Amnistía Internacional España

Acto de protesta frente al Congreso para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana © AI

Madrid.- Mediante 181 votos a favor y 141 en contra se ha aprobado esta tarde en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Amnistía Internacional, que lleva meses haciendo campaña para denunciar las amenazas a la libertad de reunión, información y expresión que supondrá esta nueva ley, se suma a las voces que, por parte de la sociedad civil y de otras organizaciones, rechazan este texto.

El Proyecto de Ley otorga mayor poder a as Fuerzas de Seguridad, mientras que los y las ciudadanas contarán con menos garantías frente a la administración ya que, además de ampliarse en número de infracciones, muchas de las faltas pasan del ámbito penal al administrativo, que implica que algunas conductas recibirán sanciones más severas. Es decir, lejos de suponer un menor reproche sancionador, y como en el ámbito administrativo se supone la veracidad de los agentes, se teme que los y las ciudadanos cuenten con menos garantías de las que tendrían de ser juzgadas en un procedimiento penal.

También la grabación de imágenes de abusos se verá limitada: los periodistas, activistas y la ciudadanía en general puede ser sancionada con multas de hasta 30.000 euros por grabar o difundir datos de autoridades y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Frente a ello, el texto no contempla mecanismos de supervisión de la actividad policial, por lo que es previsible que la impunidad permanezca ante los abusos llevados a cabo por parte de la policía.

“Es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger, tal y como indican las normas internacionales de derechos humanos”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Por último, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Y es que el Proyecto de Ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas cuando no se cumplan con una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión.  

“Con este Proyecto de Ley no se está protegiendo la protesta en España sino todo lo contrario: es una reforma que castiga la disconformidad”, ha añadido Beltrán.

Expulsiones ilegales

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluye una disposición que da cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, prohibidas por 11 normas, tanto del derecho español como del derecho comunitario e internacional. Ante las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que parece despreciar las preocupaciones que han expresado, entre otros, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Comisión Europea sobre la iniciativa de las “devoluciones en caliente”, Amnistía Internacional ha querido mostrar así su rechazo:

“No se trata de una cuestión humanitaria ni de sentimientos, sino de una cuestión de derechos humanos. La respuesta del Ministro es inadecuada e impropia para una autoridad que lo que debe es ocuparse de cumplir con la legalidad internacional”, ha asegurado Esteban Beltrán, quien ha pedido además al Ministro “respeto por la labor de organizaciones reputadas de derechos humanos y aquellas que asisten directamente a las personas migrantes como único recurso cuando el Estado se ha desentendido”.

Las devoluciones en caliente o expulsiones sumarias socavan el derecho al asilo, ya que no permiten a las personas migrantes acceder a su derecho a buscar asilo y a acceder a un procedimiento con todas las garantías, incluyendo asistencia letrada, de intérprete, y a un recurso efectivo. El propio Consejo de Europa insistió este miércoles en que no se puede legalizar lo que es ilegal y aseguró que se trata de una "propuesta injusta que mermaría inevitablemente protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial".

Más información

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ha sido votado hoy en el Congreso de los Diputados con la oposición del resto de los Grupos Parlamentarios excepto el Grupo Popular. Después, pasará al Senado para su discusión y finalmente se convertirá en Ley.

Amnistía Internacional ha recogido más de 40.000 firmas que rechazan esta reforma que castiga la disconformidad. Asimismo, ha llevado a cabo un análisis de las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios y ha difundido un vídeo que muestra una serie de abusos policiales contra periodistas y cómo el derecho a informar se está ya viendo amenazado en España.


El padre de Yaonomo Constant mostrando una foto de su hijo muerto y de un hijo menor que resultó herido por una granada en el mismo ataque en la República Centroafricana © AI

La inacción de las autoridades de República Centroafricana y las Naciones Unidas a la hora de investigar los crímenes de guerra de forma efectiva perpetúa el ciclo de violencia y miedo en el país, ha señalado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.

El informe Central African Republic: Impunity is fuelling violence se basa en una visita de un equipo de investigación de Amnistía Internacional a República Centroafricana y expone en detalle cómo algunos dirigentes y miembros de grupos armados siguen cometiendo nuevas atrocidades y desafiando el Estado de derecho. Esto ocurre pese a que en julio Amnistía Internacional publicó indicios que suscitaron sospechas razonables acerca de la participación de varias de estas personas en graves abusos, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

“El hecho de no exigir la rendición de cuentas a las personas implicadas en el homicidio de civiles, el empleo de niños y niñas soldado y la quema de pueblos supone que no sólo pueden circular en libertad, sino que pueden seguir aterrorizando a la población sin miedo a represalias”, afirmó Stephen Cockburn, director adjunto del Programa Regional para África Occidental y Central de Amnistía Internacional. 

En su informe de julio de 2014, Amnistía Internacional publicó un dossier en el que nombraba a 20 personas, entre las que figuraban jefes de las milicias antibalaka y jefes militares de Seleka, contra quienes tenía indicios creíbles de que eran los presuntos autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros graves abusos contra los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana desde diciembre de 2013.

La organización pidió que se iniciaran investigaciones y que se creara un tribunal mixto formado por jueces nacionales e internacionales para juzgar a los presuntos autores de los delitos más graves. También pidió que se fortalecieran los tribunales nacionales y se reforzaran las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Ahora Amnistía Internacional puede desvelar que algunos de estos hombres han actuado para estorbar la administración de justicia y han participado en nuevos delitos de derecho internacional en Bangui y en otras partes del país entre septiembre y octubre de 2014.

