Amnistía Internacional España

Heli está licenciada en Economía que trabaja como oficial de aduanas de alto nivel en Finlandia © Particular

Una mujer transgénero casada de Finlandia debe poder ser reconocida legalmente como mujer sin que se modifique su estado civil. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya emitido un fallo en su contra.

Al estar prohibido en Finlandia el matrimonio entre personas del mismo sexo, Heli, de 49 años, no puede obtener el reconocimiento legal de su género a menos que convierta sus 18 años de matrimonio en una unión civil.

Heli ya ha tenido que someterse a una evaluación psiquiátrica y a la esterilización como parte de los requisitos legales existentes en Finlandia para el reconocimiento de género.

“Con esta resolución, sumamente decepcionante e injusta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está justificando las represivas leyes finlandesas que afectan a las personas transgénero, y reforzando dañinos estereotipos de género”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Estas leyes son desproporcionadas y discriminatorias. Obligan a Heli a elegir entre el reconocimiento legal de su identidad de género o seguir casada con su pareja. El tener que elegir entre una cosa y otra constituye una violación de sus derechos.”

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido anteriormente que la capacidad de una persona de obtener el reconocimiento de su identidad de género es “uno de los fundamentos más básicos de la autodeterminación”.

“Este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar las leyes finlandesas para que otras personas como Heli puedan obtener el reconocimiento jurídico y no tengan que pasar por semejante suplicio”, ha manifestado Jezerca Tigani.

“No deben utilizarse las discriminatorias leyes que impiden que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio para negar a Heli el disfrute de su derecho a la vida privada y familiar.”

Heli dijo a Amnistía Internacional: “No volví a nacer como mujer y no voy a volver a casarme con mi esposa. Llevamos siendo matrimonio desde 1996, y de ese matrimonio ha nacido una hija. Si yo puedo vivir con ello, la sociedad debe poder hacerlo.”

Las personas transgénero corren peligro de sufrir violaciones de su derecho a la intimidad –así como discriminación, acoso e incluso violencia– cada vez que tienen que mostrar documentos en los que aparecen un nombre u otra información relativa al género que no refleja su identidad y expresión de género.

Información complementaria

Heli llevó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009. El 13 de noviembre de 2012, el Tribunal resolvió en su contra. Antes de la resolución de hoy, el caso fue remitido a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en abril de 2013.

Según la ley finlandesa, el matrimonio sólo está permitido para parejas de distinto sexo, y las uniones civiles están restringidas a las parejas del mismo sexo.

Los derechos protegidos por cada uno de estos regímenes difieren en cuanto a la adopción y los derechos parentales. Por ejemplo, las parejas de unión civil no pueden realizar adopciones conjuntas. Además, si uno de los integrantes de la pareja tiene un hijo, al otro no se le considera automáticamente como progenitor legal a menos que adopte al hijo como segundo progenitor.

Aunque estas diferencias no afectan al hijo, sí pueden afectar a las futuras decisiones parentales.


Interior de una celda de aislamiento en la prisión ADX, Colorado ©Particular

La cruel y deshumanizadora práctica estadounidense de mantener a los presos recluidos en régimen de aislamiento prolongado en la única prisión federal de supermáxima seguridad del país constituye trato o pena cruel, inhumano o degradante, y viola el derecho internacional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El nuevo informe, titulado Entombed: Isolation in the US Federal Prison System y publicado hoy, revela el rigor de las condiciones a las que se enfrentan los presos en el Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad de Estados Unidos, cerca de Florence, Colorado (conocido como ADX Florence).

“No se puede sobreestimar el devastador impacto que los largos periodos de aislamiento pueden tener en el bienestar físico y mental de un preso. Ese trato tan duro está teniendo lugar a diario en Estados Unidos, y es contrario al derecho internacional”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

El informe explora el impacto físico y mental de confinar a los presos en celdas de aislamiento durante entre 22 y 24 horas al día
. Las rigurosas condiciones de ADX han llevado a algunos presos a causarse autolesiones graves o suicidarse.

Entre los síntomas provocados por ese aislamiento tan prolongado se encuentran la ansiedad, la depresión, el insomnio, la hipertensión, la paranoia extrema, las distorsiones en la percepción y la psicosis.

La prisión federal ADX Florence tiene capacidad para 490 reclusos varones. Los presos pasan un mínimo de 12 meses en régimen de aislamiento antes de poder optar a una reducción de sus restricciones. En realidad, el periodo de aislamiento a que son sometidos muchos de ellos es mucho más largo que eso. Un estudio elaborado por abogados concluyó que la duración media del periodo de aislamiento que pasaban los presos era de 8,2 años.

La mayoría de los presos permanecen recluidos en celdas con paredes sólidas y una cámara con barrotes, tipo compartimento estanco, entre ellos y una puerta de metal macizo, para asegurar que no tienen contacto con otros presos. En la pared hay una única ventana, en forma de ranura, que les permite ver un trozo de cielo o una pared de ladrillos.

Los muebles de las celdas son de cemento moldeado y consisten en un catre, una mesa y un taburete fijos al suelo o a la pared, así como una ducha y un retrete. Las comidas y las duchas tienen lugar dentro de las celdas, y las consultas médicas, incluidas las de salud mental, se realizan a menudo por teleconferencia.

El informe de Amnistía Internacional expone con detalle varios ejemplos de presos cuya salud mental se ha deteriorado drásticamente mientras permanecían en aislamiento.

En septiembre de 2013, un preso con antecedentes de enfermedad mental se ahorcó en su celda tras pasar, según la información recibida, más de una década en ADX recibiendo únicamente una atención psiquiátrica intermitente. En los días previos a su muerte mostraba síntomas de psicosis de los que, al parecer, se había hecho caso omiso.

Ahora hay señales inquietantes de que el gobierno estadounidense planea ampliar su uso del régimen de aislamiento en las prisiones federales. Los planes sobre el Centro Penitenciario Thomson, en Illinois, una nueva prisión de supermáxima seguridad, incluyen disposiciones relativas al régimen de aislamiento, reproduciendo el sistema de ADX.  

“Es el exponente máximo de la filosofía de ‘almacenar’ a los presos, y la idea de que el gobierno estadounidense planea ampliar la práctica pese a la preocupación internacional que suscita resulta francamente inquietante. El uso de esas formas de aislamiento va más allá de las medidas penitenciarias legítimas, y se adentra en el terreno del trato cruel e inhumano”, ha manifestado Erika Guevara.

“El gobierno estadounidense debe garantizar que el régimen de aislamiento sólo se utiliza en circunstancias excepcionales, como último recurso, y nunca durante periodos prolongados o indefinidos. Ningún preso que padezca una enfermedad mental o corra el riesgo de padecerla debe ser recluido en régimen de aislamiento.”

Información complementaria
Amnistía Internacional visitó el centro ADX en 2001, pero desde entonces todas sus peticiones de visitarlo han sido denegadas. La información contenida en el informe ha sido obtenida mediante una diversidad de fuentes, entre ellas documentos judiciales disponibles a través de demandas y otra información proporcionada por abogados que representan a reclusos de ADX, así como directivas sobre política emitidas por la Oficina Federal de Prisiones.

