Amnistía Internacional España

Imagen de una parte de Dagahaley, uno de los tres sectores que conforman el campamento de refugiados de Dadaab, en el noroeste de Kenia. © EPA/DAI KUROKAWA. La devolución de alrededor de 350.000 refugiados a Somalia constituirá un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Kenia en virtud del derecho internacional y pondrá en peligro la vida de centenares de miles de personas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.  
Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo, está situado en el noreste de Kenia. Se halla a unos 100 kilómetros de Garissa, donde 247 personas, 142 de ellas estudiantes, fueron asesinadas en la Universidad el 2 de abril, en un atentado del que el grupo islamista radical Al Shabaab se atribuyó la responsabilidad. La decisión de cerrar el campo se ha presentado como medida de seguridad motivada por ese atentado“.
El atentado de Garissa puso de relieve la necesidad de que el gobierno keniano garantice mejor la seguridad de su población. Pero no debe hacerlo poniendo en peligro a personas que Kenia tiene el deber de proteger”, ha señalado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
El 11 de abril, el vicepresidente William Ruto dijo que el gobierno había comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  que tenía que cerrar el campo de refugiados de Dadaab en el plazo de tres meses y devolver a las personas residentes en él a Somalia, porque, si no, lo haría la propia Kenia.
El gobierno de Somalia no tiene el control efectivo en muchas partes del sur y el centro del país. La violencia y la inseguridad siguen siendo generalizadas, y la población sufre a menudo ataques directos e indiscriminados. Si se envía a los refugiados de regreso a esas zonas, estarán expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos, como violación y homicidio, así como extorsión. No en todas las circunstancias se sabe bien quién es el responsable de los ataques contra civiles,  pero se cree que los cometen todas las partes en el conflicto.
De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen prohibido devolver a personas a lugares donde corran riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Esta norma se conoce como principio de no devolución (non-refoulement). Kenia es parte en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana sobre los Refugiados en África. Además, en virtud también de la Ley de Refugiados de 2006 de Kenia, los refugiados están protegidos contra la devolución a países donde su seguridad no esté garantizada y puedan sufrir persecución.
El anuncio del vicepresidente tiene como fondo una situación de hostigamiento constante de los servicios de seguridad kenianos a los refugiados de Somalia y de otros países. El año pasado, la comunidad somalí sirvió de chivo expiatorio, cuando muchos de sus miembros sufrieron violaciones de derechos humanos durante la operación de seguridad “Usalama Watch”, iniciada en abril de 2014, tras dos atentados anónimos cometidos el mes anterior.
Millares de personas fueron detenidas, sometidas a hostigamiento o malos tratos, extorsionadas o confinadas en los campos de refugiados. Centenares fueron devueltas a Somalia. Amnistía Internacional no sabe de un solo somalí detenido durante la operación que fuera acusado formalmente de delitos de terrorismo.
No es la primera vez que se habla de devolver a los refugiados a Somalia. En noviembre de 2013 se firmó un acuerdo tripartido, entre los gobiernos de Kenia y Somalia y el ACNUR, en el que se establecía un marco para el retorno voluntario de refugiados somalíes. La fase de prueba comenzó en diciembre de 2014.
Para que los retornos de refugiados sean legales, han de ser verdaderamente voluntarios, es decir decididos sin presiones indebidas y con garantías de seguridad y dignidad para los retornados. Amnistía Internacional ha determinado que el hostigamiento y los malos tratos a que someten los servicios de seguridad kenianos a los refugiados somalíes han llevado a muchos de ellos a considerar la posibilidad de regresar a Somalia. Cuando se siente que no queda más remedio que regresar, la decisión no es voluntaria, y el retorno puede constituir devolución forzada.
Amnistía Internacional insta al gobierno keniano a cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional y garantizar protección a los refugiados y solicitantes de asilo somalíes en Dadaab y en el resto del país, como tan generosamente lleva haciendo desde hace decenios.  
Información complementaria
El campo de refugiados de Dadaab se estableció en 1991 y acoge a más de 350.000 refugiados y solicitantes de asilo, en su mayoría de Somalia, pero también de Etiopía, Sudán, la República Democrática del Congo, Eritrea, Sudán del Sur y Burundi, entre otros países.
Para más información y material de Amnistía Internacional sobre la situación de los refugiados somalíes en Kenia, véase:
Somalis are scapegoats in Kenya’s counter-terror crackdown, 27 de mayo de 2014: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR52/003/2014/en/.
No Place Like Home: returns and relocations of Somalia’s displaced, 19 de febrero de 2014: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR52/001/2014/en/.
Kenya’s decision to confine refugees and asylum-seekers in camps is unlawful, 20 de diciembre de 2012: https://www.amnesty.org/articles/news/2012/12/outrage-kenya-confines-refugees-and-asylum-seekers-camps/.
#IDefineMe (exposición donde se examinan la identidad y las experiencias de los refugiados somalíes en Kenia): https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/03/i-define-me/.


