Amnistía Internacional España

Imagen de un manifestante durante las protestas del Euromaidan en diciembre de 2013. © Aleksandr Piliugun. Una tradición de impunidad profundamente arraigada, la falta de conocimientos especializados y, en algunos casos, la obstrucción deliberada, están negando la justicia a los cientos de víctimas de abusos policiales cometidos durante las protestas del Euromaidan en Ucrania, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre el primer aniversario de la protesta.
En Ukraine: A Year After Maydan, Justice Delayed, Justice Denied se detallan la ausencia sistemática de investigaciones sobre el uso ilegítimo de la fuerza por las fuerzas de seguridad de Ucrania durante las protestas del Euromaidan de Kiev y el hecho de que las autoridades no hayan impartido justicia para las víctimas.
“La deplorable falta de avances a la hora de hacer justicia a los asesinados, heridos y torturados pone de relieve una vez más los profundos defectos del sistema de justicia penal ucraniano”, declara John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“No abordar los abusos generalizados cometidos durante las protestas del Euromaidan podría afianzar una larga tradición de impunidad para la policía. Es necesario que se haga justicia, no sólo para los asesinados, sino también para las muchas personas más que sufrieron malos tratos.”
Lo que comenzó en noviembre de 2013 como una protesta pacífica contra la negativa del gobierno a firmar un acuerdo de asociación con la UE se convirtió en una protesta multitudinaria contra el propio gobierno en la que hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Según el Ministerio de Salud, murieron 105 personas como consecuencia de la protesta, entre ellas al menos 13 policías.
Amnistía Internacional documentó numerosos casos de uso ilegítimo de la fuerza, incluidos homicidios y torturas cometidos durante las manifestaciones. La organización ha transmitido en reiteradas ocasiones a las autoridades ucranianas los detalles de los casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza, pero no ha visto aún ningún progreso demostrable en ninguno de los casos que viene siguiendo.
Hasta la fecha, sólo dos oficiales de baja graduación han sido declarados culpables tras ser captados por una cámara mientras obligaban a un hombre a permanecer desnudo en temperaturas inferiores a cero grados y en público. Ambos fueron condenados a sendas penas condicionales de tres y dos años de prisión por “abuso de poder o de funciones públicas”. Varios policías más, también implicados en los malos tratos, no fueron procesados.
Homicidios y torturas
El primer manifestante que perdió la vida fue Serhiy Nihoyan, de 21 años, que recibió cuatro disparos, incluidos en la cabeza y el cuello, el 22 de enero de 2014. Se desconoce todavía la identidad de quien lo mató.
Muchos manifestantes fueron sometidos a torturas o malos tratos. Un hombre de 23 años fue golpeado y arrastrado de los labios hasta un vehículo policial y le rociaron gas lacrimógeno en los genitales antes de perder el conocimiento.
Una mujer de 51 años fue golpeada en la cara con una porra por un policía cuando miraba las protestas. Sufrió una fractura de cráneo y perdió la visión de un ojo.
Casi todas las víctimas con las que habló Amnistía Internacional dijeron que no habían sido entrevistadas como víctimas de delitos, aunque muchas sí habían sido entrevistadas inicialmente como presuntos perpetradores. Ninguna ha sido informada del progreso de las investigaciones muchos meses después de haber presentado sus denuncias.
Investigaciones demoradas y obstaculizadas
Tras la caída del presidente Yanukovych en febrero de 2014, el nuevo gobierno se apresuró en citarlo a él y a sus colaboradores más próximos, que también huyeron del país, como principales responsables de las violaciones cometidas durante las protestas del Euromaidan.
Las nuevas autoridades ucranianas han hecho numerosas promesas de investigar efectivamente todos los abusos cometidos contra los derechos humanos y de hacer comparecer ante la justicia a los responsables.
“Los esfuerzos de los investigadores se han centrado hasta la fecha en los homicidios y en la presunta responsabilidad de altos cargos del gobierno anterior, pero incluso en estos casos ha habido más declaraciones sobre progresos que indicios de que los hubiera realmente. Para la mayoría de quienes sufrieron heridas y malos tratos, las investigaciones apenas han comenzado”, dice John Dalhuisen.
Los fiscales con los que ha hablado Amnistía Internacional citaron la destrucción de pruebas por las fuerzas de seguridad inmediatamente después de las protestas y la reticencia de los agentes de estas fuerzas a cooperar como principales obstáculos para las investigaciones. También se mencionó la falta de recursos y el solapamiento de competencias de diferentes autoridades.
“Hay que reconocer la enorme cantidad de incidentes y la complejidad de algunos de los casos. Sin embargo, es más cierto que sin una reforma significativa de las instituciones responsables de investigar los abusos cometidos por los funcionarios de seguridad, la justicia para las víctimas de los abusos relacionados con el Euromaidan seguirá siendo esquiva y el círculo vicioso de la impunidad que contribuyó a que se cometieran continuará intacto”, concluyó Dalhuisen.


Soldados yemeníes leales al movimiento Huthi montan guardia en la entrada del palacio presidencial el 16 de febrero de 2015, de la capital yemení Saná © MOHAMMED HUWAIS / AFP / Getty Images Nuevos relatos desgarradores recogidos por expertos de Amnistía Internacional en Yemen revelan que miembros del grupo armado huzi están torturando a manifestantes para intentar reprimir la disidencia.
“Los huzis han descendido a un peligroso nivel de intimidación y violencia para infundir miedo a cualquiera que proteste contra su régimen”, ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, actualmente en Yemen.
“Los testimonios reflejan que se ha detenido y torturado a manifestantes durante días interminables. La seguridad de todas las personas que se atreven a denunciar públicamente el régimen de los huzis está amenazada.”
