Amnistía Internacional España

En Rusia, las organizaciones sociales sufren una creciente persecución y actos de hostigamiento. Yolia Oriova/ HRC Memorial. Rusia, con la adopción de la ley sobre “organizaciones indeseables”, está decidida reforzar la draconiana represión que está asfixiando a la sociedad civil. Así lo han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El proyecto de ley, aprobado hoy en su segunda lectura por la cámara baja del Parlamento ruso (la tercera lectura es una mera formalidad técnica), permitirá al Estado prohibir las actividades de las organizaciones no gubernamentales extranjeras o internacionales de las que se considere que están socavando la “seguridad del estado”, la “defensa nacional” o el “orden constitucional”. También castigará a los activistas y grupos de la sociedad civil rusos por mantener vínculos con esas organizaciones “indeseables”.
“Este proyecto de ley es el episodio más reciente de la represión sin precedentes contra las organizaciones no gubernamentales que, en la práctica, está criminalizando la actividad legítima y asfixiando la libertad de expresión y asociación”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Muchos nos preguntan: ¿está este proyecto de ley dirigido a grupos internacionales de derechos humanos como el suyo? Pero lo cierto es que no cabe duda de que sus objetivos principales son los activistas rusos y las organizaciones independientes rusas”, ha manifestado Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
Las organizaciones cuyas actividades se consideren una “amenaza” no podrán abrir sus oficinas en Rusia, y las que ya tienen presencia en el país se enfrentarán al cierre. La ley prohibirá además la difusión de materiales por vías tales como los medios de comunicación e Internet.
Si la organización se considera “indeseable”, ya no podrá organizar proyectos o actividades en Rusia o participar en ellos. Las organizaciones locales tendrán que renunciar a cualquier fondo procedente de esos grupos indeseables. Los bancos y otras organizaciones financieras tendrán que negarse a realizar transacciones con ellos y deberán informar de esa negativa a un organismo encargado de vigilar el blanqueo de dinero.
Las personas con ciudadanía rusa que sigan “relacionándose” con organizaciones indeseables se enfrentarán primero a fuertes multas administrativas y, si reciben dos sanciones administrativas durante un mismo año, podrían ser sometidas a procesamiento penal con multas de hasta 500.000 rublos, restricciones de las actividades y la circulación e incluso una pena de hasta seis años de prisión.
El proyecto de ley, que parece estar concebido para su implantación selectiva, no aclara qué se entiende por “relacionarse” con una organización indeseable. Es probable que las autoridades interpreten que distribuir informes y otros materiales de “organizaciones indeseables”, por medios físicos y online, comunicarse con representantes de esas organizaciones o participar en eventos internacionales conjuntamente con ellas equivale a “relacionarse” con ellas y dé lugar a sanciones contra activistas y grupos rusos.
El procedimiento para declarar “indeseable” una organización no es transparente, y una organización puede no descubrir que es “indeseable” hasta que no se vea incluida en la lista. No existen procedimientos para impugnar la decisión o para excluir a la organización de la lista. La decisión de incluirla se tomará con efecto inmediato y sin aviso previo.
“Este último proyecto de ley vino precedido de la ley de agentes extranjeros aprobada en julio de 2012, que se ha utilizado para marginar y demonizar a cerca de 60 organizaciones, entre las que se encuentran destacados grupos de derechos humanos del país. Varias de estas organizaciones optaron por cerrar, antes que soportar el estigma de ser designadas agentes extranjeros”, ha manifestado Hugh Williamson.
“Estas nuevas y severas restricciones forman parte de una oleada cada vez más represiva que está sofocando la libertad de palabra, negando el espacio para el debate y asfixiando la libertad de expresión en Rusia. Instamos al Parlamento ruso a reconsiderar este draconiano proyecto de ley y retirarlo”, ha declarado John Dalhuisen.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 12 de marzo, el director del Consejo Presidencial de Derechos Humanos anunció que el Consejo había enviado al Parlamento un informe experto negativo sobre el proyecto de ley, al que calificaba de “inconstitucional” y del que decía que violaba potencialmente los derechos de los ciudadanos rusos, y había sugerido su retirada.
Después de que el proyecto de ley sea aprobado por la cámara baja (la Duma), pasará para su aprobación a la cámara alta (el Consejo de la Federación), proceso que en la práctica constituye una mera formalidad. El paso final es la firma del presidente, que normalmente firma la entrada en vigor de la ley.
La decisión de reconocer a una organización como “indeseable” la tomará el fiscal general basándose en materiales proporcionados por los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley (el Servicio de Seguridad Federal o la policía, entre otros), y con el acuerdo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Justicia será el encargado de mantener la lista de “indeseables”.


