Amnistía Internacional España

© Bulent Kilic / AFP / Getty Images. Cuando queda poco menos de una semana, un grupo de improbables aliados –entre los que se encuentran Australia, China, Egipto, India, Rusia, Pakistán y Reino Unido, entre otros– amenaza con echar por tierra el único esfuerzo mundial que hay en curso para proporcionar una acción concreta con la que hacer frente a la crisis mundial de refugiados que afecta a 20 millones de personas. Así lo ha advertido Amnistía Internacional hoy.Para final de julio, los Estados miembros de las Naciones Unidas reunidos en Nueva York tienen previsto finalizar el texto de un acuerdo para un pacto mundial sobre refugiados con el que hacer frente a la crisis actual y abordar emergencias similares en el futuro. En los próximos días, los Estados tendrán su última oportunidad de modificar sus posturas antes de que se cierre el documento final para su adopción en una cumbre de la ONU que se celebrará en septiembre.“Mientras se acaba el tiempo para finalizar lo que podría y debería ser un acuerdo que cambie la situación, es mucho lo que pende de un hilo. Millones de personas refugiadas de todo el mundo se encuentran en una situación desesperada; el 86 por ciento viven en países de ingresos medios o bajos, que a menudo no están equipados para recibirlas, mientras que muchos de los Estados más ricos del mundo son los que menos personas refugiadas acogen y menos contribuyen. Esta situación es intrínsecamente injusta”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“Ahora que está previsto que más de 150 jefes de Estado y de gobierno se reúnan en la ONU en septiembre para sentar los cimientos de un nuevo marco global con el que abordar esta crisis de refugiados, deberíamos encontrarnos en la antesala de un hito histórico. Sin embargo, lo que se avecina es posiblemente un vergonzoso fracaso histórico, en el que algunos Estados están dispuestos a sacrificar los derechos de las personas refugiadas por sus egoístas intereses nacionales.”“No obstante, aún hay tiempo de alejarse del precipicio. Junto con nuestros millones de simpatizantes en todo el mundo, en Amnistía Internacional haremos saber a nuestros dirigentes que no aceptaremos el fracaso.”Desde noviembre de 2015, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viene pidiendo un nuevo enfoque hacia los grandes movimientos de personas refugiadas y migrantes. En mayo de 2016, Ban Ki-moon formuló a la Asamblea General varias propuestas, entre ellas la de acordar unos pactos internacionales sobre refugiados y migrantes. La semana que viene se firmará un plan final antes de proceder a su adopción el 19 de septiembre, en la primera cumbre de alto nivel sobre refugiados y migrantes jamás celebrada en la Asamblea General de la ONU, una cumbre que se ha calificado de “oportunidad histórica de elaborar un modelo a seguir para lograr una mejor respuesta internacional”.Una piedra angular del nuevo acuerdo es el reparto internacional de responsabilidades: ningún país debería tener que asumir más de lo que en justicia le corresponde, y todos los Estados deberían reconocer su responsabilidad común, legalmente vinculante, de hacer realidad los derechos humanos de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la guerra o la persecución. Sin embargo, en lugar de compartir la responsabilidad, muchos Estados siguen permitiéndose eludirla, en una postura corta de miras y, en última instancia, contraproducente.Amnistía Internacional ha propuesto un plan de cinco puntos para que los Estados miembros de la ONU compartan la responsabilidad de acoger y ayudar equitativamente a las personas refugiadas, de acuerdo con su PIB, su índice de desempleo y otros criterios objetivos.Sin embargo, los gobiernos parecen estar a punto de rechazar los objetivos de reparto de responsabilidades que se plantearán en la cumbre, por una diversidad de motivos. Incluso la frase “compartir la responsabilidad” corre peligro. Y el pacto sobre los refugiados se pospondrá dos años porque algunos Estados insisten en equipararlo de manera absoluta con un pacto sobre la migración.Todas estas excusas se reducen a una falta de voluntad política: la disposición a tolerar el sufrimiento totalmente evitable de millones de personas, a seguir levantando vallas y a continuar con sus asuntos como si no pasara nada.“El tiempo de actuar como si no pasara nada ya ha terminado. Puesto que los países ricos no hacen casi nada por acoger y ayudar a las personas refugiadas, ha llegado el momento de la idea del reparto de responsabilidades como base de un pacto mundial. Los países ricos e influyentes deben dejar de poner excusas y arrimar el hombro”, ha manifestado Salil Shetty.“La comunidad internacional se ha unido en el pasado para responder a las crisis de refugiados, y la UE ha acordado recientemente soluciones para problemas mundiales igual de amplios. Un mecanismo concreto de reparto de responsabilidades podría salvar a millones de personas de la miseria, la muerte en el mar o la enfermedad, al proporcionar a las personas refugiadas rutas auténticas, seguras y legales para huir de la guerra y la persecución.”Información complementariaLa declaración política cuya aprobación está prevista para septiembre y el pacto mundial sobre responsabilidad compartida respecto a las personas refugiadas que le seguiría en 2018 no sustituirían al marco existente de protección, consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo que la acompaña, de 1967. Al contrario, su finalidad sería aprovechar estas normas para crear un sistema duradero con el que hacer frente tanto a los flujos prolongados de refugiados como a las oleadas periódicas.Amnistía Internacional lleva mucho tiempo captando apoyos en todo el mundo para mejorar el reparto de responsabilidades respecto a hacer realidad los derechos de las personas refugiadas, y en septiembre lanzará una campaña global pionera sobre la crisis de refugiados.La membresía y los simpatizantes de la organización en todo el mundo seguirán captando apoyos ante sus gobiernos para apoyar un reparto de responsabilidades auténtico y genuino que brinde a las personas refugiadas una oportunidad real de comenzar una nueva vida con seguridad y dignidad.