La periodista china, Gao Yu © AFP PHOTO/MIKE CLARKE (Photo credit should read MIKE CLARKE/AFP/Getty Images) La condena de siete años de prisión que un tribunal chino ha impuesto a la respetada periodista Gao Yu es una afrenta a la justicia y un atentado a la libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Gao Yu, de 71 años, ha sido declarada culpable por un tribunal de Pekín del cargo falso de “revelar secretos de Estado”. Su juicio se celebró en noviembre a puerta cerrada. Su abogado ha dicho que va a apelar contra la condena.
“Esta deplorable condena impuesta a Gao Yu no es más que pura persecución política de las autoridades chinas. La periodista es víctima de un legislación arbitraria e imprecisa sobre el secreto de Estado, que se utiliza contra los activistas en el marco del ataque de las autoridades a la libertad de expresión”, ha señalado William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

“Gao Yu es presa de conciencia, encarcelada únicamente por cuestionar las opiniones del gobierno. Debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones.”

El gobierno no ha revelado ningún dato sobre el presunto “secreto de Estado” que se acusa a Gao Yu de haber revelado, aparte de que se trata de un “documento”. En general se piensa que es un informe ideológico interno del Partido Comunista, conocido como “Documento no. 9”.
En ese documento, la libertad de prensa y “valores universales” como la libertad, la democracia y los derechos humanos son objeto de duros ataques. 
“El documento del que se acusa a Gao Yu de filtrar no puede clasificarse razonablemente como secreto de Estado legítimo –ha añadido William Nee–. Para enorme vergüenza de las autoridades, Gao Yu ha puesto en evidencia la absoluta hostilidad del Partido Comunista hacia los derechos humanos, y es por ello que se la castiga severamente.”
"La agresión a los derechos humanos manifiesta en el Documento no. 9 no es más que un plan de acción del gobierno chino. Es una de las peores campañas de represión emprendida contra los activistas de los derechos humanos en más de un decenio."
El juicio injusto de Gao Yu estuvo plagado de irregularidades reiteradas, como la negación al principio del acceso a un abogado.
En mayo del año pasado, la cadena estatal de televisión CCTV emitió una “confesión” de Gao Yu. Sin embargo, sus abogados afirman que fue una declaración conseguida ilegalmente, pues las autoridades habían detenido también a su hijo y ella se sentía amenazada y bajo intensa presión psicológica en ese momento. Tampoco sabía que la confesión iba a televisarse.
“La “confesión” televisada de Gao Yu no prueba nada, y sólo pone de relieve el hecho de que tenía muy pocas probabilidades de ser sometida a un juicio justo”, ha afirmado William Nee.


Activistas paquistaníes muestran pancartas durante una protesta con motivo del Día contra la pena de muerte, el pasado octubre en Islamabad. © AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images. La decisión del Tribunal Supremo de Pakistán de suspender condenas de muerte impuestas por tribunales militares representa un importante reconocimiento de las serias dudas que se plantean acerca de la legalidad del nuevo sistema de tribunales militares del país, ha manifestado Amnistía Internacional.
El Tribunal Supremo ha suspendido hoy varias condenas de muerte impuestas por tribunales militares, tras haber impugnado el Colegio de Abogados del Tribunal Supremo una reforma constitucional aprobada en enero, que aceleraba la vista de las causas por delitos de terrorismo y las trasladaba de los tribunales civiles a los militares.
Hay más de 8.000 personas condenadas a muerte en Pakistán. Desde que se suprimió la suspensión de las ejecuciones de civiles en diciembre, han sido ejecutadas al menos 76 personas.
“Este fallo del Tribunal Supremo es un paso en la buena dirección, que indica que había algo muy equivocado en el apresuramiento implacable del gobierno por ejecutar a los condenados a muerte, observable desde diciembre del año pasado”, ha explicado David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
Hay graves deficiencias en el sistema judicial paquistaní en todos los niveles. Se recurre a menudo a la tortura para obtener ‘confesiones’, y los acusados suelen carecer de acceso a un abogado. El uso de tribunales militares para ver causas de pena de muerte es especialmente preocupante, pues, con el apresuramiento por dictar sentencias condenatorias rápidas en los casos de terrorismo, pueden violarse derechos.”
“No deben utilizarse tribunales militares para juzgar a civiles en ninguna circunstancia. No hay excusa para sacrificar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad nacional.”
No se permitirá a los tribunales militares ver causas por terrorismo, en las que puede imponerse la pena de muerte, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie en firme sobre la legalidad de estos tribunales, si bien no se sabe cuándo lo hará. 
“La decision de hoy brinda a las autoridades de Pakistán la oportunidad de cambiar el curso de la pena de muerte –ha añadido David Griffiths–. La suspensión de las condenas de muerte impuestas por tribunales militares no es suficiente. Millares de vidas corren peligro mientras el gobierno no imponga una suspensión de todas las ejecuciones con miras a abolir por completo la pena de muerte.
A fecha de hoy hay 140 países abolicionistas en su legislación o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, la culpabilidad o inocencia de la persona y el método de ejecución.


