Amnistía Internacional España

©AFP/Getty Images Los ataques aéreos del Ejército Nacional Libio ponen en peligro la vida de decenas de personas cautivas en Bengasi, ha manifestado Amnistía Internacional.La organización ha hecho sonar la alarma tras publicarse un nuevo vídeo donde aparecen tres hombres que se encontraban entre las alrededor de 130 personas que el grupo armado Ansar Al Sharia se llevó secuestradas de una prisión militar de Bengasi en octubre de 2014. En el vídeo, donde se los ve por primera vez desde su secuestro, los hombres piden el fin de los ataques aéreos, que han herido a varias personas, afirman, y ponen en peligro muchas vidas.“Decenas de personas que fueron secuestradas y están cautivas en Bengasi se hayan atrapadas en medio de los ataques sin posibilidad de huir. Efectuar ataques aéreos haciendo caso omiso de su presencia viola el derecho internacional humanitario. Las fuerzas que llevan a cabo los ataques deben tomar todas las precauciones posibles para evitar o, al menos, minimizar los daños a personas que no participan directamente en los combates”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta interina del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.El vídeo lo ha producido la Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi, coalición de milicias y grupos armados entre los que figura Ansar Al Sharia, posiblemente con el fin de proteger a sus combatientes de los ataques. Tal conducta viola el derecho internacional humanitario y puede constituir un crimen de guerra.“Ninguna persona debe ser recluida para utilizarla como rehén o como escudo humano. Incluso si Ansar al Sharia no estuviera utilizando a los cautivos como escudos humanos intencionalmente, no por ello estaría el Ejercito Nacional Libio eximido de su obligación de tener en cuenta su presencia y abstenerse de efectuar ataques desproporcionados o indiscriminados, que pueden constituir crímenes de guerra”, ha explicado Magdalena Mughrabi.Se ha identificado a los tres hombres del vídeo, que son Mousa Abduljawad al Badri, Mohammed Abdallah Atbaiga y Omar Mohamed Ishkal. Los familiares de los dos últimos han dicho que el único contacto que han tenido con ellos desde su secuestro han sido unas cuantas llamadas de teléfono muy breves, de sólo un par de minutos, y vigiladas. Los familiares de Mohamed Abdallah Atbaiga afirman que llevaban ocho meses sin saber nada de él, hasta que lo han visto en el vídeo.Aunque les consuela saber que los cautivos están todavía vivos, sus familiares han dicho a Amnistía Internacional que temen desesperadamente por su vida, dados los combates que están teniendo lugar en partes de Bengasi entre la Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi y el Ejército Nacional Libio, dirigido por el general Khalifa Haftar.“Lo único que pedimos es un paso seguro para ellos. Es una llamada de humanidad a la comunidad internacional. Desde la detención [de mi hermano], nuestra vida está paralizada, destrozada. Mi padre es anciano y no puede con más”, ha afirmado el hermano de Mohammed Abdallah Atbaiga, rogando que se libere a éste de su secuestro y se le permita salir de allí.El Ejército Nacional Libio esta llevando a cabo reiterados ataques aéreos contra zonas de Bengasi bajo el control de la Asamblea consultiva de Revolucionarios de Bengasi, entre ellas Ganfouda.Los hombres del vídeo explican que, tras un ataque aéreo efectuado hace unos meses y en el que varios de los secuestrados resultaron heridos, los llevaron a otra zona. También dicen que a principios de julio sobrevivieron por muy poco a otro ataque aéreo en la nueva zona. Los activistas consultados creen que recientemente sacaron a los hombres del distrito de Guwarsha de Bengasi y los llevaron a la zona residencial de Ganfouda, en el suroeste de la ciudad, donde calculan que hay más de 400 familias, algunas extranjeras, que no pueden satisfacer necesidades básicas como la comida y la atención médica pero no pueden salir de allí debido a los combates. También se ha dicho que los hombres secuestrados fueron liberados, pero siguen atrapados en Ganfouda. Amnistía Internacional no ha podido verificar esta información, pero lo importante es que estos hombres estén protegidos y puedan salir con seguridad de la zona si lo desean.En las últimas semanas, el Ejército Nacional Libio ha distribuido folletos donde se advierte a la población civil de que abandone el distrito de Ganfouda, que está controlado por Ansar al Sharia, en el plazo de 48 horas, prometiendo proporcionar vías de salida seguras, por lo que las familias temen que haya nuevos ataques.“Las personas cautivas no tienen posibilidad de huir de una zona donde corren el riesgo de sufrir ataques aéreos mortales. Ansar al Sharia y los demás grupos armados deben dejar en libertad a todos los civiles que tengan cautivos y no impedir a la población civil huir a zonas más seguras. Los combatientes capturados deben recibir un trato humano y no ser utilizados como rehenes ni como escudos humanos”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.Amnistía Internacional informó de se que había denunciado el secuestro de unos 150 reclusos en la prisión militar de Bouhdima en 2014. La mayoría estaban acusados de ser soldados o voluntarios partidarios de Gadafi y se hallaban recluidos sin cargos ni juicio desde el final de 2011. Desde entonces, los activistas consultados han dicho a Amnistía Internacional que el número real de reclusos secuestrados es de cerca de 130.La organización visitó la prisión militar de Bouhdima en 2012 y estuvo también con un grupo de detenidos en abril de 2013, tras su traslado temporal a la prisión militar de Kuwafiah de Bengasi. En ese momento, el fiscal militar autorizó la puesta en libertad de muchos de ellos por falta de pruebas, pero continuaron recluidos debido a la presión de las milicias y las familias de las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos con el coronel Gadafi.La Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi ha publicado en los últimos meses otros vídeos de civiles, incluidos niños y ciudadanos extranjeros, pidiendo también que se ponga fin a los ataques aéreos en las zonas de la ciudad bajo su control.Información complementariaAlgunas partes de Bengasi han quedado reducidas a escombros tras lanzar las fuerzas leales al Ejército Nacional Libio, dirigido por el general Khalifa Haftar, una ofensiva militar contra la coalición de milicias y grupos armados conocida como Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi en 2014. Al cabo de dos años, los combates continúan, si bien ahora están restringidos en su mayor parte a zonas del oeste de Bengasi.Las fuerzas de todos los bandos han cometido abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. Han llevado a cabo cientos de secuestros, tomado rehenes, torturado, maltratado y ejecutado sumariamente a detenidos y lanzado ataques indiscriminados contra zonas residenciales.