Amira huyó de su país, Libia, por las amenazas que recibía como defensora de los derechos de las mujeres. En 2014 pidió asilo en España y, dos años después, sigue esperando una respuesta de las autoridades. “Necesito sentir que no soy un número”, dice Amira (nombre ficticio), que huyó de su país, Libia, por las amenazas que recibía como defensora de los derechos de las mujeres y, en particular, por sus críticas a la Ley Islámica (Shari’a). Amenazas como “Te escupo a ti y a la mujer que te crió, infiel, enemiga de Dios. Te espera la muerte” la obligaron a solicitar asilo en España en 2014. Hoy Amira sigue esperando una respuesta por parte de las autoridades españolas. “Después de dos años, mi solicitud de asilo sigue pendiente. Siento que estoy perdiendo la esperanza, mis sueños, mi vida… A veces, hasta me planteo por qué sigo viva”, asegura con amargura.
Amnistía Internacional muestra su profunda preocupación por este caso y denuncia el bloqueo de expedientes de solicitud de asilo de algunas nacionalidades por parte de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Dirección General de Política Interior. Según la ley, la administración tiene un plazo de seis meses para resolver el expediente; de no ser así, pasado ese momento debe informar de las causas. Sin embargo, Amira lleva dos años esperando una respuesta por parte de las autoridades.
Además, desde Amnistía Internacional existe una gran inquietud por un grupo de personas marroquíes atrapadas en Melilla que, pese a haber solicitado asilo por motivos de orientación sexual, llevan entre seis y ocho meses esperando su traslado a la península, lo que supone un agravio comparativo respecto a otras nacionalidades y contraviene los acuerdos internacionales. España ya ha recibido diferentes llamadas de atención de diversos organismos internacionales por este hecho.
“Lamentablemente, el de Amira no es un caso aislado, sino un ejemplo de las políticas que en materia de asilo y refugio se están llevando a cabo en España y que dificultan o niegan el derecho a la protección internacional. Personas procedentes de países como Libia, Mali o Ucrania, pueden ver su petición de asilo paralizada como ha sucedido en el caso de Amira, mientras las autoridades esperan a que la situación de derechos humanos mejore en sus países de origen”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que también recuerda a las personas marroquíes solicitantes de asilo que todavía están esperando su traslado a la península desde Melilla, “lo que podría estar relacionado directamente con su nacionalidad”.
A mediados de 2014, enfrentamientos entre milicias rivales y grupos armados en Libia desembocaron en un grave conflicto durante el que se han cometido graves violaciones de derechos humanos. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya alertó entonces de la situación de vulnerabilidad de las mujeres activistas en Libia, quienes, como Amira, son a menudo acosadas para que renuncien a sus funciones públicas en el país.
Actualmente, la situación en Libia no ha mejorado. La presencia de milicias armadas de corte islamista en una sociedad profundamente conservadora y religiosa incrementa el riesgo de que mujeres como Amira, que no acatan las normas sociales o cuestionan los estereotipos de género, sufran violaciones de derechos humanos; el sistema judicial apenas funciona; casi 2,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, como agua potable, saneamiento y alimentación; muchos hospitales y clínicas están cerrados, dañados o son inaccesibles debido a los combates; aproximadamente el 20% de los niños y niñas no pueden ir al colegio y, además, las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en el país sufren toda clase de abusos y violaciones de derechos humanos.

Dos años sin respuestas
Cuando llegó a España, en abril de 2014, a Amira le asignaron una plaza en un centro de una organización no gubernamental en Alicante, donde pasó seis meses. “Nadie me dijo que pudiera tener otro tipo de ayudas al salir del centro. Pedí que me dejaran quedarme más, pero me dijeron que no, que era la ley”, asegura. Cuando se fue, recibió una cantidad única de 340 euros en concepto de “ayuda de salida”. No tenía trabajo ni medio de subsistencia.
Amnistía Internacional denunció recientemente esta situación en su informe “El asilo en España: un sistema poco acogedor”, que refleja un sistema discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a la indigencia a medio plazo.
Amira hoy ha conseguido salir adelante en España, pero continúa sufriendo la indiferencia de las autoridades, que le niegan una respuesta sobre la protección internacional a la que tiene derecho. “Ya he ido cinco veces a la comisaría a renovar mi tarjeta y cada vez que voy siento la misma decepción. Después de dos años así, me pregunto por qué mi caso continúa pendiente sin haber recibido ninguna explicación”, señala.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción online dirigida a la Oficina de Refugio y Asilo para solicitar que Amira y todas las personas solicitantes de asilo tienen acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes.


