“Fue una catástrofe […] es el principal mercado de Al Raqa y suele estar lleno de gente por el día. Había trozos de cadáveres por todas partes. Transporté 40 cuerpos a vehículos, ambulancias y furgonetas que los trasladaron a [hospitales] […] Vi al menos a 50 personas con heridas graves y leves.”
Un testigo del ataque contra la Ciudad Industrial describió una escena igualmente terrible: “Vi trozos de cadáveres por todas partes, cuerpos calcinados y gente con las extremidades amputadas. También vi un cadáver que colgaba de un cable eléctrico, tal vez a consecuencia de la explosión”, contó.
Según confirmaron algunos de sus habitantes, la Ciudad Industrial es una zona densamente poblada y no hay bases ni puestos de control del Estado Islámico cerca, pero los combatientes del Estado Islámico usaban a veces garajes de la zona para reparar sus vehículos.
En la mayoría de los ataques no pudo identificarse ningún objetivo militar claro. En algunos casos, hubo testigos que afirmaron que habían visto a combatientes del Estado Islámico en las proximidades, pero añadieron que los combatientes iban vestidos de civil y está muy poco claro que fueran los destinatarios de los ataques. Según testigos, entre las víctimas mortales del ataque a la mezquita había personas que se creía eran combatientes del Estado Islámico, pero en aquel momento participaban en los rezos de los viernes junto con fieles civiles.
“Era la hora de los rezos y la mezquita estaba llena de gente. Vi carne humana por el suelo y muchos cadáveres y personas heridas. No recuerdo el número exacto porque estaba en un estado de conmoción”, relató un testigo.
“La mera presencia de integrantes del Estado Islámico no legitima a las autoridades para bombardear la zona indiscriminadamente sin tener en cuenta las probables víctimas civiles”, declaró Philip Luther.
Como mínimo, han sido desproporcionados o indiscriminados varios de los ataques lanzados por el gobierno sirio contra Al Raqa que se han saldado con muertos y heridos entre la población civil. Es probable que algunos hayan sido ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y, en esos casos, deben investigarse como crímenes de guerra.
El gobierno sirio parece estar repitiendo una práctica arraigada, que ha aplicado de forma reiterada por todo el país, de castigar brutalmente a la población civil por la presencia de opositores armados.
En Al Raqa, la población civil está sometida al imperio del miedo desde que el Estado Islámico se hizo con el control de la zona. El grupo armado ha obligado a la población a cumplir su radical interpretación de la ley islámica (sharia). Aquellas personas a las que el Estado Islámico considera que han transgredido sus edictos o de las que sospecha que se oponen a su autoridad han sido castigadas con ejecuciones sumarias, amputaciones y flagelaciones.
“Los habitantes de Al Raqa ya tienen que soportar el brutal control del Estado Islámico. Castigar a toda la población civil simplemente porque la ciudad en la que viven ha caído en manos del Estado Islámico es injustificable”, manifestó Philip Luther.
“El gobierno no puede seguir justificando la brutalidad generalizada con la pantomima de que únicamente dirige sus ataques contra ‘terroristas’. Ha esgrimido repetidamente este argumento como excusa para lanzar bombardeos indiscriminados que han causado miles de víctimas civiles.”
Transcurridos cuatro años desde que comenzó la crisis en Siria, el efecto devastador sobre la población civil es manifiesto. Además, ninguna de las partes en el conflicto ha cumplido la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2014, que exige que se ponga fin a los ataques contra civiles y a los ataques indiscriminados, que se levante el asedio de zonas pobladas, que se acabe con la tortura y la detención arbitraria de civiles, y que se permita el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria.
“Tanto el Estado Islámico como las fuerzas gubernamentales han cometido crímenes horribles contra la población civil de Siria. A menos que el Consejo de Seguridad haga cumplir su resolución, lo más probable es que el sufrimiento de la población no haga sino aumentar”, advirtió Philip Luther.
“Si se remitiese la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, se transmitiría a todas las partes en conflicto el mensaje de que quienes ordenen o cometan crímenes de guerra tendrán que comparecer ante la justicia. Por otra parte, un embargo de armas ayudaría a frenar el flujo de armas que se están usando para perpetrar estos crímenes.”


