Amnistía Internacional España

Muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo © Amnesty International / Marc Silver La escandalosa falta de investigaciones sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a grupos criminales que aterrorizan y asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
El 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.

“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen,” dijo Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
No se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las victimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después,” dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo.”
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes. Las autoridades locales y federales no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos. También han habido demoras extremas en laidentificación de las victimas – y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las victimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados,desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre abril y mayo de 2011, las autoridades mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes,” dijo Carolina Jiménez.


Un hombre rescata a una migrante en el este de la isla de Rodas, en mar Egeo, abril de 2015 (Argiris Mantikos / Eurokinissi vía AP) Un nuevo informe de Frontex, la agencia de la Unión Europea (UE) encargada de la gestión de fronteras, muestra una vez más la magnitud sin precedentes de la crisis de refugiados y subraya la urgente necesidad de rutas seguras y legales de entrada en la UE para unas personas desesperadas que buscan protección, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El informe revela que el número de entradas irregulares en la UE superó la cifra de 100.000 en julio de 2015, la primera vez que tal número de personas han intentado entrar en un solo mes desde que Frontex comenzó a mantener registros en 2008. Las personas que huyen de los conflictos en Siria y Afganistán representaron “la mayor parte”, según Frontex.
“El informe de Frontex confirma una vez más, por si fuera necesario, que los esfuerzos de Europa para impedir la entrada de personas, en vez de gestionar una crisis de refugiados global de proporciones cada vez mayores, están fallando”, ha afirmado Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Aunque hay puntos de presión concretos –como el Mediterráneo central y los Balcanes–, el problema va mucho más allá. Está claro que, en vez de las reacciones fragmentarias que ha habido hasta ahora, la UE necesita un enfoque más holístico, y que debe proporcionar rutas seguras y legales de entrada en Europa, para que las personas no tengan que poner en peligro sus vidas en el camino.”
Desde enero hasta julio de 2015, Frontex registró 340.000 entradas irregulares de migrantes y solicitantes de asilo en la UE, casi tres veces más que la cifra equivalente para el mismo periodo de 2014. Las 107.500 entradas registradas en julio de este año –más del triple que en julio de 2014– señalan el tercer récord mensual consecutivo.


La decisión de un tribunal egipcio de remitir la causa de un fotoperiodista a un tribunal penal y al mismo tiempo prorrogar su reclusión en espera de juicio representa otro duro golpe para los derechos humanos y el Estado de derecho en el país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Mahmoud Abu Zeid, popularmente conocido como Shawkan, está entre los cientos de personas que llevan más de dos años recluidas en espera de juicio en todo el país.
“La decisión de prorrogar la detención de Shawkan hasta que el tribunal penal fije fecha para el juicio es lamentable y constituye una violación flagrante de las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo contraviene el derecho interno y la Constitución de Egipto, que limita la detención en espera de juicio a un periodo ya prolongado de dos años, si la persona recluida no es condenada en ese plazo", ha explicado Said Boumedouha, director en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Al mantener recluidas arbitrariamente a cientos de personas durante largos periodos en espera de juicio, las autoridades egipcias transmiten el mensaje inequívoco de que no van a detenerse ante nada para acabar con toda manifestación de disidencia, llegando incluso a burlar sus propias leyes en el proceso."
Shawkan fue detenido el 14 de agosto de 2013 cuando tomaba fotografías de la violenta actuación de las fuerzas de seguridad egipcias para disolver la sentada de Rabaa al Adaweya. Hasta un millar de personas resultaron muertas ese día en todo Egipto. Él estaba entre los cientos de personas que fueron detenidas ese día, entre las que había numerosos simpatizantes y miembros de la Hermandad Musulmana.

“El único ‘delito’ cometido por Shawkan fue hacer fotografías como parte de su legítima labor de periodista; su reclusión ilegítima durante más de 700 días es sencillamente indignante. Es preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, y deber ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Todos los cargos en su contra deben ser retirados", ha dicho Said Boumedouha.

