Amnistía Internacional España

Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

  • Amnistía Internacional participará hoy 10 de septiembre en el diálogo interactivo con el Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde presentará las preocupaciones de la organización.
  • Amnistía Internacional, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se dirigieron a diversas autoridades españolas demandando que cumpla con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas

El Estado español no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, y promoción de la verdad, justicia y reparación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de las principales conclusiones de los informes publicados recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición publicados recientemente.

Ambos mecanismos de Naciones Unidas han coincidido en sus críticas al Poder Judicial; el Relator asegura que es la institución del Estado donde existen los mayores déficits en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

Por su parte, el Grupo de trabajo destaca que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Igualmente alertan de que en la actualidad no existe ninguna investigación judicial efectiva sobre desapariciones forzadas, y observa cómo jueces, fiscales o policía no están presentes en las exhumaciones, lo que es considerado una omisión grave de parte de las autoridades judiciales.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en la que se concluye sobre la imposibilidad de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el Grupo de trabajo constata que a partir de dicha sentencia “prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó, ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas. Si bien esta situación ya existía con anterioridad, las decisiones del Tribunal Supremo dieron nuevos argumentos a los jueces inferiores para no avanzar en las causas judiciales”.

Las organizaciones firmantes se han hecho eco de además las siguientes preocupaciones expresada por los mecanismos de Naciones Unidas:

  • Falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal español, tal y como establece el derecho internacional.
  • La Ley de Amnistía 46/1977. Una vez más los mecanismos de Naciones Unidas alertan de que la ley de Amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales adquiridas por España; asimismo destacan que no hay impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales.


  • Jurisdicción universal y cooperación judicial con otros Estados. Ambos mecanismos se han referido, por un lado, a la reforma de la jurisdicción universal, y a las preocupaciones en torno a la no siempre adecuada colaboración por parte de España con la justicia de otros estados; en particular la argentina, donde se encuentra abierta una investigación por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y que adopten medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición han presentado informes relativos a sus visitas realizadas a España en septiembre de 2013 y enero-febrero de 2014, respectivamente. Dichos informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos durante su 27ª período de sesiones los días 10 y 12 de septiembre.


El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se ha reunido hoy con el primer ministro de Ucrania Arseniy Yatsenyuk © EPA / MAURIZIO GAMBARINI

En una entrevista mantenida hoy con el primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha instado al gobierno ucraniano a detener los abusos y crímenes de guerra de los batallones de voluntarios que actúan junto con las fuerzas armadas regulares ucranianas.

“Las autoridades de Ucrania no deben reproducir el desgobierno y los abusos que han predominado en las zonas que han estado en manos de los separatistas", ha dicho desde Kiev Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Si no se pone fin a los abusos y posibles crímenes de guerra de los batallones de voluntarios se corre el peligro de agravar significativamente las tensiones en el este del país y desvirtuar las intenciones de las nuevas autoridades ucranianas, que afirman que reforzarán y harán respetar el Estado de derecho más ampliamente.”

Este llamamiento coincide con la publicación por Amnistía Internacional de un documento con nuevo material de investigación sobre el terreno en la región septentrional de Luhansk, titulado Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north Luhansk region, en el que se documentan la variedad cada vez mayor de abusos cometidos por el batallón de voluntarios "Aidar". 

"Aidar" es uno de los llamados batallones de voluntarios que, en número superior a treinta, han surgido tras el conflicto, vagamente integrados en las estructuras de las fuerzas de seguridad de Ucrania que intentan volver a hacerse con el control de las zonas tomadas por los separatistas.

Amnistía Internacional ha documentado una oleada creciente de abusos –secuestros, detenciones ilegales, malos tratos, atracos, extorsiones y posibles ejecuciones– cometidos por el batallón "Aidar", algunos de los cuales equivalen a crímenes de guerra.

La organización pide a las autoridades de Ucrania que integren a todos los batallones de voluntarios, incluido el "Aidar", en una cadena de mando y control eficaz, investiguen sin demora todas las denuncias de abusos y exijan cuentas a los responsables.

El primer ministro de Ucrania ha afirmado que el gobierno se compromete a exigir responsabilidades a todos los perpetradores de abusos relacionados con el conflicto.

"Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso del gobierno de Ucrania de restaurar y garantizar la justicia en las zonas afectadas por el conflicto. Haremos que cumpla su promesa", ha dicho Salil Shetty.


Una de las imágenes de satélite que ilustran los movimientos de tropas y de la oposición en el este de Ucrania © Digital Globe for Amnesty International

La milicias ucranianas y las fuerzas separatistas son responsables de crímenes de guerra, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización, que ha dado a conocer imágenes de satélite que revelan una acumulación de artillería y blindados rusos en el este de Ucrania, acusa a Rusia de promover los crímenes de los separatistas.

Dado que las negociaciones sobre alto el fuego siguen marcadas por la incertidumbre y que la situación sobre el terreno sigue siendo peligrosa, Amnistía Internacional insta a todas las partes, incluida Rusia, a que dejen de infringir las leyes de la guerra.

