Amnistía Internacional España

Algunas mujeres bosnias víctimas al escuchar la sentencia / AP Photo/Amel Emric La sentencia condenatoria dictada hoy contra el exlíder bélico serbobosnio, general Ratko Mladić, por crímenes de derecho internacional, incluidos los de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ha hecho por fin —después de más de 20 años— justicia a decenas de miles de las víctimas del conflicto armado que asoló Bosnia y Herzegovina en 1992-95, ha declarado Amnistía Internacional. Mladić ha sido condenado a cadena perpetua.La resolución dictada hoy por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de La Haya reconoce la responsabilidad penal individual de Mladić como comandante del Ejército de los Serbios de Bosnia y su participación en actividades criminales conjuntas, como sembrar el terror entre la población de Sarajevo y eliminar a la población musulmana bosnia de Srebrenica.“Esta histórica sentencia representa un momento significativo para la justicia internacional y transmite a todo el mundo el poderoso mensaje de que la impunidad no se puede tolerar y no será tolerada”, dijo John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.“Aunque no pone fin al sufrimiento de las familias que han esperado más de 20 años para ver este día, ver que se hace justicia podría ayudarles a cerrar la herida”.La sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró a Mladić culpable de 10 delitos de un total de 11: genocidio, persecución por motivos étnicos o religiosos de personas musulmanas bosnias y croatas, exterminio, asesinato, deportación, actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad, y asesinato, infundir terror, ataques ilegítimos contra la población civil y toma de rehenes.En cambio, lo absolvió de un delito de genocidio en relación con los crímenes cometidos en seis municipios del norte, aunque declaró que éstos fueron parte de la actividad criminal conjunta de expulsar a la población musulmana bosnia y croata de esos territorios.Su juicio ha sido uno de los más largos de la historia del Tribunal debido al número de cargos, la amplitud de las pruebas —que incluían la declaración de 592 testigos— y a varios intentos de la defensa de retrasar las actuaciones o ponerlas fin. Sus abogados han declarado que apelarán la sentencia.“La sentencia de hoy pone fin a los intentos de Ratko Mladić de eludir la responsabilidad de las muertes, violaciones y deportaciones de miles de víctimas musulmanas bosnias y croatas”, concluyó John Dalhuisen.“También es un importante recordatorio de que, más de 20 años después de la guerra de Bosnia, siguen sin resolverse miles de casos de desaparición forzada y las víctimas y sus familias continúan sin tener acceso a la justicia, la verdad y a una reparación”.Información complementariaLa acusación había propuesto que Ratko Mladić fuera declarado culpable de dos delitos de genocidio, el primero por las persecuciones encaminadas a destruir o expulsar de forma permanente a la población civil de varios municipios (Foča, Kljuć, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most y Vlasenica) en 1992, y el segundo por su papel en la actividad criminal conjunta de eliminar a la población musulmana bosnia de Srebrenica entre julio y noviembre de 1995. Sin embargo, la sala declaró que la acusación no podía probar la intención de cometer genocidio en relación con los actos perpetrados en los municipios, por los que declaró a Mladić culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.Desde 1992, Mladić fue el cerebro de una campaña para eliminar y destruir a la población civil no serbia de varios municipios de toda Bosnia. Además, no impidió, detuvo ni investigó los crímenes cometidos por miembros del ejército de la República Serbia (Republika Srpska) o de otras fuerzas y grupos paramilitares serbios que estaban bajo su control efectivo.


Acto frente a la Embajada de Turquía en Madrid para pedir la libertad de Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional Turquía detenido en su país por defender los derechos humanos. Copy: AI Más de 70 destacadas personalidades de la política y la cultura han unido sus voces para exigir a las autoridades turcas que retiren los cargos falsos de terrorismo contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que se encuentran el presidente y la directora de Amnistía Internacional Turquía.Más de 30 políticos y decenas de artistas —entre ellos Edward Snowden, Sting, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Catherine Deneuve y Angélique Kidjo— han hecho este llamamiento al reanudarse el juicio en Estambul contra estas 11 personas por cargos que comportan hasta 15 años de prisión.“Estamos orgullosos de sumar nuestra voz a la reivindicación global para que termine esta injusticia manifiesta y Taner Kılıç quede en libertad de inmediato y sin condiciones”, escriben en la carta.“Cuando se amordaza a defensores y defensoras de los derechos humanos, todos nuestros derechos se ponen en peligro. Son las personas que salen en nuestra defensa. Ahora nos toca a nosotros defenderlas a ellas.”El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido el 6 de junio y enviado a la cárcel tres días después, donde permanece recluido desde entonces. Un mes más tarde se detuvo a otros 10 activistas, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser. Siete de ellos estuvieron en reclusión preventiva en la prisión de máxima seguridad de Silivri, y una permaneció detenida en la prisión de Sican, en Ankara. Los ocho estuvieron privados de libertad durante casi cuatro meses y fueron luego puestos en libertad el mes pasado tras la primera vista. Todos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”.Entre los cargos contra los 11 activistas figura la disparatada acusación de que el trabajo habitual de derechos humanos equivale a “ayudar a organizaciones terroristas”.Se acusa a Taner Kılıç de haber descargado y utilizado ByLock, aplicación de mensajería segura que, según la acusación, utilizaba el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional determinaron que no había rastro alguno de la instalación de ByLock en el aparato. Hasta ahora, la fiscalía no ha presentado prueba alguna que sustente las acusaciones. La comparecencia en el juicio del perito forense que preparó los informes detallados está prevista para el 22 de noviembre.Los signatarios se suman a una larga lista de gobiernos, instituciones y figuras políticas que han reclamado la liberación de Taner, entre ellos la Comisión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la ONU, Angela Merkel y el gobierno alemán, y los gobiernos de Austria, Irlanda y Bélgica.Más de 20 miembros del Parlamento británico han firmado hasta el momento una moción parlamentaria presentada la semana pasada para pedir la liberación inmediata de Taner y la retirada de los cargos contra los 11. La iniciativa sucede a llamamientos parecidos realizados el mes pasado por 22 miembros del Congreso estadounidense —incluidos 14 senadores—, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Pier Antonio Panzeri.“Estamos presenciando una corriente masiva de pronunciamientos en contra de un enjuiciamiento que, a todas luces, tiene motivación política y está dirigido a silenciar las voces críticas en el país”, ha dicho Aakar Patel, director de Amnistía Internacional India, que asiste al juicio.“Este juicio está sirviendo para recordar a la gente no sólo la importancia de los derechos humanos, sino también la función primordial que cumplen las personas que los defienden. “Es hora de que Taner sea liberado y de que se retiren los cargos contra él y los 10 de Estambul”, ha dicho Fernando Nabais da Furriela, presidente de Amnistía Internacional Brasil, que también asiste al juicio.La segunda vista del juicio de las 11 personas acusadas se celebra en Estambul el 22 de noviembre ante el 35o Tribunal Penal para delitos graves a partir de las 10 de la mañana.Amnistía Internacional enviará equipos para que asistan como observadores a los juicios y se podrán concertar entrevistas con ellos.Está disponible el análisis de Amnistía Internacional sobre los casos.Información generalLos 10 de Estambul asistían a un taller sobre bienestar y seguridad digital el 5 de julio cuando la policía irrumpió en el edificio y los detuvo. El 4 de octubre, un fiscal de Estambul presentó acta de acusación formal contra los 10 de Estambul y Taner Kılıç, de quien se afirma en el acta que conocía los preparativos del taller de Büyükada y estaba en contacto con İdil y otra de las personas acusadas. En su juicio, celebrado el 26 de octubre, el juez admitió la solicitud de la fiscalía de agregar el caso de Taner a la causa contra los otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos.Los diez defensores y defensoras de los derechos humanos son: İdil Eser (Amnistía Internacional), İlknur Üstün (Coalición de Mujeres), Günal Kurşun y Veli Acu (Asociación Agenda de Derechos Humanos), Nalan Erkem y Özlem Dalkıran (Asamblea Ciudadana), Nejat Taştan (Asociación Observación de la Igualdad de Derechos), Şeyhmus Özbekli (Iniciativa Derechos), Ali Gharavi (asesor de estrategia en tecnologías de la información) y Peter Steudtner (formador de no violencia y bienestar).Más de 700.000 personas han firmado acciones de Amnistía Internacional para pedir la liberación de Taner y la retirada de los cargos contra los 10 de Estambul.


