Amnistía Internacional ha entregado hoy miércoles, 16 de mayo, cerca de 35.000 firmas que piden a los portavoces de los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 de la reforma sanitaria. La organización recuerda a los diputados y diputadas que no se puede llevar adelante una reforma de estas características, sin haberse evaluado los efectos que esta reforma pueda tener en el conjunto de la población y en especial en colectivos vulnerables. El Congreso votará esta reforma sanitaria el jueves, 17 de mayo.

Amnistía Internacional, ante el anuncio de la reforma sanitaria presentada por el Gobierno, mostró su preocupación por el retroceso de casi una década en el disfrute del derecho a la salud para un colectivo especialmente vulnerable, como es el de inmigrantes en situación irregular.

“Creemos que limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular  a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, vulnera el disfrute del derecho a la salud de este colectivo, pone incluso en riesgo su vida, y puede tener un grave impacto en miles de personas que sufran enfermedades crónicas“, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Para Amnistía Internacional, la reforma sanitaria también deja en una situación especialmente vulnerable a las mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de violencia de género. Al limitarse el acceso a la atención sanitaria, se cierra la principal vía de detección temprana de la violencia y de la identificación de víctimas.

“Para llevar adelante esta reforma, el Gobierno sólo ha presentado datos económicos. En ningún momento ha realizado un análisis transparente sobre el impacto que estas medidas podrían tener en colectivos especialmente vulnerables, algo a lo que está obligado desde que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”, señaló Esteban Beltrán.

Por ello, el pasado 27 de abril, Amnistía Internacional abrió una ciberacción dirigida a los portavoces de los Grupos parlamentarios pidiéndoles que no convalidasen el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no evaluase los efectos que esta reforma podría tener en el conjunto de la población y en especial en los colectivos vulnerables. Desde entonces, unas 35.000 personas han pedido que no se retroceda en el disfrute del derecho a la salud, y que el Ejecutivo tome las siguientes medidas, derivadas de sus obligaciones internacionales.

• Asegurar la no regresividad del acceso a la salud, garantizando el acceso a la salud para las personas migrantes en situación irregular.
• Actualizar y publicar datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos que permitan conocer la situación actual de la sanidad.
• Demostrar que cualquier medida se aplica tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas.
• Asegurar que ninguna medida que se adopte comprometa los elementos esenciales del derecho a la salud como la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad, tanto física como económica del mismo.
• Elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción de gasto público en salud podrían tener sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social.
• Establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de garantizar la participación en el diseño de cualquier reforma sanitaria.

También en este sentido, Amnistía Internacional junto a otras 19 organizaciones presentó el pasado 7 de mayo, sus preocupaciones en materia sanitaria ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), coincidiendo con la comparecencia del Estado español ante dicho Comité.

Madrid.- Amnistía Internacional cree que el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo es una cuestión de derechos humanos. La organización cree firmemente que denegar a personas individuales el derecho a casarse, basándose en el género de sus parejas viola el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho a casarse y formar una familia.

Con motivo del Día Internacional del la Familia (15 de mayo), Amnistía Internacional recuerda que el derecho a casarse y a fundar una familia está reconocido en el Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La posición de Amnistía Internacional es que los Estados deben proteger y garantizar este derecho y deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por causa de su orientación sexual y de su identidad de género. Una postura que también avaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Negar a las parejas del mismo sexo reconocimiento en pie de igualdad impide a muchas personas el disfrute de todos y cada uno de los derechos humanos, sin excepción. Además, con estas posturas, se estigmatizan tales relaciones y alimenta la discriminación y otros abusos en la comunidad, en las escuelas y en los hogares en contra de los derechos humanos de las minorías sexuales”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Reconocimiento internacional

En los últimos años ha habido un aumento de los países que están reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, igualando los derechos de cualquier tipo de familias.

Desde diferentes organismos de Naciones Unidas se ha incidido en la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En diciembre de 2012, se presentaba en Naciones Unidas el primer informe sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, donde se destacaba que “reconocer la igualdad de derechos de todas las personas no tiene por qué ser controvertido, ni implica la creación de nuevos derechos. Se trata de insistir en que todas las personas tienen derecho a disfrutar los ya existentes”.