Entre las personas documentadas por el equipo de investigación de Amnistía Internacional que siguen beneficiándose del clima de impunidad de República Centrofricana figuran:

Patrice- Edouard Ngaïssona, ex ministro del gobierno y autoproclamado coordinador de los grupos armados antibalaka. Según múltiples fuentes, Ngaïssona sigue coordinando las actividades de numerosos grupos antibalaka en República Centroafricana, incluidos varios grupos implicados en homicidios de civiles y ataques contra las fuerzas internacionales durante un período de aumento significativo de la violencia en octubre de 2014. Grupos armados antibalaka bajo su control presuntamente cometieron graves abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios de civiles en Bangui. Ngaïssona también aprovechó su posición para intentar conseguir concesiones de las autoridades de transición, incluida la petición de que cuatro destacados presos antibalaka recuperasen la libertad. Aunque las autoridades de transición inicialmente aceptaron esta petición, la presión del poder judicial y de miembros de la comunidad internacional impidió que esos presos quedaran en libertad.

Las autoridades de transición habían acusado con anterioridad a Ngaïssona de “ser parte de un grupo armado ilegal, y tenencia de armas de fuego” y fue detenido durante un breve período en abril de 2014 antes de quedar en libertad. Pese a que el gobierno anterior había ordenado su detención por “crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio”, una medida que las actuales autoridades de transición habían confirmado, sigue desempeñando una función destacada en las negociaciones políticas con las autoridades.

El coronel “Douze Puissances”, jefe militar de las milicias antibalaka que, según una gran variedad de fuentes, entre ellas testigos y sobrevivientes, dirigió un grupo de combatientes que mató a 3 civiles, causó lesiones graves a al menos otros 20 civiles y quemó 28 casas y una iglesia en el barrio de Nguingo de la capital, Bangui, el 14 de octubre de 2014.

Amnistía Internacional ya había nombrado al coronel “Douze Puissances” como presunto autor de abusos contra los derechos humanos en diciembre de 2013, cuando estuvo a cargo de grupos de combatientes antibalaka en la zona de Boy-Rabe de Bangui.

Alfred Yekatom, alias “Rambo”, es otro jefe militar antibalaka que sigue actuando en los alrededores de la zona de Bimbo de Bangui y que, según múltiples fuentes locales, atacó la gendarmería de Bimbo el 29 de octubre de 2014, robó material y dejó en libertad a al menos cinco personas detenidas. Amnistía Internacional siente preocupación porque este ataque demuestra la capacidad que tiene para estorbar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que tienen la obligación de investigar las denuncias de responsabilidad penal por delitos de derecho internacional. Amnistía Internacional ya había nombrado previamente a ‘Rambo’ como presunto responsable de la muerte de civiles y del reclutamiento de niños y niñas soldado en Mbaiki, a 105 km de Bangui, entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.

“En lugar de temer ser procesados y sancionados, es bastante frecuente que los presuntos autores de crímenes de guerra vean en la violencia un medio para conseguir poder, recursos o protección frente a la justicia. Si no se pone fin a la impunidad en República Centroafricana, las graves violaciones de derechos humanos no disminuirán”, afirmó Steve Cockburn.

Aunque se han producido algunos avances con el acuerdo de la ONU y las autoridades de República Centroafricana para establecer un Tribunal Penal Especial del tipo del tribunal mixto que Amnistía Internacional sugirió en julio de 2014, éste aún debe empezar a funcionar debido a la falta de financiación. La legislación que autorice el establecimiento de este tribunal debe cumplir las normas internacionales y garantizar que este tribunal, en la práctica, es independiente, imparcial y efectivo. Tanto la ONU como las autoridades de República Centroafricana deben realizar amplias consultas, entre otros con organizaciones de la sociedad civil, sobre esta legislación y la composición del “Tribunal Penal Especial” propuesto para garantizar el cumplimiento de estas normas.

La ONU y las autoridades de la República Centroafricana deben actuar con urgencia para garantizar que todos los presuntos autores de la comisión de delitos de derecho internacional, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, se investigan sin demora, de forma indepediente y efectiva. Para que esto suceda, es necesario que la comunidad internacional apoye el Tribunal Penal Especial prometido y garantice que empieza a funcionar inmediatamente”, manifestó Steve Cockburn.

Aunque las personas nombradas en el informe de Amnistía Internacional hecho público hoy en su mayoría están vinculadas a grupos antibalaka, hombres armados vinculados a Seleka también siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos y deben ser investigados. El equipo de investigación de Amnistía Internacional documentó matanzas cometidas en octubre de 2014 tanto por Seleka como por milicias antibalaka en las localidades de Dekoa y Bambari y en sus alrededores, en la región central del país, y la organización pidió que se llevasen a cabo investigaciones con prontitud.


Imagen del ministro palestino Zaid Abu Ein being enfrentándose a las fuerzas de Israel. mage: Sky News via Yousef Munayyer.

La muerte de un ministro palestino durante una protesta contra la confiscación de tierras en Cisjordania puede haber sido causada por el uso de fuerza arbitraria y abusiva por parte de las fuerzas israelíes contra los manifestantes. Así lo ha declarado Amnistía Internacional.

Ziad Abu Ein, que encabezaba un comité opuesto al muro de Cisjordania y a los asentamientos israelíes, murió tras un enfrentamiento con fuerzas israelíes en el pueblo de Turmusaiyya. Las fotografías publicadas en Internet muestran a soldados israelíes agarrándolo por el cuello.

