Amnistía Internacional España

Desplazados internos en un campo provisional en Kalak, Irak. © AI

Amnistía Internacional está documentando sobre el terreno la situación de los cientos de miles de desplazados por el conflicto de Iraq, procedentes de comunidades minoritarias, ahora abandonadas a su suerte en condiciones terribles. Estas personas, que no pueden regresar a sus hogares mientras ISIS controle sus ciudades y poblaciones, necesitan asistencia humanitaria urgente.

La respuesta internacional ha sido deplorablemente inadecuada hasta la fecha. Incluso los lanzamientos de ayuda desde aviones a miembros de la comunidad yazidí, atrapados en el monte Sinjar y rodeados por extremistas de ISIS, han resultado en gran medida ineficaces.

El gobierno central iraquí, el gobierno regional kurdo, los países donantes y los organismos internacionales deben emprender acciones concertadas para proporcionar refugio seguro y asistencia humanitaria a hombres, mujeres, niños y niñas de todos los orígenes que se han visto obligados a huir ante la brutalidad de los miembros de ISIS.

ISIS ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra comunidades minoritarias en el norte de Irak, como las comunidades turcomana y chií shabak, así como contra los cristianos y los yazidíes, con el objetivo de expulsar a las poblaciones no suníes de las zonas que están bajo su control.

Amnistía Internacional también teme por la seguridad de los civiles que permanecen en zonas controladas por ISIS y que pueden estar sufriendo ataques aéreos por parte de Estados Unidos y del Ejército iraquí.

Por ello, Amnistía Internacional lanza una acción internacional, dirigida tanto al gobierno de Irak, como al gobierno regional kurdo y a la comunidad internacional para que:

  • Garanticen protección adecuada y asistencia humanitaria, incluido refugio, alimentos, agua, saneamiento y asistencia médica a las personas desplazadas por el conflicto.
  • Se aseguren de que toda acción militar cumpla con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y que todas las violaciones graves se investigan a fondo y de manera imparcial y los culpables son llevados ante la justicia.
  • Los Estados directa o indirectamente involucrados en los ataques aéreos y otras acciones militares contra ISIS se aseguren de que los ataques sólo están dirigidos a objetivos militares y toman todas las precauciones posibles para evitar muertes o lesiones de civiles.

El ejercito egipcio controla los alrededores de la mezquita de al-Fateh en la plaza Ramsis, El Cairo, 17 agosto 2013. © EPA

Cuando ha trascendido la noticia de que tres jueces se han recusado a sí mismos en una causa judicial masiva en Egipto, Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación el hecho de que los juicios mediáticos seguidos de condenas a muerte masivas se estén convirtiendo en un sombrío sello distintivo de la justicia egipcia.

Tres jueces que formaban el tribunal ante el que debía verse hoy miércoles la causa contra 494 personas se han recusado a sí mismos debido a objeciones planteadas por los abogados de los acusados. El Tribunal de Apelación de El Cairo designará posteriormente otro tribunal penal. La mayoría de los acusados podrían ser condenados a muerte en lo que viene a ser poco más que una pantomima, advierte la organización.

El juicio estaba relacionado con las protestas que tuvieron lugar los días 16 y 17 de agosto de 2013 en Ramsis, El Cairo, donde murieron al menos 97 personas, la mayoría como consecuencia del uso temerario de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Entre los acusados hay 12 menores de edad, que han estado recluidos con adultos, lo que contraviene directamente la legislación egipcia.

“Este juicio iba a ser poco más que una pantomima. En los últimos meses los tribunales egipcios parecen haber dictado condenas a muerte masivas sobre la base de pruebas carentes de fundamento y con arreglo a procedimientos que adolecen de profundas deficiencias. Estos juicios mediáticos seguidos de condenas a muerte masivas se están convirtiendo en el sombrío sello distintivo de Egipto”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Más de 400 de los 494 enjuiciados están acusados formalmente de asesinato y tentativa de asesinato, delitos que normalmente son punibles con la muerte en virtud de la legislación egipcia. Contra los demás se han presentado cargos que van desde destruir bienes públicos hasta protestar sin autorización, pasando por atacar a las fuerzas de seguridad o dificultar el funcionamiento de las instituciones nacionales.

Entre las personas que serán juzgadas hay 12 menores de edad. Una de ellas es Ibrahim Halawa, ciudadano irlandés de origen egipcio que en el momento de su arresto tenía sólo 17 años. Ahora ya tiene 18. Amnistía Internacional ha llevado a cabo un examen exhaustivo de su caso.

Ibrahim y sus tres hermanas figuraban entre las personas arrestadas tras refugiarse en una mezquita. Recibió un disparo en una mano cuando las fuerzas de seguridad tomaron por asalto el edificio, pero no se le permitió el acceso a atención médica para curar su herida, y el único tratamiento que recibió fue el que le dispensó un compañero de celda que era médico. Estuvo recluido con adultos, en contra de lo dispuesto en la Ley de la Infancia de Egipto, que estipula que los menores de edad deben ser recluidos en centros de detención de menores y estar separados de los adultos.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que Ibrahim Halawa es un preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. La organización pide que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones y que se retiren todos los cargos presentados en su contra.

“El caso de Ibrahim no es más que uno de los muchos casos de injusticia que se están cometiendo en los tribunales de Egipto. Muestra la determinación del gobierno de incumplir abiertamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, ha afirmado Said Boumedouha.

Según informaciones de prensa, incluso el gran muftí, la personalidad religiosa más importante, se negó la semana pasada a refrendar condenas a muerte dictadas contra dirigentes de la Hermandad Musulmana argumentando que no había pruebas suficientes que respaldaran los cargos. Según los informes, el muftí agregó que los cargos presentados por el fiscal se basaban en su totalidad en investigaciones y testimonios de agentes de la seguridad nacional.

De acuerdo con el sumario de la causa que debía verse hoy, al que ha tenido acceso Amnistía Internacional, hay 100 testigos, en su mayoría agentes de policía o funcionarios del Estado.

“Todos los acusados deben disfrutar del derecho a un juicio justo en el que no pueda imponerse la pena de muerte. Deben ser juzgados en su presencia para que puedan escuchar e impugnar los argumentos de la acusación y presentar una defensa, en persona o a través de un abogado. Deben tener la posibilidad de llamar a testigos de descargo y de interrogar a los testigos de la acusación”, ha afirmado Said Boumedouha.

Información complementaria

Las protestas que tuvieron lugar los días 16 y 17 de agosto de 2013, en Ramsis, El Cairo, se llevaron a cabo en apoyo del depuesto presidente Mohamed Morsi, y en un principio fueron pacíficas. Sin embargo, después de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los manifestantes buscaron refugio en la mezquita de Al Fath, en la que estuvieron encerrados toda la noche. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos dentro de la mezquita que causaron la muerte por asfixia al menos de una mujer.

