Amnistía Internacional España

David Mackay, uno de los fundadores de Amnistía Internacional en España falleció en Barcelona el 12 de noviembre de 2014

El arquitecto y activista de derechos humanos, David Mackay, murió ayer miércoles 12 de noviembre en Barcelona. Nacido el 1933 en Sussex (Reino Unido), Mackay fue una de los personas que impulsó la creación de la sección de Amnistía Internacional en España en 1978.

Al conocer la noticia, la actual presidenta de Amnistia Internacional Catalunya, Maria Cañadas, ha recordado “con mucha emoción” los años en los que trabajó codo a codo con Mackay. Fue cuando ella era responsable del crecimiento de la organización en el sur de Europa y mantenía largas conversaciones y reuniones con Mackay para crear una estructura de Amnistía Internacional en España. En palabras de Maria Cañadas, “David Mackay fue no sólo un muy buen mensajero de Amnistía Internacional desde los inicios, sino una persona entrañable”.

Desde Amnistía Internacional, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y afecto a la familia de David Mackay por su pérdida.

Fundador del estudio MBM, junto a Oriol Bohigas y Josep Martorell, Mackay vivía en Barcelona desde el año 1959. Desde su estudio impulsó obras como la Universitat Pompeu Fabra o el diseño de la Villa y el Puerto Olímpicos den 1992.

En marzo de 1976, Mackay, Manuel Casanoves -que acabó siendo el primer presidente de Amnistía Internacional en España- y otros colaboradores de la organización, muchos de los cuales no se conocían, se reunieron en Barcelona. Aquel mismo año, una delegación de la que formaba parte Mackay viajó al congreso internacional de este movimiento de derechos humanos en Estrasburgo, donde se dio luz verde a la creación de la Sección española de Amnistía Internacional.

El 15 de julio de 1978 se celebró la primera Asamblea Constituyente de la organización en Barcelona y a finales de aquel año se estableció en Madrid la sede del Secretariado estatal de Amnistía Internacional.


La simulación de ahogamiento una de las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” utilizadas por EE.UU. © Amnistía Internacional

Estados Unidos debería aprovechar su comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU para comprometerse con la justicia por las graves violaciones de derechos humanos —que incluyen torturas y desapariciones forzadas— cometidas por personal estadounidense en los últimos años, ha declarado Amnistía Internacional.

Esta semana en Ginebra, el Comité contra la Tortura estudiará el cumplimiento por Estados Unidos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.

“Estados Unidos se autoproclama líder global contra la tortura aun cuando durante el mandato del presidente Bush se autorizaron la tortura y la desaparición forzada desde los máximos niveles del gobierno. Hoy Estados Unidos afirma que está comprometido con los principios de la Convención contra la Tortura a pesar de que no hace que los responsables de torturas comparezcan ante la justicia”, declaró Zeke Johnson, director del Programa de Personas en Situación de Riesgo de Amnistía Internacional Estados Unidos, que asistirá a la sesión en Ginebra.

Amnistía Internacional ha presentado ante el Comité datos sobre la inacción del gobierno de Estados Unidos para poner fin a la impunidad y dar reparaciones por violaciones de derechos humanos, que incluyen:

  • El uso del water-boarding —ejecuciones simuladas mediante ahogamiento interrumpido— y otras técnicas de interrogatorio “mejoradas”. A pesar de que el ex presidente George W. Bush dijo que autorizó personalmente estas técnicas para detenidos concretos, no se han investigado sus declaraciones.
  • Los programas de entrega y detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Existen pruebas fehacientes de que las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de derecho internacional, cometidas en estos programas sólo han desembocado en un callejón sin salida y que los perpetradores siguen gozando de impunidad.

“El vacío de rendición de cuentas es realmente vergonzoso. La ausencia de verdad, reparación y rendición de cuentas respecto del uso de la tortura y de la desaparición forzada por Estados Unidos es una grave afrenta al Estado de derecho y al respeto por los derechos humanos”, añadió Zeke Johnson.

Tanto el gobierno de Bush como el de Obama han logrado bloquear los recursos judiciales para las personas que denunciaron haber sido sometidas a detención ilegítima, tortura u otras violaciones de derechos humanos.

Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, formuló una “reserva” en la que declaraba que Estados Unidos respetaría la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes sólo en la medida en que fuera compatible con las normas jurídicas estadounidenses.

“Los abogados del gobierno de Bush utilizaron esta reserva en sus viciados argumentos jurídicos en los tristemente célebres memorandos secretos que aprobaron técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violaban la Convención contra la Tortura.”