Aunque Naciones Unidas o el Comité de Derechos Humanos no obliga a las Estados a regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí recuerdan que el no reconocimiento de parejas homosexuales y de sus familias puede implicar discriminación en asuntos tan básicos como derechos de pensión, de herencia, de tributación e incluso de disfrute de vivienda.

Varios países europeos ya han aceptado el matrimonio civil entre personas del mismo sexo: Países Bajos desde 2001, Bélgica en 2003, España en 2005, Suecia y Noruega en 2009, Portugal e Islandia en 2010. También en 2003, el Parlamento Europeo se posicionó a favor de la abolición de "todas las formas de discriminación legislativa o de facto, de las que todavía son víctimas los homosexuales, especialmente en lo que respecta al derecho a contraer matrimonio".

Otros países como Canadá (2005), Sudáfrica (2006) y Argentina (2010) reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México, dos estados lo admiten y Brasil ha equiparado los derechos de todas las uniones de hecho.

Sin embargo, hay situaciones especialmente preocupantes para Amnistía Internacional. Aunque en Estados Unidos, 9 Estados reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el presidente, Barack Obama, se ha pronunciado a favor de este tipo de uniones, hay 30 estados que lo prohíben expresamente. El último Carolina del Norte, que votó el pasado 8 de mayo a favor de incluir en su Constitución una enmienda que define el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, ilegalizando también los matrimonios homosexuales.

También en enero de 2012, Amnistía Internacional se dirigió a la Comisión Europea para que tomaran medidas ante los cambios legislativos (Ley de protección de la familia, diciembre 2011) realizados en Hungría, donde se establecía explícitamente “que el matrimonio sólo podía ser entre hombre y mujer”. Igualmente, la organización se dirigió al Gobierno de Nigeria, recordándole que con la propuesta de ley de 2011 que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, violaba la Constitución del país.

“Amnistía Internacional quiere recordar que el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo no es contrario a la normativa internacional, si no por el contrario un modo de garantizarla”, destacó Esteban Beltrán.

Recurso contra el matrimonio gay en España

En España, desde hace más de 6 años, la ley 13/2005 de 1 de julio que modificaba el Código Civil para reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre este recurso. Amnistía Internacional está pendiente de esta sentencia y de las consecuencias que cualquier resolución pudiera tener en los derechos de miles de familias.

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Madrid.- En el contexto del primer aniversario del movimiento 15M y ante los diferentes actos conmemorativos que están previstos desde mañana sábado en distintas ciudades españolas, Amnistía Internacional recuerda que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de toda persona a participar en reuniones lícitas y pacíficas, por lo que hace un llamamiento a las distintas autoridades públicas para asegurar el libre ejercicio del derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión.  

El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública, entre otras. Amnistía Internacional no cuestiona el derecho de las autoridades españolas a actuar con arreglo a la ley para imponer tales restricciones, “pero debe garantizarse que dichas restricciones son necesarias y proporcionadas, que se protege la libertad de expresión y de manifestación pacífica y que en ningún caso se hace un uso excesivo de la fuerza”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional quiere recordar que tanto la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros.

Además, las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE establecen claramente que “los organizadores de manifestaciones no serán responsables de los actos de cada participante”, y que en el caso de que se produjeran incidentes durante las manifestaciones, son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder por las mismas y no los organizadores.

Incluso en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Ashughyan v. Armenia, 17 julio 2008), se establece que “…cuando los manifestantes no participen en actos de violencia es importante que las autoridades públicas muestren cierta tolerancia hacia las reuniones pacíficas para no privar de todo contenido la libertad de reunión”. En este sentido, las autoridades deben garantizar lugares públicos, fácilmente accesibles al público en general, para que se celebren asambleas o concentraciones.

“Acampar también puede ser considerado como una legítima manera de protestar. El derecho a la reunión pacífica puede incluir acciones que de manera temporal pueden causar molestias u obstrucciones a los demás. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido claro en señalar que los manifestantes deben tener la suficiente oportunidad de demostrar sus opiniones”, señaló Esteban Beltrán.

