Amnistía Internacional España

Activistas de Amnistía Interancional contra la pena de muerte en Tokio. YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images La ejecución judicial en secreto de dos hombres el martes refleja el impenitente desprecio del gobierno de Japón por el derecho a la vida; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Teruhiko Seki, de 44 años, declarado culpable de asesinato y robo, y Kiyoshi Matsui, de 69, declarado culpable de asesinato, fueron ejecutados a primera hora del martes en el Centro de Detención de Tokio. Seki tenía 19 años en el momento de cometerse los delitos que se le imputaban. Ambos estaban intentando que se repitieran sus juicios cuando fueron ejecutados. “Las ejecuciones de hoy son una mancha aberrante y sangrienta en el historial de Japón en materia de derechos humanos. Una vez más, el gobierno japonés ha demostrado su desprecio por el derecho a la vida”, ha afirmado Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.
Este mes se cumplen 10 años desde que la Asamblea General de la ONU aprobó su quinta resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. A pesar de que el impulso global hacia la abolición continúa imparable, Japón sigue haciendo caso omiso de esta tendencia.
“El gobierno se engaña a sí mismo si piensa que la pena capital es un instrumento eficaz para impartir justicia. Es la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante, un hecho que la inmensa mayoría de los países del mundo ha reconocido”, ha dicho Roseann Rife. Estas ejecuciones elevan a cuatro el número total de personas ejecutadas en Japón en 2017. Normalmente no se comunica a los presos que van a ser ejecutados hasta pocas horas antes (en algunos casos ni siquiera se les comunica), y tampoco se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace pública hasta que se ha realizado.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, y lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición.


El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, dirigió hoy una carta abierta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamándole a vetar la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el Congreso el viernes.Hablando en nombre de una organización que representa un movimiento de más de 7 millones de personas en todo el mundo, Shetty precisó que: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías.”Amnistía Internacional se encuentra enormemente preocupada que la implementación de esta ley, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México.  Salil Shetty recordó al Presidente Peña Nieto de la advertencia que le hizo personalmente hace casi cuatro años cuando se conocieron en la Ciudad de México después de cerrar su primer año como presidente. En esa ocasión, Shetty representaba una delegación de Amnistía Internacional que le alertó sobre la estrategia militarizada que ansiaba Peña Nieto por continuar.  El número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial. Este aumento no ha contribuido a una disminución del delito en el país. El año 2017 terminará como el año más violento del sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.“Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. Finalmente, Amnistía Internacional insta a los candidatos y las candidatas para la elección presidencial de 2018 que pidan al presidente Enrique Peña Nieto el veto de la ley.Para descargar la carta abierta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto haz click aquí
Más información: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/mexico/


SIMON MAINA/AFP/Getty Images En relación con la noticia de que el Tribunal Supremo de Kenia ha declarado inconstitucional la imposición obligatoria de la pena de muerte, Oluwatosin Popoola, asesor de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, ha manifestado:“Esta sentencia histórica representa un importante avance en los esfuerzos por conseguir la abolición total de la forma más extrema de pena cruel e inhumana.“Es hora ya de que las autoridades kenianas tomen las medidas jurídicas necesarias para abolir la pena de muerte por completo y se sumen a los105 países que la han relegado a la historia.”Información generalLa sentencia es el resultado de un recurso presentado por dos hombres que llevan 14 años condenados a muerte. En la práctica, supone que ahora la imposición de la pena de muerte no es ya automática en caso de asesinato o robo a mano armada, los dos únicos delitos penados aún con la muerte en Kenia, sino que se deja al arbitrio del juez.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


Ante la noticia de que al menos 38 personas han sido ejecutadas hoy en Irak por cargos de “terrorismo”, Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha declarado:
“Al llevar a cabo una ejecución masiva más, la segunda en tres meses, las autoridades iraquíes han dado muestra una vez más de flagrante desprecio por la vida y la dignidad humana.