Soldados ucranianos detienen a un grupo de hombres en un emplazamiento prorruso en junio de 2014. © REUTERS/Osman Karimov/Po Tanto las autoridades gubernamentales ucranianas como los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania están sometiendo a civiles a detención arbitraria y prolongada, y a veces secreta, y los están torturando; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un informe conjunto que han publicado hoy.
El informe ‘You Don’t Exist’. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances and Torture in Eastern Ukraine está basado en entrevistas con 40 víctimas de abusos, miembros de sus familias, testigos, representantes letrados de víctimas y otras fuentes. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan en su informe nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de las autoridades ucranianas –en lugares de detención no oficiales, entre ellos varios casos de desaparición forzada– y nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de los separatistas respaldados por Rusia. La mayoría de los casos descritos con detalle en el informe son de 2015 y el primer semestre de 2016.
“Las personas que están siendo secuestradas y escondidas en el este de Ucrania por los bandos enfrentados están a merced de sus captores”, ha afirmado Tanya Lokshina, directora general de investigación de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “En ningún caso es legal ni está justificado secuestrar a personas en la calle, privarlas de todo contacto con familiares y abogados y someterlas a golpes y otros abusos".
“La tortura y la detención secreta no son prácticas tradicionales en Ucrania; tampoco desconocidas. Están teniendo lugar ahora mismo, en ambos lados del conflicto”, ha afirmado Denis Krivosheev, director de Investigación de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central. “Los países que ofrecen apoyo –a uno u otro bando– lo saben muy bien. No deben seguir cerrando los ojos ante estos abusos abominables".
Desapariciones forzadas, tortura
Las autoridades ucranianas y los grupos paramilitares afines a Kiev han detenido a civiles sospechosos de apoyar a los separatistas prorrusos o actuar junto a ellos, mientras que las fuerzas separatistas han detenido a civiles que presuntamente apoyaban al Gobierno ucraniano o espiaban para él, según las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En el caso particular de “Vadim”, de 39 años, primero fue detenido y torturado por un bando y, más tarde, por el otro. En abril de 2015, hombres armados lo secuestraron en un puesto de control atendido por las fuerzas ucranianas, le metieron la cabeza dentro de una bolsa y lo interrogaron sobre sus presuntas conexiones con separatistas apoyados por Rusia. Vadim pasó más de seis semanas en cautividad, la mayor parte del tiempo en un centro que, al parecer, estaba dirigido por personal del Servicio de Seguridad de Ucrania. Sus interrogadores lo torturaron con descargas eléctricas, lo quemaron con cigarrillos y lo golpearon, reclamándole que confesara que trabajaba para los separatistas apoyados por Rusia.
Cuando finalmente fue liberado, Vadim regresó a Donetsk e inmediatamente fue detenido por las autoridades locales de facto, que sospechaban que había sido reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano durante su cautividad. Estuvo más de dos meses detenido en régimen de incomunicación en una cárcel no oficial en el centro de Donetsk, donde también fue golpeado y sometido a otros malos tratos por sus captores.
Torturar a detenidos está siempre prohibido y es siempre un delito, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Tanto las autoridades ucranianas como las autoridades separatistas de facto deben garantizar que todas las fuerzas bajo su control son bien conscientes de esto y afirmar inequívocamente que no se tolerarán los malos tratos a detenidos.
En algunos casos, las detenciones fueron equivalentes a desaparición forzada porque las autoridades negaron tener conocimiento de la detención de la persona o se negaron a facilitar a la familia información sobre su suerte o paradero. La mayoría de las personas detenidas sufrieron tortura u otros malos tratos. Se privó de asistencia médica a varias que resultaron heridas bajo custodia.
En prácticamente todos los casos de los 18 investigados, la liberación de los civiles detenidos fue objeto de negociación en algún momento por parte del bando que los tenía bajo su custodia en el contexto de canjes de prisioneros. Esto da pie a temer seriamente que ambos bandos estén deteniendo a civiles para tener “moneda de cambio” en caso de hacer intercambios de prisioneros, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Tales detenciones constituirían toma de rehenes, que es un crimen de guerra.
Centros de detención secreta del Servicio de Seguridad ucraniano
En tres de los casos de desaparición forzada en territorio controlado por el Gobierno, las víctimas dijeron que el Servicio de Seguridad ucraniano las había mantenido en detención no reconocida durante periodos que variaban entre seis semanas y 15 meses. Una persona fue liberada en un canje de prisioneros y las otras dos finalmente quedaron en libertad sin juicio.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch concluyeron que había habido personas en detención no reconocida e ilegítima en los centros del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov, Kramatorsk, Izium y Mariúpol. En un informe de la ONU publicado en junio de 2016 se señalaba también el complejo del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov como presunto lugar de detención no oficial.
Múltiples fuentes, incluidos detenidos recientemente liberados, han informado a Amnistía Internacional y Human Rights Watch de que al menos 16 personas podrían continuar en detención secreta en el centro del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov. En una carta dirigida a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Servicio de Seguridad ucraniano aseguró que no dirigía otro centro de detención que su único centro oficial de detención provisional en Kiev y negó tener información relativa a los presuntos abusos del Servicio de Seguridad ucraniano documentados por los grupos de derechos humanos.
“Las acusaciones de detención secreta contra Ucrania son convincentes y graves y merecen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. El Gobierno ucraniano debe reconocer la verdad y los países que brindan apoyo internacional deben ser directos en sus llamamientos al fin de estas prácticas”, ha afirmado Krivosheev, de Amnistía Internacional.
Detención arbitraria en zonas controladas por los separatistas apoyados por Rusia
En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, las fuerzas de seguridad locales, que actúan sin medida ni control, han detenido arbitrariamente a civiles y, en algunos casos, los han torturado. Residentes de Donetsk y Luhansk describieron a sus respectivos Ministerios de Seguridad del Estado como los organismos más poderosos y temidos de las autoproclamadas repúblicas.
“Debido a que no existe el Estado de derecho en las zonas controladas por los separatistas, las personas detenidas se han visto privadas de sus derechos y básicamente indefensas”, ha afirmado Lokshina, de Human Rights Watch.
Las personas privadas de libertad por ambos bandos enfrentados en el este de Ucrania están protegidas por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben inequívocamente la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Las normas internacionales disponen que se investiguen las denuncias de tortura y otros malos tratos y que, si las pruebas lo permiten, se procese a los responsables. Debe proporcionarse adecuadamente agua, alimentos, ropa, alojamiento y asistencia médica a las personas detenidas.
El Gobierno ucraniano y las autoridades de facto de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk deben poner fin de inmediato a las desapariciones forzadas y a la detención arbitraria en régimen de incomunicación, y debe adoptar políticas de tolerancia cero para acabar con la tortura y los malos tratos. Todas las partes del conflicto han de garantizar que todas las fuerzas bajo su control conocen las consecuencias de someter a las personas detenidas a abusos según el derecho internacional, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.