“Parece tratarse de una tragedia que podría haberse evitado. Las fuerzas israelíes tienen un pésimo historial en lo que se refiere a la labor policial durante las manifestaciones, y a menudo han recurrido al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra manifestantes en Cisjordania, en un modo de actuar que ha dado lugar a numerosos homicidios ilegítimos. Y siguen haciéndolo impunemente”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Poco antes de su muerte, Ziad Abu Ein dijo a los periodistas que la protesta era pacífica. “Vinimos a plantar árboles en tierra palestina, y nos atacaron desde el primer momento. Nadie arrojó ni una sola piedra”, declaró.

“Debe llevarse a cabo una investigación independiente e imparcial sobre su muerte. Este suceso sólo sirve para destacar lo fundamental que es que las fuerzas israelíes que hacen uso de fuerza excesiva, incluida fuerza letal innecesaria, durante las protestas rindan cuentas de sus actos”, ha manifestado Philip Luther.

“Sin rendición de cuentas, se perderán más vidas innecesariamente.”

Ha habido informaciones contradictorias respecto a la causa de la muerte de Ziad Abu Ein: unas fuentes sugieren que fue alcanzado en el pecho por un bote de gas lacrimógeno, y otras dicen que sufrió complicaciones a consecuencia de la exposición al gas lacrimógeno. También hay testigos que afirman que fue golpeado por las fuerzas israelíes.

En su informe de febrero de 2014 Gatillo fácil: El uso de la fuerza excesiva por Israel en Cisjordania, Amnistía Internacional documentó el homicidio ilegítimo de decenas de civiles palestinos, incluidos menores de edad, desde 2011. En los últimos meses, las tensiones en Cisjordania han estallado en una violencia generalizada, con varios muertos en los dos bandos.


Imagen de la presentación del Informe sobre la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil. © EVARISTO SA/AFP/Getty Images

La presentación hoy del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (Comissão Nacional da Verdade, CNV) brasileña marca un hito histórico en los esfuerzos del país por obtener justicia para los crímenes de lesa humanidad y otros abusos cometidos durante la dictadura militar que se hizo con el poder hace cinco décadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

La Comisión pasó dos años investigando los miles de casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otros abusos cometidos durante el periodo de gobierno militar en Brasil, de 1964 a 1985.

Desde 1979 se ha venido utilizando una Ley de Amnistía que abarca los delitos políticos para proteger a los miembros del antiguo gobierno militar de ser juzgados por violaciones graves de derechos humanos.

“Al mostrar el carácter generalizado de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante la dictadura militar y reconocerlas como crímenes de lesa humanidad, el informe de la Comisión Nacional de la Verdad prepara el camino para garantizar que la Ley de Amnistía no será un obstáculo a la investigación de estos delitos”, ha manifestado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

Al contrario que muchos de sus vecinos de América del Sur, Brasil no ha llevado a juicio a los acusados de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante periodos pasados de gobierno militar
. El informe de la CNV, realizado casi tres decenios después del final de la dictadura, es una de las iniciativas de justicia de transición más importantes del país hasta el momento.

“Cincuenta años después del golpe de Estado que dio lugar al régimen autoritario, es fundamental que Brasil lleve ante la justicia a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Debemos romper el círculo pasado de impunidad que alimenta la continuación de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en el presente”, ha manifestado Atila Roque.

“Las fuerzas armadas de Brasil deben reconocer su responsabilidad por los abusos cometidos durante la dictadura militar. Las investigaciones de la CNV han determinado claramente que, como parte de la política estatal, existía un aparato de represión que abarcó varios gobiernos y que se concibió en los más altos niveles de las fuerzas armadas y el poder ejecutivo. La decisión de la Comisión de hacer responsables a los dirigentes del régimen autoritario supone un importante hito para la obtención de justicia por lo sucedido durante ese periodo.”

Las conclusiones de la CNV refuerzan una sentencia dictada en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y arrojan luz sobre el incumplimiento, por parte de Brasil, de sus obligaciones. La Comisión formula recomendaciones importantes sobre la desmilitarización de la policía militar brasileña, la independencia de las instituciones jurídicas y médicas utilizadas para la seguridad pública, el fortalecimiento de las defensorías del pueblo y mejoras en el sistema penitenciario para garantizar los derechos de la población reclusa. El informe recomienda asimismo el desarrollo ulterior de la legislación brasileña para tipificar como delito los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada, importantes hitos del derecho internacional para proteger los derechos humanos.

“El informe de la Comisión Nacional de la Verdad muestra claramente hasta qué punto la impunidad por los abusos cometidos en el pasado ha alimentado el círculo de violencia hoy día, y amplifica la respuesta colectiva de ‘Nunca Más’ lanzada por el país a las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario”, ha manifestado Atila Roque.


Amnistía Internacional ha estado luchando contra la tortura durante más de 50 años. © Private

En el 30º aniversario de la Convención contra la Tortura de la ONU, Amnistía Internacional pide a los Estados que no obstaculicen los esfuerzos para prevenir esta práctica atroz y cumplan el compromiso de erradicarla que han contraído en virtud del derecho internacional.

Aunque han ratificado la Convención 156 Estados, sigue habiendo un gran número de países que practica la tortura y dificulta los esfuerzos encaminados a su prevención, vigilancia, investigación y enjuiciamiento.

“Es indignante que la aborrecible práctica de la tortura siga estando viva en tantos Estados. Demasiados gobiernos se esfuerzan por ocultar esta práctica y entorpecer a quienes tratan de prevenirla”, declaró Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Los Estados deben prevenir y castigar el uso de la tortura, y permitir la vigilancia independiente y efectiva de todos los centros de detención.”