Un policía turco patrulla las calles de Estambul mientras partidarios del Gobierno se concentran en el icónico puente del Bósforo el pasado jueves 21 de julio. © GTRESONLINE La imposición del estado de excepción anunciada por el presidente Erdogan no debe preparar el terreno para una reducción de los derechos humanos ni servir de pretexto para suprimir aún más libertad de expresión y las salvaguardias contra la detención arbitraria y la tortura, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Tras una reunión que mantuvieron el Consejo de Seguridad Nacional y el Gobierno turco el miércoles por la noche, el presidente Erdogan anunció que se iba a imponer el estado de excepción durante al menos tres meses.  “Con la situación de violencia generada a raíz del intento de golpe de Estado, es comprensible que se tomen medidas que den prioridad a la seguridad pública. Pero las medidas de excepción deben respetar las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del derecho internacional, no deben eliminar libertades y salvaguardias de los derechos humanos que ha costado mucho ganar y no deben acabar aplicándose de forma permanente”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.
“En una situación donde casi 10.000 personas se encuentran detenidas en la actualidad, en medio de denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia, y donde se está llevando a cabo una purga en los ministerios del Estado y los medios de comunicación, los amplios poderes que confiere el estado de excepción podrían preparar el terreno a una reducción aún mayor de los derechos humanos", afirma Andrew Gardner. A modo de estremecedor preludio de lo que está por venir, el viceprimer ministro ha anunciado hoy que, durante el tiempo que se mantenga el estado de excepción, el Gobierno suspenderá el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El estado de excepción confiere al primer ministro y a su Gobierno atribuciones para eludir el Parlamento y gobernar por decreto. Amnistía Internacional teme que la medida sirva a las autoridades como pretexto para aumentar la duración de la detención preventiva sin cargos, que actualmente es de cuatro días. En las actuales circunstancias, tal aumento podría menoscabar aún más las salvaguardias contra los malos tratos, así como el derecho a un juicio justo. Las medidas de excepción podrían utilizarse también para imponer restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y de reunión pacífica y para negar a los empleados públicos su derecho a recurrir contra las suspensiones y despidos. De acuerdo con el derecho internacional, las medidas de excepción deben ser necesarias y proporcionadas en magnitud y duración y utilizarse sólo para responder a amenazas reales a la seguridad de la nación. Un aspecto decisivo es que deben vigilarse atentamente, ser temporales y aplicarse con sensatez, es decir, sólo cuando sean absolutamente necesarias.  “Es esencial que el Gobierno turco no utilice el estado de excepción como pretexto para reprimir con mayor severidad aún la disidencia pacífica. Incluso durante los estados de excepción, la Constitución de Turquía garantiza el cumplimiento de las obligaciones del país con arreglo al derecho internacional”, ha añadido Andrew Gardner.
“De acuerdo con el derecho internacional, hay ciertos derechos, como el derecho a un juicio justo y las prohibiciones de la tortura y la discriminación, que no pueden jamás suspenderse ni limitarse de ningún modo".
“El Gobierno ha hecho uso indebido de la legislación vigente y el estado de excepción le da mayor capacidad para continuar por este peligroso camino".
Información complementaria
El Gobierno ha emprendido una campaña de represión de proporciones excepcionales dirigida contra personas supuestamente vinculadas a Fethullah Gülen, a quien acusa de ser el cerebro de la trama golpista. Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades estén actuando de manera arbitraria, al detener y suspender de sus funciones a muchas personas sin pruebas de que hayan hecho algo indebido. Desde el intento de golpe de Estado han sido suspendidos 2.745 jueces y fiscales, según Habertürk, importante canal de noticias de televisión turco afín al Gobierno. De acuerdo con el viceprimer ministro Numan Kurtulmuş, han sido detenidos 2.277 jueces y fiscales, de los que 1.270 están recluidos en la espera de juicio y 730 se encuentran en detención preventiva sin cargos. El 19 de julio, el Ministerio de Educación informó de que que habían sido suspendidos 15.200 empleados suyos y estaban siendo investigados por vínculos con Fethullah Gülen. Según el periódico afín al Gobierno Sabah, el 19 de julio el Consejo de Educación Superior (YÖK) pidió a 1.577 decanos de universidad que dimitieran. De ellos, 195 han presentado ya su dimisión. Todos los decanos serán investigados por vinculación con Fethullah Gülen, según Habertürk. De acuerdo con la agencia semioficial de noticias turca Anadolu, el Gobierno ha iniciado el proceso de cierre de 524 colegios privados y otras 102 instituciones subordinadas al Ministerio de Educación por presunta vinculación con Fethullah Gülen. Asimismo, el Ministerio de Educación ha suspendido hasta nueva orden el derecho de los profesores universitarios a realizar investigaciones en el extranjero y ha pedido a los que están trabajando actualmente fuera del país que regresen. Las autoridades han bloqueado arbitrariamente el acceso a más de 20 sitios web de noticias, han retirado la licencia a 25 empresas de medios de comunicación del país, han anulado las credenciales de prensa a 34 periodistas y han dictado al menos una orden de detención contra una periodista por informar del intento de golpe. Esta mañana ha sido detenido en Estambul y llevado a la jefatura de policía de la ciudad el respetado abogado de derechos humanos y periodista Orhan Kemal Cengiz.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/turquia-la-purga-de-los-medios-de-comunicacion-amenaza-la-libertad-de-expresion/

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/turquia-derechos-humanos-en-grave-peligro-tras-el-golpe-de-estado-y-la-campana-represiva-posterio/

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/turquia-deben-respetarse-los-derechos-tras-el-fallido-golpe-de-estado/