Posible reforma del Código Penal y el derecho de manifestación pacífica
Amnistía Internacional ha dirigido una carta al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mostrando preocupación por sus declaraciones a los medios de comunicación sobre una posible reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, incorporaría la figura de “resistencia pasiva” como atentado contra la autoridad, la imputación de aquellos que convocasen cualquier manifestación que pudiera desencadenar en actos violentos, o la elevación de las penas del delito de atentados contra agentes de la autoridad.

“Nos preocupa que este anuncio sobre una posible reforma del Código Penal, realizado por el Ministro de Interior, se transforme en un intento de limitar derechos tan fundamentales como la libertad de reunión y manifestación pacíficas”, destacó el director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministro pidiéndole información detallada sobre cualquier proyecto de reforma del Código Penal en el que esté trabajando el Gobierno en estos momentos. La organización también sostiene que cualquier modificación del mismo debe realizarse respetando la legalidad internacional con la que está obligada España.

Investigación del uso excesivo de la fuerza
Amnistía Internacional recuerda que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la obligación de garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, pero respetando las normas y estándares internacionales sobre actuación policial, como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Cualquier actuación policial debe llevarse a cabo de tal manera que cumpla el derecho y las normas internacionales, lo que incluye el deber de ejercer moderación, actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga, reducir al mínimo los daños y las lesiones, y respetar y proteger la vida humana.

A lo largo de este primer año del movimiento 15M, Amnistía Internacional documentó y denunció en diversas ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ciudades como Barcelona y Madrid, incidentes que se saldaron con decenas de heridos. La organización, que también recibió informes de actuaciones similares en otras ciudades como Lleida y Valencia, mostró su preocupación porque las denuncias eran creíbles y reiteradas.

Más de 44.000 personas a través de una acción de Amnistía Internacional pidieron a las autoridades una investigación independiente, exhaustiva y eficaz de todas las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de miembros de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes, la adopción de medidas disciplinarias y, si procedía, el inicio de actuaciones penales contra los agentes de quienes se concluyera hubieran hecho uso excesivo de la fuerza.

“En vez de dedicarse a recortar el derecho a manifestarse pacíficamente, el Gobierno debería garantizar que abusos contra manifestantes documentados durante el año pasado sean debidamente investigados, que se inicien actuaciones penales contra los agentes que hubieran hecho uso excesivo de la fuerza, y que actos similares no se repitan nunca mas”, resaltó Esteban Beltrán.

En todo este tiempo, la organización se ha encontrado con la negativa expresa de autoridades a realizar investigaciones, con la ausencia de las mismas, o con investigaciones insuficientes. Igualmente, Amnistía Internacional denunció el incumplimiento de la Instrucción 13/2007 del Ministerio de Interior que obliga a los agentes uniformados a llevar su número de identificación a la vista. En numerosas imágenes de manifestaciones pasadas se ha visto que los miembros de las fuerzas de seguridad no sólo no llevaban a la vista su identificación, sino que iban cubiertos por cascos o pasamontañas, lo que supone un obstáculo adicional para la investigación y la rendición de cuentas. Amnistía Internacional insta al gobierno Español a que garantice que todos los miembros de fuerzas de seguridad encargados de mantener la orden durante manifestaciones, incluídas las manifestaciones que tengan lugar durante los próximos días, lleven su número de identificación a la vista en todo momento.

/// FIN

Los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España. A pesar de la reclamación que las víctimas y sus familiares han emprendido ante la justicia española desde hace años, la gran mayoría de los casos han sido archivados por los jueces sin ni siquiera llevar a cabo ningún tipo de investigación,  por lo que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales.

Ante este estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas en España, la organización pide a la justicia argentina que continúe con su investigación, puesto que se trata de la única causa abierta en el mundo que está abordando estos casos en la actualidad. 

Estas conclusiones quedan recogidas en el informe Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, que hoy ha hecho público en Buenos Aires la organización de derechos humanos. En esta publicación se analiza detalladamente cuál ha sido la respuesta que ha dado la justicia española a las víctimas y sus familiares. De los 21 casos estudiados por AI, la gran mayoría han sido archivados.