Personas refugiada rohingyas esperan durante horas en una línea de distribución en el Thaing Kali Refugee Camp, Bangladesh. Copy: AI El pueblo rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid, declaró hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un importante nuevo análisis de las causas fundamentales de la crisis actual del estado de Rajine.
El informe, titulado Caged without a roof, contextualiza la reciente oleada de violencia en Myanmar, en la que las fuerzas de seguridad mataron a personas rohingyas, incendiaron pueblos enteros reduciéndolos a ceniza y forzaron a huir a Bangladesh a más de 600.000 personas.
Esta investigación de dos años revela que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohingyas en el estado de Rajine confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto, en la que tienen dificultades para acceder a la atención médica y la educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo. La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid.
“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, afirmó Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.
“Este sistema parece concebido para hacer que la vida de las personas rohingyas sea lo más desesperada y humillante posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz.
“Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles. Hay que abordar las causas fundamentales de la crisis actual para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas refugiadas rohingyas vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad”.
Amnistía Internacional hace campaña para que esta situación cambie, recogiendo firmas a través de su centro de activismo on line.
El estado de Rajine: una prisión al aire libre
Aunque la población rohingya lleva decenios sufriendo en Myanmar una discriminación sistemática patrocinada por el gobierno, la investigación de Amnistía Internacional revela que esta represión se intensificó enormemente a partir de 2012, cuando se extendió en el estado la violencia entre las comunidades budista y musulmana.
La comunidad rohingya del estado de Rajine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y municipios. Estas restricciones se imponen a través de una intrincada red de leyes nacionales, “órdenes locales” y políticas que implementan las autoridades del estado exhibiendo un comportamiento abiertamente racista.
Una norma en vigor en todo el estado de Rajine establece claramente que las “personas extranjeras” y las “razas bengalíes [término peyorativo para los rohingyas]” necesitan permisos especiales para viajar entre municipios. En el norte del estado de Rajine, donde vivía la mayoría de la población rohingya hasta el reciente éxodo, incluso los desplazamientos entre pueblos están severamente restringidos por un sistema de permisos. En los últimos cinco años, se imponen cruel y continuamente toques de queda arbitrarios en las zonas predominantemente rohingyas.
En el centro del estado de Rajine, la población rohingya está rigurosamente encerrada en sus pueblos y en campos para personas desplazadas. En algunas zonas no se la permite usar las carreteras y sólo puede desplazarse  por vías fluviales y únicamente a otros pueblos musulmanes.
Para las personas rohingyas que logran un permiso para viajar en el norte del estado de Rajine, los frecuentes controles, atendidos en su mayoría por la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos.
Un hombre rohingya contó los abusos que presenció cuando la policía detuvo el autobús en el que viajaba: “Había cuatro policías en total, dos de ellos pegaban con un bastón a la gente en la espalda, los hombros y los muslos. Otro abofeteó a la señora cuatro o cinco veces. […] Después de eso se los llevaron a la comisaría de policía”.
Mientras investigaban para el informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohingya y documentó al menos un caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.
Durante la oleada de violencia de 2012, decenas de miles de personas rohingyas fueron expulsadas de las zonas urbanas del estado de Rajine, especialmente de Sittwe, la capital del estado, donde quedan en la actualidad alrededor de 4.000 que viven en una zona similar a un gueto, cerrada con barreras de alambre de espinos y controles policiales. Si tratan de salir, corren el riesgo de ser detenidas o de sufrir violencia a manos de la comunidad circundante.
Una vida al límite de la supervivencia
Las restricciones a la circulación están teniendo un impacto demoledor en la vida cotidiana de cientos de miles de personas rohingyas a las que se ha empujado al límite de la supervivencia.
Mientras que la calidad de los hospitales y clínicas del estado de Rajine es en general precaria para todas las comunidades, el acceso de la población rohingya a la atención médica se encuentra con graves obstáculos, a menudo mortales.
La población rohingya tiene prohibido el acceso al hospital de Sittwe, el centro médico de mayor calidad del estado de Rajine, salvo para casos de extrema gravedad. Incluso entonces necesitan un permiso de las autoridades del estado de Rajine y viajar escoltados por la policía. En el norte del estado de Rajine, muchas personas no tienen más opción que ir a Bangladesh para acceder a la atención médica que necesitan, pero este viaje es muchas veces prohibitivo para todas las familias salvo para las más acomodadas.
Un hombre de unos 50 años contó: “Quería ir al hospital de Sittwe para recibir tratamiento médico, pero está prohibido, el personal del hospital me dijo que no podía ir allí por mi propia seguridad y que tenía que ir a Bangladesh a recibir tratamiento. Eso es muy caro. Mi hermano tiene muchos arrozales y bueyes, y tuvo que vender algunos para pagar mi viaje. Tuve suerte… la mayoría de la gente no puede pagárselo y terminan muriéndose”.
Fuera del estado de Rajine, la población rohingya sólo tiene acceso a algunos centros médicos, donde ha de estar en “salas para musulmanes” custodiadas por la policía. Un trabajador de ayuda humanitaria comparó una de estas salas con un “hospital penitenciario”.
Varias personas rohingyas contaron que habían tenido que pagar sobornos al personal del hospital y a los policías para llamar a sus familiares o comprar comida del exterior. Otras evitaban totalmente los hospitales por miedo a sufrir abusos a manos del personal médico y de enfermería o porque pensaban que no las atenderían.
“Negar a la población rohingya el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales”, dijo Anna Neistat.
Desde 2012, las autoridades de Myanmar han endurecido las restricciones impuestas al acceso a la educación de la población rohingya. En grandes partes del estado de Rajine, los niños y niñas rohingyas ya no pueden asistir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.
Con la educación superior en gran medida fuera del alcance de los rohingyas, muchas personas con las que habló Amnistía Internacional expresaron su desánimo y
Las restricciones más rigurosas a los viajes también han afectado a las posibilidades de gran parte de la población rohingya de ganarse la vida o llevar suficiente comida a casa. Quienes venden productos no pueden acceder a las rutas comerciales y a los mercados, y a menudo se impide a los agricultores que trabajen en sus campos. La malnutrición y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohingya en las zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria.
“Es muy difícil en este momento porque no tenemos bastante para comer. Estaríamos mejor en la cárcel o en prisión porque al menos entonces tendríamos comida periódicamente. De todos modos es como si viviéramos en prisión”, dijo un rohingya de 25 años.
La prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, también supone que la población rohingya —en su inmensa mayoría musulmana— no puede practicar de hecho su religión en grupo. Las autoridades de Myanmar también han cerrado mezquitas, dejando que se deterioren los lugares de culto musulmanes.
Negación de la ciudadanía
La discriminación contra la población rohingya se basa en que ésta carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias —especialmente la Ley de Nacionalidad de 1982— que niegan de hecho la nacionalidad a la población rohingya debido a su etnia.
La investigación de Amnistía Internacional revela también que las autoridades de Myanmar han lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan. Desde 2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a los recién nacidos en las “listas de hogares” que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Myanmar. Mientras tanto, en el norte del estado de Rajine, quienes no están en su domicilio durante las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales.
Una consecuencia de esta campaña es que es casi imposible que las personas rohingyas que han huido del país regresen a su casa, lo que es especialmente preocupante dado que las operaciones militares de 2016 y 2017 han empujado a casi 700.000 personas a huir a Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas en condiciones desesperadas.
“Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para las que desean regresar. No se puede pedir a los hombres y mujeres rohingyas que han huido de la persecución en Myanmar que vuelvan a un sistema de apartheid”, dijo Anna Neistat.
Desmantelar el sistema de apartheid
Tras un exhaustivo análisis jurídico de este amplio conjunto de pruebas, Amnistía Internacional concluye que el trato que dispensan las autoridades de Myanmar a la población rohingya constituye apartheid, definido como crimen de lesa humanidad en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El estado de Rajine es la escena de un crimen. Y ya lo era mucho antes de la cruel campaña de violencia militar de los últimos tres meses. Este aberrante sistema de discriminación y segregación impregna todos los aspectos de la vida de la población rohingya y salvo que se tomen medidas inmediatas para desmantelarlo, seguirá vigente mucho tiempo después de que termine la campaña militar”, declaró Anna Neistat.
“Las autoridades no pueden alegar argumentos huecos sobre la necesidad de ‘seguridad’ o de combatir el ‘terrorismo’ para imponer más restricciones a la población rohingya. La represión es ilegítima y totalmente desproporcionada. Los crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse nunca, ni como ‘medidas de seguridad’ ni por ningún otro motivo”.
“La comunidad internacional debe despertar de esta pesadilla diurna y afrontar la realidad de lo que lleva ocurriendo desde hace años en el estado de Rajine. Aunque una parte importante de la solución es el desarrollo, éste no se puede llevar a cabo de un modo que afiance aún más la discriminación. La comunidad internacional, y en especial los donantes, deben garantizar que su intervención no los convierte en cómplices de estas violaciones de derechos”.
Información complementaria: ¿Qué es el apartheid?
En virtud de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el apartheid es un crimen de lesa humanidad que abarca diversos actos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominio sistemáticos de un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales con la intención de mantener dicho régimen.
Los actos concretos cometidos en este contexto y tipificados como apartheid van desde actos abiertamente violentos, como el asesinato, la violación y la tortura, a medidas legislativas, administrativas y de otra índole calculadas para impedir que un grupo o grupos raciales participen en la vida política, social, económica y cultural del país y negarles los derechos humanos y libertades fundamentales. Un ejemplo claro de esta combinación de actos normativos y actos violentos por parte de las autoridades del estado de Rajine son las restricciones extremas a la libertad de circulación de la población rohingya, que constituyen el crimen de “privación grave de la libertad física”, definido en el Estatuto de Roma.


Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha revelado el alarmante impacto que tienen en las mujeres los abusos y el acoso en las redes sociales, con mujeres de todo el mundo que informan de estados de estrés y ansiedad o ataques de pánico como consecuencia de estas experiencias dañinas en Internet.
La organización encargó a Ipsos MORI una encuesta sobre las experiencias de las mujeres de entre 18 y 55 años en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia.
Casi la cuarta parte (el 23%) de las mujeres encuestadas en estos ocho países dijo que había experimentado abusos o acoso en Internet al menos una vez, fluctuando entre el 16% en Italia, el 19% en España y el 33% en Estados Unidos. Un dato alarmante es que el 41% de las mujeres que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que al menos en una ocasión estas experiencias en línea habían hecho que sintieran su integridad física amenazada.
“Internet puede ser un lugar temible y tóxico para las mujeres. No es ningún secreto que la misoginia y los abusos prosperan en las plataformas de redes sociales, pero este estudio muestra lo perjudiciales que son las consecuencias de los abusos en Internet para las mujeres que los han sufrido”, afirma Azmina Dhrodia, investigadora de Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Esto no es algo que desaparezca cuando sales de Internet. Imagina que recibes amenazas de muerte o de violación cuando abres una aplicación, o que vives con el miedo de que se divulguen en Internet sin tu consentimiento fotos sexuales o privadas. El peligro especial de los abusos en Internet es la rapidez con la que pueden proliferar: un tuit insultante puede convertirse en minutos en un aluvión de odio focalizado. Las empresas de redes sociales deben empezar a tomarse en serio realmente este problema”.

