Amnistía Internacional España

Sasha, un joven de 19 años de edad, activista, huyó a Kiev después de que fue secuestrado por separatistas a punta de pistola en Luhansk. Él dijo que fue golpeado en repetidas ocasiones durante 24 horas © Particular

Amnistía Internacional ha reunido indicios gráficos y convincentes de brutales palizas y otros actos de tortura contra activistas, manifestantes y periodistas en el este de Ucrania durante los tres últimos meses.

Un equipo de investigación ha visitado Kiev y el sureste de Ucrania en las últimas semanas y ha documentado denuncias de secuestro y tortura perpetrados por grupos separatistas armados y por fuerzas partidarias de Kiev.

“Con cientos de personas secuestradas en los últimos tres meses, ha llegado el momento de analizar lo sucedido y poner fin a esta abominable práctica”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“El grueso de los secuestros son obra de separatistas armados, y las víctimas suelen ser sometidas a tortura y a palizas tan brutales que te revuelven el estómago. También hay indicios de un número más reducido de abusos cometidos por las fuerzas partidarias de Kiev.”

No hay cifras detalladas ni fiables sobre el número de secuestros, pero el Ministerio del Interior de Ucrania ha informado de casi 500 casos entre abril y junio de 2014. La Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania ha registrado 222 casos de secuestro en los tres últimos meses.

Amnistía Internacional también se ha reunido con varios grupos especiales de apoyo mutuo que han estado recopilando detalles sobre el creciente número de secuestros. El equipo de investigación recibió una lista con los nombres de más de un centenar de civiles que han sido hechos cautivos. La mayoría de los casos han venido acompañados de denuncias de tortura.

Ha habido secuestros en todo el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Luhansk. Entre las víctimas se encuentran no sólo policías, militares y autoridades locales, sino también periodistas, políticos, activistas, miembros de comisiones electorales y empresarios.

“Ahora que las fuerzas partidarias de Kiev están recuperando el control de Slaviansk, Kramatorsk y otros lugares en el este de Ucrania, se está liberando a nuevos cautivos casi a diario, y salen a la luz un creciente número de inquietantes casos. Es hora de que estos casos se documenten meticulosamente, se lleve a los responsables ante la justicia y se otorgue indemnización a las víctimas”, ha manifestado Denis Krivosheev.

Ataques contra activistas pro ucranianos

Hanna, activista pro ucraniana, contó a Amnistía Internacional que había sido secuestrada por hombres armados en la ciudad oriental de Donetsk el 27 de mayo. Los hombres la tuvieron cautiva durante seis días antes de dejarla en libertad en un intercambio de prisioneros. Hanna describió a Amnistía Internacional los violentos interrogatorios a los que fue sometida.

“Me machacaron la cara, ese hombre me dio puñetazos en la cara, trataba de golpearme en todas partes, yo me cubría con las manos […] Estaba acurrucada en el rincón, hecha un ovillo con las manos alrededor de las rodillas. Le ponía furioso que tratara de protegerme. Salió y regresó con un cuchillo.”

Hanna nos mostró las cicatrices que tenía en el cuello, los brazos y las piernas, donde le habían hecho cortes con el cuchillo. Tenía además una herida de arma blanca en la rodilla, y el dedo índice derecho todavía vendado con una tablilla de plástico.

También describió cómo el hombre que la interrogaba la obligó a escribir, con su propia sangre, un lema separatista en la pared.

Secuestro a cambio de rescate

Aunque la mayoría de los secuestros parecen ser de motivación “política”, existen pruebas claras de que los grupos armados están utilizando el secuestro y la tortura para provocar el miedo y controlar a la población local. También se ha secuestrado a personas a cambio de rescate.

Sasha, activista pro ucraniano de 19 años, huyó a Kiev tras ser secuestrado a punta de pistola por separatistas en Luhansk. Según afirma, lo golpearon repetidamente durante 24 horas.

“Me golpearon con los puños, con una silla, con todo lo que pudieron encontrar. Me apagaron cigarrillos en la pierna y me dieron descargas eléctricas. Duró tanto que ya no sentía nada, simplemente me desmayé”, contó a Amnistía Internacional.

Finalmente lo dejaron en libertad después de que su padre pagara un rescate de 60.000 dólares estadounidenses.

Abusos de fuerzas partidarias de Kiev

Aunque la gran mayoría de las denuncias de secuestro y tortura se realizan contra grupos separatistas pro rusos, las fuerzas partidarias de Kiev, incluidos grupos de apoyo mutuo, también han estado implicadas en los malos tratos a los cautivos.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional viajó desde Kiev hasta el puerto marítimo suroriental de Mariupol, que ha “cambiado de manos” dos veces en los últimos dos meses.

El 13 de junio, las fuerzas ucranianas recuperaron el control de la ciudad, que estaba en manos de un grupo armado autodenominado República Popular de Donetsk.

Un miembro del gobierno local de Mariupol, que desea permanecer en el anonimato, contó a Amnistía Internacional que oyeron a un separatista cautivo gemir de dolor a manos de las fuerzas partidarias de Kiev, que al parecer estaban tratando de obtener información sobre los separatistas.

En otro caso diferente, un muchacho de 16 años, Vladislav Aleksandrovich, fue secuestrado tras publicar una imágenes de vídeo de operaciones anteriores de mantenimiento de la ley llevadas a cabo en Mariupol el 25 de junio de 2014.

En un vídeo publicado tras su liberación el 27 de junio, se puede ver a Vladislav sentado detrás de un hombre enmascarado que viste uniforme de camuflaje. El hombre tiene una mano sobre la cabeza de Vladislav y amenaza con represalias a él y a “todos los demás” que ponen en peligro la unidad de Ucrania.

En una entrevista posterior grabada en vídeo, Vladislav afirma que lo torturaron, lo golpearon en la espalda con las culatas de los rifles, le dieron puñetazos y lo obligaron a escribir una “declaración al pueblo de Ucrania” y a gritar consignas nacionalistas pro ucranianas.

“En Mariupol, durante nuestra visita, no se veían policías ni militares por ninguna parte. Había una ausencia total de autoridad y seguridad, y la gente tenía miedo de sufrir represalias, secuestro o tortura”, ha manifestado Denis Krivosheev.

“Es censurable que estemos presenciando una escalada de secuestros y tortura en Ucrania. Todos los implicados en este conflicto armado deben poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanezcan cautivas ilegalmente, y deben garantizar que, hasta su liberación, esas personas están protegidas frente a la tortura y otros malos tratos.”

Amnistía Internacional pide al gobierno de Ucrania que cree un registro único, actualizado periódicamente, de los casos de presunto secuestro, y que investigue de manera exhaustiva e imparcial todas las denuncias de uso abusivo de la fuerza, malos tratos y tortura.


Manifestantes saharauis atienden a una mujer tras una manifestación en El Aaiun, 10 de diciembre 2013. AP Photo/Paul Schemm

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a Felipe VI para que en el marco de su inminente viaje oficial a Marruecos tenga en cuenta la situación de derechos humanos en el país vecino y haga gestiones para lograr avances en esta cuestión; en especial por los casos del periodista Ali Anouzla, que sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio por un vídeo publicado en su web, y Ali Aarrass, todavía en prisión después de haber sido condenado a 15 años tras confesar bajo tortura.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las leyes marroquíes criminalizan a periodistas y otras personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado. El ministro de Comunicación ha declarado en repetidas ocasiones que están en marcha los preparativos para elaborar un nuevo Código de Prensa, que excluirá las penas de prisión. Mientras se elabora, los periodistas siguen enfrentándose a penas de prisión bajo 20 artículos diferentes. Además, el Código Penal también incluye penas de prisión por la expresión pacífica de opiniones que se consideren ofensivas para el rey, su familia, cualquier otro funcionario público o los símbolos nacionales del Reino de Marruecos.