La práctica de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento no se limita a ADX; tal como señala el informe de Amnistía Internacional, otros centros federales recluyen también a presos en aislamiento prolongado en Unidades de Régimen Especial.

En algunos casos, los presos son recluidos en aislamiento incluso antes de ser juzgados. El Centro Penitenciario Metropolitano (MCC) de Nueva York, conocido también como “Little Gitmo”, se utiliza para recluir a presos preventivos en régimen de aislamiento durante meses o incluso años antes de ser juzgados. Los detenidos apenas tienen acceso a luz natural, y no pueden hacer ejercicio al aire libre.

En 2011, Juan Mendez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y otros tratos crueles o inhumanos o degradantes, pidió a todos los países que prohibieran la reclusión de presos en régimen de aislamiento salvo en circunstancias muy excepcionales y durante el menor tiempo posible, con una prohibición absoluta en el caso de menores y personas con discapacidad intelectual.

La mayoría de los presos de ADX han sido declarados culpables de delitos graves cometidos mientras estaban encarcelados, como agresión, asesinato o intento de fuga; otros han sido declarados culpables de delitos de terrorismo.


Irán sigue estando entre los Estados ejecutores más prolíficos del mundo ©Orla 2011/Shutterstock.com

Las autoridades iraníes deben detener la ejecución de un joven que todavía era menor de edad en el momento de su presunto delito, e invertir la preocupante tendencia al aumento de las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando aún no tenían 18 años, que ha dado lugar a la ejecución de al menos ocho individuos en esa situación en la primera mitad de 2014. Así lo ha pedido hoy Amnistía Internacional.

Rasoul Holoumi, que ahora tiene 22 años, fue condenado a muerte en octubre de 2010 por el homicidio de un muchacho durante una pelea en grupo en 2009, cuando tenía 17 años. La ejecución podría llevarse a cabo en cualquier momento a petición de la familia de la víctima, con arreglo al principio de qisas (castigo equivalente al delito) de la ley islámica.

“Es cruel e inhumano ahorcar a cualquier persona, pero es más reprobable si cabe cuando el condenado era menor de edad en el momento del presunto delito y la ejecución se lleva a cabo tras un proceso de investigación defectuoso que vulnera las normas sobre juicios justos, como se hace en Irán”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Irán es uno de los pocos países que todavía ejecutan a personas que no habían cumplido los 18 años
en el momento de cometerse el delito. Amnistía Internacional ha documentado la ejecución de al menos ocho de estas personas en la primera mitad de 2014, el equivalente al número total de ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito en Irán en todo 2013.

“La ejecución de Rasoul Holoumi será un lamentable añadido al siniestro recuento de ejecuciones en Irán.  Sean cuales sean los argumentos de las autoridades, esto supone una violación flagrante del derecho internacional. Rasoul Holoumi era menor de edad cuando cometió presuntamente el delito, y su condena de muerte debe ser anulada”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

La Sección 17 del Tribunal Penal de Juzestán, provincia occidental de Irán, condenó a muerte a Rasoul Holoumi en octubre de 2010 por asesinato. La declaración de culpabilidad se basó en denuncias según las cuales, durante una pelea colectiva en septiembre de 2009, Rasoul había lanzado un objeto contundente contra Nasim Nouri Maleki y le había producido heridas mortales en la cabeza. Al parecer, las acusaciones provenían de varias de las mismas personas que participaban en la pelea.  

Rasoul Holoumi no tuvo acceso a un abogado durante la investigación, y tampoco dispuso de tiempo y recursos suficientes para preparar su defensa antes del juicio ni en su transcurso. Aunque admitió los cargos la primera vez que fue citado a declarar ante la policía, varias semanas después se retractó de lo admitido e hizo declaraciones que pusieron en duda los acontecimientos que habían desembocado en la muerte de la víctima, e incluso que él estuviera presente.

El 30 de septiembre de 2009, Rasoul Holoumi afirmó que él estaba en su casa cuando se desató la pelea y que sólo había admitido el crimen por compasión hacia otro menor de edad, quien le había confiado que él había sido el autor del golpe recibido por Nasim Nouri Maleki durante la pelea. El 2 de octubre de 2009, Rasoul dijo que él había recogido y lanzado un objeto contundente al ver que un grupo de personas implicadas en la pelea venía hacia él, pero que el golpe no había sido intencionado.  El 5 de octubre de 2009, negó haber lanzado ese objeto contundente en ningún momento. Los informes según los cuales existía una trayectoria de hostilidad entre la familia de Rasoul Holoumi y el testigo principal de la causa que declaró en su contra han suscitado más dudas.

A pesar de todo, el Tribunal Supremo de Irán confirmó la condena de muerte impuesta a Rasoul Holoumi en 2010 sin explicar sus fundamentos.  

Las autoridades iraníes tenían previsto ejecutarlo el 4 de mayo de 2014
, pero detuvieron el proceso cuando la familia de la víctima aceptó renunciar a su petición de castigo si la familia de Rasoul Holoumi le pagaba 3.500 millones de riales (equivalentes a 135.323 dólares estadounidenses) en concepto dediyah (dinero de sangre) y le transfería las escrituras de su casa y su granja. Al parecer, la cantidad de 3.500 millones de riales está fuera del alcance de los recursos de su familia, por lo que el joven de 22 años está expuesto a ser ejecutado en cualquier momento.  

Cuando se dicta condena de qisas no es posible solicitar el indulto o amnistía del líder supremo de Irán, en contravención del derecho internacional.

Información complementaria
Irán sigue estando entre los Estados ejecutores más prolíficos del mundo. Según el informe anual de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones en 2013, las autoridades iraníes reconocieron que al menos 369 personas habían sido ejecutadas ese año, mientras que fuentes fidedignas informaron de al menos 335 ejecuciones más. La información disponible indica que al menos 11 de las personas ejecutadas podían ser menores de 18 años en el momento de su presunto delito.  

A fecha de 26 de junio de 2014, las autoridades o los medios de comunicación autorizados por el gobierno han reconocido 171 ejecuciones en lo que va de año, mientras que otras fuentes fiables han informado de al menos 233 ejecuciones más.

La ejecución de personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años está estrictamente prohibida por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos ratificados por Irán.

En virtud del artículo 6.4 del PIDCP, toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena.


Manifestación en Nyamira en marzo de 2014 sobre la situación de las personas desplazadas internas. © InformAction

La persistente inacción del gobierno en lo relativo a investigar de manera adecuada los delitos cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008 y de proporcionar justicia y reparación a las víctimas de esa violencia está causando un impacto devastador en las vidas y los medios de vida de esas personas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy martes.

El informe, titulado Crying for justice: Victims’ perspectives on justice for the post-election violence in Kenya, ofrece datos convincentes sobre los sufrimientos que siguen experimentando los kenianos atrapados en la violencia que se cobró 1.100 vidas, provocó el desplazamiento de 660.000 personas y dejó a muchos miles con lesiones de larga duración.