"Argentina puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España. La jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal y, por lo tanto, todos los Estados pueden llevar adelante causas, independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local", remarcó Mariela Belski, directora ejecutiva de AI en Argentina, durante la presentación del informe. En este sentido, la organización ha constatado que los informes enviados por la Fiscalía española a la justicia argentina  dando a entender que las investigaciones sí están avanzando en España no se ajustan a la verdad, puesto que, en realidad, las pesquisas están paralizadas, como demuestra el estudio de AI.

“Las actuaciones de los tribunales españoles en el ejercicio de la jurisdicción universal por crímenes cometidos en Argentina, Chile o Guatemala han otorgado un importante reconocimiento internacional a España. Es lamentable que España no sea capaz de llevar a cabo la misma investigación sobre los crímenes en su propio territorio. Ello da muestras de un evidente doble rasero”, denunció Esteban Beltrán, director de AI España.

Argumentos contrarios al derecho internacional

Tras la sentencia del Tribunal Supremo en febrero de este año sobre el llamado “caso de la Memoria Histórica”, la indefensión de las víctimas ha ido a peor, ya que aunque el Supremo absolvió en esta causa al ex Juez Garzón, en su sentencia utiliza argumentos que, según Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, al declarar que los hechos que pretendía investigar el ex magistrado no pueden ser calificados de crímenes de lesa humanidad, por no ser considerados como tales en el momento en que fueron cometidos. Cabe recordar que la Audiencia Nacional examinaba la desaparición forzada de 114.266 personas entre 1936 y 1951.

Amnistía Internacional observa con preocupación que el archivo general de los casos se ha basado en criterios que excluyen la posibilidad de investigar y juzgar estos crímenes en el futuro: una incorrecta interpretación del principio de legalidad penal (que los delitos no eran tales en el momento de su comisión), la prescripción del delito, el fallecimiento de los culpables, la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica.

Recomendaciones:

A la vista de las conclusiones del informe, Amnistía Internacional plantea las siguientes recomendaciones:

- Al gobierno y al Parlamento español:

* Iniciar el proceso de adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas.
* Adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional- incluidas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.

- Al Poder Judicial español:

* Confirmar en sus sentencias que los crímenes de derecho internacional no están sujetos ni a amnistía ni a prescripción, cualquiera que haya sido la fecha de su comisión.
* Centralizar la información de todos los procedimientos de Guerra Civil y franquismo abiertos por la justicia española.
* En particular, el Tribunal Supremo debería rectificar su fallo, haciendo una interpretación del principio de legalidad conforme el derecho internacional y reconociendo que corresponde a los jueces españoles – en concurrencia con cualquier otro tribunal extranjero – investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y ello sin perjuicio de las investigaciones que, basadas en el principio de jurisdicción universal, ya han sido promovidas en otros Estados, como Argentina.

- Al Ministerio Fiscal:
Actuar de oficio promoviendo la investigación y persecución de los crímenes  de derecho internacional

- Al Poder Judicial argentino:

* Continuar la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado, sin dilación. En particular, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 debería continuar conociendo la causa Nº 4.591/2010 (A12.447),  en la que se investiga la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra Civil española y el franquismo.

El canal Al Yazira en inglés se ha visto obligado a cerrar su oficina en Pekín tras la expulsión de China de la periodista Melissa Chan, hecho que ha dado lugar a que Amnistía Internacional pida a las autoridades chinas que renueven inmediatamente el visado y los credenciales de prensa de la afectada.

El canal ha expresado su decepción ante esta situación y ha declarado que seguirá solicitando una presencia en China.

Según informes, Chan es la primera periodista extranjera acreditada a quien se le han revocado sus credenciales de prensa y su visado desde 1998, fecha en que fueron expulsados Yukihisa Nakatsu, del Yomiuiri Shimbun, y Juergen Kremb, de Der Spiegel. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no ha dado ninguna explicación de la decisión de no prorrogar su documentación.

“La expulsión de Melissa Chan forma parte de un constante general de intentos de intimidación de los periodistas extranjeros que les impide informar sobre temas que las autoridades consideran ‘delicados’”, ha afirmado Corinna-Barbara Francis, investigadora sobre China de Amnistía Internacional.

“Los periodistas internacionales que informan desde China llevan años autocensurándose para quedarse en el país. Pero obligar a Al Yazira a cerrar su oficina en Pekín representa una escalada peligrosa que no augura nada bueno para el futuro de la información de prensa procedente de China.”