Hubo un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad desde las zonas exteriores de la mezquita, en el que las fuerzas de seguridad afirman que estuvieron implicados los manifestantes. Sin embargo, investigadores de Amnistía Internacional que estaban presentes en esa ocasión han afirmado que de ningún modo los manifestantes pudieron disparar contra las fuerzas de seguridad ya que todos estaban encerrados dentro de la parte interior de la mezquita.


Desplazados iraquíes, de la comunidad yazadí, cruzan la frontera con Siria por el puente Fishkhabur en el norte de Irak. © AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images

La comunidad internacional debe organizar con urgencia una respuesta humanitaria concertada para que la ayuda pueda llegar a los cientos de miles de personas en el norte de Irak que huyen de la limpieza étnica que llevan a cabo las fuerzas del Estado Islámico de Irak y al Sham (ISIS), ha afirmado hoy martes Amnistía Internacional.

“Las personas atrapadas en el monte Sinjar constituyen un mínimo porcentaje de los cientos de miles de miembros de comunidades minoritarias desplazadas por el conflicto, ahora abandonadas a su suerte en condiciones terribles”, ha afirmado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, desde el norte de Irak.

“Estas personas no pueden regresar a sus hogares mientras ISIS controle sus ciudades y poblaciones. Necesitan ayuda ahora.”

La respuesta internacional al desplazamiento en gran escala de civiles de zonas en poder de ISIS ha sido deplorablemente inadecuada hasta la fecha. Incluso los lanzamientos de ayuda desde aviones, a los que se ha dado tanta publicidad, a miembros de la comunidad yazidí abandonados a su suerte en pequeñas localidades del monte Sinjar y rodeados por extremistas de ISIS han resultado en gran medida ineficaces.

“No tenemos nada, no nos ha llegado nada”, dijo a Amnistía Internacional un hombre atrapado en Kocho, una pequeña localidad de la vertiente meridional del monte Sinjar.

“Oímos los aviones a lo lejos pero nadie ha venido hasta nosotros, ni nos han enviado nada. No podemos salir de aquí. ISIS nos capturará y nos matará si lo hacemos. Por el amor de dios, ayúdennos, por favor”.

Cientos de supervivientes del monte y muchas personas que continúan varadas en la zona dijeron a Amnistía Internacional que no les había llegado ninguna ayuda, y según muchos testimonios las botellas de agua lanzadas desde aviones en los últimos días se rompen a menudo a causa del impacto.

Las acciones de asistencia humanitaria también han llegado tarde, cuando muchas personas habían logrado escapar con la ayuda de combatientes kurdos sirios que abrieron un paso seguro en la vertiente noroccidental del monte, cerca de la frontera siria.

“El gobierno central iraquí, el gobierno regional kurdo, los países donantes y los organismos internacionales deben emprender acciones concertadas para proporcionar refugio seguro y asistencia humanitaria a hombres, mujeres, niños y niñas de todos los orígenes que se han visto obligados a huir ante tan feroz brutalidad”, ha afirmado Donatella Rovera.

ISIS ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra comunidades minoritarias en el norte de Irak, como las comunidades turcomana y chií shabak, así como contra los cristianos y los yazidíes, con el objetivo de expulsar a las poblaciones no suníes de las zonas que están bajo su control.

“ISIS ha transmitido a las comunidades minoritarias un mensaje inequívoco: convertirse, abandonar la zona o morir. Esto es limpieza étnica”, ha afirmado Donatella Rovera.

“Algunos supervivientes me han contado cómo sus familiares varones fueron arrestados y ejecutados y las mujeres y los niños y niñas de sus familias secuestrados. Algunas familias pertenecientes a una de las minorías de Irak, que viven todavía bajo el dominio de ISIS, me dijeron que hace poco se vieron obligadas a convertirse al islam y no pueden salir de la zona.”

Mientras tanto, ante los ataques aéreos estadounidenses que ahora bombardean posiciones de ISIS y la probable intensificación de los ataques aéreos de las fuerzas iraquíes y estadounidenses contra objetivos de ISIS, los civiles musulmanes suníes que viven en zonas controladas por ISIS temen por su seguridad.

“Millones de musulmanes suníes siguen viviendo en zonas controladas por ISIS, y no necesariamente porque así lo deseen”, ha afirmado Donatella Rovera.

“Varias personas han muerto ya como consecuencia de los ataques de las fuerzas aéreas iraquíes contra estas zonas. La semana pasada, un profesor de la Universidad de Mosul, su esposa y los cuatro hijos de corta edad de la pareja perdieron la vida en uno de estos ataques. Incidentes de esta índole se han repetido en todo el país.

“Todas las fuerzas que operan en la zona deben distinguir siempre entre objetivos militares y población civil; los ataques sólo pueden dirigirse contra objetivos militares. Los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional.”

/Fin


El informe de Amnistía Internacional documenta los fracasos de la rendición de cuentas de las operaciones militares estadounidenses en Afganistán © Amnistía Internacional

No se ha hecho justicia para las familias de los miles de civiles afganos muertos a manos de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Dedicado sobre todo a los ataques aéreos y las incursiones nocturnas realizadas por las fuerzas estadounidenses, incluidas las Fuerzas de Operaciones Especiales, Unfinished Business revela que ni siquiera se han investigado ni castigado crímenes de guerra manifiestos.

“Miles de afganos han muerto o resultado heridos a manos de las fuerzas estadounidenses desde la invasión, pero las víctimas y sus familias tienen pocas oportunidades de obtener una reparación. El sistema de justicia militar estadounidense casi nunca hace rendir cuentas a sus soldados por homicidios ilegítimos y otros abusos”, declaró Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ninguno de los casos que analizamos —que abarcan más de 140 muertes de civiles— fueron enjuiciados por el ejército estadounidense. Aparentemente, se ha hecho caso omiso de los indicios de posibles crímenes de guerra y homicidios ilegítimos.”

El informe documenta con detalle las deficiencias en la rendición de cuentas por las operaciones militares estadounidenses en Afganistán y pide al gobierno afgano que se asegure que garantiza la rendición de cuentas por homicidios ilegítimos de civiles en cualquier acuerdo de seguridad bilateral que firme en el futuro con la OTAN y Estados Unidos.

Amnistía Internacional investigó con detalle 10 incidentes producidos entre 2009 y 2013 en los que las operaciones militares estadounidenses causaron la muerte de al menos 140 civiles, entre los que había mujeres embarazadas y al menos 50 niños. La organización entrevistó a alrededor de 125 testigos, víctimas y familiares, muchos de los cuales nunca habían prestado declaración ante nadie hasta ese momento.