Todas las partes implicadas en este conflicto están actuando con total desprecio hacia la vida de la población civil y están incumpliendo flagrantemente sus obligaciones internacionales”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, que en los próximos días viajará a Kiev y Moscú.

“Las pruebas de que disponemos muestran que Rusia está promoviendo el conflicto, mediante la injerencia directa y el respaldo a los separatistas en el este de Ucrania. Rusia debe acabar con el flujo continuado de armamento y otros suministros a una fuerza insurgente enormemente implicada en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.”

Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en Ucrania oriental han documentado incidentes de bombardeos, secuestros, torturas y homicidios de carácter indiscriminado.

Pese a que el Kremlin ha negado repetidamente cualquier implicación en los combates en Ucrania, las imágenes de satélite disponibles y los testimonios recopilados por la organización aportan pruebas contundentes de que la magnitud de los combates ha alcanzado ya una dimensión que Amnistía Internacional califica de conflicto armado internacional.

En las imágenes de satélite, captadas entre el 13 y el 29 de agosto, se aprecia la ubicación de nuevas posiciones artilleras en el interior de las fronteras ucranianas, entre ellas lo que parecen ser unidades Howitzer D-30 para el lanzamiento de obuses de 122-mm, en posición de fuego hacia el oeste. Dos de esas ubicaciones cuentan con un vehículo de apoyo y lo que parecen ser búnkeres. En imágenes del 29 de agosto se constata la presencia de seis vehículos anfibios blindados, aparentemente del tipo BRDM-2.

También se aprecia otra ubicación artillera similar en unos terrenos al nordeste de las anteriores, también en territorio ucraniano. Imágenes del 26 de agosto muestran unidades autopropulsadas de artillería relativamente avanzadas (probablemente del tipo 2S19 Msta-S, para obuses de 152-mm), en posición de fuego suroeste hacia emplazamientos militares ucranianos.

Entre el 26 y el 29 de agosto, la artillería se ha desplazado hacia posiciones de fuego orientadas al oeste, en el interior de Ucrania. Las imágenes del 29 de agosto muestran lo que parecen ser numerosos vehículos militares en la zona próxima al límite arbóreo y en terrenos vecinos.

“Estas imágenes de satélite, unidas a la información obtenida de soldados rusos capturados en territorio ucraniano, además de los avistamientos de tropas y vehículos militares rusos desplazándose por la frontera, no dejan dudan de que se trata ya de un conflicto armado internacional”, afirma Shetty.

Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en el este de ucrania se han entrevistado con personas que huían de los combates en las proximidades de las localidades de Alechevsk, Donetsk, Kramatorsk, Krasny Luch, Lisichansk, Lugansk, Rubeznoe, Pervomaisk y Slovyansk. Los investigadores también han entrevistado a población refugiada ucraniana en la región rusa de Rostov.

Según el relato de los civiles residentes en estas zonas, fuerzas gubernamentales ucranianas sometieron a sus barriadas a intensos bombardeos. Los testimonios sugieren que estos ataques fueron indiscriminados y que se pueden considerar crímenes de guerra. Los testigos aseguran asimismo que combatientes separatistas secuestraron, torturaron y mataron a vecinos suyos.

Los residentes de Slovyansk contaron a Amnistía Internacional, como caso ilustrativo, que combatientes separatistas secuestraron al clérigo local, a dos de sus hijos y a dos feligreses, y pidieron por ellos un rescate de 50.000 dólares estadounidenses. Según los testigos, para cuando la comunidad local consiguió reunir la suma exigida para el rescate, los captores ya habían matado a todos los hombres. 

Amnistía Internacional también ha recibido informes fidedignos sobre secuestros y apaleamientos perpetrados por batallones de voluntarios que actúan junto con las fuerzas armadas regulares ucranianas.

El 23 de agosto, por ejemplo, varias decenas de hombres armados llegaron, en vehículos en los que ondeaban banderas de Ucrania, a la localidad de Oleksandrivka, en la región de Luhansk, y secuestraron a un guardia de seguridad. Al menos uno de los vehículos llevaba el identificativo “Batallón Aidar” (milicia que opera en la región de Luhansk). Los testigos de los hechos aseguran que los captores acusaron al guardia de colaborar con los separatistas, le propinaron golpes con las culatas de sus armas y lo encerraron incomunicado hasta el 27 de agosto, cuando se informó a su familia de que lo habían trasladado a otra localidad y recluido en dependencias locales de los servicios estatales de seguridad de Ucrania.

Amnistía Internacional pide a las autoridades ucranianas que investiguen de forma efectiva las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y que pongan a disposición judicial a las personas responsables de crímenes de guerra. Autoridades civiles y militares pueden ser procesadas conforme al principio de responsabilidad de mando en el caso de crímenes de guerra de los que tuvieran o hubieran debido tener conocimiento, y que no hubieran impedido o no hubieran sancionado a los responsables.

“La población civil en Ucrania necesita justicia y protección”, afirmó Salil Shetty.