Durante el reciente caso del activista Chen Guangcheng, que permaneció seis días en la embajada estadounidense en Pekín, varios periodistas extranjeros fueron amenazados con la revocación de su visado por entrar presuntamente en el estacionamiento de vehículos del hospital donde Chen recibe atención médica.

Chan ha informado de varias noticias polémicas desde China, como el encarcelamiento de peticionarios de las zonas rurales en “cárceles negras” no oficiales y las confiscaciones ilegales de tierras de cultivo.

Los peticionarios son personas que tratan de hacer valer los derechos tradicionales a informar de casos personales de injusticia directamente a las autoridades, fuera de los cauces legales normales.

Algunas de estas personas exponen sus casos a las autoridades centrales y viajan hasta Pekín, donde por lo general se las devuelve a sus provincias de origen y a veces se las encarcela en lo que se conoce como “cárceles negras”, centros de reclusión no oficiales donde se encierra a personas sin que medie ningún trámite judicial. Es habitual que se recluya a estas personas sin que se notifique del hecho a sus familias, y los afectados corren grave riesgo de sufrir malos tratos.

“Si las autoridades chinas tienen un compromiso con la libertad de expresión, deben poner fin a los intentos de amordazar a los periodistas con estas medidas de castigo y renovar inmediatamente el visado de Melissa Chan, y permitir que Al Yazira en inglés siga operando en el país”, concluyó Corinna-Barbara Francis.

Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez e Irasema Becerra en Boca del Rio, Veracruz el 3 de mayo.

Según la información recibida, Guillermo Luna y Gabriel Huge trabajaban como fotógrafos en periódicos del estado, mientras que Esteban Rodríguez había trabajado como fotoperiodista. Los tres eran compañeros especializados en la cobertura de noticias policiales y de crimen. Irasema Becerra trabajaba en el área administrativa de un periódico y tenía una relación sentimental con Guillermo Luna.

Estos asesinatos se producen apenas unos días después de que la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fuese asesinada en la capital del estado, Xalapa el pasado sábado 28 de abril.

Amnistía Internacional expresa su grave preocupación por la seguridad de los trabajadores de los medios en el estado y hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que brinden medidas de seguridad eficaces para periodistas en riesgo y sus familiares. Este es un paso esencial para garantizar el trabajo periodístico y la libertad de expresión en el estado.

Los asesinatos de Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez no ocurrieron sin previo aviso. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los nombres de estos periodistas,  junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra. A pesar de estar informadas de esta situación las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad. Desde el final de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz.

Las autoridades deben garantizar una investigación pronta, imparcial y eficaz de estos ataques, para que sus responsables sean llevados ante la justicia. Es necesario poner fin a la impunidad que impera en los casos de ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México.

Estos asesinatos constituyen una continuación de la situación de violencia a la que deben hacer frente los trabajadores de los medios de comunicación en diferentes lugares del país y que convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, todavía pendiente de promulgación por el Presidente de la República, quedará como letra muerta a menos que las autoridades garanticen su pronta puesta en marcha de forma que se establezcan medidas de protección efectivas que ayuden a reducir la vulnerabilidad de las y los periodistas.

Las FARC deben liberar, de manera inmediata e incondicional, a un periodista francés al que mantienen cautivo desde el 28 de abril. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Roméo Langlois fue capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un enfrentamiento que tuvo lugar entre el grupo armado y el ejército en el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. El periodista viajaba con el ejército colombiano.

En una declaración publicada el lunes, un portavoz de las FARC expuso una serie de condiciones para su liberación, entre ellas que se abra un debate público sobre la manera en que los medios de comunicación informan sobre el conflicto colombiano.

“Aunque un debate sobre la libertad de expresión y la manera en que los medios informan sobre el conflicto de Colombia podría ser positivo, no debe utilizarse como pretexto para mantener cautivo a un periodista”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Langlois debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben tomarse medidas para garantizar que todos los periodistas de Colombia pueden realizar su trabajo libremente.”