“Seis años después de que la violencia postelectoral convulsionara Kenia, las víctimas siguen esperando justicia. Es de vital importancia que se escuchen sus voces y se tomen medidas urgentes”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía internacional, en Nairobi para presentar el informe.

“Muchas de las personas desplazadas siguen sin ser reasentadas y sin recibir indemnización, muchos heridos y familiares de personas fallecidas siguen sin recibir una reparación que les ayude a rehacer sus vidas destrozadas, y la mayoría de los autores de los actos de violencia siguen sin responder ante la justicia.”

El informe, basado en entrevistas con víctimas de la violencia y en consultas con numerosos grupos de la sociedad civil, revela que muchas víctimas necesitan con urgencia una asistencia que les ayude a recuperarse de las lesiones sufridas y a recuperar las propiedades y los medios de vida destruidos en la violencia que azotó el país entre diciembre de 2007 y febrero de 2008. Los programas de reasentamiento sólo se han dirigido a algunas comunidades, en tanto que se ha desatendido a otras.

Las víctimas se sienten desilusionadas con el sistema de justicia, excluidas de este sistema y frustradas porque los autores de los actos de violencia continúan en libertad. “Conozco a la gente que se quedó con mi propiedad en Kericho. Nuestros hijos e hijas fueron violados y sabemos quién los violó”, dijo Samuel, de Kisii, a Amnistía Internacional.

La investigación de Amnistía Internacional indica que algunas víctimas no acuden a la policía porque temen represalias de quienes cometieron los actos de violencia o abusos a manos de la policía. Algunas víctimas dijeron que, cuando intentaron denunciar ante la policía, les pidieron dinero o se les amenazó con implicarlas en algunos de los delitos de los que habían sido testigos. De acuerdo con el informe de la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (conocida como Comisión Waki), la policía fue responsable de 405 de las 1.113 muertes.

Una mujer relató a Amnistía Internacional que fue atacada por hombres que blandían machetes en Mathare. Cuando huía, un agente de policía detuvo su automóvil y la recogió. En lugar de brindarle protección, el agente la llevó a su propia casa y la violó. Ahora la mujer vive con el VIH y ha abandonado los intentos de denunciar al policía, que está destinado en una comisaría cercana.

La ausencia de investigación de los delitos por parte de la policía se refleja en las informaciones según las cuales el director de la Fiscalía afirmó recientemente, tras examinar más de 4.000 expedientes relacionados con la violencia postelectoral, que no había indicios suficientes para seguir adelante con ningún caso. Dada la falta de disposición del gobierno para abordar la impunidad, la mayoría de las víctimas entrevistadas apoyaban la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) a pesar de que los dos casos que se tramitan actualmente ante la Corte tienen un alcance limitado.

El gobierno también ha emprendido iniciativas políticas y ha apoyado iniciativas de la Unión Africana (UA) para menoscabar los trabajos de la CPI y detener la sustanciación de los casos de la Corte, como pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que dé por concluidos o difiera los casos de Kenia ante la CPI, promover la no cooperación con la CPI, y proponer enmiendas que pretenden menoscabar la eficacia de la CPI.

A pesar de la rotunda inacción de Kenia en lo relativo a abordar plenamente las necesidades de cientos de miles de víctimas de la violencia postelectoral, el informe concluye no obstante que sigue habiendo posibilidades de restablecer la confianza en el sistema de justicia. Amnistía Internacional pide:

  • el establecimiento del Comité para la Aplicación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación;
  • mayor protección para víctimas y testigos y para los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre violencia postelectoral y abogan por justicia, la verdad y reparación;
  • nuevas investigaciones sobre los 4.000 expedientes de los que, según los informes, el director de la Fiscalía afirmó que carecían de indicios suficientes;
  • consulta con la sociedad civil en relación con el establecimiento de la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior para garantizar su independencia y legitimidad;
  • el establecimiento de un programa de reparaciones para abordar los daños sufridos por las víctimas de la violencia postelectoral;
  • la cooperación plena del gobierno de Kenia con la CPI;
  • y el fin de las iniciativas políticas en la Unión Africana para detener las investigaciones y los enjuiciamientos de la CPI sobre Kenia.

“Justicia demorada es justicia denegada, y las víctimas de la violencia postelectoral de Kenia han esperado ya bastante tiempo para que se haga justicia”, ha afirmado Muthoni Wanyeki, director regional para África Oriental de Amnistía Internacional.

“En el pasado, el gobierno y el Parlamento de Kenia han obstruido sistemáticamente los intentos de investigar y de enjuiciar a los sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional. Es hora de poner fin a la impunidad, proporcionar reparación a quienes han sufrido y cerrar por fin este vergonzoso capítulo de nuestra historia.”

En el informe y en este comunicado se han modificado los nombres de las víctimas.

Información complementaria

Las víctimas que se reunieron con Amnistía Internacional procedían de algunas de las zonas más afectadas por la violencia postelectoral: Nairobi, Naivasha y Nakuru (centro del Valle del Rift), Eldoret (oeste del Valle del Rift), Kericho (sur del Valle del Rift), Kisumu y Kisii (Nyanza). Entre ellas había personas internamente desplazadas, víctimas de disparos de la policía o sus familiares, supervivientes de violación y víctimas apaleadas por grupos de hombres, algunos de los cuales eran sospechosos de pertenecer a la banda delictiva y milicia política conocida como Mungiki.

El informe se basa en entrevistas en profundidad que Amnistía Internacional realizó con 49 víctimas de la violencia postelectoral desde octubre hasta diciembre de 2013.

De las 49 víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional, 35 habían intentado denunciar los delitos que habían sufrido y sólo en un caso la policía tomó medidas.

Muchas violaciones han quedado sin denunciar y, según algunas estimaciones, en los primeros meses de 2008 tuvieron lugar unos 40.000 incidentes de violencia sexual y de género vinculados a la violencia postelectoral, cifra muy superior a la de 900 casos de los que informó la Comisión Waki.

La policía ha llevado a cabo algunas investigaciones sobre la violencia postelectoral, pero sólo un número muy reducido de los casos investigados han concluido en enjuiciamientos, la mayoría por delitos menores.

La violencia estalló entre grupos que apoyaban a Mwai Kibaki, del Partido de la Unidad Nacional, que fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales, y su principal rival, Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja, y se concentró especialmente en el Valle del Rift y en el oeste del país.

Dos casos relacionados con la violencia postelectoral se encuentran actualmente ante la Corte Penal Internacional. El presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, que eran importantes figuras políticas en la época de la violencia postelectoral, están acusados de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, traslado forzoso de población y persecución, junto con el ex periodista radiofónico Joshua arap Sang, acusado en el caso de Ruto. El presidente Kenyatta está acusado asimismo de responsabilidad en violación y otros actos inhumanos –entre ellos, circuncisión forzosa y amputación de pene– llevados a cabo por la banda delictiva Mungiki. En ambos casos, la Fiscalía de la Corte ha denunciado injerencias e intimidación de testigos, que han impulsado a algunos testigos a retirarse.