Falta de cooperación y denegación de acceso

La adopción de la Convención contra la Tortura hace tres decenios incluyó la creación del Comité contra la Tortura, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención por los Estados. Estos deben facilitar cada cuatro años información sobre las medidas que han adoptado para aplicar la Convención. Aunque muchos han cumplido esta obligación, 27 Estados no han informado nunca y otros 44 se han retrasado en la presentación de su informe.

Del mismo modo, sólo 76 Estados han ratificado un tratado crucial, el Protocolo Facultativo de la Convención, que hace posible que tanto los observadores de la ONU como los nacionales visiten los centros de detención.

El mes pasado, Azerbaiyán impidió el acceso a los observadores a pesar de que ha firmado el Protocolo.

El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes también ha tenido dificultades para acceder a centros de reclusión y ha sufrido los impedimentos de las autoridades. Uzbekistán, donde la tortura es una práctica generalizada y habitual, ha ignorado las reiteradas peticiones de que expida una invitación al relator para que visite el país. En 2014, Tailandia y Bahréin aplazaron dos visitas previstas. Durante la reciente visita a Gambia, se le negó el acceso a determinadas partes de un centro de detención.

Además, el relator especial tuvo que declinar una invitación de Estados Unidos para que visitara el centro de detención de Guantánamo después de que el gobierno estadounidense impusiera ciertas condiciones, como no entrar en determinadas zonas ni hablar con los detenidos en privado.

La campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional lleva luchando más de 50 años para erradicar la tortura. Este año ha lanzado una campaña global en la que pide a los gobiernos que apliquen realmente salvaguardias efectivas contra la tortura y otros malos tratos, como el acceso sin demora de los detenidos a abogados, familias y tribunales, la vigilancia de los interrogatorios, inspecciones independientes de todos los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los sospechosos y la reparación debida para las víctimas.

La campaña se centra en cinco países donde la tortura es persistente y Amnistía Internacional considera que los cambios en el ámbito nacional permiten lograr mejoras significativas: México, Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, Nigeria y Uzbekistán.

Cambios positivos
Aunque queda mucho camino que recorrer, ya hemos presenciado algunos cambios positivos en algunas cuestiones pendientes.

El Senado filipino abrió una investigación sobre torturas policiales al día siguiente de que Amnistía Internacional presentara su informe Above the Law: Police Torture in the Philippines, el 4 de diciembre.

En noviembre de 2014, el gobierno marroquí ratificó el Protocolo Facultativo; ahora dispone de 12 meses para crear un mecanismo nacional efectivo para vigilar los centros de detención.

En Nigeria, un proyecto de ley que penaliza la tortura ha llegado ya hasta el Senado en su tramitación ante el poder legislativo.

Gracias en parte a la presión de Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo aprobó en octubre una resolución en la que pedía a Uzbekistán que erradicase la tortura y permitiera una visita del relator especial de la ONU.

“Desde la presentación de nuestra campaña Stop Tortura en mayo de 2014, Amnistía Internacional ha movilizado a un millón de personas para que actúen contra la tortura. Confiamos en que juntos podamos contribuir a obligar a los gobiernos a que cumplan las promesas que hicieron hace 30 años. Haremos todo lo posible para que los torturadores respondan de sus actos y para poner fin a esta práctica atroz de una vez”, declaró Salil Shetty.


Los métodos de interrogatorio utilizados por la CIA incluyen “waterboarding”, simulacros de ejecución, la privación prolongada del sueño y posiciones de estrés © Amnistía Internacional

El resumen del informe de un comité del Sentado en el que se detallan los métodos de tortura empleados dentro del programa secreto de detención e interrogatorio de Estados Unidos es un duro recordatorio de la impunidad de la que siguen gozando los autores de muchas violaciones atroces de los derechos humanos cometidas en nombre de la “seguridad nacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado que se ha hecho público hoy ofrece más detalles de cómo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recurrió al water-boarding (simulacros de ahogamiento), a los simulacros de ejecución, las amenazas de violencia sexual y otras formas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos que habían sido sometidos a desaparición forzada. Dichos tratos se infligieron en el curso de los programas de entrega y detención secreta que se pusieron en marcha tras el crimen de lesa humanidad cometido el 11 de septiembre de 2001 (11-S).

El informe facilita asimismo algunos datos sobre los efectos de las técnicas de interrogatorio y las condiciones de reclusión en los detenidos, como “alucinaciones, paranoia, insomnio e intentos de autolesiones y automutilación”.

“El informe ofrece aún más detalles condenatorios de algunas de las violaciones de derechos humanos que autorizaron las máximas autoridades estadounidenses después del 11-S. Pese a que gran parte de los datos son de dominio público desde hace años, nadie ha respondido ante la justicia por autorizar o cometer tales actos en el contexto de estos programas de la CIA”, declaró Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Las limitadas investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense sobre los interrogatorios de la CIA finalizaron en 2012 sin que nadie fuera enjuiciado. Del mismo modo, la destrucción por la CIA de grabaciones de video de sesiones de interrogatorio —que contenían posibles pruebas de crímenes de derecho internacional— tampoco ha desembocado en procesamientos.

Las autoridades de Estados Unidos bloquean sistemáticamente el acceso a la justicia a las personas que fueron sometidas a abusos, alegando motivos como el secreto de Estado.