“Este año, en el que se conmemora el 30 aniversario de la Convención, es sin duda un buen momento para redoblar los esfuerzos y convencer a Estados Unidos para que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de verdad, rendición de cuentas y recurso legal por torturas. Ya es hora de que el gobierno estadounidense cumpla todas las disposiciones de la Convención sin restricciones.”

Amnistía Internacional también ha pedido al presidente Obama que haga público el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de la CIA, que sigue clasificado como máximo secreto. Se cree que el informe contiene aún más pruebas de tortura y otros malos tratos infligidos bajo la autoridad presidencial.

En su información al Comité, Amnistía Internacional formula también recomendaciones en relación con otros asuntos, entre ellos la cuestión de la rendición de cuentas por torturas cometidas por la policía de Chicago, el uso por Estados Unidos de la detención en régimen de aislamiento contra miles de presos en todo el país, el uso de armas de electrochoque en las actuaciones policiales, la pena de muerte y la imposición de la pena de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional a menores de 18 años.

“El gobierno de Obama ha dado la bienvenida al examen al que el Comité de la ONU va a cometer a Estados Unidos como una oportunidad para que el país haga su propio examen. Esa reflexión debe incluir la garantía de que todas las personas que autorizaron, cometieron o participaron en torturas y desapariciones forzadas respondan de sus actos ante la justicia. Estados Unidos no debe seguir permitiendo que los responsables eludan su responsabilidad”, concluyó Zeke Johnson.

Más información

Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, en 1994.

Este es el tercer examen de Estados Unidos que realiza el Comité contra la Tortura, el órgano creado por la Convención para vigilar el cumplimiento de ésta por los Estados miembros. Los otros dos se llevaron a cabo, respectivamente, en 2000 y 2006. Estados Unidos aún no ha aplicado muchas de las recomendaciones anteriores del Comité.


Trabajadores migrantes en Qatar implicados en la construcción de una de las infraestructuras del Mundial 2022. © 2011 Getty Images.

Las autoridades de Qatar se han quedado gravemente rezagadas en los esfuerzos para abordar los abusos incontrolados de los derechos de los trabajadores migrantes, ha dicho Amnistía Internacional en un documento publicado a los seis meses de que el gobierno anunciara un conjunto de reformas para abordar la explotación laboral antes del Mundial de Fútbol de 2022.

En No Extra Time: How Qatar is still failing on workers’ rights ahead of the World Cup se describe cómo el gobierno qatarí no ha reformado los sistemas que facilitan los abusos contra trabajadores migrantes y sólo ha hecho progresos mínimos en los diversos planes que anunció en mayo de 2014.

El tiempo se acaba a toda prisa. Hace cuatro años que Qatar resultó elegido para organizar el Mundial de Fútbol, lo que puso a este país bajo los focos del mundo; pero hasta ahora su respuesta a los abusos contra los trabajadores migrantes no ha consistido en mucho más que promesas de acción y proyectos de ley”, ha dicho Sherif Elsayed Ali, jefe del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“Urge actuar ya para garantizar que no terminamos celebrando una competición mundial construida sobre la explotación y el trabajo forzado.”

En el documento se analiza la respuesta de las autoridades a nueve asuntos fundamentales para los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar. En cinco de estos asuntos no ha habido progresos, y sólo se consiguieron avances limitados o parciales en las otras cuatro áreas.

“A pesar de sus reiteradas promesas de reformarse con antelación a la Copa Mundial, el gobierno de Qatar aparentemente sigue avanzando con pies de plomo en algunos de los cambios fundamentales que más urgen, como la abolición del permiso de salida y la revisión de su abusivo sistema de patrocinio”, ha dicho Sherif Elsayed-Ali.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a Qatar que cancele el permiso de salida, una violación manifiesta de los derechos de los migrantes que otorga a los empleadores el control de los movimientos de los trabajadores migrantes y puede ocasionar que migrantes explotados queden atrapados y no puedan abandonar el país.  

Asimismo, la organización ha pedido con insistencia la reforma del sistema de patrocinio o “kafala”, que ata a los trabajadores a sus empleadores y favorece el trabajo forzado.

Amnistía Internacional puso de relieve prácticas de explotación en Qatar tales como  retrasos en el pago de los salarios de migrantes, condiciones laborales duras y peligrosas, precarias condiciones de vida y aspectos escalofriantes del trabajo forzado y violencia física y sexual contra trabajadores del servicio doméstico en dos informes que publicó el año pasado.