“Tras la declaración de victoria sobre el grupo armado autodenominado Estado Islámico que hizo el primer ministro Haider al Abadi el 10 de diciembre, resulta desalentador ver empañadas las celebraciones de esta semana por una nueva ejecución masiva. Las víctimas del Estado Islámico merecen justicia, no ejecuciones masivas llevadas a cabo tras juicios celebrados a apresuradamente y llenos de irregularidades.
“Las personas que realizan ataques mortales contra la población civil deben comparecer ante la justicia, pero llevar a cabo ejecuciones no es la respuesta. No existen datos creíbles que indiquen que la pena de muerte disuada de cometer delitos en mayor medida que una condena a prisión.
“No debe utilizarse la pena de muerte en ninguna circunstancia, especialmente en Irak, donde el gobierno tiene un vergonzoso historial de ejecuciones tras juicios manifiestamente injustos y, en muchos casos, tras el uso de tortura para obtener una ‘confesión’”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.


ALBERT GONZALEZ FARRAN/AFP/Getty Images Se necesitan con urgencia acciones internacionales continuadas para poner fin a las terribles violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Sudán del Sur; así lo afirmó hoy Amnistía Internacional, al iniciarse el quinto año de conflicto armado en ese país.
Decenas de miles de personas han muerto y miles más han sido sometidas a actos de violencia sexual, mientras que cerca de cuatro millones de personas se han visto desplazadas desde el comienzo del conflicto, el 15 de diciembre de 2013.“Ahora, más que nunca, es necesaria una acción internacional coordinada y continuada para terminar con el sufrimiento en Sudán del Sur, especialmente al concluir la temporada de lluvias y empezar la estación seca, preludio de una intensificación de los enfrentamientos”, afirmó Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.“Los Estados de la región y la comunidad internacional deben trabajar juntos para encontrar una solución duradera a esta crisis y poner fin a la letanía de violaciones de derechos humanos.”Los últimos cuatro años de enfrentamientos han tenido un efecto devastador en la población civil. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas han sido sometidos a actos de violencia inimaginables, incluidos abusos sexuales, por parte de fuerzas tanto gubernamentales como de la oposición. Algunos de esos actos podrían constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.En la región de Ecuatoria, Amnistía Internacional comprobó que fuerzas gubernamentales y de la oposición cortaban el suministro de alimentos a algunas zonas, robaban sistemáticamente comida en mercados y viviendas y atacaban a la población civil que cruzaba las líneas del frente con una cantidad mínima de comida.“Los alimentos se han utilizado como arma de guerra y, como consecuencia de eso, hoy en día se considera que hay aproximadamente 4,8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Este estado de cosas va a continuar, a menos que se tomen medidas rápidas para poner fin a la crisis humanitaria”, indicó Sarah Jackson.“Los esfuerzos por acabar con el conflicto deben incluir también la imposición de un embargo de armas a todas las partes en conflicto y medidas concretas para hacer justicia en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos graves, principalmente mediante el establecimiento del largamente demorado tribunal híbrido para Sudán del Sur.”Durante el largo conflicto, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y partidarios y partidarias de la oposición han sufrido hostigamientos, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, torturas, y se ha impedido al personal de ayuda humanitaria cumplir con sus obligaciones.“Las autoridades de Sudán del Sur deben restablecer el acceso sin restricciones de las agencias de ayuda, para que estas puedan distribuir entre las víctimas del conflicto alimentos e insumos médicos muy necesarios. También deben permitir que quienes representan a la sociedad civil actúen libremente.”


