Amnistía Internacional España

Un nuevo informe que publica hoy Amnistía Internacional arroja luz sobre las tácticas represivas que ha empleado el gobierno de Bahréin el último año para aplastar a la sociedad civil y reprimir violentamente las protestas, que ya han causado la muerte de seis personas, una de ellas menor de edad.
“No one can protect you”: Bahrain’s year of crushing dissent documenta que, entre junio de 2016 y junio de 2017, las autoridades detuvieron, torturaron, amenazaron o sometieron a la prohibición de viajar al menos a 169 personas que criticaban al gobierno, así como a familiares suyos.
“Mediante toda una serie de herramientas de represión, como el acoso, la detención arbitraria y la tortura, el gobierno de Bahréin ha logrado aplastar a una sociedad civil antes floreciente y reducirla a un puñado de voces solitarias que aún se atreven a hablar”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Mediante toda una serie de herramientas de represión, el gobierno de Bahréin ha reducido la sociedad civil a un puñado de voces solitarias que aún se atreven a hablar
Philip Luther, Amnistía Internacional
“La mayoría de quienes formulan críticas pacíficamente, sean defensores y defensoras de los derechos humanos o activistas políticos, sabe ya que el riesgo de expresar su opinión es demasiado alto en Bahréin.”
Represión de la libertad de expresión
Desde mediados de 2016, las autoridades bahreiníes llevan a cabo una campaña sistemática para eliminar la libertad de expresión en el país. Los principales objetivos de esta represión de gran alcance son los defensores y defensoras de los derechos humanos, las personas que ejercen el periodismo, los activistas políticos, los clérigos chiíes y quienes protestan pacíficamente. Los y las activistas que viven fuera del país también han sufrido acoso e intimidación.
Las autoridades emplean de forma creciente disposiciones del Código Penal bahreiní que criminalizan la libertad de expresión para enjuiciar a decenas de personas sólo por expresar su opinión.
El destacado defensor de los derechos humanos y presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin Nabeel Rajab es uno de los defensores de los derechos humanos que más ha sufrido esta represión en Bahréin. Sigue encarcelado como preso de conciencia tras haber sido condenado a dos años de prisión por unas entrevistas que concedió a los medios de comunicación, y podría ser condenado a 15 años más de cárcel sólo por tuitear.
Justo antes de que fuera detenido de nuevo en junio de 2016, dijo a Amnistía Internacional:
“El año pasado me encarcelaron cinco veces… La mayor parte del tiempo me prohíben viajar, me acosan, me encarcelan, me torturan y atacan mi casa con balas de goma y gas lacrimógeno… Mis hijos [son] acosados por el gobierno, [al igual que] mi esposa, mi familia, mi madre, a quien perdí cuando estaba en prisión y a la que no pude ver antes de que muriera.”

Tortura
Entre junio de 2016 y junio de 2017, Amnistía Internacional recibió información sobre los casos de nueve personas que criticaban al gobierno y que habían sido torturadas bajo custodia, ocho de ellas solamente en mayo de 2017.
Una de ellas era la defensora de los derechos humanos Ebtisam al Saegh. Ebtisam contó a Amnistía Internacional que el 26 de mayo le vendaron los ojos, la agredieron sexualmente, la golpearon y la obligaron a permanecer de de pie la mayor parte del interrogatorio de siete horas al que la sometió la Agencia de Seguridad Nacional. “Me arrebataron mi humanidad”, dijo.
“Hemos recibido denuncias espantosas de tortura en Bahréin. Deben investigarse de forma inmediata y efectiva, y los responsables deben responder ante la justicia”, ha manifestado Philip Luther.
Amnistía Internacional pide a las autoridades bahreiníes que permitan el acceso del relator especial de la ONU sobre la tortura, así como de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, para observar el deterioro de la situación de los derechos humanos.

Desmantelamiento de la oposición política
Durante ese periodo de un año, el gobierno de Bahréin también emprendió una campaña sin cuartel para desmantelar la oposición política del país, y disolvió Al Wefaq, el principal grupo de oposición, y Waad, partido político laico de oposición, basándose en acusaciones infundadas. Las autoridades continuaron encarcelando o acosando a líderes políticos y miembros de grupos de oposición, y en mayo de 2017, intensificaron sus intentos de silenciar a los activistas políticos deteniéndolos para interrogarlos; algunos de ellos denunciaron que durante estos interrogatorios los amenazaron, los torturaron o los sometieron a malos tratos.