El ex presidente egipcio, Mohamed Morsi, dentro de la sala donde tuvo lugar uno de los juicios que ha afrontado. EPA/KHALED ELFIQI. Un tribunal egipcio recomendó el 16 de mayo condenar a muerte al derrocado ex presidente Mohamed Morsi y a más de 100 acusados más, tras una serie de juicios manifiestamente injustos, lo que pone de manifiesto el deplorable estado del sistema de justicia penal egipcio, en palabras de Amnistía Internacional.
“El hecho de condenar a muerte a Mohamed Morsi tras varios juicios, manifiestamente injustos, demuestra un desprecio absoluto por los derechos humanos. Los juicios eran ya irregulares antes de que Moris entrara en la sala. Su reclusión durante meses en régimen de incomunicación, sin supervisión judicial, y la ausencia de un abogado que lo representara legalmente durante las investigaciones, convierten estos juicios en simples farsas, basadas en procedimientos de nulo valor”, declaró Said Boumedouha, vicedirector del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades egipcias deben desestimar todas las pruebas que obtuvieron de Mohamed Morsi o de los demás detenidos durante el periodo en que permanecieron sometidos a desaparición forzada, y deben dejarlo en libertad de inmediato o volver a juzgarlo ante un tribunal civil con plenas garantías procesales. Dichos procedimientos penales deberán ser acordes a la legislación egipcia y a las normas internacionales.
Asimismo, las autoridades deben retirar el cargo de fuga de prisión en enero de 2011, ya que en ese momento Morsi se encontraba en detención administrativa, impuesta en el contexto de un estado de excepción, y sin orden de detención judicial.”
La pena de muerte se ha convertido en el instrumento preferido de las autoridades egipcias para eliminar la oposición política. La mayoría de las condenas de muerte dictadas por los tribunales desde julio de 2013 han sido contra partidarios de Morsi. Parece que apoyar a Morsi se traduce inmediatamente en pena de muerte o en penas de años de prisión. Por el contrario, lo que Egipto debe hacer es garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, y llevar ante la justicia a todas las personas que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.”
El tribunal recomendó la pena de muerte para Mohamed Morsi y otras 105 personas, incluidos altos cargos de la Hermandad Musulmana, por haber sido hallados culpables de organizar la fuga masiva de presos durante la “Revolución del 25 de Enero”, con ayuda de Hamás y Hezbolá.
Morsi también compareció en otro juicio por espionaje para Estados y organizaciones extranjeros, filtración de información clasificada a grupos, como Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Iraní y participación en actividades terroristas. En ese caso, el tribunal recomendó la pena de muerte para 16 de las personas acusadas, incluida una mujer, pero no para Mohamed Morsi.
El tribunal que ha recomendado la pena de muerte ha remitido el caso al gran muftí para recibir su asesoramiento, paso obligatorio de conformidad con la legislación egipcia para que un tribunal penal pueda imponer una condena de muerte. Si Mohamed Morsi y los demás acusados fueran condenados a muerte cuando el tribunal dicte sentencia en firme, el 2 de junio, éstos podrán recurrir ante el más alto tribunal egipcio, el Tribunal de Casación.
Información complementaria
Mohamed Morsi fue derrocado por un gobierno apoyado por el ejército el 3 de julio de 2013, y recluido durante meses en régimen de incomunicación, junto con varios de sus colaboradores más cercanos, en condiciones constitutivas de desaparición forzada.
El ex presidente cumple ya una pena de 20 años de prisión, que le fue impuesta en abril de este año, en un juicio injusto, por cargos de participación en los enfrentamientos mortales que tuvieron lugar en diciembre de 2012 en las proximidades del Palacio Presidencial.
Mohamed Morsi se enfrenta también a otro juicio por filtración de información confidencial a Qatar, y debe ser asimismo juzgado, junto con otras 24 personas, por insultos a la magistratura. La primera vista celebrará el 23 de mayo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, ya que considera que viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.


El abogado y activista, Pu Zhiqiang AFP PHOTO / Ed Jones (Photo credit should read Ed Jones/AFP/GettyImages) Las autoridades chinas deben dejar de perseguir al destacado abogado de derechos humanos Pu Zhiqiang y retirar todos los cargos contra él, ha dicho Amnistía Internacional.
El viernes, la fiscalía de Pekín dictó auto de procesamiento contra Pu Zhiqiang por “provocar peleas y crear problemas” e “incitar al odio étnico”, fundamentalmente por unos comentarios realizados en Internet. Puede ser condenado hasta a 10 años de cárcel.
“Los cargos contra Pu Zhiqiang son otro acto de persecución política. La posibilidad de que sea juzgado con garantías es prácticamente nula”, ha dicho William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
“Pu Zhiqiang no hizo más que comentar un tema de actualidad en las redes sociales. El gobierno chino está violando flagrantemente su libertad de expresión e intentando silenciar una voz independiente.”
Pu Zhiqiang fue detenido por primera vez por la policía el 6 de mayo de 2014, tras asistir a un seminario en Pekín donde se pedía que se investigara la represión de la plaza de Tiananmen en 1989.
El abogado representado a muchos imputados en casos “delicados” de derechos humanos, como los relacionados con el Movimiento Nuevos Ciudadanos, una difusa red de activistas cuyo objetivo es fomentar la transparencia del gobierno y sacar a la luz la corrupción.
“Con este proceso, las autoridades están enviando un mensaje de advertencia a todos los abogados que se ocupan de casos ‘delicados’ para que no se extralimiten. Este acoso de quienes defienden los derechos de los ciudadanos de a pie debe terminar”, ha dicho William Nee.