Monumento a las “heroínas” en Pristina, que reconoce el importante papel de las mujeres durante la guerra de Kosovo 1998-1999. ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images Casi dos decenios después de que miles de mujeres y niñas fueran violadas sistemáticamente en Kosovo durante el conflicto armado de 1998-1999, las sobrevivientes están a punto de recibir el reconocimiento y la indemnización largamente esperados por la violación y la tortura que soportaron. Sin embargo, sólo unos cuantos de los autores de estos delitos han sido condenados por ellos, y las sobrevivientes siguen luchando por la justicia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe. “Wounds that burn our souls”: Compensation for wartime rape survivors, but still no justice revela las devastadoras consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sexual sufrida por las sobrevivientes, quienes, hasta ahora, han sido marginadas por la sociedad y no han recibido apoyo del gobierno.“Las sobrevivientes de la atroz violencia sexual han sido abandonadas durante años tanto por la comunidad internacional como por los gobiernos sucesivos”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.“Los responsables de estos actos han eludido el procesamiento, mientras que las sobrevivientes han sido marginadas y olvidadas y han visto negado su acceso a la justicia. Esto está empezando a cambiar, pero aún queda un largo camino por recorrer.”La violación y otras formas de violencia sexual fueron generalizadas durante la guerra de Kosovo, mientras la policía serbia, los paramilitares y el Ejército Yugoslavo emprendían una campaña de persecución y violencia contra la población albanesa de Kosovo. Las mujeres y niñas albanesas fueron sometidas a violación y a otras formas de violencia sexual que constituyen tortura. Después del alto el fuego, también se violó a mujeres y niñas de las comunidades serbia y romaní, en ataques lanzados como venganza por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo.Cuatro de los dirigentes políticos y militares serbios de Yugoslavia fueron condenados por violencia sexual como crimen de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sólo un responsable de estos hechos, un kosovar, ha sido condenado en un tribunal serbio, y ninguno lo ha sido en los tribunales de Kosovo, donde, después de la guerra, las Naciones Unidas y, desde diciembre de 2008, policías y fiscales de la Unión Europea se encargaron de investigar estos crímenes. Sin embargo, las investigaciones internacionales a menudo dejaron pistas sin seguir o no registraron diligentemente las pruebas.Esto constituye un enorme problema para los fiscales encargados de los crímenes de guerra cometidos en Kosovo, que ahora toman el relevo a los órganos internacionales. Sin fondos, recursos ni apoyo político, lucharán con una carga de un millar de casos no resueltos de crímenes de guerra, entre los que se encuentran casos de violencia sexual. Muchas sobrevivientes conocían por su nombre a quienes cometieron los crímenes. Una de ellas incluso entregó a los investigadores de la ONU un carnet de identidad que se le había caído del bolsillo a un soldado mientras la violaba, pero aun así su caso no llegó a los tribunales.“No confiamos en obtener justicia”, dijo una mujer a Amnistía Internacional. “Tenía 30 años cuando sucedió; ahora tengo casi 50. Para cuando lo resuelvan, quizá esté muerta.”Sin una perspectiva real de justicia para la mayoría, las reparaciones son aún más importantes. Tal como dijo una mujer a Amnistía Internacional: “La violación es una herida que te quema el alma día a día. Hace que te avergüences ante tu familia, ante tu comunidad. La llevas contigo toda tu vida”.Otra sobreviviente dijo a Amnistía Internacional: “Durante 18 años, hemos vivido con heridas ocultas que no se pueden curar, pero una pensión nos ayudará a sobrevivir. Nos ayudará con la medicación y con la crianza de los hijos, y al menos nos ayudará a vivir la vida con un cierto respeto”.Tras unas reformas jurídicas introducidas en 2014, ahora está en marcha un proceso para que las sobrevivientes pidan apoyo. Desde enero de 2018 tendrán derecho a recibir un pago mensual de 230 euros como indemnización por las secuelas físicas, psicológicas, económicas y sociales que la violencia sexual relacionada con el conflicto ha dejado en sus vidas. “La indemnización que pronto se ofrecerá a las sobrevivientes de violencia sexual es importante tanto económica como simbólicamente pero, para muchas, será demasiado escasa y llegará demasiado tarde”, ha manifestado Gauri van Gulik.“Los responsables de estos delitos deben comparecer ante la justicia, y las autoridades deben proporcionar a las sobrevivientes la atención médica y el apoyo psicosocial adecuados que tan desesperadamente necesitan para superar el trauma y rehacer sus vidas.”