Represión de la libertad de reunión
El acto de represión de la libertad de reunión más destacado se cometió en la población de Duraz, lugar de origen del destacado líder espiritual chií Sheikh Isa Qassem. Después de que el gobierno le retirase arbitrariamente la nacionalidad en junio de 2016, estallaron grandes protestas en todo el país y durante 11 meses se hizo una sentada diaria delante de su casa.
En respuesta, las autoridades bahreiníes aplicaron la legislación que prohíbe las reuniones pacíficas y entre junio y noviembre de 2016, más de 70 manifestantes, clérigos chiíes y activistas fueron acusados de participar en una “reunión ilegal”.
Desde principios de 2017, las fuerzas de seguridad bahreiníes, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, vienen usando de forma creciente la violencia para responder a protestas en gran medida pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado que agentes de seguridad han golpeado a manifestantes, lanzado gas lacrimógeno y usado escopetas y fusiles semiautomáticos directamente contra manifestantes, y llevado vehículos blindados y de transporte de personal a las protestas.
Mustapha Hamdan, de 18 años, murió tras recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza cuando huía de unos agentes enmascarados en enero de 2017. Cinco personas más, entre ellas un joven de 17 años, murieron en mayo en enfrentamientos en Duraz, en los que resultaron heridas centenares de personas y fueron detenidas 286. También resultaron heridos 31 agentes de seguridad.

Una respuesta internacional muy insuficiente
Pese al empeoramiento de la situación y a las flagrantes violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Bahréin, la mayoría de los gobiernos guarda silencio o hace críticas públicas moderadas. Entre ellos figuran los de Reino Unido y Estados Unidos, dos países que tienen una influencia especialmente grande en Bahréin.
Reino Unido ha seguido elogiando el  “progreso en su programa de reformas”, al mismo tiempo que amortigua sus comentarios ocasionales sobre la situación de los derechos humanos.
Estados Unidos criticó públicamente a Bahréin durante el gobierno de Obama, y en septiembre de 2016 anunció que las ventas de aviones de combate a este país dependerían del “progreso en materia de derechos humanos”. Sin embargo, desde la elección del presidente Donald Trump, se ha producido un cambio notable. En marzo de 2017, el presidente Trump levantó las condiciones para la venta de aviones de combate y, dos meses después, dijo al rey Hamad de Bahréin que “no habrá tensión con este gobierno”. Al parecer, Bahréin ha interpretado esta declaración como una luz verde para aplicar su represión, y apenas dos días después aplastó violentamente las protestas de Duraz.
“El hecho de que Reino Unido, Estados Unidos y otros países que tienen influencia en Bahréin no hayan denunciado en el último año el catastrófico deterioro de los derechos humanos en este país ha envalentonado en la práctica al gobierno para intensificar su esfuerzo por silenciar las pocas voces disidentes que quedan”, ha declarado Philip Luther.
“Si las autoridades prosiguen esta represión sin control, la perspectiva para los derechos humanos en Bahréin es sombría  Deben empezar frenando inmediatamente a sus fuerzas de seguridad, excarcelando a los presos y presas de conciencia, y permitiendo que vuelvan a actuar las organizaciones prohibidas de la sociedad civil. Además, deben asegurarse de que se hace justicia a las personas que han sido sometidas a tortura y a otras violaciones graves de derechos humanos.”


La declaración realizada por la oficina de la dirigente de Myanmar Aung San Suu Kyi, que afirma que el gobierno está defendiendo a toda la población del estado de Rajine “de la mejor manera posible”, es inadmisible. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.“Se trata de una catástrofe humanitaria y de derechos humanos. En sus primeros comentarios sobre la crisis, en lugar de prometer acciones concretas para proteger a la población del estado de Rajine, Aung San Suu Kyi parece estar restando importancia a las espantosas noticias procedentes de la zona”, ha declarado Tirana Hassan, directora de respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.“Mientras decenas de miles de rohingyas cruzan la frontera, y miles más se desplazan dentro del estado, los indicios de que el ejército de Myanmar ha lanzado una cruel campaña contra la población rohingya predominantemente musulmana son abrumadores. El gobierno debe permitir el acceso inmediato y sin trabas a las organizaciones de ayuda humanitaria, a las que se ha impedido ayudar a las personas que se encuentran abandonadas a su suerte en la parte norte del estado.”Tras los ataques lanzados el 25 de agosto por un grupo armado rohingya y la posterior campaña de violencia emprendida por el ejército contra la comunidad rohingya en el estado de Rajine, unas 146.000 personas rohingyas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, han cruzado al vecino Bangladesh, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria.