Entre los que hablaron con Amnistía Internacional se encuentran Taher al Faqih, de 34 años, y Abdeljalil al Subari, de 40, secuestrados durante una manifestación pacífica el 11 de febrero en Saná (para conmemorar la sublevación del 11 de febrero de 2011). Ambos fueron detenidos junto a Salah Awdh al Bashri, de 35 años y padre de siete hijos, quien murió posteriormente a causa de las lesiones por la tortura sufrida durante horas.
Los tres, junto a un cuarto activista que no fue torturado, fueron conducidos a un lugar desconocido, donde estuvieron recluidos en un sótano hasta última hora de la tarde del 13 de febrero.
Cuando Amnistía Internacional se reunió con ellos el 15 de febrero, todavía eran visibles las señales y cicatrices de la tortura que habían sufrido: presentaban hematomas profundos y, en el caso de Abdeljalil al Subari, heridas abiertas en las nalgas.
Ali Taher al Faqih se lo contó así a Amnistía Internacional: “Al primero que se llevaron fue Salah [al Bashri]. No volví a verlo hasta que nos liberaron, hacia las dos de la madrugada [del 14 de febrero]. Salah no podía moverse ni ponerse en pie, ni siquiera cuando intentamos ayudarlo a levantarse, y tampoco podía hablar. Sólo dijo con un hilo de voz: ‘Tengo sed’.”
“Fuimos al hospital y allí Salah recibió primeros auxilios. Había huzis en el hospital, algunos con el uniforme militar, y como tuvimos miedo de que volvieran a secuestrarnos, nos fuimos de allí y condujimos hasta casa [a dos horas de allí], pero el estado de Salah empeoró y murió en el trayecto.”
Ali Taher al Faqih contó con detalle el interrogatorio que soportó:
“Primero me hicieron sentarme y me interrogaron sobre mi trabajo, las manifestaciones en las que participaba, los líderes de las protestas, mis relaciones con la Embajada de Estados Unidos y con organizaciones opuestas a Ansarullah (el brazo político de los huzis). Luego me vendaron los ojos y me amordazaron. Me ataron las manos a la espalda, me ataron los pies, me obligaron a tumbarme sobre una especie de mesa estrecha y empezaron a golpearme en las nalgas con algún tipo de porra. Continuaron con la paliza durante mucho rato, puede que un par de horas. El dolor era insoportable. No paraban de decirme que confesara. Cuando finalmente dejaron de golpearme, estaba medio inconsciente. Tuvieron que ayudarme a levantarme.”
Amnistía Internacional habló también con Fouad Ahmad Jaber al Hamdani, conocido activista de 34 años a quien secuestraron la mañana del 31 de enero en una protesta poco concurrida. Estuvo 13 días privado de libertad en cuatro sitios distintos, y también fue torturado. Aún tiene hematomas profundos en la parte inferior de la espalda.
“Me vendaron los ojos y me amordazaron, me ataron de pies y manos y luego a un banco estrecho, y me golpearon en las nalgas y la parte inferior de la espalda con una porra o una barra de hierro hasta que me desmayé. Me dijeron: “¿Vas a hablar o te hacemos hablar?” Me acusaron de recibir dinero de Estados Unidos y Arabia Saudí y de tener vínculos con terroristas de la Hermandad Musulmana y con ciertas personalidades relacionadas con el régimen anterior. Después de golpearme continuamente durante cuatro horas, en las que me desmayé varias veces, acepté escribir una confesión. Entonces me desataron, me advirtieron que no organizara manifestaciones ni me pusiera en contacto con opositores de los huzis y me condujeron a la calle Zubeiri. Me arrojaron al borde de la calzada. No podía moverme y me quedé allí tendido hasta que un transeúnte me rescató.”
En un caso anterior, Ahmad al Thubhani, activista estudiantil de 21 años, fue capturado tras una protesta celebrada la mañana del 7 de febrero cerca de la Nueva Universidad de Saná. Cinco miembros del grupo armado huzi siguieron al taxi en el que viajaba, lo interceptaron y se lo llevaron. Estuvo cinco días recluido en una casa próxima a la residencia del ex presidente Abd Rabu Mansur Hadi, donde fue torturado.
Contó a Amnistía Internacional: “Después de decirles que yo estaba en contra de las milicias, me dieron veinte latigazos seguidos, la mayoría en la espalda y las piernas, y me obligaron a escribir nombres de activistas y líderes de la protesta”. Fotografías de sus cicatrices examinadas por Amnistía Internacional concuerdan con su relato.
Los huzis deben poner fin de inmediato a sus tácticas ilegales de detención, tortura y otros malos tratos. La Fiscalía General de Yemen debe investigar sin demora éste y otros casos parecidos y llevar a los responsables ante la justicia”, ha afirmado Donatella Rovera.
Información complementaria
Los huzis, en su mayoría pertenecientes a la minoría chií zaidí (del norte del país) que sufrió reiteradas persecuciones por el régimen del ex presidente Alí Abdulá Salé entre 2004 y 2010 (en media docena de conflictos), al parecer ahora están persiguiendo a quienes los critican y los están sometiendo a las mismas violaciones de derechos humanos que el régimen anterior les infligió a ellos.
El grupo tomó algunas posiciones militares y de seguridad en Saná en septiembre de 2014. La tercera semana de enero de 2015 ya habían atacado posiciones militares, sedes gubernamentales y el recinto presidencial. Los acontecimientos llevaron a dimitir al presidente Abd Rabu Mansur Hadi y a su gobierno, y los huzis se erigieron en gobernantes de facto en la capital y otras zonas de Yemen.