“Sin investigaciones exhaustivas e independientes, se corre el riesgo cierto de que la población ucraniana no cicatrice las heridas de esta guerra durante generaciones.”

Para descargar las imágenes de satélite de Amnistía Internacional, pulse aquí: http://tinyurl.com/Amnesty-Ukraine-Images

Salil Shetty y una delegación de Amnistía Internacional visitarán Kiev entre el 6 y el 8 de septiembre, y Moscú entre el 8 y el 11 de septiembre.


Krishna Upadhyaya y Ghimire Gundev estaban investigando las condiciones de trabajo de los migrantes nepalíes en Qatar © Getty Images

Las autoridades de Qatar deben revelar de inmediato el paradero y garantizar la seguridad de dos trabajadores de derechos humanos británicos que desaparecieron el domingo y que se teme que están retenidos en secreto y en régimen de incomunicación en el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

El investigador Krishna Upadhyaya y el fotógrafo Ghimire Gundev, que investigaban las condiciones de trabajo de los migrantes nepalíes en Qatar, no han vuelto a ser vistos desde que dejaron su hotel el 31 de agosto. Habían expresado a amistades y compañeros su temor de que los seguían policías vestidos de civil debido a su trabajo.

“La desaparición forzada de Krishna Upadhyaya y Ghimire Gundev es sumamente preocupante, y el desarrollo de los acontecimientos que ambos hombres denunciaron antes de desaparecer indica que tal vez hayan sido detenidos por su trabajo de derechos humanos”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades de Qatar deben revelar con urgencia la suerte y el paradero de estos dos hombres y disipar el temor creciente a que se encuentren en peligro de tortura u otros malos tratos.”

Krishna Upadhyaya, de 52 años, y Ghimire Gundev, de 36 –ambos ciudadanos británicos de origen nepalí– llevaban trabajando en Qatar desde el 27 de agosto para la ONG noruega Global Network for Rights and Development (GNRD).

El 30 de agosto, Krishna Upadhyaya envió un SMS a un amigo en Noruega diciéndole que la policía de Qatar estaba siguiendo y hostigando a ambos hombres.

Al día siguiente, Krishna dejó la habitación de su hotel, pero continuó en la recepción al percatarse del gran número de policías cataríes uniformados y vestidos de civil. Volvió a enviar otro SMS a su amigo diciéndole que le parecía poco seguro desplazarse hasta el aeropuerto para tomar su vuelo a Oslo (Noruega).

Según la información de que se dispone, Krishna Upadhyaya sacó la tarjeta de embarque del vuelo, pero la compañía aérea KLM confirmó a GNRD que no subió al avión. 

Ni él ni Ghimire Gundev se han puesto en contacto con sus familias, sus amigos o sus empleadores desde entonces.

Si las autoridades de Qatar han detenido a estos hombres, deben desvelar por qué, dónde y si se han presentado cargos contra ellos. Además, ambos deben tener acceso a abogados de su elección y estar protegidos de torturas y otros malos tratos mientras permanezcan detenidos”, ha dicho Said Boumedouha.

“Salvo que sean acusados de algún delito común reconocible internacionalmente, puestos en prisión preventiva por un tribunal civil en una vista pública y juzgados sin demora y con garantías, ambos deben quedar en libertad incondicional inmediatamente.”

Amnistía Internacional ha escrito al gobierno de Qatar solicitándole información sobre el paradero de Krishna Upadhyaya y Ghimire Gundev. La organización GNRD también se ha puesto en contacto con la embajada británica en Doha y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.


Activistas en Londres frente a la embajada de México en solidaridad con las víctimas de la tortura, incluida Caludia medina. 26 de junio de 2014. © AIUK

La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.

El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.

"Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos", afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América.

"El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia."

Este es el primero de una serie de cinco informes de país que se publicarán en el marco de "Stop Tortura", la campaña global de Amnistía Internacional.

En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.

Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.

Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras.  Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas. Permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014.

El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más de 20 personas que, como Ángel Colón, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.

A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.

Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.

El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes.

"La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble.  Si las autoridades no recaban pruebas de los malos tratos, las víctimas carecen de la posibilidad de resarcimiento y no pueden demostrar que sus "confesiones" han sido obtenidas mediante coacción," afirmó Erika Guevara.

"Es hora de revisar a fondo la investigación de las denuncias de torturas y otros malos tratos, en especial la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas del Protocolo de Estambul. Asimismo, las autoridades mexicanas deben garantizar que las pruebas recabadas por expertos médicos independientes son admitidas en los procedimientos judiciales."

El informe señala una serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.

Información complementaria
Desde 2010 hasta finales de 2013 la CNDH recibió más de 7.000 quejas por tortura y otros malos tratos, pero en ese periodo la Procuraduría General de la República sólo aplicó su procedimiento especial en 364 casos, y concluyó que había indicios de tortura en 26.

Desde 2006 a 2013, la Procuraduría General de la República inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, sólo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal. El índice de sentencias condenatorias es del 0,006 por ciento. En el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.