Adrián Váquez junto a su mujer, Olga Judith Luna, en la prisión de “El Hongo”, en el Estado de Baja California, durante una visita de Amnistía Internacional. © AI. Tres agentes de policía han sido acusados formalmente de tortura en el estado norteño de Baja California tras una campaña incesante que la víctima, Adrián Vázquez Lagunes, su familia y su abogado han llevado a cabo, con el apoyo de Amnistía Internacional. Es la primera vez que se presentan cargos por tortura en este estado, notorio por las denuncias de tal práctica.
Tras su detención, en 2012, Adrián Vázquez Lagunes fue amenazado, golpeado y sometido a asfixia durante 12 horas bajo custodia estatal. La Procuraduría General de la República lo acusó después de portar armas ilegalmente y de ser un conocido narcotraficante, a la vez que hacía caso omiso de sus denuncias de detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas. Continúa privado de libertad mientras se celebra su juicio, a pesar de que las únicas pruebas pertinentes contra él son las que colocó, presuntamente, la policía para incriminarlo.
“Es un momento histórico para la justicia en Baja California, pero hay aún un largo camino que recorrer –ha señalado Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación  para América de Amnistía Internacional–. Las autoridades mexicanas deben retirar todos los cargos contra Adrián Vázquez y dejarlo en libertad de inmediato. Al mismo tiempo, las autoridades tienen que continuar con sus investigaciones sobre este terrible caso, poner a todos los responsables a disposición judicial y garantizar que nunca vuelva a suceder esto.”  
“La detención e imputación de Adrián Vázquez es un ejemplo más de cómo las autoridades mexicanas pisotean la justicia en sus prisas por acometer la denominada ‘guerra contra las drogas’ del país. La policía y las fuerzas de seguridad siguen utilizando la tortura y otros malos tratos contra presuntos delincuentes para intentar que se abran procesamientos apresuradamente, y al hacerlo violan ellas mismas el derecho internacional. Esta situación no puede continuar”.  
Presentar cargos por tortura contra autoridades es algo sumamente inusitado en México. En el ámbito federal sólo se han dictado siete sentencias condenatorias por tortura desde 1991, cuando se tipificó la tortura como delito en el país.
Tras su detención y ya bajo custodia de la Procuraduría General de la República, Adrián Vázquez fue examinado por un médico de oficio, quien determinó que las lesiones que había sufrido bajo custodia policial  no ponían en peligro su vida y se curarían en 15 días. Tras este examen, Adrián sufrió un colapso y fue trasladado de urgencia al hospital, donde lo intervinieron quirúrgicamente para salvarle la vida. En el informe hospitalario se identificaron múltiples lesiones causadas por golpes, entre ellas lesiones de pulmón y vejiga y trauma abdominal.
Las autoridades tardaron dos años en practicar a Adrián exámenes médico-forenses, y el consiguiente informe pericial no cumplió las normas internacionales básicas, como las establecidas en el Protocolo de Estambul. Esto es un problema generalizado en México. Amnistía Internacional pide a las autoridades que tomen medidas efectivas para garantizar que todas las víctimas de tortura tienen acceso a exámenes médico-forenses adecuados.
“México debe garantizar que los peritos forenses oficiales son independientes del ministerio público  y que todas las víctimas de tortura tienen acceso oportuno a exámenes médico-forenses adecuados –ha añadido Carolina Jiménez–. Asimismo, en los procesos penales deben admitirse totalmente los exámenes forenses realizados por peritos independientes si cumplen el Protocolo de Estambul."


Las protestas contra la represión por parte del gobierno continúan en Bahrein © Demotix Un nuevo informe de Amnistía Internacional detalla los abusos generalizados contra activistas pacíficos y críticos del gobierno que continúan produciéndose en Bahréin cuatro años después de los levantamientos que conmocionaron el reino del Golfo en 2011, y que incluyen tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
El informe, titulado Behind the Rhetoric: Human rights abuses in Bahrain continue unabated (Detrás de las palabras: los abusos contra los derechos humanos en Bahréin no cesan) demuestra que las autoridades no han llevado a cabo reformas cruciales para terminar con la represión, a pesar de asegurar una y otra vez a sus aliados occidentales que están realmente comprometidas con los derechos humanos. El documento se publica en vísperas de la celebración en Bahréin del Gran Premio de Fórmula 1, que este fin de semana convocará la atención mundial.
“Cuando este fin de semana los ojos del mundo estén puestos en Bahréin durante el Gran Premio, pocas personas se darán cuenta de que la imagen internacional que las autoridades han intentado dar del país como un Estado reformador, progresista y comprometido con los derechos humanos, enmascara una verdad mucho más siniestra”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“A cuatro años del levantamiento, la represión es generalizada y continúan los abusos galopantes a manos de las fuerzas de seguridad".

"Las autoridades de Bahréin deben demostrar que las promesas de reforma que han hecho son más que mera palabrería.”
En los últimos años, las autoridades han seguido afirmando su poder a través de una terrible represión de la disidencia, y en todo el país los activistas pacíficos y los críticos del gobiernos siguen siendo detenidos y encarcelados.
Desde hace casi dos años está prohibida cualquier manifestación pública en la capital, Manama, y las que se producen fuera de esta ciudad suelen ser dispersadas por las fuerzas de seguridad, a menudo con lanzamiento de gas lacrimógeno y disparos de perdigones, con los consiguientes casos de graves lesiones o muertes.
Un muchacho de 17 años dijo a Amnistía Internacional que en diciembre de 2014 el impacto de un bote de gas lacrimógeno le desgarró el lado derecho del rostro y le rompió la mandíbula en una persecución de las fuerzas de seguridad que disolvían una marcha en la que el joven participaba. Según contaba, el agente que lo detuvo le puso el pie en la cabeza, diciéndole: “Hoy te mato”.
Los agentes que lo llevaron al hospital se burlaron de él y lo dejando aullando de dolor durante aproximadamente media hora, después de lo cual se desmayó. Posteriormente quedó en libertad sin cargos, aunque posteriormente volvió a ser detenido durante una redada policial.
Otros manifestantes detenidos describen brutales palizas, torturas y amenazas para obligarlos a “confesar”. Uno afirmó que lo habían golpeado con la oreja de un martillo en varias partes de su cuerpo.
Los presos preventivos también suelen ser torturados para conseguir “confesiones”. En el informe se destacan decenas de casos de detenidos brutalmente golpeados, privados de sueño y de alimentación adecuada, quemados con cigarrillos, agredidos sexualmente, sometidos a descargas eléctricas en zonas como los genitales, y quemados con planchas. Uno fue violado introduciéndole un tubo de plástico en el ano.
“La gran cantidad de testimonios de tortura y violencia que ofrece el informe demuestran que poco ha cambiado desde 2011. La brutalidad sigue siendo la característica distintiva de las fuerzas de seguridad de Bahréin”, ha dicho Said Boumedouha.