Ahora están consolidando su control de la capital de Yemen, Saná, y del país en su conjunto. El 6 de febrero disolvieron el Parlamento y emitieron una declaración constitucional con el mandato de crear un consejo presidencial de transición que ejerciera de gobierno interino durante un periodo de dos años.
La medida supuso en la práctica el fin de una iniciativa conciliatoria (en gran medida incumplida) de reparto del poder negociada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico para poner fin a la sublevación de 2011 que había terminado con la deposición del presidente Alí Abdulá Salé después de permanecer 33 años en el poder.


Un bote de la patrulla de Guarda Costera italiana, cerca del puerto de Lampedusa. © ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images. Los limitados recursos destinados por la Unión Europea a las operaciones de búsqueda y rescate contribuyeron a la escalofriante cifra de víctimas mortales cuando cuatro lanchas neumáticas con cientos de migrantes a bordo enviaron un S.O.S. durante una tormenta en el sur del Mediterráneo la semana pasada; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras una visita a Lampedusa.
Después de la tragedia, que se cobró la vida de más de 300 personas, un equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a sobrevivientes, miembros de la guardia costera italiana y autoridades locales en Roma y Lampedusa.
Cuando se hizo la llamada de socorro el domingo, 8 de febrero, el barco principal utilizado en la operación paneuropea de control de las fronteras, Operación Tritón, estaba fondeado a cientos de kilómetros, en Malta, para fines de mantenimiento. Los grandes buques militares empleados en la ya extinta operación italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum también estaban fuera de servicio y atracados aun más lejos, en Sicilia.
“Las autoridades de la guardia costera italiana reaccionaron admirablemente y con una valentía personal excepcional a la llamada de S.O.S., dedicando muchas horas al rescate en medio de unas condiciones marítimas increíblemente peligrosas.  Es imposible saber cuántas vidas se habrían podido salvar con más recursos, pero el número de víctimas seguramente habría sido inferior”, ha asegurado Matteo de Bellis, responsable de campañas sobre Italia de Amnistía Internacional, recién llegado de Lampedusa.
“Si no se cubre el vacío que ha dejado la extinta operación italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum, multitud de refugiados y migrantes seguirán muriendo en el mar.”
Las salidas de refugiados y migrantes aumentaron vertiginosamente durante el fin de semana, y la tendencia continuará mientras Libia siga sumiéndose en la violencia. La guardia costera italiana confirmó que las autoridades italianas y barcos mercantes rescataron en total a más de 2.800 personas en al menos 18 embarcaciones entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero. Sólo ese domingo, 2.225 fueron rescatadas de una docena de embarcaciones.
Sólo una semana antes se habían registrado al menos 300 muertes en el mar cuando otras cuatro embarcaciones habían intentado cruzar de Libia a Italia con tiempo tormentoso. Amnistía Internacional habló con algunos sobrevivientes de aquella tragedia.
La salida de Libia
Según testimonios de sobrevivientes, el sábado, 8 de febrero, 400 migrantes en total, en su mayoría varones jóvenes de África Occidental, intentaban cruzar el Mediterráneo en cuatro embarcaciones desde Libia cuando empezaron a tener problemas.
Traficantes de personas los habían tenido esperando para viajar cerca de Trípoli después de cobrarles una cantidad equivalente a unos 650 euros. A última hora de la tarde del sábado, los traficantes armados llevaron a los migrantes hasta la localidad portuaria de Garabouli, 40 kilómetros al oeste de Trípoli, y los obligaron a subir a cuatro lanchas neumáticas.
En las primeras horas del día siguiente, cuando las embarcaciones flotaban a la deriva en el Mediterráneo al norte de Libia, se hizo evidente que corrían grave peligro.
Llamada de auxilio
Funcionarios de la guardia costera italiana contaron a Amnistía Internacional que habían recibido una llamada telefónica por satélite pidiendo auxilio a primera hora de la tarde del 8 de febrero, desde un lugar situado 120 millas náuticas (222 km) al sur de Lampedusa y 40 millas náuticas (74 km) al norte de Libia. Apenas se entendía al emisor de la llamada, pero los funcionarios pudieron distinguir las palabras “peligro, peligro” en inglés.
Los funcionarios de la guardia costera recalcaron que, en tales circunstancias, los migrantes navegaban hacia una muerte casi segura. La predicción meteorológica para esa zona del Mediterráneo era de mal tiempo durante toda la semana. Las embarcaciones funcionaban con pequeños motores fuera borda y, al parecer, los traficantes de personas no las habían cargado con combustible suficiente para todo el viaje.
Según los relatos de los sobrevivientes, murieron más de 300 personas. Los migrantes, muchos de los cuales llevaban muy poca ropa encima, estuvieron hasta dos días expuestos a unas condiciones meteorológicas extremas, incluidas temperaturas cercanas al nivel de congelación, lluvia e incluso granizo, mientras sus embarcaciones eran zarandeadas por olas de hasta ocho metros de altura.
Los guardacostas italianos que acudieron al aviso lograron rescatar a 105 personas de una lancha el domingo a las nueve de la noche, pero 29 de ellas murieron de hipotermia y por otras causas tras el rescate. Dos barcos mercantes que navegaban por la zona rescataron a nueve supervivientes de otras dos embarcaciones. Los supervivientes confirmaron que eran cuatro lanchas en total, que fueron numeradas. Una de ellas sigue en paradero desconocido.