Mientras continúa la represión generalizada en Turquía tras el fallido golpe de Estado, Amnistía Internacional teme que se estén ampliando las purgas para censurar medios de comunicación y periodistas, especialmente los que critican la política del gobierno.“Estamos presenciando en este momento una represión de proporciones excepcionales en Turquía. Aunque es comprensible y legítimo que desee investigar y castigar a los responsables de este sangriento intento de golpe de Estado, el gobierno debe respetar el Estado de derecho y la libertad de expresión”, afirmó Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.“La ciudadanía turca aún no se ha recuperado de los estremecedores sucesos del fin de semana y es vital que se protejan y no se repriman la libertad de prensa y la difusión sin restricciones de la información.”Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que las autoridades han bloqueado arbitrariamente el acceso a más de 20 sitios web de noticias en los días siguientes al intento de golpe. Ayer se informó ampliamente de que el gobierno había revocado las licencias de 25 medios de comunicación del país. Además, se ha cancelado la tarjeta de prensa a 34 periodistas y se ha dictado al menos una orden de detención contra una periodista por su cobertura del intento de golpe.Amnistía Internacional pide a las autoridades de Turquía que respeten los derechos humanos y no restrinjan arbitrariamente la libertad de expresión.
Más información sobre la situación en Turquía: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/turquia-derechos-humanos-en-grave-peligro-tras-el-golpe-de-estado-y-la-campana-represiva-posterio/


© GETTYIMAGES Las autoridades de Pakistán deben poner fin a la impunidad por los homicidios cometidos en nombre del “honor” y otros actos de violencia contra las mujeres, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
“El trágico homicidio de Qandeel Baloch a manos de su hermano ha puesto de relieve la necesidad de medidas urgentes para proteger a mujeres y hombres de crímenes que se justifican como defensa del honor de la familia.”
Amnistía Internacional celebra la decisión de las autoridades de Punjab de registrar el asesinato de Qandeel Baloch como crimen contra el Estado y negar a su familia el derecho legal a perdonar a su hijo.
“Esto debe convertirse en la norma y no ser la excepción. Pakistán debe emprender reformas estructurales que pongan fin a la impunidad por los homicidios cometidos en nombre del “honor”, lo que incluye aprobar leyes que eliminen la opción del perdón por estos homicidios sin recurso a la pena de muerte como castigo”, afirmó Champa Patel.
El hermano de Qandeel Baloch ha confesado que mató a su hermana estrangulándola mientras dormía el 15 de julio, lo que ha desencadenado indignación en todo el mundo.
En virtud de las leyes vigentes en Pakistán, la familia de una víctima de asesinato puede perdonar al perpetrador, lo que incluye el pago de una indemnización conocida como “diyat” o “dinero de sangre”. En casos de homicidio en nombre del “honor” en los que los responsables del crimen son miembros de la propia familia de la víctima, el perpetrador podría ser perdonado por su propia familia y no ser encarcelado ni ser sometido a ningún otro castigo.
“Al no hacer rendir cuentas a los perpetradores de homicidios cometidos en nombre del ‘honor’ por sus crímenes, el Estado paquistaní ha estado incumpliendo su deber hacia las víctimas y permitiendo que reine un clima de impunidad. Esto deja a muchos miles de personas —en su mayoría mujeres y niñas— de toda condición y de todo el país en riesgo de ser víctimas de estos crímenes”, dijo Champa Patel.
Según el último informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, el año pasado fueron asesinadas casi 1.100 mujeres en el país a manos de familiares suyos por motivos de “honor”. En 2014 la cifra fue de 1.000 y en 2013, de 869.
En virtud del derecho internacional, la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el “honor” no pueden considerarse nunca una justificación para ningún acto de violencia contra las mujeres.
“No hay ningún honor en matar a una mujer, en ninguna circunstancia. El Estado debe respetar y proteger el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, para que éstas puedan tomar sus propias decisiones sobre su vida sin temor al castigo o a la violencia”, dijo Champa Patel.Información complementaria
El Parlamento paquistaní debate actualmente un proyecto de ley que, de ser aprobado, eliminaría la opción del perdón por los homicidios cometidos en nombre del “honor”. Al mismo tiempo que pide que se ponga fin a la impunidad por estos crímenes, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte como posible castigo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