Se ha convertido en una actividad peligrosa ser blogero o periodista en India El asesinato de la periodista Gauri Lankesh por unos hombres armados el martes por la noche frente a su residencia en Bangalore hace saltar la alarma sobre la situación de la libertad de expresión en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
“Gauri Lankesh nunca tuvo miedo de decir la verdad al poder. Su asesinato debe investigarse a fondo, y los perpetradores deben responder ante la justicia”, ha manifestado Asmita Basu, directora de Programas de Amnistía Internacional India. “La policía debe investigar si ha sido asesinada debido a su trabajo periodístico.”
Gauri Lankesh, de 55 años, era la editora del semanario de Kannada Gauri Lankesh Patrike. Era considerada una periodista y activista independiente y franca, y una crítica acérrima de los grupos hindúes radicales de Karnataka.
El director general de la Policía de la ciudad de Bangalore dijo a la prensa que unos hombres no identificados habían disparado a quemarropa a Gauri Lankesh, que tenía tres balas en el cuello y el pecho.
“En los últimos años, quienes ejercen el periodismo crítico y el activismo en India sufren cada vez más amenazas y ataques. Los gobiernos de los estados deben actuar para proteger a las personas cuyas voces disidentes se están silenciando”, ha añadido Asmita Basu.
“Hace demasiado tiempo que las investigaciones sobre estos homicidios son ineficaces.”
El 30 de agosto de 2015, unos agresores no identificados mataron a tiros frente a su casa de Dharwad (Karnataka) a M.M. Kalburgi, destacado experto que criticaba la superstición religiosa y a los grupos hindúes radicales. Más de dos años después, ha habido muy pocos avances en la investigación y todavía no se han presentado cargos.
En enero de 2017, el Tribunal Superior de Bombay criticó a la Oficina Central de Investigaciones por su lentitud en la investigación de los homicidios de Narendra Dabholkar y Govind Pansare, activistas asesinados en 2013 y 2015, respectivamente.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha declarado que no se han dictado sentencias condenatorias en ninguno de los 27 casos de periodistas asesinados por su trabajo en India desde 1992. En 2016, la organización instó al gobierno central a que reuniera a periodistas, estudiosos y expertos en liberttad de expresión para que presentaran propuestas para un mecanismo nacional de seguridad y protección de periodistas.


Campamento de refugiados en Serbia Ante la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado la solicitud de Eslovaquia y Hungría de quedar exentos del plan de la UE de reubicación de personas refugiadas desde Italia y Grecia en otros Estados miembros, Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
“La sentencia de hoy demuestra que ningún país puede eludir sus responsabilidades respecto de las personas refugiadas. Eslovaquia y Hungría han tratado de esquivar el sistema de solidaridad de la UE, pero cada país debe desempeñar su parte en la protección de las personas que huyen de la violencia y la persecución.
“La petición de los gobiernos húngaro y eslovaco al Tribunal de Justicia de la UE era un intento sin fundamento de convertir sus países en “zonas sin personas refugiadas”. Los Estados miembros deben ser solidarios entre sí y con las personas solicitantes de asilo que buscan protección en Europa.”
Información complementaria
Las cuotas de reubicación de la UE asignaban 1.294 personas refugiadas a Hungría, de las que ésta no ha reubicado a ninguna. A Eslovaquia se le asignaron 902 y ha reubicado hasta ahora a 16. Si desean más información, vean Member States’ Support to Emergency Relocation Mechanism.


El anuncio de un acuerdo de cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano constituye un paso adelante histórico en los esfuerzos por lograr una paz justa y sostenible en Colombia. Las negociaciones de paz deben garantizar que todos los responsables de abusos y violaciones graves de derechos humanos rinden cuentas. Así lo ha declarado Amnistía Internacional.“Colombia está dando un paso más hacia el final de cinco décadas de conflicto armado que han destrozado millones de vidas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Es imperativo que todas las partes enfrentadas cesen los ataques a civiles y otros delitos de derecho internacional, y que, durante las negociaciones de paz, las partes den prioridad a los derechos humanos y la rendición de cuentas.”