Retrato de Nabeel Rajab en un gráfico de la campaña por la libertad de expresión en Bahrein lanzada por Amnistía Internacional el pasado abril. © AI. La sentencia de apelación del activista de derechos humanos bahreiní Nabeel Rajab, que confirma su condena de seis meses de cárcel por insultar a instituciones gubernamentales en Twitter, demuestra el total desprecio de las autoridades bahreiníes respecto al derecho a la libertad de expresión. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“La sentencia de hoy muestra una vez más que Bahréin burla descaradamente sus obligaciones internacionales. Nabeel Rajab ha sido condenado exclusivamente por expresar de forma pacífica sus opiniones. Las autoridades bahreiníes deben ponerlo en libertad de manera inmediata e incondicional, y deben garantizar que se anula su declaración de culpabilidad”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de Bahréin han manifestado su indignación por las críticas contra su historial de derechos humanos, y han afirmado que, en los últimos años, han introducido una serie de reformas. Sin embargo, este caso demuestra una vez más que estas reformas son poco más que papel mojado. Bahréin sigue siendo un país en el que el ejercicio de la libertad de expresión se trata como un delito.”
Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue condenado inicialmente a seis meses de prisión el 20 de enero por “insultar públicamente a instituciones oficiales”, en concreto a los ministerios del Interior y de Defensa, en Twitter, tras publicar comentarios que sugerían que las agencias de seguridad de Bahréin pueden haber actuado como “incubadoras de ideologías extremistas” para los bahreiníes que viajan a Irak y Siria para unirse al grupo autodenominado Estado Islámico.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bahréin que respeten y defiendan el derecho a la libertad de expresión, que deroguen las leyes que criminalizan el ejercicio pacífico del derecho la libertad de expresión, asociación y reunión, y que pongan a Nabeel Rajab en libertad inmediata e incondicional.
Nabeel Rajab se enfrenta asimismo a cargos adicionales en un caso diferente relacionado con unos comentarios que, al parecer, publicó en Twitter o retuiteó sobre la guerra de Yemen y los sucesos ocurridos en la prisión de Jaw tras una huelga penitenciaria el 10 de marzo. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión.


Desplazados asentados en los alrededores del aeropuerto Bangui M’Poko, a 7 km. al noroeste de Bangui, la capital de la Republica Centroafricana. © Susanna Flood / AI. El rechazo de toda petición de inmunidad y el enérgico llamamiento para que se lleve a juicio a todos los sospechosos de ser penalmente responsables de delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos es un paso positivo hacia la justicia en la República Centroafricana. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras las conclusiones de un foro de reconciliación nacional.
“Durante años, la solución habitual a las crisis en la República Centroafricana ha sido el transigir y complacer a los responsables de los conflictos y los abusos. Esta semana, los delegados del foro indicaron claramente que el juego ha terminado y que la justicia no puede esperar”, ha manifestado Stephen Cockburn, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África central y occidental.
“La justicia es fundamental para cualquier proceso serio y duradero de reconciliación en la República Centroafricana. Amnistía Internacional confía en que las acciones de las autoridades de transición y la comunidad internacional serán conformes con las demandas, claramente expresadas, de la población. Además de llevar a los sospechosos de crímenes de guerra ante la justicia, es preciso acordar una Constitución nacional que haga que todo el mundo rinda cuentas ante la justicia, independientemente de su función oficial o del poder de su cargo.”
El lunes, 600 delegados del foro, incluidos los representantes de la mayoría de los grupos armados implicados en el conflicto, estuvieron de acuerdo en la importancia de luchar contra la impunidad, financiar y poner en marcha sin demora un Tribunal Penal Especial, rechazar toda petición de inmunidad, rehabilitar el sistema de justicia y excluir las amnistías para los presuntos responsables de delitos de derecho internacional.
El foro rechazó asimismo las peticiones de algunos grupos armados que trataban de conseguir amnistías con el argumento de que, según ellos, la población entera de la República Centroafricana era culpable de delitos colectivos, y por tanto nadie debía rendir cuentas. Ese enfoque habría constituido una violación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece claramente la responsabilidad individual por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como la responsabilidad de los oficiales al mando y otros superiores, incluidos los pertenecientes a grupos armados no estatales.
En julio de 2014, Amnistía Internacional publicó un informe que identificaba y citaba por su nombre al menos a 20 individuos de diversos grupos que, según cree la organización, pueden haber desempeñado un importante papel en la organización, la financiación y la presunta comisión de delitos de derecho internacional. Estas personas, y muchas otras identificadas desde entonces por Amnistía Internacional, por las autoridades nacionales, por la ONU y por otras organizaciones de derechos humanos, deben comparecer ante la justicia en juicios justos.
Puesto que la inseguridad continúa en todo el país, e incluye las protestas de algunos grupos armados después del foro, Amnistía Internacional pidió también que se redoblen los esfuerzos por proteger a la población civil frente a la violencia y por garantizar que el gobierno de transición puede responder a las demandas del foro y garantizar a las víctimas la justicia, la verdad y la reparación.