El Protocolo de Estambul se conoce comúnmente como el Manual de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se elaboró en 1999.

En febrero de 2014, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional España le ha recordado al Gobierno español que España y México en el marco del Tratado General de Cooperación y Amistad deben celebrar consultas periódicas de derechos humanos en las que se incluyan temas como la tortura, la violencia de género, la falta de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y los abusos que sufre la población migrantes.

También la organización tiene en marcha una acción dirigida al Procurador General de la República en la que le pide que haya investigaciones efectivas sobre los casos de torturas denunciados, además de que se respete el Protocolo de Estambul respaldado por la ONU.


El periodista freelance, Steven Sotloff, fue secuestrado en Siria el año pasado © 2014 Etienne de Malglaive

La decapitación del periodista estadounidense Steven Sotloff por militantes del Estado Islámico es el último de la serie de crímenes de guerra que están cometiendo los grupos armados por toda Siria e Irak, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

En un video publicado ayer por un grupo armado autodenominado Estado Islámico (IE) aparecía Steven Sotloff, secuestrado en el norte de Siria en agosto de 2013, a quien mataban del mismo modo en que lo hicieron el mes pasado con el también periodista freelanceestadounidense James Foley.

“La ejecución de Steven Sotloff es un crimen de guerra, y forma parte de la constante de horribles atrocidades que está cometiendo el Estado Islámico en los últimos meses”, manifestó Philip Luther, director del programa de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África.

“El mundo ha condenado justamente las brutales muertes de Steven Sotloff y James Foley. Estos homicidios injustificables, sin embargo, no son más que ‘la punta del iceberg’ de los abusos que está cometiendo el Estado Islámico en Siria e Irak.”

El homicidio de Sotloff, cuya “autenticidad” han confirmado hoy autoridades estadounidenses, es el último de la serie de homicidios sumarios perpetrados este año en la región por el Estado Islámico de centenares, si no miles, de personas más.

Entre las víctimas hay personas que pertenecen a comunidades étnicas y religiosas minoritarias, soldados y policías, así como otros periodistas.

El 24 de agosto de 2014, el Estado Islámico capturó y mató a unos 150 soldados del ejército regular sirio tras hacerse con el control de la base aérea de Tabqa, al noreste de Siria.

También este año, el Estado Islámico ha dado muerte en lugares públicos a decenas más de personas sirias, entre ellas niños y niñas, por toda una variedad de “crímenes”.

En Irak, varios centenares de soldados gubernamentales hechos prisioneros fueron ejecutados sumariamente en Tikrit tras capturar el Estado Islámico la ciudad en junio de 2014.

El Estado Islámico también ha llevado a cabo ejecuciones sumarias selectivas de personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, como las de centenares (como poco) de yazidíes de la región de Sinjar en agosto de 2014, algunas en forma de matanzas masivas.

“El homicidio de estos dos periodistas estadounidenses en las últimas semanas no hace sino intensificar la urgencia de que se garantice la liberación de quienes todavía siguen rehenes del Estado Islámico”, declaró Philip Luther.

“También hay que intensificar los esfuerzos para que se haga justicia con los centenares más de víctimas de los crímenes del Estado Islámico, y para proteger a los grupos minoritarios, que son los que más peligro corren de ser objeto de sus ataques.”

En el informe titulado Ethnic cleansing on a historic scale: the Islamic State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq (“Limpieza étnica de magnitud histórica: La persecución sistemática de minorías por parte del Estado Islámico en el norte de Irak”), hecho público esta semana por Amnistía Internacional, se describe la campaña sistemática de limpieza étnica emprendida por el Estado Islámico en el norte de Irak.

En el informe se documentan crímenes de guerra dirigidos específicamente contra minorías étnicas y religiosas, entre ellos ejecuciones sumarias multitudinarias y secuestros en masa.

Entre las minorías étnicas y religiosas perseguidas en el norte de Irak figuran, además de los yazidíes, los cristianos asirios, los chiíes turcomanos, los chiíes chabaquíes, los kakaíes y los mandeos (o sabeos).

También en el norte de Irak han sido objeto de persecución multitud de personas de origen árabe suní sospechosas, fundada o infundadamente, de oponerse al Estado Islámico.


Existe el riesgo de que la OTAN salga de Afganistán dejando un legado de impunidad, a menos que se aborden, con justicia y reparaciones. © AFP/Getty Images

Existe el riesgo de que la OTAN salga de Afganistán dejando un legado de impunidad, a menos que se aborden, con justicia y reparaciones, los homicidios ilegítimos de civiles cometidos por las fuerzas internacionales durante más de un decenio, ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas de un cumbre internacional clave que se celebra los días 4 y 5 de septiembre en Newport, Gales (Reino Unido).

Entre los puntos del orden del día para los jefes de Estado y de gobierno que asistirán a la cumbre figuran el apoyo y la instrucción de las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas (ANSF, en sus siglas en inglés), que asumirán la plena responsabilidad de la seguridad en el país al terminar el año.