Muchas víctimas entrevistadas plantearon su preocupación de que los cargos presentados en los dos casos que se encuentran actualmente ante la CPI no abarquen los delitos que sufrieron. Amnistía Internacional recomienda que la Fiscalía de la CPI considere la posibilidad de ampliar sus investigaciones sobre la violencia postelectoral de 2007-2008, pero observa que la CPI nunca podrá enjuiciar más que un número representativo de casos. Las autoridades kenianas son las responsables últimas de investigar los delitos que la CPI no aborde.

Muchas víctimas desean implicarse en los casos de la CPI y ser informadas sobre los casos, aunque no aborden los delitos que sufrieron. Amnistía Internacional ha instado a la CPI a ampliar sus actividades de divulgación y a garantizar que se facilita a los representantes legales de las víctimas suficientes recursos para reunirse regularmente con sus clientes y representarlos.


La bandera del ISIS ondeando en Mosul, Irak. Copy: Amnistía Internacional

Un nuevo informe de Amnistía Internacional arroja luz sobre un panorama creciente de secuestros y homicidios sectarios cometidos por el grupo armado Estado Islámico en Irak y Al Sham (ISIS, por sus siglas en inglés) desde que el pasado mes éste tomó Mosul, la segunda ciudad de Irak, y otras partes del noroeste del país.

El informe, que se publica hoy, se titula Northern Iraq: Civilians in the line of fire, y contiene angustiosos relatos de civiles desplazados que huyeron de zonas en manos del ISIS al temer por su vida después de que sus familiares fueran secuestrados y asesinados por el grupo y al encontrarse en una situación cada vez más peligrosa debido a los ataques aéreos de las fuerzas del gobierno iraquí.

“Una vez más la atormentada población civil de Irak se encuentra atrapada en una espiral de violencia sectaria que procede de todos los bandos. Cientos de miles de personas han huido de sus hogares aterrorizadas por los secuestros y los homicidios del grupo armado ISIS y los bombardeos aéreos de las fuerzas del gobierno, dado que todas las partes demuestran un total desprecio por el derecho internacional humanitario", ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, que acaba de llegar del norte de Irak.

En todas las ciudades o pueblos que han caído bajo el control del ISIS ha habido secuestros. Muchas de las personas secuestradas siguen en paradero desconocido, mientras que a otras se las ha encontrado muertas.

Amnistía Internacional entrevistó a los familiares de un muchacho de 18 años de Gogjali, al este de Mosul, que fue secuestrado junto con su tío de 44 años en un puesto de control del ISIS el 20 de junio. Ambos fueron posteriormente asesinados. La madre del joven, que fue quien encontró dos días después sus cuerpos mutilados, mostró a Amnistía Internacional fotos de los cadáveres. Les habían aplastado la cabeza con un objeto pesado y tenían las manos atadas a la espalda. A uno de ellos lo habían degollado y habían quemado parcialmente el cadáver. La familia, de la comunidad chií shabak, huyó de Gogjali inmediatamente después.

“Este tipo de atroces ataques contra la población civil hacen ver claramente a las comunidades no suníes que no están seguras en zonas controladas por el ISIS", ha dicho Donatella Rovera.

“El secuestro y el homicidio de personas cautivas parece una de las principales herramientas que utiliza el grupo para aplastar a sus opositores e intimidar a la población civil.”

 

Amnistía Internacional también ha documentado una serie de casos en los que personas que habían sido capturadas por el ISIS fueron asesinadas posteriormente.  

En uno de ellos, el grupo ejecutó sumariamente a tres policías chiíes que había capturado en una comisaría de Mosul. El 27 de junio de  2014, miembros de este mismo grupo mataron también a tres hombres chiíes que habían capturado en el pueblo shabak de Tobgha Ziyara y arrojaron sus cadáveres al cauce de un río seco cercano, según contaron a Amnistía Internacional familiares de los fallecidos. Según los habitantes del lugar, el pueblo se había quedado sin protección desde la retirada del ejército iraquí de la zona el 10 de junio.  

El ISIS sigue invadiendo pueblos del norte de Irak que quedaron sin protección cuando el ejército iraquí se fue hace un mes. También están aterrorizando a la población no suní de todo el país, provocando desplazamientos masivos de personas que huyen para salvar la vida", ha dicho Donatella Rovera.

El último conflicto se desarrolla con el telón de fondo de las inveteradas tensiones sectarias y la violencia entre los iraquíes suníes y chiíes.  

El ISIS no es el único que comete crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha reunido indicios que demuestran que más de 100 suníes detenidos fueron ejecutados a sangre fría por las fuerzas del gobierno y las milicias chiíes en venganza antes de retirarse de las ciudades de Tal Afar, Mosul y Baquba a medida que el ISIS avanzaba. Una mujer describió a Amnistía Internacional la terribles heridas que presentaba el cadáver de un familiar, uno de los detenidos ejecutados en una cárcel de Tal Afar: “Le habían disparado varias veces en la cabeza y en el pecho. Estaba cubierto de sangre, pero no se sabía de quién, ya que los cadáveres estaban amontonados unos encima de otros”.

Los bombardeos artilleros y aéreos de las fuerzas del gobierno contra las zonas controladas por el ISIS también han causado muertes y decenas de heridos civiles, y han desencadenado la huída de muchas personas para salvar la vida. En las últimas semanas se han instensificado los ataques aéreos y artilleros de las fuerzas iraquíes, aumentando el peligro para la población civil.  

En Irak, todos los bandos han cometido crímenes de guerra y graves abusos contra los derechos humanos en una espiral de violencia. La seguridad de la población civil es crucial. Todos los bandos deben dejar de matar prisioneros, tratar a los detenidos humanamente y abstenerse de llevar a cabo ataques indiscriminados, incluidos los bombardeos de artillería y los bombardeos aéreos con proyectiles no guiados en áreas densamente pobladas", ha dicho Donatella Rovera.

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El conflicto en el norte de Irak ha supuesto el desplazamiento de cientos de miles de civiles, que han huido a las vecinas zonas kurdas administradas por el Gobierno Regional del Kurdistán. Sin embargo, éste ha restringido recientemente el acceso a las zonas bajo su control para los iraquíes no kurdos que huyen de la violencia. Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Gobierno Regional del Kurdistán para que permita el acceso a las personas que huyen del conflicto.


Manifestación en la puerta del Sol de Madrid en mayo de 2011 contra la clase política. Copy: AP Photo/Pedro Acosta

Ante las declaraciones del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, las organizaciones Amnistía Internacional e Intermón Oxfam aseguran, en primer lugar, que en la actualidad no existe un problema de seguridad ciudadana que justifique la necesidad de incorporar legislación que intente parar la protesta o restringir de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación. Así lo han manifestado tanto con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana como con el Código Penal.