Según han contado los abogados de Shawkan a Amnistía Internacional, la fiscalía les comunicó que, en efecto, había sido remitido al tribunal penal el 11 de agosto de 2015, cuando se anunció que Mohamed Badie, miembro destacado de la Hermandad Musulmana, y otras 400 personas iban a ser remitidas al tribunal penal.
Se ha privado a sus abogados de acceso a documentos fundamentales relativos al caso –como la decisión de la fiscalía de remitir la causa, que incluye la lista de cargos, el número de acusados y las disposiciones del Código Penal aplicables en la causa–, lo que ha mermado su capacidad para preparar la defensa. También han contado a Amnistía Internacional que la fiscalía negó inicialmente que Shawkan estuviera entre las personas remitidas a juicio la semana pasada, y que hoy han sabido con estupor que su caso fue remitido al tribunal junto con los demás.
Los abogados han presentado un recurso ante el Tribunal de Apelación para solicitar la liberación inmediata de Shawkan, dado que ya ha superado el plazo máximo de reclusión en espera de juicio que establece el derecho egipcio. Está previsto que el tribunal dicte resolución sobre el recurso en los próximos días. En el momento de su detención, Shawkan trabajaba para la agencia fotográfica Demotix, que así se lo confirmó a la fiscalía. Al menos 18 periodistas están encarcelados actualmente en Egipto simplemente por hacer su trabajo y ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Shawkan y 400 personas más detenidas en el mismo caso fueron interrogadas en relación con un conjunto de idénticas acusaciones falsas, que incluían “pertenencia a un grupo prohibido” (la Hermandad Musulmana, declarada posteriormente organización "terrorista" por la Hermandad Musulmana), “posesión de armas de fuego” y asesinato. Shawkan negó tener vínculos con la Hermandad Musulmana así como todos los cargos en su contra durante las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía hace dos años.
Su caso está plagado de irregularidades desde el momento de su detención. Fue interrogado por un fiscal en ausencia de su abogado, y también sometido a tortura y otros malos tratos cuando estuvo recluido en una celda abarrotada de una comisaría de policía de El Cairo. Más tarde fue trasladado a la prisión de Abu Zabaal, y allí estuvo siete horas encerrado en una furgoneta aparcada en el exterior, expuesto al sofocante calor de agosto, antes de que se autorizara su ingreso en la cárcel, donde volvió a recibir golpes. En la actualidad está recluido en la tristemente célebre prisión de Tora, soportando condiciones de reclusión muy penosas.
En una carta donde describe las condiciones lamentables de su reclusión dirigida a Amnistía Internacional y publicada en abril de 2015, Shawkan decía que lo trataban "como a un animal en las cárceles egipcias” y que su reclusión por tiempo indefinido era "psicológicamente insoportable".
Además, antes de ser detenido se le había diagnosticado hepatitis C, y su familia ha contado a la organización que no está recibiendo medicación, por lo que su estado de salud está empeorando. La familia también ha presentado sin éxito numerosas solicitudes a la fiscalía para que lo pongan en libertad por razones médicas.
Unos días más tarde, el 17 de agosto de 2013, las autoridades detuvieron también a 327 personas, entre ellas Ibrahim Halawa, preso de conciencia de nacionalidad irlandesa, tras irrumpir en una mezquita situada en el centro de El Cairo, donde él y otros manifestantes se habían refugiado. Hoy se cumplen dos años y dos días de su detención, por lo que también en su caso se ha excedido el plazo de reclusión en espera de juicio legalmente establecido en Egipto.
El derecho internacional recalca que la detención en espera de juicio debe ser una medida de último recurso y sólo debe aplicarse en casos concretos si se determina que existe riesgo sustancial de huida, daño a terceros o alteración de las pruebas o la investigación. Se debe examinar continuamente, en cada caso individual, si es necesario y legal mantener a la persona detenida. El Código de Procedimiento Penal egipcio, en su artículo 143, establece un límite de dos años para la detención en espera de juicio y ordena la liberación inmediata del detenido si no se ha dictado sentencia en ese plazo.
“Encerrar sin justificación a cientos de personas en espera de juicio durante dos años o más es sin duda una medida punitiva para acallar a quienes se atreven a cuestionar el discurso oficial", ha dicho Said Boumedouha.
La víspera de la ampliación de la detención de Shawkan, el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, firmó la entrada en vigor de una nueva "ley antiterrorista" que, al otorgar competencias a la fiscalía para detener a personas con fines de investigación hasta siete días prorrogables por periodos parecidos con carácter indefinido, facilitará todavía más a las autoridades mantener a personas recluidas durante largos periodos. En la práctica, anula el límite de dos años establecido por el derecho egipcio.
La definición que hace la ley de lo que constituye un "acto terrorista" es demasiado general y otorga libertad absoluta a las autoridades para detener por motivos imprecisos a quienes critican pacíficamente al gobierno, periodistas incluidos. Además, la ley prohíbe la labor informativa independiente en la práctica al imponer fuertes multas a los periodistas que divulguen datos estadísticos sobre atentados terroristas que difieran de los anunciados por el Estado.
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Amnistía Internacional envió  un memorando al presidente el 12 de agosto de 2015 en el que le pedía que derogara la ley o la sometiera a una revisión fundamental para que esté en consonancia con la Constitución de Egipto y con el derecho internacional de los derechos humanos.
El gobierno aprobó además  una draconiana ley de manifestaciones en noviembre de 2013 con el único propósito de amordazar la libertad de expresión y de reunión pacífica y aplastar toda forma de disidencia.


Jason Rezaian Copy: freejasonandyegi.com Las autoridades iraníes deben poner fin al absurdo juego de la espera de la sentencia en el caso del periodista irano-estadounidense Jason Rezaian, y ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones dado que es preso de conciencia, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
La organización hace este llamamiento después de que un portavoz del poder judicial iraní afirmara que los cargos contra el periodista del Washington Post, que incluyen espionaje y “difundir propaganda contra el sistema”, no están relacionados con el periodismo. Personas de todo el mundo, incluidos expertos de las Naciones Unidas, han pedido su liberación a las autoridades iraníes.
“Trabajaba legal y abiertamente en Irán como periodista y su procesamiento está claramente motivado por un intento de aplastar la labor informativa independiente en el país", ha dicho Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“Por desgracia, Irán tiene unos antecedentes lamentables en materia de encarcelamiento de periodistas. La detención y reclusión de Rezaian es la última de una larga sucesión de ataques perpetrados por las autoridades iraníes contra periodistas que desempeñan su labor de manera pacífica y legítima."
Amnistía Internacional considera que en el juicio, que comenzó el 26 de mayo y se celebró en cuatro sesiones a puerta cerrada ante la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, hubo graves irregularidades.
La abogada de Jason Rezaian, Leila Ahsan, contó a los periodistas tras la última sesión del juicio, celebrada el 10 de agosto, que no se habían presentado pruebas ante el tribunal que sustanciaran ninguno de los cargos formulados por la acusación. Dijo que ella no había podido exponer debidamente su defensa tras el alegato de la acusación debido a limitaciones de tiempo, y que se había visto obligada a presentar en su lugar una respuesta escrita.
Según el Washington Post, una “prueba” presentada por la acusación era una solicitud de empleo por Internet para un puesto en la administración del presidente Obama en Estados Unidos que Jason Rezaian había presentado sin éxito en 2008. Otra “prueba” contra él según Mehr, agencia de noticias semioficial iraní, incluía una visita suya al consulado de Estados Unidos en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) que, según explicó Jason Rezaian, tenía relación con una solicitud de visado para su esposa iraní.
En la primera sesión del juicio, cuando el juez le preguntó por su relación con el consulado de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos, Rezaian contestó: “Yo sólo soy periodista, y todas mis actividades las he llevado a cabo como periodista, y todas han sido legales.”
Jason Rezaian fue detenido el 22 de julio de 2014, al día siguiente de que el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán le renovara las credenciales de prensa.
“Después de dos años de gobierno del presidente Ruhani, la situación de los derechos humanos es nefasta y no parecen remitir los casos de acoso, intimidación y encarcelamiento de periodistas”,  ha afirmado Said Boumedouha.
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Jason Rezaian no tuvo acceso a un abogado hasta que llevaba nueve meses encarcelado, aunque sí pudo recibir visitas de familiares.Su esposa, Yeganeh Salehi, que escribe para el periódico estatal emiratí The National, fue detenida al mismo tiempo, y se les han confiscado los pasaportes a ambos. Tras la detención, su familia estuvo un tiempo sin saber dónde se encontraban. Yeganeh Salehi quedó en libertad bajo fianza en octubre de 2014. Una fotógrafa y su esposo detenidos igualmente junto con los Rezaian fueron puestos en libertad al mes siguiente.
El gobierno de Estados Unidos ha pedido a las autoridades iraníes que dejen a Jason Rezaian en libertad, la última vez en conversaciones mantenidas paralelamente a las negociaciones sobre el programa nuclear, que  el mes pasado terminaron con un acuerdo con Estados Unidos.
En irán, los periodistas siguen sufriendo hostigamiento, intimidación, detención y cárcel por sus legítimas actividades periodísticas. Otros trabajadores de medios de comunicación, como productores de cine, también se han enfrentado a juicio por cargos imprecisos relacionados con la seguridad nacional, o a prohibiciones judiciales que les impiden desempeñar su trabajo.
De los 180 países del índice sobre la libertad de prensa en el mundo elaborado por la ONG Reporteros sin Fronteras, Irán ocupa el puesto 173. Varios periodistas continúan encarcelados en Irán, entre ellos Mohammad Sadiq Kabudvand (Kaboudvand), periodista y preso de conciencia kurdo que está cumpliendo 11 años de prisión por sus actividades periodísticas pacíficas.
Amnistía Internacional lleva años documentando el hostigamiento sistemático y la detención por imprecisos cargos a que se somete en Irán a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación debido a sus actividades profesionales pacíficas. Más información en el documento de Amnistía Internacional, Jailed for being a journalist