Tras el clamor internacional que suscitaron los críticos informes publicados en los medios de comunicación y la presión de Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos, el gobierno qatarí encargó al despacho jurídico DLA Piper la investigación de las denuncias de abusos.

En mayo de 2014, DLA Piper hizo una serie de recomendaciones al gobierno en un amplio informe donde también criticaba el sistema de patrocinio.  

Poco después, el gobierno de Qatar anunció un conjunto de reformas que incluía propuestas para reformar el sistema de patrocinio y el permiso de salida, así como para abolir una norma que impide a los trabajadores volver a Qatar en el plazo de dos años cuando han terminado un contrato. En opinión de Amnistía Internacional, las reformas anunciadas eran una oportunidad perdida, ya que no iban al origen de los asuntos que contribuían al abuso generalizado de los trabajadores migrantes. Incluso las limitadas reformas propuestas siguen sin cumplirse.

Además, las iniciativas que ha tenido el gobierno desde mayo para eliminar los principales obstáculos que encuentran los trabajadores que intentan obtener justicia, y para abordar los graves motivos de preocupación relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores de la construcción, han sido insuficientes.

“Seis meses después, muy pocas de las limitadas medidas anunciadas en mayo se han aplicado, y sólo parcialmente. En general, los pasos dados hasta ahora son lamentablemente insuficientes”, ha dicho Sherif Elsayed-Ali.

“Al no actuar con diligencia para abordar las lagunas en su historial de derechos humanos, Qatar corre el riesgo de dañar gravemente su credibilidad y poner en duda su compromiso con los derechos humanos.”

Como parte de las reformas globales necesarias para que el sistema de patrocinio y la legislación laboral sean compatibles con las obligaciones de Qatar en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido a Qatar que adopte medidas iniciales y concretas, entre ellas:

  • abolir de manera inequívoca el permiso de salida;
  • poner en marcha una investigación independiente sobre las causas de las muertes de trabajadores migrantes;
  • bajar las prohibitivas tasas que deben pagar los trabajadores para poner pleitos a sus empleadores;
  • publicar los nombres de contratadores y empleadores que son explotadores;
  • conceder a los trabajadores del servicio doméstico la protección jurídica de los derechos laborales garantizada a otros trabajadores.

La organización seguirá vigilando las medidas adoptadas por Qatar para abordar éstos y otros asuntos en los próximos seis meses.


Más de 100.000 apátridas podrían tener derecho a la nacionalidad kuwaití, pero el gobierno los considera “residentes ilegales”. © YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images

El anuncio de Kuwait de que decenas de miles de personas apátridas en el país –llamadas “bidún”– podrán obtener la “nacionalidad económica” de la Unión de las Comoras, empobrecido archipiélago situado frente a las costas de África Oriental, es una traición vergonzosa de las obligaciones internacionales de Kuwait en materia de derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

“Es indignante que las autoridades kuwaitíes intenten zanjar el dilatado problema de la condición apátrida de los bidún y su discriminación adquiriendo masivamente la ‘nacionalidad económica’ de otro país”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Muchos bidún que residen actualmente en Kuwait nacieron y crecieron en este país. Tienen derecho a la tramitación de sus solicitudes de la nacionalidad kuwaití con prontitud, transparencia e imparcialidad.”

Según la propuesta, los bidún tendrían permiso para permanecer en Kuwait en calidad de ciudadanos extranjeros.

“Aunque esta última promesa puede suponer la regularización de la situación de algunos bidún, no es más que una forma encubierta de evitar resolver el problema de su condición de ciudadanos de Kuwait, que arrastra desde hace tiempo. Lo cierto es que se les ha privado de toda oportunidad de obtener la ciudadanía de Kuwait,” ha dicho Said Boumedouha.

“En vez de jugar con la vida y el futuro de la gente, las autoridades kuwaitíes deberían buscar una solución a largo plazo de este problema, garantizando que todas las personas bidún que solicitan la nacionalidad tienen acceso sin demora a un proceso justo e independiente.”

Más de 100.000 apátridas podrían tener derecho a la nacionalidad kuwaití, pero el gobierno los considera “residentes ilegales”.
Al no poder conseguir la nacionalidad, muchos sufren discriminación y no tienen acceso a empleo, asistencia médica y educación. En años recientes han reclamado la nacionalidad kuwaití en manifestaciones que la policía ha disuelto usando fuerza excesiva. Se ha detenido arbitrariamente a cientos de ellos, aunque también se absolvió a varias vecenas.