Dos de los casos —el ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales contra una vivienda en la provincia de Paktia en 2010 y las desapariciones forzadas, torturas y homicidios cometidos en los distritos de Nerkh y Maidan Shahr (provincia de Wardak) desde noviembre de 2012 hasta febrero de 2013— contienen indicios abundantes y de peso de crímenes de guerra. Nadie ha sido enjuiciado penalmente por ninguno de ellos.

Qandi Agha, que estuvo detenido bajo custodia de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Nerkh a finales de 2012, habló de las sesiones de tortura a que fue sometido a diario. “Cuatro personas me pegaban con cables. Me ataban las piernas y me pegaban en las plantas de los pies con un palo. Me daban puñetazos en la cara y patadas. Me golpeaban la cabeza contra el suelo.” También dijo que le metieron la cabeza en un barril de agua y que le aplicaron descargas eléctricas.

Agha declaró que en las sesiones de tortura participaron fuerzas estadounidenses y afganas. También afirmó que cuatro de los ocho presos que estaban recluidos con él murieron bajo custodia estadounidense, y que presenció la muerte de Sayed Muhammed, uno de ellos.

Las investigaciones penales formales sobre muertes de civiles en Afganistán son muy poco frecuentes. Amnistía Internacional sólo tiene información de seis casos desde 2009 en los que se ha juzgado a personal militar estadounidense.

Según el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra), no todas las muertes de civiles ocurridas en un conflicto armado implican una infracción legal. No obstante, si hay datos que indiquen que la muerte de civiles ha sido deliberada o indiscriminada, o parte de un ataque desproporcionado, el incidente exige una investigación sin demora, exhaustiva e imparcial. Si dicha investigación concluye que se violaron las leyes de la guerra, debe iniciarse un enjuiciamiento.

De las decenas de testigos, víctimas y familiares con los que habló Amnistía Internacional durante su investigación para este informe, sólo dos personas dijeron que habían sido entrevistadas por investigadores militares estadounidenses. En muchos de los casos incluidos en el informe, el ejército estadounidense o los portavoces de la OTAN anunciaron que se iba a abrir una investigación, pero no facilitaron más información sobre sus progresos o sus conclusiones, dejando a las víctimas y familiares en la ignorancia.

“Instamos al ejército estadounidense a que investigue inmediatamente todos los casos documentados en nuestro informe, y todos los demás casos de muertes de civiles. Las víctimas y sus familias merecen justicia”, afirmó Richard Bennett.

El principal obstáculo para que se haga justicia a las víctimas afganas y sus familias es el sistema de justicia militar estadounidense, lleno de graves deficiencias.

Este sistema es en esencia una forma de autorregulación impulsada por los mandos militares y, en gran medida, se basa en las versiones de los propios soldados de sus actuaciones para evaluar la legalidad de una operación determinada. Al carecer de un ministerio fiscal independiente, los soldados y mandos deben informar por propia iniciativa de posibles violaciones de derechos humanos. El conflicto de intereses es evidente.

En las excepcionales ocasiones en que un caso llega a la fase de enjuiciamiento, la ausencia de independencia de los tribunales militares estadounidenses suscita gran preocupación. Es muy poco frecuente que se invite a los propios afganos a testificar en estos casos.

“Existe la necesidad urgente de reformar del sistema de justicia militar estadounidense. Estados Unidos debería aprender de otros países, muchos de los cuales han dado pasos gigantescos en los últimos años para dotar de carácter civil a sus sistemas de justicia militar”, concluyó Richard Bennett.

El informe documenta también la falta de transparencia de las investigaciones y enjuiciamientos por homicidios ilegítimos de civiles en Afganistán. El ejército estadounidense oculta los datos globales sobre rendición de cuentas por víctimas civiles y rara vez facilita información sobre casos individuales. El sistema de libertad de información estadounidense, creado para garantizar la transparencia cuando los organismos oficiales no proporcionan información, no funciona efectivamente cuando se trata de víctimas civiles.

Amnistía Internacional insta también al gobierno afgano a que establezca de inmediato su propio mecanismo para investigar los abusos cometidos por las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas, que asumirán toda la responsabilidad de combate a finales de 2014.


Los pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más probabilidades de morir al dar a luz y tienen menos esperanza de vida © Amnistía Internacional

Intentos de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación sufrida a diario, estos son algunos de los muchos abusos que, según ha afirmado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe, sufren en toda América los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.

La organización ha publicado su informe, La larga lucha de los pueblos indígenas de américa en defensa de sus derechos, la víspera de la celebración, el 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, y pone de relieve en él las numerosas desigualdades y violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en todo el continente americano. 

“Los pueblos indígenas de América continúan sufriendo toda una serie de abusos. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras son sometidas a represión violenta y a abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos humanos”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

En el informe se indica que, comparados con otros ciudadanos, los miembros de los pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más probabilidades de morir al dar a luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos esperanza de vida. 

“Es hora de que los países de América se den cuenta de que no pueden decir que son libres y justos mientras las comunidades indígenas que viven en su seno continúan sufriendo tan graves injusticias y soportando discriminación sistemática”, ha añadido Erika Guevara Rosas.

La organización documenta en el informe muchos casos de agresiones físicas y actos de intimidación cometidos contra comunidades indígenas y sus líderes en los últimos doce meses.

Por ejemplo, el pasado 20 de mayo, unos hombres armados intentaron matar a Enrique Cabezas, quien había estado haciendo campaña en favor del acceso a las tierras ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia. Actualmente hay una base militar en las tierras, que son propiedad colectiva de las comunidades del Curvaradó y que éstas reclaman.

A pesar de las medidas provisionales de protección que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, las comunidades del Curvaradó consideran que los esfuerzos de las autoridades colombianas por garantizarles la seguridad tienen graves deficiencias. Además, a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional de Colombia, no se han devuelto las tierras a las comunidades.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que creen y mantengan las condiciones necesarias para que los líderes y demás miembros de las comunidades indígenas puedan defender pacíficamente sus derechos sin temor a sufrir represalias y  para poner a disposición judicial a los autores de actos de violencia contra defensores de los derechos humanos indígenas.

Además de violencia y falta de protección suficiente por parte de los gobiernos, los pueblos indígenas soportan también el sufrimiento diario de la discriminación y la injusticia. Las mujeres indígenas, en particular, sufren múltiples formas de discriminación, por su cultura, su clase y su género.

El 22 de enero de este año, la Fiscalía de Lima cerró los casos de más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres, a quienes las autoridades estatales esterilizaron sin su consentimiento pleno e informado en la década de 1990. Al dar por cerrado el asunto, el gobierno peruano deja de abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados sistemáticamente contra las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza, con lo que les niega, de hecho, justicia.