Ali Anouzla fue procesado en septiembre de 2013, poco después de que en el sitio web que él mismo fundó, Lakome.com, se considerara “propaganda” la publicación de un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Amnistía Internacional teme que su enjuiciamiento se haya producido como castigo por su independencia editorial y las críticas vertidas contra las autoridades. Aunque quedó en libertad tras un mes y medio de reclusión, sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio.

Las fuerzas de seguridad también hacen un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones.

Por otra parte, en ocasiones, las personas detenidas tras la celebración de manifestaciones son juzgadas en circunstancias que no cumplen la normativa internacional en materia de juicios justos. En 2013, se impusieron penas de entre 18 y 30 meses de prisión a 16 hombres, y penas de dos meses de prisión a dos menores de edad por “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos”, tras una protesta contra la desmesurada subida de los precios del agua y de la electricidad en un barrio obrero de Marrakech el 28 diciembre 2012.

Asimismo, siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental. Amnistía Internacional considera desde hace años que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) debería contar con una función de observación de los derechos humanos, con capacidad para analizar tanto la situación del Sáhara Occidental como la de los campamentos de Tinduf.

Denuncias de torturas y malos tratos
Continúan recibiéndose noticias sobre tortura y otros malos tratos de personas detenidas por la policía, la gendarmería, y en prisión.

Un caso ilustrativo es el de Ali Aarrass, que en abril de 2008 fue detenido en España y dos años más tarde extraditado a Marruecos, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido de que podía sufrir torturas y ser sometido a un juicio sin las debidas garantías, algo que finalmente ocurrió. Ali fue condenado en 2011 a 15 años de prisión, basándose la declaración de culpabilidad exclusivamente en las declaraciones que le extrajeron bajo tortura. El 21 de mayo de 2014 las autoridades de Marruecos anunciaron la apertura de una investigación, solo dos días después después de que el Comité contra la Tortura de la ONU decidiera que las autoridades marroquíes habían violado varios artículos de la Convención contra la Tortura en relación con Ali Aarrass. Amnistía Internacional pide su liberación inmediata y que se le ofrezca la debida reparación, teniendo en cuenta las graves violaciones a su derecho a un juicio justo.

Violencia contra las mujeres
Amnistía Internacional celebra la modificación, en enero de 2014, del artículo 475 del Código Penal, que permitía que los violadores eludieran el enjuiciamiento si se casaban con la víctima. Sin embargo, es necesario modificar igualmente otros artículos del Código Penal para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y la discriminación. Entre otros, es necesario cambiar la definición de violación para que sea neutral en cuanto a género y se tengan en cuenta distintas circunstancias coercitivas, además de la violencia física. También se debe reconocer la violación marital como delito específico. El hecho de que la violación se aborde en el apartado de la “moral” no pone el énfasis en la agresión contra la integridad de la víctima. También se penalizan las relaciones sexuales entre personas adultas lo que viola el derecho a la intimidad y a la liberta de expresión, además de disuadir a las víctimas de violación de presentar una denuncia, porque podrían ser procesadas por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Amnistía Internacional siente preocupación por el tratamiento de las autoridades marroquíes a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas subsaharianas. Entre los informes de violaciones de derechos humanos recibidos por la organiación se incluyen la expulsión ilegal de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados a países vecinos, denuncias de uso excesivo de la fuerza por policías que ha provocado lesiones e incluso la muerte a varios subsaharianos, así como la discriminación racial. Amnistía ha manifestado preocupación por el acuerdo entre España y Marruecos sobre la readmisión de nacionales de terceros países ya que carecen de las garantías necesarias de  derechos humanos.

La organización insta a las autoridades marroquíes a poner fin a la expulsión ilegal y la readmisión de personas migrantes
, solicitantes de asilo y refugiadas hacia y desde los países vecinos, y garantizar que la protección de sus derechos humanos está en el centro de los procedimientos operativos y el nuevo marco jurídico que supervisará las expulsiones y deportaciones. Además, pide a las autoridades que se investigue y responsabilice a los autores de violaciones de derechos humanos, incluido el uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como la discriminación.


Un miembro de las milicias anti-balaka a las afueras de Bangui. AFP PHOTO IVAN LIEMAN (Photo credit should read Ivan Lieman/AFP/Getty Images)

Amnistía Internacional ha hecho públicas hoy las identidades de algunas de las personas sospechosas de ordenar o perpetrar las atrocidades cometidas en la República Centroafricana, junto con un llamamiento en favor de que se garantice justicia a la población del atribulado país.

En su informe, titulado "República Centroafricana: Momento de rendir cuentas", la organización documenta delitos de derecho internacional cometidos en toda la República Centroafricana en 2013 y 2014, y pide que se investiguen los hechos y se procese y sancione a los autores. Cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos, subrayando su papel y estableciendo su posible responsabilidad penal.

“Para que la República Centroafricana pueda reponerse de la orgía de muerte en que está inmersa desde diciembre de 2013, es imprescindible que se obligue a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana.

“A los responsables de dejar a cientos de miles de personas inocentes sin un lugar donde refugiarse de la violencia asesina no debe dárseles la posibilidad de esconderse de la justicia. Sólo poniendo fin a la impunidad se podrá detener el ciclo de violencia que atenaza a la República Centroafricana.”

En su informe, Amnistía Internacional documenta relatos de primera mano de víctimas y testigos de delitos de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto, que se ha saldado con miles de muertes, casi un millón de personas huidas de sus hogares y ha dejado al país al borde de una catástrofe humanitaria.

En el informe se señala la identidad de altos dirigentes por su papel en las atrocidades. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam.

La mayoría de los ataques en la República Centroafricana se cometen abiertamente y sus autores, que en algunos casos son de sobra conocidos por sus víctimas y las autoridades, no temen ser castigados.

Los relatos de testigos presenciales documentados por Amnistía Internacional revelan el papel de los jefes militares de Seleka –entre ellos los coroneles Bishara, Aba Tom y Yussuf Hamad– en la dirección de los ataques perpetrados en Bangui.

Según contó un testigo, el coronel Yussuf Hamad lideraba un grupo de Seleka que había registrado un hospital en busca de combatientes antibalaka. “Amenazó con matar a todos los que estaban en el hospital si no les señalábamos a los antibalaka”, dijo un testigo, quien también contó a Amnistía Internacional que el coronel Yussuf Hamad se había llevado a un hombre del hospital que más tarde había aparecido muerto en las inmediaciones.

Entre los jefes de las milicias antibalaka identificados en el informe están Richard Bejouane, el coronel Dieudonné y el coronel “12 puissance”. Estos hombres están tan seguros de la impunidad de que disfrutan que han hablado frecuentemente a las claras de su papel en los abusos contra los derechos humanos y han hecho declaraciones públicas que incitaban a la violencia.

Aunque la mayoría de los sospechosos identificados por Amnistía Internacional en su investigación viven sin ocultarse en la República Centroafricana, algunos están en otros países, como Chad y Francia.

“Ningún país debe proporcionar refugio seguro a personas sospechosas de cometer o apoyar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana. Tienen la obligación de investigar las denuncias y, si hay pruebas suficientes, de procesar a los presuntos culpables o extraditarlos para que respondan ante la justicia”, ha dicho Christian Mukosa.

La ausencia de investigaciones y de justicia en la República Centroafricana por las atrocidades cometidas en el pasado ha contribuido a que no exista un sistema de justicia eficaz e independiente y a que las fuerzas de seguridad sean incapaces de proteger a víctimas, testigos, miembros del poder judicial y ciudadanos en general frente a la violencia o los ataques de represalia. Aun cuando se los detiene, los presuntos autores de delitos de derecho internacional y de abusos contra los derechos humanos a menudo consiguen fugarse debido a la falta de centros de detención seguros.

La presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz no ha servido para poner fin a la violencia. Dichas fuerzas, que incluyen tropas chadianas, incluso han participado en graves violaciones de derechos humanos. El episodio más grave tuvo lugar el 29 de marzo, cuando soldados chadianos abrieron fuego contra civiles en un mercado de Bangui y, según las Naciones Unidas, mataron como mínimo a 30 personas e hirieron a 300. La lucha contra la impunidad debe comprender la investigación de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados y oficiales del ejército nacional chadiano en éste y otros episodios documentados en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha pedido que se actúe con carácter urgente en el ámbito nacional, regional e internacional para reconstruir el sistema de impartir justicia y hacer cumplir la ley en el país. Las pruebas sobre abusos contra los derechos humanos deben preservarse, y los testigos y sobrevivientes deben ser identificados y protegidos.

Es necesario reforzar la Unidad de Investigaciones Especiales, creada por las autoridades de transición centroafricanas para investigar los delitos cometidos en el país, y ampliar sus competencias más allá de la capital, Bangui. Asimismo, se debe reforzar la comisión de investigación de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las autoridades que consideren la posibilidad de establecer un tribunal mixto, formado por expertos nacionales e internacionales, que se encargue de enjuiciar los delitos de derecho internacional y contribuya a la consolidación del sistema de justicia nacional. Este tribunal no impediría el enjuiciamiento de los casos por la Corte Penal Internacional, que ha iniciado un examen preliminar de la situación.

“La creación de la Unidad de Investigaciones Especiales, la comisión de investigación de la ONU y el examen preliminar de la situación en el país que ha iniciado la Corte Penal Internacional transmiten ya el mensaje inequívoco de que no se va a tolerar la impunidad. Pero queda mucho por hacer para conseguir una rendición de cuentas efectiva”, ha afirmado Christian Mukosa.

“Sólo se podrá obtener justicia por los delitos cometidos en la República Centroafricana a través de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional que venga respaldado por una voluntad política clara de las autoridades de transición de la República Centroafricana. Se va estrechando el cerco alrededor de los responsables de abusos contra los derechos humanos. Ya se conocen sus nombres y paraderos. Sus delitos se están documentando. Y tendrán que enfrentarse a la justicia.”

Información complementaria
Este informe se basa en tres visitas de investigación distintas realizadas a la República Centroafricana y Chad en diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. En él se documentan principalmente delitos cometidos entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.

En mayo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones selectivas a diversos dirigentes de la República Centroafricana que también son identificados en este informe. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad impuso sanciones al ex presidente François Bozizé, a uno de los coordinadores del grupo armado antibalaka, Levy Yaketé, y a un jefe militar de Seleka, Nourredine Adam. A estos tres nombres se añaden los de Michel Djotodia, ex presidente y jefe militar de Seleka, y Abdoulaye Miskine, dirigente de un grupo armado, ambos sancionados en virtud de una orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense, Barack Obama.

El despliegue de unos 5.800 efectivos de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz como parte de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), de 2.000 soldados franceses de la operación militar Sangaris y de 700 soldados y gendarmes de la operación militar europea en la República Centroafricana (EUFOR-RCA) no ha servido para proteger plenamente a la población civil frente a los violentos ataques que siguen perpetrando los diversos grupos y fuerzas armados. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), cuyo mandato básico incluye proteger los derechos humanos y combatir la impunidad, será enviada al país el 15 de septiembre de 2014.

Las personas nombradas en el informe son:

Nourredine Adam; François Bozizé; Michel Djotodia; Patrice-Edouard Ngaissona; Levy Yakété; coronel Bishara; coronel Aba Tom; capitán Joackim Kokaté; Leopold Narcisse Baro; Armel Sayo Bedaya; Baba Laddé; capitán Gilbert Kamizulaye; Guere Poro; general Mango Lampetit; comandante “Rambo”; Richard Bejouane; coronel “12 puissance”; coronel Dieudonné; coronel Yussuf Hamed; y coronel Yahya.


Amnistía Internacional ha hecho públicas hoy las identidades de algunas de las personas sospechosas de ordenar o perpetrar las atrocidades cometidas en la República Centroafricana, junto con un llamamiento en favor de que se garantice justicia a la población del atribulado país.

En su informe, titulado "República Centroafricana: Momento de rendir cuentas", la organización documenta delitos de derecho internacional cometidos en toda la República Centroafricana en 2013 y 2014, y pide que se investiguen los hechos y se procese y sancione a los autores. Cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos, subrayando su papel y estableciendo su posible responsabilidad penal.

“Para que la República Centroafricana pueda reponerse de la orgía de muerte en que está inmersa desde diciembre de 2013, es imprescindible que se obligue a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana.

“A los responsables de dejar a cientos de miles de personas inocentes sin un lugar donde refugiarse de la violencia asesina no debe dárseles la posibilidad de esconderse de la justicia. Sólo poniendo fin a la impunidad se podrá detener el ciclo de violencia que atenaza a la República Centroafricana.”

En su informe, Amnistía Internacional documenta relatos de primera mano de víctimas y testigos de delitos de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto, que se ha saldado con miles de muertes, casi un millón de personas huidas de sus hogares y ha dejado al país al borde de una catástrofe humanitaria.

En el informe se señala la identidad de altos dirigentes por su papel en las atrocidades. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam.

La mayoría de los ataques en la República Centroafricana se cometen abiertamente y sus autores, que en algunos casos son de sobra conocidos por sus víctimas y las autoridades, no temen ser castigados.

Los relatos de testigos presenciales documentados por Amnistía Internacional revelan el papel de los jefes militares de Seleka –entre ellos los coroneles Bishara, Aba Tom y Yussuf Hamad– en la dirección de los ataques perpetrados en Bangui.

Según contó un testigo, el coronel Yussuf Hamad lideraba un grupo de Seleka que había registrado un hospital en busca de combatientes antibalaka. “Amenazó con matar a todos los que estaban en el hospital si no les señalábamos a los antibalaka”, dijo un testigo, quien también contó a Amnistía Internacional que el coronel Yussuf Hamad se había llevado a un hombre del hospital que más tarde había aparecido muerto en las inmediaciones.

Entre los jefes de las milicias antibalaka identificados en el informe están Richard Bejouane, el coronel Dieudonné y el coronel “12 puissance”. Estos hombres están tan seguros de la impunidad de que disfrutan que han hablado frecuentemente a las claras de su papel en los abusos contra los derechos humanos y han hecho declaraciones públicas que incitaban a la violencia.

Aunque la mayoría de los sospechosos identificados por Amnistía Internacional en su investigación viven sin ocultarse en la República Centroafricana, algunos están en otros países, como Chad y Francia.

“Ningún país debe proporcionar refugio seguro a personas sospechosas de cometer o apoyar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana. Tienen la obligación de investigar las denuncias y, si hay pruebas suficientes, de procesar a los presuntos culpables o extraditarlos para que respondan ante la justicia”, ha dicho Christian Mukosa.

La ausencia de investigaciones y de justicia en la República Centroafricana por las atrocidades cometidas en el pasado ha contribuido a que no exista un sistema de justicia eficaz e independiente y a que las fuerzas de seguridad sean incapaces de proteger a víctimas, testigos, miembros del poder judicial y ciudadanos en general frente a la violencia o los ataques de represalia. Aun cuando se los detiene, los presuntos autores de delitos de derecho internacional y de abusos contra los derechos humanos a menudo consiguen fugarse debido a la falta de centros de detención seguros.

La presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz no ha servido para poner fin a la violencia. Dichas fuerzas, que incluyen tropas chadianas, incluso han participado en graves violaciones de derechos humanos. El episodio más grave tuvo lugar el 29 de marzo, cuando soldados chadianos abrieron fuego contra civiles en un mercado de Bangui y, según las Naciones Unidas, mataron como mínimo a 30 personas e hirieron a 300. La lucha contra la impunidad debe comprender la investigación de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados y oficiales del ejército nacional chadiano en éste y otros episodios documentados en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha pedido que se actúe con carácter urgente en el ámbito nacional, regional e internacional para reconstruir el sistema de impartir justicia y hacer cumplir la ley en el país. Las pruebas sobre abusos contra los derechos humanos deben preservarse, y los testigos y sobrevivientes deben ser identificados y protegidos.

Es necesario reforzar la Unidad de Investigaciones Especiales, creada por las autoridades de transición centroafricanas para investigar los delitos cometidos en el país, y ampliar sus competencias más allá de la capital, Bangui. Asimismo, se debe reforzar la comisión de investigación de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las autoridades que consideren la posibilidad de establecer un tribunal mixto, formado por expertos nacionales e internacionales, que se encargue de enjuiciar los delitos de derecho internacional y contribuya a la consolidación del sistema de justicia nacional. Este tribunal no impediría el enjuiciamiento de los casos por la Corte Penal Internacional, que ha iniciado un examen preliminar de la situación.

“La creación de la Unidad de Investigaciones Especiales, la comisión de investigación de la ONU y el examen preliminar de la situación en el país que ha iniciado la Corte Penal Internacional transmiten ya el mensaje inequívoco de que no se va a tolerar la impunidad. Pero queda mucho por hacer para conseguir una rendición de cuentas efectiva”, ha afirmado Christian Mukosa.

“Sólo se podrá obtener justicia por los delitos cometidos en la República Centroafricana a través de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional que venga respaldado por una voluntad política clara de las autoridades de transición de la República Centroafricana. Se va estrechando el cerco alrededor de los responsables de abusos contra los derechos humanos. Ya se conocen sus nombres y paraderos. Sus delitos se están documentando. Y tendrán que enfrentarse a la justicia.”

Información complementaria
Este informe se basa en tres visitas de investigación distintas realizadas a la República Centroafricana y Chad en diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. En él se documentan principalmente delitos cometidos entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.

En mayo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones selectivas a diversos dirigentes de la República Centroafricana que también son identificados en este informe. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad impuso sanciones al ex presidente François Bozizé, a uno de los coordinadores del grupo armado antibalaka, Levy Yaketé, y a un jefe militar de Seleka, Nourredine Adam. A estos tres nombres se añaden los de Michel Djotodia, ex presidente y jefe militar de Seleka, y Abdoulaye Miskine, dirigente de un grupo armado, ambos sancionados en virtud de una orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense, Barack Obama.

El despliegue de unos 5.800 efectivos de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz como parte de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), de 2.000 soldados franceses de la operación militar Sangaris y de 700 soldados y gendarmes de la operación militar europea en la República Centroafricana (EUFOR-RCA) no ha servido para proteger plenamente a la población civil frente a los violentos ataques que siguen perpetrando los diversos grupos y fuerzas armados. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), cuyo mandato básico incluye proteger los derechos humanos y combatir la impunidad, será enviada al país el 15 de septiembre de 2014.

Las personas nombradas en el informe son:

Nourredine Adam; François Bozizé; Michel Djotodia; Patrice-Edouard Ngaissona; Levy Yakété; coronel Bishara; coronel Aba Tom; capitán Joackim Kokaté; Leopold Narcisse Baro; Armel Sayo Bedaya; Baba Laddé; capitán Gilbert Kamizulaye; Guere Poro; general Mango Lampetit; comandante “Rambo”; Richard Bejouane; coronel “12 puissance”; coronel Dieudonné; coronel Yussuf Hamed; y coronel Yahya.


Migrantes en la valla que divide España de Marruecos, en Melilla © AP Photo/Santi Palacios

En su determinación de cerrar sus fronteras, la Unión Europea y sus Estados miembros están poniendo en peligro las vidas y los derechos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy por la organización.

El coste humano de la Fortaleza Europa. Violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas muestra cómo las políticas migratorias de la UE y sus prácticas de control de fronteras impiden a las personas refugiadas acceder al asilo en la UE y las obliga a poner sus vidas en peligro en travesías cada vez más peligrosas.

“La eficacia de las medidas de la UE para contener la afluencia de personas refugiadas y migrantes en situación irregular es, como mínimo, cuestionable. Mientras, el coste en vidas humanas y sufrimiento es incalculable y lo pagan personas que se encuentran entre las más vulnerables del mundo", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.  

Control de fronteras

La política migratoria de la UE cuesta miles de millones de euros, que los Estados miembros gastan cada año en construir vallas, aplicar avanzados sistemas de vigilancia y patrullar sus fronteras.

Un indicador que revela su orden de prioridades es que la UE gastó casi dos mil millones de euros en proteger sus fronteras externas entre 2007 y 2013, y sólo dedicó 700 millones a mejorar la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en su territorio durante el mismo periodo.

La UE y sus Estados miembros también financian y cooperan con países vecinos –como Turquía, Marruecos y Libia– para crear una zona de contención en torno a la UE e intentar detener a personas refugiadas y migrantes incluso antes de que lleguen a las fronteras de Europa. Al mismo tiempo, hacen la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos que sufren las personas refugiadas y migrantes en estos países.

"Básicamente, los países de la UE están pagando a sus vecinos para que vigilen sus fronteras por ellos. El problema es que muchos de estos países con frecuencia son incapaces de garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes que están atrapadas en ellos, muchas de las cuales terminan en la indigencia, explotadas, acosadas y sin poder acceder a procedimientos de asilo."

Los Estados miembros de la UE no pueden eludir su obligación en materia de derechos humanos hacia quienes tratan de entrar en su territorio a base de externalizar su control de la migración a terceros países. Es preciso que tal cooperación termine."

Devoluciones ilegales

Las personas refugiadas y migrantes que consiguen traspasar las fronteras de Europa se arriesgan a ser devueltas en cuanto pisan suelo europeo. Amnistía Internacional ha documentado “devoluciones en caliente” efectuados por guardias de fronteras en Bulgaria y especialmente en Grecia, donde se trata de una práctica muy extendida. Las “devoluciones en caliente” son ilegales, niegan a las personas el derecho a solicitar asilo, suelen implicar violencia y en ocasiones incluso ponen vidas en peligro.

"Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de personas desplazadas que hay en la actualidad es el mayor desde el final de la segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente, la respuesta de la Unión Europea a esta crisis humanitaria ha sido agravarla".

"Casi la mitad de las personas que tratan de entrar irregularmente en la UE huyen del conflicto o la persecución en países como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia. Es preciso proporcionar a las personas refugiadas otras formas de entrar de manera segura y legal en la UE para que no se vean obligadas a emprender peligrosos viajes."

Vidas perdidas en el mar

Ante el aumento constante de los obstáculos para llegar a Europa por tierra, cada vez son más las personas refugiadas y migrantes que optan por las rutas marítimas, más peligrosas, para llegar a Grecia e Italia. Cada año cientos de personas mueren intentando alcanzar las costas europeas.

Tras las tragedias ante las costas de la isla italiana de Lampedusa, en las que perdieron la vida más de 400 personas en 2013, Italia lanzó una iniciativa de búsqueda y rescate denominada "Operación Mare Nostrum". Desde el inicio de esta operación, en octubre de 2013, han sido rescatadas más de 50.000 personas.