“Las autoridades deben tomar medidas para eliminar años de arraigada impunidad a fin de poner fin a la espiral de abusos de Bahréin.”

A pesar de una serie de reformas legales y de la creación de nuevas instituciones nacionales de derechos humanos en aplicación de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, creada para investigar la dura represión gubernamental de las protestas de 2011, la mayoría de estas medidas han tenido poco efecto en la práctica.
Con arreglo a las recomendaciones de la Comisión, se han creado nuevas instituciones de supervisión, como el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Unidad de Investigación Especial, para investigar las violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ninguna de ellas tiene la suficiente independencia, imparcialidad ni transparencia. Las reformas jurídicas introducidas para levantar las restricciones sobre la libertad de expresión, asociación y reunión han ido paralelas a actuaciones para reforzar y mantener leyes represivas.
“Las esperanzas de que la Comisión Independiente de Investigación genere un verdadero cambio se han esfumado. Las autoridades deben dejar de aparentar que han aprendido algo de sus antiguos errores y tomar medidas de inmediato para garantizar que aplican reformas significativas y ajustadas a sus obligaciones en materia de derechos humanos”, ha dicho Said Boumedouha.
A los activistas y líderes políticos que han sido detenidos se les suelen imputar amplios cargos relacionados con la seguridad nacional, tales como “incitar al odio contra el gobierno” o “amenazar con derrocar al gobierno”. El líder del principal grupo de oposición, Al Wefaq, está siendo juzgado por cargos de este tipo. Otras personas han sido detenidas en virtud de leyes que prohíben insultar o faltar al respeto a dirigentes estatales, funcionarios e instituciones, banderas y símbolos militares o estatales. Entre las personas detenidas o condenadas a penas de prisión por el mero hecho de publicar comentarios en Twitter o, en un caso, leer un poema en una fiesta religiosa, figuran destacados activistas como Nabeel Rajab y Zainab al-Khawaja.
También se han introducido leyes que restringen la libertad de las asociaciones políticas y permiten a las autoridades suspenderlas o clausurarlas, así como participar en sus reuniones con representantes de organizaciones o gobiernos extranjeros.
“La idea de que Bahréin respeta la libertad de expresión es pura ficción". "¿Dónde está la libertad en un país en el que activistas pacíficos, disidentes y dirigentes de la oposición son detenidos arbitrariamente una y otra vez por el mero hecho de tuitear sus opiniones y donde leer un poema puede llevarte a la cárcel? Las autoridades deben poner en libertad a toda persona detenida únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Said Boumedouha.
A pesar de afirmar que las ONG pueden funcionar libremente en Bahréin, las autoridades tienen amplias competencias para interferir en su actividad. Los defensores de los derechos humanos suelen ser intimidados y hostigados, y un proyecto de ley sobre las ONG amenaza con restringir aún más sus libertades. 
El acceso al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los periodistas extranjeros también se ha reducido en los últimos años, en lo que parece un esfuerzo concertado para limitar el escrutinio del expediente de derechos humanos de Bahréin.
Las autoridades también han intentado reforzar las leyes antiterroristas frente al aumento de la violencia contra las fuerzas de seguridad, y han ampliado sus competencias para privar de la nacionalidad bahreiní a cualquier persona considerada opositora del gobierno. El incumplimiento de las promesas del gobierno ha provocado un incremento de la tensión en Bahréin, con protestas, brotes reiterados de violencia callejera y un aumento de las agresiones contra agentes de policía.
“Responder a las amenazas contra la seguridad con un control aún más férreo del poder no hará más que avivar las tensiones y agravar los abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Said Boumedouha.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, en particular a los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y la UE, que presione a Bahréin para que mejore su expediente de derechos humanos.
“El gobierno de Bahréin debe reconocer que no puede seguir contando con el apoyo de sus aliados si continúa incumpliendo sus más básicas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las autoridades deben llevar a cabo rápidamente una verdadera reforma de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de las violaciones cometidas en el pasado”, ha dicho Said Boumedouha.