La policía de Burundi detiene a un manifestante en la capital Bujumbura el pasado mes de abril, durante una protesta contra la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda optar a un tercer mandato. © SIMON MAINA/AFP/Getty Images. Todas las partes de la crisis que se desarrolla en Burundi deben garantizar la seguridad de la población civil. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, entre los rumores de un intento de golpe de Estado.
“Los autores de delitos de derecho internacional deben comparecer ante la justicia. La historia reciente de Burundi ha estado plagada de una violencia cuyo regreso no se puede permitir. El ejército, la policía y la rama juvenil del partido en el gobierno, los Imbonerakure, tendrán que rendir cuentas de sus actos si cometen delitos de derecho internacional”, ha manifestado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Los últimos acontecimientos han incrementado el riesgo para la población civil en un país que ya se enfrenta a una escalada de violencia. Quienes ocupan el poder en Burundi tienen el deber último de garantizar que no se pierden más vidas a medida que se desarrolla la situación.”
Los miembros de la oposición, los activistas de derechos humanos y los periodistas también corren peligro de sufrir posibles represalias de los Imbonerakure.
Información complementaria:
El general Godefroid Niyombare, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y ex director de los servicios de inteligencia, declaró en una emisora de radio privada que la policía y el ejército han “rechazado” al presidente Pierre Nkurunziza como jefe del Estado de Burundi. Desde entonces, un asistente gubernamental ha hecho caso omiso de la declaración de golpe de Estado y ha declarado que están poniendo la situación de seguridad bajo control.
Las protestas estallaron en Burundi hace tres semanas, cuando Pierre Nkurunziza fue elegido candidato para las elecciones presidenciales que se celebrarán en junio, a pesar de que tanto la Constitución de Burundi como el Acuerdo de Paz de Arusha sólo permiten que un presidente permanezca en su cargo durante dos mandatos.
El 5 de mayo, el Tribunal Constitucional de Burundi votó a favor de permitir a Nkurunziza presentarse para otro mandato, lo que provocó nuevas protestas.
Los medios de comunicación han informado de que, durante los levantamientos, pueden haber muerto hasta 20 personas. Amnistía Internacional ha recibido de testigos presenciales sobre el terreno la confirmación de la muerte de cuatro personas a manos de los servicios de seguridad durante las protestas.
Desde que estalló la violencia, unas 50.000 personas han huido a Ruanda, a la República Democrática del Congo y a Tanzania; muchas de ellas han citado como motivo los abusos de los Imbonerakure o el temor a sufrirlos.


Yemeníes caminan por la playa del barrio del Adén, Tawahi. Los civiles tratan de escapar por mar de los combates en curso.© AFP PHOTO / SALEH AL-OBEIDI Los datos que ha recabado Amnistía Internacional indican que las fuerzas huzis han realizado ataques de mortero indiscriminados contra la población civil y han atacado reiteradamente a trabajadores e instalaciones médicas en la gobernación de Adén.
El 6 de mayo decenas de civiles murieron y otros resultaron heridos en un ataque contra un puerto en Tawahi, al oeste de la ciudad de Adén, donde se había congregado una multitud de más de 400 personas que trataba de huir de la zona en barco. Testigos presenciales han dicho a Amnistía Internacional que los morteros empleados en el ataque fueron disparados desde una zona controlada por los huzis. Otros dijeron que los combatientes huzis de la zona habían atacado consultas y trabajadores médicos.
“Los testimonios de testigos presenciales recabados en Adén muestran un panorama abrumador de la conducta de las fuerzas huzis en Adén y sus alrededores, que aparentemente han cometido abusos graves contra los derechos humanos”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El ataque contra el puerto de Tawahi parece un ataque deliberado contra unos civiles que sólo trataban de huir de la espiral de violencia de Adén o un ataque indiscriminado. El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas poco precisas como los morteros en zonas llenas de civiles.”
La mañana del 6 de mayo, cayeron al menos tres morteros en el puerto de Tawahi. Varias personas presentes en el lugar dijeron que procedían de la dirección de Hugeif, una zona que se sabe que está controlada por los huzis.
Algunas de las personas que estaban en el puerto esperaban huir a Yibuti, al otro lado del golfo de Adén, mientras otras confiaban en llegar a Bureiqa, una zona de Yemen más segura, para buscar refugio o acceder a un hospital.
“Yo lo vi todo. Había 400-500 personas, incluidos mujeres, niños y ancianos, esperando en el puerto un barco para marcharse. De repente empezó el bombardeo. La primera bomba cayó en el mar… Sin embargo, luego siguieron una segunda y una tercera, que cayeron en medio de la densa multitud”, dijo un residente local desde cuya vivienda se ve el puerto de Tawahi.
Según este testigo, murieron en el ataque al menos 45 personas, incluida una mujer de Yafi que resultó herida en la cabeza y murió en el lugar junto con su bebé de tres meses. También murió un niño menor de seis años.
Una mujer que esperaba un barco junto a 20 familiares confirmó que se lanzaron tres morteros desde la zona controlada por los huzis de Hugeif. También confirmó que uno cayó al mar y el segundo y el tercero sobre la multitud que esperaba en el puerto.