AFP/Getty Images Los derechos humanos corren peligro en Turquía tras el sangriento golpe de Estado perpetrado el viernes, 15 de julio, que se saldó con la muerte de al menos 208 personas y casi 8.000 detenciones, ha dicho hoy Amnistía Internacional.Varias autoridades gubernamentales han propuesto restablecer la pena capital para castigar a los autores del fallido golpe de Estado. Amnistía Internacional está investigando informes según los cuales personas detenidas en Ankara y Estambul han sufrido una serie de abusos, incluidos malos tratos bajo custodia y privación de acceso a un abogado.
Es más importante que nunca que el gobierno turco respete los derechos humanos y el Estado de derecho como no lo hicieron los golpistas.
John Dalhuisen
“El gran número de detenciones y suspensiones desde el viernes es alarmante y estamos siguiendo la situación muy de cerca. El intento golpista desencadenó una oleada de violencia terrible y los responsables de homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia, pero reprimir la disidencia y amenazar con restablecer la pena de muerte no es justicia”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.“Pedimos a las autoridades turcas que muestren contención y respeto al Estado de derecho a la hora de realizar las investigaciones necesarias, y que sometan a todas las personas detenidas a un juicio con las debidas garantías y pongan en libertad a todas aquellas contras las cuales no tengan pruebas concretas de su participación en actos delictivos. Lo último que necesita Turquía es un retroceso en los derechos humanos.”Aunque los datos exactos no están claros, las autoridades turcas han informado de que 208 personas perdieron la vida y más de 1.400 resultaron heridas en Estambul y Ankara la noche del viernes, cuando una facción del ejército intentó hacerse con el poder, asaltando emisoras de televisión y disparando contra la sede del Parlamento y edificios presidenciales. Entre los fallecidos había 24 personas que las autoridades calificaban de “golpistas”; varias de ellas, según informes, fueron linchadas cuando estaban desarmadas e intentando rendirse. También se dio muerte a civiles que habían salido a la calle respondiendo a un llamamiento del presidente Tayyip Erdogan a la protesta, enfrentándose a tanques y helicópteros.En los días siguientes al intento golpista, el gobierno turco ha realizado intensas purgas en el seno del ejército, el poder judicial y las ramas civiles del Ministerio del Interior: se ha detenido a 7.543 “golpistas”, de los que 318 están en prisión preventiva. Han sido suspendidos del servicio 7.000 policías y apartados de sus cargos 2.700 jueces y fiscales, es decir, casi una quinta parte del poder judicial. Un total de 450 miembros de la judicatura han sido detenidos.Las declaraciones del presidente y otras autoridades del gobierno sobre la imposición de la pena de muerte con carácter retroactivo a los responsables del intento golpista son motivo de grave preocupación, ya que hacerlo supondría una violación de los convenios de derechos humanos en los que Turquía es Estado Parte, y de las protecciones contenidas en la Constitución turca.“Las detenciones y suspensiones masivas son sumamente preocupantes en un contexto de creciente intolerancia de la disidencia pacífica por parte del gobierno turco, y existe el riesgo de que estas medidas represivas se extiendan a periodistas y activistas de la sociedad civil. En meses recientes se ha actuado frecuentemente contra activistas políticos, periodistas y otras personas que han criticado a autoridades públicas o políticas del gobierno, y se han secuestrado medios de comunicación.


LAWILINK/Amnesty International Las autoridades deben investigar el ataque atroz perpetrado el sábado contra una mujer con albinismo y llevar ante la justicia a los presuntos autores del delito; así se ha manifestado hoy Amnistía Internacional a raíz del último de estos ataques.Según información publicada en medios de comunicación, unos hombres sin identificar atacaron a una mujer de 51 años en el distrito de Chitipa, en la región del norte, la madrugada del 16 de julio de 2016, cuando irrumpieron violentamente en su domicilio y le amputaron la mano derecha con un machete.