Amnistía Internacional habló con Ibrahim, maliense de 24 años, uno de los dos únicos sobrevivientes de su lancha:
“Alrededor de las siete de la tarde del domingo, el bote empezó a perder aire y a llenarse de agua. Empezó a caer gente al mar. Cada ola se llevaba a dos o tres. La parte delantera del bote se levantaba, así que la gente que iba detrás caía al mar. Para entonces sólo quedaban unas treinta personas a bordo. Un lateral de la embarcación  [...] se mantenía a flote [...] y nos aferramos a una cuerda porque ya nos llegaba el agua hasta la cintura. [Finalmente] sólo quedábamos cuatro. Aguantamos toda la noche agarrados, juntos. Estaba lloviendo. Al amanecer, dos se soltaron. Por la mañana vimos un helicóptero. Había una camisa roja en el agua y la sacudí para que me vieran. Lanzaron un pequeño bote hinchable, pero no tenía fuerzas para alcanzarlo. Así que nos quedamos esperando. Media hora después, apareció un carguero. Nos lanzó una cuerda para subir a bordo. Serían las tres de la tarde [del 9 de febrero].”
Lamin, también de Malí, estaba a bordo de otra lancha auxiliada por un barco mercante:
“Éramos 107 [a bordo]. En alta mar, las olas sacudían el barco arriba y abajo. Todos teníamos miedo. Vi caer a tres personas al agua. Nadie pudo ayudarlas. Intentaron agarrarse a la embarcación pero no lo consiguieron. Luego murieron muchos más, quizá de hambre o sed. No tengo idea de cuántos murieron.  Cuando llegó un gran barco comercial a rescatarnos, sólo quedábamos siete. Nos lanzaron una cuerda y subimos a bordo. Durante el rescate, [nuestra] embarcación se plegó y se hundió, arrastrando al fondo todos los cadáveres.”
Operación de rescate
La guardia costera italiana respondió a la llamada de auxilio el 8 de febrero enviando un avión de reconocimiento y cuatro barcos patrulleros; dos fueron enviados al instante y otros dos posteriormente, cuando uno de los primeros sufrió una avería en el motor.
El director del centro de operaciones de rescate de la guardia costera italiana habló con franqueza de los limitados recursos que tenían a su disposición:
“¿Se imaginan lo que supone recorrer esa distancia con una embarcación de 18 metros, con olas de hasta ocho o nueve metros de altura? Temimos por la vida de nuestra tripulación [...] Cuando aumenten las salidas después del invierno, no vamos a dar a basto para atenderlos a todos, si seguimos siendo los únicos que salimos en su rescate.”
Urge actuar
Residentes y autoridades de Lampedusa todavía no se han recuperado de esta desgracia, la última de una larga sucesión de tragedias marítimas que viene sufriendo la isla.
El alcalde Giusi Nicolini contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Cuando llegan los muertos, la frustración es inmensa, y uno se pregunta por qué nunca cambia nada. Europa está completamente ausente; no hay que ser experto en política para darse cuenta.”
Amnistía Internacional ha pedido a los países de la Unión Europea que establezcan operaciones colectivas y concertadas de búsqueda y rescate a lo largo de las rutas utilizadas por los migrantes que, como mínimo, tengan el nivel de la Operación Mare Nostrum. Mientras tanto, la organización ha pedido a Italia que dedique más recursos de emergencia.
Información complementaria
Muchas de las personas rescatadas la semana pasada son de Costa de Marfil (41, incluidos 2 niños); también hay de Malí (23, incluido un niño), Senegal (9), Guinea (7), Gambia (2) y Níger (2). Según la información recibida, más de la mitad de las personas cuya muerte se ha confirmado entre los rescatados (15 de 29) eran marfilenses; los demás fallecidos eran 7 hombres de Malí, 5 senegaleses y 2 de Guinea y Mauritania.
Según prevé el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en 2015 continuarán los intentos de los migrantes de cruzar el Mediterráneo. Unos 218.000 lo cruzaron en 2014 y, a fecha de enero de 2015, los datos ya reflejan un incremento del 60 por ciento en el número documentado de migrantes que llegan a Italia en comparación con los de enero de 2014. El año pasado se documentaron 3.500 muertes, que convirtieron las travesías por este mar en las más letales del mundo.


Marcha Ayotzinapa México 24/10/2014 © AI El gobierno mexicano debe tomar serias medidas para abordar el problema de la desaparición de millares de personas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas se dispone a publicar sus recomendaciones al país.
“Son más de 22.600 los casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido que se han dado en México en los últimos 20 años –ha señalado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América–. Al mismo tiempo, miles de personas esperan angustiadas y aturdidas, sin saber a ciencia cierta qué les ha ocurrido a sus seres queridos.  Las recomendaciones del gobierno mexicano no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible y urgente en las políticas y las leyes para abordar esta situación crónica. Es hora de que las autoridades respondan a esta tragedia.”
La semana pasada, el Comité examinó en Ginebra la situación en México y escuchó a víctimas y a organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. Hoy publicará sus recomendaciones al gobierno mexicano.
Según cifras oficiales, casi el 50 por ciento de las 22.600 desapariciones se produjeron entre 2012 y 2014, con el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Entre los familiares de personas desaparecidas que hablaron al Comité de la angustia de haber perdido a un ser querido y de su indignación por los intentos del gobierno de cerrar prematuramente las investigaciones figuraban parientes de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. 
En la información que presentó al Comité, Amnistía Internacional puso de relieve el gran problema de la impunidad y de la falta de investigaciones adecuadas, la necesidad de contar con bases de datos exhaustivas y protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas y la escasa atención prestada a las víctimas, incluida la falta de reparación adecuada.