A pesar de la discriminación generalizada y de las agresiones, los pueblos indígenas han seguido adelante con su lucha por la justicia y los derechos humanos. El año pasado se observaron avances en el reconocimiento y la protección de sus derechos. 

Tras vivir durante más de 20 años en condiciones lamentables junto a una carretera de primer orden, la comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay ha obtenido por fin una victoria precursora. El 11 de junio, el presidente Horacio Cartes promulgó la ley que permitirá a los Sawhoyamaxa regresar a sus tierras ancestrales de la región de  Chaco. El líder de la comunidad Sawhoyamaxa Carlos Marecos respondió así a la decisión: “Los indígenas lloran sólo cuando logran su libertad. Y hoy nos sentimos como si estuviéramos saliendo de una cárcel, por eso, muchos lloraron de la emoción”.

“Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos de América a que promulguen legislación y creen infraestructura para garantizar que los pueblos indígenas pueden disfrutar de su derecho a la tierra, la alimentación, la educación, la salud y la ausencia de violencia y de pobreza”, ha afirmado Erika Guevara.


El campo de refugiados Khazir, cerca de Erbil, al que muchos iraquíes han huido © EPA

El pánico ha hecho presa del noroeste de Irak y decenas de miles de personas abandonan las zonas por donde los militantes del Estado Islámico de Irak y Al Sham (ISIS) continúan su avance, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La situación de los iraquíes del noroeste del país, en especial los de las minorías yazidíes y cristiana, es cada vez más desesperada y están abandonando sus hogares y, en el caso de muchas personas ya desplazadas, sus lugares de refugio”, ha señalado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, que se encuentra actualmente en Irak.

Millares de habitantes de la ciudad cristiana de Qaraqosh huyeron de allí al llegar el ISIS durante la noche, mientras que, según han contado a Amnistía Internacional, otros no pudieron hacerlo porque quedaron atrapados en la ciudad.

Donatella Rovera ha explicado: “Ayer conocí, en la ciudad cristiana de Al Qosh, a un hombre que lleva semanas trabajando duramente para proporcionar refugio y asistencia a las personas desplazadas: cristianos, yazidíes y otras minorías que han huido de sus hogares en los últimos días y semanas en medio de los ataques del ISIS”.

“Hoy, su familia y él se han visto también desplazados. Se ha echado a llorar mientras me contaba que anoche tuvieron que huir sólo con lo puesto, sin tiempo siquiera para echarse la documentación al bolsillo.”

En Bashiqa, localidad de mayoría yazidí situada al norte de Mosul, el temor constante de los habitantes a un ataque del ISIS se hizo realidad anoche. La población está ahora desplazada.

A media que el ISIS ha ido avanzando hacia el este y el norte durante la noche, millares de personas han huido hacia las ciudades de Dohuk y Erbil, en el Kurdistán iraquí.

“Muchos miembros de minorías están huyendo incluso de zonas donde no parece haber peligro inminente de ataque del ISIS, pues están muy traumatizados por haber sufrido ya desplazamiento recientemente. Son presa del pánico y el miedo”, ha añadido Donatella Rovera.

Por ejemplo, algunos yazidíes de la zona de Sinyar, que se vieron obligados a abandonar sus hogares durante el fin de semana tras tomar el ISIS la zona y que encontraron refugio cerca de Dohuk, están de nuevo huyendo. Ahora se dirigen a la frontera turca.


Hay crecientes indicios de que las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron ataques aparentemente deliberados contra hospitales y profesionales de la salud en Gaza © EPA / OLIVER WEIKEN

Debe llevarse a cabo una investigación inmediata sobre los crecientes indicios de que las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado ataques aparentemente deliberados contra hospitales y profesionales de la salud en Gaza, unos ataques que han causado la muerte de seis miembros del personal médico. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional al mismo tiempo que ha difundido inquietantes testimonios de personal médico, de enfermería y de ambulancias que trabaja en la zona.

“Las espantosas descripciones que los conductores de ambulancia y otros miembros del personal médico hacen de la atroz situación en la que tienen que trabajar, con bombas y balas matando o hiriendo a sus colegas mientras tratan de salvar vidas, ilustran la sombría realidad de la vida en Gaza”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. 

“Aún más alarmantes son los crecientes indicios de que el ejército israelí ha atacado a centros o profesionales de salud. Esos ataques están terminantemente prohibidos por el derecho internacional y constituirían crímenes de guerra. Sólo sirven para reforzar el argumento, ya de por sí imperioso, de que la situación debe ser remitida a la Corte Penal Internacional.”

Desde el 17 de julio, los ataques contra hospitales, personal médico y personal de ambulancia, incluidos quienes trataban de evacuar a personas heridas en los ataques israelíes, se han intensificado.

Ha habido equipos médicos a los que les han impedido llegar siquiera a zonas críticas, privando así a cientos de civiles heridos de una asistencia que podría salvarles la vida, y dejando a familias enteras sin ayuda para retirar los cadáveres de sus seres queridos.

Jaber Khalil Abu Rumileh, que supervisa los servicios de ambulancia en el hospital de Mártires de Al Aqsa, habló a Amnistía Internacional de un bombardeo contra el centro médico el 21 de julio que duró media hora.

“Eran las tres de la tarde y yo estaba trabajando en la unidad de urgencias. Oí una explosión que sacudió el hospital. Era un proyectil que había impactado en la cuarta planta, la unidad de embarazo y cesárea. Luego hubo varios impactos más. La gente estaba aterrorizada, los pacientes corrían, los médicos no podían entrar para ayudar a los heridos y retirar a los muertos. Entonces otro proyectil impactó en la planta tercera, y cuatro personas murieron. Vi a una mujer venir corriendo con el bebé al que acababa de dar a luz. Algunas mujeres dieron a luz durante el bombardeo.”

Mohammad Abu Jumiza sufre una sordera parcial a causa de las heridas que sufrió durante un ataque que tuvo lugar mientras trasladaba a personas heridas en su ambulancia en Jan Yunis el 24 de julio.

“Regresábamos al hospital de Nasser, con las luces encendidas y haciendo sonar las sirenas, como siempre. La ambulancia estaba claramente marcada como tal. El médico, la enfermera y yo vestíamos uniformes médicos. Cuando llegamos a la Universidad Islámica oí una explosión justo a nuestro lado, y las ventanillas delanteras y traseras saltaron por los aires. Cuando daba la vuelta, otro misil cayó a nuestro lado, y luego un tercero. Cuando cayó el cuarto, perdí el control y nos estrellamos, así que salimos corriendo del vehículo y nos refugiamos en un edificio. Luego cayeron dos misiles más, y varias personas resultaron heridas.”