Pero no es suficiente. Sólo en los primeros seis meses de 2014, más de 200 personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto. Muchas eran personas que huían claramente de situaciones de violencia y persecución.

"La responsabilidad de la muerte de las personas que tratan de llegar a la UE es colectiva. Otros Estados miembros de la UE pueden y deben seguir la pauta de Italia e impedir que las personas perezcan ahogadas en el mar redoblando los esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y el Egeo", ha dicho John Dalhuisen.

"Las tragedias humanas que se desarrollan diariamente ante las costas europeas no son inevitables ni están fuera del control de la UE. Muchas están creadas por la propia UE. Los Estados miembros deben comenzar, por fin, a poner a las personas por delante de las fronteras".

La situación en España

España es uno de los países en Europa en que la diferencia entre el presupuesto destinado para el control de fronteras y el que se dirige a mejorar la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo es mayor: 289.394.768,35 euros frente a 9.342.834,5 euros entre los años 2007 y 2013.

Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por el hecho de que España ha llevado a cabo devoluciones en caliente. En febrero de 2014, la Guardia Civil española efectuó disparos de fogueo y lanzó pelotas de goma contra unos 250 migrantes y refugiados que trataban de llegar a nado desde Marruecos a la playa de Ceuta, enclave español del norte de África. En el incidente murieron 14 personas, y las 23 que lograron alcanzar la playa fueron devueltas inmediatamente, al parecer sin permitirles acceder a ningún procedimiento oficial de asilo.


Waleed Abu al Khair es el último de una larga lista de activistas de los derechos humanos a quienes se ha acosado, intimidado y encarcelado en Arabia Saudí © Particular

La condena de un destacado abogado y defensor de los derechos humanos saudí a 15 años de prisión ha asestado un nuevo golpe al activismo pacífico y la libertad de expresión en el país, ha manifestado Amnistía Internacional.

El Tribunal Penal Especial de Yidda ha declarado a Waleed Abu al Khair culpable de una serie de “delitos”, entre ellos “incitar a organizaciones internacionales en contra el gobierno” y “romper la lealtad al gobernante”. Cuando salga en libertad tendrá prohibido también viajar durante 15 años.

Waleed Abu al Khair es el último de una larga lista de activistas de derechos humanos que han sido sometidos a hostigamiento, intimidaciones y prisión por las autoridades saudíes en los últimos meses.

Ha prestado asistencia letrada a muchas víctimas de violaciones de derechos humanos. Uno de sus clientes, Raif Badawi, fue condenado en mayo a 10 años de prisión y a recibir 100 latigazos por establecer en Internet un foro de debate público.

Para dictar su sentencia, el juez ha aplicado el artículo 21 de la nueva y represiva ley antiterrorista de Arabia Saudí, además de otras leyes contra la ciberdelincuencia utilizadas normalmente para encarcelar a activistas.

“La sentencia condenatoria dictada contra Waleed Abu al Khair por cargos relacionados con la seguridad nacional es totalmente injustificada y constituye una alarmante muestra del uso que se está dando a la nueva ley antiterrorista de Arabia Saudí para reprimir la disidencia política pacífica”, ha señalado  Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Al condenar a 15 años de prisión a un activista pacífico, las autoridades saudíes están indicando con toda claridad que quienes se muestren abiertamente críticos con las autoridades serán sancionados simplemente por ello. Waleed Abu al Khair es preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, a la vez que se anula su sentencia y su condena.”

El Tribunal Penal Especializado conoce de delitos de terrorismo y contra la seguridad. Su reglamento y sus procedimientos son secretos, y, según activistas, está bajo el control directo del Ministerio del Interior. Antes de que se dictara sentencia contra él, Waleed Abu al Khair manifestó que consideraba que el tribunal era ilegítimo y que el juez no era imparcial, por lo que se negaba a hacer su defensa ante él.

La esposa de Waleed Abu al Khair, Samar Badawi, ha dicho a Amnistía Internacional que se entristeció mucho al recibir la noticia pero que está muy orgullosa de su esposo, y ha añadido: “Es una sentencia injusta y opresiva, y la decisión de Waleed de negarse a reconocer la legitimidad del este tribunal y apelar contra el fallo le honra”.

“Son 15 años de vergüenza para los tribunales del Ministerio del Interior. Me enorgullezco de ser la esposa de este defensor libre y noble. La historia pondrá en evidencia estas mascaradas contra defensores de los derechos humanos.”

Waleed Abu al Khair está privado de libertad desde el 15 de abril de 2013. Lo han trasladado varias veces de prisión, y actualmente se encuentra en la de Briman, en la ciudad costera de Yidda.


El año pasado se informó de al menos 16.000 detenciones y al menos 80 muertes bajo custodia en Egipto © MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images.

La oleada de detenciones arbitrarias, reclusiones y espantosos incidentes de tortura y muertes bajo custodia policial registrada por Amnistía Internacional es una clara prueba del fuerte deterioro sufrido por los derechos humanos en Egipto en el año transcurrido desde que el presidente Mohamed Morsi fue derrocado.

Miles de personas han sido detenidas, en cifras que varían. Según estimaciones oficiales publicadas por Associated Press en marzo, al menos 16.000 personas han sido detenidas durante el último año como parte de una amplia represión contra los simpatizantes de Mohamed Morsi y otros grupos y activistas que han expresado su disidencia. Según WikiThawra, una iniciativa gestionada por el Centro Egipcio por los Derechos Económicos y Sociales, al menos 80 personas murieron bajo custodia el año pasado, y más de 40.000 fueron detenidas o encausadas entre julio de 2013 y mediados de mayo de 2014.

Los informes sobre tortura y desapariciones forzadas en centros de detención de la policía y el ejército también son generalizados.

“Las tristemente famosas fuerzas de seguridad del Estado de Egipto –conocidas actualmente como Agencia de Seguridad Nacional– han vuelto y están funcionando a plena capacidad, utilizando los mismos métodos de tortura y otros malos tratos empleados durante los momentos más sombríos de la era de Mubarak”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Pese a las reiteradas promesas realizadas por presidentes y ex presidentes sobre respetar el Estado de derecho, en el último año han seguido cometiéndose abusos flagrantes a un ritmo asombroso, con unas fuerzas de seguridad que, en la práctica, gozan de luz verde para cometer violaciones de derechos humanos impunemente.”

Tortura y otros malos tratos
Amnistía Internacional ha recopilado indicios condenatorios que señalan que la tortura es práctica habitual en comisarías de policía y lugares no oficiales de detención, especialmente contra miembros de la Hermandad Musulmana y sus simpatizantes. La infligen tanto el ejército egipcio como la policía, en lugares entre los que se encuentran instalaciones pertenecientes a la Agencia de Seguridad Nacional, en muchos casos con el objetivo de obtener confesiones o de obligar a los detenidos a implicar a otras personas.

Entre los métodos de tortura utilizados hay técnicas que solían utilizar los servicios de seguridad del Estado durante el gobierno de Mubarak, como por ejemplo aplicar descargas eléctricas, violar a los detenidos o esposarlos y colgarlos de una puerta abierta. Otro método de suspensión, conocido como “la parrilla”, consiste en esposar al detenido por las manos y los pies a una barra de hierro y colgar la barra entre dos sillas enfrentadas hasta que el detenido pierde la sensibilidad en las piernas. En ese momento, las fuerzas de seguridad empiezan a aplicarle descargas eléctricas en las piernas.

Uno de los casos más atroces documentados por Amnistía Internacional fue el de M.R.S., estudiante de 23 años detenido en febrero de 2014 cerca de Ciudad Nasr, en El Cairo. Según su relato, M.R.S. permaneció recluido 47 días, y durante sus interrogatorios fue torturado y violado. Actualmente se encuentra en libertad, pero la causa judicial contra él sigue pendiente.