1/5
1 DE CADA 5 MUJERES SUFRE ABUSOS EN LAS REDES EN ESPAÑA
27%
DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS HAN RECIBIDO AMENAZAS FÍSICAS O SEXUALES
51%
EXPERIMENTARON ESTRÉS, ANSIEDAD O ATAQUES DE PÁNICO POR ESTAS AMENAZA

Estrés, ansiedad, ataques de pánico
Amnistía Internacional preguntó a mujeres que se consideran a sí mismas usuarias de Internet entre moderadas y activas sobre sus experiencias de abusos y acoso en línea.
En todos los países, algo menos de la mitad (el 46%), el 49% en España, de las encuestadas que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que ésos eran de naturaleza misógina o sexista.
Entre una quinta parte (el 19% en Italia), 27% en España, y una cuarta parte de las mujeres que habían sufrido abusos o acoso dijo que éstos habían incluido amenazas de agresión física o sexual.
El 58% (64% en España) de las participantes de todos los países que habían sufrido abusos o acoso dijo que éstos habían incluido racismo, sexismo, homofobia o transfobia.
El 26% de las mujeres, la misma cifra en España, que habían sufrido abusos o acoso en todos los países encuestados dijo que se habían divulgado en línea datos personales o que las identificaban (práctica conocida también como doxxing).
Más de la mitad (el 59%) de las mujeres que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que éstos procedieron de personas completamente desconocidas.
El impacto psicológico de los abusos en Internet puede ser devastador.
En todos los países, el 61% de las mujeres, en el caso de España el 52%, que dijeron que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que como consecuencia de ellos tenían la autoestima más baja o habían perdido confianza en sí mismas. Más de la mitad (el 55%, el 51% en España) dijo que había experimentado estrés, ansiedad o ataques de pánico tras sufrir abusos o acoso en Internet. El 63% dijo que había tenido problemas para dormir como consecuencia de los abusos o el acoso en Internet. En Nueva Zelanda, tres cuartas partes (el 75%) de las encuestadas dijo haber padecido este efecto. En España afectó al 55%. Más de la mitad (el 56%, el 44% en España) dijo que los abusos o el acoso en Internet les habían impedido concentrarse durante periodos largos.

Un efecto silenciador
Las plataformas de redes sociales son, especialmente para las mujeres y los grupos marginados, un espacio fundamental para el ejercicio individual del derecho a la libertad de expresión. La violencia y los abusos en Internet son una amenaza directa a esta libertad de expresión.
Más de tres cuartas partes (el 76%) de las mujeres que dijeron que habían sufrido abusos o acoso en una plataforma de redes sociales hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas. En el caso de España el 54% reconoció estos cambios. Éstos incluían limitar los contenidos que publicaban. El 32% de las mujeres dijo que había dejado de publicar contenidos que expresaban su opinión sobre ciertos temas.
“Las redes sociales han contribuido a aumentar la libertad de expresión, incluido el acceso a la información, de muchas maneras. Pero con la migración al mundo digital de la discriminación y la violencia contra las mujeres de fuera de Internet, muchas mujeres se alejan de conversaciones públicas o se autocensuran por temor por su privacidad o su seguridad”, dice Azmina Dhrodia.
Alrededor de una cuarta parte (el24%, asciende al 30% en el caso de las españolas) de las encuestads que dijeron que habían sufrido abusos dijo que éstos les habían hcho temer por la seguridad de su familia.

Las empresas de redes sociales no hacen suficiente
Todos los tipos de violencia y de abusos en Internet exigen respuestas de los gobiernos, de las empresas o de ambos, dependiendo de su clase y gravedad.
En todos los países encuestados, el número de mujeres que dijo que las medidas del gobierno para responder a los abusos eran inadecuadas fue significativamente mayor que el de quienes pensaban que eran adecuadas; en Suecia, el número de quienes decían que las medidas eran inadecuadas se quintuplicaba (el 57%), 48% si hablamos del ámbito español. En torno a un tercio de las mujeres en Reino Unido (el 33%), Estados Unidos, Nueva Zelanda (el 32%), España (el 22%) dijo que la respuesta de la policía a los abusos en Internet era inadecuada.
La encuesta indica también que las mujeres creen que las empresas de redes sociales deben hacer más. Sólo el 18% de las mujeres encuestadas en todos los países dijo que las respuestas de las empresas de redes sociales eran muy adecuadas, bastante adecuadas o totalmente adecuadas.
“Las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Deben garantizar que las mujeres que usan sus plataformas pueden hacerlo libremente y sin temor”, afirma Azmina Dhrodia.
Amnistía Internacional señala que el derecho a la libertad de expresión protege expresiones que podrían ser ofensivas, profundamente perturbadoras y sexistas. Sin embargo, esa libertad no incluye la apología del odio o de la violencia. Es más: el derecho a la libertad de expresión debe ser disfrutado por igual por todas las personas e incluye el derecho de las mujeres a expresarse y a vivir sin violencia y abusos, tanto dentro como fuera de Internet.
Las plataformas de redes sociales declaran expresamente que no toleran abusos focalizados basados en el género o en otras formas de identidad de la persona, y ahora tienen que hacer cumplir sus propias normas para la comunidad. También deben permitir y empoderar a usuarios y usuarias para que hagan uso de medidas individuales de seguridad y privacidad, como el bloqueo, el silenciamiento y el filtrado de contenidos. Esto permitirá que las mujeres, y los usuarios en general, tengan una experiencia menos tóxica y perjudicial.
Las empresas de redes sociales deben garantizar asimismo que las personas encargadas de moderar las comunidades tengan formación para identificar las amenazas y los abusos relacionados con el género y otros aspectos de la identidad que se produzcan en sus plataformas.
Amnistía Internacional pide también a los gobiernos que garanticen la existencia de leyes, políticas, prácticas y formación adecuadas para prevenir la violencia y los abusos contra las mujeres en Internet y acabar con ellos. Sin embargo, es fundamental que no se impongan restricciones o penalizaciones indebidas al ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Abordar la violencia y los abusos en Internet no debe utilizarse como excusa para reducir el disfrute de la libertad de expresión.
///FIN


Ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen / STRINGER/AFP/Getty Images Estados Unidos, Reino Unido y Francia deben dejar inmediatamente de suministrar armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí que lucha en Yemen, que impide el acceso al país de la ayuda humanitaria, incluidos artículos indispensables para la supervivencia de la población civil, ha dicho hoy Amnistía Internacional. Según organismos de la ONU y organizaciones humanitarias, se ha bloqueado la entrada de alimentos y medicinas, y el suministro se agotará en cuestión de semanas.Desde que la coalición dirigida por Arabia Saudí endureciera el bloqueo tras el lanzamiento de un misil contra Riad, la coalición ha impedido atracar en el puerto de Hodeidah a 29 embarcaciones que llevaban suministros esenciales. Lamentablemente, las medidas paliativas anunciadas por la coalición, como la apertura del puerto de Adén, son inadecuadas para cubrir las necesidades humanitarias. En la actualidad hay más de 20 millones de personas que necesitan ayuda desesperadamente.“La inminente perspectiva de una hambruna se está convirtiendo en realidad con las nuevas restricciones impuestas por la coalición dirigida por Arabia Saudí, que parecen constituir un castigo colectivo a la población civil yemení”, ha dicho Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional.“Países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que siguen suministrando armas a los miembros de la coalición, están permitiendo que Arabia Saudí y sus aliados vulneren de modo flagrante el derecho internacional y se arriesgan a ser cómplices de graves violaciones, incluidos crímenes de guerra. “Todos los países deben interrumpir de inmediato la transferencia de armas y ayuda militar a los miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudí para su uso en Yemen, incluido el material y el apoyo logístico que se utiliza para mantener este bloqueo.”Información generalSegún la ONU, a 15 de noviembre el bloqueo ha impedido que el cargamento de casi 500.000 toneladas métricas de alimentos y combustible de 29 embarcaciones llegue al puerto de Hodeidah.Desde 2015, todas las partes del conflicto de Yemen han perpetrado graves violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos.  Los bombardeos indiscriminados, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas han destrozado las vidas de la población civil.


Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha revelado el alarmante impacto que tienen en las mujeres los abusos y el acoso en las redes sociales, con mujeres de todo el mundo que informan de estados de estrés y ansiedad o ataques de pánico como consecuencia de estas experiencias dañinas en Internet.
La organización encargó a Ipsos MORI una encuesta sobre las experiencias de las mujeres de entre 18 y 55 años en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia.
Casi la cuarta parte (el 23%) de las mujeres encuestadas en estos ocho países dijo que había experimentado abusos o acoso en Internet al menos una vez, fluctuando entre el 16% en Italia, el 19% en España y el 33% en Estados Unidos. Un dato alarmante es que el 41% de las mujeres que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que al menos en una ocasión estas experiencias en línea habían hecho que sintieran su integridad física amenazada.
“Internet puede ser un lugar temible y tóxico para las mujeres. No es ningún secreto que la misoginia y los abusos prosperan en las plataformas de redes sociales, pero este estudio muestra lo perjudiciales que son las consecuencias de los abusos en Internet para las mujeres que los han sufrido”, afirma Azmina Dhrodia, investigadora de Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Esto no es algo que desaparezca cuando sales de Internet. Imagina que recibes amenazas de muerte o de violación cuando abres una aplicación, o que vives con el miedo de que se divulguen en Internet sin tu consentimiento fotos sexuales o privadas. El peligro especial de los abusos en Internet es la rapidez con la que pueden proliferar: un tuit insultante puede convertirse en minutos en un aluvión de odio focalizado. Las empresas de redes sociales deben empezar a tomarse en serio realmente este problema”.

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1 DE CADA 5 MUJERES SUFRE ABUSOS EN LAS REDES EN ESPAÑA
27%
DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS HAN RECIBIDO AMENAZAS FÍSICAS O SEXUALES
51%
EXPERIMENTARON ESTRÉS, ANSIEDAD O ATAQUES DE PÁNICO POR ESTAS AMENAZA

Estrés, ansiedad, ataques de pánico
Amnistía Internacional preguntó a mujeres que se consideran a sí mismas usuarias de Internet entre moderadas y activas sobre sus experiencias de abusos y acoso en línea.
En todos los países, algo menos de la mitad (el 46%), el 49% en España, de las encuestadas que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que ésos eran de naturaleza misógina o sexista.
Entre una quinta parte (el 19% en Italia), 27% en España, y una cuarta parte de las mujeres que habían sufrido abusos o acoso dijo que éstos habían incluido amenazas de agresión física o sexual.
El 58% (64% en España) de las participantes de todos los países que habían sufrido abusos o acoso dijo que éstos habían incluido racismo, sexismo, homofobia o transfobia.
El 26% de las mujeres, la misma cifra en España, que habían sufrido abusos o acoso en todos los países encuestados dijo que se habían divulgado en línea datos personales o que las identificaban (práctica conocida también como doxxing).
Más de la mitad (el 59%) de las mujeres que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que éstos procedieron de personas completamente desconocidas.
El impacto psicológico de los abusos en Internet puede ser devastador.
En todos los países, el 61% de las mujeres, en el caso de España el 52%, que dijeron que habían sufrido abusos o acoso en Internet dijo que como consecuencia de ellos tenían la autoestima más baja o habían perdido confianza en sí mismas. Más de la mitad (el 55%, el 51% en España) dijo que había experimentado estrés, ansiedad o ataques de pánico tras sufrir abusos o acoso en Internet. El 63% dijo que había tenido problemas para dormir como consecuencia de los abusos o el acoso en Internet. En Nueva Zelanda, tres cuartas partes (el 75%) de las encuestadas dijo haber padecido este efecto. En España afectó al 55%. Más de la mitad (el 56%, el 44% en España) dijo que los abusos o el acoso en Internet les habían impedido concentrarse durante periodos largos.

Un efecto silenciador
Las plataformas de redes sociales son, especialmente para las mujeres y los grupos marginados, un espacio fundamental para el ejercicio individual del derecho a la libertad de expresión. La violencia y los abusos en Internet son una amenaza directa a esta libertad de expresión.
Más de tres cuartas partes (el 76%) de las mujeres que dijeron que habían sufrido abusos o acoso en una plataforma de redes sociales hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas. En el caso de España el 54% reconoció estos cambios. Éstos incluían limitar los contenidos que publicaban. El 32% de las mujeres dijo que había dejado de publicar contenidos que expresaban su opinión sobre ciertos temas.
“Las redes sociales han contribuido a aumentar la libertad de expresión, incluido el acceso a la información, de muchas maneras. Pero con la migración al mundo digital de la discriminación y la violencia contra las mujeres de fuera de Internet, muchas mujeres se alejan de conversaciones públicas o se autocensuran por temor por su privacidad o su seguridad”, dice Azmina Dhrodia.
Alrededor de una cuarta parte (el24%, asciende al 30% en el caso de las españolas) de las encuestads que dijeron que habían sufrido abusos dijo que éstos les habían hcho temer por la seguridad de su familia.