“Cuando sólo faltan unos meses para el final de la transición en materia de seguridad, es un momento clave para abordar la casi total ausencia de rendición de cuentas por las víctimas civiles, algo que es claramente ilegítimo y completamente inaceptable”, ha afirmado Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Los responsables de homicidios ilegítimos de civiles desde el comienzo de la intervención internacional en 2001 deben comparecer ante la justicia, y las familias y los supervivientes deben recibir reparaciones con arreglo a las normas internacionales. Asimismo, las tropas afganas necesitan mucho más apoyo para prevenir, vigilar y abordar las violaciones de derechos humanos.”

En un informe reciente, Amnistía Internacional documentó la casi total falta de justicia para las víctimas civiles causadas por las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán. El informe se centraba principalmente en las fuerzas estadounidenses, que han integrado la mayor parte de las fuerzas internacionales en Afganistán y han estado implicadas en la inmensa mayoría de los casos en los que se han producido víctimas civiles.

Amnistía Internacional calcula que unos 1.800 civiles perdieron la vida en operaciones militares internacionales entre 2009 y 2013, el periodo abarcado por el informe.

Aunque no todas las muertes de civiles en conflictos armados suponen una violación del derecho internacional, en varios casos investigados por Amnistía Internacional se encontraron datos convincentes sobre crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses; sin embargo, los enjuiciamientos han sido escasos.

“Estados Unidos y sus socios de la OTAN deben investigar con urgencia todos los casos en los que parezca que las fuerzas internacionales han causado la muerte de civiles, y garantizar que las familias y los supervivientes obtienen la justicia y las reparaciones que merecen cuando existan indicios de homicidio ilegítimo”, ha afirmado Richard Bennett.

“Además, la OTAN debe hacer públicas las conclusiones de sus propias investigaciones ya realizadas, como las de los Equipos Conjuntos de Evaluación de Incidentes que se establecen para evaluar los informes de víctimas civiles.”

Dado que las fuerzas afganas deben hacerse cargo plenamente de la seguridad en 2015, la OTAN y el gobierno de Afganistán han tomado medidas positivas para establecer un mecanismo encargado de hacer el seguimiento de las violaciones de derechos cometidas por las fuerzas armadas afganas.

“Hemos recibido también informes inquietantes sobre diversas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad afganas, y nos congratula que el gobierno de Afganistán y la OTAN parezcan estar tomando medidas para abordarlas. La OTAN debe asegurarse de que la ANSF establece un mecanismo efectivo y bien dotado de recursos que se encargue de hacer el seguimiento de las muertes de civiles y de investigarlas, y, cuando así se requiera, de enjuiciar al personal que cometa violaciones”, ha afirmado Richard Bennett.

Recomendaciones adicionales

La violencia relacionada con el conflicto y la inseguridad siguen causando desplazamiento interno. Se calcula que 631.286 afganos continúan en situación de desplazamiento interno en el país como consecuencia del conflicto, de ellos decenas de miles sólo en el último año. La OTAN debe abordar el desplazamiento derivado del conflicto y, como parte de las iniciativas para mejorar la capacidad de la ANSF, la instrucción profesional y las políticas sobre protección de civiles deben incluir la prevención y mitigación del desplazamiento.

Cuando la OTAN se dispone a concluir su transición en materia de seguridad, debe tomar asimismo medidas para ayudar a reforzar el papel de las mujeres en el proceso de paz y reconciliación y, en términos más generales, fomentar su participación en los asuntos públicos. Esto debe incluir la aplicación plena en Afganistán de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el papel de las mujeres, incluida la Resolución 1325. Deben realizarse los esfuerzos necesarios, en la propia Cumbre y en el proceso de seguimiento, para garantizar la participación significativa de las mujeres afganas de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, y para garantizar que sus opiniones se escuchan y se toman en consideración.


Familiares de Abu Etta llevan el cuerpo de Adham Abu Etta, de 11 años, durante su funeral en el distrito de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, 24 de julio de 2014 © OLIVER WEIKEN / EPA

Sólo la justicia y los derechos humanos pueden parar el ciclo de crímenes de guerra y otras graves violaciones que se han cometido de forma incesante a lo largo de los últimos seis años en Israel y Gaza. Así lo ha recordado Amnistía Internacional una semana después de que entrase en vigor el alto el fuego que puso fin al conflicto después de 50 días de ataques. La organización ha lanzado una ciberacción en la que ha pedido justicia para las víctimas de ambos bandos y el fin del bloqueo de la Franja de Gaza por parte de Israel. 

Para Amnistía Internacional es necesario que se respete el derecho a la vida, el derecho a la libertad de circulación y un nivel de vida adecuado y el derecho a la justicia por las violaciones del derecho internacional cometidas por ambas partes en el conflicto.  “Si no existen esos cimientos, seguirán sufriendo palestinos e israelíes”, ha declarado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de la organización.