Un joven rescatado se lava con una botella de agua en el puerto de Augusta, en Sicilia © Giles Clarke / Getty Images Reportage

  • Casi 10.000 personas han sido rescatadas desde el fin de semana, según el servicio de guardacostas italiano
  • Los gobiernos europeos no han abordado la crisis humanitaria
  • Amnistía Internacional publicará un nuevo informe sobre el tema a finales de este mes

La constante negligencia de los gobiernos europeos respecto a la crisis humanitaria en el Mediterráneo ha contribuido a que, desde que comenzó 2015, el número de muertes de personas migrantes y refugiadas se haya multiplicado por más de 50. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, ante el temor de que hasta 400 personas más hayan muerto entre misiones de rescate ante la costa de Libia en los últimos días.
La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha manifestado hoy su “profunda conmoción” por el hecho de que esta última tragedia podría hacer ascender a casi 900 la cifra de personas muertas desde el 1 de enero de 2015, frente a las 17 fallecidas durante el mismo periodo de 2014. Se trata de un aumento de casi 53 veces en el número de muertes de personas migrantes y refugiadas.
El 28 de abril, Amnistía Internacional publicará un nuevo informe que ofrece un análisis en profundidad de la actual crisis, e incluye testimonios directos de supervivientes de naufragios ocurridos durante los tres primeros meses de 2015. El informe detalla hasta qué punto las actuales operaciones de búsqueda y rescate distan de aportar lo que se necesita para abordar la crisis humanitaria en el Mediterráneo central.
“¿Cuántas personas más tienen que morir para que los gobiernos europeos reconozcan que, para las operaciones de búsqueda y rescate, no se puede depender de unos recursos hechos a retazos?”, ha manifestado Gauri Van Gulik, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Miles de migrantes y refugiados desesperados siguen emprendiendo la travesía marítima más peligrosa del mundo, y cientos han muerto ya este año, en lo que supone un incremento masivo respecto al mismo periodo de 2014.”
Todos los datos señalan un incremento constante en el número de personas migrantes y refugiadas que emprenden este viaje a medida que el tiempo mejora, que la violencia y la persecución continúan en países como Siria y Eritrea, y que la inestabilidad persiste en Libia, punto de partida de la mayoría de los viajes de tráfico de personas a través del Mediterráneo.
En la más reciente de la cadena de tragedias, el servicio de guardacostas italiano dijo a Amnistía Internacional que, desde el sábado 11 de abril, había rescatado a un total de casi 10.000 personas al responder a decenas de llamadas diferentes de socorro. El domingo 12 de abril, los guardacostas italianos recuperaron nueve cadáveres de una embarcación de madera que había volcado, y las labores de búsqueda continúan, pues se teme que hayan desaparecido cientos de personas más que viajaban en esa embarcación.
Al igual que en otras operaciones recientes de búsqueda y rescate, los guardacostas italianos tuvieron que depender de la asistencia sobre la marcha de una combinación de navíos de la operación “Tritón” (operación de la Unión Europea para el control de fronteras) y buques mercantes que estaban en las cercanías.
Europa ha reducido su capacidad de búsqueda y rescate basándose en el argumento fallido de que esas operaciones tenían un ‘efecto llamada’ que atraía a más migrantes. Pero la realidad en el Mediterráneo está poniendo de manifiesto esa falsedad, ya que el número de personas desesperadas que intentan llegar a Europa no hace más que aumentar”, ha manifestado Gauri Van Gulik.
“Los dirigentes en Londres, París, Berlín y otras capitales europeas deben admitir que la estrategia actual no está funcionando, y deben apoyar con todas sus fuerzas una operación sólida y concertada en el Mediterráneo, dotada de al menos los mismos recursos que la operación italiana Mare Nostrum cancelada el año pasado.”
Amnistía Internacional España tiene en marcha una ciberacción para exigir al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que utilice su influencia para que la UE:

  • refuerce las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo y el Egeo;
  • abra rutas legales y seguras para evitar que las personas que huyen del conflicto y persecución se vean obligadas a realizar viajes peligrosos;
  • y deje de cooperar con países que violan derechos humanos, para que estos países restrinjan los flujos migratorios hacia la Unión Europea.

Miembros de la comunidad de El Calabozo participan en un acto en memoria del asesinato de 200 personas desarmadas de esta localidad por parte de tropas salvadoreñas en 1982. © Guillermo Martínez. La deportación de un ex general acusado de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el conflicto armado interno de El Salvador debe servir de oportunidad al Estado salvadoreño para cumplir con su obligación de investigar los casos de violaciones graves de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado.
El general Eugenio Vides Casanova, director general de la Guardia Nacional de El Salvador entre 1979 y 1983, fecha en que se convirtió en ministro de Defensa (ocupó este cargo hasta 1989), fue deportado de Estados Unidos a El Salvador después de que un juez de inmigración de Florida resolviera en febrero de 2012 que debía ser devuelto a El Salvador por su participación en las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno del país (1980-1992). 
Sin embargo, la Ley de Amnistía de 1993 (Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz), que al día de hoy continúa vigente, niega el acceso a la justicia a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 12 años de conflicto armado (1980-1992), en los que murieron más de 75.000 personas. 
A pesar de la existencia de esta ley,  en el año 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dictó una sentencia en la que declaraba que la Ley de Amnistía no es aplicable en los casos de protección y defensa de derechos fundamentales. Además, de acuerdo al Procurador para la Defensa de los Derechos Humano de El Salvador, el incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha sido uno de los factores que han permitido la impunidad sufrida por las víctimas.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de El Salvador garantizar que la Ley de Amnistía no constituyera un obstáculo para la investigación, determinación, enjuiciamiento y eventual sanción de los sospechosos de ser penalmente responsables.
La Ley de Amnistía de El Salvador no está en conformidad con el derecho internacional, y constituye una afrenta a las miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias. Ya es hora de derogarla y permitir que todos los casos de tortura, violación, homicidio y desaparición forzada que se cometieron durante el conflicto de la década de 1980 sean investigados, y que todos los sospechosos de ser penalmente responsables comparezcan ante la justicia.