Las organizaciones, que han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior para mostrar sus preocupaciones sobre la Ley, consideran positivo que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz haya declarado que el proyecto hoy aprobado incluye de manera expresa el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad en las identificaciones por parte de la policía, o la obligación de entregar un boletín de información a las personas que vayan a estar retenidas más de seis horas con los motivos de la misma. Las organizaciones ven también positivas las afirmaciones del Ministro en las que asegura que la disolución de la reunión será la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas. Asimismo, el hecho de que finalmente no se haya producido un incremente de la cuantía de las multas como se había anunciado anteriormente también es una buena noticia.

Las entidades analizarán el texto finalmente aprobado para ver cómo han quedado realmente reflejados, tanto los aspectos anunciados por el Ministro como otras preocupaciones que fueron compartidas con el Ministerio.

Sin embargo, las entidades muestran su preocupación por el hecho de que el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas. Tampoco se ha hecho mención al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento.

Las organizaciones recuerdan además que siguen teniendo preocupaciones en relación a la tipificación de los desórdenes públicos contenida en el Código Penal que sigue discutiéndose en el Congreso.


Sasha, un joven de 19 años de edad, activista, huyó a Kiev después de que fue secuestrado por separatistas a punta de pistola en Luhansk. Él dijo que fue golpeado en repetidas ocasiones durante 24 horas © Particular

Amnistía Internacional ha reunido indicios gráficos y convincentes de brutales palizas y otros actos de tortura contra activistas, manifestantes y periodistas en el este de Ucrania durante los tres últimos meses.

Un equipo de investigación ha visitado Kiev y el sureste de Ucrania en las últimas semanas y ha documentado denuncias de secuestro y tortura perpetrados por grupos separatistas armados y por fuerzas partidarias de Kiev.

“Con cientos de personas secuestradas en los últimos tres meses, ha llegado el momento de analizar lo sucedido y poner fin a esta abominable práctica”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“El grueso de los secuestros son obra de separatistas armados, y las víctimas suelen ser sometidas a tortura y a palizas tan brutales que te revuelven el estómago. También hay indicios de un número más reducido de abusos cometidos por las fuerzas partidarias de Kiev.”

No hay cifras detalladas ni fiables sobre el número de secuestros, pero el Ministerio del Interior de Ucrania ha informado de casi 500 casos entre abril y junio de 2014. La Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania ha registrado 222 casos de secuestro en los tres últimos meses.

Amnistía Internacional también se ha reunido con varios grupos especiales de apoyo mutuo que han estado recopilando detalles sobre el creciente número de secuestros. El equipo de investigación recibió una lista con los nombres de más de un centenar de civiles que han sido hechos cautivos. La mayoría de los casos han venido acompañados de denuncias de tortura.

Ha habido secuestros en todo el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Luhansk. Entre las víctimas se encuentran no sólo policías, militares y autoridades locales, sino también periodistas, políticos, activistas, miembros de comisiones electorales y empresarios.

“Ahora que las fuerzas partidarias de Kiev están recuperando el control de Slaviansk, Kramatorsk y otros lugares en el este de Ucrania, se está liberando a nuevos cautivos casi a diario, y salen a la luz un creciente número de inquietantes casos. Es hora de que estos casos se documenten meticulosamente, se lleve a los responsables ante la justicia y se otorgue indemnización a las víctimas”, ha manifestado Denis Krivosheev.

Ataques contra activistas pro ucranianos

Hanna, activista pro ucraniana, contó a Amnistía Internacional que había sido secuestrada por hombres armados en la ciudad oriental de Donetsk el 27 de mayo. Los hombres la tuvieron cautiva durante seis días antes de dejarla en libertad en un intercambio de prisioneros. Hanna describió a Amnistía Internacional los violentos interrogatorios a los que fue sometida.

“Me machacaron la cara, ese hombre me dio puñetazos en la cara, trataba de golpearme en todas partes, yo me cubría con las manos […] Estaba acurrucada en el rincón, hecha un ovillo con las manos alrededor de las rodillas. Le ponía furioso que tratara de protegerme. Salió y regresó con un cuchillo.”

Hanna nos mostró las cicatrices que tenía en el cuello, los brazos y las piernas, donde le habían hecho cortes con el cuchillo. Tenía además una herida de arma blanca en la rodilla, y el dedo índice derecho todavía vendado con una tablilla de plástico.

También describió cómo el hombre que la interrogaba la obligó a escribir, con su propia sangre, un lema separatista en la pared.

Secuestro a cambio de rescate

Aunque la mayoría de los secuestros parecen ser de motivación “política”, existen pruebas claras de que los grupos armados están utilizando el secuestro y la tortura para provocar el miedo y controlar a la población local. También se ha secuestrado a personas a cambio de rescate.

Sasha, activista pro ucraniano de 19 años, huyó a Kiev tras ser secuestrado a punta de pistola por separatistas en Luhansk. Según afirma, lo golpearon repetidamente durante 24 horas.

“Me golpearon con los puños, con una silla, con todo lo que pudieron encontrar. Me apagaron cigarrillos en la pierna y me dieron descargas eléctricas. Duró tanto que ya no sentía nada, simplemente me desmayé”, contó a Amnistía Internacional.

Finalmente lo dejaron en libertad después de que su padre pagara un rescate de 60.000 dólares estadounidenses.

Abusos de fuerzas partidarias de Kiev

Aunque la gran mayoría de las denuncias de secuestro y tortura se realizan contra grupos separatistas pro rusos, las fuerzas partidarias de Kiev, incluidos grupos de apoyo mutuo, también han estado implicadas en los malos tratos a los cautivos.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional viajó desde Kiev hasta el puerto marítimo suroriental de Mariupol, que ha “cambiado de manos” dos veces en los últimos dos meses.

El 13 de junio, las fuerzas ucranianas recuperaron el control de la ciudad, que estaba en manos de un grupo armado autodenominado República Popular de Donetsk.

Un miembro del gobierno local de Mariupol, que desea permanecer en el anonimato, contó a Amnistía Internacional que oyeron a un separatista cautivo gemir de dolor a manos de las fuerzas partidarias de Kiev, que al parecer estaban tratando de obtener información sobre los separatistas.

En otro caso diferente, un muchacho de 16 años, Vladislav Aleksandrovich, fue secuestrado tras publicar una imágenes de vídeo de operaciones anteriores de mantenimiento de la ley llevadas a cabo en Mariupol el 25 de junio de 2014.

En un vídeo publicado tras su liberación el 27 de junio, se puede ver a Vladislav sentado detrás de un hombre enmascarado que viste uniforme de camuflaje. El hombre tiene una mano sobre la cabeza de Vladislav y amenaza con represalias a él y a “todos los demás” que ponen en peligro la unidad de Ucrania.

En una entrevista posterior grabada en vídeo, Vladislav afirma que lo torturaron, lo golpearon en la espalda con las culatas de los rifles, le dieron puñetazos y lo obligaron a escribir una “declaración al pueblo de Ucrania” y a gritar consignas nacionalistas pro ucranianas.