La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de anular el requisito de esterilización para las personas transgénero que desean acceder a la cirugía de reasignación de género es un paso alentador hacia la igualdad de las personas transgénero en Europa.
El 10 de marzo, en el caso Y. Y. v Turkey, el Tribunal falló que exigir la infertilidad permanente a un hombre transgénero como requisito para someterse a cirugía de asignación de género violaba su derecho a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales).
Los tribunales turcos habían negado durante muchos años a Y. Y. la posibilidad de acceder a cirugía de reasignación de género basándose en que no se había sometido a esterilización. El fallo del Tribunal Europeo señala que la restricción que esto ha ocasionado a su vida privada no era necesaria para conseguir los objetivos de los tribunales turcos, a saber, la protección del interés general, así como la integridad física y moral del solicitante.
Según la ley turca (artículo 40 del Código Civil), una persona puede “cambiar de género” (cinsiyet degisikligi) sólo si cumple con determinados requisitos, a saber: conseguir un diagnóstico psiquiátrico, ser soltera, mayor de 18 años y ser permanentemente incapaz de procrear. En el caso de Y. Y., los tribunales turcos interpretaron que, según el artículo 40, ser permanentemente incapaz de procrear era un requisito previo para el acceso a cirugía de reasignación de género.
Se trata del primer caso en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla que el requisito de la esterilización con el fin de acceder a cirugía de asignación de género viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, este fallo judicial no abordó la cuestión de si exigir a las personas transgénero que se sometan a esterilización como requisito para conseguir el reconocimiento legal de su género vulnera el Convenio Europeo.
Nada menos que en 21 países europeos, entre ellos Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Noruega y Turquía, las personas transgénero deben someterse a esterilización para conseguir documentos legales que reflejen su identidad de género. Esto viola sus derechos a no sufrir trato inhumano y degradante, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a la vida privada y familiar.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que las personas transgénero puedan conseguir el reconocimiento legal de su género mediante un procedimiento sencillo, rápido, transparente y accesible, sin el cumplimiento forzoso de discriminatorios requisitos médicos o de otro tipo que violan sus derechos humanos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había fallado que la imposibilidad de que una persona transgénero consiguiera el reconocimiento legal de su género tras haberse sometido a cirugía de reasignación de género violaba el artículo 8 del Convenio, que consagra el derecho a la vida privada y familiar. (Goodwin v. United Kingdom). Sin embargo, lamentablemente, en julio de 2014, el Tribunal falló que la exigencia de un cambio en el estado civil de las personas transgénero como condición previa para su reconocimiento legal  no violaba su derecho a la vida privada y familiar (Hämäläinen v. Finland).
El Tribunal Europeo ha fallado previamente, en otros contextos, que las prácticas de esterilización forzada violan el artículo 3 y 8 del Convenio (V.G. v. Slovakia, I.G and others v. Slovakia).