Es imperativo que todas las partes enfrentadas cesen los ataques a civiles, y den prioridad a los derechos humanos y la rendición de cuentas
Erika Guevara-Rosas, Amnistía Internacional
El cese al fuego se ha firmado para un periodo de cuatro meses, después del cual el gobierno colombiano y el ELN empezarán a debatir un posible acuerdo de paz.La noticia se ha dado a conocer al mismo tiempo que se recibe nueva información sobre una creciente actividad paramilitar en zonas controladas históricamente por grupos guerrilleros, incluidos el ELN y las FARC (las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano hace casi un año.Amnistía Internacional ha documentado la manera en que los enfrentamientos armados entre el ELN, los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, han provocado un deterioro de la situación humanitaria de los pueblos indígenas wounaan y embera desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.El mes pasado, una mujer indígena murió al verse atrapada en el fuego cruzado. También se ha recibido información sobre reclutamiento forzado de niños indígenas, desplazamiento forzado y confinamiento, así como sobre la presencia de minas terrestres que han herido de gravedad a varios miembros de la comunidad.“Todo acuerdo de paz que se alcance con grupos guerrilleros será inútil a menos que las autoridades colombianas garanticen que los grupos paramilitares dejan de actuar en el país. La disolución de los grupos paramilitares y el garantizar el pleno respeto de los derechos humanos deben ser una máxima prioridad en la agenda del gobierno colombiano”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.


Ante la noticia de hoy de que las autoridades egipcias han bloqueado el acceso al sitio web de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África, ha declarado:
“La decisión de bloquear el acceso al sitio web de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto es el indicio más reciente de que las autoridades egipcias están decididas a silenciar las voces independientes y a erradicar las críticas en Internet de su historial en materia de derechos humanos.
“En los últimos meses, las autoridades egipcias han cortado el acceso a decenas de sitios webs de noticias con una oleada de censura digital, y parece que el siguiente objetivo son las ONG de derechos humanos. El mes pasado se bloqueó también el acceso a la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos, uno de los sitios web de ONG más antiguos de Egipto.
“Los grupos de derechos humanos del país ya están sufriendo un ataque sin precedentes mediante la congelación de bienes y la prohibición de viajar a su personal, así como con una ley draconiana sobre las ONG firmada este año que impone duras restricciones a su labor".
“En lugar de censurar arbitrariamente sitios web, las autoridades egipcias deben dejar de arremeter contra periodistas, grupos de derechos humanos y otras personas y entidades críticas con el gobierno, y poner fin a su campaña represiva contra la libertad de expresión.”
La Asociación para la Libertad de Pensamiento y de Expresión calcula que, desde mayo de 2017, se ha bloqueado el acceso a alrededor de 424 sitios web, incluidos el sitio egipcio de noticias Mada Masr y el de la ONG para la libertad de información y de prensa Reporteros sin Fronteras.


Sodiq Adelakun/Anadolu Agency/Getty Images El recrudecimiento de los ataques y los atentados suicidas con explosivos de Boko Haram en Camerún y Nigeria ha dejado al menos 381 civiles muertos en los cinco meses transcurridos desde abril de 2017, un número de víctimas que duplica con creces el de los cinco meses anteriores, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Según datos recogidos por la organización, el marcado incremento del número de muertes de civiles en la región del Extremo Norte de Camerún y los estados de Borno y Adamawa de Nigeria se ha debido al uso cada vez mayor por parte del grupo armado de atacantes suicidas, a menudo mujeres y niñas a las que se obliga a llevar explosivos y hacerlos estallar en zonas concurridas.
“Boko Haram está perpetrando de nuevo crímenes de guerra a enorme escala, como lo ilustra la depravación que supone obligar a niñas a llevar explosivos con la única intención de matar a tanta gente como sea posible”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

Boko Haram está perpetrando crímenes de guerra al obligar a niñas a llevar explosivos con la única intención de matar a tanta gente como sea posible
Alioune Tine, Amnistía Internacional
“Esta oleada de estremecedora violencia de Boko Haram, impulsada por un fuerte aumento del número de atentados suicidas con explosivos, subraya la urgente necesidad de protección y ayuda que tienen millones de civiles en la región del lago Chad. Los gobiernos de Nigeria, Camerún y otros deben actuar rápidamente para proteger a estas personas de esta campaña de terror.”