Muertes de civiles

En los 50 días del conflicto, han muerto más de 2.100 palestinos, la mayor parte civiles, entre ellos, casi 500 niños o niñas y 253 mujeres. Muchos, quizá la mayoría, fueron víctimas de homicidios ilegítimos, en ataques que violaban el derecho internacional humanitario (el llamado derecho de la guerra). “Teniendo a militantes como objetivos, Israel ha arrasado casas y ha bombardeado y abierto fuego de artillería contra zonas residenciales muy pobladas, como si las vidas y hogares de civiles fueran irrelevantes”, asegura Philip Luther.

Mientras tanto, de las 70 personas muertas en el lado israelí, seis eran civiles, entre ellos un niño. Se trata de personas que murieron como consecuencia de los ataques de grupos armados palestinos que disparaban cohetes indiscriminados y otras armas contra zonas civiles, en contravención del derecho de la guerra.

Fin del bloqueo

Durante años, Israel ha impuesto un bloqueo sobre Gaza, y ha controlado la entrada y salida de mercancías de la Franja. Después de 2007, cuando Hamás se hizo con el control de la Franja, el bloqueo israelí se endureció hasta el punto de suponer un castigo colectivo a la población. Las autoridades sólo han permitido la entrada de suficientes mercancías para que pueda sobrevivir la población de Gaza: el 80% de sus habitantes depende de la ayuda humanitaria.

Los 1,8 millones de palestinos atrapados en Gaza sufren escasez de combustible y electricidad. Al menos un tercio carece de agua potable porque Israel ha bloqueado la entrada de combustible y las piezas de repuesto necesarias para reparar el sistema de alcantarillado. Aunque la ampliación del área de pesca es una de las medidas mencionadas en las condiciones del alto de fuego, de momento están restringidos a una zona de tres millas y ha habido fuertes restricciones a la importación de materias primas y cemento.

También se han impuesto prohibiciones a la exportación de productos agrícolas. Las restricciones israelíes a la libertad de circulación han supuesto que muchas veces se ha impedido la salida incluso de palestinos que precisaban tratamiento médico de urgencia fuera de la Franja de Gaza. “Debe levantarse el bloqueo y permitirse el paso de personas y de bienes de primera necesidad”, ha recordado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Justicia por los crímenes de guerra cometidos

Para Amnistía Internacional es necesario que las víctimas civiles en Gaza e Israel tengan acceso a verdad, justicia y reparación. “En el actual contexto mundial de conflictos, se menosprecia el principio de proteger a los civiles en el mejor de los casos y, con demasiada frecuencia, se desacata deliberadamente. No podemos permitir que los perpetradores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad queden impunes”, afirma Philip Luther.

Durante este último conflicto Israel no permitió ni a Amnistía Internacional ni a Human Rights Watch entrar en Gaza, algo necesario para que puedan investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas. El pasado mes de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció una comisión de investigación para esclarecer todas las violaciones del derecho internacional, tanto humanitario como de derechos humanos. El objetivo del trabajo de investigación de esta comisión es poner fin a la impunidad y asegurar que los responsables se llevan ante la justicia.

Los miembros de la comisión deben contar con los recursos de expertos, entre ellos militares, y se debe permitir que circulen sin restricciones. La misión de investigación de la ONU sobre el conflicto de Gaza 2008/2009 con la Operación Plomo Fundido determinó que el ejército israelí y los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. Sus autores aún disfrutan de impunidad, las autoridades israelíes y de Hamás no han examinado debidamente las conclusiones de esa misión y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha tomado medidas efectivas para responder a las graves violaciones del derecho internacional y hacer rendir cuentas a los responsables, remitiendo, por ejemplo, la situación a la Corte Penal Internacional.

“Si se hubieran puesto en práctica las recomendaciones de la misión de investigación, quizá se habrían evitado tantos homicidios ilegítimos y tanta destrucción en Gaza. ¿Cuándo aprenderán los líderes mundiales que dejar de lado los derechos humanos no puede llevar a una paz justa y duradera?”, resalta Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción a través de su centro de activismo para pedir a las autoridades israelíes a Hamás y los demás grupos armados palestinos que hagan todo lo necesario para impedir que se produzcan nuevos ataques. Asimismo, la organización también ha pedido a Israel que ponga fin al bloqueo de la Franja de Gaza.


Al menos 185 personas murieron durante las protestas en 2013 Sudán © STR / AFP / Getty Images

La brutal represión de las protestas en Sudán debe terminar, y los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de matar, herir y torturar a manifestantes deben rendir cuentas, han afirmado Amnistía Internacional y el Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz (ACJPS) en un informe publicado hoy.

El informe, Excessive and deadly: The use of force, detention and torture against protesters in Sudan, documenta las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra manifestantes —en su mayor parte pacíficos— durante los últimos dos años. Revela una pauta alarmante de detención y reclusión arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de fuego real, que causa decenas de muertes y heridas. También revela un estado generalizado de impunidad conforme al cual los presuntos responsables de estas violaciones no rinden cuentas por ello.