Saman Naseem, joven iraní condenado a muerte, cuya ejecución está prevista para el próximo 19 de febrero. © AI. El joven iraní que va a ser ahorcado el 19 de febrero ha ofrecido un desgarrador relato de cómo, siendo adolescente, las autoridades lo torturaron durante 97 días para hacerle “confesar” un delito antes de condenarlo a muerte.
En una carta que ha escrito a Amnistía Internacional, Saman Naseem, que tiene ahora 22 años, cuenta que lo encerraron en una celda de dos metros de largo por medio de ancho y lo torturaron constantemente hasta hacerle poner la huella dactilar en un documento de “confesión” con los ojos vendados. Lo obligaron a admitir los actos en virtud de los cuales fue declarado culpable de pertenencia a un grupo armado de oposición y de alzarse en armas contra el Estado. En ese momento tenía 17 años.  
“Cuesta creer que las autoridades iraníes se dispongan a ejecutar a un joven que cuando tenía 17 años fue torturado durante 97 días para obligarlo a ‘confesar’ –ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Queda menos de una semana, así que no hay tiempo que perder. Es preciso detener de inmediato la ejecución de Saman y revisar exhaustivamente su caso.”  
“Así es el sistema de justicia penal de iraní, que hace burla de su afirmación de que no ejecuta a personas menores de edad en el momento del delito y cumple con las obligaciones que ha asumido en virtud de la Convención de los Derechos del Niño.”
En la carta, Saman cuenta:
“En esos primeros días, el nivel de tortura fue tan alto que no podía caminar. Tenía todo el cuerpo negro y azul. Me colgaban de las manos y de los pies durante horas. Llevaba los ojos vendados todo el tiempo en los interrogatorios. No veía a los interrogadores y torturadores.”
"Me dijeron reiteradamente que habían detenido a miembros de mi familia, incluidos mi padre, mi madre y mi hermano. Me dijeron que me matarían allí mismo y cubrirían mi tumba con cemento. Cuando quería dormir por la noche, hacían ruido con cosas distintas para no dejarme descansar, golpeando constantemente la puerta. Estuve en un estado entre la locura y la conciencia.  No pude tener ningún contacto con mi familia en todo ese tiempo. En el juicio, incluso el presidente del tribunal me amenazó con más palizas varias veces, y expulsaron a mis abogados bajo presión.”  
Saman fue detenido el 17 de julio de 201, tras un tiroteo entre la Guardia Revolucionaria y el grupo armado de oposición Partido por una Vida Libre en Kurdistán  (PJAK), ocurrido en la ciudad de Sardasht, provincia de Azerbaiyán Occidental. Tras su detención, fue recluido en un centro del Ministerio de Información sin ningún acceso a su familia ni a un abogado.  
No se informó de la detención a sus familiares, que se enteraron por un vídeo de Salman emitido por la televisión pública, en el que “confesaba” haber participado en actividades armadas contra el Estado. El sumario de la causa indica que durante el tiroteo murió un miembro de la Guardia Revolucionaria y resultaron heridos otros tres.
En enero de 2012, un tribunal revolucionario condenó a Saman a muerte tras declararlo culpable de “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra” por su presunta pertenencia al PJAK y su participación en actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria.
Él se retractó en el juicio de su “confesión” y dijo que había disparado al aire, no contra la Guardia Revolucionaria. Explicó también que había sido torturado, pero el juez hizo caso omiso de ello y admitió su “confesión” como prueba. Se impidió a sus abogados hacer la defensa.
En agosto de 2012, el Tribunal Supremo anuló la condena de muerte y remitió la causa a un tribunal de primera instancia para que se celebrara un nuevo juicio por considerar que Salman era menor de 18 años en el momento de los delitos de los que había sido declarado culpable. Sin embargo, en abril de 2013 un tribunal penal lo condenó de nuevo a muerte. El Tribunal Supremo confirmó esta sentencia en diciembre de ese año.
Las autoridades de la prisión han comunicado verbalmente a Saman que su ejecución está prevista para el 19 de febrero. Amnistía Internacional tiene entendido que el 10 de febrero o hacia esa fecha lo visitó un médico en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental, donde se encuentra encarcelado. Se teme que este reconocimiento médico sea un examen previo a la ejecución.  
“Irán debe poner fin de inmediato a su lamentable práctica de torturar a los detenidos para que ‘confiesen’ antes de condenarlos a muerte –ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui–. Imponer la pena de muerte a alguien que era menor de edad en el momento del presunto delito va en contra del derecho internacional de los derechos humanos, que Irán se ha comprometido a respetar.”
Información complementaria
Según el Código Penal Islámico, la ejecución de personas menores de 18 años en el momento del delito está permitida si se aplica la figura de qesas (castigo equivalente al delito) o de hudud (delitos para los que hay penas preceptivas en el derecho islámico). Sin embargo, el artículo 91 del Código Penal Islámico no contempla la condena a muerte por los delitos a los que se aplican estas categorías de pena si la persona que era menor de edad en el momento de cometer el delito no comprendía la naturaleza de éste o sus consecuencias o si cabe dudar de sus facultades mentales.
El 2 de diciembre de 2014, el Tribunal Supremo dictó una “sentencia piloto” en virtud de la cual todas las personas condenadas actualmente a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años pueden elevar a este tribunal una petición de revisión judicial en aplicación de artículo 91 del Código Penal Islámico.
El uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del presunto delito está estrictamente prohibido por el derecho internacional, concretamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que Irán ha ratificado.  
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características de su autor y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
¡Actúa!
Firma para evitar la inminente ejecución de Saman Naseem.


Gente con bolsas con ayuda humanitaria en la ciudad de Debáltsevo, el este de Ucrania © SHUVAYEV VOLODYMYR / AFP / Getty Images Con el anuncio del acuerdo de alto el fuego alcanzado hoy en Minsk para el conflicto del este de Ucrania, ambos bandos deben tomar de inmediato medidas para proteger a los civiles hasta que la tregua entre en vigor, ha manifestado Amnistía Internacional. 