“En Mariupol, durante nuestra visita, no se veían policías ni militares por ninguna parte. Había una ausencia total de autoridad y seguridad, y la gente tenía miedo de sufrir represalias, secuestro o tortura”, ha manifestado Denis Krivosheev.

“Es censurable que estemos presenciando una escalada de secuestros y tortura en Ucrania. Todos los implicados en este conflicto armado deben poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanezcan cautivas ilegalmente, y deben garantizar que, hasta su liberación, esas personas están protegidas frente a la tortura y otros malos tratos.”

Amnistía Internacional pide al gobierno de Ucrania que cree un registro único, actualizado periódicamente, de los casos de presunto secuestro, y que investigue de manera exhaustiva e imparcial todas las denuncias de uso abusivo de la fuerza, malos tratos y tortura.


Manifestantes saharauis atienden a una mujer tras una manifestación en El Aaiun, 10 de diciembre 2013. AP Photo/Paul Schemm

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a Felipe VI para que en el marco de su inminente viaje oficial a Marruecos tenga en cuenta la situación de derechos humanos en el país vecino y haga gestiones para lograr avances en esta cuestión; en especial por los casos del periodista Ali Anouzla, que sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio por un vídeo publicado en su web, y Ali Aarrass, todavía en prisión después de haber sido condenado a 15 años tras confesar bajo tortura.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las leyes marroquíes criminalizan a periodistas y otras personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado. El ministro de Comunicación ha declarado en repetidas ocasiones que están en marcha los preparativos para elaborar un nuevo Código de Prensa, que excluirá las penas de prisión. Mientras se elabora, los periodistas siguen enfrentándose a penas de prisión bajo 20 artículos diferentes. Además, el Código Penal también incluye penas de prisión por la expresión pacífica de opiniones que se consideren ofensivas para el rey, su familia, cualquier otro funcionario público o los símbolos nacionales del Reino de Marruecos.

Ali Anouzla fue procesado en septiembre de 2013, poco después de que en el sitio web que él mismo fundó, Lakome.com, se considerara “propaganda” la publicación de un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Amnistía Internacional teme que su enjuiciamiento se haya producido como castigo por su independencia editorial y las críticas vertidas contra las autoridades. Aunque quedó en libertad tras un mes y medio de reclusión, sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio.

Las fuerzas de seguridad también hacen un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones.

Por otra parte, en ocasiones, las personas detenidas tras la celebración de manifestaciones son juzgadas en circunstancias que no cumplen la normativa internacional en materia de juicios justos. En 2013, se impusieron penas de entre 18 y 30 meses de prisión a 16 hombres, y penas de dos meses de prisión a dos menores de edad por “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos”, tras una protesta contra la desmesurada subida de los precios del agua y de la electricidad en un barrio obrero de Marrakech el 28 diciembre 2012.

Asimismo, siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental. Amnistía Internacional considera desde hace años que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) debería contar con una función de observación de los derechos humanos, con capacidad para analizar tanto la situación del Sáhara Occidental como la de los campamentos de Tinduf.

Denuncias de torturas y malos tratos
Continúan recibiéndose noticias sobre tortura y otros malos tratos de personas detenidas por la policía, la gendarmería, y en prisión.

Un caso ilustrativo es el de Ali Aarrass, que en abril de 2008 fue detenido en España y dos años más tarde extraditado a Marruecos, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido de que podía sufrir torturas y ser sometido a un juicio sin las debidas garantías, algo que finalmente ocurrió. Ali fue condenado en 2011 a 15 años de prisión, basándose la declaración de culpabilidad exclusivamente en las declaraciones que le extrajeron bajo tortura. El 21 de mayo de 2014 las autoridades de Marruecos anunciaron la apertura de una investigación, solo dos días después después de que el Comité contra la Tortura de la ONU decidiera que las autoridades marroquíes habían violado varios artículos de la Convención contra la Tortura en relación con Ali Aarrass. Amnistía Internacional pide su liberación inmediata y que se le ofrezca la debida reparación, teniendo en cuenta las graves violaciones a su derecho a un juicio justo.

Violencia contra las mujeres
Amnistía Internacional celebra la modificación, en enero de 2014, del artículo 475 del Código Penal, que permitía que los violadores eludieran el enjuiciamiento si se casaban con la víctima. Sin embargo, es necesario modificar igualmente otros artículos del Código Penal para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y la discriminación. Entre otros, es necesario cambiar la definición de violación para que sea neutral en cuanto a género y se tengan en cuenta distintas circunstancias coercitivas, además de la violencia física. También se debe reconocer la violación marital como delito específico. El hecho de que la violación se aborde en el apartado de la “moral” no pone el énfasis en la agresión contra la integridad de la víctima. También se penalizan las relaciones sexuales entre personas adultas lo que viola el derecho a la intimidad y a la liberta de expresión, además de disuadir a las víctimas de violación de presentar una denuncia, porque podrían ser procesadas por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Amnistía Internacional siente preocupación por el tratamiento de las autoridades marroquíes a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas subsaharianas. Entre los informes de violaciones de derechos humanos recibidos por la organiación se incluyen la expulsión ilegal de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados a países vecinos, denuncias de uso excesivo de la fuerza por policías que ha provocado lesiones e incluso la muerte a varios subsaharianos, así como la discriminación racial. Amnistía ha manifestado preocupación por el acuerdo entre España y Marruecos sobre la readmisión de nacionales de terceros países ya que carecen de las garantías necesarias de  derechos humanos.

La organización insta a las autoridades marroquíes a poner fin a la expulsión ilegal y la readmisión de personas migrantes
, solicitantes de asilo y refugiadas hacia y desde los países vecinos, y garantizar que la protección de sus derechos humanos está en el centro de los procedimientos operativos y el nuevo marco jurídico que supervisará las expulsiones y deportaciones. Además, pide a las autoridades que se investigue y responsabilice a los autores de violaciones de derechos humanos, incluido el uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como la discriminación.


Un miembro de las milicias anti-balaka a las afueras de Bangui. AFP PHOTO IVAN LIEMAN (Photo credit should read Ivan Lieman/AFP/Getty Images)

Amnistía Internacional ha hecho públicas hoy las identidades de algunas de las personas sospechosas de ordenar o perpetrar las atrocidades cometidas en la República Centroafricana, junto con un llamamiento en favor de que se garantice justicia a la población del atribulado país.

En su informe, titulado "República Centroafricana: Momento de rendir cuentas", la organización documenta delitos de derecho internacional cometidos en toda la República Centroafricana en 2013 y 2014, y pide que se investiguen los hechos y se procese y sancione a los autores. Cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos, subrayando su papel y estableciendo su posible responsabilidad penal.

“Para que la República Centroafricana pueda reponerse de la orgía de muerte en que está inmersa desde diciembre de 2013, es imprescindible que se obligue a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana.

“A los responsables de dejar a cientos de miles de personas inocentes sin un lugar donde refugiarse de la violencia asesina no debe dárseles la posibilidad de esconderse de la justicia. Sólo poniendo fin a la impunidad se podrá detener el ciclo de violencia que atenaza a la República Centroafricana.”