Uno de los vecinos supervivientes de la localidad de Ali al- Qaed Hakm © Amnesty International

  • En 2014, España exportó armamento y material de defensa por valor de casi 500 millones de euros a Arabia Saudí y otros países de la coalición que bombardea Yemen
  • Amnistía Internacional teme que el material exportado pueda haber sido utilizado para cometer violaciones de derechos humanos, ya que no existen mecanismos efectivos de control de las armas exportadas

Los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí y los ataques perpetrados por grupos armados afines y hostiles a los huzis en Taiz y Adén (Yemen) han causado un gran número de muertes entre la población civil –incluidas varias decenas de niños–, que podrían constituir crímenes de guerra; así lo afirma Amnistía Internacional en un documento que ha publicado hoy.
En ‘Nowhere safe for civilians’: Airstrikes and ground attacks in Yemen la organización pone el foco sobre los efectos de los ataques aéreos ilegítimos de la coalición contra barrios residenciales densamente poblados y los ataques desproporcionados e indiscriminados perpetrados en zonas civiles por grupos armados leales y hostiles a los huzis que actúan sobre el terreno.
“La población civil del sur de Yemen se encuentra atrapada en el mortífero fuego cruzado entre los grupos leales y hostiles a los huzis sobre el terreno, y al mismo tiempo soporta la amenaza constante de los ataques aéreos de la coalición. Todas las partes de este conflicto han mostrado un desprecio implacable y gratuito por la seguridad de los civiles", ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.
“El documento describe con espeluznante detalle el rastro terrible y sangriento de destrucción y muerte de los ataques ilegítimos cometidos por todas las partes en Taiz y Adén, que pueden constituir crímenes de guerra".   
Ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí
En una visita de investigación a Yemen realizada en junio y julio de 2015, Amnistía Internacional ha investigado ocho ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí, que causaron la muerte de al menos 141 civiles e hirieron a 101 más, en su mayoría mujeres y niños. Los indicios reunidos revelan un patrón de ataques dirigidos contra zonas densamente pobladas, incluidas viviendas civiles, una escuela, un mercado y una mezquita. En la mayoría de los casos no se pudo localizar ningún objetivo militar en las proximidades.
“Las fuerzas de la coalición han incurrido en flagrante incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario al no tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo el número de víctimas civiles. Los ataques indiscriminados que ocasionan la muerte o lesiones a civiles constituyen crímenes de guerra", ha afirmado Donatella Rovera.
Según contó un residente al describir los momentos posteriores a un ataque contra un complejo residencial habitado por trabajadores de una planta de energía, perpetrado en Mokha el 24 de julio, había "cabezas y cadáveres" desperdigados por todas partes, envueltos en fuego y cenizas”, y comparó la visión con una escena del "día del juicio final”. Otro residente local contó a Amnistía Internacional que le seguían atormentando los recuerdos de ir caminando entre "charcos de sangre y miembros amputados" procedentes de más de una veintena de víctimas.
Un ataque llevado a cabo por la coalición el 9 de julio causó la muerte de 10 miembros –entre ellos 4 niños– de una familia que se había refugiado en una escuela en el norte de Adén tras desplazarse de su hogar a causa de los combates. “Vinimos aquí huyendo de la guerra –contó a Amnistía Internacional el padre de tres jóvenes muertas en el ataque–, no teníamos otro lugar adonde ir."