Tanto las fuerzas gubernamentales ucranianas como las milicias separatistas deben dejar de inmediato de efectuar ataques indiscriminados, que matan a civiles, y permitir que éstos huyan de las zonas en disputa, como Debaltseve, en condiciones de seguridad.
Como el alto el fuego no entrará en vigor hasta el sábado a medianoche, el riesgo de que haya víctimas civiles mientras continúan las hostilidades es sumamente alto. Los civiles atrapados en las zonas afectadas, como la localidad aislada de Debaltseve, corren especial peligro, pues ambos bandos intentan conseguir más territorio antes de que se detengan los combates. 
“A la vista de la intensidad de los combates que se libran actualmente en Debaltseve y del  probable empeño en intensificar las hostilidades para ganar terreno, tememos por la seguridad de la población civil “ ha señalado Joanne Mariner, asesora general de respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, que acaba de regresar esa localidad. 
Hay aún un número desconocido de civiles atrapados en Debaltseve, zona bajo control ucraniano, sometida en la actualidad a intensos ataques de las milicias prorrusas. 
“Cuando fuimos a Debaltseve la semana pasada, encontramos devastación y sufrimiento”, ha explicado. 
“Aunque muchos civiles han sido evacuados, quedan aún varios miles, entre ellos niños,  pensionistas y personas con discapacidades.”   
En una visita de investigación realizada por Amnistía Internacional durante las dos últimas semanas, la organización ha visto a la población de Debaltseve apiñarse en refugios improvisados en sótanos, por temor a los casi incesantes ataques con cohetes y artillería. Sin electricidad, agua corriente ni otros servicios básicos, los habitantes de Debaltseve dependen casi por complete de la ayuda humanitaria. 
Amnistía Internacional ha afirmado que, en el conflicto del este de Ucrania, ambos bandos han violado las leyes aplicables en la guerra al efectuar ataques indiscriminados que han matado a civiles. La intensidad de la violencia y la frecuencia con que se producen muertes civiles han empeorado con la reciente escalada de las hostilidades. 
“Han muerto decenas de civiles en las últimas semanas, desde que se intensificaron las hostilidades, pues ambos bandos continúan empleando armas de efecto indiscriminado, que jamás deben utilizarse para bombardear zonas densamente pobladas”, ha manifestado Joanne Mariner.
El martes, un ataque con cohetes contra la localidad bajo control de Kiev de Kramatorsk, mató a 16 civiles, y otro similar efectuado el miércoles contra la ciudad bajo control separatista de Donetsk mató al menos a otros 5.
Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a ambos bandos para que protejan a la población civil atrapada en medio de los combates.


Desde inicios de febrero de 2014, Venezuela ha sido sacudida por la violencia en manifestaciones a favor y en contra del gobierno. © Carlos Becerra. Un año después de que Bassil Dacosta, Juan Montoya y Roberto Redman perdieran la vida en Caracas durante las protestas que conmocionaron Venezuela a principios de 2014, nadie ha comparecido ante la justicia para responder por sus muertes.
El Ministerio Público afirma que Bassil Dacosta murió al recibir un disparo efectuado por un agente de la policía de inteligencia sobre el cual ha presentado cargos en su contra y permanece detenido en espera de juicio. Juan Montoya y Roberto Redman, murieron al parecer a manos de civiles armados que en su mayoría continúan en libertad.
Durante los seis meses de manifestaciones multitudinarias que se celebraron a favor y en contra del gobierno entre febrero y julio de 2014, otras 40 personas perdieron la vida, entre ellas diez funcionarios públicos incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y 878, entre ellas unos 600 civiles, resultaron heridas, según cifras oficiales.
Cientos de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuerza excesiva, golpearon a manifestantes para dispersarlos y torturaron o infligieron otros malos tratos a personas bajo custodia.
El 19 de marzo, Gloria Tobón y otras 21 personas fueron detenidas en Rubio (Táchira) durante una operación militar y policial. Mientras permanecían esposadas para extraerles los nombres de los convocantes de las protestas, recibieron patadas y descargas eléctricas y fueron golpeadas y amenazadas de muerte y con violencia sexual.
Según cifras oficiales, 3.351 personas fueron detenidas en ese período. La mayoría de ellas están actualmente en libertad sin cargos, mientras que 507 fueron puestas en libertad condicional enfrentando cargos por delitos como bloqueo de vías públicas, provocar incendios, causar lesiones, dañar bienes públicos o asociarse con fines delictivos. Al día de hoy, 41 personas permanecen detenidas, 27 de ellas civiles.
Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, está detenido desde el 18 de febrero por cargos de incendio y daños y por incitación a delinquir, entre otros delitos. Rosmit Mantilla, integrante de Voluntad Popular y activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales detenido el 2 de mayo, y el abogado Marcelo Crovato, detenido el 22 de abril, han sido acusados formalmente de incitación y asociación para delinquir, entre otros delitos. Amnistía Internacional considera que su detención tiene motivaciones políticas, por lo que pide su liberación, y teme que las otras personas que continúan detenidas por cargos relacionados con las protestas, también estén recluidas arbitrariamente.
Hasta la fecha, se encuentran en prisión preventiva14 agentes de las fuerzas de seguridad acusados por la muerte de Bassil Dacosta y por cinco casos de malos tratos. No obstante, ninguno ha sido declarado culpable. Asimismo, el Ministerio Público ha emitido órdenes de aprehensión contra presuntos perpetradores que no han sido cumplidas por los órganos correspondientes. Los casos de Bassil Dacosta y de otras personas que murieron el año pasado a manos de las fuerzas de seguridad claman justicia, y los responsables de la tortura que sufrió Gloria Tobón y de los malos tratos infligidos a centenares de personas también deben ser llevados ante los tribunales.