Las empresas de redes sociales no hacen suficiente
Todos los tipos de violencia y de abusos en Internet exigen respuestas de los gobiernos, de las empresas o de ambos, dependiendo de su clase y gravedad.
En todos los países encuestados, el número de mujeres que dijo que las medidas del gobierno para responder a los abusos eran inadecuadas fue significativamente mayor que el de quienes pensaban que eran adecuadas; en Suecia, el número de quienes decían que las medidas eran inadecuadas se quintuplicaba (el 57%), 48% si hablamos del ámbito español. En torno a un tercio de las mujeres en Reino Unido (el 33%), Estados Unidos, Nueva Zelanda (el 32%), España (el 22%) dijo que la respuesta de la policía a los abusos en Internet era inadecuada.
La encuesta indica también que las mujeres creen que las empresas de redes sociales deben hacer más. Sólo el 18% de las mujeres encuestadas en todos los países dijo que las respuestas de las empresas de redes sociales eran muy adecuadas, bastante adecuadas o totalmente adecuadas.
“Las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Deben garantizar que las mujeres que usan sus plataformas pueden hacerlo libremente y sin temor”, afirma Azmina Dhrodia.
Amnistía Internacional señala que el derecho a la libertad de expresión protege expresiones que podrían ser ofensivas, profundamente perturbadoras y sexistas. Sin embargo, esa libertad no incluye la apología del odio o de la violencia. Es más: el derecho a la libertad de expresión debe ser disfrutado por igual por todas las personas e incluye el derecho de las mujeres a expresarse y a vivir sin violencia y abusos, tanto dentro como fuera de Internet.
Las plataformas de redes sociales declaran expresamente que no toleran abusos focalizados basados en el género o en otras formas de identidad de la persona, y ahora tienen que hacer cumplir sus propias normas para la comunidad. También deben permitir y empoderar a usuarios y usuarias para que hagan uso de medidas individuales de seguridad y privacidad, como el bloqueo, el silenciamiento y el filtrado de contenidos. Esto permitirá que las mujeres, y los usuarios en general, tengan una experiencia menos tóxica y perjudicial.
Las empresas de redes sociales deben garantizar asimismo que las personas encargadas de moderar las comunidades tengan formación para identificar las amenazas y los abusos relacionados con el género y otros aspectos de la identidad que se produzcan en sus plataformas.
Amnistía Internacional pide también a los gobiernos que garanticen la existencia de leyes, políticas, prácticas y formación adecuadas para prevenir la violencia y los abusos contra las mujeres en Internet y acabar con ellos. Sin embargo, es fundamental que no se impongan restricciones o penalizaciones indebidas al ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Abordar la violencia y los abusos en Internet no debe utilizarse como excusa para reducir el disfrute de la libertad de expresión.
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Ramón Esono Ebalé © Ramón Esono Ebale Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner en libertad inmediata e incondicional a un humorista gráfico de actitud crítica que ya ha pasado dos meses en la cárcel por criticar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Ramón Esono Ebalé fue detenido el 16 de septiembre de 2017 en la capital, Malabo. Aunque según la legislación de Guinea Ecuatorial un sospechoso no puede permanecer detenido sin cargos más de 72 horas, Esono lleva detenido dos meses pero aún no ha sido acusado formalmente. Los fiscales dicen que unos testigos lo han acusado de dirigir una organización implicada en blanqueo de dinero y falsificación, acusaciones que él niega categóricamente.“En este último ejemplo de detención y reclusión arbitrarias, las autoridades de Guinea Ecuatorial han lanzado acusaciones infundadas contra Ramón Esono Ebalé, que sencillamente disfrutaba de su derecho a ejercer la libertad de expresión mediante su arte”, ha manifestado Marta Colomer, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre África Occidental.“Ramón es un preso de conciencia que lleva consumiéndose en la cárcel 60 días, detenido exclusivamente por su activismo pacífico. Debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.”El tribunal aún no ha respondido a una petición enviada por los abogados de Ramón el 9 de octubre para contrainterrogar a los testigos de cargo. Los abogados de Ramón creen que no habrá causa contra él una vez que demuestren que los testigos están dando falso testimonio, pero temen que las autoridades estén utilizando tácticas dilatorias para mantener al humorista en prisión.Si el tribunal no responde a su petición antes del 30 de noviembre, día en que concluye el año judicial en Guinea Ecuatorial, Ramón podría permanecer encarcelado hasta al menos el 16 de enero.La esposa de Ramón, Eloísa Vaello Marco, que está en el extranjero, ha dicho a Amnistía Internacional:

Lo hace mediante un inteligente sentido del humor que le brota del corazón. Sus herramientas son las imágenes, los dibujos, los vídeos, las ilustraciones y las animaciones
Esposa de Esono
“Ramón utiliza sus dibujos para satirizar al gobierno de Guinea Ecuatorial y denunciar las cosas que considera injustas. Lo hace mediante un inteligente sentido del humor que le brota del corazón. Sus herramientas son las imágenes, los dibujos, los vídeos, las ilustraciones y las animaciones.”Trastornada por la falta de contacto con su esposo desde la detención de éste, Eloísa añadió:“Es muy doloroso. Desde que está en prisión, sólo he podido hablar con él una vez. Fue cuando se celebró su vista ante el tribunal. Sólo pudimos intercambiar unas palabras. Desde entonces no ha sido posible la comunicación con él, pero intento enviarle mensajes de ánimo y confianza a través de sus hermanas, con las que hablo a diario.”Los familiares de Ramón en Malabo pueden visitarlo en prisión. Han dicho a Amnistía Internacional que está bien de salud, que está animado y que le permiten seguir dibujando.Una de sus hermanas dijo a Amnistía Internacional:“Hay momentos de tristeza, pero tratamos de mantenernos fuertes. Su hijo de 17 años, que estás aquí con nosotros, se echó a llorar la primera vez que lo visitó en la cárcel. Todos creemos que mi hermano no hace falsificaciones. Es sólo una acusación falsa, y eso ha quedado muy claro desde su primer día de su detención.”El 2 de noviembre, la Red Internacional de Derechos de Dibujantes anunció que Ramón había sido galardonado con el Premio a la Valentía en las Caricaturas Editoriales de 2017. Este galardón anual se concede a los dibujantes que demuestren gran valor y entrega en el ejercicio de su profesión y de la libertad de expresión.“Llevamos muchos años presenciando el uso de la detención y la reclusión arbitrarias para intentar silenciar las voces disidentes en Guinea Ecuatorial”, ha manifestado Marta Colomer.“Hay que poner fin a estas prácticas, y la liberación de Ramón Esono Ebalé sería un buen punto de partida.”