El Dr. Bashar Murad, director de una unidad de urgencias y ambulancia de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, contó que, desde el inicio del conflicto, al menos dos trabajadores de ambulancias de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja habían muerto, al menos 35 habían resultado heridos y 17 vehículos de salud habían quedado fuera de servicio tras ataques del ejército israelí.

“Nuestras ambulancias son atacadas a menudo, pese a que están claramente identificadas y llevan todas las señales de que son ambulancias. El ejército debería poder distinguir desde el aire que está disparando contra ambulancias”, relató.

Mohammad Al Abadlah, conductor de ambulancia, murió el 25 de julio. Estaba en Qarara para ayudar a una persona herida cuando fue alcanzado por disparos en la cadera y el pecho, y murió desangrado. Viajaba en una ambulancia con marcas bien visibles y vestía uniforme médico. Los colegas que se acercaron a él para ayudarle también se encontraron bajo ráfagas de disparos, pero no resultaron heridos.

A’ed Mustafa Bur’i, otro conductor de ambulancia, murió calcinado el 25 de julio en Beit Hanoon cuando un proyectil alcanzó el vehículo, claramente identificado, en el que viajaba.

Los hospitales de toda la Franja de Gaza sufren también falta de combustible y cortes de energía, un suministro inadecuado de agua, y escasez de medicamentos y material médico esencial. Esas carencias, ya habituales a causa de los siete años de bloqueo israelí, se han agravado mucho más durante las actuales hostilidades.


El vídeo horripilante recogido por Amnistía Internacional proporciona nuevas pruebas de crímenes de guerra en el noreste de Nigeria © EPA

Espeluznantes vídeos, imágenes y testimonios recopilados por Amnistía Internacional arrojan nuevas pruebas de crímenes de guerra, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de otras violaciones graves de derechos humanos perpetradas en el noreste de Nigeria, donde se han intensificado los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados, entre ellos Boko Haram.

El vídeo, procedente de numerosas fuentes y obtenido durante un reciente viaje al estado de Borno, demuestra, con pruebas gráficas, los múltiples crímenes de guerra que se están cometiendo en Nigeria.

En él pueden verse escalofriantes escenas en las que varios hombres –en apariencia pertenecientes al ejército nigeriano y a las milicias patrocinadas por el Estado llamadas “Fuerza Civil Especial Conjunta” (CJTF)– van cortando, uno a uno, la garganta a los detenidos, a los que después arrojan a una fosa común. Asimismo puede apreciarse el estado en el que queda un pueblo tras un ataque de Boko Haram, en el que casi 100 personas fueron asesinadas y decenas de viviendas y edificios, destruidos o asolados.

“Estas impactantes y nuevas pruebas ponen en evidencia, una vez más, los horribles crímenes que están cometiendo todas las partes en conflicto, sin la más mínima contención. La población nigeriana se merece algo mejor. ¿Qué cabe esperar, cuando el ejército comete tan atroces crímenes y, además, los graba?” se pregunta Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“No son las imágenes que cabría esperar de un gobierno que dice ser uno de los líderes de África. Estas pavorosas escenas han sido corroboradas, además, por los numerosos testimonios que hemos recogido, según los cuales las ejecuciones extrajudiciales son, en efecto, una práctica habitual del ejército nigeriano y de la CJTF”.

Sólo este año, más de 4.000 personas han perdido la vida en el conflicto en curso entre el ejército nigeriano y Boko Haram, y de ellas, más de 600 fueron ejecutadas extrajudicialmente tras el ataque a las dependencias militares de Giwa (Maiduguri), el 14 de marzo.

A lo largo de los últimos meses, el conflicto del noreste de Nigeria se ha intensificado y propagado a ciudades y pueblos más pequeños, que se van incorporando, cada vez más a la línea de fuego. En julio de este año, Damboa (estado de Borno) se ha convertido en la primera población en caer bajo control de Boko Haram desde que el presidente Goodluck Jonathan declaró el estado de emergencia en mayo de 2013.

La implacable actitud del ejército golpeó, también, con fuerza al estado de Kaduna en julio. Doce personas de una secta mayoritariamente chií, encabezada por Sheij El Zakzaky, fueron, al parecer, asesinadas bajo custodia por el ejército nigeriano. Habían sido detenidas tras haber participado en una manifestación –según parece, pacífica–, en la que murieron 21 personas, entre ellas 2 niños, cuando la policía abrió fuego.

Amnistía Internacional insta a las autoridades nigerianas a garantizar que el ejército deje de cometer violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra y demás violaciones graves deben investigarse sin demora y de forma exhaustiva, independiente e imparcial, para llevar posteriormente ante la justicia a los responsables, incluida toda la cadena de mando.

“Los miembros de Boko Haram y de otros grupos armados son responsables de un enorme número de monstruosos crímenes, como el secuestro de las colegialas de Chibok hace más de tres meses, pero en teoría, la función del ejército es defender a la población, y no cometer más abusos”, arguye Salil Shetty.

“El estado de emergencia no debe conducir al estado de anarquía. Tristemente, tanto Boko Haram como el ejército están sembrando el terror entre las mismas comunidades”.

Macabras ejecuciones extrajudiciales

El vídeo obtenido por Amnistía Internacional muestra un horripilante acto que tuvo lugar en Maiduguri, la capital del estado de Borno, el 14 de marzo. En él, puede verse cómo personas, en apariencia pertenecientes al ejército nigeriano y a la CJTF, van cortando con una cuchilla la garganta de varios detenidos, a los que después arrojan a una fosa común.

En el vídeo se ve a 16 jóvenes y niños sentados en fila. Uno a uno, los van llamando y les ordenan que se echen al suelo delante de la fosa. A cinco de ellos los matan así. El vídeo no muestra la suerte que corrieron los demás, pero según testigos presenciales a nueve les cortaron la garganta, y a los demás los fusilaron.

En otras imágenes de los mismos verdugos, rodadas algo antes en el mismo lugar, se ve a dos detenidos que cavan una fosa mientras los vigilan a punta de arma. Luego, le piden a uno de ellos que se eche delante de la fosa, y presuntos miembros de la CJTF lo agarran por las piernas y la cabeza. Quien parece ser el jefe del grupo, pone el pie sobre el costado del chico, levanta el cuchillo, lo besa y grita “muere, comando”. A continuación, corta la garganta del joven inmovilizado mientras todos los demás soldados y miembros de la CJTF gritan: “¡Sí oga [jefe], mátalo!”.

Amnistía Internacional habló con varias fuentes militares que confirmaron que el personal armado del vídeo era, en efecto, personal militar. En concreto, según dos fuentes fidedignas, pueden ser parte del 81 Batallón, con base en el estado de Borno.