En su informe, Amnistía Internacional documenta relatos de primera mano de víctimas y testigos de delitos de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto, que se ha saldado con miles de muertes, casi un millón de personas huidas de sus hogares y ha dejado al país al borde de una catástrofe humanitaria.

En el informe se señala la identidad de altos dirigentes por su papel en las atrocidades. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam.

La mayoría de los ataques en la República Centroafricana se cometen abiertamente y sus autores, que en algunos casos son de sobra conocidos por sus víctimas y las autoridades, no temen ser castigados.

Los relatos de testigos presenciales documentados por Amnistía Internacional revelan el papel de los jefes militares de Seleka –entre ellos los coroneles Bishara, Aba Tom y Yussuf Hamad– en la dirección de los ataques perpetrados en Bangui.

Según contó un testigo, el coronel Yussuf Hamad lideraba un grupo de Seleka que había registrado un hospital en busca de combatientes antibalaka. “Amenazó con matar a todos los que estaban en el hospital si no les señalábamos a los antibalaka”, dijo un testigo, quien también contó a Amnistía Internacional que el coronel Yussuf Hamad se había llevado a un hombre del hospital que más tarde había aparecido muerto en las inmediaciones.

Entre los jefes de las milicias antibalaka identificados en el informe están Richard Bejouane, el coronel Dieudonné y el coronel “12 puissance”. Estos hombres están tan seguros de la impunidad de que disfrutan que han hablado frecuentemente a las claras de su papel en los abusos contra los derechos humanos y han hecho declaraciones públicas que incitaban a la violencia.

Aunque la mayoría de los sospechosos identificados por Amnistía Internacional en su investigación viven sin ocultarse en la República Centroafricana, algunos están en otros países, como Chad y Francia.

“Ningún país debe proporcionar refugio seguro a personas sospechosas de cometer o apoyar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana. Tienen la obligación de investigar las denuncias y, si hay pruebas suficientes, de procesar a los presuntos culpables o extraditarlos para que respondan ante la justicia”, ha dicho Christian Mukosa.

La ausencia de investigaciones y de justicia en la República Centroafricana por las atrocidades cometidas en el pasado ha contribuido a que no exista un sistema de justicia eficaz e independiente y a que las fuerzas de seguridad sean incapaces de proteger a víctimas, testigos, miembros del poder judicial y ciudadanos en general frente a la violencia o los ataques de represalia. Aun cuando se los detiene, los presuntos autores de delitos de derecho internacional y de abusos contra los derechos humanos a menudo consiguen fugarse debido a la falta de centros de detención seguros.

La presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz no ha servido para poner fin a la violencia. Dichas fuerzas, que incluyen tropas chadianas, incluso han participado en graves violaciones de derechos humanos. El episodio más grave tuvo lugar el 29 de marzo, cuando soldados chadianos abrieron fuego contra civiles en un mercado de Bangui y, según las Naciones Unidas, mataron como mínimo a 30 personas e hirieron a 300. La lucha contra la impunidad debe comprender la investigación de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados y oficiales del ejército nacional chadiano en éste y otros episodios documentados en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha pedido que se actúe con carácter urgente en el ámbito nacional, regional e internacional para reconstruir el sistema de impartir justicia y hacer cumplir la ley en el país. Las pruebas sobre abusos contra los derechos humanos deben preservarse, y los testigos y sobrevivientes deben ser identificados y protegidos.

Es necesario reforzar la Unidad de Investigaciones Especiales, creada por las autoridades de transición centroafricanas para investigar los delitos cometidos en el país, y ampliar sus competencias más allá de la capital, Bangui. Asimismo, se debe reforzar la comisión de investigación de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las autoridades que consideren la posibilidad de establecer un tribunal mixto, formado por expertos nacionales e internacionales, que se encargue de enjuiciar los delitos de derecho internacional y contribuya a la consolidación del sistema de justicia nacional. Este tribunal no impediría el enjuiciamiento de los casos por la Corte Penal Internacional, que ha iniciado un examen preliminar de la situación.

“La creación de la Unidad de Investigaciones Especiales, la comisión de investigación de la ONU y el examen preliminar de la situación en el país que ha iniciado la Corte Penal Internacional transmiten ya el mensaje inequívoco de que no se va a tolerar la impunidad. Pero queda mucho por hacer para conseguir una rendición de cuentas efectiva”, ha afirmado Christian Mukosa.

“Sólo se podrá obtener justicia por los delitos cometidos en la República Centroafricana a través de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional que venga respaldado por una voluntad política clara de las autoridades de transición de la República Centroafricana. Se va estrechando el cerco alrededor de los responsables de abusos contra los derechos humanos. Ya se conocen sus nombres y paraderos. Sus delitos se están documentando. Y tendrán que enfrentarse a la justicia.”

Información complementaria
Este informe se basa en tres visitas de investigación distintas realizadas a la República Centroafricana y Chad en diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. En él se documentan principalmente delitos cometidos entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.

En mayo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones selectivas a diversos dirigentes de la República Centroafricana que también son identificados en este informe. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad impuso sanciones al ex presidente François Bozizé, a uno de los coordinadores del grupo armado antibalaka, Levy Yaketé, y a un jefe militar de Seleka, Nourredine Adam. A estos tres nombres se añaden los de Michel Djotodia, ex presidente y jefe militar de Seleka, y Abdoulaye Miskine, dirigente de un grupo armado, ambos sancionados en virtud de una orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense, Barack Obama.

El despliegue de unos 5.800 efectivos de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz como parte de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), de 2.000 soldados franceses de la operación militar Sangaris y de 700 soldados y gendarmes de la operación militar europea en la República Centroafricana (EUFOR-RCA) no ha servido para proteger plenamente a la población civil frente a los violentos ataques que siguen perpetrando los diversos grupos y fuerzas armados. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), cuyo mandato básico incluye proteger los derechos humanos y combatir la impunidad, será enviada al país el 15 de septiembre de 2014.

Las personas nombradas en el informe son:

Nourredine Adam; François Bozizé; Michel Djotodia; Patrice-Edouard Ngaissona; Levy Yakété; coronel Bishara; coronel Aba Tom; capitán Joackim Kokaté; Leopold Narcisse Baro; Armel Sayo Bedaya; Baba Laddé; capitán Gilbert Kamizulaye; Guere Poro; general Mango Lampetit; comandante “Rambo”; Richard Bejouane; coronel “12 puissance”; coronel Dieudonné; coronel Yussuf Hamed; y coronel Yahya.


Amnistía Internacional ha hecho públicas hoy las identidades de algunas de las personas sospechosas de ordenar o perpetrar las atrocidades cometidas en la República Centroafricana, junto con un llamamiento en favor de que se garantice justicia a la población del atribulado país.

En su informe, titulado "República Centroafricana: Momento de rendir cuentas", la organización documenta delitos de derecho internacional cometidos en toda la República Centroafricana en 2013 y 2014, y pide que se investiguen los hechos y se procese y sancione a los autores. Cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos, subrayando su papel y estableciendo su posible responsabilidad penal.