“La violenta repersión de la disidencia se ha traducido en golpes con porra, palizas y balazos contra quienes han denunciado auténticas injusticias derivadas de la represión y de las medidas de austeridad económica del gobierno”, ha manifestado Manar Idriss, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudán.

“El uso innecesario o desproporcionado de la fuerza —y, en ocasiones, de medios letales— por parte de las fuerzas de seguridad parece ser un intento deliberado de acallar las protestas. El hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad no rindan cuentas ilustra la peligrosa cultura de la impunidad existente en Sudán” ha afirmado Katherine Perks, directora de programa del ACJPS. 

El informe examina cuatro protestas que la policía, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) y otras fuerzas de seguridad dispersaron de forma violenta. Se trata de las protestas de alcance nacional celebradas en junio de 2012 y septiembre/octubre de 2013, y de las manifestaciones en la Universidad de Al Jazeera en diciembre de 2012 y en la Universidad de Jartum en marzo de 2014.

La respuesta del gobierno a estas protestas se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos: las fuerzas de seguridad golpearon y dispararon con balas de goma y fuego real a los manifestantes. Durante las protestas de 2013, al menos 185 personas resultaron muertas.

Uso ilegítimo de la fuerza

Durante las protestas de 2012, doce manifestantes —diez de los cuales eran menores de edad— murieron por disparos en un solo día. De las 185 personas muertas durante las manifestaciones de 2013, la mayoría recibió disparos en la cabeza o en el pecho. Muchas otras recibieron disparos en la espalda. Se tuvo conocimiento de que una de las personas muertas había resultado herida de bala y que luego le dispararon de nuevo a quemarropa.

Son numerosos los casos en los que, según la información recibida, la policía y el NISS bloquearon el acceso de los manifestantes a los hospitales, o detuvieron a los manifestantes heridos cuando llegaban para recibir tratamiento médico. Otros eligieron no ir al hospital por temor a ser detenidos e intimidados.

Detenciones y reclusiones arbitrarias

Desde 2012, se ha detenido en régimen de incomunicación sin cargos a cientos de manifestantes, incluidos decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de partidos políticos de oposición, estudiantes y otros activistas. Según la información recibida, muchas de las personas detenidas fueron objeto de malos tratos, y los agentes del NISS propinaron puñetazos, puntapiés, descargas eléctricas y golpes con mangueras de goma a decenas de ellas.

Los informes indican que a algunas personas detenidas se las obligó a permanecer de pie en el exterior, en el calor, durante horas, mientras que a otras se las recluyó en celdas que se mantenían deliberadamente frías. A algunas se las obligó a adoptar posturas en tensión, y a otras se las amenazó con violarlas y se les infligieron otros abusos verbales de naturaleza sexual. A muchas se las mantuvo en condiciones de hacinamiento y se les negó la comida y el agua, así como el acceso a servicios de higiene básicos.

Impunidad

Pese a que existen indicios verosímiles de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Sudán sigue sin garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales y efectivas, y tampoco ha tomado medidas para ofrecer reparación a las víctimas. Aunque ha designado comités y los ha facultado para investigar los incidentes, nunca ha relevado información sobre su composición, los parámetros de sus investigaciones y sus conclusiones.

La inmunidad legal de la que gozan los representantes del gobierno, incluidos los miembros del NISS y de la policía, ha obstaculizado la rendición de cuentas, puesto que interpone barreras legales a las investigaciones efectivas y a los enjuiciamientos de las violaciones de derechos humanos.

Un año después, solo una de las 85 querellas entabladas por las familias de las víctimas de las protestas de 2013 ha llegado a juicio. Las denuncias presentadas por las víctimas y sus familias se han topado con falta de voluntad para investigar por parte de las autoridades competentes. Algunas de las personas que presentaron denuncias han sufrido acoso e intimidación, por lo que la mayoría de las víctimas, conscientes de los riesgos, no han intentado buscar justicia.

“Las víctimas y sus familias siguen esperando a que se haga justicia, y es necesario que se lleven a cabo con urgencia investigaciones transparentes, exhaustivas e imparciales de los homicidios, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos infligidos a los manifestantes desde 2012”, afirmó Katherine Perks.

“Es esencial que las personas responsables de estas violaciones de derechos humanos respondan ante la justicia en juicios con las debidas garantías, sin recurrir a la pena de muerte, y que se reformen urgentemente las leyes que conceden inmunidad a las fuerzas de seguridad”, ha afirmado Manar Idriss.

Información general

Tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, Sudán perdió dos tercios de sus ingresos procedentes del petróleo, lo que provocó un deterioro de su economía. Los recortes de las subvenciones a los combustibles, el alto precio de los alimentos y el entorno cada vez más represivo desencadenaron sendas oleadas de protestas en 2012 y 2013.

El informe se basa en investigaciones realizadas entre junio de 2012 y agosto de 2014. Amnistía Internacional y el ACJPS se han basado en testimonios de testigos presenciales y de víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias, así como en información que han recabado de estudiantes universitarios, activistas pertenecientes a grupos juveniles, periodistas y abogados que forman parte de la sociedad civil sudanesa.