En octubre de 2012, el primer ministro, Jaber al Sabah, dijo a Amnistía Internacional que el gobierno de Kuwait resolvería el problema de los bidún en el plazo de cinco años. Según informes, Kuwait ha ofrecido una serie de inversiones a la Unión de las Comoras, miembro de la Liga Árabe, a cambio de la adquisición de la “nacionalidad económica” para los apátridas.

Kuwait no permite que sus tribunales revisen la decisiones administrativas por las que han sido desestimadas las solicitudes de nacionalidad. Amnistía Internacional considera que el proceso de naturalización supervisado por el Sistema Central de Kuwait para Resolver la Situación de los Residentes Ilegales es opaco y se basa en criterios inestables. Este órgano adopta habitualmente decisiones arbitrarias y carece de independencia.

Kuwait debe garantizar que todas las solicitudes de nacionalidad se revisan con prontitud, transparencia e imparcialidad. Todos los bidún residentes en Kuwait deben tener garantizado el acceso a los tribunales u otras instancias independientes para impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades”, ha dicho Said Boumedouha.


Unas 74 personas han sido detenidas hasta ahora por la desaparición de los estudiantes © Amnistia Internacional México / Alonso Garibay

El anuncio de hoy por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 estudiantes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río se da después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes.

Sin embargo, las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.

"Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia ", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.

El alcalde de Iguala, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones. A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.

En diciembre de 2011, las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.

"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", dijo Erika Guevara.

Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el Procurador General hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Así mismo, recordaron al presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.

Amnistía Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.

"Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos", concluyó Guevara Rosas.

Información complementaria

En la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, 19 fosas comunes se encontraron en Iguala y sus alrededores. Hasta el momento han sido detenidas 74 personas en un caso que comenzó cuando la policía local atacó a los estudiantes el 26 de septiembre, resultando en el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes.


Activistas en Pekin muestran su apoyo a los manifestantes de Hong Kong el 29 de septiembre. © Private

Los líderes del mundo que van a reunirse el próximo lunes en Pekín con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) deben instar a China a que deje en libertad a las decenas de activistas del territorio continental detenidos por apoyar pacíficamente las protestas de Hong Kong en favor de la democracia, ha manifestado Amnistía Internacional.

Al menos 76 personas se encuentran detenidas en China continental por apoyar las demandas de un verdadero sufragio universal en Hong Kong, según  la última información que Amnistía Internacional ha podido verificar.

“Los líderes del APEC deben dejar de guardar silencio sobre la represión que sufren los activistas de China continental que expresan su apoyo a los participantes en las manifestaciones de Hong Kong en favor de la democracia –ha señalado Roseann Rife, directora de investigación sobre el este de Asia de Amnistía Internacional–. No deben ponerse los intereses políticos por encima de la adopción de medidas basadas en principios.”

“Los líderes deben aprovechar esta oportunidad para pronunciarse e instar al presidente Xi a que garantice que todas las personas detenidas por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica son puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.”

El mes pasado, la policía china practicó detenciones relacionadas con las protestas en favor de la democracia, especialmente en Pekín, Jiangsu y las ciudades meridionales de  Guangzhou y Shenzhen, que están cerca de Hong Kong.  

Se ha detenido a personas por publicar en Internet imágenes con mensajes de apoyo, afeitarse la cabeza en señal de solidaridad o querer viajar a Hong Kong para participar en las protestas. Asimismo, las autoridades han llamado a decenas más para interrogarlas, procedimiento conocido como “invitar al te”.

Los censores estatales chinos han intentado prohibir las fotografías de las protestas en favor de la democracia y toda mención positiva de ellas en Internet, a la vez que sólo permite publicar en la televisión y la prensa las noticias y comentarios aprobados por el gobierno. El sitio web de la BBC y la plataforma de intercambio de fotografías Instagram están prohibidos desde el mes pasado.

Con ocasión de la celebración del APEC, las autoridades han prohibido también a varios activistas de China continental viajar a Pekín, y aquí, en la capital, se ha obligado a otros a abandonar la ciudad, entre ellos los destacados activistas Hu Shigen y Xiang Li.

La última oleada de detenciones forma parte de un ataque concertado de que están siendo objeto las libertades fundamentales desde que el presidente Xi tomó posesión de su cargo. Hace que resulten ridículas las recientes declaraciones que ha hecho el presidente anunciando que en 2020 se respetarán ya totalmente en China el Estado de derecho y los derechos humanos”, ha afirmado Roseann Rife.