“La información desclasificada contenida en el informe, aunque es limitada, recuerda al mundo la total incapacidad de Estados Unidos para poner fin a la impunidad de la que gozaban quienes autorizaron y usaron la tortura y otros malos tratos. Esta es una llamada de alerta para Estados Unidos, que debe revelar toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, hacer que los perpetradores rindan cuentas y garantizar justicia para las víctimas. No se trata de un detalle político, sino de una exigencia del derecho internacional”, afirmó Erika Guevara.

Los métodos de interrogatorio empleados por la CIA incluían el water-boarding (simulacros de ahogamiento), los simulacros de ejecución, y la privación de sueño y las posturas en tensión prolongadas. Algunos de estos actos constituyen por sí mismos tortura en aplicación del derecho internacional, otros equivaldrían a tortura en combinación con otros o aplicados durante periodos prolongados, o son considerados tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos ellos están absolutamente prohibidos sin excepción y en todas las circunstancias. La desaparición forzada también constituye un crimen de derecho internacional.

El informe completo del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, de alrededor de 6.600 páginas de extensión, sigue estando clasificado como máximo secreto. Según la presidenta del Comité, Dianne Feinstein, el informe contiene “detalles de cada persona detenida bajo custodia de la CIA, las condiciones en las que está detenida [y] cómo fue interrogada.”

Amnistía Internacional pide que se dé a conocer el informe íntegro con el mínimo expurgado posible y ninguno que oculte pruebas de violaciones de derechos humanos.

Cómplices internacionales

La CIA y otras autoridades estadounidenses no actuaron solas, sino que contaron con varios cómplices en todo el mundo que les ayudaron a facilitar la entrega, tortura y detención secreta de las personas que Estados Unidos consideraba sospechosas de terrorismo.

El 24 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el gobierno de Polonia se había confabulado con la CIA para montar en Stare Kielkuty una prisión secreta que estuvo en funcionamiento entre 2002 y 2005. Los demandantes de este caso, y otras personas, estuvieron recluidos en detención secreta y fueron torturados, y algunos fueron entregados después en otros lugares donde corrieron el riesgo de sufrir abusos similares.

En 2012 el Tribunal Europeo había fallado contra Macedonia, declarándola responsable de complicidad en la tortura y desaparición forzada a las que fue sometido Khaled El Masri bajo custodia de Estados Unidos.

Otros países europeos que han colaborado con la CIA son Italia, Lituania, Rumanía, Suecia y el Reino Unido. En 2012 y 2013, el Parlamento Europeo pidió a todos los Estados miembros de la UE y asociados con ella implicados que investigasen exhaustivamente el papel que habían desempeñado en estas operaciones.

“Estados Unidos y todos los países que trabajaron con él para trasladar, detener y torturar a detenidos tienen la obligación legal internacional de garantizar la total rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos, incluidas las torturas y las desapariciones forzadas. Estos países deben asimismo facilitar el acceso real a la justicia a todas las personas a las que sometieron a estos crímenes y dar a conocer toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en estas operaciones y en torno a ellas”, afirmó por su parte Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en Antiterrorismo y Derechos Humanos.

Información adicional

El mes pasado, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que Estados Unidos siguiera sin investigar exhaustivamente las denuncias de tortura y malos tratos a detenidos bajo custodia de Estados Unidos en el extranjero, e instó a este país a que garantizara que los presuntos perpetradores y cómplices eran debidamente enjuiciados, incluidas las personas que ocupan puestos de mando y quienes facilitaron cobertura legal a la tortura.

Esto se produjo tras un llamamiento similar realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril. Ambos comités instaron asimismo a Estados Unidos a que desclasificara e hiciera público el informe íntegro del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detenciones secretas de la CIA.

Amnistía Internacional lleva luchando más de 50 años para erradicar la tortura. Este año ha lanzado una campaña global en la que pide a los gobiernos que apliquen realmente salvaguardias efectivas contra la tortura y otros malos tratos, como el acceso sin demora de los detenidos a abogados, familias y tribunales, la vigilancia de los interrogatorios, inspecciones independientes de todos los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los sospechosos y la reparación debida para las víctimas.


Defender los derechos humanos en América Latina puede costarte la muerte. © LLUIS GENE/AFP/Getty Images

Activistas, abogados y abogadas, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas: todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que ponen su vida y su libertad en peligro luchando por los derechos humanos, siguen sufriendo intimidación, acoso y violencia en América Latina y el Caribe.

 

Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy y titulado Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso. Se presenta el Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos y ofrece una perspectiva general de la situación de quienes defienden derechos humanos en la región. El informe se centra principalmente en más de 200 casos de ataques y abusos sobre los que Amnistía Internacional ha actuado durante los dos últimos años.

La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes como represalia por su trabajo. En diversos países hemos observado un incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Resulta angustioso contemplar el tipo y la frecuencia de los cobardes intentos por silenciar e intimidar a quienes trabajan para arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos. Y aun así, estas admirables personas siguen luchando, incluso ante semejante represión. Es imperativo que los dirigentes de América redoblen sus esfuerzos y hagan más para proteger a quienes defienden los derechos humanos.”

El informe se basa en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra
, el territorio y los recursos naturales, contra quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y niñas, sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI), y sobre los derechos de las personas migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas que defienden los derechos humanos.

Muerte y violencia
En algunos países ha habido un aumento meteórico de las amenazas y los ataques contra defensores y defensoras. Mientras tanto, las autoridades estatales de toda la región eluden su deber de abordar el creciente problema.

Colombia es uno de los países en donde la situación es más grave. Allí, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 40 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio en los nueve primeros meses de 2014. Entre septiembre y octubre de este año, más de un centenar de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron una serie de amenazas de muerte por correo electrónico enviadas por grupos paramilitares.