Al igual que Juan Montoya y Roberto Redman, Guillermo Sánchez murió en marzo tras recibir una paliza y un disparo de civiles armados progubernamentales en La Isabelica (Valencia). Su esposa, Ghina Rodríguez, y sus dos hijos, que se vieron obligados a refugiarse en México después de recibir amenazas de muerte, todavía están esperando a que se haga justicia. Las autoridades deben tomar medidas firmes para desarmar a estos grupos y obligarlos a rendir cuentas.
Hoy hace un año, miles de personas salieron a protestar contra las políticas del gobierno y ejercieron su derecho de reunión pacífica. La situación se deterioró rápidamente y los enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos armados pro-gubernamentales se saldaron con miles de detenidos, centenares de heridos y decenas de muertos.
Las autoridades venezolanas deben hacer justicia para reparar estas graves violaciones de derechos humanos, y afirmar de forma inequívoca, que las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque sean críticas al gobierno, sin temor a perder la vida o la libertad. Es vital que las fuerzas de seguridad reciban órdenes claras del ejecutivo de que las protestas están permitidas y que la fuerza sólo puede emplearse de forma proporcional y diferenciada cuando sea estrictamente necesario y nunca contra manifestantes pacíficos.


La operación Tritón, sustituta de Mare Nostrum, se ha mostrado ineficaz para afrontar crisis humanitarias. © AFP/Getty Images. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían avergonzarse ante los informes de esta mañana según los cuales hasta 300 migrantes podrían haber muerto en alta mar frente a la isla italiana de Lampedusa, ha declarado Amnistía Internacional.
“Esta nueva tragedia hace realidad nuestros peores temores sobre el fin de la operación italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum, y pone de relieve las previsibles consecuencias del hecho de que la Unión Europea no proporcione una sustitución adecuada”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
La crisis humanitaria que desencadenó la necesidad de la operación Mare Nostrum sigue estando allí y la gente sigue huyendo de la guerra y la persecución. Los Estados miembros de la UE deben dejar de mirar hacia otro lado mientras cientos de personas continúan muriendo en el mar.”
Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, el número de migrantes en situación irregular que llegaron por mar en enero de 2015 aumentó alrededor de un 60% en relación con el mismo mes del año pasado, cuando estaba vigente Mare Nostrum. Esto hace que las insinuaciones de que la operación de búsqueda y rescate —cuya desaparición ha sido divulgada ampliamente— animaba a las personas migrantes a tomar esta peligrosa ruta sean ridículas.
La operación Tritón, de la UE, bautizada como sustitución de Mare Nostrum, no está dedicada a la búsqueda y el rescate, no opera habitualmente en aguas internacionales y tiene una escala significativamente reducida.
“Es una ecuación sencilla: mientras el número de personas que toma esta peligrosa ruta marítima aumente y los recursos dedicados a la búsqueda y el rescate disminuyan, más personas morirán”, dijo John Dalhuisen.
El lunes 9 de febrero, 29 migrantes murieron, la mayoría de hipotermia, después de que los guardacostas italianos los recataran de un bote inflable en el que viajaban 106 personas, menores incluidos. Los informes indican que la operación de rescate fue sumamente difícil debido a las pésimas condiciones atmosféricas.
Según los medios de comunicación italianos, nueve supervivientes de otros dos barcos informaron a los guardacostas italianos de que había más de 200 migrantes en otros dos botes, mientras que, según informes aún no confirmados, un tercero desapareció sin supervivientes, llevando a alrededor de 100 personas más a la muerte. Se cree que los botes iban a la deriva en condiciones de navegación extremas con olas de hasta 8 metros y temperaturas de apenas unos grados sobre cero, según declaraciones de los guardacostas. Al parecer, las personas que fallecieron tenían entre 18 y 25 años y procedían del África Subsahariana.
“Es posible que los guardacostas italianos hicieran lo que pudieron con los recursos que tenían. Evidentemente no eran suficientes. A menos que los Estados miembros de la UE se comprometan a aumentar significativamente la capacidad de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, las tragedias como éstas no harán sino multiplicarse”, concluyó Dalhuisen.


Cristal, ex menor soldado en República Centroafricana © Sylvain Cherkaoui/ Cosmos/Save The Children Madrid, 11 de febrero de 2015. A pesar de que resulta difícil conocer la cifra exacta de menores soldado en el mundo, todavía 18 países siguen reclutando según datos de Naciones Unidas. No sólo Siria y República Centroafricana, donde el conflicto se recrudece, sino también Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Irak, Líbano, Mali, Nigeria, Myanmar, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Democrática del Congo, Tailandia y Yemen. Las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso y Save the Children, un año más, recuerdan que también las niñas son víctimas de esta realidad, en ocasiones utilizadas como esclavas sexuales y para matrimonios forzados, pero también armadas para la guerra.
El reclutamiento de menores soldado es una práctica prohibida por el Protocolo facultativo de la Convención de derechos del niño sobre la participación de menores en conflictos armados, la herramienta que asegura que ningún niño o niña es utilizado como soldado. Existen alrededor de 51 grupos armados documentados por Naciones Unidas, como Boko Haram, en Nigeria; Seleka y Antibalaka en República Centroafricana; Al Shabaab en Somalia; el Estado Islámico del Iraq y Sham (ISIS) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como otras partes que reclutan a menores.