En el marco del ataque a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación llevado a durante el último año se ha condenado a entre dos y seis años y medio de prisión a personas relacionadas con la red de activistas Movimiento “Nuevos Ciudadanos”.

Más de 60 activistas fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario arbitrariamente en el periodo previo al 25 aniversario, en julio, de la represión violenta de las protestas en favor de la democracia en torno a la plaza de Tiananmen en 1989.

Mientras tanto, líderes estudiantiles de Hong Kong han dicho que piensan viajar a Pekín durante la cumbre del APEC para intentar reunirse con altos cargos chinos a fin de insistir en sus demandas de reforma electoral. Centenares de manifestantes partidarios de la democracia continúan ocupando varias partes del centro de Hong Kong en el contexto de las protestas iniciadas el 26 de septiembre.


Los dominicanos de ascendencia haitiana se manifiestan para exigir sus derechos frente al Congreso Dominicano en Santo Domingo © Amnistía Internacional

La terrible sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que podría dar lugar a que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privaría, si el gobierno la respalda, de toda esperanza de justicia a cientos de miles de sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“Con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad, y ha demostrado su sesgo político al defender intereses particulares”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“El privar a las personas de la oportunidad de hallar justicia en el extranjero cuando se les niega en su país no sólo resulta indignante, sino que supone además un inquietante paso atrás en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.”

La sentencia se ha producido tan sólo dos semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra de la decisión judicial de la República Dominicana que privaba discriminatoriamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que viven en el país.

“En lugar de montar una pataleta por la sentencia de un tribunal internacional con la que no están de acuerdo, las autoridades dominicanas deberían centrar su energía en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que viven en el país. El primer paso debe ser cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Si el presidente sanciona esta resolución, cientos de miles de víctimas de discriminación, homicidios policiales y otras violaciones de derechos humanos se quedarán sin vía jurídica alguna con la que reclamar justicia cuando no encuentren remedio en su país.

“Esta decisión muestra el total desinterés de la República Dominicana por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y sienta un precedente increíblemente peligroso para la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país, especialmente las más vulnerables. El presidente Medina tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar su liderazgo y garantizar que el Estado cumple sus obligaciones internacionales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

El tribunal regional ordenó a la República Dominicana que revocara una sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional del país que privaba de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y las dejaba sin acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la atención médica y la educación.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus obligaciones internacionales e implementar en su totalidad la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria

El 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional dominicano alegó que, cuando el país se unió a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, lo había hecho sin respetar su propia Constitución. Ahora el gobierno debe indicar cuál es su postura respecto a esta decisión y qué consecuencias puede tener.

La promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, es la piedra angular del Estado de derecho, y permite a los Estados garantizar que todas las personas pueden vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.

El sistema regional de derechos humanos –compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un complemento necesario a los mecanismos nacionales de protección en toda América. A lo largo de los años, miles de víctimas y sus familiares en todo el continente lo han visto como su única oportunidad de obtener justicia después de que los sistemas nacionales de justicia les fallaran.

Desde 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias sobre la República Dominicana, relativas a la impunidad por las desapariciones forzadas, la discriminación y el derecho a la nacionalidad.


Una mujer se encuentra en su casa destruida cerca del aeropuerto de Donetsk, en el este de Ucrania. © DOMINIQUE FAGET / AFP / Getty Images

El homicidio de un escolar y de un muchacho de 18 años durante el bombardeo que sufrió el miércoles Donetsk, ciudad del este de Ucrania, pone de relieve la existencia de una constante más general de ataques indiscriminados que podrían constituir crímenes de guerra, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Tanto el gobierno ucraniano como las fuerzas separatistas deben dejar de inmediato de efectuar ataques indiscriminados, que violan las leyes de la guerra”, ha señalado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Estas muertes continuas de civiles  –consecuencia previsible de tales ataques– son injustificables, por lo que ambos bandos deben hacer rendir cuentas a los responsables.”

Durante una visita de investigación que realizó a finales de septiembre y principios de octubre, Amnistía Internacional documentó más de 20 muertes recientes de civiles, causadas por disparos de cohetes y artillería en las localidades ucranianas meridionales de Donetsk, Avdiivka y Debaltseve. La mayoría de las muertes, que se produjeron en barrios residenciales, parecían ser consecuencia de ataques indiscriminados, en los que las fuerzas atacantes utilizaron armas que no podían apuntarse con precisión suficiente como para distinguir entre objetos civiles y militares.