En Malawi, las personas con albinismo corren riesgo permanente de sufrir ataques violentos debido a la inacción de las autoridades
Muleya Mwananyanda
“El mes pasado, las autoridades malauíes aseguraron a Amnistía Internacional que están redoblando sus esfuerzos para prevenir y castigar estos ataques basados en la superstición. Es hora de pasar de las palabras a la acción y adoptar medidas eficaces para proteger a este grupo vulnerable", ha asegurado Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral.Información complementariaEl 7 de junio de 2016, Amnistía Internacional publicó el informe “No somos animales para cazar o vender”: Violencia y discriminación contra las personas con albinismo en Malawi sobre la persecución de las personas con albinismo en Malawi. El informe revelaba que se había observado un drástico aumento de los homicidios y secuestros de personas con albinismo desde noviembre de 2014.En el informe queda patente que las mujeres y los menores de edad con albinismo están especialmente expuestos al homicidio, y que en ocasiones son sus mismos familiares cercanos quienes actúan contra ellos.
Amnistía Internacional hace campaña contra la discriminación que sufren los albinos: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/malawi-albinismo-mar16/


El físico iraní, Omid Kokabee, preso de conciencia, encadenado a su cama del hospital en noviembre de 2015 © Private. Según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy, las autoridades iraníes están jugando cruelmente con la vida de los presos de conciencia y otros presos políticos, al negarles la debida atención médica, con grave riesgo de muerte y discapacidad permanente u otros daños irreversibles para su salud.
El informe, Health taken hostage: Cruel denial of medical care in Iran’s prisons (“Salud secuestrada: negación cruel de atención médica en las prisiones de Irán”) ofrece una terrible radiografía de la atención de la salud en las prisiones del país. Presenta convincentes indicios de que el poder judicial, en especial la Fiscalía, y las administraciones de las prisiones impiden deliberadamente el acceso a servicios médicos adecuados, siendo en muchos casos un acto intencionado de crueldad, que tiene por objeto intimidar, castigar o humillar a los presos políticos u obligarlos a hacer"confesiones" o declaraciones de "arrepentimiento".
“En Irán es habitual que la salud de los presos esté secuestrada por la autoridades, que hacen imprudentemente caso omiso de sus necesidades médicas. Negar atención médica a presos políticos es un acto cruel y absolutamente inexcusable”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El acceso de los presos a los servicios de salud es un derecho que recogen tanto el derecho internacional como la legislación iraní. Cuando privar a un preso de atención médica es causa de dolor o sufrimiento graves y se hace intencionalmente, con fines como castigarlo, intimidarlo u obtener de él una ‘confesión’ forzada, constituye tortura". 
En el informe se detallan 18 horribles casos de presos a los que se ha negado de algún modo atención médica y corren riesgo de sufrir daños que afecten de manera permanente a su salud.

Presos sometidos a una estremecedora variedad de abusos
El informe ofrece una imagen muy inquietante de la Fiscalía, a la que competen en Irán las decisiones relativas a permisos carcelarios por motivos médicos y traslados a hospitales. La Fiscalía suele negarse a autorizar los traslados de presos enfermos a hospitales, incluso si no pueden recibir en la prisión la atención que necesitan, así como a conceder permisos carcelarios a presos en estado crítico en contra de la opinión de los médicos.
Amnistía Internacional ha determinado en su investigación que, en algunos casos, los funcionarios de prisiones, violaron también el derecho de los presos a la salud o fueron responsables de tortura u otros malos tratos. En varios casos retiraron la medicación a presos políticos o les aplicaron innecesariamente instrumentos de inmovilización, como esposas y grilletes, que dificultaban su tratamiento médico, les producían lesiones en las manos y los pies o les causaban malestar y humillación.
Los presos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron también que los médicos de la prisión eran a veces cómplices de los abusos. Explicaron que algunos médicos restaban importancia sistemáticamente a sus problemas de salud o no les prestaban ninguna atención en absoluto, diciéndoles que eran "producto de su imaginación", y trataban dolencias graves con analgésicos y tranquilizantes.
El informe revela que las mujeres presas encuentran obstáculos adicionales para recibir atención médica, al menos en la prisión de Evin de Teherán, donde todos los miembros del personal médico y de enfermería son hombres. En varias ocasiones, se negaron a presas con problemas de salud pruebas médicas de urgencia u otros tratamientos por considerarse inapropiado que las atendiera personal médico masculino. Las presas sufrían también acoso e insultos de índole sexual por no cumplir la estricta normativa sobre el uso del velo.
“Las autoridades iraníes, en particular los fiscales, dan muestra de aterradora crueldad con su actitud hacia los presos enfermos. Están jugando con la vida de las personas, con devastadoras y duraderas consecuencias para su salud”, ha añadido Philip Luther.
“Las autoridad iraníes deben poner fin de inmediato a la negación de atención médica como forma de castigo o coacción y garantizar que todas las personas bajo custodia tienen acceso a servicios médicos adecuados sin discriminación".

Retirada del tratamiento para obtener “confesiones”
Zeynab Jalalian, kurda iraní que cumple cadena perpetua por su presunta pertenencia a un grupo de oposición kurdo, está expuesta a quedarse ciega, porque se le ha retirado el tratamiento. Su familia cree que sufrió lesiones porque sus interrogadores le golpearon reiteradamente la cabeza contra la pared, causándole una fractura de cráneo que le provocó una hemorragia cerebral y daños en la vista. Necesita ser operada con urgencia de los ojos, pero las autoridades se han negado reiteradamente a autorizar su traslado a un hospital. Agentes de los servicios de inteligencia le han dicho que antes tiene que hacer “confesiones”.
“Le dijeron que, si las hacía, no sólo le reducirían la condena, sino que también la llevarían al médico”, explicó su hermana, Deniz Jalalian, a Amnistía Internacional.
“Condicionar la atención médica a que se haga una declaración de ‘arrepentimiento’ o una ‘confesión’ no sólo es una forma vergonzosa de aprovecharse de la salud de la persona presa, sino que constituye también un claro incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos”, ha señalado Philip Luther.