© Documentation of CIMW La ejecución hoy de una mujer indonesia aquejada presuntamente de una enfermedad mental no es más que el último de los homicidios patrocinados por el Estado de Arabia Saudí, que han acusado recientemente un macabro y repentino aumento, ha declarado Amnistía Internacional.
Los medios de comunicación estatales de Arabia Saudí informaron de la ejecución esta mañana en Medina de Siti Zainab Binti Duhri Rupa, condenada a muerte en 1999 tras “confesar” bajo custodia policial haber matado a una mujer que supuestamente la había maltratado tras contratarla como trabajadora doméstica el año anterior.
Las autoridades han esperado más de 15 años, hasta que el más joven de los hijos de la víctima ha alcanzado la edad adulta para decidir si la familia quería perdonar a Siti Zainab o pedir su ejecución en virtud del qisas (castigo equivalente al delito cometido).
“Imponer la pena de muerte a una persona presuntamente aquejada de una enfermedad mental y ejecutarla parece una falta básica de humanidad. Esta práctica ha sido ampliamente condenada en la escena mundial y Arabia Saudí debe aprovechar esta ocasión para reconsiderar su postura sobre la pena de muerte”, afirmó Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Una resolución de la ONU pide a los Estados que no ejecuten ni impongan la pena de muerte a ninguna persona que sufra cualquier tipo de trastorno mental.
Fuentes de Indonesia afirman que en noviembre de 1999 Siti Zainab reconoció haber apuñalado 18 veces a su empleadora por sus presuntos “malos tratos”. Antes de su detención, había enviado dos cartas en las que decía que su empleadora y el hijo de ésta habían sido crueles con ella.
Según informes, Siti Zainab hizo esta “confesión” durante el interrogatorio policial y posteriormente fue condenada a muerte.
Siti Zainab no tuvo representación legal en ninguna fase de las actuaciones ni acceso a un representante consular durante el interrogatorio a cargo de la policía, cuando hizo su “confesión”. Los informes indican que la policía sospechaba que sufría una enfermedad mental cuando fue interrogada.
El gobierno indonesio ha emitido una declaración de protesta ante las autoridades saudíes por no notificar la ejecución al gobierno ni a la familia de Siti Zainab antes de que se llevara a cabo.
En el informe mundial de 2014 de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte publicado a principios de mes, Arabia Saudí figuraba, una vez más, entre los cinco primeros países que realizan ejecuciones. En lo que va de año, Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 60 personas, la mayoría de ellas por decapitación. En 2014 realizó en total 90 ejecuciones.
“Sea cual sea el erróneo propósito que subyace en el estremecedor aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí en lo que va de año, debe suscitar la condena internacional. Las autoridades del reino saudí deben poner fin a esta ola de ejecuciones y establecer una moratoria oficial al uso de la pena de muerte”, concluyó Philip Luther.


Las activistas chinas a favor de los derechos de las mujeres (empezando por la izquierda) Wu Rongrong, Wei Tingting, Li Tingting, Wang Man and Zheng Churan. @ Private. El gobierno chino debe retirar todos los cargos presentados contra cada una de las cinco activistas que salieron en libertad bajo fianza a última hora del lunes; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Las cinco mujeres –Wei Tingting, Wang Man, Wu Rongrong, Li Tingting y Zheng Churan– fueron detenidas y puestas bajo custodia el pasado 7 de marzo por planear conmemorar el Día Internacional de la Mujer lanzando una campaña contra el acoso sexual.
“La decisión de liberar a las cinco mujeres es valiente y supone un avance", ha dicho William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.
Las autoridades no deben quedarse ahí, sino retirar todos los cargos formulados contra las mujeres y las restricciones que les han impuesto."
Las cinco jóvenes activistas pertenecen al Grupo de Acción de China en Favor de los Derechos de las Mujeres. Habían elaborado pegatinas con el lema "Stop al acoso sexual, mantengámonos seguras" y "¡Policías, detengan a los acosadores sexuales!", que tenían previsto repartir el Día Internacional de la Mujer.
La policía había detenido a las cinco por el cargo de “provocar peleas y crear problemas”, que conlleva una pena máxima de cinco años de cárcel. Más tarde recomendó a la fiscalía que lo cambiara por el de "alterar el orden público en un lugar público", delito potencialmente menor.
Según el derecho chino, los acusados que quedan en libertad "bajo fianza en espera de juicio" pueden ver retirados los cargos en su contra si no vuelven a cometer infracciones de la ley, pero es habitual que queden sometidos a estrecha vigilancia.
“Las personas que actúan en defensa de los derechos de las mujeres deberían tener libertad para promover los derechos humanos sin miedo a sufrir intimidación y la amenaza de ser detenidas", ha dicho William Nee.
“Sin embargo, la realidad actual es que se vigila, acosa y reprime sistemáticamente a los activistas de los derechos humanos."