La gran mayoría de las muertes se produjeron en Donestk, territorio de los separatistas, y probablemente fueran obra de las fuerzas del gobierno ucraniano, pero parece que las fuerzas separatistas fueron también responsables de varias muertes en Avdiivka y Debaltseve, que son zonas bajo el control del gobierno.

Las investigaciones de Amnistía Internacional indican de manera convincente que las fuerzas separatistas dispararon desde estos barrios y que las fuerzas del gobierno ucraniano dispararon contra ellos. Al menos en un caso,  las fuerzas del gobierno establecieron una posición de artillería en una zona residencial.

“Ambos bandos de este conflicto son responsables de una constante de ataques indiscriminados contra zonas pobladas. Han matado y herido a civiles y destruido viviendas, y no parece que ninguno de los dos esté muy dispuesto a poner fin a estas violaciones del derecho internacional humanitario”, ha explicado John Dalhuisen.

El derecho internacional humanitario, es decir, las leyes de la guerra, prohíbe los ataques dirigidos contra civiles y estructuras civiles, así como los ataques en zonas civiles que no puedan dirigirse contra un objetivo militar concreto. Ambos bandos han violado durante el conflicto la prohibición, haciendo uso de proyectiles de mortero y cohetes no guiados, que no pueden dirigirse con precisión, en zonas civiles densamente pobladas.

Además, al ubicar tropas, armamento y otros objetivos militares en zonas residenciales, el gobierno ucraniano y las fuerzas separatistas no han tomado todas las precauciones posibles para proteger a la población civil, con lo que la han puesto en peligro violando las leyes de la guerra.


Fuerzas de la MINUSCA en la República Centroafricana (MINUSCA). Foto de la ONU / Nektarios Markogiannis

La misión de paz de la ONU en la República Centroafricana debe adoptar medidas contundentes para proteger a la población civil en medio de la creciente oleada de ataques sectarios en las regiones centrales del país, ha declarado Amnistía Internacional tras visitar algunas de las zonas más afectadas.

Pese al despliegue de una nueva misión de paz de la ONU el 15 de septiembre, decenas de civiles, varios menores entre ellos, han perdido la vida y miles más han sido desplazados en las últimas semanas.

Mientras la capital, Bangui, sufre una nueva ola de violencia desde principios de octubre, los habitantes de las regiones centrales de la República Centroafricana se han visto afectados especialmente por la intensificación del conflicto entre diferentes grupos armados.

“Si la misión de paz de la ONU quiere tener credibilidad, debe adoptar medidas más enérgicas para proteger efectivamente a la población civil de todos los abusos que está sufriendo”, afirmó Stephen Cockburn, director adjunto del Programa Regional para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.

Los ataques de Seleka, los antibalakas y los combatientes armados peul en las regiones centrales del país hacen que la situación sea sumamente inestable y peligrosa. Si no se adoptan medidas urgentes, podría degenerar en el tipo de violencia sectaria incontrolada que vimos a principios de año en la región occidental.”

En una visita realizada a la regiones centrales de la República Centroafricana, Amnistía Internacional documentó ataques recientes contra la población civil en las localidades de Dekoa y Bambari, así como en varios pueblos de las proximidades de Bambari, como Yamalé, Batobadja, Matchika, Tchimangueré, Gbakomalékpa y Baguela. En esta zona, en los últimos meses, las fuerzas de Seleka, integradas sobre todo por musulmanes, escindidas ahora en al menos dos grupos armados, se enfrentan a las milicias antibalakas, compuestas principalmente por cristianos y animistas.

Todas las partes —Seleka, antibalakas y peuls armados (miembros del grupo étnico peul, muchos de los cuales pertenecen a un grupo escindido de Seleka)— atacan sistemáticamente a los civiles que consideran partidarios de la parte contraria.

Dekoa

El 10 de octubre, un ataque de Seleka en, y en torno a, la localidad de Dekoa, a 260 km al norte de Bangui, se saldó con la muerte de 14 civiles. Entre los muertos en la jornada de violencia había tres mujeres y cuatro niños. Nueve de las víctimas fueron asesinadas en el recinto de la iglesia católica, cinco de ellas fueron cuando trataban de esconderse en la sala del principal edificio residencial del recinto.