En las últimas décadas, Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos de homicidio ilegítimo, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos guerrilleros colombianos, entre ellos las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, ya sea actuando por separado o en connivencia mutua, también han sido responsables de delitos de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y desplazamiento forzoso.

ONG de derechos humanos presentan hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se alerta sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, las ONG apuntan recomendaciones concretas orientadas a superar la actual situación de crisis respetando dichos compromisos.

Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados.

Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentaron informes ante los miembros del mencionado Comité.

En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años.

Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.

Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados.

Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo”.

Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada”.

Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social”.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.

Preocupaciones de las ONG

Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección.

Frente a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.

En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.

En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.

Esta decisión supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.

Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.

Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.

Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, la vivienda.

Una discriminación que, según la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, “las víctimas carecen de información sobre las vías para obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia”; por otro, “no existe una política sistemática de recolección y seguimiento de datos sobre discriminación, a pesar de la importancia fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminación”.

Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

La coalición de organizaciones que elaboraron el informe conjunto son: Center for Economic and Social Rights (CESR), Observatorio DESC, Asociación Aspacia , Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, Creación Positiva, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar (FEPSH), la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Triángulo, Médicos del Mundo, Movimiento Cuarto Mundo España, la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (PUEDO), Provivienda, Red Activas, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Red Española contra la Trata de Personas y Save the Children. El segundo ha sido elaborado por Amnistía Internacional.

El informe completo de Amnistía Internacional se puede consultar aquí.

Las autoridades de Bolivia deben garantizar que cualquier negociación con las poblaciones indígenas sobre la construcción de la carretera por medio del TIPNIS se haga de buena fe y garantizando la participación de todas las instituciones representativas de las comunidades, dijo Amnistía Internacional en una carta abierta hoy.

La carta contiene 10 recomendaciones a las autoridades nacionales de Bolivia, entre las que se incluye: asegurar que toda futura negociación o consulta sobre la carretera se haga en un clima de confianza; proporcionar toda la información disponible a las comunidades afectadas; además de recomendar que para poder lograr un acuerdo o consentimiento, los tiempos para llevar adelante un eventual diálogo no deben estar sujetos a plazos perentorios.

La carta también llama a las autoridades a promover los derechos de las comunidades indígenas a través de acciones y programas que respeten sus formas de vida, con o sin la construcción de la carretera.

“Es extremadamente difícil, por la falta de confianza, que la consulta planteada actualmente por el gobierno cumpla con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentimiento, tal y como lo establecen los estándares internacionales” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

Al comienzo del proyecto, las autoridades nacionales no realizaron una consulta con los pueblos afectados. Los planes para la construcción de una  carretera que atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) comenzaron en 2008, con la aprobación del proyecto y el contrato con la empresa que lo está llevando adelante. Con anterioridad ya se habían aprobado medidas legislativas en relación con el proyecto carretero.

Las autoridades argumentan que la carretera es necesaria para mejorar la conectividad del país, pero varias comunidades indígenas que viven dentro del parque y del territorio indígena, aproximadamente unas 12.000 personas, dicen que la vía  afectará una gran reserva natural y su forma de vida.

“La falta de voluntad política de las autoridades para la realización de una consulta previa en aquel entonces y las acciones posteriores del gobierno para convencer a las comunidades de la idoneidad de celebrar ahora una consulta, genera desconfianza entre las comunidades indígenas que se oponen a la obra,” dijo Guadalupe Marengo.

“No tenemos una posición sobre la construcción de la carretera, pero si observamos que el proceso de consulta con los pueblos indígenas promovido por las autoridades no estaría cumpliendo cabalmente con la normativa internacional sobre derecho a consulta previa, libre e informada”.

La falta de una consulta previa y la oposición a la carretera motivaron la VIII Marcha Indígena en el 2011 que culminó con la aprobación de una ley que impedía la construcción de la vía por medio del parque. Posteriormente otra marcha protagonizada por comunidades y sectores a favor del proyecto consiguió que se aprobara otra ley de consulta para el TIPNIS. Recientemente las comunidades que se oponen a la carretera y a la actual consulta iniciaron la IX Marcha Indígena.

En un reciente viaje a Bolivia, Amnistía Internacional pudo documentar denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad de quienes participaron en la VIII Marcha Indígena.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades bolivianas a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre la intervención policial del pasado 25 de septiembre durante la VIII Marcha Indígena y que los responsables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia.