Madrid/ Nueva York, 14/11/2017.- Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012. La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular. Restricción de las competencias autonómicas La sentencia establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aún cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal. Al restringir esa posibilidad por parte de las CCAA, el Tribunal Constitucional (TC) corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud. Para las organizaciones firmantes, el impedir que las CCAA puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España. De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias. Asimismo, las organizaciones lamentan que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.  Sobre la base de este argumento, el TC permitió que Euskadi siguiese garantizando la atención sanitaria a personas migrantes, hasta que se adoptase esta sentencia.Las organizaciones destacan que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial.  Asimismo, cuatro de los cinco magistrados en su voto disidente, muestran su preocupación porque “la vía informal” de mejora de la legislación básica en materia de sanidad constituya el único recurso del que pueden disponer las CCAA para procurar combatir la exclusión social derivada de una política restrictiva. Y ello, en opinión de las organizaciones, con la consiguiente merma en la seguridad jurídica de los derechos de un colectivo que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad social y económica. Las organizaciones recuerdan que varios mecanismos de derechos humanos han establecido que el RDL 16/2012 que generó la exclusión sanitaria es contrario a las obligaciones de España bajo los tratados que regulan estos derechos, por tratarse de una medida regresiva injustificada y discriminatoria. Así lo consideraron organismos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité Europeo de Derechos Sociales y seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa quienes recomendaron al Estado español su inmediata reforma. Cinco años después, el Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a estas recomendaciones. Más aún, a través de esta sentencia, el TC impide al País Vasco corregir el carácter discriminatorio de la norma estatal. Consecuencias “catastróficas” para la vida de las personas excluidas del sistema sanitarioSi el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario. Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que  acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa. Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible. Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley distaba de ser adecuada. REDER ha documentado  – entre enero de 2014 y agosto de 2017 – más de 3.784 personas que no han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a recibir dichos servicios (ya sea dentro del marco del RDL 16/2012 o amparados en las normativas autonómicas). Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad y 364 casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.  Varios de estos casos se han podido resolver gracias a que la mayoría de las autonomías, bien sea por iniciativa propia o como resultado de la ardua labor de denuncia de organizaciones de la sociedad civil, han otorgado protección sanitaria a las personas excluidas. La urgencia de restablecer el sistema de sanidad universal en EspañaLa sentencia 134/17 sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas.  Frente a este escenario, las organizaciones firmantes redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer  las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca. 


Copy: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Ante la decisión de la fiscalía rusa de bloquear cinco sitios web del movimiento Rusia Abierta, fundado por el ex preso de conciencia ruso y crítico del Kremlin Mikhail Khodorkovsky, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha declarado:“Las autoridades rusas están sometiendo claramente a hostigamiento a Rusia Abierta en un intento de sofocar la disidencia y el pluralismo en los medios de comunicación rusos y de eliminar la presencia de Khodorkovsky en la política y la sociedad rusas.“Tras la prohibición en abril de las secciones de Rusia Abierta registradas en Reino Unido, la fiscalía aseguró que la prohibición no afectaría a las actividades del movimiento del mismo nombre con sede en Rusia. Los sucesos de hoy demuestran que esa promesa no era más que una mentira descarada. Las autoridades han mostrado su verdadera intención de someter a represión y hostigamiento a Rusia Abierta hasta que deje de existir.”Información complementariaA última hora del 11 de diciembre, la fiscalía rusa incluyó en una lista negra cuatro sitios del movimiento Rusia Abierta, así como un sitio personal de Mikhail Khodorkovsky, y pidió al organismo regulador de los medios de comunicación, Roskomnadzor, que bloqueara el acceso a los cinco. La decisión entró en vigor hoy, 12 de diciembre.En noviembre, la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma) aprobó una enmienda encaminada a facilitar el procedimiento para bloquear sitios web de “organizaciones indeseables” sin revisión judicial. La organización Rusia Abierta con sede en Reino Unido y su organización hermana Movimiento Cívico Rusia Abierta habían sido prohibidas como “organizaciones indeseables” en abril de 2017. El portavoz de la fiscalía aseguró entonces que la prohibición no afectaría a las actividades del movimiento del mismo nombre con sede en Rusia.Las personas activistas de Rusia Abierta en Rusia también han sido sometidas a hostigamiento a través de múltiples interrogatorios y registros del personal y las oficinas de la organización.