En el vídeo no se ven edificios, carreteras o infraestructuras, pero el ruido de los coches confirma que se encuentran cerca de una carretera. Varios de los hombres armados llevan uniformes militares, uno de ellos con las palabras “Borno State Operation Flush” (“Estado de Borno, Operación Purga”) en la parte delantera. También se puede leer con claridad el número de identificación de una de las armas (81BN/SP/407). Según fuentes militares, el rifle pertenece a la compañía de refuerzo de 81 Batallón, y nadie ha denunciado su pérdida.

Asimismo, testigos oculares confirmaron a Amnistía Internacional que los vídeos se rodaron el 14 de marzo de 2014, el día del ataque de las fuerzas de Boko Haram contra las dependencias militares de Giwa (Maiduguri). Según informes, las fuerzas de Boko Haram liberaron a sus miembros y dejaron elegir a los demás detenidos entre sumarse a ellos o irse a casa. Una vez que Boko Haram había abandonado la ciudad, más de 600 personas, en su mayoría detenidos nuevamente capturados, fueron ejecutados extrajudicialmente en varios lugares de Maiduguri. Los detenidos del vídeo fueron arrestados por la CJTF en Giddari Polo, cerca de las dependencias militares, donde varias fuentes han confirmado que otros detenidos, también capturados de nuevo y entregados al ejército, fueron fusilados por soldados. A continuación, los militares trasladaron los cadáveres, junto con los detenidos que quedaban vivos, a un lugar a las afueras de Maiduguri, cercano a Giddari, donde al parecer se llevaron a cabo las ejecuciones que se grabaron.

Redadas militares en Bama

Otras imágenes de vídeo en poder de Amnistía Internacional revelan violaciones graves perpetradas en Bama, localidad situada a 70 km al sur de Maiduguri.

Bama es una de las numerosas comunidades que se han convertido en focos de violencia durante los últimos dos años. Con frecuencia, ha sido blanco de ataques armados perpetrados por Boko Haram, y el ejército nigeriano la ha elegido al menos dos veces para efectuar masivas detenciones arbitrarias de presuntos miembros de Boko Haram.

Los residentes han descrito a Amnistía Internacional una operación de “cribado” que tuvo lugar el 23 de julio, cuando decenas de soldados nigerianos y miembros de la CJTF, procedentes de Maiduguri, llegaron al mercado central, en torno a las once de la mañana, y ordenaron a todos los hombres adultos concentrarse en un lugar y desnudarse.

Según testigos oculares, a continuación los colocaron en fila y, uno a uno, les hicieron cerrar los ojos y después, a empujones, los llevaron hasta un hombre que estaba sentado en un vehículo. Éste señalaba la derecha o la izquierda. Los 35 hombres enviados a la izquierda fueron acusados de pertenecer a Boko Haram. Los enviados a la derecha, aproximadamente 300, fueron considerados inocentes.

Las pruebas obtenidas en vídeo por Amnistía Internacional confirman los relatos de numerosos testigos oculares sobre lo que ocurrió a continuación. Los soldados nigerianos y los miembros de la CJTF ordenaron a los presuntos miembros de Boko Haram que se tumbaran en el suelo, uno junto a otro y, a continuación, los golpearon con palos y machetes. Un testigo describió a Amnistía Internacional cómo los oficiales gritaban: “¡A éstos hay que pegarlos, hasta matarlos; son Boko Haram!”.

El vídeo muestra cómo, durante esta operación de “cribado”, los soldados y miembros de la CJTF lanzaban disparos al aire en señal de celebración. Posteriormente, hicieron subir a los 35 detenidos a un único vehículo militar, y los transportaron hasta el cuartel militar de Bama.

Varios días más tarde, el 29 de julio por la tarde, personal militar los sacó del cuartel y los llevó a sus comunidades, donde los fue fusilando, a varios a la vez, y abandonando sus cuerpos. Una persona del lugar refirió a Amnistía Internacional que los disparos empezaron a sonar en torno a las dos de la tarde y no pararon hasta el anochecer, puesto que los soldados los iban matando y colocando sus cadáveres en distintos puntos de la ciudad.

Un familiar de uno de los hombres ejecutados extrajudicialmente detalló lo que ocurrió cuando todo hubo terminado: “En ese momento, todos sabíamos que los habían matado [y] salimos corriendo a buscarlos. Lo encontramos [a nuestro familiar] junto al puente de Bama. Había mucha gente con nosotros. Habían fusilado a cinco [sólo en ese sitio]. Había cinco cuerpos [incluido el de mi familiar]. Tenía un agujero de bala en el pecho, y no llevaba ropa, sólo los pantalones. Tomamos su cuerpo y los enterramos. No hay certificado de defunción. Los hospitales de Bama no están en funcionamiento. No hay ningún sitio donde reclamar; en la ciudad, tenemos la circulación restringida. Todos encomendamos lo que había pasado a Dios”.

Redada mortal de Boko Haram

Como en muchas otras comunidades del noreste de Nigeria, en Bama la población vive con el temor constante de sufrir ataques de Boko Haram y de otros grupos armados. Según se cree, éstos se llevan a cabo en represalia por lo que los grupos armados consideran cooperación de la población local con el ejército nigeriano. Éste, por su parte, opone escasa resistencia a muchos de estos ataques.

El ataque más sanguinario de Boko Haram contra esta ciudad duró varias horas, y se produjo a primera hora de la mañana del 19 de febrero. Según afirma la gente del lugar, más de 100 personas resultaron muertas y los heridos fueron más de 200. Los agresores, con ayuda de improvisados explosivos y granadas, destruyeron enormes sectores de la localidad.

“Para los insurgentes fue un festín; sin parar de matar, quemar y destruir”, declaró un residente a Amnistía Internacional.

Las imágenes de vídeo rodadas tras los ataques muestran los restos carbonizados de numerosos coches y edificios, hasta el punto de que incluso en el piso superior del palacio del emir local (shehu), se aprecian destrozos causados por el fuego. Testigos oculares aseguraron a Amnistía Internacional que también habían bombardeado o incendiado escuelas y edificios administrativos, y que los vehículos de más de 100 residentes habían quedado destrozados.

En las imágenes capturadas tras estos hechos, pueden verse decenas de cadáveres cubiertos, en espera de ser enterrados.

Amnistía Internacional pide una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre este panorama de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas por ambos bandos, que se observa en el noreste de Nigeria. El gobierno de Nigeria debe condenar públicamente estos actos, incluidos los presuntamente cometidos por el ejército del país, como detenciones arbitrarias, reclusiones en régimen de incomunicación, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Información complementaria

En una reciente visita de investigación al estado de Borno (noreste de Nigeria), Amnistía Internacional entrevistó a decenas de testigos presenciales de abusos y familiares de muertos.