LatinContent/Getty Images/Jan Sochor Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.Es una prisión mental explora la manera en que décadas de uso arbitrario de las leyes penales y otras prácticas ilegales —incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector emergente del empleo por cuenta propia— se traduce en un sistema en el que incluso las personas que en Cuba no son políticamente activas tienen que evitar criticar al gobierno si quieren conservar su empleo.“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población.”El gobierno cubano es el principal empleador del país: aproximadamente el 70% de los empleos disponibles están en el sector público. El gobierno también controla el sector privado, pequeño y emergente pero sumamente regulado.Cuba sigue siendo el único país de las Américas donde a Amnistía Internacional no se le permite hacer una visita oficial. El equipo de investigación de la organización habló con más de 60 personas migrantes cubanas en diversas ciudades de México para documentar sus testimonios sobre la vida cotidiana en un país en el que la libertad de expresión se ha restringido históricamente.La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano, y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, aproximadamente la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos contrarios al derecho internacional.Por ejemplo, una mujer, ex empleada de un comercio, contó a Amnistía Internacional que en 2011 había pasado ocho meses en prisión por “adquirir ilegalmente carne de res”, antes de que un juez la absolviera tras concluir que no había pruebas suficientes para detenerla.El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas “antisociales”. Además, castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren “potencialmente peligrosas para la sociedad” o con aquellas que constituyan una amenaza para “el orden social, económico y político del Estado socialista”.“En Cuba todo es ilegal”, dijo un ex agente de la seguridad del Estado cuyo trabajo consistía en infiltrarse en lugares de trabajo para denunciar a trabajadores y trabajadoras en el país.Las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que sienten que no tienen más opción que dimitir o abandonar el país. Una vez que te despiden de un empleo estatal por expresar una opinión crítica, resulta casi imposible encontrar otro empleo en el sector público.La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que, cuando se ponían en contacto con posibles nuevos empleadores estatales, después de haber sido despedidas de un empleo anterior, eran rechazadas; simplemente les decían: “no eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es confiable políticamente en lo relativo a la ideología del Estado, era con frecuencia la única explicación que los posibles empleadores daban a la persona en cuestión para no darle el empleo.Jorge Luis, campeón deportivo, contó que, después de decir durante una entrevista en la televisión estatal que el gobierno cubano no financia el deporte, empezó a verse excluido progresivamente de su deporte y fue despedido de su empleo estatal. Sencillamente le dijeron que ya no reunía los requisitos necesarios para el trabajo.Según contó, le dieron 20 días para encontrar otro empleo, o de lo contrario la policía dijo que lo acusarían de “peligrosidad” por no trabajar. Le resultó imposible encontrar otro empleo, ya que, en todos los lugares a los que acudía, los empleadores le decían que era un “contrarrevolucionario”. Incapaz de mantener a su familia, decidió abandonar Cuba.Quienes son expulsados de su empleo a causa de sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. La mayoría dijeron que el único sindicato oficial de Cuba no los representaba, y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente. Ninguna de las personas entrevistadas había recurrido su despido mediante los tribunales, pues consideraban que éstos estaban bajo el control total del gobierno.“¿Para qué vas a contratar un abogado si el abogado es del mismo gobierno?”, dijo un hombre de 31 años que había tratado de salir de Cuba seis veces por mar y que luego había visto negado su acceso al empleo y había sido acosado por la policía.Pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito. Quienes tratan de abandonar el país son calificados de “desertores”, “traidores” y “contrarrevolucionarios”, y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.“El hecho de que las autoridades no hayan respetado los derechos humanos de la gente ha tenido un impacto que va mucho más allá de las personas que han sido blanco de acciones por su activismo, y se filtra en las experiencias y esperanzas cotidianas de personas de todos los sectores sociales.”“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.