© Particular El Tribunal Supremo de Irán ha pisoteado el Estado de derecho al confirmar la condena a muerte de Ahmadreza Djalali, especialista en medicina de urgencias residente en Suecia y nacido en Irán, mediante un procedimiento secreto y apresurado y sin permitir que la defensa presentara documentación alguna, ha revelado hoy Amnistía Internacional.Los abogados de Ahmadreza Djalali supieron el sábado 8 de diciembre que la Sala 1 del Tribunal Supremo había estudiado y confirmado sumariamente la condena a muerte sin darles la oportunidad de presentar documentación para la defensa de su cliente.“Esto no es sólo es un impresionante atentado contra el derecho a un juicio justo, sino también un desprecio total hacia el derecho a la vida de Ahmadreza Djalali. Es lamentable que las autoridades iraníes hayan negado deliberadamente a Ahmadreza Djalali el derecho a una revisión seria de su sentencia condenatoria y de la pena”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Las autoridades iraníes deben anular inmediatamente la condena a muerte de Ahmadreza Djalali y concederle el derecho a presentar ante la máxima instancia judicial un recurso significativo contra su declaración de culpabilidad. No hacerlo sería una injusticia irreversible”.Desde principios de noviembre, los abogados de Ahmadreza Djalali se habían puesto en contacto con el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones para averiguar a qué sala le había correspondido ver su recurso con el fin de presentar la documentación de la defensa.La práctica habitual en Irán es que los abogados sean informados de la sala que verá el recurso antes de presentar la documentación y los argumentos pertinentes. Según los abogados de Ahmadreza Djalali, los funcionarios judiciales les dijeron en reiteradas ocasiones que el expediente no había sido asignado aún y que debían esperar. En consecuencia, la repentina noticia de la decisión del Tribunal Supremo fue toda una conmoción.Ahmadreza Djalali estaba en viaje de negocios en Irán cuando fue detenido en abril de 2016. Funcionarios del Ministerio de Inteligencia lo recluyeron en la prisión de Evin durante siete meses, tres de ellos en régimen de aislamiento. Ahmadreza ha asegurado que durante ese periodo no tuvo acceso a un abogado y fue sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” que era un espía.No se tiene noticia de ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.En octubre de 2017 fue declarado culpable de “propagar la corrupción en la tierra” por espionaje y condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto. Sus abogados han explicado que el tribunal se basó sobre todo en pruebas obtenidas bajo coacción y no presentó nada que justificara la acusación de que era algo más que un académico que ejercía pacíficamente su profesión.En una carta escrita desde la prisión de Evin de Teherán en agosto de 2017, Ahmadreza Djalali dijo que estaba recluido únicamente como represalia por haberse negado a utilizar sus contactos profesionales y laborales en instituciones europeas, académicas y de otra índole, para espiar para Irán.Los órganos internacionales de derechos humanos sostienen sistemáticamente que dictar una condena a muerte tras unas actuaciones penales que violan las garantías de un juicio justo constituye una violación del derecho a la vida. Por otra parte, en virtud del derecho internacional, la única categoría de delitos para los que se podría permitir la imposición de la pena de muerte es la de “los más graves delitos” que, tal como interpretan los órganos internacionales, son únicamente los que conllevan un homicidio intencional.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.


Personas migrantes y refugiadas esperando a ser trasladadas a un centro de detención en Libia / © TAHA JAWASHI Los gobiernos europeos están siendo cómplices, a sabiendas, en la tortura y los abusos cometidos contra decenas de miles de personas refugiadas y migrantes detenidas en condiciones atroces en Libia por las autoridades de inmigración libias. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, tras la indignación mundial desatada por la venta de migrantes en Libia.
El informe, titulado Libya’s dark web of collusion, expone con detalle la manera en que los gobiernos europeos apoyan activamente el sofisticado sistema de abusos y explotación de personas refugiadas y migrantes utilizado por la Guardia Costera libia, las autoridades encargadas de la detención y los traficantes de personas para impedir que la gente cruce el Mediterráneo.