La imagen superior, tomada el 3 de marzo de 2015, muestra el barrio de Bama, densamente poblado. La inferior, tomada el 17 del mismo mes, muestra cómo ha sido destruido. © Amnesty International / DigitalGlobe Al menos 2.000 mujeres y niñas han sido secuestradas por Boko Haram desde el comienzo de 2014, y muchas han sido forzadas a la esclavitud sexual y entrenadas para luchar, ha dicho Amnistía Internacional en el primer aniversario del secuestro de las niñas de la escuela de Chibok.
Basándose en las declaraciones de casi 200 testigos, 28 de ellos mujeres y niñas secuestradas que lograron escapar, el informe, de 90 páginas, titulado Our job is to shoot, slaughter and kill’: Boko Haram’s reign of terror, (Nuestra labor es disparar, asesinar y matar: el reinado del terror de Boko Haram) documenta los múltiples crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados por Boko Haram, incluido el homicidio de al menos 5.500 civiles, mientras el grupo armado arrasaba el nordeste de Nigeria durante 2014 y comienzos de 2015.
El informe de Amnistía Internacional arroja nueva luz sobre los brutales métodos empleados por el grupo armado en el nordeste de Nigeria, donde hombres y niños son reclutados con regularidad o ejecutados sistemáticamente y donde a las mujeres y las niñas se las secuestra, encarcela y, en ocasiones, se las viola, se las obliga a contraer matrimonio y se las hace participar en ataques armados, a veces contra sus propias ciudades y pueblos.

“Los indicios que presenta este espeluznante informe, un año después del terrible secuestro de las niñas de Chibok, ponen de manifiesto la magnitud y la depravación de los métodos de Boko Haram”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Hombres, mujeres, niños y niñas, cristianos y musulmanes han sido víctimas de homicidio, secuestro y brutalidades a manos de Boko Haram durante un reinado del terror que ha afectado a millones de personas. Los recientes éxitos del ejército podrían ser el principio del fin de Boko Haram, pero aún queda mucho por hacer para proteger a la población civil, resolver la crisis humanitaria y comenzar el proceso de curación.”
En el informe hay pruebas gráficas, incluidas nuevas imágenes de satélite, de la magnitud de la devastación que Boko Haram ha dejado a su paso.
Secuestros

Las 276 escolares secuestradas en Chibok fueron objeto de la atención internacional con ayuda de la campaña #BringBackOurGirls (Devuelvan a nuestras niñas). Pero las escolares desaparecidas son sólo una fracción de las mujeres, niñas, hombres jóvenes y niños secuestrados por Boko Haram.
Boko Haram se llevaba a las mujeres y niñas que secuestraba directamente a campos situados en comunidades remotas o a campos de tránsito improvisados, como el creado en la cárcel de Ngoshe. Desde estos campos de tránsito, las trasladaban a viviendas de ciudades y pueblos y las adoctrinaban con su versión del islam, preparándolas para el matrimonio.
Aisha, de 19 años, relató a Amnistía Internacional cómo la secuestraron en la boda de una amiga en septiembre de 2014 junto con su hermana, la novia y la hermana de la novia. Boko Haram se las llevó a un campo situado en Gullak, en el estado de Adamawa, donde vivían aproximadamente un centenar de niñas secuestradas. Una semana después, el grupo obligó a la novia y a su hermana a casarse con combatientes. Además, entrenaron para el combate a Aisha y al resto de las mujeres y las niñas.
Enseñaban a las niñas a disparar armas. A mí me enseñaron también a utilizar explosivos y atacar pueblos”, contó Aisha a Amnistía Internacional”. “Nos entrenaron durante las tres semanas siguientes a nuestra llegada y luego comenzaron a enviar a algunas a realizar acciones de combate. Yo fui a una contra mi propio pueblo.”
Aisha contó que durante los tres meses que estuvo cautiva la violaron reiteradamente, en ocasiones grupos de hasta seis combatientes. También presenció el asesinato de más de 50 personas –incluida su propia hermana- por miembros de Boko Haram. “Algunas se negaron a convertirse. Otras se negaron a aprender a matar. Las enterraban en una fosa común entre la maleza. Sencillamente arrojaban los cadáveres en una fosa grande, pero no muy profunda. Yo no vi la fosa, pero hasta nosotras llegaba el olor de los cuerpos en descomposición”.
Homicidios masivos

Desde comienzos de 2014, Amnistía Internacional ha documentado al menos 300 incursiones y ataques de Boko Haram contra la población civil. Cuando atacaban las ciudades, el grupo se dirigía sistemáticamente primero contra el ejército o la policía, haciéndose con armas y munición, y luego contra la población civil. Disparaban a quien intentaba escapar, cercando y ejecutando a los hombres en edad de combatir.
A Ahmed y Alhaji, de 20 y 18 años, los sentaron junto con otros hombres en espera de ser degollados tras la toma de Madagali por Boko Haram, el 14 de diciembre de 2014. Ahmed contó a Amnistía Internacional que, aunque su instinto le decía que echara a correr, no pudo hacerlo. “Los mataban con cuchillos. Eran dos hombres […] Todos estábamos sentados en el suelo esperando nuestro turno.” Alhaji sólo pudo escapar cuando la cuchilla del verdugo de Boko Haram perdió filo y no pudo seguir degollando. “Vi cómo mataban a 27 antes de llegar a mi grupo. Yo los contaba porque quería saber cuándo me tocaría a mí”. Según dijo, ese día en Madagali ejecutaron al menos a 100 hombres que se habían negado a unirse a Boko Haram.
En Gwoza, Boko Haram mató al menos a 600 personas durante el ataque del 6 de agosto de 2014. Según contaron testigos del ataque a Amnistía Internacional, los atacantes perseguían a todo el que intentaba escapar. “Iban en moto a las zonas circundantes, a cada esquina, y disparaban. Sólo disparaban contra los hombres”.
Miles de personas huyeron a las montañas de los alrededores, donde los combatientes de Boko Haram las persiguieron y las obligaron a salir de las cuevas donde se escondían arrojándoles botes de gas lacrimógeno. Luego secuestraron a las mujeres y mataron a los hombres.
Incendios y saqueos: nuevas imágenes de satélite de la destrucción de Bama