©AFP/Getty Images Los ataques aéreos del Ejército Nacional Libio ponen en peligro la vida de decenas de personas cautivas en Bengasi, ha manifestado Amnistía Internacional.La organización ha hecho sonar la alarma tras publicarse un nuevo vídeo donde aparecen tres hombres que se encontraban entre las alrededor de 130 personas que el grupo armado Ansar Al Sharia se llevó secuestradas de una prisión militar de Bengasi en octubre de 2014. En el vídeo, donde se los ve por primera vez desde su secuestro, los hombres piden el fin de los ataques aéreos, que han herido a varias personas, afirman, y ponen en peligro muchas vidas.“Decenas de personas que fueron secuestradas y están cautivas en Bengasi se hayan atrapadas en medio de los ataques sin posibilidad de huir. Efectuar ataques aéreos haciendo caso omiso de su presencia viola el derecho internacional humanitario. Las fuerzas que llevan a cabo los ataques deben tomar todas las precauciones posibles para evitar o, al menos, minimizar los daños a personas que no participan directamente en los combates”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta interina del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.El vídeo lo ha producido la Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi, coalición de milicias y grupos armados entre los que figura Ansar Al Sharia, posiblemente con el fin de proteger a sus combatientes de los ataques. Tal conducta viola el derecho internacional humanitario y puede constituir un crimen de guerra.“Ninguna persona debe ser recluida para utilizarla como rehén o como escudo humano. Incluso si Ansar al Sharia no estuviera utilizando a los cautivos como escudos humanos intencionalmente, no por ello estaría el Ejercito Nacional Libio eximido de su obligación de tener en cuenta su presencia y abstenerse de efectuar ataques desproporcionados o indiscriminados, que pueden constituir crímenes de guerra”, ha explicado Magdalena Mughrabi.Se ha identificado a los tres hombres del vídeo, que son Mousa Abduljawad al Badri, Mohammed Abdallah Atbaiga y Omar Mohamed Ishkal. Los familiares de los dos últimos han dicho que el único contacto que han tenido con ellos desde su secuestro han sido unas cuantas llamadas de teléfono muy breves, de sólo un par de minutos, y vigiladas. Los familiares de Mohamed Abdallah Atbaiga afirman que llevaban ocho meses sin saber nada de él, hasta que lo han visto en el vídeo.Aunque les consuela saber que los cautivos están todavía vivos, sus familiares han dicho a Amnistía Internacional que temen desesperadamente por su vida, dados los combates que están teniendo lugar en partes de Bengasi entre la Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi y el Ejército Nacional Libio, dirigido por el general Khalifa Haftar.“Lo único que pedimos es un paso seguro para ellos. Es una llamada de humanidad a la comunidad internacional. Desde la detención [de mi hermano], nuestra vida está paralizada, destrozada. Mi padre es anciano y no puede con más”, ha afirmado el hermano de Mohammed Abdallah Atbaiga, rogando que se libere a éste de su secuestro y se le permita salir de allí.El Ejército Nacional Libio esta llevando a cabo reiterados ataques aéreos contra zonas de Bengasi bajo el control de la Asamblea consultiva de Revolucionarios de Bengasi, entre ellas Ganfouda.Los hombres del vídeo explican que, tras un ataque aéreo efectuado hace unos meses y en el que varios de los secuestrados resultaron heridos, los llevaron a otra zona. También dicen que a principios de julio sobrevivieron por muy poco a otro ataque aéreo en la nueva zona. Los activistas consultados creen que recientemente sacaron a los hombres del distrito de Guwarsha de Bengasi y los llevaron a la zona residencial de Ganfouda, en el suroeste de la ciudad, donde calculan que hay más de 400 familias, algunas extranjeras, que no pueden satisfacer necesidades básicas como la comida y la atención médica pero no pueden salir de allí debido a los combates. También se ha dicho que los hombres secuestrados fueron liberados, pero siguen atrapados en Ganfouda. Amnistía Internacional no ha podido verificar esta información, pero lo importante es que estos hombres estén protegidos y puedan salir con seguridad de la zona si lo desean.En las últimas semanas, el Ejército Nacional Libio ha distribuido folletos donde se advierte a la población civil de que abandone el distrito de Ganfouda, que está controlado por Ansar al Sharia, en el plazo de 48 horas, prometiendo proporcionar vías de salida seguras, por lo que las familias temen que haya nuevos ataques.“Las personas cautivas no tienen posibilidad de huir de una zona donde corren el riesgo de sufrir ataques aéreos mortales. Ansar al Sharia y los demás grupos armados deben dejar en libertad a todos los civiles que tengan cautivos y no impedir a la población civil huir a zonas más seguras. Los combatientes capturados deben recibir un trato humano y no ser utilizados como rehenes ni como escudos humanos”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.Amnistía Internacional informó de se que había denunciado el secuestro de unos 150 reclusos en la prisión militar de Bouhdima en 2014. La mayoría estaban acusados de ser soldados o voluntarios partidarios de Gadafi y se hallaban recluidos sin cargos ni juicio desde el final de 2011. Desde entonces, los activistas consultados han dicho a Amnistía Internacional que el número real de reclusos secuestrados es de cerca de 130.La organización visitó la prisión militar de Bouhdima en 2012 y estuvo también con un grupo de detenidos en abril de 2013, tras su traslado temporal a la prisión militar de Kuwafiah de Bengasi. En ese momento, el fiscal militar autorizó la puesta en libertad de muchos de ellos por falta de pruebas, pero continuaron recluidos debido a la presión de las milicias y las familias de las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos con el coronel Gadafi.La Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi ha publicado en los últimos meses otros vídeos de civiles, incluidos niños y ciudadanos extranjeros, pidiendo también que se ponga fin a los ataques aéreos en las zonas de la ciudad bajo su control.Información complementariaAlgunas partes de Bengasi han quedado reducidas a escombros tras lanzar las fuerzas leales al Ejército Nacional Libio, dirigido por el general Khalifa Haftar, una ofensiva militar contra la coalición de milicias y grupos armados conocida como Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi en 2014. Al cabo de dos años, los combates continúan, si bien ahora están restringidos en su mayor parte a zonas del oeste de Bengasi.Las fuerzas de todos los bandos han cometido abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. Han llevado a cabo cientos de secuestros, tomado rehenes, torturado, maltratado y ejecutado sumariamente a detenidos y lanzado ataques indiscriminados contra zonas residenciales.