En otro ataque aéreo ilegítimo perpetrado el 7 de julio murieron 11 fieles en una mezquita situada en Waht, en el norte de Adén. Personas que el día anterior habían presenciado un ataque aéreo en un mercado de ganado, también en el norte de Adén, relataron escenas espantosas de la sangría a Amnistía Internacional. Un sobreviviente contó que un fragmento de metralla le había desgarrado el abdomen y le había lesionado órganos internos. Otros testigos presenciales describieron la escena como "una masacre". “Había fragmentos corporales y sangre de animales y seres humanos, todo mezclado. Fue muy penoso de ver", dijo.
Ataques de los grupos armados que combaten sobre el terreno

Amnistía Internacional investigó asimismo 30 ataques perpetrados en Adén y Taiz por el grupo armado de los huzis, con el apoyo de fuerzas armadas y de seguridad leales al ex presidente Alí Abdulá Salé, y por grupos armados hostiles a los huzis; los enfrentamientos armados sobre el terreno entre unos y otros se saldaron con 68 muertos y 99 heridos entre la población civil.
Los combatientes de ambos bandos emplearon sistemáticamente armamento poco preciso, incluidos cohetes tipo Grad, proyectiles de mortero y fuego de artillería, en zonas residenciales densamente pobladas, mostrando un desprecio absoluto por la seguridad de los civiles. Estos ataques indiscriminados pueden constituir crímenes de guerra.
En uno de esos ataques, los cohetes disparados el 1 de julio contra el barrio de Al Mansura, en Adén, alcanzaron dos hoteles en los que se refugiaban familias desplazadas. Entre los civiles heridos más graves estaban Amal Ali y su bebé de 18 meses. “La metralla le atravesó el cráneo y el ojo izquierdo, causándole lesiones internas –contó de su hijo–. Perdió el ojo y está en coma.” Otros cuatro miembros de su familia, entre ellos su bebé de tres meses, también resultaron heridos. Como consecuencia de ese mismo ataque, una mujer de 55 años sufrió parálisis de cuello para abajo.
Uno de los ataques más mortíferos de los perpetrados el 19 de julio fue llevado a cabo por los huzis y sus aliados en Dar Saad, en Adén, en el que murieron 45 personas, en su mayoría civiles.
Muchos ataques aparentemente procedían de barrios civiles densamente poblados, en contravención del derecho internacional humanitario. Un residente contó que los civiles estaban atrapados en medio de los enfrentamientos armados: “Ellos combaten y nosotros estamos atrapados en medio, pero no tenemos otro sitio adonde ir."
En varios casos documentados hubo niños que resultaron muertos o heridos cuando jugaban en la calle o junto a su casa. El informe contiene asimismo varios relatos perturbadores y macabros de testigos presenciales y sobrevivientes que describen cadáveres completamente seccionados y miembros amputados.
Según un testigo de un ataque, un niño echó a correr hacia él con la sangre resbalándole por el cuello y un agujero en la cabeza de la metralla, y había "fragmentos de cerebro pegados a las paredes y ventanas".
“La absoluta falta de medidas por parte de todos los bandos del conflicto para reducir al mínimo los riesgos para la población civil durante los combates ha tenido consecuencias verdaderamente demoledoras para los civiles. La atrocidad de los daños causados a las víctimas pone de manifiesto el verdadero horror y la realidad de la guerra así como los mortíferos y duraderos efectos de estos ataques en la población civil", ha dicho Donatella Rovera.
Comisión de Investigación de la ONU

Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión internacional para investigar con independencia e imparcialidad los presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.
A fecha de 4 de agosto, al menos 1.916 civiles han perdido la vida como consecuencia de los enfrentamientos armados en Yemen, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El conflicto armado ha ocasionado la destrucción parcial o total de al menos 207 bienes de carácter civil, incluidas propiedades e infraestructuras.
“Los autores de los crueles ataques contra civiles en Yemen deben saber que pagarán las consecuencias y serán obligados a responder de crímenes de guerra. Si la comunidad internacional no investiga a los autores de estas violaciones de derechos humanos ni los obliga a rendir cuentas, probablemente no cesarán los ataques ni las muertes y lesiones generalizadas de civiles”, ha afirmado Donatella Rovera.
“Los autores de los crueles ataques contra civiles en Yemen deben saber que pagarán las consecuencias y serán obligados a responder de crímenes de guerra. Si la comunidad internacional no investiga a los autores de estas violaciones de derechos humanos ni los obliga a rendir cuentas, probablemente no cesarán los ataques ni las muertes y lesiones generalizadas de civiles”, ha afirmado Donatella Rovera.
Además, una aguda crisis humanitaria ha agravado el sufrimiento de la población civil en el sur de Yemen. Al menos el 80 por ciento de la población necesita ayuda humanitaria. Servicios básicos como el suministro de agua limpia y de electricidad están interrumpidos y los precios de los alimentos se han disparado.
¿Se han utilizado armas españolas?

Amnistía Internacional considera que los aviones, municiones, bombas, torpedos, misiles, equipos electrónicos y vehículos exportados por España en los últimos años a la coalición encabezada por Arabia Saudí son susceptibles de haber sido utilizados en graves violaciones de derechos humanos en Yemen.
Venta de armas españolas en 2014 a los países de la coalición:

  • Arabia Saudí: se autorizó la exportación de material de defensa por valor de más de 68 millones € y las exportaciones realizadas superaron los 292 millones € e incluye municiones, bombas, torpedos, cohetes, misiles, aviones y equipos electrónicos
  • Bahréin: se autorizó la exportación de material de defensa por valor de 25 millones € y se realizaron exportaciones por importe de 39,9 millones €.
  • Egipto: se autorizaron exportaciones de armas por importe de 182 millones € y se exportaron 108 millones €.
  • Jordania: se autorizó la exportación de aeronaves por importe de 10 millones € y se exportó material de defensa para las fuerzas armadas por valor de 190.000 €.
  • Qatar: se autorizó la exportación de vehículos terrenos a las fuerzas armadas por valor de 201.249 € y de equipos de formación de imagen o contramedida por 0 € (posible donación o cesión) y se exportaron vehículos terrenos por importe de 666.772 €.
  • Kuwait: se autorizaron exportaciones de municiones y equipos de formación de imagen o contramedida por valor de 1,39 millones €. Se exportó munición por valor de 748.250 €.  
  • Marruecos: se autorizaron exportaciones de material de defensa por valor 31,9 millones €. Se exportaron 9,7 millones € de municiones.