Con frecuencia, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos podrían haberse evitado si las autoridades estatales hubieran atendido debidamente las denuncias y hubieran investigado las amenazas y los actos de intimidación de los que estas personas fueron víctimas. Los dirigentes estatales de la región deben hacer más para abordar estos problemas y para brindar una protección efectiva a los defensores y defensoras en peligro”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre la Situación de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en América de Amnistía Internacional.

Derecho a la tierra y cuestiones de territorio

La investigación de Amnistía Internacional concluyó que quienes trabajan sobre los derechos humanos en relación con la tierra, el territorio y los recursos naturales en la región, pagan un alto precio por su trabajo.

En un caso emblemático de Honduras, el 27 de agosto de 2014 Margarita Murillo fue muerta a tiros. Anteriormente había denunciado amenazas e intimidación. Era defensora y líder comunitaria, y llevaba más de 40 años luchando por los derechos de las comunidades campesinas, para que pudieran mejorar sus condiciones de vida.

Violencia de género y discriminación

Quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexo (LGBTI) también corren especial peligro.

Amnistía Internacional realizó decenas de entrevistas a mujeres defensoras, quienes no sólo sufren represión por su labor de defensa de los derechos humanos, sino que además luchan contra la desigualdad y la discriminación y son objeto de amenazas y ataques a causa de su género.

En El Salvador, las defensoras de los derechos humanos que luchan contra la prohibición total del aborto y sus mortales consecuencias han sufrido una intimidación y una estigmatización constantes. Algunas han sido amenazadas con ser llevadas a juicio si siguen con su trabajo en apoyo a mujeres vulnerables que han sido injustamente encarceladas por haber sufrido abortos.

Los Estados aún no han adoptado ni implementado medidas de protección específicas y efectivas para que las defensoras de los derechos humanos puedan hacer frente a los riesgos específicos que corren.

De igual modo, quienes defienden los derechos del colectivo LGBTI sufren numerosos ataques a causa de su labor. Este ha sido un problema especialmente grave en el Caribe.

En agosto de 2014, tras haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, Javed Jaghai, miembro de la organización J-FLAG (Forum of Lesbians, All-Sexuals and Gays), retiró un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre hombres.

Castigo por defender los derechos humanos
Amnistía Internacional también ha observado cómo se utilizan los sistemas judiciales para reprimir a quienes defienden los derechos humanos e impedir su trabajo.

Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en México. Desde 2011, se enfrenta a cargos penales infundados de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”. Su único “delito” ha sido proteger los derechos de los pueblos indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras.

“Por desgracia, en América Latina y el Caribe cada vez es más habitual que los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrenten a acusaciones infundadas y detenciones injustas. Resulta sumamente preocupante que las autoridades no erradiquen el uso indebido del sistema de justicia como medio de represión”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado.

Pasos adelante
El informe destaca que los logros alcanzados en el derecho regional e internacional aún no han sido implementados por los gobiernos del continente.

“Aunque las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos han avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para que quienes están en la primera línea del trabajo de derechos humanos gocen del respeto y la protección que tan claramente necesitan”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.  

“Instamos a los gobiernos de toda la región a hacer frente al desafío y cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que así estas personas, fuente de inspiración, puedan continuar con su lucha en favor de los derechos.”


Un grupo de palestinos alrededor del Centro Comercial de Rafá destruido por la fuerza aérea israelí en la operación Margen Protector.© REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Los ataques aéreos contra edificios emblemáticos perpetrados en Gaza en agosto de 2014, en el último tramo de la operación militar israelí “Margen Protector”, fueron ataques directos y deliberados contra edificios civiles y constituyen crímenes de guerra, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En “Nothing is immune”: Israel’s destruction of landmark buildings in Gaza se exponen indicios de que los ataques contra cuatro edificios de múltiples plantas cometidos en los cuatro últimos días del conflicto fueron contrarios al derecho internacional humanitario y se pide que se sometan a investigaciones independientes e imparciales.

“Toda la información de que disponemos demuestra que esta destrucción en gran escala se hizo deliberadamente y sin ninguna justificación militar”, ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Tanto los datos tomados sobre el terreno como las declaraciones que hicieron portavoces del ejército israelí en ese momento indican que los ataques eran un castigo colectivo contra la población de Gaza y tenían como fin destruir sus ya maltrechos medios de sustento.”

Aunque antes de destruirlos los militares israelíes avisaron a los residentes de los edificios para que los desalojaran, decenas de personas que vivían en edificios colindantes resultaron heridas y varios cientos quedaron deshechas al perder sus casas, enseres y negocios.  

Presas del pánico, los residentes de los cuatro edificios que iban a ser atacados los desalojaron a toda prisa y no consiguieron salvar sus pertenencias en la mayoría de los casos, incluidos documentos importantes, joyas y ahorros.

El Centro Comercial Municipal de Rafá, que albergaba un centro comercial, un aparcamiento, varias oficinas y un consultorio médico, quedó reducido a una maraña de vigas y hormigón.  Los comercios instalados en el recinto eran el medio de vida de cientos de familias, que ahora están pasando apuros para salir adelante.

Aparte de insinuar que en uno de los edificios destruidos había un centro de operaciones de Hamás y en otro unas “instalaciones vinculadas a extremistas palestinos”, las autoridades israelíes no han dado ninguna información sobre sus motivos para arrasar cuatro edificios enteros.  