Negación de atención médica especializada fuera de la prisión a su debido tiempo
El preso de conciencia Omid Kokabee, físico de 33 años, que cumple 10 años de condena por negarse a trabajar en proyectos militares en Irán, se quejó de problemas de riñón durante casi cinco años, pero las autoridades hicieron reiteradamente caso omiso de sus solicitudes de atención médica. En abril de 2016 le diagnosticaron un cáncer renal muy avanzado y tuvieron que operarlo de urgencia para extirparle el riñón derecho.
“Llevaba mucho tiempo esperando que lo trasladaran al hospital [...] pero las autoridades no accedían. Los médicos de la prisión jamás lo examinaron siquiera; se limitaban a prescribirle analgésicos”, contó un familiar suyo.
Una fotografía aparecida recientemente, que muestra a Omid Kokabee encadenado a la cama del hospital en una ocasión anterior en que fue hospitalizado en 2015, causó indignación en las redes sociales.
A Afshin Sohrabzadeh, preso político kurdo iraní, que cumple 25 años de condena, se le negó reiteradamente también el tratamiento médico especializado que necesitaba con urgencia a causa de un cáncer intestinal, que le provocaba frecuentes hemorragias gastrointestinales graves. Las autoridades condicionaron además su permiso médico al depósito de una suma abusiva como fianza.
“Si no puedes presentar una propiedad como fianza para tu permiso médico, no te preocupes. Mandaremos tu cadáver al depósito para que tu madre y tu padre vayan a buscarlo”, parece que le dijeron.
El 25 de junio de 2016 le concedieron por fin un permiso carcelario temporal por motivos médicos. Sin embargo, sigue sin poder pagar el tratamiento que necesita, porque las autoridades de los servicios de inteligencia le confiscaron sus documentos nacionales de identidad y no puede solicitar por ello atención médica subvencionada por el Estado.
Otro terrible caso es el de Afif Naimi, preso de conciencia que forma parte de un grupo de siete líderes de la comunidad bahaí de Irán encarcelados y cumple 10 años de condena. Padece un trastorno grave de coagulación de la sangre, para el que necesita atención médica especializada periódica, que no pueden prestarle en la prisión. La enfermedad puede ser mortal si no se trata. Los profesionales médicos han determinado varias veces que no está en condiciones de permanecer en prisión, pero a pesar de ello la Fiscalía se niega a dejarlo en libertad por motivos médicos. En la prisión ha sufrido hemorragias y pérdidas de conocimiento recurrentes, que han obligado a menudo a hospitalizarlo.

Huelgas de hambre
Muchos presos políticos con problemas de salud han considerado que no tenían más remedio que declararse en huelga de hambre para obligar a las autoridades a proporcionarles atención médica. Las autoridades suelen responder a tales huelgas con indiferencia, pero en algunos casos han acabado concediendo al preso un breve permiso médico, aunque luego lo han obligado a interrumpir su tratamiento, haciéndole volver a prisión al poco tiempo en contra de la opinión de los médicos.
En algunos casos se han tomado medidas punitivas contra los presos por ponerse en huelga de hambre. El preso de conciencia Alireza Rasouli, que cumple tres años y medio de condena, fue condenado a tres años más tras ser declarado culpable de delitos contra la seguridad como "difundir propaganda contra el sistema" por medios como iniciar huelgas de hambre. Padece una enfermedad ósea en la pierna, que, agravada por la falta de tratamiento,le causa dolor severo y restringe su capacidad de movimiento. Ahora necesita operarse con urgencia fuera de la prisión para prevenir daños potencialmente permanentes en las articulaciones.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que cumplan sus obligaciones internacionales y dejen de inmediato de negar a los presos el acceso a servicios médicos adecuados. Las autoridades deben investigar a los fiscales y a todos los demás funcionarios –incluido el personal médico– que puedan están implicados en casos de negación deliberada de atención médica a presos.


El periodista ucraniano Ruslan Kotsaba. Sobre la decisión de absolver al preso de conciencia Ruslan Kotsaba, tomada hoy por el Tribunal de Apelación de la región ucraniana de Ivano-Frankivsk:
“La absolución del periodista Ruslan Kotsaba representa un positivo y radical giro de la judicatura ucraniana”, ha señalado Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Aunque está claro que jamás debería haber sido encarcelado, la decisión de hoy indica que el respeto a la libertad de expresión es un hecho en Ucrania, y es una importante señal de que la justicia puede seguir su curso en el país".
Información complementaria
Ruslan Kotsaba fue detenido en febrero de 2015, a raíz de que publicara un vídeo en el que se hacía un llamamiento a los líderes ucranianos para que pusieran fin al conflicto armado del este del país y se hablaba en contra del reclutamiento militar. En mayo fue declarado culpable y condenado a tres años y medio de prisión por cargos de “obstrucción de las actividades legítimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.
Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia, el primero de Ucrania en más de cinco años.


Un soldado camerunés apostado en la frontera con Nigeria, en febrero de 2015. © AFP PHOTO / REINNIER KAZE Más de 1.000 personas —muchas, detenidas arbitrariamente— permanecen recluidas en condiciones espantosas y decenas de ellas mueren de enfermedades y malnutrición o son torturadas hasta la muerte, en el contexto de la represión del Gobierno y las fuerzas de seguridad de Camerún contra Boko Haram. Así lo ha desvelado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe Right cause, wrong means: Human rights violated and justice denied in Cameroon’s fight against Boko Haram detalla cómo la ofensiva militar contra Boko Haram ha dado lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población civil en la región del Extremo Norte.