Sobre estas exportaciones, Amnistía Internacional viene exigiendo al gobierno español la suspensión de las transferencias de armas a estos países que puedan utilizarse para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos. En junio el Gobierno garantizó que en todas esas operaciones, especialmente las de munición de artillería y armas ligeras, se han exigido documentos de control de uso y destino final, y se exige y se comprueba que no se realice ningún cambio en estos documentos sin autorización previa del Gobierno español. Recientemente, en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Ejecutivo ha señalado que se analiza “de manera completa” cada operación con Arabia Saudí evaluando “especialmente” el “respeto de derechos humanos”, la “situación interna”, la “situación regional”, el “riesgo de desvío” y la “adecuación económica y técnica de la exportación”.
Sin embargo, tal y como ha indicado Amnistía Internacional en su último informe sobre las exportaciones españolas de armas, la información facilitada por el gobierno no permite saber si las exportaciones de armas españolas han sido utilizadas en los ataques aéreos en 2015 a Yemen, ni hay mecanismos efectivos de seguimiento y control del uso de las armas una vez exportadas.


La operación policial realizada el 16 de agosto de 2012 tenía por objeto desarmar, dispersar y detener a los participantes en una huelga y una concentración consideradas ilegales en la mina de Marikana. La policía abrió fuego, causando la muerte de 34 mineros y heridas graves a más de 70. Todos los miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) implicados en las muertes de Marikana y su posterior encubrimiento deben ser suspendidos inmediatamente de sus funciones, hasta que se conozca el resultado de nuevas investigaciones, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo del tercer aniversario de la muerte de 34 mineros en huelga por disparos ilegítimos realizados por la policía.

Como primera medida, el presidente Zuma debe iniciar la suspensión del director general de la Policía, Riah Phiyega. Tres años después, ni un solo miembro del SAPS ha sido suspendido o ha rendido cuentas de sus actos.

“Cualquier otra cosa hará que continúe la ausencia de rendición de cuentas por los homicidios ilegítimos cometidos por la policía el 16 de agosto de 2012 en Marikana. Es inaceptable que se siga negando la justicia para las víctimas y sus familias."

La operación policial del 16 de agosto de 2012 fue desencadenada por la decisión, tomada la noche anterior por los altos mandos policiales, de desarmar y dispersar por la fuerza a los huelguistas a pesar de que se preveía un derramamiento de sangre. El informe de la Comisión de Investigación sobre Marikana (la Comisión Farlam), publicado a principios de junio de 2015, califica esta decisión de temeraria e inexplicable y de "causa decisiva" de las muertes.

Desde el principio, la policía trató sistemáticamente de ocultar y falsear pruebas y de engañar a la Comisión Farlam. El informe es muy crítico con los altos mandos del SAPS, incluido el director general nacional, por dar testimonios evasivos y por su implicación en la destrucción, ocultamiento y fabricación de pruebas.

Una de las recomendaciones de la Comisión Farlam es la creación de una junta de investigación dirigida por el poder judicial que estudie la capacidad del director general de la Policía para desempeñar su cargo. El presidente Zuma debe usar su autoridad para establecer urgentemente esta junta y suspender de sus funciones al director general hasta que se conozcan los resultados de esta investigación. Esto, a su vez, deberá crear y allanar el camino para la suspensión de otros policías implicados y facilitar otros procesos disciplinarios y de investigación que recomienda la Comisión Farlam.

Son muchas las familias afectadas por los homicidios del 16 de agosto de 2012 y por las muertes ilegítimas a manos de la policía y de los huelguistas de los días anteriores.

La tristeza entre las familias de las víctimas sigue siendo palpable y, como dijo una de las viudas a Amnistía Internacional: "Es muy doloroso cuando existe tanta incertidumbre sobre quién rendirá cuentas cuando nuestros esposos murieron como perros."

"El presidente Jacob Zuma debe actuar ya para garantizar que se implementan todas las recomendaciones clave de la Comisión Farlam. Los perpetradores de todos los homicidios cometidos en esa terrible semana deben responder ante la justicia."

Información complementaria
La operación policial realizada en Marikana el 16 de agosto de 2012 tenía por objeto desarmar, dispersar y detener a los participantes en una huelga y una concentración consideradas ilegales en la mina de Marikana de Lonmin.

La policía abrió fuego, causando la muerte de 34 mineros y heridas graves a más de 70.
La decisión adoptada por el mando la noche del 15 de agosto de desarmar por la fuerza a los manifestantes no respondió a ningún aumento del peligro que representaban los manifestantes en ese momento concreto.

La decisión subsiguiente y derivada de desplegar a un gran número de unidades policiales con armas de fuego y munición real no se adoptó debido a una amenaza para la vida o a la intención de proteger o salvar vidas.

Así, estas acciones fueron ilegales según la legislación nacional de Sudáfrica, que obliga a los policías a actuar dentro de un marco de fuerza mínima, y en virtud de las leyes y normas internacionales, concretamente las relativas a la obligación de respetar y proteger la vida. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, de la ONU, permiten el uso de armas de fuego únicamente como defensa en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas.


Acto campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas © AI. La información de que una niña de 11 años que resultó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones, aparentemente por su padrastro, ha dado a luz hoy, son un trágico recordatorio de la necesidad urgente de que Paraguay revoque su estricta ley anti-aborto, dijo Amnistía Internacional.