Aunque las autoridades israelíes tuvieran buenas razones para pensar que una parte de un edificio se estaba dedicando a fines militares, su obligación era decidirse por medios y métodos de ataque que redujeran al mínimo los daños a civiles y bienes civiles”, ha dicho Philip Luther. “El ejército israelí ha ejecutado ataques aéreos contra apartamentos concretos en edificios de gran altura en otras ocasiones sin llevar a cabo su destrucción completa.”

Amnistía Internacional envió sus conclusiones sobre los ataques aéreos a las autoridades israelíes y pidió aclaración de por qué se había efectuado cada uno de estos ataques y qué o quiénes habían sido sus objetivos, qué precauciones se habían tomado para reducir al mínimo el riesgo de causar daño a civiles y si se había realizado o había en curso alguna investigación.

Se recibió respuesta del interventor del Estado, cargo público que también desempeña funciones de mediador, quien se limitó a describir el enfoque de su investigación sobre la operación Margen Protector. No respondió ninguna de las autoridades que realmente podrían haber dado respuesta a las preguntas planteadas sobre estos ataques.

Amnistía Internacional ha documentado y condenado sistemáticamente las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas tanto por Israel como por Hamás y los grupos armados palestinos durante el conflicto. Mientras que en éste y otro informe publicado en noviembre –Familias bajo los escombros: ataques israelíes a viviendas habitadas– se examinan los ataques israelíes, otro documento que se está preparando actualmente se centrará en las violaciones de derechos humanos cometidas por Hamás.

Hasta ahora, las investigaciones de presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por fuerzas israelíes o palestinas en la Franja de Gaza e Israel no han sido independientes, exhaustivas ni imparciales.

Amnistía Internacional ha pedido que se permita a la comisión de investigación establecida por la ONU realizar su investigación sin impedimentos, y que las autoridades israelíes levanten la prohibición de entrar a Gaza impuesta a Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

Los crímenes de guerra se deben investigar con independencia e imparcialidad y los responsables deben ser detenidos y juzgados con las debidas garantías. Las personas cuyos hogares y medios de sustento han sido destruidos de manera ilegítima merecen justicia y una reparación plena”, ha dicho Philip Luther.


Para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, millones de activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo participan en la campaña anua "Actúa, cambia una vida".

En todos los rincones del mundo (Reino Unido, Holanda, Grecia, Italia, Alemania, España, Japón, Nepal, Polonia, Moldavia, México, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Canadá, hasta un total de 100 países), activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional firmarán peticiones, escribirán cartas, organizarán actos y enviarán tuits para pedir, entre otras cosas, juicios justos y que mejoren las condiciones de reclusión de personas que están sufriendo abusos brutales contra los derechos humanos, como detención arbitraria o tortura.

Esta acción internacional se lanzó por primera vez en 2001 en Polonia. Desde entonces, diversas personas con nombre y apellido que han sido foco de la campaña han sido puestas en libertad, y otras han visto mejorar su situación. También la campaña ha conseguido que se inicien investigaciones sobre decenas de casos de encarcelamiento arbitrario e injusto, tortura y otros abusos contra los derechos humanos.

"Las autoridades pueden hacer caso omiso a una carta, a un correo aislado, pero no a millones. Campañas como ésta demuestran que la suma de miles de acciones individuales puede cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas cuyos derechos humanos están en riesgo" ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En España, los activistas saldrán a la calle en al menos 60 ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Albacete, Jaén, Granada, Tenerife o Valencia, para trabajar tres casos con un común denominador: haber sufrido tortura y malos tratos durante su reclusión. En sus acciones pedirán:

  • La liberación de Erkin Musaev, funcionario de Naciones Unidas en Uzbekistán, acusado de espionaje, y condenado a 20 años de prisión tras 3 juicios injustos en los que se admitieron como prueba confesiones conseguidas bajo tortura.

  • La conmutación de la pena de muerte de Moses Akatugba, nigeriano detenido cuando tenía 16 años como sospechoso de un atraco a mano armada, algo que él afirma no haber cometido. Pasó tres meses bajo custodia policial y confesó tras haber sido brutalmente torturado. Ha sido condenado a muerte.

  • La excarcelación de Chelsea Manning, una soldado estadounidense que se halla cumpliendo una condena de 35 años de prisión por haber filtrado material reservado del Gobierno al sitio web Wikileaks. Sus condiciones de reclusión han sido calificadas por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura como crueles e inhumanas.

Algunos logros de la campaña en 2013

El año pasado, activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo emprendieron más de 2,3 millones de acciones individuales, que consiguieron que se pusiera en libertad a tres activistas en Camboya y Rusia, donde las autoridades recibieron decenas de miles de cartas y peticiones de todo el mundo.

Una de ellas fue Yorm Bopha, encarcelada en 2012 por protestar contra los desalojos forzosos que se llevaban a cabo en su comunidad en Camboya. Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko también quedaron en libertad en 2013 y en 2014 tras la presión promovida por Amnistía Internacional. Habían sido acusados de participar en “disturbios masivos” por haberse manifestado pacíficamente en la plaza Bolotnaya de Moscú en mayo de 2012.

30 aniversario de la Convención contra la Tortura

Este año, el 10 de diciembre coincide con el 30 aniversario de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura. A pesar del avance innegable que supuso, Estados de todo el mundo todavía detienen y torturan a persona para obtener falsas confesiones, por supuestamente haber cometido un delito, o por sus opiniones.

"Lamentablemente, en este aniversario, Amnistía Internacional tiene que seguir denunciando cómo muchos Gobiernos han traicionado sus compromisos para acabar con la tortura. La tortura sigue viva, en algunos países de forma habitual y sistemática, y en otros en casos aislados", señaló Esteban Beltrán.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países. Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En 2014, en al menos 79 de ellos siguen apareciendo casos de tortura. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.