Soldados ucranianos detienen a un grupo de hombres en un emplazamiento prorruso en junio de 2014. © REUTERS/Osman Karimov/Po Tanto las autoridades gubernamentales ucranianas como los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania están sometiendo a civiles a detención arbitraria y prolongada, y a veces secreta, y los están torturando; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un informe conjunto que han publicado hoy.
El informe ‘You Don’t Exist’. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances and Torture in Eastern Ukraine está basado en entrevistas con 40 víctimas de abusos, miembros de sus familias, testigos, representantes letrados de víctimas y otras fuentes. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan en su informe nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de las autoridades ucranianas –en lugares de detención no oficiales, entre ellos varios casos de desaparición forzada– y nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de los separatistas respaldados por Rusia. La mayoría de los casos descritos con detalle en el informe son de 2015 y el primer semestre de 2016.
“Las personas que están siendo secuestradas y escondidas en el este de Ucrania por los bandos enfrentados están a merced de sus captores”, ha afirmado Tanya Lokshina, directora general de investigación de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “En ningún caso es legal ni está justificado secuestrar a personas en la calle, privarlas de todo contacto con familiares y abogados y someterlas a golpes y otros abusos".
“La tortura y la detención secreta no son prácticas tradicionales en Ucrania; tampoco desconocidas. Están teniendo lugar ahora mismo, en ambos lados del conflicto”, ha afirmado Denis Krivosheev, director de Investigación de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central. “Los países que ofrecen apoyo –a uno u otro bando– lo saben muy bien. No deben seguir cerrando los ojos ante estos abusos abominables".
Desapariciones forzadas, tortura
Las autoridades ucranianas y los grupos paramilitares afines a Kiev han detenido a civiles sospechosos de apoyar a los separatistas prorrusos o actuar junto a ellos, mientras que las fuerzas separatistas han detenido a civiles que presuntamente apoyaban al Gobierno ucraniano o espiaban para él, según las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En el caso particular de “Vadim”, de 39 años, primero fue detenido y torturado por un bando y, más tarde, por el otro. En abril de 2015, hombres armados lo secuestraron en un puesto de control atendido por las fuerzas ucranianas, le metieron la cabeza dentro de una bolsa y lo interrogaron sobre sus presuntas conexiones con separatistas apoyados por Rusia. Vadim pasó más de seis semanas en cautividad, la mayor parte del tiempo en un centro que, al parecer, estaba dirigido por personal del Servicio de Seguridad de Ucrania. Sus interrogadores lo torturaron con descargas eléctricas, lo quemaron con cigarrillos y lo golpearon, reclamándole que confesara que trabajaba para los separatistas apoyados por Rusia.
Cuando finalmente fue liberado, Vadim regresó a Donetsk e inmediatamente fue detenido por las autoridades locales de facto, que sospechaban que había sido reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano durante su cautividad. Estuvo más de dos meses detenido en régimen de incomunicación en una cárcel no oficial en el centro de Donetsk, donde también fue golpeado y sometido a otros malos tratos por sus captores.
Torturar a detenidos está siempre prohibido y es siempre un delito, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Tanto las autoridades ucranianas como las autoridades separatistas de facto deben garantizar que todas las fuerzas bajo su control son bien conscientes de esto y afirmar inequívocamente que no se tolerarán los malos tratos a detenidos.
En algunos casos, las detenciones fueron equivalentes a desaparición forzada porque las autoridades negaron tener conocimiento de la detención de la persona o se negaron a facilitar a la familia información sobre su suerte o paradero. La mayoría de las personas detenidas sufrieron tortura u otros malos tratos. Se privó de asistencia médica a varias que resultaron heridas bajo custodia.
En prácticamente todos los casos de los 18 investigados, la liberación de los civiles detenidos fue objeto de negociación en algún momento por parte del bando que los tenía bajo su custodia en el contexto de canjes de prisioneros. Esto da pie a temer seriamente que ambos bandos estén deteniendo a civiles para tener “moneda de cambio” en caso de hacer intercambios de prisioneros, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Tales detenciones constituirían toma de rehenes, que es un crimen de guerra.
Centros de detención secreta del Servicio de Seguridad ucraniano
En tres de los casos de desaparición forzada en territorio controlado por el Gobierno, las víctimas dijeron que el Servicio de Seguridad ucraniano las había mantenido en detención no reconocida durante periodos que variaban entre seis semanas y 15 meses. Una persona fue liberada en un canje de prisioneros y las otras dos finalmente quedaron en libertad sin juicio.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch concluyeron que había habido personas en detención no reconocida e ilegítima en los centros del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov, Kramatorsk, Izium y Mariúpol. En un informe de la ONU publicado en junio de 2016 se señalaba también el complejo del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov como presunto lugar de detención no oficial.
Múltiples fuentes, incluidos detenidos recientemente liberados, han informado a Amnistía Internacional y Human Rights Watch de que al menos 16 personas podrían continuar en detención secreta en el centro del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov. En una carta dirigida a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Servicio de Seguridad ucraniano aseguró que no dirigía otro centro de detención que su único centro oficial de detención provisional en Kiev y negó tener información relativa a los presuntos abusos del Servicio de Seguridad ucraniano documentados por los grupos de derechos humanos.
“Las acusaciones de detención secreta contra Ucrania son convincentes y graves y merecen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. El Gobierno ucraniano debe reconocer la verdad y los países que brindan apoyo internacional deben ser directos en sus llamamientos al fin de estas prácticas”, ha afirmado Krivosheev, de Amnistía Internacional.
Detención arbitraria en zonas controladas por los separatistas apoyados por Rusia
En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, las fuerzas de seguridad locales, que actúan sin medida ni control, han detenido arbitrariamente a civiles y, en algunos casos, los han torturado. Residentes de Donetsk y Luhansk describieron a sus respectivos Ministerios de Seguridad del Estado como los organismos más poderosos y temidos de las autoproclamadas repúblicas.
“Debido a que no existe el Estado de derecho en las zonas controladas por los separatistas, las personas detenidas se han visto privadas de sus derechos y básicamente indefensas”, ha afirmado Lokshina, de Human Rights Watch.
Las personas privadas de libertad por ambos bandos enfrentados en el este de Ucrania están protegidas por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben inequívocamente la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Las normas internacionales disponen que se investiguen las denuncias de tortura y otros malos tratos y que, si las pruebas lo permiten, se procese a los responsables. Debe proporcionarse adecuadamente agua, alimentos, ropa, alojamiento y asistencia médica a las personas detenidas.
El Gobierno ucraniano y las autoridades de facto de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk deben poner fin de inmediato a las desapariciones forzadas y a la detención arbitraria en régimen de incomunicación, y debe adoptar políticas de tolerancia cero para acabar con la tortura y los malos tratos. Todas las partes del conflicto han de garantizar que todas las fuerzas bajo su control conocen las consecuencias de someter a las personas detenidas a abusos según el derecho internacional, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.