“Cientos de miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas en Libia están a merced de las autoridades libias, las milicias, los grupos armados y los traficantes de personas que a menudo trabajan en estrecha colaboración para obtener beneficios económicos. Decenas de miles de personas permanecen recluidas indefinidamente en centros de detención llenos a rebosar donde sufren abusos sistemáticos”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.“Los gobiernos europeos no sólo son plenamente conscientes de estos abusos; además, al apoyar activamente a las autoridades libias para que detengan las travesías por mar y retengan a la gente en Libia, son cómplices de estos delitos.”Una política de retenciónDesde finales de 2016, algunos Estados miembros de la UE —especialmente Italia— han puesto en práctica una serie de medidas destinadas a cerrar la ruta migratoria a través de Libia y del Mediterráneo central, sin importarles apenas las consecuencias para las personas atrapadas dentro de las fronteras libias, donde no existe la ley. La cooperación de estos Estados con los agentes libios ha tenido un triple enfoque.En primer lugar, se han comprometido a proporcionar apoyo y asistencia técnicos al Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal libio, que gestiona los centros de detención en los que las personas refugiadas y migrantes son detenidas de forma arbitraria e indefinida y sufren habitualmente graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura.En segundo lugar, han posibilitado que la Guardia Costera libia intercepte a personas en el mar, proporcionándole formación, material (incluidos barcos) y asistencia técnica y de otro tipo.En tercer lugar, han alcanzado acuerdos con las autoridades locales libias y los líderes de tribus y grupos armados para animarlos a detener el tráfico de personas e incrementar los controles fronterizos en el sur del país.Detención, extorsión y explotación de migrantesLa penalización, establecida en la legislación libia, de la entrada irregular en Libia, unida a la ausencia de toda legislación o infraestructura práctica para la protección de las personas solicitantes de asilo y víctimas de tráfico de seres humanos, ha provocado que la detención masiva, arbitraria e indefinida se convierta en el principal sistema de gestión de la migración en el país.Las personas refugiadas y migrantes interceptadas por la Guardia Costera libia son enviadas a centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal, donde soportan tratos espantosos. En la actualidad, hasta 20.000 personas permanecen retenidas en estos insalubres centros, llenos por encima de su capacidad. Las personas migrantes y refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron los abusos que habían sufrido o habían presenciado, que incluían detención arbitraria, tortura, trabajos forzados, extorsión y homicidios ilegítimos, a manos tanto de las autoridades como de los traficantes, los grupos armados y las milicias.Decenas de personas migrantes y refugiadas entrevistadas describieron el desmoralizador círculo de explotación al que las condena la connivencia entre guardias, traficantes y la Guardia Costera libia. Los guardias de los centros de detención las torturan para obtener de ellas dinero mediante extorsión. Si pueden pagar, son puestas en libertad. También pueden ser entregadas a traficantes de seres humanos que pueden organizar su salida de Libia en cooperación con la Guardia Costera. Los acuerdos entre la Guardia Costera y los traficantes se señalan mediante marcas en las embarcaciones para que éstas puedan cruzar las aguas libias sin que las intercepten, y también se ha sabido que la Guardia Costera ha escoltado embarcaciones hasta aguas internacionales.Aunque no está claro cuántos miembros de la Guardia Costera libia colaboran con los traficantes, sí lo está que, durante 2016 y 2017, el aumento de la capacidad de la Guardia Costera, logrado con el apoyo de los Estados miembros de la UE, ha dado lugar a un número cada vez mayor de operaciones en las que se devuelve a personas migrantes a Libia. En lo que va de 2017, 19.452 personas han sido interceptadas por la Guardia Costera libia, llevadas de vuelta a Libia y conducidas de inmediato a centros de detención donde impera la tortura.Un hombre procedente de Gambia que estuvo detenido durante tres meses contó a Amnistía Internacional que le habían hecho pasar hambre y lo habían golpeado en un centro de detención. “Me golpean con una manguera, porque quieren dinero a cambio de ponerme en libertad. Llaman a tu familia mientras te golpean, para que la familia envíe dinero.” Cuando su familia pagó el rescate, fue trasladado a Trípoli; el encargado de llevarlo era un chófer asignado que exigió un pago adicional. “Tenía que quedarme con él hasta que le pagara su dinero, y si no me vendería.”