Amnistía Internacional pide a los Gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.

La tortura en España. Oportunidades perdidas en 2014

Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, se siguen perdiendo oportunidades para que las víctimas de tortura sean protegidas” manifestó Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional sigue denunciando la existencia del régimen de incomunicación para personas acusadas de “terrorismo”, lo que propicia este tipo de prácticas; malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de manifestaciones; o las devoluciones o extradiciones de personas a sus países de origen sin tener en cuenta si pueden tener riesgo de sufrir malos tratos o tortura a su regreso. Esta situación podría agravarse con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está a punto de aprobarse en el Parlamento y que puede legalizar las “expulsiones en caliente”.

Sólo en 2014, se ha perdido la oportunidad de controlar el uso de la tortura en España:

  • En la última reforma del Código Penal, no se ha tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.

  • Los sucesivos Gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, no son a través de mencanismos independientes, y en muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables. Algo que se obstaculiza aún más en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

  • El actual Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito tampoco menciona a las víctimas de delitos de tortura o malos tratos, no establece mecanismos de reparación para este tipo de víctimas, y no contempla ayudas públicas para su recuperación y rehabilitación.

/// FIN


Los líderes mundiales están fallando a miles de refugiados sirios. © Amnesty International (Photo: Richard Burton)

Más de 30 organizaciones internacionales piden a los gobiernos que se reunirán mañana en Ginebra que se comprometan a acoger, antes de que acabe 2015, al menos al cinco por ciento de los refugiados de Siria más vulnerables que se encuentran en la actualidad en los países vecinos –180.000 personas–.

Los gobiernos convocados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) van a comprometerse a reasentar u ofrecer otras formas de admisión a los refugiados sirios. Se prevé que al final de este año hayan llegado a los países vecinos huyendo del conflicto hasta 3,59 millones de personas. Hasta la fecha, la comunidad internacional ha prometido reasentar a menos del dos por ciento de esta cifra en un plazo no del todo claro.

Los países vecinos de Siria han dado muestras de una generosidad increíble en los últimos tres años y medio, pero la infraestructura y los servicios públicos están acusando gravemente la tensión de la crisis. Turquía y Líbano acogen cada uno a más de un millón de refugiados registrados. Una de cada cuatro personas que viven en Líbano es refugiado sirio. Jordania acoge a más de 618.000, e Irak, a 225.000 (que se suman a los millones de iraquíes desplazados internamente). Con la disminución de los recursos, los refugiados y las comunidades de acogida han empezado a pagar el precio, y lo mismo cabe decir de quienes están intentando aún huir del conflicto, pues los países vecinos les restringen la entrada y, de hecho, les cierran sus fronteras.

“La situación de los refugiados de Siria más vulnerables se vuelve cada más desesperada. Algunos –entre ellos niños y niñas enfermos que, sin tratamiento, podrían morir– son simplemente incapaces de sobrevivir en la región. No cabe limitarse ya a prestar sólo ayuda humanitaria; en estos momentos los gobiernos pudientes tienen que ofrecerse a sacar de tan difícil situación al cinco por ciento de la población refugiada de aquí al final de 2015”, ha señalado Justin Forsyth, director ejecutivo de Save the Children.

 “Estamos ante una de las peores crisis de refugiados sufridas desde la II Guerra Mundial, y ha desplazado a millones de civiles, en su mayoría mujeres, niñas y niños –ha explicado Mark Goldring, director ejecutivo de Oxfam Gran Bretaña–. Confiamos en los gobiernos reunidos en Ginebra para que se proceda rápidamente a demostrar la solidaridad internacional que tan desesperadamente se necesita para transformar la vida de los refugiados más vulnerables.”

Aunque el cinco por ciento no es más que una pequeña parte de número total del refugiados, supondría dar esperanzas de seguridad y un futuro mejor al menos a 180.000 personas de aquí al final de año próximo, entre ellas supervivientes de tortura, personas con necesidades médicas importantes, niños y niñas y mujeres en situación de riesgo, identificadas por la Agencia de la ONU para los refugiados. Aceptar para su reasentamiento o admisión humanitaria los casos de las personas más vulnerables supone también librar a los países vecinos de Siria de los costes a corto plazo de atenderlas, prestarles apoyo y protegerlas.

Con el desmoronamiento de la solidaridad internacional, los vecinos de Siria están aumentando ya las restricciones en sus fronteras. La población civil siria que, desesperada, intenta huir de la guerra, no puede hacerlo. Los países ricos tienen que comprometerse a aceptar más reasentamientos y, al mismo tiempo, aumentar el apoyo a la región para que las fronteras se mantengan abiertas”, ha afirmado el secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, Jan Egeland.

La coalición de ONG pide también a los Estados que no acostumbran a participar en el reasentamiento de refugiados, como muchos países del Golfo y Latinoamérica, que se sumen a los demás y ofrezcan también plazas de reasentamiento y admisión humanitaria.

Dada la magnitud de la crisis de refugiados, es hora de que la comunidad internacional en general intensifique considerablemente sus esfuerzos por compartir la responsabilidad con los vecinos de Siria en la región. Tenemos que ver hacer ofrecimientos mucho mayores a los países que hasta ahora sólo han hecho algunos más bien insignificantes o ninguno en absoluto”, ha dicho el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

Además de esto, aplicando métodos innovadores los gobiernos pueden hacer muchas otras cosas para ayudar los refugiados de Siria en 2015, como conceder permisos de trabajo y plazas universitarias, a la vez que les brindan plena protección conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.