El objetivo de Camerún de intentar proteger a la población de la brutalidad de Boko Haram es acertado, pero las autoridades se equivocan en los medios empleados cuando someten a personas a torturas, detenciones arbitrarias, y desapariciones forzadas
Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

“Cientos de personas son arrestadas sin que exista una sospecha razonable de la comisión de algún tipo de delito y todas las semanas mueren reclusos en las prisiones masificadas. El Gobierno de Camerún debe actuar con urgencia para cumplir su promesa de respetar los derechos humanos en su lucha contra Boko Haram", ha señalado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Estas conclusiones se han hecho públicas tan sólo unas semanas después de que un atentado suicida de Boko Haram matara a 11 personas en Djakana, cerca de Limani. Éste es el último acto de terror de una campaña que este año se ha saldado con la muerte de 480 civiles. Aproximadamente la mitad de los 46 atentados suicidas de Boko Haram fueron perpetrados por menores de edad.
Hasta ocho personas mueren a la semana en la prisión de Maroua
Más de 1.000 personas acusadas de apoyar a Boko Haram se hallan actualmente recluidas en prisiones con terribles condiciones de hacinamiento e insalubridad, donde la malnutrición está muy extendida. En la cárcel de Maroua, por ejemplo, mueren al mes entre seis y ocho personas. A pesar de algunos esfuerzos para mejorar el suministro de agua e iniciar la construcción de nuevas celdas, las condiciones en la prisión siguen siendo inhumanas; hay casi 1.500 personas recluidas en un edificio con capacidad para 350. Las visitas de familiares están estrictamente restringidas.
Detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales
Las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad, a menudo basadas en información escasa o criterios arbitrarios y en ocasiones dirigidas contra grupos enteros, han dado lugar a un aumento significativo de la población reclusa. Por ejemplo, 32 hombres fueron acorralados y detenidos en Kossa en febrero de 2015 por acusaciones de que el pueblo estaba suministrando alimentos a Boko Haram. La mayoría fueron puestos en libertad posteriormente, pero uno de ellos murió bajo custodia.
Con frecuencia, las detenciones también han ido acompañadas de un uso innecesario y excesivo de la fuerza. En noviembre de 2014, miembros de la Brigada de Intervención Rápida (BIR) mataron ilegítimamente a 7 hombres desarmados durante una operación en la localidad de Bornori, arrestaron a otros 15 y en las semanas posteriores regresaron para incendiar casas. Otro ejemplo tuvo lugar en julio de 2015, cuando soldados del ejército regular acorralaron y agredieron a unas 70 personas en Kouyapé.
Personas en régimen de incomunicación, torturadas hasta la muerte
Amnistía Internacional ha documentado 29 casos de personas torturadas por las fuerzas de seguridad entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, entre ellas 6 que murieron posteriormente. La mayoría de los actos de tortura se infligieron a personas recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención ilegales ubicados en bases militares gestionadas por la BIR en Salak, cerca de Maroua, y Mora, antes de su traslado a prisiones oficiales. Las víctimas afirmaron haber sido golpeadas durante periodos prolongados con palos, látigos y machetes, a veces hasta perder el conocimiento.
Un hombre de 70 años recluido en Salak contó a Amnistía Internacional que presenció las torturas sufridas por su hijo durante 10 días a manos de hombres vestidos de civil en la base de la BIR, y la muerte a golpes de dos hombres:
“Un hombre vestido con el uniforme de la BIR nos interrogó a todos, uno a uno, en la misma sala. Otros dos hombres vestidos de civil se encargaban de propinar palizas e infligir otro tipo de torturas. Ese día dos presos fueron golpeados tan severamente que murieron frente a nosotros. Los hombres vestidos de civil los patearon, los abofetearon con violencia y los golpearon con palos".
El mismo hombre de 70 años afirmó:
“A mí no me golpearon porque soy viejo, así que me tocó ayudarlos a trasladar los dos cadáveres desde la sala de interrogatorios hasta la celda. Esa noche dormimos junto a dos cadáveres. Al día siguiente, miembros de la BIR nos arrojaron bolsas de plástico, nos ordenaron meter allí los cadáveres y luego volvieron para trasladarlos. No sé dónde los llevaron y ni siquiera si los enterraron".
También se han documentado casos de tortura en la Dirección General de Investigación Externa en Yaundé, entre ellos el del periodista de Radio France Internationale (RFI) Ahmed Abba, al que desnudaron y dieron una paliza tras arrestarlo en julio de 2015.
Amnistía Internacional también ha documentado los casos de 17 personas víctimas de desaparición forzada, cuyo paradero se desconoce desde su detención, hace casi dos años.
Más de 100 personas condenadas a muerte en juicios militares sin garantías
Si las personas detenidas sospechosas de apoyar a Boko Haram son llevadas a juicio, lo son ante tribunales militares en los que la condena a muerte es con diferencia el resultado más probable. Desde julio de 2015, el tribunal militar de Maroua ha condenado a muerte a más de 100 personas, incluidas mujeres, aunque ninguna de esas personas ha sido ejecutada de momento.
Con frecuencia las personas acusadas son declaradas culpables sobre la base de indicios limitados, que incluyen testimonios de informantes anónimos a los que no se puede contrainterrogar, o pruebas circunstanciales, como que los acusados no puedan explicar por qué ese día no estaban en el pueblo o el extravío de su documento de identidad. Los abogados de oficio están mal pagados, sobrecargados de trabajo y además no disponen de recursos suficientes para ejercer una defensa adecuada.
Amnistía Internacional asistió en abril de 2016, en calidad de observadora, al juicio contra cuatro mujeres a las que se impuso la pena capital únicamente sobre la base de la declaración de un miembro de un comité parapolicial local, después de que éstas regresaran de Nigeria donde habían trabajado como empleadas domésticas. Durante todo el proceso, sólo tuvieron contacto con un abogado en un breve receso del juicio.
“En Camerún, cualquiera puede ser detenido sin un motivo razonable y sufrir deplorables condiciones de reclusión a la espera de juicio, pero además corre el peligro de que un tribunal militar lo declare culpable y lo condene a muerte sobre la base de escasas o nulas pruebas en un juicio manifiestamente injusto,” ha sostenido Alioune Tine.
Legislación antiterrorista draconiana
A la mayoría de las personas acusadas se les imputan cargos contemplados en la ley antiterrorista promulgada en diciembre de 2014. La ley contiene definiciones ambiguas del término “terrorismo” que constituyen una amenaza para la libertad de expresión.
Dicha ley se empleó contra el joven de 27 años Fomusoh Ivo Feh, que fue arrestado por enviar a sus amistades un SMS sarcástico en el que bromeaba sobre la posibilidad de que Boko Haram reclutara jóvenes licenciados. Está siendo juzgado por un tribunal militar en Yaundé y podría ser condenado a muerte.
“El hecho de que a un estudiante se le pueda imponer la pena capital por enviar un mensaje de texto sarcástico pone de manifiesto la existencia de un problema grave en la formulación y el uso de la legislación antiterrorista. Las autoridades deben enmendar la ley para garantizar que ofrece un marco de protección para la población sin despojarla de sus derechos”, ha declarado Alioune Tine.
Amnistía Internacional pide al Gobierno que aplique, con carácter urgente, una serie de medidas para prevenir violaciones de derechos humanos en su lucha contra Boko Haram. Tales medidas incluyen poner fin a las detenciones arbitrarias masivas; llevar directamente a las personas sospechosas a centros de detención oficiales; erradicar la tortura; garantizar que las personas detenidas tengan acceso a sus familias y abogados; crear un registro central de personas detenidas; mejorar las condiciones penitenciarias; reformar la legislación antiterrorista e investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL:
Entre octubre de 2015 y julio de 2016, Amnistía Internacional ha entrevistado a más de 200 personas en la región del Extremo Norte de Camerún, ha documentado incidentes en los que cientos de personas resultaron detenidas, visitado prisiones, asistido a juicios en calidad de observadora y recabado información detallada sobre 82 casos individuales de violaciones de derechos humanos por parte las autoridades y de las fuerzas de seguridad camerunesas. La organización también ha analizado imágenes de satélite de una localidad cuyas casa fueron incendiadas por las fuerzas de seguridad. Las principales conclusiones del informe se remitieron por escrito a las autoridades el 7 de mayo de 2016, pero no ha habido respuesta.
Los abusos contra los derechos humanos cometidos por Boko Haram han provocado que más de 170.000 personas camerunesas —en su mayoría mujeres y niños— hayan huido de sus hogares y estén internamente desplazadas por toda la región del Extremo Norte. Camerún acoge también a más de 65.000 personas refugiadas que han huido de los ataques de grupos armados en Nigeria.


© ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images Un paquete de nuevas propuestas publicado hoy por la Unión Europea amenaza con dar marcha atrás a las protecciones básicas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.El marco de reasentamiento propuesto para toda la UE utilizaría el reasentamiento como una herramienta para el control de la migración, en lugar de para proporcionar asistencia a las personas refugiadas vulnerables. Además, tres reformas propuestas del sistema de asilo de la UE introducirían medidas para incrementar el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo devueltas a países que no pertenecen a la UE.“Las propuestas de la Comisión publicadas hoy no tratan de mejorar la protección de la población refugiada en el mundo, sino de reducir las llegadas irregulares a Europa. Toman herramientas bien concebidas, como el reasentamiento, y las utilizan para malos fines; utilizan bonitas palabras, pero con ellas enmascaran intenciones más que cínicas”, ha manifestado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.“Lo que realmente intenta hacer la Comisión con estas propuestas es reasentar a algunos refugiados, para poder devolver a más. En ausencia de mención alguna sobre la necesidad de incrementar considerablemente las cifras de reasentamiento y de realizar una fuerte inversión en las condiciones de las personas refugiadas en terceros países, el impacto neto de estas propuestas para la protección de la población refugiada en el mundo será, muy probablemente, negativo.”Información complementariaEl marco de reasentamiento propuesto para la Unión Europea expone cómo podrían los Estados miembros de la UE implementar los programas de reasentamiento en el futuro, pero no menciona la necesidad de incrementar las cifras actuales.Según la propuesta, el Consejo establecería unos planes de reasentamiento anuales que fijarían la cifra total de reasentamientos y las cuotas de los Estados miembros para el año siguiente, además de indicar las prioridades geográficas generales. La Comisión Europea establecería entonces unos programas específicos de reasentamiento adaptados a regiones concretas o terceros países que son fuente de flujos migratorios hacia la UE.La propuesta llega en el momento en que los Estados de todo el mundo preparan la reunión de la ONU que se celebrará en septiembre para abordar los grandes movimientos de personas refugiadas y migrantes y para negociar el borrador de pacto global sobre el reparto de responsabilidades respecto a los refugiados.