“Me cortaron la camisa, me vendaron los ojos con ella y me esposaron con las manos a la espalda […] me golpearon con porras por todo el cuerpo, especialmente en el pecho, la espalda y la cara […] Luego me pusieron dos cables en los meñiques izquierdo y derecho y me dieron cuatro o cinco descargas eléctricas”, ha relatado.

También ha hecho una descripción aterradora de cómo lo agredieron sexualmente y lo violaron.

“El agente de seguridad nacional me agarró los testículos y empezó a apretármelos […] Yo grité de dolor y doblé las piernas para protegerme los testículos, y entonces él me metió el dedo en el ano […] llevaba algo de plástico en los dedos […] lo repitió cinco veces.”

M.R.S. también ha contado que le golpearon en el pene con un palo. Luego lo violaron repetidamente uno o más guardias de seguridad mientras lo obligaban a cantar una canción de apoyo al ejército egipcio, “Teslam Al Ayadi”.

En otro caso, Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, estudiante de 18 años, fue detenido  en El Mareg, El Cairo, a mediodía, cuando se dirigía a su casa en el tercer aniversario del levantamiento de 2011. Cree que lo detuvieron porque vestía una camiseta con el logo de la “Revolución del 25 de enero” y un pañuelo con un lema de la campaña “Nación sin Tortura”. Le vendaron los ojos y, tras horas de palizas, descargas eléctricas –en los testículos, entre otros lugares– e interrogatorios por parte de agentes de seguridad nacional, lo obligaron a “confesar” la posesión de explosivos y la pertenencia a la Hermandad Musulmana. Actualmente permanece en prisión.

“Día tras día emergen terribles relatos de tortura mientras las autoridades niegan de plano todo abuso, y llegan incluso a calificar las prisiones egipcias de hoteles”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

“Si las autoridades egipcias desean conservar cualquier tipo de credibilidad, deben cesar de inmediato esas atroces prácticas.”

Muertes bajo custodia policial
Al menos 80 detenidos han muerto bajo custodia desde el 3 de julio de 2013, según WikiThawra.

La muerte en 2010, a manos de la policía, de Khaled Said, un joven de Alejandría, fue uno de los detonantes del levantamiento egipcio. Resulta trágico que, cuatro años después, en Egipto sigan produciéndose muertes bajo custodia en una escala alarmante”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

Ahmed Ibrahim es una de las cuatro personas que han muerto en la comisaría de policía de Mattereya desde abril de 2014. Iba a ser excarcelado anticipadamente tras haber cumplido la mayor parte de una pena de tres años de prisión. Después de ser trasladado a la comisaría de Mattereya como preparación de su liberación, se quejó repetidamente de las malas condiciones de reclusión y dijo que le costaba respirar a causa de la maña ventilación del calabozo policial en el que permanecía hacinado junto con muchos otros detenidos. Le negaron la atención médica.

En una llamada telefónica hecha a su padre a la una de la madrugada del 15 de junio, suplicó ayuda, diciendo: “Me muero, padre”. Su padre trató de llamar a una ambulancia, pero más tarde supo que la petición tenía que proceder de la comisaría para que el personal médico pudiera acceder al calabozo. Para cuando llegó a la comisaría para preguntar por su hijo esa mañana, le dijeron que Ahmen Ibrahim había muerto. Al examinar el cadáver de su hijo, descubrió hematomas azules en la parte superior del cuerpo y cortes en el cuello, que sugieren que pudo haber sido torturado. El informe de un examen médico post mortem al que ha tenido acceso Amnistía Internacional decía que el cuerpo presentaba hematomas azules y cortes. Los médicos forenses dijeron a Amnistía Internacional que la causa de la muerte aún no estaba clara.

Detención y reclusión arbitraria
Amnistía Internacional ha hablado con decenas de ex detenidos y con familias de detenidos que habían sido arrestados arbitrariamente y recluidos ilegalmente privándolos por completo de sus derechos. Ha habido muchos casos de personas detenidas en la calle o después de que las fuerzas de seguridad entraran en sus casas por la fuerza. A muchas las han golpeado en el momento de la detención o las han mantenido recluidas sin cargos durante periodos prolongados, sin darles la oportunidad de impugnar ante un juez o un fiscal la legalidad de su detención o sin informarlas de los motivos de dicha detención. Algunas llevan casi un año recluidas sin cargos ni juicio.

Un detenido entrevistado por Amnistía Internacional dijo que había permanecido recluido durante 96 días en el campamento militar de Al Galaaa, en la prisión de Al Azouly, después de que las fuerzas de seguridad irrumpieran en su casa para detenerlo. No le permitieron ponerse en contacto con sus abogados o familiares para informarles de su paradero. Había estado recluido arbitrariamente 11 años en detención administrativa durante el gobierno de Hosni Mubarak. Según dijo a Amnistía Internacional: “Las fuerzas de seguridad de Mubarak al menos sabían a quién tomaban como objetivo; ahora detienen a la gente al azar”.

Hatem Mohie Eldin, estudiante de 17 años, fue detenido al azar por la policía el 27 de mayo en Alejandría cuando regresaba a su casa desde su centro de enseñanza. Las fuerzas de seguridad lo golpearon y lo mantuvieron recluido durante cinco días en un lugar desconocido. No le permitieron ponerse en contacto con su familia o sus abogados, y durante su reclusión no lo remitieron a la fiscalía ni a un tribunal. Lo dejaron en libertad el 1 de junio, después de que las fuerzas de seguridad concluyeran que no había participado en actos violentos ni en disturbios, según dijo a Amnistía Internacional.

En algunos casos, las fuerzas de seguridad han detenido al azar a familiares o amigos cuando la persona que buscaban no estaba presente, y han formulado contra ellos cargos o acusaciones falsas. La familia de los hermanos Salah y Adel dijo a Amnistía Internacional que ambos habían sido golpeados y detenidos en agosto de 2013 por las fuerzas de seguridad, que buscaban a un tercer hermano.

Juicios injustos
El sistema de justicia penal de Egipto ha sufrido enormes reveses a lo largo del último año, y se han dictado varias sentencias de motivación política. Se ha dictado una serie de condenas de muerte colectivas tras juicios flagrantemente injustos contra detenidos acusados de los actos violentos del pasado mes de agosto que ha puesto de manifiesto profundos defectos en el sistema de justicia penal. En muchos casos, los acusados no comparecieron a juicio, y a los abogados se les ha impedido repetidamente presentar su defensa o interrogar a testigos.

Los tribunales condenaron a muerte a muchachos menores de 18 años, en contra de las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho nacional e internacional, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño.

En otros casos se ha condenado a muerte a acusados tras celebrar únicamente una vista, y sin dar a los abogados la oportunidad de presentar su defensa o interrogar a los testigos.

Según la información recopilada por Amnistía Internacional, desde enero de 2014 el sistema de justicia penal de Egipto ha recomendado la pena de muerte para 1.247 hombres, en espera de la opinión religiosa del gran muftí, y ha confirmado la condena de muerte de 247 personas. La imposición de condenas a muerte tuvo lugar tras juicios flagrantemente injustos.

Los abogados defensores han informado también a Amnistía Internacional de casos en los que los fiscales no les permitieron asistir a las investigaciones, y han declarado que en los procedimientos judiciales se han utilizado “confesiones” obtenidas mediante tortura.

“El sistema de justicia penal de Egipto ha demostrado que no puede o no quiere administrar justicia sin consecuencias desastrosas”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui.

“Egipto está fallando en todos los niveles en lo que se refiere a los derechos humanos. Depende del nuevo gobierno encabezado por el presidente Abdel Fattah al Sisi revertir la tendencia iniciando investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y transmitir un mensaje enérgico que indique que el burlar los derechos humanos no se tolerará y no quedará impune.”