“Si las investigaciones sobre el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes avanzan dentro de un proceso que se ajusta a derecho se estará enviando un mensaje importante que puede contribuir a reestablecer la confianza en las autoridades en el conflicto del TIPNIS”.

Las autoridades libias no deben suprimir la libertad de expresión con la excusa de proteger la "Revolución del 17 de Febrero", ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras la aprobación de una ley que sanciona el "enaltecimiento" del líder depuesto Muamar al Gadafi.

El pasado miércoles, el gobierno del Consejo Nacional de Transición (CNT) aprobó la "Ley 37, de 2012, sobre la sanción del enaltecimiento del dictador". La Ley prescribe penas de prisión por difundir falsos rumores, propaganda o información con objeto de dañar la defensa nacional o "aterrorizar a la población" o "menoscabar la moral de la ciudadanía" en tiempo de guerra. Asimismo, prevé cadena perpetua si tales actos "perjudican al país".

La Ley dispone que Libia se encuentra en circunstancias similares a un "estado de guerra". Enaltecer a "Gadafi, su régimen, sus ideas o a sus hijos" se considera un acto de "propaganda sensacionalista", según la nueva ley.

La Ley contiene también imprecisas disposiciones que sancionan con penas de prisión a todo el que dañe "la Revolución del 17 de Febrero". La misma sanción se impone a quienes "ofendan" al islam o al Estado y sus instituciones y a quienes, "ofendan públicamente al pueblo libio”. No se especifica en la Ley la duración de las condenas de prisión, pero el Código Penal libio indica que podrían ser de entre 3 y 15 años.

“Esta nueva ley recuerda de manera inquietante a la draconiana legislación utilizada para reprimir la disidencia durante los cuatro decenios de gobierno brutal de Gadafi. Los libios se echaron a la calle en febrero del año pasado y pagaron un alto precio para librarse de estas represivas prácticas, no para verlas restablecidas”, ha señalado Philip Luther, director del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Un miembro del CNT ha dicho a Amnistía Internacional que la nueva ley tiene por objeto impedir que se hiera la sensibilidad de las víctimas de los crímenes de Gadafi y promover la reconciliación nacional. Otro ha indicado que es necesaria porque algunos profesores continúan enalteciendo el régimen de Gadafi en los colegios, lo que representa una amenaza para la "Revolución del 17 de Febrero".

Esta ley no sólo va en contra de las obligaciones internacionales de Libia, sino que tampoco se ajusta a la Declaración Constitucional del país, aprobada el 3 de agosto de 2011 y en la que se garantiza la libertad de expresión.

“La aprobación de una ley que sanciona actividades que no representan más que el ejercicio pacífico de la libertad de expresión es un retroceso en la construcción de una nueva Libia cimentada en el respeto de los derechos humanos -ha afirmado Philip Luther-. Debe garantizarse la libertad de expresión de todas las personas, no sólo de las partidarias del nuevo gobierno. Tememno que esta ley tenga un efecto paralizador en los medios de comunicación incipientes de Libia y de lugar al encarcelamiento de presos de conciencia.”

Aunque a veces haya motivos legítimos para restringir la libertad de expresión, como la protección del orden público o de los derechos de otras personas, tal restricción sólo puede imponerse si es absolutamente necesaria, e incluso entonces debe ser lo más moderada posible. En ningún caso es aceptable el encarcelamiento por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Libia es Estado Parte, protege el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, incluida la expresión de ideas y opiniones que a otros puedan parecerles ofensivas.

Desde la caída de Gadafi, sus presuntos partidarios han sufrido represalias y agresiones cometidas por venganza en un clima de impunidad. Sigue habiendo millares de personas detenidas al margen de la ley, acusadas de apoyar a Gadafi o combatir en su favor. Hasta la fecha no se han formulado cargos contra ninguna de ellas.

El derecho a la libertad de expresión estuvo fuertemente restringido por ley y en la práctica durante el gobierno de Gadafi, cuando la legislación libia prescribía la imposición de severas penas, incluso de muerte y cadena perpetua, a quienes criticaran o dañaran el régimen.