A lo largo de la visita, salieron a la luz decenas de vídeos y cientos de imágenes que circulan por toda la región (pero que no se han visto mucho fuera de ésta), y corroboran las denuncias de violaciones generalizadas de derechos humanos a manos del ejército de Nigeria y de la “Fuerza Civil Especial Conjunta” (CJTF). Tanto los testigos como los familiares de las víctimas coinciden en afirmar que el ejército efectuó detenciones y reclusiones arbitrarias, infligió torturas y malos tratos y fue responsable de muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional ha verificado por sí misma estas denuncias.

Uno de los vídeos muestra el resultado del mortífero ataque lanzado por Boko Haram contra Bama en febrero de este año; uno de los muchos denunciados en la región, que se han saldado con cientos de muertes y secuestros, y que ha sembrado la destrucción por doquier.

Amnistía Internacional describió, en un informe publicado en marzo, la respuesta del ejército nigeriano al ataque perpetrado por Boko Haram contra el cuartel de Giwa ese mismo mes. La organización ha transmitido a las autoridades gubernamentales sus motivos de preocupación y ha pedido una investigación independiente sobre estos hechos. El fiscal general de la Federación y ministro de Justicia ha escrito a Amnistía Internacional para comunicarnos que el gobierno ha constituido un comité de investigación al respecto. Sin embargo, otras autoridades públicas, como los servicios de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores han negado posteriormente la implicación del ejército en los hechos. No se ha publicado información sobre la investigación.

Más adelante, este mismo año, Amnistía Internacional publicará un informe en el que se documentarán abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitarios cometidos por ambas partes en el conflicto, y se pondrá en evidencia la cada vez más dura situación humanitaria que se vive en el noreste de Nigeria.

Para ver el vídeo, hagan clic aquí. AVISO: el vídeo contiene imágenes muy explícitas que pueden herir la sensibilidad del espectador.


Los envíos de combustible de Estados Unidos incluyen el combustible para aviones F16 israelíes de la Fuerza Aérea, que se están utilizando en la “Operación Margen Protector” © EPA

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Estados Unidos que detenga de inmediato la transferencia de un cargamento de combustible estadounidense que actualmente está en ruta hacia Israel para ser utilizado por el ejército israelí. La organización ha pedido reiteradamente un embargo de armas integral sobre todas las partes del conflicto, mientras se acumulan las pruebas de que todas las partes han cometido crímenes de guerra en las cuatro últimas semanas en Gaza.

El gobierno estadounidense ha seguido suministrando cientos de miles de toneladas de combustible –para aviones de combate y vehículos militares– a las fuerzas armadas israelíes, a pesar de la vertiginosa cifra de víctimas civiles en ataques aéreos y otros ataques militares. La última remesa de combustible para aviones estadounidense llegó a Israel el 14 de julio, a la semana de iniciarse el conflicto. Hubo nueve cargamentos anteriores de Estados Unidos a Israel en 2013 y 2014. Un buque cisterna de combustible con el último envío estadounidense de combustible está navegando actualmente junto a las Azores y está previsto que llegue a Israel el 12 de agosto.

“El gobierno estadounidense seguirá manchándose las manos de sangre si continúa suministrando combustible para aviones de combate y vehículos militares usados en ataques que causan cada vez más muertes y lesiones terribles entre la población civil”, ha dicho Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

En lugar de seguir enviando cargamentos de combustible y armamento al ejército israelí, Estados Unidos debe suspender de inmediato todas estas transferencias y apoyar la apertura de una investigación internacional sobre las atrocidades que están cometiendo ambas partes.”

Según documentación entregada a Amnistía Internacional por la organización TransArms de Chicago y por International Peace Information Service, con sede en Amberes, el petrolero Overseas Mykonos, con bandera estadounidense, partió de Houston el 23 de julio de 2014 con destino declarado a Asquelón, justo al norte de la Franja de Gaza, donde hay una importante terminal petrolera.

Desde que comenzó la ofensiva el 8 de julio, los ataques incesantes por aire y tierra de las Fuerzas de Defensa de Israel han causado una destrucción inmensa. Se han destruido miles de viviendas y se han causado daños en bienes civiles, incluidos centros médicos e infraestructura esencial. Hasta ahora han muerto más de 1.800 palestinos, la inmensa mayoría de los cuales eran civiles; más de 440 eran menores de edad. Asimismo han perdido la vida al menos 64 soldados israelíes, dos civiles israelíes y un ciudadano tailandés en ataques con cohetes de acción indiscriminada que Hamás y otros grupos armados palestinos siguen disparando contra Israel.

En vista de que no se vislumbra el fin permanente de las hostilidades, Amnistía Internacional ha pedido a todos los demás Estados que impongan de inmediato un embargo total de armas a todas las partes del conflicto de Gaza.

Estados Unidos e Irán son igualmente culpables de posibilitar la comisión de violaciones del derecho internacional al dar apoyo militar a las partes enfrentadas. Sin el suministro de tecnología militar, ninguna de las partes enfrentadas en Gaza podía haber cometido repetida e impunemente violaciones del derecho internacional de tal alcance. Mientras los perpetradores de ambas partes no sean obligados a rendir cuentas, no debería permitirse el envío de suministros militares que puedan destinarse a cometer graves abusos”, ha dicho Brian Wood.

Amnistía Internacional ha pedido que la situación de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se remita al fiscal de la Corte Penal Internacional.

Cargamentos de combustible de Estados Unidos para Israel

Los documentos de transporte facilitados a Amnistía Internacional muestran que el Overseas Santorini y su buque gemelo, el Overseas Mykonos, han atracado en la terminal petrolera de Asquelón al menos en 10 ocasiones desde enero de 2013 –seis veces desde enero de 2014– y entregado un total de 277.000 toneladas (101 millones de galones) de combustible para reactores suministrados por el gobierno estadounidense a las fuerzas armadas israelíes. La empresa OSG Ship Management (GR) Ltd, radicada en Atenas, gestionaba ambos buques cisterna.

Siete días después de empezar los ataques de Israel contra Gaza como parte de la operación “Margen Protector” el 8 de julio, la entrega más reciente de una remesa de combustible para reactores la hizo un petrolero con bandera estadounidense, el Overseas Santorini. El buque partió de Corpus Christi (Texas) el 21 de junio y llegó a Asquelón el 14 de julio con 26.000 toneladas (9,6 millones de galones) de combustible para reactores a bordo en virtud de un contrato firmado con la División Energética de la Agencia de Logística para la Defensa de Estados Unidos (DLA Energy).