“Mi hijo ayudó trasladando cuerpos”, dijo. “Estábamos esperando que viniera un barco a recogernos. Cuando cayeron los morteros, huimos en un barco pesquero y fuimos a Bureiqa.”

Um Mohamed esperaba un barco con sus hijos Mustapha, de 20 años, y Mohamed, de 23. Mustapha tenía una herida de metralla en la mano y querían llevarlo en barco a Mansoura, vía Bureiqa.
“Mientras esperábamos en el puerto, empezaron a caer bombas sobre nuestra cabeza. Las mujeres y los niños gritaban. Mi hijo Mohamed fue alcanzado por la metralla en la cabeza cuando intentaba ayudar a un niño”, dijo
Mohamed está actualmente en coma en el hospital 22 de Mayo.
Ataques contra instalaciones y trabajadores médicos
El mismo día que fue atacado el puerto de Tawahi, unos combatientes huzis entraron en el consultorio médico de Maallah, en la ciudad de Adén. Según un testigo presencial, había en el centro unos 12 médicos y enfermeros cuando cinco combatientes armados dirigidos por un “niño” de no más de 14 o 15 años irrumpieron en el lugar en busca de combatientes de los Comités Populares antihuzis. El testigo dijo que también querían registrar las cámaras frigoríficas de la morgue para comprobar si estaba allí el cadáver de un compañero combatiente huzi.
“Tuvimos miedo por los pacientes. Es un consultorio pequeño, prestamos primeros auxilios… había cuatro casos ese día del bombardeo del puerto de Tawahi: dos mujeres, un hombre y un niño de dos años. El niño tenía heridas de metralla en la cara”, dijo el testigo.
Los combatientes obligaron a salir a los trabajadores médicos y cerraron el consultorio.
Un activista local dijo a Amnistía Internacional que después de que los combatientes huzis tomaran el consultorio, prohibieron a los trabajadores médicos que atendieran a combatientes rivales heridos. También impidieron que los médicos tratasen a un civil al que había disparado un francotirador. Los combatientes huzis han tomado también el hospital de al Jumhouria y el de Basuhayb.
“Atacando centros médicos e impidiendo que los trabajadores médicos hagan su trabajo de salvar vidas, los combatientes huzis han violado normas fundamentales de las leyes de la guerra”, dijo Said Boumedouha.

“Los ataques deliberados contra centros de salud y profesionales médicos están estrictamente prohibidos y equivaldrían a crímenes de guerra.”

Según los residentes locales, los huzis han atacado sistemáticamente a personal de primeros auxilios y trabajadores médicos, y han disparado contra vehículos médicos claramente identificados que transportaban pacientes y suministros médicos. También han secuestrado a trabajadores médicos y se han incautado de material. Un residente dijo a Amnistía Internacional que el 13 de abril dispararon contra el conductor de una ambulancia.
El 7 de abril los huzis y fuerzas aliadas secuestraron a otro trabajador médico, al que liberaron el 13 de abril. El trabajador dijo que había muchas personas más retenidas junto con él y que fue liberado después de convencer a sus captores de que no estaba implicado en los Comités Populares antihuzis.
El 27 de abril los incesantes combates en las proximidades obligaron al personal del hospital de al Jumhouria, en Khor Maksar, a evacuar el centro. Además, había francotiradores en el tejado de la Facultad de Medicina, frente al hospital. Según activistas locales de Adén, cada vez hay menos personas que buscan asistencia médica en hospitales y consultorios por temor a ser atacados por los francotiradores.
Los únicos hospitales que funcionan aún en la zona son el 22 de Mayo y el de Médicos Sin Fronteras, ambos en Mansoura. Se han abierto varios consultorios improvisados para atender a las personas que van llegando. Ayer, después de más de un mes de bombardeos aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí, que han causado la muerte de cientos de personas, comenzó un alto el fuego de cinco días para facilitar la entrega a la población civil de una ayuda humanitaria muy necesaria.