Las cinco víctimas restantes murieron más tarde a manos de las fuerzas de Seleka que huían al bosque. Además, las fuerzas de Seleka se llevaron a otros dos civiles como rehenes para usarlos como “guías”, de los que no se ha vuelto a tener noticias.

Sin embargo, las fuerzas militares francesas llegaron al recinto de la iglesia poco después de que comenzara el ataque y se enfrentaron a las fuerzas de Seleka en un combate prolongado en el que murieron al menos seis combatientes de Seleka, entre ellos el “coronel” que dirigía el ataque. Un número menor de miembros de las fuerzas de paz de la ONU ayudó también a detener la matanza.

“Las fuerzas francesas, con la ayuda de las fuerzas de paz de la ONU, impidieron que se cometiera una masacre a gran escala en Dekoa”, afirmó Stephen Cockburn.

Bambari

En las últimas semanas se han producido numerosos ataques en, y alrededor de, la localidad de Bambari, a 308 km al noreste de Bangui, y el ritmo de los ataques parece estar aumentando.

El 29 de septiembre, los combatientes antibalakas mataron a Abdou Salam Zaiko, un civil musulmán, a quien se le había averiado el coche. Según los informes, durante el ataque murieron al menos otros dos pasajeros musulmanes. Las tensiones aumentaron enormemente cuando llevaron el cuerpo mutilado de Zaiko a Bambari, su ciudad natal.

El 1 de octubre, en un ataque aparentemente de represalia, un grupo mixto de combatientes de Seleka y jóvenes armados atacó un campamento para personas desplazadas de Bambari, causando la muerte de cinco civiles y heridas a varios más.

El asesinato de Zaiko y de algunos de los pasajeros de su coche fue uno de una serie de incidentes en los que las milicias antibalaka han atacado a musulmanes de Bambari.

El 8 de octubre, siete pasajeros musulmanes que viajaban en un coche propiedad de un civil, Saidu Daouda, fueron asesinados por combatientes antibalaka tras una emboscada en la carretera. Los atacantes permitieron huir a todos los pasajeros cristianos del vehículo y a una mujer musulmana.

Tomaron a un grupo de personas, cristianos y musulmanes, y dejaron marcharse a los cristianos, incluido el conductor. Mataron a todos los hombres musulmanes capturados. Desnudaron los cadáveres para humillarlos y los cortaron en trozos, amputándoles las manos y los pies”, dijo Saidu a Amnistía Internacional.

Los musulmanes de Bambari subrayaron que debido a los ataques ya no podían viajar fuera de la ciudad. “PK 5 [cinco kilómetros desde el centro de la ciudad] es más o menos el límite para nosotros”, explicó uno de ellos. “Aquí estamos como prisioneros.”

Otros ataques han ido dirigidos contra los peuls, un gran grupo de pastores nómadas. A finales de septiembre, seis miembros de una familia peul murieron en un ataque de los antibalakas contra un campamento peul cerca de Bambari. Entre las víctimas había dos niños y una mujer. Uno de los supervivientes —emparentado con los fallecidos— contó así lo sucedido:

“Los antibalakas invadieron primero un grupo de tres chozas situado en el límite del campamento, perteneciente a Bodo. Todos estábamos ya en alerta máxima y cuando oímos que estaban atacando a su familia, el resto logramos huir. Al día siguiente volvimos al campamento y encontramos todos los cuerpos. Algunas personas estaban casi decapitadas; a otra le habían amputado los pies. Los enterramos en una fosa común.”

Atacantes peuls armados han sido responsables de una serie de ataques recientes contra algunos pueblos de las proximidades de Bambari, como Yamalé, Batobadja, Matchika, Tchimangueré, Gbakomalékpa y Baguela. No se sabe aún el número de personas que han perdido la vida en estos ataques, pues según los informes algunos de los cadáveres están expuestos en zonas remotas a las que es arriesgado acceder.

Obligados a huir

Los recientes actos de violencia han desencadenado una nueva oleada de desplazamientos en la zona. Miles de personas han huido de sus casas, y la mayoría se ha refugiado en la iglesia de Notre Dame des Victoires, en el límite occidental de Bambari. Otras han se han dirigido a pie hasta Grimari, a 80 km al este de Bambari.

El 26 de octubre, un investigador de Amnistía Internacional encontró a varios grupos de civiles cansados que huían de los pueblos de Yamalé y Malépu, por miedo a sufrir más violencia, y que se dirigían a Grimari.