La División Energética de la Agencia de Logística para la Defensa estadounidense, responsable de la obtención y distribución de diversos tipos de combustible para las fuerzas armadas estadounidenses y sus aliados, envió 9 de los 10 cargamentos de combustible para reactores que llegaron a Israel en 2013 y 2014.  El décimo fue supervisado por el “Gobierno de Israel” a través de su consulado en Nueva York.

En años recientes, DLA Energy ha concedido contratos por valor de cientos de millones de dólares a empresas energéticas estadounidenses para la provisión de combustible para reactores a las fuerzas armadas israelíes, en particular a una filial de Valero Energy radicada en San Antonio.

En octubre de 2013, DLA Energy concedió a Valero Marketing and Supply Co., empresa radicada en Texas, un contrato por importe máximo de 331 millones de dólares por el suministro de combustible de turbinas de aviación para las fuerzas armadas de Israel, y a Petromax LLC, radicada en Bay City (Texas), un contrato por el suministro de gasolina de automoción también para las fuerzas armadas de Israel.

Anteriormente, en 2013, se había concedido a Valero Marketing and Supply Co un contrato por importe máximo de 246 millones de dólares por el suministro de combustible de aviación a las fuerzas armadas israelíes. Cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con la empresa, la persona que ejerció de portavoz de Valero respondió que la empresa tenía por norma no comentar los detalles de sus contratos de suministro. OSG Ship Management y Petromax no han respondido a las cartas enviadas por Amnistía Internacional.

El 16 de abril de 2013 se notificó al Congreso de Estados Unidos que el gobierno israelí había solicitado 864 millones de galones de combustible de aviación JP-8 (“propulsión a reacción”) por valor de 2,7 millones de dólares, con la siguiente afirmación: “Estados Unidos tiene un compromiso con la seguridad de Israel”. El combustible JP-8 se utiliza para aviones de combate como los F-16 fabricados en Estados Unidos, que han sido utilizados por la fuerza aérea israelí durante la operación militar en curso contra Gaza, así como para ciertos tipos de aeronave, helicópteros de ataque, tanques y otros vehículos militares terrestres con cierta clase de motores.

Los aviones de combate F-16 son utilizados por al menos 12 unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel ha obtenido más de 300 aviones F-16 desde la década de 1980 y, según informes, más de 170 siguen en servicio activo.

Con arreglo a la Ley de Ayuda Exterior de Estados Unidos, no se podrá dar asistencia en materia de seguridad a ningún “país cuyo gobierno cometa de forma sistemática violaciones graves de derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Pese a ello, sucesivos gobiernos estadounidenses han aplicado una cláusula de esa ley que autoriza al presidente a continuar con los suministros en “circunstancias extraordinarias”.

“Al ignorar de manera sistemática el costo humano demoledor de sus ingentes envíos de armas y combustible para uso militar a Israel, Estados Unidos está desobedeciendo descaradamente los principios básicos de derechos humanos”, ha afirmado Brian Wood.


Restos de cartuchos en el suelo, al lado de un tanque israelí Merkava, en un lugar no especificado, cerca de la frontera israelí con la Franja de Gaza, 28 de julio 2014 © OLIVER Witkin / EPA

Madrid.- El pasado jueves 31 de julio, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) decidió suspender temporalmente la exportación de armas a Israel. España ha sido el primer país en adoptar esta medida.

“Acogemos con satisfacción esta decisión del Gobierno español, coherente con lo establecido en la legislación española, europea e internacional sobre transferencia de armas”, ha señalado Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España. La organización recuerda además que es necesario que España mantenga esta decisión hasta la imposición de un embargo de armas global por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea a Israel, Hamas y otros grupos palestinos armados, y que promueva que otros países también la adopten, tal y como AI pidió a la JIMDDU el pasado 10 de julio. “Hasta que se establezcan mecanismos efectivos que garanticen que las armas no se emplean para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ningún país debería enviar armas a Israel”, ha asegurado Ana Rebollar.

Estados Unidos, el principal exportador

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a EE.UU., principal suministrador de armas a Israel, que suspenda las transferencias de armas al país, y se ha dirigido también a Colombia, Italia, Austria, Corea del Sur e India, que han exportado importantes cantidades de armas a Israel en los últimos cinco años. Por otro lado, Irán ha suministrado asistencia técnica sobre fabricación de armas a Hamás en Gaza.

Igualmente, la organización ha hecho un llamamiento urgente al gobierno de EE.UU. para que pare inmediatamente la transferencia de un envío de combustible que actualmente es transportado en barco a Israel para ser utilizado por el ejército israelí. El 23 de julio de 2014 el petrolero de bandera estadounidense “Overseas Mykonos” dejó el Puerto de Corpus Christi, Texas, después de salir de Houston hacia su destino declarado de Ashkelon, donde se encuentra una terminal petrolífera importante al norte de la Franja de Gaza.  

Exportaciones españolas

Según datos oficiales, entre 2003 y 2012, España realizó operaciones con  Israel por valor de 8,9 millones de euros. En 2013 realizó exportaciones por valor de 4,88 millones y autorizó operaciones por importe de 5,9 millones de euros.

Entre los productos exportados por España entre 2010 y 2013 figuran vehículos todo terreno, componentes de pistolas deportivas para su reexportación a EE.UU., componentes de un misil para el Ejército de Tierra, espoletas de granadas de morteros, sistemas electroópticos de morteros para su reexportación al Ejército de Tierra español y un prototipo de un sistema de dirección de tiro para su reexportación a Indonesia, así como tarjetas electrónicas de procesado de imágenes para ser incorporadas en equipos con destino a aeronaves de las Fuerzas Aéreas de países de la UE.

La legislación sobre comercio de armas

La Ley 53/2007 sobre el control del material de defensa y de doble uso permite denegar, suspender o revocar una solicitud de autorización cuando “el material de defensa, otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. 

España ratificó el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), aprobado por la Asamblea General de la ONU el 2 de abril de 2013, que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales, municiones y componentes a países cuando tienen conocimiento de que esas transferencias podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Asimismo, el TCA obliga a España a evaluar el riesgo de transferir armas a otro país y a no autorizar la transferencia si existe un riesgo preponderante de que las armas contribuyan o menoscaben la paz y la seguridad, se puedan utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, un delito de terrorismo o de delincuencia organizada transnacional. Los gobiernos deben denegar las autorizaciones si hay un riesgo “preponderante” de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños.

En junio de 2013, al firmar el TCA, España hizo una declaración aceptando aplicar las disposiciones de derechos humanos del TCA incluso antes de su entrada en vigor, que se producirá a los 90 días de que lo ratifique el país número 50. Hasta ahora hay 41 países y se prevé que hacia finales de 2014 se consigan los nueve países que faltan. Esta decisión de suspensión primando los derechos humanos a los intereses comerciales va en línea con esa declaración.