Amnistía Internacional tiene vetado el acceso a Sudán desde 2006.

En los casos en los que los manifestantes recurrieron a la violencia —tirando piedras y quemando neumáticos—, la respuesta de los servicios de seguridad, que incluyó episodios de disparos de fuego real, fue innecesaria y desproporcionada.


Veintinueve usuarios de Twitter están siendo juzgados en Turquía por publicar tuits durante las protestas del año pasado © AFP / Getty Images

El enjuiciamiento por el gobierno de Turquía de personas que mantienen actitudes críticas a través de Twitter es una postura que revela una profunda hipocresía por parte del anfitrión del Foro de Gobernanza de Internet, ha afirmado Amnistía Internacional hoy martes. La organización ha hecho un llamamiento para que los futuros anfitriones den mejor ejemplo y ha puesto de relieve las violaciones de la libertad de expresión en Internet cometidas por Estados Unidos, Etiopía, Arabia Saudí y Vietnam.

El evento, que se celebra en Estambul del 2 al 5 de septiembre, reúne a gobiernos y sociedad civil para compartir buenas prácticas sobre regulación de Internet, seguridad y derechos humanos.

Un total de 29 usuarios de Twitter están siendo juzgados en Esmirna, Turquía, y pueden ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel por difundir mensajes de Twitter durante las protestas del pasado año que, según las autoridades, “incitan a la población a infringir la ley”. Ninguno de esos mensajes contenía incitación alguna a la violencia.

“Es inaudito ver cómo las autoridades turcas siguen adelante con el enjuiciamiento de personas que mantienen posturas críticas a través de Twitter, al tiempo que actúan como anfitriones de un debate sobre la gobernanza de Internet en el que los derechos humanos son uno de los temas fundamentales”, ha afirmado Sherif Elsayed-Ali, director adjunto de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.

“Este doble rasero en lo relativo a la libertad de expresión en Internet constituye una ironía especialmente amarga para las decenas de usuarios de Twitter turcos que se enfrentan a juicio por transmitir mensajes sobre las protestas del pasado año.”

Tres usuarios han sido acusados además de “insultar” al primer ministro. Los 29 son los últimos de una larga lista de personas que mantienen posturas críticas hacia el gobierno y han sido enjuiciadas o condenadas por sus contribuciones en los medios sociales.

Turquía no es el único país cuya mano dura en la regulación del funcionamiento de Internet saca a la luz Amnistía Internacional con ocasión del Foro. Los activistas que asisten al evento pondrán de relieve otros cuatro países que han actuado contra personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión en Internet o por desvelar violaciones del derecho a la intimidad en Internet.

En Etiopía, siete blogueros pueden ser condenados a muerte por compartir información sobre seguridad en Internet; en Vietnam, dos cumplen penas de 10 y 12 años de prisión, respectivamente, por escribir sobre abusos contra los derechos humanos, y otros 32 están detenidos; en Arabia Saudí, el fundador de un sitio web ha sido condenado a 10 años de prisión, 1.000 latigazos y una multa de 266.630 dólares estadounidenses por “insultar al islam”.

“Etiopía, Arabia Saudí y Vietnam han impuesto algunas de las condenas más severas a quienes usan Internet para difundir y recibir información”, ha afirmado Sherif Elsayed-Ali.

“Estas condenas deben ser anuladas y todos los países tienen que mejorar drásticamente su tolerancia hacia las críticas en Internet.”

Internet ha resultado de un valor incalculable para el desarrollo de los derechos humanos, al revolucionar el acceso a la información y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, los Estados no han tardado en hacer un uso abusivo de Internet, utilizando su tecnología para reprimir la libertad de expresión, censurar la información sobre violaciones de derechos humanos y llevar a cabo una vigilancia indiscriminada de sus usuarios en nombre de la seguridad, a menudo en colaboración con empresas.

Las personas que sacan a la luz estos abusos también son objeto de ataques. En Estados Unidos, Edward Snowden, actualmente exiliado en Rusia, puede pasar 30 años entre rejas en caso de ser extraditado a su país por desvelar la vigilancia global indiscriminada del gobierno de Estados Unidos.

“En vez de dar caza a Edward Snowden, el gobierno de Estados Unidos debería centrar la atención en reformar sus programas de vigilancia para poner fin a la violación injustificada de la intimidad de los usuarios de Internet que Snowden sacó a la luz”, ha afirmado Sherif Elsayed-Ali.

Aunque Internet ha permitido que florezca la libertad de expresión en muchos lugares donde había sido implacablemente reprimida, también ofrece nuevas vías para que los gobiernos espíen, censuren y silencien a sus críticos.

“Los Estados que asisten al Foro de Gobernanza de Internet deben aprovechar esta oportunidad para comprometerse a poner fin a la intimidación y el enjuiciamiento de quienes ejercen su libertad de expresión en Internet. Tienen que poner fin a la censura injustificada, invertir la tendencia a la vigilancia indiscriminada e ilícita y proteger a quienes denuncian irregularidades.”