Información complementaria

Amnistía Internacional ha documentado también actos de tortura y desaparición forzada en la prisión militar de Al Azouly del campamento militar de Al Galaaa, en Isamilia.


Presos de conciencia detenidos en los Emiratos Árabes Unidos, tras un juicio manifiestamente injusto hace un año.

Al parecer, nueve de las personas encarceladas hace un año tras un juicio manifiestamente injusto por criticar pacíficamente al gobierno están sufriendo malos tratos en una cárcel de Abu Dabi; así lo ha afirmado Amnistía Internacional, y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.

“La única razón por la que estas nueve personas están en prisión es que se atrevieron a pedir una reforma democrática pacífica, lo que aparentemente está prohibido en Emiratos Árabes Unidos. Son presos de conciencia y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Los líderes mundiales no deben anteponer intereses comerciales a los derechos humanos, haciendo caso omiso de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Emiratos Árabes Unidos. Deben ejercer su influencia ante las autoridades para garantizar que todos los presos de conciencia son liberados y que se respeta su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.”

El grupo de nueve hombres está formado por abogados de derechos humanos, profesores, estudiantes, un juez y otras personalidades de los Emiratos Árabes Unidos. El 2 de julio de 2013 fueron declarados culpables de “fundar una organización con ánimo de derrocar al gobierno” en una serie de juicios colectivos celebrados en Abu Dabi contra personas que habían criticado al gobierno.

Un total de 94 activistas fueron juzgados por el Tribunal Supremo Federal en una actuación sin precedentes que fue el desencadenante de una sucesión de juicios manifiestamente injustos. En el proceso (que ya se conoce popularmente como el juicio de “los 94 emiratíes”), 69 acusados fueron finalmente condenados –8 in absentia– a penas de entre 7 y 15 años de cárcel.

Meses más tarde, en un segundo juicio masivo, se dictaron sentencias adicionales contra 10 ciudadanos emiratíes que habían sido condenados en el juicio inicial.

Estos juicios fueron manifiestamente injustos: los jueces admitieron como pruebas “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura, no se permitió a los acusados acceder a representación letrada y algunos denunciaron que su firma había sido falsificada en los documentos de “confesión”.

Durante las actuaciones judiciales, los acusados describieron graves palizas y prácticas como suspender a los detenidos boca abajo, arrancarles la barba, el pelo del pecho y las uñas, exponerlos día y noche a una iluminación intensa y continua, amenazarlos con descargas eléctricas, violación y muerte, y someterlos a aislamiento y privación del sueño durante largos periodos.

El tribunal hizo caso omiso de sus acusaciones y no ordenó que se investigaran las denuncias de tortura y otros malos tratos.

Debido a que los juicios se han celebrado ante el Tribunal Supremo Federal, ninguno de los acusados tiene derecho a recurrir contra su sentencia, lo que supone un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por Emiratos Árabes Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

El 23 de junio de 2014, nueve ciudadanos extranjeros fueron declarados culpables tras un tercer juicio colectivo por cargos de terrorismo y delincuencia informática. Como en los anteriores, los acusados se quejaron de haber sufrido malos tratos durante su reclusión preventiva en régimen de incomunicación.

Al día siguiente, 24 de junio, comenzó un cuarto juicio colectivo contra 17 personas. Apenas se dispone de información sobre este juicio en esta etapa pero, dado el reciente historial del país, a Amnistía Internacional le preocupa que se reproduzca en este proceso el mismo patrón de violaciones que enturbió los juicios colectivos anteriores.

“Ha llegado la hora de que Emiratos Árabes Unidos combine su entusiasmo por el desarrollo económico con el progreso en materia de derechos humanos. Liberar a los críticos pacíficos del gobierno encausados en el juicio de “los 94 emiratíes” e investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos en prisión sería un primer paso importante”, ha dicho Said Boumedouha.

Información complementaria
Los nueve presos de conciencia son: Mohammed al Roken, catedrático de derecho constitucional y destacado abogado de derechos humanos;Mohammed al Mansoori, destacado abogado de derechos humanos; Saleh Mohammed al Dhufairi, ex profesor; Hussain Ali al Najjar al Hammadi, profesor; Ahmed al Zaabi, profesor universitario y ex juez; Sheikh Sultan Kayed Mohammed Al-Qassimi, fundador de la Universidad de Ittihad;Khalifa al Nuaimi y Abdulla al Hajri, estudiantes universitarios, y Ali Hussain al Hammadi.

En noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió su opinión, según la cual las 61 personas encarceladas habían sido detenidas y recluidas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión y a la libertad de reunión y asociación pacíficas.

El Grupo de Trabajo señaló que los tribunales emiratíes no eran independientes del poder ejecutivo y que se había privado a los acusados del derecho a un juicio justo. Confirmó el carácter arbitrario de la detención y reclusión de las 61 personas y pidió al gobierno de Emiratos Árabes Unidos que las pusiera en libertad y les proporcionara una reparación adecuada.

El 5 de febrero de 2014, tras una visita al país, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, expresó su preocupación por el hecho de que el poder judicial seguía sometido de hecho al control del poder ejecutivo en Emiratos Árabes Unidos.  

La relatora recomendó al gobierno emiratí, entre otras cosas, revisar la legislación para garantizar el derecho de apelación en las causas que se están viendo actualmente en primera instancia ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal, establecer una comisión independiente que investigue todas las denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos, y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.


La bandera del ISIS ondea en Mosul. © Amnesty International.

Amnistía Internacional ha hablado con algunos detenidos recién liberados de la comunidad yazidí que fueron capturados por el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) en Irak, así como con familiares de otras personas que siguen en poder de este grupo.

En el último mes, el ISIS ha capturado al menos a 24 guardias de fronteras y soldados iraquíes en la región noroccidental de Irak. Algunos fueron liberados posteriormente; el resto está retenido por el grupo al otro lado de la frontera, en la región nororiental de Siria. Estos prisioneros son parte de las decenas de miembros de minorías víctimas de una oleada de detenciones y secuestros de carácter sectario que ha cometido el ISIS en las últimas semanas. En un vídeo difundido por el grupo el 29 de junio titulado “El fin de Sykes-Picot”, se califica a estos hombres de “adoradores del diablo”.

“Está apareciendo una constante clara en la que el ISIS ataca deliberadamente a miembros de minorías de Irak y a quienes presuntamente se oponen al grupo, deteniéndolos y secuestrándolos”, declaró Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional que está actualmente en el norte de Irak.

“Hablo cada día con familias desesperadas por encontrar a sus hijos, esposos y hermanos capturados por grupos del ISIS y cuya suerte y paradero se desconocen. La mayoría no quieren que se mencionen los nombres de sus familiares desaparecidos por miedo por su seguridad.”

Familiares angustiados de los guardias de fronteras y soldados yazidíes que siguen en poder de ISIS dijeron a Amnistía Internacional que están muy preocupados por sus seres queridos desaparecidos.

“Somos personas sencillas que siempre hemos vivido en armonía con nuestros hermanos y vecinos musulmanes. Apelamos a la humanidad de quienes retienen a nuestro hijo para que le dejen reunirse con sus hijos”, dijeron los padres de uno de los hombres desaparecidos.

El ISIS ha matado a menudo a las personas a las que detiene, tanto a civiles como a miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad.

“Matar a detenidos bajo custodia es un crimen de guerra. Los combatientes del ISIS han mostrado un terrible menosprecio hacia la humanidad básica. Toda persona detenida debe recibir un trato humano”, añadió Donatella Rovera.