“Para que la República Centroafricana pueda reponerse de la orgía de muerte en que está inmersa desde diciembre de 2013, es imprescindible que se obligue a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana.

“A los responsables de dejar a cientos de miles de personas inocentes sin un lugar donde refugiarse de la violencia asesina no debe dárseles la posibilidad de esconderse de la justicia. Sólo poniendo fin a la impunidad se podrá detener el ciclo de violencia que atenaza a la República Centroafricana.”

En su informe, Amnistía Internacional documenta relatos de primera mano de víctimas y testigos de delitos de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto, que se ha saldado con miles de muertes, casi un millón de personas huidas de sus hogares y ha dejado al país al borde de una catástrofe humanitaria.

En el informe se señala la identidad de altos dirigentes por su papel en las atrocidades. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam.

La mayoría de los ataques en la República Centroafricana se cometen abiertamente y sus autores, que en algunos casos son de sobra conocidos por sus víctimas y las autoridades, no temen ser castigados.

Los relatos de testigos presenciales documentados por Amnistía Internacional revelan el papel de los jefes militares de Seleka –entre ellos los coroneles Bishara, Aba Tom y Yussuf Hamad– en la dirección de los ataques perpetrados en Bangui.

Según contó un testigo, el coronel Yussuf Hamad lideraba un grupo de Seleka que había registrado un hospital en busca de combatientes antibalaka. “Amenazó con matar a todos los que estaban en el hospital si no les señalábamos a los antibalaka”, dijo un testigo, quien también contó a Amnistía Internacional que el coronel Yussuf Hamad se había llevado a un hombre del hospital que más tarde había aparecido muerto en las inmediaciones.

Entre los jefes de las milicias antibalaka identificados en el informe están Richard Bejouane, el coronel Dieudonné y el coronel “12 puissance”. Estos hombres están tan seguros de la impunidad de que disfrutan que han hablado frecuentemente a las claras de su papel en los abusos contra los derechos humanos y han hecho declaraciones públicas que incitaban a la violencia.

Aunque la mayoría de los sospechosos identificados por Amnistía Internacional en su investigación viven sin ocultarse en la República Centroafricana, algunos están en otros países, como Chad y Francia.

“Ningún país debe proporcionar refugio seguro a personas sospechosas de cometer o apoyar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana. Tienen la obligación de investigar las denuncias y, si hay pruebas suficientes, de procesar a los presuntos culpables o extraditarlos para que respondan ante la justicia”, ha dicho Christian Mukosa.

La ausencia de investigaciones y de justicia en la República Centroafricana por las atrocidades cometidas en el pasado ha contribuido a que no exista un sistema de justicia eficaz e independiente y a que las fuerzas de seguridad sean incapaces de proteger a víctimas, testigos, miembros del poder judicial y ciudadanos en general frente a la violencia o los ataques de represalia. Aun cuando se los detiene, los presuntos autores de delitos de derecho internacional y de abusos contra los derechos humanos a menudo consiguen fugarse debido a la falta de centros de detención seguros.

La presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz no ha servido para poner fin a la violencia. Dichas fuerzas, que incluyen tropas chadianas, incluso han participado en graves violaciones de derechos humanos. El episodio más grave tuvo lugar el 29 de marzo, cuando soldados chadianos abrieron fuego contra civiles en un mercado de Bangui y, según las Naciones Unidas, mataron como mínimo a 30 personas e hirieron a 300. La lucha contra la impunidad debe comprender la investigación de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados y oficiales del ejército nacional chadiano en éste y otros episodios documentados en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha pedido que se actúe con carácter urgente en el ámbito nacional, regional e internacional para reconstruir el sistema de impartir justicia y hacer cumplir la ley en el país. Las pruebas sobre abusos contra los derechos humanos deben preservarse, y los testigos y sobrevivientes deben ser identificados y protegidos.

Es necesario reforzar la Unidad de Investigaciones Especiales, creada por las autoridades de transición centroafricanas para investigar los delitos cometidos en el país, y ampliar sus competencias más allá de la capital, Bangui. Asimismo, se debe reforzar la comisión de investigación de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las autoridades que consideren la posibilidad de establecer un tribunal mixto, formado por expertos nacionales e internacionales, que se encargue de enjuiciar los delitos de derecho internacional y contribuya a la consolidación del sistema de justicia nacional. Este tribunal no impediría el enjuiciamiento de los casos por la Corte Penal Internacional, que ha iniciado un examen preliminar de la situación.

“La creación de la Unidad de Investigaciones Especiales, la comisión de investigación de la ONU y el examen preliminar de la situación en el país que ha iniciado la Corte Penal Internacional transmiten ya el mensaje inequívoco de que no se va a tolerar la impunidad. Pero queda mucho por hacer para conseguir una rendición de cuentas efectiva”, ha afirmado Christian Mukosa.

“Sólo se podrá obtener justicia por los delitos cometidos en la República Centroafricana a través de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional que venga respaldado por una voluntad política clara de las autoridades de transición de la República Centroafricana. Se va estrechando el cerco alrededor de los responsables de abusos contra los derechos humanos. Ya se conocen sus nombres y paraderos. Sus delitos se están documentando. Y tendrán que enfrentarse a la justicia.”

Información complementaria
Este informe se basa en tres visitas de investigación distintas realizadas a la República Centroafricana y Chad en diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. En él se documentan principalmente delitos cometidos entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.

En mayo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones selectivas a diversos dirigentes de la República Centroafricana que también son identificados en este informe. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad impuso sanciones al ex presidente François Bozizé, a uno de los coordinadores del grupo armado antibalaka, Levy Yaketé, y a un jefe militar de Seleka, Nourredine Adam. A estos tres nombres se añaden los de Michel Djotodia, ex presidente y jefe militar de Seleka, y Abdoulaye Miskine, dirigente de un grupo armado, ambos sancionados en virtud de una orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense, Barack Obama.

El despliegue de unos 5.800 efectivos de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz como parte de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), de 2.000 soldados franceses de la operación militar Sangaris y de 700 soldados y gendarmes de la operación militar europea en la República Centroafricana (EUFOR-RCA) no ha servido para proteger plenamente a la población civil frente a los violentos ataques que siguen perpetrando los diversos grupos y fuerzas armados. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), cuyo mandato básico incluye proteger los derechos humanos y combatir la impunidad, será enviada al país el 15 de septiembre de 2014.

Las personas nombradas en el informe son:

Nourredine Adam; François Bozizé; Michel Djotodia; Patrice-Edouard Ngaissona; Levy Yakété; coronel Bishara; coronel Aba Tom; capitán Joackim Kokaté; Leopold Narcisse Baro; Armel Sayo Bedaya; Baba Laddé; capitán Gilbert Kamizulaye; Guere Poro; general Mango Lampetit; comandante “Rambo”; Richard Bejouane; coronel “12 puissance”; coronel Dieudonné; coronel Yussuf Hamed; y coronel Yahya.