Las grandes empresas de electrónica y vehículos eléctricos siguen sin hacer lo suficiente para impedir que haya abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto casi dos años después de que una investigación de Amnistía Internacional sacara a la luz que las baterías que utilizan en sus productos podrían estar vinculadas al trabajo infantil en la República Democrática del Congo (RDC), ha dicho hoy la organización.
En un nuevo informe, Time to Recharge (Hora de recargar), se clasifica a los gigantes del sector (Apple, Samsung Electronics, Dell, Microsoft, BMW, Renault y Tesla) en función de cómo han mejorado sus prácticas de abastecimiento de cobalto desde enero de 2016. El informe concluye que, si bien unas cuantas empresas han hecho avances, otras siguen sin adoptar siquiera medidas básicas como investigar sus cadenas de suministro en la RDC.
“Inicialmente nuestras investigaciones hallaron que en las cadenas de suministro de algunas de las marcas más importantes del mundo hay cobalto extraído por niños y adultos en terribles condiciones en la RDC. Cuando nos pusimos en contacto con estas empresas, nos sorprendió descubrir que muchas no hacían preguntas básicas respecto a la procedencia de su cobalto”, ha declarado Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Casi dos años después, algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo siguen poniendo excusas para no investigar sus cadenas de suministro. Incluso aquéllas que las investigan no desvelan los peligros y abusos en materia de derechos humanos que descubren. Si las empresas ignoran de dónde procede su cobalto, sus clientes tampoco lo saben.
“Es un momento crucial de cambio. Con el aumento en la demanda de baterías recargables, las empresas tienen la responsabilidad de demostrar que no se están aprovechando del sufrimiento de las personas que trabajan en la minería en condiciones terribles en la RDC. Las soluciones energéticas del futuro no deben basarse en abusos contra los derechos humanos.”Turbias cadenas de suministroMás de la mitad del cobalto —componente fundamental de las baterías de iones de litio— de todo el mundo procede de la República Democrática del Congo, y el 20% de ese porcentaje se extrae a mano. Amnistía Internacional ha documentado cómo menores y adultos extraen cobalto en minas con estrechos túneles excavados a mano, arriesgándose a sufrir accidentes mortales y graves enfermedades pulmonares.  La organización ha rastreado el cobalto de estas minas hasta una empresa de transformación china llamada Huayou Cobalt, cuyos productos acaban en las baterías que se utilizan para los artículos electrónicos y los vehículos eléctricos.
El informe Time to Recharge evalúa los avances que han hecho Huayou Cobalt y otras 28 empresas que podrían estar vinculadas a ella, o que probablemente compran cobalto de la RDC, desde que se les hizo ver el peligro de trabajo infantil, en enero de 2016.Amnistía Internacional evaluó las prácticas empresariales en función de cinco criterios que reflejan las normas internacionales, incluido el requisito de que las empresas lleven a cabo lo que se conoce como controles de “diligencia debida” en su cadena de suministro, y el requisito de que sean transparentes sobre los riesgos conexos en materia de derechos humanos.  La organización calificó a cada empresa respecto al cumplimiento de los criterios. Las calificaciones eran: “inacción”, “mínimo”, “moderado” o “adecuado”.Ninguna de las empresas mencionadas en el informe está tomando las medidas adecuadas para cumplir con las normas internacionales. Y esto a pesar de que las 29 saben que la minería del cobalto en la RDC está intrínsecamente vinculada a peligros y abusos en materia de derechos humanos.Primer puesto para Apple. Microsoft, en la colaEste año Apple se convirtió en la primera empresa que publica los nombres de sus suministradores de cobalto, y las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional demuestran que actualmente es líder del sector en lo que se refiere al abastecimiento responsable de cobalto. Desde 2016, Apple se ha implicado activamente con Huayou Cobalt para identificar y resolver los casos de trabajo infantil en su cadena de suministro.
Dell y HP han mostrado señales de mejora. Han comenzado a investigar sus relaciones de suministro con Huayou Cobalt, y también tienen algunas de las políticas más sólidas para detectar peligros y abusos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto.
Pero los avances de otras grandes marcas de productos electrónicos han sido alarmantemente escasos.
Microsoft, por ejemplo, se cuenta entre las 26 empresas que no dio a conocer detalles sobre sus suministradores, como por ejemplo las empresas que funden y refinan el cobalto que utilizan. Esto implica que no cumple ni siquiera las normas internacionales básicas.
Lenovo también consiguió una puntuación baja, pues sólo ha actuado mínimamente para identificar los peligros en materia de derechos humanos o investigar sus vínculos con Huayou Cobalt y la RDC. En general falta transparencia: las empresas no revelan su evaluación de la posibilidad de que en sus cadenas de suministro se cometan abusos contra los derechos humanos, y tampoco las prácticas de diligencia debida de sus suministradores.Por ejemplo, si bien Apple y Samsung SDI han identificado cuáles son sus fundidores, no han publicado su evaluación de los peligros asociados a ellos. Esto hace que resulte imposible decir si están cumpliendo o no con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.La cara oculta de la tecnología sostenibleLas investigaciones anteriores de Amnistía Internacional revelaron que había un considerable peligro de que el cobalto extraído por niños y niñas en la RDC terminara en las baterías de los coches eléctricos.
El informe de evolución muestra que las empresas de vehículos eléctricos se están quedando a la zaga respecto a otros sectores en lo que se refiere a la limpieza de sus baterías.Renault y Daimler lo hicieron especialmente mal, pues ni siquiera cumplieron las normas internacionales mínimas de revelación de información y diligencia debida, dejando grandes puntos ciegos en sus cadenas de suministro.BMW fue la que mejor puntuó entre los fabricantes de vehículos evaluados en el estudio. La empresa ha realizado varias mejoras en las políticas y las prácticas de sus cadenas de suministro respecto al cobalto, pero aún no ha revelado dónde lo funde y lo refina. Tampoco tiene previsto desvelar la evaluación de las prácticas de diligencia debida en materia de derechos humanos de sus fundidores.
“El cobalto desempeña un papel fundamental en las soluciones de energía sostenible. Es un componente clave de las baterías que alimentan a los vehículos eléctricos, y también podría tener mucho que ver en el desarrollo de tecnologías verdes como los parques eólicos y la energía solar. Pero la demanda de cobalto también podría estar manteniendo abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Joshua Rosenzweig, asesor estratégico sobre Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, es más importante que nunca que las empresas que los fabrican hagan sus deberes. Los gobiernos también tienen un papel que desempeñar aquí, y deben tomar medidas significativas sobre el uso de cadenas de suministro éticas, una prioridad a la hora de poner en práctica políticas respetuosas con el medio ambiente.”Tas la atención internacional que suscitó el informe de Amnistía de 2016, el gobierno de la RDC ha creado una comisión para abordar la cuestión del trabajo infantil en el sector minero, y ha redactado el borrador de una nueva estrategia nacional encaminada a que en 2025 no queden niños ni niñas trabajando en ninguna mina artesanal. Aunque todavía es demasiado pronto para evaluar el efecto de estas medidas, la actual estrategia no tiene un calendario concreto, ni responsabilidades claramente asignadas o un plan de aplicación operativo.Huayou Cobalt, vínculo clave entre la RDC y muchas de las empresas evaluadas en el informe, ha realizado algunas mejoras desde el informe de Amnistía de enero de 2016, y ha aumentado su transparencia. Sin embargo, sigue habiendo lagunas que hacen difícil evaluar la calidad y la eficacia de sus prácticas de diligencia debida.¿Qué deben hacer ahora las empresas?Las empresas tienen la responsabilidad individual de identificar, evitar, abordar y hacerse responsables de los abusos contra los derechos humanos que se cometen en sus cadenas de suministro de cobalto.
Dar a conocer públicamente su evaluación del peligro en materia de derechos humanos es un paso fundamental que no ha dado ninguna de las empresas del informe. Las empresas deben admitir que en sus cadenas de suministro se cometen abusos contra los derechos humanos cuando los descubren.
Cuando una empresa ha contribuido al trabajo infantil o al trabajo de adultos en condiciones peligrosas, o se ha beneficiado de ellos, es responsable de reparar los daños sufridos. Esto significa trabajar con otras empresas y con el gobierno para sacar a los niños y las niñas de las peores formas de trabajo infantil, apoyar su reincorporación a las escuelas y ocuparse de sus necesidades de salud y psicológicas.Información generalAmnistía Internacional se dirigió por escrito a las 29 empresas en el proceso de investigación (véase infra) y a cada una de ellas le ofreció la oportunidad de dar su opinión sobre sus resultados preliminares. Las siguientes empresas no estuvieron de acuerdo con su clasificación en al menos uno de los cinco criterios: Apple, BMW, Dell, Fiat-Chrysler, General Motors, HP, Hunan Shanshan, Microsoft, Sony, Tesla y Tianjin Lishen. Si lo solicitan, les haremos llegar su respuesta completa.
Las preguntas a las empresas reflejaron el marco de cinco pasos de diligencia debida establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Guía sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo.Amnistía Internacional preguntó:
¿Ha tomado medidas la empresa para reducir los peligros en materia de derechos humanos o reparar los daños relacionados con su cadena de suministro de cobalto?¿Ha dado a conocer la empresa información sobre los peligros y abusos en materia de derechos humanos de su cadena de suministro?¿Ha tomado medidas la empresa para identificar “puntos ciegos” e identificar peligros y abusos en materia de derechos humanos?¿Dispone la empresa de políticas y sistemas sólidos para la detección de peligros y abusos en materia de derechos humanos en su cadena de suministro de cobalto?¿Ha investigado la empresa sus relaciones de suministro con la RDC y Huayou Cobalt?


Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar // AUNG HTET/AFP/Getty Images En respuesta a las conclusiones de la investigación interna de las fuerzas armadas de Myanmar sobre la violencia en el norte del estado de Rajine desde el 25 de agosto, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha manifestado lo siguiente:
“Una vez más, las fuerzas armadas myanmaras intentan esconder debajo de la alfombra las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los rohingyas.
“Con más de 600.000 hombres, mujeres y niños huidos del estado de Rajine en los últimos meses por miedo a perder la vida, existen indicios abrumadores de que el ejército ha violado y asesinado a rohingyas y quemado sus pueblos hasta las cenizas. Tras documentar incontables relatos de horror y analizar imágenes de satélite para rastrear la destrucción creciente, sólo podemos llegar a una conclusión: estos ataques constituyen crímenes contra la humanidad.
“El ejército de Myanmar ha dejado claro que no tiene intención de garantizar la rendición de cuentas; ahora es la comunidad internacional quien debe dar un paso adelante para garantizar que estos abusos atroces no quedan sin castigo.
“No será posible conocer el pleno alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los rohingyas y otras minorías étnicas hasta que se permita a la misión de investigación de la ONU y a otros observadores independientes el acceso sin trabas a Myanmar y, en particular, al estado de Rajine."