AI contra la vigilancia masiva ilegal que lleva a cabo la Alianza de los Cinco Ojos (EE:UU., Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá) a través de las redes de comunicación.©Getty Images La aprobación, por parte de Estados Unidos, de la Ley de Libertad debe ser el principio, no el final, de una auténtica reforma de la vigilancia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando la Cámara de Representantes ha votado a favor del proyecto de ley.
La ley es un intento de poner fin a la recopilación en masa e indiscriminada de grabaciones de llamadas telefónicas, pero no abarca muchos otros aspectos de la vigilancia masiva revelada por el denunciante de irregularidades Edward Snowden en 2013, unos aspectos entre los que se encuentra la vigilancia de millones de personas en todo el mundo.
“Esta votación muestra que la tendencia está cambiando en contra de la vigilancia. Pero Estados Unidos no puede limitarse a ajustar un sistema abusivo. Necesitamos controles y contrapesos adecuados, concebidos para la era digital”, ha manifestado Naureen Shah, directora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“El proyecto de ley tiene limitaciones importantes, y de ningún modo debe considerarse una reforma suficiente. Tampoco controla lo bastante la recopilación de datos personales más allá de las llamadas telefónicas, ni garantiza una supervisión significativa de los agentes de seguridad por parte del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.”
“Han pasado casi dos años desde que las revelaciones de Snowden mostraron que la vigilancia a la que Estados Unidos somete las comunicaciones mundiales por Internet está fuera de control. Debe establecerse un nuevo sistema transparente y que realmente sirva de protección, para que la gente pueda confiar de nuevo en su derecho a vivir libre de la intrusión del gobierno en su vida privada.”
La Ley de Libertad estadounidense no aborda la vigilancia global, ni incluye la necesidad de proteger frente a la vigilancia masiva la privacidad de las personas que no sean ciudadanas de Estados Unidos. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que prohíban toda vigilancia masiva e indiscriminada de las comunicaciones.
El proyecto de ley incluye asimismo un aumento de las penas para el delito de apoyo material al terrorismo. Estados Unidos ha utilizado las leyes sobre apoyo material de una manera excesivamente amplia que hace temer por la libertad de expresión y asociación.
Información complementaria
El 7 de mayo de 2015, la Corte de Apelaciones estadounidense resolvió que la recopilación en masa de grabaciones telefónicas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad era ilegal.


Miembros de la milicia anti Balaka, en el área PK 26 al norte de Bangui. 23 enero 2014. © AI El acuerdo de desarme entre grupos armados rivales y el gobierno de la República Centroafricana debe favorecer los esfuerzos dirigidos a garantizar justicia por los delitos de derecho internacional y no permitir la impunidad; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En la conclusión de un foro nacional celebrado ayer, 10 grupos armados rivales firmaron un acuerdo con las autoridades de transición para deponer las armas y entrar en un proceso de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación.

"Si este acuerdo es serio y va acompañado de medidas para obligar a rendir cuentas a los presuntos autores de delitos de derecho internacional, será la oportunidad de alejarse de un conflicto que ha costado miles de vidas y en el que se han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas", ha afirmado Stephen Cockburn, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“El acuerdo para desarmar, desmovilizar, reintegrar y repatriar a los combatientes del conflicto debe formar parte de un plan general para garantizar justicia, además de paz. Aparte de apoyar que los combatientes se alejen de la violencia, será importante cumplir la promesa de que los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad comparecerán ante los tribunales; de lo contrario, una paz duradera será un espejismo."

Antes del foro, Amnistía Internacional advirtió asimismo en una carta a las autoridades de transición de que la nueva propuesta de Constitución no debe dejar margen para la impunidad, sino hacer que todo el proceso de reconciliación gire en torno a la justicia.