“Nos complace saber que tanto ‘Mainumby’ como la recién nacida están en buena salud pero ‘Mainumby’ tiene suerte de estar viva. Solo el tiempo dirá la extensión de las consecuencias físicas y psicológicas de su terrible experiencia,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El hecho de que ‘Mainumby’ no ha muerto no es una excusa para las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido a manos de las autoridades Paraguayas, que decidieron jugar con su salud, vida e integridad a pesar de la enorme evidencia de que su embarazo era extremadamente ariesgado y a pesar de que es una niña víctima de violación.”

“La trágica historia de esta niña ilustra lo que está mal en cuanto a los derechos humanos de mujeres y niñas pobres y marginalizadas en Paraguay. Desde el hecho de que las quejas de su madre fueron ignoradas por semanas hasta la negación del tratamiento para proteger su vida. Es pavoroso que su historia continuará repitiéndose a no ser que Paraguay haga más para proteger a las víctimas de violencia sexual, despenalice el aborto y garantice la disponibilidad de anticonceptivos modernos y acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos.”

“Esta niña ya ha sufrido demasiado por el abuso sexual al que fue sometida y el embarazo que fue resultado de la violación. Las autoridades en Paraguay deben asegurarse que tenga acceso a todos los servicios de salud que necesite y que pueda continuar con su educación y que su familia inmediata reciba todo el apoyo psicológico, económico y social que necesiten, según lo deseen.”

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General Delphin Nyembo, República Democrática del Congo. Copy: PAPY MULONGO/AFP/Getty Images Existe un temor cada vez mayor de que 41 sospechosos que permanecen detenidos desde principios de junio se enfrenten pronto a un juicio militar, que incluye el riesgo de pena de muerte, tras su reciente traslado a la custodia del ejército. Así lo ha advertido Amnistía Internacional.
El 5 de agosto, los detenidos fueron trasladados a una prisión militar, tras haber sido arrestados dos meses antes en una operación de seguridad lanzada después de que unos hombres armados atacaran, el 2 de junio, el aeropuerto de Gomá y otras partes de la ciudad. Los detenidos estuvieron más de 60 días recluidos, sin comparecer ante un juez civil, en el Centro de Detención de la Agencia Nacional de Investigación (Agence Nationale des Renseignements, ANR) en Gomá, donde permanecieron en régimen de incomunicación y fueron obligados a dormir sobre el suelo de cemento. 

“Los detenidos, arrestados en la operación lanzada tras el ataque al aeropuerto de Gomá y acusados de ‘insurrección’ y otros delitos, ahora corren el riesgo de ser condenados a muerte en un juicio celebrado ante un tribunal militar", ha manifestado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

"Es primordial que se celebre un juicio justo ante un tribunal civil que cumpla las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho de apelación y otros recursos."
Los 41 sospechosos, en su mayoría civiles salvo cuatro agentes de policía y dos miembros del ejército congoleño, fueron trasladados de la ANR a las oficinas del fiscal militar de Kivu Septentrional, vinculado a un tribunal militar.
“Este traslado sugiere una elevada probabilidad de que los sospechosos sean juzgados ante un tribunal militar, lo cual niega su derecho a recurso legal, incluido el derecho de apelación", ha manifestado Sarah Jackson.
"La jurisdicción de los tribunales militares en materia penal debe limitarse a juicios de personal militar por infracciones de la disciplina militar, no abarcar delitos comunes, delitos de derecho internacional o violaciones de derechos humanos. Además, el derecho internacional prohíbe juzgar a civiles ante tribunales militares en ninguna circunstancia.”

Información complementaria
El 2 de junio, el aeropuerto de Gomá y varias partes de la ciudad fueron atacados, presuntamente por un movimiento armado denominado Unión de Patriotas Congoleños por la Paz (Union des patriotes congolais pour la paix. UPCP), encabezado por Célestin Kambale Malonga. En el ataque murieron al menos cuatro personas, entre ellas dos miembros de la Guardia Presidencial encargados de la seguridad del aeropuerto. Desde el 3 de junio, se empezó a detener a los sospechosos del ataque de Gomá, entre ellos a Célestin Kambale Malonga. Las fuerzas de seguridad congoleñas, incluidas la Guardia Presidencial, la Policía Militar y la ANR, detuvieron al menos a 75 personas. Los detenidos fueron recluidos en el Centro de Detención de la ANR en Gomá. Varias personas fueron puestas en libertad posteriormente, pero los 41 sospechosos permanecieron recluidos. 
Los detenidos pasaron más de 60 días en prisión preventiva en el Centro de Detención de la ANR, lo cual constituye una violación del artículo 18.3 de la Constitución congoleña, que establece que "la prisión preventiva no superará nunca las 48 horas". Además, les negaron el acceso a sus familias y a asistencia letrada.
El artículo 87 del Estatuto Congoleño sobre el funcionamiento de los tribunales militares establece que no cabe recurso de apelación contra las sentencias de dichos tribunales.  Este artículo es contrario tanto al artículo 21 de la Constitución congoleña como al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que la República Democrática del Congo es parte desde 1976; ambos garantizan el derecho de apelación.
Aunque la República Democrática del Congo no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2003, los detenidos de Gomá se enfrentan a una amenaza real de ser condenados a muerte.
En el momento de su detención en junio, Amnistía Internacional instó al gobierno congoleño a permitirles acceder a sus abogados y familiares, y a respetar el proceso debido, conforme dispone el derecho internacional.  


Ghouta Oriental está bajo asedio constante desde noviembre de 2012. © Mohammed Abdullah Los incesantes bombardeos aéreos y terrestres de las fuerzas gubernamentales sirias están agravando el sufrimiento de la población civil, atrapada bajo asedio y enfrentada a una intensificación de la crisis humanitaria en Ghouta oriental, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
‘Left to die under siege’: War crimes and human rights abuses in Eastern Ghouta, Syria revela indicios abrumadores de crímenes de guerra y califica de constitutivos de crímenes de lesa humanidad el asedio del gobierno sirio a Ghouta oriental y el homicidio ilegítimo de su población civil asediada, que tienen lugar como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El informe también pone de relieve la angustiosa lucha por la supervivencia de más de 163.000 personas que viven bajo asedio en Ghouta oriental, además de sacar a la luz los abusos cometidos por grupos armados no estatales en la zona.