Mientras continúa la represión generalizada en Turquía tras el fallido golpe de Estado, Amnistía Internacional teme que se estén ampliando las purgas para censurar medios de comunicación y periodistas, especialmente los que critican la política del gobierno.“Estamos presenciando en este momento una represión de proporciones excepcionales en Turquía. Aunque es comprensible y legítimo que desee investigar y castigar a los responsables de este sangriento intento de golpe de Estado, el gobierno debe respetar el Estado de derecho y la libertad de expresión”, afirmó Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.“La ciudadanía turca aún no se ha recuperado de los estremecedores sucesos del fin de semana y es vital que se protejan y no se repriman la libertad de prensa y la difusión sin restricciones de la información.”Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que las autoridades han bloqueado arbitrariamente el acceso a más de 20 sitios web de noticias en los días siguientes al intento de golpe. Ayer se informó ampliamente de que el gobierno había revocado las licencias de 25 medios de comunicación del país. Además, se ha cancelado la tarjeta de prensa a 34 periodistas y se ha dictado al menos una orden de detención contra una periodista por su cobertura del intento de golpe.Amnistía Internacional pide a las autoridades de Turquía que respeten los derechos humanos y no restrinjan arbitrariamente la libertad de expresión.
Más información sobre la situación en Turquía: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/turquia-derechos-humanos-en-grave-peligro-tras-el-golpe-de-estado-y-la-campana-represiva-posterio/


© GETTYIMAGES Las autoridades de Pakistán deben poner fin a la impunidad por los homicidios cometidos en nombre del “honor” y otros actos de violencia contra las mujeres, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
“El trágico homicidio de Qandeel Baloch a manos de su hermano ha puesto de relieve la necesidad de medidas urgentes para proteger a mujeres y hombres de crímenes que se justifican como defensa del honor de la familia.”
Amnistía Internacional celebra la decisión de las autoridades de Punjab de registrar el asesinato de Qandeel Baloch como crimen contra el Estado y negar a su familia el derecho legal a perdonar a su hijo.
“Esto debe convertirse en la norma y no ser la excepción. Pakistán debe emprender reformas estructurales que pongan fin a la impunidad por los homicidios cometidos en nombre del “honor”, lo que incluye aprobar leyes que eliminen la opción del perdón por estos homicidios sin recurso a la pena de muerte como castigo”, afirmó Champa Patel.
El hermano de Qandeel Baloch ha confesado que mató a su hermana estrangulándola mientras dormía el 15 de julio, lo que ha desencadenado indignación en todo el mundo.
En virtud de las leyes vigentes en Pakistán, la familia de una víctima de asesinato puede perdonar al perpetrador, lo que incluye el pago de una indemnización conocida como “diyat” o “dinero de sangre”. En casos de homicidio en nombre del “honor” en los que los responsables del crimen son miembros de la propia familia de la víctima, el perpetrador podría ser perdonado por su propia familia y no ser encarcelado ni ser sometido a ningún otro castigo.
“Al no hacer rendir cuentas a los perpetradores de homicidios cometidos en nombre del ‘honor’ por sus crímenes, el Estado paquistaní ha estado incumpliendo su deber hacia las víctimas y permitiendo que reine un clima de impunidad. Esto deja a muchos miles de personas —en su mayoría mujeres y niñas— de toda condición y de todo el país en riesgo de ser víctimas de estos crímenes”, dijo Champa Patel.
Según el último informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, el año pasado fueron asesinadas casi 1.100 mujeres en el país a manos de familiares suyos por motivos de “honor”. En 2014 la cifra fue de 1.000 y en 2013, de 869.
En virtud del derecho internacional, la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el “honor” no pueden considerarse nunca una justificación para ningún acto de violencia contra las mujeres.
“No hay ningún honor en matar a una mujer, en ninguna circunstancia. El Estado debe respetar y proteger el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, para que éstas puedan tomar sus propias decisiones sobre su vida sin temor al castigo o a la violencia”, dijo Champa Patel.Información complementaria
El Parlamento paquistaní debate actualmente un proyecto de ley que, de ser aprobado, eliminaría la opción del perdón por los homicidios cometidos en nombre del “honor”. Al mismo tiempo que pide que se ponga fin a la impunidad por estos crímenes, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte como posible castigo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


AFP/Getty Images Los derechos humanos corren peligro en Turquía tras el sangriento golpe de Estado perpetrado el viernes, 15 de julio, que se saldó con la muerte de al menos 208 personas y casi 8.000 detenciones, ha dicho hoy Amnistía Internacional.Varias autoridades gubernamentales han propuesto restablecer la pena capital para castigar a los autores del fallido golpe de Estado. Amnistía Internacional está investigando informes según los cuales personas detenidas en Ankara y Estambul han sufrido una serie de abusos, incluidos malos tratos bajo custodia y privación de acceso a un abogado.
Es más importante que nunca que el gobierno turco respete los derechos humanos y el Estado de derecho como no lo hicieron los golpistas.
John Dalhuisen
“El gran número de detenciones y suspensiones desde el viernes es alarmante y estamos siguiendo la situación muy de cerca. El intento golpista desencadenó una oleada de violencia terrible y los responsables de homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia, pero reprimir la disidencia y amenazar con restablecer la pena de muerte no es justicia”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.“Pedimos a las autoridades turcas que muestren contención y respeto al Estado de derecho a la hora de realizar las investigaciones necesarias, y que sometan a todas las personas detenidas a un juicio con las debidas garantías y pongan en libertad a todas aquellas contras las cuales no tengan pruebas concretas de su participación en actos delictivos. Lo último que necesita Turquía es un retroceso en los derechos humanos.”Aunque los datos exactos no están claros, las autoridades turcas han informado de que 208 personas perdieron la vida y más de 1.400 resultaron heridas en Estambul y Ankara la noche del viernes, cuando una facción del ejército intentó hacerse con el poder, asaltando emisoras de televisión y disparando contra la sede del Parlamento y edificios presidenciales. Entre los fallecidos había 24 personas que las autoridades calificaban de “golpistas”; varias de ellas, según informes, fueron linchadas cuando estaban desarmadas e intentando rendirse. También se dio muerte a civiles que habían salido a la calle respondiendo a un llamamiento del presidente Tayyip Erdogan a la protesta, enfrentándose a tanques y helicópteros.En los días siguientes al intento golpista, el gobierno turco ha realizado intensas purgas en el seno del ejército, el poder judicial y las ramas civiles del Ministerio del Interior: se ha detenido a 7.543 “golpistas”, de los que 318 están en prisión preventiva. Han sido suspendidos del servicio 7.000 policías y apartados de sus cargos 2.700 jueces y fiscales, es decir, casi una quinta parte del poder judicial. Un total de 450 miembros de la judicatura han sido detenidos.Las declaraciones del presidente y otras autoridades del gobierno sobre la imposición de la pena de muerte con carácter retroactivo a los responsables del intento golpista son motivo de grave preocupación, ya que hacerlo supondría una violación de los convenios de derechos humanos en los que Turquía es Estado Parte, y de las protecciones contenidas en la Constitución turca.“Las detenciones y suspensiones masivas son sumamente preocupantes en un contexto de creciente intolerancia de la disidencia pacífica por parte del gobierno turco, y existe el riesgo de que estas medidas represivas se extiendan a periodistas y activistas de la sociedad civil. En meses recientes se ha actuado frecuentemente contra activistas políticos, periodistas y otras personas que han criticado a autoridades públicas o políticas del gobierno, y se han secuestrado medios de comunicación.