Las imágenes de satélite encargadas por Amnistía Internacional han permitido a la organización documentar la magnitud de la devastación causada por Boko Haram.
En el informe hay nuevas imágenes del antes y después de la localidad de Bama en las que se ve que los combatientes de Boko Haram, en su retirada ante el ejército de Nigeria cuando éste recobró el control de la localidad, en marzo de 2015, habían dañado o destruido al menos 5.900 estructuras, aproximadamente el 70 por ciento de la ciudad, entre ellas el hospital.
Testigos entrevistados por Amnistía Internacional recuerdan las calles de Bama cubiertas de cadáveres y los gritos de las personas que se quemaban vivas en los edificios. Una mujer contó: “El ejército llegó a los cuarteles [de Bama] y casi había tomado la ciudad, pero luego se retiró. Entonces los insurgentes comenzaron a matar gente y quemar viviendas”.
La vida con Boko Haram

El informe documenta el reinado del terror bajo el dominio de Boko Haram. Poco después de tomar una ciudad, el grupo armado reunía a la población para anunciarle las nuevas normas y restricciones de circulación, que afectaban especialmente a las mujeres. La mayoría de los hogares dependían de que los niños y niñas consiguieran comida o de la visita de miembros de Boko Haram para ofrecerles ayuda y repartir comida procedente de saqueos.
Boko Haram castigaba duramente el incumplimiento de sus normas. No asistir a las oraciones diarias se castigaba con la flagelación pública. Una mujer que pasó cinco meses bajo el control de Boko Haram en Gamborou dijo a Amnistía Internacional que había visto castigar a una mujer con 30 latigazos por vender ropa de niño y ejecutar a una pareja por adulterio.
Un muchacho de 15 años de Bama, que no había tenido que unirse a Boko Haram por sufrir una discapacidad, dijo a Amnistía Internacional que había presenciado 10 lapidaciones. “Las lapidaciones eran los viernes. Reunían a todos los niños y niñas y les pedían que tiraran las piedras. Yo participé en las lapidaciones […] Cavaban un agujero, los enterraban hasta el cuello y les apedreaban la cabeza. Cuando morían, dejaban las piedras hasta que el cuerpo se descomponía.”
El informe también pone de manifiesto las crecientes tensiones entre cristianos y musulmanes. Muchos cristianos entrevistados por Amnistía Internacional creen que los musulmanes han informado a Boko Haram sobre su paradero o no han compartido información sobre ataques inminentes, lo cual ha generado un clima de desconfianza en algunas comunidades que hasta entonces habían vivido juntas en armonía. Si bien Boko Haram ha destruido iglesias y matado a cristianos que se negaron a convertirse al islam, los musulmanes moderados también han sido víctimas de sus ataques.
Amnistía Internacional pide que Boko Haram deje de matar civiles y que el gobierno nigeriano tome todas las medidas legales posibles para garantizar la protección de la población civil y restaurar la seguridad en el nordeste del país. Asimismo, la comunidad internacional debe seguir ayudando al nuevo gobierno de Nigeria a abordar la amenaza que supone el grupo armado.
“El cambio de gobierno en Nigeria ofrece la oportunidad de dar un nuevo enfoque a la seguridad en Nigeria tras el lamentable fracaso de los últimos años”, ha dicho Salil Shetty.
“Las personas secuestradas deben ser rescatadas. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad deben ser investigados. Deben exhumarse los cadáveres de las fosas comunes e impedir que haya más homicidios, y los culpables de todo este inenarrable sufrimiento deben comparecer ante la justicia.”
La información sobre Boko Haram documentada por Amnistía Internacional debe ser estudiada por la Corte Penal Internacional como parte de su examen preliminar en curso sobre la situación en el nordeste de Nigeria.
Información complementaria

Amnistía Internacional ha planteado en diversas ocasiones que le preocupa que las fuerzas de seguridad no estén haciendo lo suficiente para proteger a la población civil de los abusos contra los derechos humanos perpetrados por Boko Haram. Ha habido muy pocas investigaciones y procesamientos reales de miembros de Boko Haram por crímenes de derecho internacional.
El informe se basa en 377 entrevistas, 189 de ellas con víctimas y testigos de ataques de Boko Haram; 22 con autoridades locales; 22 con fuentes militares y 102 con defensores de los derechos humanos. Son testimonios de mujeres, hombres y niños y niñas, tanto musulmanes como cristianos. Casi todas las personas entrevistadas pidieron permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, y por eso los nombres que aparecen en el informe son falsos.
Amnistía Internacional recogió estos testimonios en el curso de cuatro viajes de investigación realizados en 2014 y 2015 a los campos de Maiduguri para personas desplazadas internamente en el nordeste de Nigeria, y a un campo de refugiados del norte de Camerún. También se realizaron numerosas entrevistas telefónicas desde Londres..
Amnistía Internacional ha documentado 38 casos de secuestro a manos de Boko Haram. Ha reunido 77 testimonios sobre secuestros, entrevistando a 31 testigos y a 28 mujeres y niñas que fueron secuestradas por Boko Haram y lograron escapar.