“Desde hace casi tres años, las vidas de los civiles de Ghouta oriental se han visto destrozadas por el derramamiento de sangre y la tragedia. Están atrapados y rodeados por los combates en todos los frentes, sin posibilidad de escapar de los ataques aéreos y los bombardeos ilegítimos que llevan a cabo las fuerzas gubernamentales. Su angustia se agrava debido a la disminución de los suministros de alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad, por lo que para muchas personas la vida diaria se ha convertido en una prolongada experiencia de privaciones y sufrimiento”, ha afirmado Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Crímenes de guerra cometidos por fuerzas gubernamentales
Entre enero y junio de 2015, las fuerzas gubernamentales sirias llevaron a cabo al menos 60 ataques aéreos en Ghouta oriental que causaron la muerte de unos 500 civiles. El informe documenta 13 ataques aéreos y otros ataques constitutivos de crímenes de guerra, que causaron la muerte de 231 civiles y de sólo 3 combatientes.  En 10 casos no fue posible identificar objetivo militar alguno en las inmediaciones, lo que indica que los ataques iban dirigidos contra la población civil o, en el mejor de los casos, que fueron indiscriminados. En los tres casos restantes, los ataques parecieron manifiestamente desproporcionados o indiscriminados por otros motivos.
Muchos lugares públicos afectados estaban repletos de civiles, como un mercado público muy concurrido, una escuela cuando los alumnos estaban cerca o las inmediaciones de una mezquita poco después de las oraciones del viernes.
El análisis de imágenes de satélite muestra que los ataques aéreos llevados a cabo entre el 28 de diciembre de 2014 y el 10 de febrero de 2015 destruyeron por completo varios edificios de viviendas en las proximidades de la mezquita de Taha, en Douma. Un testigo presencial dijo que había visto nueve cadáveres esparcidos por las calles cerca de la mezquita, víctimas de un ataque aéreo el 9 de febrero. El testigo agregó que también quedaron destruidos edificios de viviendas, un hospital de campaña subterráneo y una escuela.
El mismo día, Amir fue testigo de otro ataque aéreo contra otra mezquita en Douma. Amir describió a Amnistía Internacional cómo familias desplazadas, incluidos niños y niñas, perdieron la vida en el ataque que afectó a la mezquita de Al Ansar, en Douma, donde se habían refugiado. “No hay ningún lugar seguro”, dijo.
Los mercados públicos también están en la lista de objetivos del gobierno sirio. “Fue un desastre”, dijo un testigo presencial al describir los momentos posteriores al ataque contra el mercado de Kafr Batna el 5 de febrero. Unos residentes dijeron que el ataque tuvo lugar a la una de la tarde –la “hora más concurrida del día”– y también destruyó dos edificios de viviendas cercanos. No había indicio alguno de objetivos militares cercanos.
En un ataque igualmente terrible, el 25 de enero, reactores de la fuerza aérea siria bombardearon un mercado en Hamouria poco después de las oraciones del viernes, mientras multitud de personas llegaban desde una mezquita cercana para comprar el azúcar, que ese día se vendía a precio reducido; murieron más de 40 civiles. “Sólo podía ver sangre. Fue horroroso, nunca había visto nada igual”, dijo un testigo de los hechos.
“El momento y el lugar de estos ataques parecen programados deliberadamente para causar el máximo daño o el mayor número de víctimas civiles en un horripilante intento de las fuerzas gubernamentales sirias de aterrorizar a la población. Todos los ataques contra civiles y edificios o infraestructuras civiles deben terminar”, ha afirmado Said Boumedouha.
Las fuerzas gubernamentales sirias también dispararon repetidamente cohetes y morteros sin precisión o bombas no guiadas sobre zonas pobladas en una serie de ataques directos e indiscriminados contra civiles que equivalen a crímenes de guerra.
“Al bombardear repetidamente zonas densamente pobladas en una serie de ataques directos, indiscriminados y desproporcionados, y al someter a un asedio ilegítimo a la población civil, las fuerzas gubernamentales sirias han cometido crímenes de guerra y han demostrado una siniestra insensibilidad hacia la población civil de Ghouta oriental”, ha afirmado Said Boumedouha.

La vida bajo asedio: una lucha por la supervivencia
Además de sufrir bombardeos diarios, la población civil de Ghouta oriental asiste a un continuo deterioro de sus condiciones de vida. Los residentes tienen acceso limitado a alimentos, agua potable o atención médica y a suministros esenciales como electricidad y combustible. Los puestos de control guarnecidos por fuerzas gubernamentales o por grupos armados restringen sus movimientos de entrada y salida de Ghouta oriental. Las fuerzas gubernamentales también han negado a organismos de la ONU y otros agentes humanitarios el libre acceso a la zona.
Más de 200 personas murieron de inanición o por falta de acceso a atención médica adecuada en Ghouta oriental entre el 21 de octubre de 2012 y el 31 de enero de 2015, según la Sociedad Médica Siria Estadounidense.
Está surgiendo una incipiente “economía de guerra” de mercado negro que permite que contrabandistas y miembros de grupos armados o funcionarios del gobierno saquen provecho a costa de la población civil. Las fuerzas gubernamentales sirias confiscan de forma habitual alimentos en los puestos de control, lo que obliga a los residentes a comprar productos en el mercado negro, a menudo a precios 10 veces más altos que en el centro de Damasco.
Marwan, residente en Jesrine, dijo que había perdido más de 15 kilogramos de peso a causa del asedio. Marwan pasó días sin comer para que sus cuatro hijos y su esposa pudieran comer una vez al día. “¿Qué hace falta para que las Naciones Unidas hagan algo al respecto? ¿Es el hambre la única respuesta?”, dijo.