LAWILINK/Amnesty International Las autoridades deben investigar el ataque atroz perpetrado el sábado contra una mujer con albinismo y llevar ante la justicia a los presuntos autores del delito; así se ha manifestado hoy Amnistía Internacional a raíz del último de estos ataques.Según información publicada en medios de comunicación, unos hombres sin identificar atacaron a una mujer de 51 años en el distrito de Chitipa, en la región del norte, la madrugada del 16 de julio de 2016, cuando irrumpieron violentamente en su domicilio y le amputaron la mano derecha con un machete.

En Malawi, las personas con albinismo corren riesgo permanente de sufrir ataques violentos debido a la inacción de las autoridades
Muleya Mwananyanda
“El mes pasado, las autoridades malauíes aseguraron a Amnistía Internacional que están redoblando sus esfuerzos para prevenir y castigar estos ataques basados en la superstición. Es hora de pasar de las palabras a la acción y adoptar medidas eficaces para proteger a este grupo vulnerable", ha asegurado Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral.Información complementariaEl 7 de junio de 2016, Amnistía Internacional publicó el informe “No somos animales para cazar o vender”: Violencia y discriminación contra las personas con albinismo en Malawi sobre la persecución de las personas con albinismo en Malawi. El informe revelaba que se había observado un drástico aumento de los homicidios y secuestros de personas con albinismo desde noviembre de 2014.En el informe queda patente que las mujeres y los menores de edad con albinismo están especialmente expuestos al homicidio, y que en ocasiones son sus mismos familiares cercanos quienes actúan contra ellos.
Amnistía Internacional hace campaña contra la discriminación que sufren los albinos: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/malawi-albinismo-mar16/


El físico iraní, Omid Kokabee, preso de conciencia, encadenado a su cama del hospital en noviembre de 2015 © Private. Según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy, las autoridades iraníes están jugando cruelmente con la vida de los presos de conciencia y otros presos políticos, al negarles la debida atención médica, con grave riesgo de muerte y discapacidad permanente u otros daños irreversibles para su salud.
El informe, Health taken hostage: Cruel denial of medical care in Iran’s prisons (“Salud secuestrada: negación cruel de atención médica en las prisiones de Irán”) ofrece una terrible radiografía de la atención de la salud en las prisiones del país. Presenta convincentes indicios de que el poder judicial, en especial la Fiscalía, y las administraciones de las prisiones impiden deliberadamente el acceso a servicios médicos adecuados, siendo en muchos casos un acto intencionado de crueldad, que tiene por objeto intimidar, castigar o humillar a los presos políticos u obligarlos a hacer"confesiones" o declaraciones de "arrepentimiento".
“En Irán es habitual que la salud de los presos esté secuestrada por la autoridades, que hacen imprudentemente caso omiso de sus necesidades médicas. Negar atención médica a presos políticos es un acto cruel y absolutamente inexcusable”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El acceso de los presos a los servicios de salud es un derecho que recogen tanto el derecho internacional como la legislación iraní. Cuando privar a un preso de atención médica es causa de dolor o sufrimiento graves y se hace intencionalmente, con fines como castigarlo, intimidarlo u obtener de él una ‘confesión’ forzada, constituye tortura". 
En el informe se detallan 18 horribles casos de presos a los que se ha negado de algún modo atención médica y corren riesgo de sufrir daños que afecten de manera permanente a su salud.

Presos sometidos a una estremecedora variedad de abusos
El informe ofrece una imagen muy inquietante de la Fiscalía, a la que competen en Irán las decisiones relativas a permisos carcelarios por motivos médicos y traslados a hospitales. La Fiscalía suele negarse a autorizar los traslados de presos enfermos a hospitales, incluso si no pueden recibir en la prisión la atención que necesitan, así como a conceder permisos carcelarios a presos en estado crítico en contra de la opinión de los médicos.
Amnistía Internacional ha determinado en su investigación que, en algunos casos, los funcionarios de prisiones, violaron también el derecho de los presos a la salud o fueron responsables de tortura u otros malos tratos. En varios casos retiraron la medicación a presos políticos o les aplicaron innecesariamente instrumentos de inmovilización, como esposas y grilletes, que dificultaban su tratamiento médico, les producían lesiones en las manos y los pies o les causaban malestar y humillación.
Los presos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron también que los médicos de la prisión eran a veces cómplices de los abusos. Explicaron que algunos médicos restaban importancia sistemáticamente a sus problemas de salud o no les prestaban ninguna atención en absoluto, diciéndoles que eran "producto de su imaginación", y trataban dolencias graves con analgésicos y tranquilizantes.
El informe revela que las mujeres presas encuentran obstáculos adicionales para recibir atención médica, al menos en la prisión de Evin de Teherán, donde todos los miembros del personal médico y de enfermería son hombres. En varias ocasiones, se negaron a presas con problemas de salud pruebas médicas de urgencia u otros tratamientos por considerarse inapropiado que las atendiera personal médico masculino. Las presas sufrían también acoso e insultos de índole sexual por no cumplir la estricta normativa sobre el uso del velo.
“Las autoridades iraníes, en particular los fiscales, dan muestra de aterradora crueldad con su actitud hacia los presos enfermos. Están jugando con la vida de las personas, con devastadoras y duraderas consecuencias para su salud”, ha añadido Philip Luther.
“Las autoridad iraníes deben poner fin de inmediato a la negación de atención médica como forma de castigo o coacción y garantizar que todas las personas bajo custodia tienen acceso a servicios médicos adecuados sin discriminación".