“Tanto Bambari como Dekoa son ahora pueblos fantasmas, llenos de casas vacías, comercios cerrados y edificios abandonados. Las fuerzas internacionales presentes en el país deben aumentar sus esfuerzos para proteger a los civiles y garantizar que pueden regresar a sus hogares y vivir sin peligro”, concluyó Stephen Cockburn.

Información complementaria

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), desplegada el 15 de septiembre de 2014, no ha podido detener o prevenir aún la mayoría de estos abusos. Las fuerzas internacionales están al límite —en parte porque todavía no se han incorporado a la MINUSCA varios miles de efectivos previstos— y no han podido impedir el aumento de la violencia en la región central del país.


Desde que comenzó el conflicto en diciembre, decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, han muerto y 1,8 millones han tenido que huir de sus casas. Todas las partes del conflicto usan armas ligeras y otras armas convencionales, y todas las partes podrían haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. AFP PHOTO / IVAN LIEMAN (Photo credit should read Ivan Lieman/AFP/Getty Images)

Los países vecinos de Sudán del Sur deben pedir urgentemente al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca un embargo de armas para frenar las terribles violaciones que se están cometiendo en el conflicto que devasta el país. Más de 50 organizaciones sudanesas e internacionales de derechos humanos y humanitarias han firmado una petición en este sentido dirigida a los líderes de la región. Según estos grupos, los ataques continuos contra la población civil están contribuyendo a una crisis humanitaria.

Los líderes regionales —los presidentes de Kenia, Uganda y Etiopía entre ellos— van a reunirse el 6 de noviembre de 2014 en Addis Abeba para hablar de Sudán del Sur, en una cumbre del organismo regional Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).

“La población civil de Sudán del Sur está desesperada y necesita que los líderes de la región ayuden a protegerla”, declaró Geoffrey Duke, jefe de equipo del secretariado de la Red de Acción de Sudán del Sur contra las Armas Ligeras. “La entrada de más armas hará que estos civiles sufran más ataques y abusos: homicidios, violaciones, incendios, saqueos. Este es el momento de actuar.”

Los líderes regionales deben concluir la cumbre del 6 de noviembre con una petición clara al Consejo de Seguridad de la ONU para que imponga un embargo de armas global a Sudán del Sur, afirman las organizaciones.

Estas también han pedido a la IGAD que haga públicos los informes de sus observadores del alto el fuego en Sudán del Sur, incluidas las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas enfrentadas.

La IGAD inició conversaciones de paz en diciembre de 2013 en Etiopía, poco después de que empezara el conflicto en Sudán del Sur. El acuerdo de cese de hostilidades negociado por los mediadores regionales en enero ha sido roto en múltiples ocasiones tanto por las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur como por la oposición.

Desde que comenzó el conflicto en diciembre, decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, han muerto y 1,8 millones han tenido que huir de sus casas. Las partes del conflicto usan armas pequeñas y armas ligeras, y otras armas convencionales y equipos militares. Las investigaciones realizadas por organizaciones independientes concluyen que ambas partes han cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

Los líderes de la región y los mediadores regionales han amenazado con adoptar medidas duras contra las partes del conflicto ante los continuos enfrentamientos y ataques contra viviendas civiles, iglesias, hospitales y bases de la ONU.

“Pero a pesar de las amenazas, no se ha adoptado ninguna medida, y sólo se han dado una serie interminable de segundas, terceras, cuartas oportunidades para beneficio de las partes beligerantes y en detrimento de la población civil”, manifestó James Ninrew, director ejecutivo de Misión de Asistencia para África.

 

“La estación seca está en su apogeo y en la zona de conflicto las comunidades temen sufrir ataques una vez más.”

La IGAD ha creado un órgano de vigilancia en Sudán del Sur para investigar las violaciones del alto el fuego, incluido el acuerdo de ambas partes de no atacar a la población civil ni bienes civiles, actos que podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Pero aparte de publicar algunos datos limitados en agosto, los mediadores mantienen en secreto los informes sobre vigilancia pese a las reiteradas peticiones de los grupos de derechos humanos y otros de que los hagan públicos, sobre todo los relativos a crímenes graves.

“Los observadores tienen la importante tarea de ayudar a reducir las violaciones contra la población civil mostrando a las fuerzas que cometen abusos que se las está vigilando”
, afirmó Angelina Seeka, directora regional de End Impunity Organization. “Pero observar los ataques no sirve de nada si no se hacen públicos estos informes.”

La petición se mantiene activa on line.