“Las fuerzas del gobierno utilizan el hambre como arma de guerra, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional. Impedir el acceso a alimentos y suministros básicos necesarios para sobrevivir es un despiadado acto de crueldad que equivale a castigo colectivo de la población civil”, ha afirmado Said Boumedouha.

Otros residentes dijeron que los combatientes del Ejército del Islam (Jaysh al Islam) y sus familias disponían de abundantes alimentos mientras que los civiles se veían obligados a pagar precios excesivos.
El informe revela que grupos armados no estatales, y especialmente el Ejército del Islam, son culpables de una serie de abusos, como secuestros, detenciones arbitrarias y bombardeos indiscriminados. Su uso de armas imprecisas como morteros y cohetes Grad en zonas pobladas equivale a crímenes de guerra.
“Las violaciones generalizadas cometidas por el gobierno sirio no justifican el atroz comportamiento del Ejército del Islam, que también ha llevado a cabo ataques indiscriminados, no ha protegido a los civiles y les ha privado de acceso a alimentos o atención médica. La población civil de Ghouta oriental está esencialmente atrapada entre dos bandos hostiles que compiten para su propio beneficio”, ha afirmado Said Boumedouha.
La acción internacional, una necesidad urgente
Hace más de un año, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó dos resoluciones que pretendían aliviar el sufrimiento de la población civil de Siria, y pedían a todas las partes en el conflicto que pusieran fin a los ataques contra civiles, levantaran el asedio, permitieran el acceso humanitario sin restricciones y pusieran en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. Sin embargo, hasta ahora no han mitigado el sufrimiento de la mayoría de los civiles.
“Estas resoluciones tenían como objetivo precisamente proteger a la población civil e impedir un desastre humanitario en toda regla. Sin embargo, hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU se ha limitado a mirar mientras las resoluciones siguen siendo desobedecidas abiertamente y la crisis no cesa de agravarse, pese a los compromisos de tomar medidas adicionales para asegurar su cumplimiento. Hace tiempo que tales medidas deberían haberse tomado con urgencia”, ha afirmado Said Boumedouha.
“No se debe permitir que los autores de los crímenes de derecho internacional que vemos en Siria sigan eludiendo la acción de la justicia. Mientras Rusia impida que el Consejo de Seguridad remita la situación en Siria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la justicia seguirá siendo una posibilidad remota”, ha afirmado Said Boumedouha.
El Consejo de Seguridad debe imponer con urgencia sanciones selectivas a todas las partes en el conflicto de Siria responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como un embargo de armas al gobierno sirio. El gobierno sirio debe garantizar el acceso sin restricciones al país de la comisión de investigación internacional independiente y de otros observadores de la situación de los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional.


© Samuel Tristan vía Flickr Hoy ha tenido lugar en el foro de toma de decisiones de Amnistía Internacional, la Reunión del Consejo Internacional (RCI), que se celebra en Dublín, una votación decisiva para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Los delegados y las delegadas de todo el mundo han aprobado una ponencia que autoriza a la Junta Directiva Internacional a elaborar y aprobar una política sobre el asunto.

"Los trabajadores y las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo, y, en la mayoría de los casos, se enfrentan a un riesgo constante de sufrir discriminación, violencia y abusos. Nuestro movimiento global ha preparado el terreno para la adopción de una política para la protección de los derechos humanos de estas personas, que ayudará a conformar el trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre tan importante asunto", ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

En la ponencia se recomienda que Amnistía Internacional elabore una política que apoye la despenalización absoluta del trabajo sexual realizado con consentimiento
en todos sus aspectos. La política también instará a los Estados a garantizar que los trabajadores y las trabajadoras sexuales disfrutan de una protección jurídica plena e igualitaria frente a la explotación, la trata y la violencia.

"Reconocemos que este decisivo asunto de derechos humanos es enormemente complejo; por eso hemos preferido abordarlo desde el prisma de las normas internacionales de derechos humanos. Hemos hecho, además, una consulta en el contexto de nuestro movimiento global a fin de tomar en consideración las distintas posturas existentes en todo el mundo", ha afirmado Salil Shetty.

Sobre la base de la investigación y la consulta llevadas a cabo para la elaboración de esta política en los dos últimos años, se ha determinado que la despenalización es la mejor forma de defender los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales y de reducir el riesgo que corren de sufrir abusos y violaciones de tales derechos.

Entre las violaciones de derechos humanos que los trabajadores y las trabajadoras sexuales están expuestos a sufrir figuran la violencia física y sexual, la detención arbitraria, la extorsión y el hostigamiento, la trata de personas y las pruebas de VIH e intervenciones médicas forzadas. Estas personas pueden también quedar excluidas de los servicios de atención de la salud y vivienda y de otras formas de protección social y jurídica.

La política está basada en considerables datos de fuentes entre las que figuran organismos de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres y el relator especial sobre el derecho a la salud. También hemos realizado investigaciones en cuatro países.

En la consulta han participado grupos centrados en los trabajadores y las trabajadoras sexuales, grupos que representan a supervivientes de prostitución, organizaciones abolicionistas, grupos feministas y otras entidades representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos que combaten la trata y organizaciones que trabajan sobre VIH/sida.

Amnistía Internacional considera la trata de personas una práctica atroz en todas sus formas, incluida la explotación sexual, que debe estar penalizada en el derecho internacional. Esta postura está explícita en esta nueva política y en todo el trabajo de Amnistía Internacional.

"Hoy es un día histórico para Amnistía Internacional. No es una decisión a la que se haya llegado fácil y rápidamente, por lo que damos las gracias a nuestra membresía de todo el mundo, así como a los numerosos grupos consultados, por su importante contribución al debate. Nos han ayudado a tomar una importante decisión que ayudará a conformar esta área de nuestro trabajo de derechos humanos de ahora en adelante", ha añadido Salil Shetty.

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