Retirada del tratamiento para obtener “confesiones”
Zeynab Jalalian, kurda iraní que cumple cadena perpetua por su presunta pertenencia a un grupo de oposición kurdo, está expuesta a quedarse ciega, porque se le ha retirado el tratamiento. Su familia cree que sufrió lesiones porque sus interrogadores le golpearon reiteradamente la cabeza contra la pared, causándole una fractura de cráneo que le provocó una hemorragia cerebral y daños en la vista. Necesita ser operada con urgencia de los ojos, pero las autoridades se han negado reiteradamente a autorizar su traslado a un hospital. Agentes de los servicios de inteligencia le han dicho que antes tiene que hacer “confesiones”.
“Le dijeron que, si las hacía, no sólo le reducirían la condena, sino que también la llevarían al médico”, explicó su hermana, Deniz Jalalian, a Amnistía Internacional.
“Condicionar la atención médica a que se haga una declaración de ‘arrepentimiento’ o una ‘confesión’ no sólo es una forma vergonzosa de aprovecharse de la salud de la persona presa, sino que constituye también un claro incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos”, ha señalado Philip Luther.

Negación de atención médica especializada fuera de la prisión a su debido tiempo
El preso de conciencia Omid Kokabee, físico de 33 años, que cumple 10 años de condena por negarse a trabajar en proyectos militares en Irán, se quejó de problemas de riñón durante casi cinco años, pero las autoridades hicieron reiteradamente caso omiso de sus solicitudes de atención médica. En abril de 2016 le diagnosticaron un cáncer renal muy avanzado y tuvieron que operarlo de urgencia para extirparle el riñón derecho.
“Llevaba mucho tiempo esperando que lo trasladaran al hospital [...] pero las autoridades no accedían. Los médicos de la prisión jamás lo examinaron siquiera; se limitaban a prescribirle analgésicos”, contó un familiar suyo.
Una fotografía aparecida recientemente, que muestra a Omid Kokabee encadenado a la cama del hospital en una ocasión anterior en que fue hospitalizado en 2015, causó indignación en las redes sociales.
A Afshin Sohrabzadeh, preso político kurdo iraní, que cumple 25 años de condena, se le negó reiteradamente también el tratamiento médico especializado que necesitaba con urgencia a causa de un cáncer intestinal, que le provocaba frecuentes hemorragias gastrointestinales graves. Las autoridades condicionaron además su permiso médico al depósito de una suma abusiva como fianza.
“Si no puedes presentar una propiedad como fianza para tu permiso médico, no te preocupes. Mandaremos tu cadáver al depósito para que tu madre y tu padre vayan a buscarlo”, parece que le dijeron.
El 25 de junio de 2016 le concedieron por fin un permiso carcelario temporal por motivos médicos. Sin embargo, sigue sin poder pagar el tratamiento que necesita, porque las autoridades de los servicios de inteligencia le confiscaron sus documentos nacionales de identidad y no puede solicitar por ello atención médica subvencionada por el Estado.
Otro terrible caso es el de Afif Naimi, preso de conciencia que forma parte de un grupo de siete líderes de la comunidad bahaí de Irán encarcelados y cumple 10 años de condena. Padece un trastorno grave de coagulación de la sangre, para el que necesita atención médica especializada periódica, que no pueden prestarle en la prisión. La enfermedad puede ser mortal si no se trata. Los profesionales médicos han determinado varias veces que no está en condiciones de permanecer en prisión, pero a pesar de ello la Fiscalía se niega a dejarlo en libertad por motivos médicos. En la prisión ha sufrido hemorragias y pérdidas de conocimiento recurrentes, que han obligado a menudo a hospitalizarlo.

Huelgas de hambre
Muchos presos políticos con problemas de salud han considerado que no tenían más remedio que declararse en huelga de hambre para obligar a las autoridades a proporcionarles atención médica. Las autoridades suelen responder a tales huelgas con indiferencia, pero en algunos casos han acabado concediendo al preso un breve permiso médico, aunque luego lo han obligado a interrumpir su tratamiento, haciéndole volver a prisión al poco tiempo en contra de la opinión de los médicos.
En algunos casos se han tomado medidas punitivas contra los presos por ponerse en huelga de hambre. El preso de conciencia Alireza Rasouli, que cumple tres años y medio de condena, fue condenado a tres años más tras ser declarado culpable de delitos contra la seguridad como "difundir propaganda contra el sistema" por medios como iniciar huelgas de hambre. Padece una enfermedad ósea en la pierna, que, agravada por la falta de tratamiento,le causa dolor severo y restringe su capacidad de movimiento. Ahora necesita operarse con urgencia fuera de la prisión para prevenir daños potencialmente permanentes en las articulaciones.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que cumplan sus obligaciones internacionales y dejen de inmediato de negar a los presos el acceso a servicios médicos adecuados. Las autoridades deben investigar a los fiscales y a todos los demás funcionarios –incluido el personal médico– que puedan están implicados en casos de negación deliberada de atención médica a presos.