No todos los casos son de menores reclutados a la fuerza. Existen factores que pueden influir para que un niño o una niña se una a un grupo armado de manera “voluntaria”. En algunos países, unirse a un grupo armado se ve como una salida a situaciones de pobreza extrema, con limitadas oportunidades de empleo y situaciones de inseguridad, en las que la milicia puede proporcionar protección, comida y una familia sustituta.
Es el caso de Pierre, un ex-menor soldado de 17 años de República Democrática del Congo que se unió dos veces a un grupo armado: “No tenía nada que hacer. Me prometieron comida, trabajo y una carrera militar”, explica. Finalmente pudo abandonar los grupos para asistir a clases de formación profesional en uno de los campamentos de desplazados de Mweso, Kivu Norte ."Puedo aprender carpintería y tal vez vender algunas cosas", dice esperanzado.
Las niñas en el conflicto armado

En 2013, Naciones Unidas ha detectado que al menos siete de los 18 países que reclutan menores, Colombia, Filipinas, República Centroafricana, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, Tailandia, también utilizan a niñas. A pesar de que fundamentalmente son usadas como esclavas sexuales y en matrimonios forzados, las niñas también son adiestradas para la guerra, para llevar armas y para participar activamente en los conflictos armados para los que son reclutadas o secuestradas. Además, esta igualación en las armas y la utilización de la violencia no supone, sin embargo, estar libres de abusos y violencia sexual, ni de estigma y desvaloración por ser niñas, así como de posible rechazo en el contexto familiar en el momento de la reintegración.
Cristal tenía 16 años cuando se unió al grupo armado de Seleka, en República Centroafricana, después de que se llevaran detenido y maltrataran a su hermano mayor. Su función en Seleka era la de supervisar los vehículos y recaudar dinero en un puesto de control. "Eran los hombres armados quienes dominaban aquí, y yo decidí unirme a ellos para defender mi familia … Si no me unía, no hubieran liberado a mi hermano mayor", explica. "Antes de que comenzara el conflicto, yo iba a la escuela, pero desde que estalló la violencia no tenía nada que hacer", añade esta joven que se da cuenta ahora de las terribles cosas que ven los menores soldado. “No es algo bueno para un niño. Verá sangre, personas decapitadas, verá muerte, y todo eso tendrá consecuencias psicológicas en él", asegura Cristal, que ahora lleva un pequeño negocio donde vende cacahuetes en el mercado y a los camiones que van de paso.
Esclavitud y violencia sexual, matrimonios forzados, y problemas de salud son algunas de las violaciones más graves que sufren las niñas en un conflicto armado. De acuerdo con Naciones Unidas la mayor parte de las niñas reclutadas en la República Democrática del Congo eran sometidas a esclavitud sexual. En Sierra Leona un 60% de las niñas soldado se convirtieron en “bush wives” (esposas de la selva), fenómeno que también se ha documentado en Liberia o Angola. También se han documentado casos de matrimonios forzados en Colombia entre menores y comandantes de las FARC. Muchas veces asienten al matrimonio por razones de seguridad, pues el estatus de esposa de un mando evita que sigan siendo violadas por otros miembros del grupo armado.
Muchas niñas, incluso cuando han formado parte activamente de los combates se quedan fuera de los programas de desarme y rehabilitación, como consecuencia de diversos factores asociados a la discriminación de género.
Más información

El Protocolo facultativo de la Convención de derechos del niño sobre la participación de menores en conflictos armados aumenta la edad mínima para la participación directa en hostilidades de 15 a 18 años y obliga a los Estados parte a poner en vigor disposiciones estrictas allí donde no se cumpla, impedir el reclutamiento y proporcionar servicios de recuperación a los niños desmovilizados. En la actualidad, 159 países han ratificado este Protocolo. Todavía 22 no lo han firmado ni ratificado y 14 lo han firmado, pero aún no lo han ratificado. España lo ratificó en el año 2002.
Las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso y Save the Children piden a España que las iniciativas para acabar con el reclutamiento de niños y niñas tengan carácter prioritario dentro de su papel como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Aquí puedes ver el informe de la situación país por país.


Retrato del dirigente opositor malasio Anwar Ibrahim. © Amnistía Internacional.
La decisión de un tribunal malaisio de confirmar el fallo condenatorio del dirigente de la oposición Anwar Ibrahim por “sodomía” y condenarlo a cinco años de cárcel es opresiva y tendrá un efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión en el país, ha asegurado Amnistía Internacional.
El Tribunal Federal de Malaisia, máxima instancia judicial del país, ha ratificado hoy la decisión de un tribunal de apelación de revocar la absolución de Anwar Ibrahim de cargos de “sodomía” que se remontaban a 2008, y lo ha condenado a cinco años de prisión.
“Es una decisión lamentable, así como el último capítulo de los incesantes intentos de acallar las voces que critican al gobierno por parte de las autoridades malaisias. Las acusaciones de ‘sodomía’ contra Anwar Ibrahim siempre se han basado en motivos políticos, por lo que debería quedar en libertad de inmediato”, ha dicho Richard Bennett, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
“El poder judicial malaisio ha dejado pasar la oportunidad de demostrar su independencia frente a injerencias políticas. Consideramos que Anwar Ibrahim es preso de conciencia, encarcelado exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.”
“Los intentos de silenciar al líder de la oposición tienen lugar en el contexto de una campaña general de represión de las voces disidentes en Malaisia. A lo largo de 2014, las autoridades recurrieron cada vez más a la draconiana Ley contra la Sedición para perseguir a periodistas, políticos e intelectuales a los que consideraban incómodos. Esta práctica debe terminar de inmediato.”