“Una manera inmediata de mejorar la suerte que corren las personas refugiadas y solicitantes de asilo en los centros del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal sería que las autoridades libias reconocieran formalmente el mandato del ACNUR, firmaran la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y adoptaran una ley de asilo. También debe ponerse fin a la detención automática de migrantes, ya que es durante la detención cuando se producen los peores abusos”, ha manifestado John Dalhuisen.La Guardia Costera libia pone vidas en peligro e intimida a ONGSe sabe que los agentes de la Guardia Costera libia actúan en connivencia con redes de tráfico de seres humanos y han utilizado amenazas y violencia contra personas refugiadas y migrantes a bordo de embarcaciones en peligro.Las grabaciones de vídeo, las fotografías y los documentos examinados por Amnistía Internacional señalan que la Ras Jadir, una embarcación donada por Italia en abril de 2017, fue utilizada por la Guardia Costera libia durante un incidente espantoso el 6 de noviembre de 2017, en el que las imprudentes acciones de los guardacostas contribuyeron a que se ahogaran hasta 50 personas.Haciendo caso omiso de los protocolos básicos de seguridad, la Ras Jadir se acercó a una barca hinchable que se hundía a unas 30 millas náuticas de la costa de Libia. Como no desplegó su bote inflable rígido (conocido como RHIB, por sus siglas en inglés) para facilitar el rescate, las personas migrantes se vieron obligadas a trepar por los altos costados de la embarcación, y muchas cayeron al agua.Una nave de una ONG que se encontraba en las cercanías, la Sea-Watch 3, desplegó sus propios RHIB para tratar de salvar a gente, pero las grabaciones de vídeo muestran a los tripulantes de la Ras Jadir arrojando objetos a esos RHIB para hacer que se alejaran. También muestran a migrantes a bordo de la Ras Jadir a quienes están flagelando con una cuerda, y a otros tratando de saltar al agua y llegar hasta los RHIB.Aunque ya se habían documentado anteriormente acciones imprudentes y peligrosas de la Guardia Costera libia, esta parece ser la primera vez que se ha demostrado que una embarcación proporcionada por un gobierno europeo se ha utilizado en un incidente de este tipo.“Al ayudar a las autoridades libias a atrapar a personas en Libia, sin exigir a dichas autoridades que aborden los abusos endémicos contra personas refugiadas y migrantes, o sin reconocer siquiera la existencia de esas personas, los gobiernos europeos han demostrado cuál es su auténtica prioridad: cerrar la ruta del Mediterráneo central, con total desprecio por el sufrimiento causado”, ha manifestado John Dalhuisen.“Los gobiernos europeos deben replantearse su cooperación con Libia sobre migración y deben permitir que la gente llegue a Europa por vías legales; eso incluye el reasentamiento de decenas de miles de personas refugiadas. Los gobiernos deben insistir en que las autoridades libias pongan fin a la política y la práctica de la detención y reclusión arbitrarias de personas refugiadas y migrantes, liberando de inmediato a todas las personas de ciudadanía extranjera recluidas en los centros de detención y permitiendo que el ACNUR actúe sin trabas.”Información complementariaLa Ras Jadir fue donada por Italia a las autoridades libias en dos ceremonias: la primera en el puerto de Gaeta (Italia) el 21 de abril de 2017, y la segunda en el puerto de Abu Sittah (Libia) el 15 de mayo de 2017. En los vídeos de las ceremonias se ve claramente la embarcación, en presencia del ministro del Interior italiano, Marco Minniti.Al final de septiembre de 2017, la OIM había identificado 416.556 personas migrantes en Libia, de las que más del 60% proceden del África subsahariana, el 32% de otros países del norte de África, y en torno al 7% de Asia y Oriente Medio. Las cifras del ACNUR muestran que en Libia había 44.306 personas registradas como refugiadas o solicitantes de asilo a 1 de diciembre de 2017. No cabe duda de que la cifra real es mucho más alta.