Migrantes africanos son trasladados al centro un centro tras ser detenidos en la localidad de Zawiya, en el norte de Libia. © Reuters. En un documento publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que, en Libia, las personas refugiadas y migrantes son víctimas de violaciones sexuales, torturas y secuestros a manos de traficantes y contrabandistas, a la vez que sufren la explotación sistemática de sus empleadores, persecución religiosa y otros abusos de grupos armados y bandas de delincuentes.
En el documento, titulado ‘Libya is full of cruelty’: Stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and refugees’, se describe todo el horror y el padecimiento al que se enfrentan estas personas en Libia, muchas de las cuales se ven impulsadas a embarcarse en una peligrosa travesía marítima, poniendo así en riesgo sus vidas, en un intento desesperado por refugiarse en Europa.
“Las terroríficas condiciones en las que viven las personas migrantes, unidas a la cada vez mayor anarquía reinante y a los conflictos armados que asolan el país, ponen claramente de manifiesto hasta qué punto es peligroso vivir hoy día en Libia. Al no tener a su alcance vías legales que les permitan escapar y buscar seguridad, estas personas no tienen más remedio que ponerse en manos de traficantes, que las extorsionan, las someten a abusos y las agreden sin piedad”, explica Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La comunidad internacional ha visto, impasible, cómo Libia se ha ido sumergiendo en el caos desde que terminó la campaña militar de la OTAN, en 2011, y ha permitido, de hecho, que las milicias y los grupos armados actúen sin cortapisas. Los líderes mundiales son responsables y deben estar preparados para afrontar las consecuencias, incluido el mayor flujo de refugiados y migrantes que huyen del conflicto y de los abusos incontrolados de Libia. Los solicitantes de asilo y los migrantes están entre las personas más vulnerables de Libia, y no debemos olvidar su difícil situación.”
Durante años, Libia ha sido un país tanto de destino como de tránsito para personas refugiadas y migrantes del África subsahariana y de Oriente Medio que huyen de la pobreza, de los conflictos o de la persecución. Muchas de ellas se dirigían a Libia con la esperanza de llegar a Europa. Sin embargo, el recrudecimiento de la anarquía y de las amenazas de los grupos armados ha agravado los riesgos a los que se exponen, y ha empujado a huir en barco a Europa incluso a comunidades estables de migrantes que llevaban años viviendo y trabajando en Libia.
Otra de las razones por las que muchas de estas personas tratan de huir son los abusos que sufren en los centros de detención para inmigrantes, donde miles de refugiados y migrantes, incluidos niños y niñas, permanecen recluidos indefinidamente, en condiciones deplorables. Uno de los grupos de personas que viajan a Libia para intentar embarcarse en peligrosas travesías con destino a Europa, son los refugiados sirios, que tienen acceso a pocas rutas transitables para llegar al continente.
En una cumbre especial celebrada en Bruselas el mes pasado, el Consejo Europeo anunció su intención de destinar más recursos a las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
“Acogemos con satisfacción el compromiso asumido por los líderes de la UE de destinar más recursos a las tareas de búsqueda y rescate, pero aun así, la gente seguirá muriendo ahogada en el Mediterráneo a menos que se faciliten sin demora embarcaciones de rescate, las envíen a los lugares donde más se necesitan, es decir, a aquéllos donde se registran más peticiones de socorro, y permanezcan disponibles mientras siga habiendo tantos refugiados y migrantes que abandonan Libia”, declaró Philip Luther.
Asimismo, el Consejo Europeo comunicó su intención de redoblar esfuerzos para identificar, capturar y destruir embarcaciones antes de que los traficantes puedan utilizarlas. De aplicarse estas medidas, miles de personas migrantes y refugiadas podrían verse atrapadas en una zona de conflicto.
“La introducción de medidas para luchar contra el tráfico de personas, sin facilitar al mismo tiempo rutas seguras para aquellas personas desesperadas por huir del conflicto en Libia, no resolverá la angustiosa situación de la población migrante y refugiada”, arguyó Philip Luther.
Egipto y Túnez han endurecido también los controles fronterizos por temor a que se extienda a sus territorios el conflicto de Libia, con lo que han dejado a los migrantes y refugiados –cuyos pasaportes han sido con frecuencia robados o confiscados por traficantes, bandas de delincuentes o empleadores libios– sin otra opción, para salir del país, que embarcarse en una peligrosa travesía con destino a Europa.
“El mundo no puede seguir incumpliendo su obligación de ofrecer protección a cualquier persona que huya de estos atroces abusos. Los países vecinos, como Túnez y Egipto, deben mantener abiertas las fronteras para garantizar que cualquier persona que huya de la violencia y de la persecución en Libia tenga a su disposición un refugio seguro”, enfatizó Philip Luther.
Además, Amnistía Internacional pide a los países ricos que ofrezcan más plazas de reasentamiento para personas refugiadas vulnerables, y a la comunidad internacional, que tome medidas efectivas para combatir con urgencia los abusos contra los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario que están perpetrando en Libia ambas partes en conflicto.
Persecución religiosa
La población refugiada y migrante de religión cristiana corre especial peligro en Libia de sufrir abusos de grupos armados que pretenden imponer su interpretación de la Ley Islámica. Así, por motivos de religión, han hostigado, secuestrado, torturado o matado de forma ilegítima a personas de Nigeria, Eritrea, Etiopía y Egipto. Hace poco, un mínimo de 49 cristianos, en su mayoría de egipcios y etíopes, fueron decapitados y abatidos a tiros en tres ejecuciones sumarias masivas reivindicadas por el grupo autodenominado Estado Islámico (EI).