Nordeste de Nigeria: Secuestros y homicidios masivos
Los ataques de Boko Haram en Nigeria han causado al menos 223 víctimas civiles desde abril, aunque la cifra real podría ser mayor, ya que es posible que algunos no hayan sido denunciados. Entre mayo y agosto, el número de civiles asesinados fue siete veces superior al de los cuatro meses anteriores, y sólo en agosto el número de víctimas ascendió a 100 personas.
El ataque reciente con más víctimas fue el del 25 de julio, cuando el grupo armado mató a tiros a 40 personas y secuestró a otras tres en una emboscada que tendió a un equipo de prospección petrolífera en la zona de Magumeri del estado de Borno.
Los ataques suicidas con explosivos de Boko Haram han matado al menos a 81 personas en Nigeria desde abril, mientras que desde comienzos de año el grupo ha secuestrado a 67 personas, en su mayoría mujeres y niñas.
Ha habido dos informes de asaltos a pueblos en agosto en los que combatientes de Boko Haram han acorralado a civiles y les han disparado, han incendiado viviendas y saqueado casas, tiendas y mercados.

Región del Extremo Norte de Camerún: atentados suicidas semanales
En Camerún, Boko Haram ha matado al menos a 158 civiles desde abril, cuatro veces más que en los cinco meses anteriores. Este reciente repunte en el número de víctimas viene dado por el aumento del número de atentados suicidas, que han sido 30 desde comienzos de abril, más de uno a la semana.
El más sangriento se produjo en Waza el 12 de julio, cuando el explosivo que una niña fue obligada a portar y detonar en un centro de videojuegos abarrotado mató a 16 civiles e hirió al menos a otros 34.
La ciudad de Kolofata, en el distrito de Mayo-Sava, se ha visto especialmente afectada, con nueve ataques desde abril. Mora, el segundo mayor centro urbano en la región del Extremo Norte, también ha sido golpeada tres veces por los ataques.

El desplazamiento de combatientes de Boko Haram desde el bosque de Sambisa en Nigeria a las montañas de Mandara, en Camerún, tras las operaciones del ejército nigeriano puede explicar en parte el aumento de los ataques en Camerún.

La población civil, necesitada de ayuda humanitaria
En toda la región del lago Chad, millones de civiles necesitan ayuda humanitaria urgente a consecuencia de la violencia de Boko Haram.
En total son 2,3 millones de personas las que han visto desplazadas en toda la región. Esto incluye 1,6 millones de personas refugiadas e internamente desplazadas en Nigeria y 303.000 en Camerún. Otras 374.000 están desplazadas en Chad y Níger.
Más de siete millones de personas en toda la región —de ellas, cinco millones en Nigeria y 1,5 en Camerún— se enfrentan a una grave escasez de alimentos. Hay 515.000 niños y niñas que sufren malnutrición aguda severa, más del 85% de ellos en Nigeria.
El reciente aumento de la inseguridad ha dificultado las operaciones de ayuda humanitaria, o incluso las ha imposibilitado, en algunas zonas inaccesibles del nordeste de Nigeria.
“Los gobiernos de toda la región del lago Chad deben redoblar sus esfuerzos para proteger a los cientos de miles de civiles que corren grave peligro de ser víctimas de la violencia, los secuestros y los abusos de Boko Haram”, ha dicho Alioune Tine.
“Mientras, la comunidad internacional debe aumentar también rápidamente su compromiso de proporcionar una ayuda humanitaria vital para los millones de personas de la región que la necesitan.”

Información complementaria
Amnistía Internacional lleva desde 2010 documentando abusos contra los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario, que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, perpetrados por Boko Haram.
Amnistía Internacional ha recopilado y analizado las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre ataques y víctimas de Boko Haram, que muestran un brusco aumento de su actividad desde abril de 2017 frente a meses anteriores y a periodos comparables en 2016. Es probable que las cifras reales sean mayores, pues algunas muertes no han sido denunciadas.
En 2017, Boko Haram también ha matado a civiles en al menos 10 ataques en la región de Diffa, en Níger.
Las normas del derecho internacional humanitario, que prohíben explícitamente cualquier ataque directo contra civiles y bienes de carácter civil, son vinculantes para todas las partes en el conflicto, incluido Boko Haram.


Ante la decisión del Tribunal Supremo de Kenia de anular la elección presidencial del mes pasado y ordenar que se vuelva a celebrar, Justus Nyang’aya, director de país de Amnistía Internacional Kenia, ha declarado:
“La histórica sentencia de hoy demuestra la independencia del poder judicial de Kenia y sienta un ejemplo para el resto del mundo.
“Instamos a todas las partes a que acaten la sentencia y pedimos a la policía que haga gala de moderación en la gestión de las celebraciones o protestas que puedan producirse tras esta histórica resolución.”
En su sentencia de esta mañana, el Tribunal declaró que la elección estuvo empañada por irregularidades y que no se llevó a cabo con arreglo a la Constitución, y ordenó a la comisión electoral que organizara unos nuevos comicios en el plazo de 60 días.