La organización ha documentado también una serie de secuestros realizados por el ISIS de miembros de comunidades minoritarias, como chiíes turcomanos y shabak, yazidíes y cristianos. El grupo ha atacado también a musulmanes suníes sospechosos de oponerse a él. Algunos de los secuestrados en los últimos días han sido posteriormente encontrados sin vida.

El 30 de junio Amnistía Internacional habló con un muchacho de 16 años y con un joven, miembros de una de las minorías de Irak, que habían sido liberados la víspera. Habían estado 10 días bajo custodia del ISIS en Mosul y dijeron que no habían sido objeto de malos tratos, pero que los instaron a convertirse al islam.  

El ISIS no es el único grupo responsable de matar a cautivos en ataques sectarios. Amnistía Internacional ha documentado la ejecución extrajudicial masiva de detenidos suníes a manos de las fuerzas gubernamentales iraquíes y de milicias chiíes en las últimas semanas.

“El conflicto de Irak está degenerando rápidamente en una agresiva y vengativa batalla por la supervivencia en medio de ataques sectarios cada vez más numerosos, en la que grupos de todas las partes están cometiendo homicidios ilegítimos de miembros de otras comunidades”, concluyó Donatella Rovera.

Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que traten a los detenidos con humanidad en todo momento y que dejen claro a todas las fuerzas bajo su mando que no tolerarán los homicidios de cautivos, la tortura, la toma de rehenes y otros crímenes de guerra.


A muchos jóvenes refugiados palestinos procedentes de Siria les niegan la entrada en Líbano. © MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images

A algunos refugiados palestinos procedentes de Siria —entre los que hay embarazadas, menores y mujeres con bebés— se les ha negado la entrada en Líbano debido a la intensificación de las restricciones en la frontera, dice Amnistía Internacional en un nuevo documento publicado hoy.

El informe, titulado Denied refuge: Palestinians from Syria seeking safety in Lebanon, pone de relieve la desesperada situación de las familias separadas tras toparse con las variables normas fronterizas cuando trataban de entrar en Líbano. En uno de los casos más estremecedores, se prohibió la entrada en Líbano a una madre con un bebé recién nacido que trataba de reunirse con su esposo y otros cinco hijos.

“Al negar la entrada a una madre y a su hijo recién nacido, entre otras personas, las autoridades libanesas han mostrado una escalofriante falta de respeto hacia los derechos de unos refugiados que huyen de un conflicto sangriento. No se debe negar la entrada a absolutamente nadie que huyendo de un conflicto busque refugio; al actuar así, Líbano está incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional”, ha declarado Sherif Elsayed Ali, director del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

Las investigaciones de Amnistía Internacional han encontrado asimismo indicios de una política que consiste en negar totalmente la entrada en Líbano a los refugiados palestinos procedentes de Siria, reúnan o no las nuevas condiciones para entrar. Estos indicios incluyen un documento filtrado, aparentemente de los servicios de seguridad, en el que se ordena a las líneas aéreas que utilizan el aeropuerto principal de Beirut que no transporten a ningún refugiado palestino desde Siria a Líbano, con independencia de los documentos que lleve.

“Las autoridades libanesas deben poner fin inmediatamente a estas medidas abiertamente discriminatorias hacia los refugiados palestinos que llegan desde Siria. Aunque la llegada de refugiados ha supuesto una enorme carga para los recursos de Líbano, no hay excusa que valga para abandonar a los refugiados palestinos que buscan seguridad en Líbano”, prosiguió Sherif Elsayed Ali.

Los refugiados palestinos procedentes de Siria también sufren severas restricciones a su capacidad para buscar refugio en otros países vecinos de Siria. Desde enero de 2013, el gobierno de Jordania les prohíbe entrar en ese país, y en 2013 los testimonios de los refugiados indicaban que  los refugiados palestinos procedentes de Siria tenían más dificultades para entrar en Turquía que los ciudadanos sirios.

“Lamentablemente, las nuevas restricciones de Líbano son sólo el ejemplo más reciente de las medidas que discriminan a los refugiados palestinos que huyen del conflicto de Siria”, añadió Sherif Elsayed Ali.

Según las nuevas condiciones para entrar en Líbano, los refugiados palestinos procedentes de Siria deben demostrar que reúnen determinados requisitos para obtener para la residencia temporal en Líbano o que están en tránsito hacia otro país. De hecho, para los refugiados es sumamente difícil, cuando no imposible, cumplir estas condiciones.

Los requisitos que deben reunir los refugiados palestinos procedentes de Siria para entrar en Líbano no se aplican a los sirios. Incluso antes de los últimos cambios, que entraron en vigor en mayo de 2014, los refugiados palestinos procedentes de Siria tenían que cumplir unas condiciones diferentes para entrar.

En junio de 2014, las autoridades libanesas introdujeron nuevas condiciones para los refugiados sirios, restringiendo la entrada a quienes proceden de zonas donde hay combates cerca de la frontera con Líbano. No está claro aún el impacto de esta política.

“Nadie que busque refugio seguro debido a la crisis siria debería ser devuelto a ese país.  Debe permitirse que todos los refugiados residan en Líbano sin temor a ser detenidos o expulsados”, dijo Sherif Elsayed Ali.

Quienes han conseguido cruzar la frontera y entrar en Líbano aún deben afrontar una incertidumbre considerable. Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, en este país no se permite a algunos refugiados palestinos que renueven sus visados o sus permisos de residencia temporales, lo que les deja en un limbo legal y en peligro de ser detenidos y expulsados.

Algunas personas se han encontrado con que no tienen los documentos necesarios para conseguir o renovar el visado y —desesperadas— vuelven a Siria para obtenerlos. Otros refugiados han hablado de sus dificultades para pagar las tasas para renovar el visado.

Familias separadas

Suleiman, un niño de 12 años, lleva casi un año separado de sus padres y de su hermano, desde que volvieron de Líbano a Siria para obtener nuevos documentos de identidad, necesarios para renovar el visado en Líbano. Desde entonces sus padres han tratado infructuosamente de volver a entrar en Líbano más de 30 veces. Suleiman vive ahora con un tío en Líbano.

A una mujer que logró huir de la zona sitiada de Yarmouk se le negó la entrada en Líbano en su primer intento, en marzo de 2014, a pesar de que estaba embarazada de seis meses e iba acompañada de cinco niños. Fue admitida en Líbano en su segundo intento, con la ayuda de un trabajador de la ONU. Cuando su esposo y dos hijos mayores intentaron reunirse con ella en Líbano un mes después, los funcionarios de fronteras libaneses les negaron la entrada por ser palestinos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades libanesas que se aseguren de que todos los refugiados procedentes de Siria pueden entrar en Líbano a buscar refugio; las condiciones para entrar no deben impedir a  nadie buscar refugio y respetar el principio de la no discriminación.

La organización reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique su apoyo económico a los países vecinos de Siria, incluido Líbano, que alberga al mayor número de refugiados procedentes de Siria.

“Sin un apoyo y una ayuda económica mayores de la comunidad internacional, es casi seguro que aumenten las restricciones impuestas en Líbano a todos los refugiados procedentes de Siria. La magnitud de la crisis de refugiados sirios, que aumenta vertiginosamente, exige una respuesta internacional conjunta”, concluyó Sherif Elsayed Ali.

“Algo que habla considerablemente a favor de Líbano es que, pese a las tensiones que ha causado, este país ha mantenido generalmente las puertas abiertas para las personas que huyen de Siria y se le debe animar a que siga teniéndolas abiertas, incluso para los palestinos. La comunidad internacional no debe ignorar su vergonzosa inacción a la hora de proporcionar a Líbano un apoyo mínimamente suficiente.”

Información general

Amnistía Internacional lleva documentando la situación de los refugiados procedentes de Siria en Jordania, Turquía y Líbano en informes y documentos publicados desde 2012.