Además, la población migrante y refugiada es también, habitualmente, víctima de secuestros, torturas, robos y agresiones físicas a manos de bandas de delincuentes y de traficantes de personas, con frecuencia en la frontera meridional de Libia y a lo largo de las rutas que recorren los traficantes en dirección a la costa libia.
Charles, nigeriano de 30 años, relató a Amnistía Internacional que, el mes anterior, había decidido huir en barco a Europa, tras haber sido secuestrado y agredido varias veces por miembros de una banda de delincuentes en la ciudad costera de Zuwara, a la que se había trasladado para huir de los bombardeos indiscriminados y los combates de Trípoli.
“Venían, nos robaban el dinero y nos azotaban. No puedo denunciar a la policía lo del cristianismo, porque no les gustamos […]. En octubre de 2014, cuatro hombres me secuestraron […] porque llevaba una biblia”, concluye.
Se llevaron su dinero y su teléfono, lo mantuvieron dos días recluidos, torturándolo y golpeándolo, hasta que, por fin, una noche consiguió escapar por la ventana.
“Estas terribles historias sobre los peligros que impulsan a las personas migrantes y refugiadas a huir de Libia ponen en evidencia la necesidad constante y urgente de salvar vidas en el Mediterráneo. Los líderes europeos deben garantizar que no se devuelva a Libia a refugiados y migrantes que huyen del conflicto y de abusos contra los derechos humanos”, declaró Philip Luther.
Abusos a lo largo de las rutas de los traficantes: secuestro, extorsión y violencia sexual
La población migrante y refugiada sufre abusos a lo largo de las rutas que siguen los traficantes, y que van del este y el oeste de África hasta la costa libia. A lo largo de estas rutas que conducen a la costa libia, han sido secuestrados subsaharianos migrantes y refugiados, incluidos niños y niñas que viajaban solos. Durante su cautiverio, han sido torturados y sometidos a malos tratos para obligarlos, a ellos y a sus familias, a pagar un rescate. Quienes no pueden pagar son explotados y, con frecuencia, retenidos como esclavos: se los obliga a trabajar sin pagarlos, se los agrede físicamente y se los despoja de sus posesiones.
Asimismo, los traficantes dejan a veces a estas personas migrantes y refugiadas en manos de grupos de delincuentes una vez que cruzan la frontera, en zonas desérticas o en importantes ciudades de tránsito que forman partes de la ruta migratoria, como Sabha, en el suroeste, o la ciudad costera de Ajdabya, en el este de Libia.
Los migrantes y refugiados entrevistados por Amnistía Internacional afirmaron que los traficantes los consideraban “esclavos” y los trataban “como animales”. Uno de ellos describió cómo los traficantes los habían encerrado en una habitación sucia y masificada, sin baño, ni mantas ni colchones, y les daban de comer sólo pan seco. “Sin duda, es un negocio. Te recluyen, y te hacen pagar […]. Si no contestas a sus preguntas, te pegan […] con tubos de goma”, dice un hombre.
Las mujeres, sobre todo las que viajan solas o sin hombres, corren grave riesgo de ser violadas o sometidas a abusos sexuales por los traficantes y por bandas de delincuentes. Las mujeres que son secuestradas a lo largo de la ruta de los traficantes y no pueden pagar el rescate son a veces forzadas a mantener relaciones sexuales a cambio de su liberación o para poder proseguir su viaje.
“Sé que [el traficante] abusó de tres mujeres eritreas. Las violó; ellas lloraban. Ocurrió al menos dos veces”, aseguró un testigo ocular a Amnistía Internacional. Otra mujer de Nigeria describió cómo, en cuanto llegó a Sabha, fue violada por 11 hombres de una banda armada. “Nos llevaron a un lugar fuera de la ciudad, en el desierto, ataron a mi marido de pies y manos a un poste y me violaron en grupo delante de él. Eran 11 hombres en total”, recuerda.
Abusos de los traficantes antes de la partida de las embarcaciones
Algunos migrantes y refugiados afirmaron que los traficantes los habían sometido a malos tratos mientras los mantenían recluidos en Libia, en viviendas a medio construir, durante periodos hasta tres meses, en espera de reclutar más pasajeros. En concreto, especificaron que les privaban de alimentos y agua, los pegaban con palos y les robaban sus posesiones.
Otros refugiados sirios afirmaron haber sido transportados en camiones cisterna con escasa ventilación. “Había dos niños que estaban empezando a asfixiarse y dejaron de respirar. Sus padres les daban palmadas en la cara para reavivarlos. Dieron puñetazos en las paredes, pero el conductor no paró”, aseguran. Posteriormente, los niños fueron reanimados.
Abusos en los centros de detención para inmigrantes de Libia
La población migrante y refugiada de Libia se enfrenta también a reclusión indefinida en los centros de detención para inmigrantes, en duras condiciones, donde sufren torturas y malos tratos sin control. La mayoría ha sido recluida por haber entrado de forma irregular en el país o por delitos similares. También se detiene en esos centros a quienes son capturados en barcos con destino a Europa interceptados por la guardia costera libia.
Las mujeres recluidas en estos centros han denunciado también actos de acoso y de violencia sexual. Una mujer explicó a Amnistía Internacional cómo funcionarios de un centro para inmigrantes habían matado a golpes a una mujer embarazada detenida.
“Solían golpearnos con tubos por detrás de los muslos, incluso a las mujeres embarazadas. Por las noches, venían a nuestras habitaciones e intentaban dormir con nosotras. Algunas mujeres fueron violadas. Una mujer quedó embarazada […]. Por eso decidí ir a Europa. Sufrí demasiado en prisión”, rememora una testigo.
“Las autoridades libias deben poner de inmediato fin a su política de reclusión sistemática de personas refugiadas y migrantes exclusivamente por su condición migratoria, y garantizar que sean recluidas sólo cuando sea estrictamente necesario y durante el periodo más breve posible”, concluye Philip Luther.