Un juicio que se inicia hoy, en el que una oficial de navegación de 31 años demanda a una empresa naviera rusa que se negó a contratarla como capitana de barco, representa una impugnación histórica de las normas laborales rusas, sexistas y desfasadas, ha declarado Amnistía Internacional.
Svetlana Medvedeva se graduó en 2005 como oficial de navegación en la región de Samara. En 2012 solicitó un empleo como capitana de barco de Samara River Passenger Enterprise, pero tras dar su consentimiento inicial para contratarla, la empresa se retractó debido a las leyes laborales que impiden a las mujeres desempeñar más de 400 profesiones.
“Svetlana Medvedeva lleva muchos años luchando sin tregua para hacer realidad su sueño de ir al timón de una embarcación fluvial. Sin embargo, el Estado, en el país que una vez fue pionero de los derechos de las mujeres, sigue negándole esta oportunidad debido a las restricciones discriminatorias que también impiden que las mujeres conduzcan trenes y sean carpinteras, conductoras de camiones o buceadoras profesionales”, ha dicho Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
La lista actual de profesiones prohibidas para las mujeres en Rusia abarca 456 oficios y 38 sectores considerados demasiado “arduos”, “peligrosos” o “perjudiciales” para la salud de la mujer, sobre todo para su salud reproductiva.
La lista “prohibida” se adoptó por primera vez en la URSS en 1974 y fue confirmada en 2000 por el Reglamento del Gobierno ruso núm. 162, que permite exenciones únicamente si el empleador establece unas condiciones laborales seguras.
Svetlana Medvedeva impugnó la denegación de su solicitud de empleo ante los tribunales, solicitando una orden judicial que obligase a la empresa a establecer unas condiciones laborales seguras y le permitieran trabajar con arreglo al Reglamento núm. 162. Sin embargo, su reclamación fue desestimada.
En mayo de 2013 formuló una queja ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la ONU, por violación de sus derechos, en la que afirmaba que la empresa le había negado trabajo a causa de su sexo, basándose en una prohibición general.
El 25 de febrero de 2016, el CEDAW resolvió a favor de Svetlana Medvedeva e instó a las autoridades rusas a que le dieran una indemnización adecuada y le facilitaran el acceso a los empleos para los que esté cualificada.
En julio de 2017, el Tribunal Supremo de Rusia resolvió reabrir su caso. El juicio comienza hoy en el Tribunal de Distrito de Samara.
“Rusia fue el primer país europeo importante que concedió el sufragio a las mujeres, y lo hizo en 1917. La primera embajadora del mundo, en 1923, era de Rusia, así como la primera mujer que viajó al espacio”, ha dicho Denis Krivosheev.
“Ya es hora de que las autoridades rusas se inspiren en estas mujeres extraordinarias y pongan fin a las vergonzosas normas que frenan a las mujeres y perpetúan los estereotipos.”
Amnistía Internacional pide a Rusia que cumpla la recomendación del CEDAW de modificar el Reglamento núm. 162 y eliminar todas las restricciones arbitrarias al empleo de las mujeres.


Ante la noticia de que el defensor de los derechos humanos doctor Mudawi Ibrahim Adam ha sido puesto en libertad y de que se han retirado todos los cargos contra él, Sarah Jackson, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha declarado:
“Es un alivio enorme que se haya cerrado este terrible capítulo. El doctor Mudawi, preso de conciencia, se ha reunido con su familia y es, una vez más, un hombre libre.
“Los ocho meses de prisión del doctor Mudawi representan un grave error de la justicia, y su excarcelación debe servir como primer paso para poner fin a la criminalización del trabajo por los derechos humanos en Sudán. El despiadado ataque de las autoridades contra cualquier tipo de crítica pone en peligro a cualquier persona que se atreva a denunciar, y debe cesar.”
Mudawi quedó en libertad, junto con otros cinco defensores de los derechos humanos, a última hora del 29 de agosto. Estaba enjuiciado por seis cargos falsos, que incluían los de “socavar el sistema constitucional” y “entablar una guerra contra el Estado”, que conllevan la pena de muerte o cadena perpetua. Se han retirado todos los cargos en su contra.