Flores depositadas en la ceremonia de despedida del líder de la oposición Boris Nemtsov en el Museo Sakharov el pasado 3 de marzo. Alexander Aksakov/Getty Images. La amenaza por parte de las autoridades rusas de formular cargos penales contra Eva Merkacheva y Andrei Babushkin, dos activistas pro derechos humanos que hicieron públicas las denuncias de tortura de dos hombres acusados del asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov, suscita alarmantes dudas sobre la imparcialidad de la investigación, ha declarado Amnistía Internacional.
El Comité de Investigación de la Federación Rusa sugirió que denunciar que Zaur Dadaev fue torturado para que confesase y que Shaghid Gubashev sufrió también malos tratos podría equivaler a “injerencia en la labor del investigador con el fin de impedir una investigación exhaustiva, completa y objetiva del caso”.
“Amenazar con emprender acciones legales contra quienes denuncian un delito tan grave como la tortura es grotesco. Ignorar denuncias serias de que se empleó la tortura para obtener confesiones forzadas sería una burla total al sistema judicial ruso. Estas denuncias deben ser tomadas en serio e investigarse de forma exhaustiva, sin demora, con independencia y efectivamente”, declaró John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Estas denuncias, junto con las informaciones de que Zaur Dadaev sólo pudo ver a un abogado nombrado de oficio por el Estado y no al que contrató su familia, suscitan dudas muy serias sobre la imparcialidad de estas actuaciones y alimenta las especulaciones sobre un posible encubrimiento sancionado por el Estado.”
Zaur Dadaev, uno de los al menos seis hombres sospechosos de matar a Boris Nemtsov, dijo a los miembros de la Comisión Pública de Supervisión (grupo independiente autorizado para visitar centros de detención en Rusia) que tras su detención estuvo dos días esposado y con una bolsa en la cabeza. También dijo que confesó el crimen después de que las autoridades le prometieran que pondrían en libertad a su amigo. Otro sospechoso en el caso, Shaghid Gubashev, dijo que lo habían “golpeado y torturado”.
Los miembros de la Comisión Pública de Supervisión informaron de que tanto Zaur Dadaev como Shaghid Gubashev mostraban numerosas señales en el cuerpo y se habían quejado de que durante más de dos días antes de ser trasladados a Moscú no les dieron de comer y casi no les dieron de beber.
“Lo que este caso necesita no es una resolución rápida y políticamente conveniente, sino una demostración inequívoca de que se respetan todos los principios de imparcialidad procesal y que se hace justicia. Esto incluye investigar todas las denuncias creíbles de tortura y otros malos tratos”, concluyó John Dalhuisen.


Zheng-churan y Li Tingting © Particular Las autoridades chinas deben retirar de inmediato los cargos y deben poner en libertad a cinco activistas detenidas por pedir que se ponga fin al acoso sexual. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Las cinco mujeres –Wei Tingting, Wang Man, Li Tingting, Zheng Churan y Wu Rongrong– fueron detenidas el jueves por “buscar pelea y causar problemas”. Si son declaradas culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión cada una.

“El exigir que las mujeres dejen de sufrir acoso sexual no constituye en modo alguno un acto delictivo”, ha manifestado William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

“Los cargos contra las cinco mujeres deben retirarse, y las detenidas deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Las autoridades chinas deberían estar colaborando con estas mujeres para hacer frente al acoso sexual, no persiguiéndolas.”
Las mujeres llevan detenidas desde el pasado sábado, cuando fueron puestas bajo custodia policial en vísperas de unos actos que habían planeado para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Se cree que las cinco permanecen recluidas en la comisaría de policía de Haidian, en Pekín.
Todas ellas son integrantes del Grupo de Acción por los Derechos de las Mujeres de China. Habían confeccionado unas pegatinas con los lemas: “No más acoso sexual, queremos seguridad” y “Policía, ve a detener a los acosadores sexuales”, que planeaban repartir en los actos previstos.
El sábado, día en que fueron detenidas, una amiga de Wu Rongrong recibió una llamada suya y oyó gritos de dolor. La línea se cortó casi de inmediato, y ya no fue posible volver a contactar con ella.
“Resulta escalofriante que unas mujeres que piden a la policía que investigue el acoso sexual terminen siendo blanco de la acción policial”, ha manifestado William Nee.
La policía confiscó los ordenadores y los teléfonos de las mujeres, y los materiales que habían elaborado para los actos con los que planeaban celebrar el Día Internacional de la Mujer.
También hizo una redada en la sede en Hangzhou del Centro de Mujeres Weizhiming, una ONG de defensa de los derechos de las mujeres que fundó Wu Rongrong y en la que trabajan Zheng Churan y Li Tingting.
En los últimos meses, las autoridades han reprimido organizaciones no gubernamentales independientes que realizan trabajo de base. Además han sometido a líderes de la sociedad civil a rigurosos interrogatorios sobre sus fuentes de financiación y sus actividades.