Amnistía Internacional España

© Getty Images El histórico acuerdo que obliga al gobierno australiano a pagar más de 70 millones de dólares australianos de indemnización a casi 2.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo por detenerlas ilegalmente en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) en condiciones terribles debe propiciar su reasentamiento seguro, ha declarado hoy Amnistía Internacional.“Aunque el acuerdo de indemnización es importante, no subsana las injusticias que han sufrido las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la isla de Manus ni cambia sus circunstancias actuales. El gobierno australiano debe afrontar por fin la ineludible realidad de que sus políticas de detención extraterritorial son insostenibles y trasladar a todas las personas atrapadas en ellas a Australia en condiciones de seguridad”, ha afirmado Kate Schuetze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oceanía.

Este acuerdo es un reconocimiento del daño que han sufrido las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la isla de Manus
Kate Schuetze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oceanía.
“Este acuerdo es un reconocimiento bienvenido —si bien pendiente desde hace tiempo— del daño que han sufrido las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la isla de Manus. Ahora el gobierno australiano debe desmantelar su centro de detención extraterritorial ilegal y reasentar en condiciones de seguridad a estas personas.”El acuerdo de indemnización se ha alcanzado tras la presentación de una demanda colectiva en nombre de 1.905 personas detenidas en la isla de Manus en aplicación de la política de detención extraterritorial de Australia. La demanda incluía 200 declaraciones de testigos, 200.000 documentos y más de 50 comparecencias judiciales. El despacho de abogados que presentó la demanda colectiva detalló las crueles condiciones imperantes en la isla de Manus, muchas de las cuales había denunciado Amnistía Internacional.El acuerdo alcanzado por las partes será pagado por el gobierno australiano y sus proveedores de servicios, incluidos G4S y Broadspectrum. En abril de 2016, Broadspectrum se convirtió en filial de la multinacional española Ferrovial.“Este acuerdo debe transmitir un mensaje claro a todas las empresas implicadas en las políticas de detención extraterritorial del gobierno australiano, intrínsecamente abusivas, pues pueden ser consideradas responsables. Estas empresas deben cerrar sus actividades en la isla de Manus y ninguna otra empresa debe contemplar siquiera la idea de sustituirlas”, ha concluido Kate Schuetze.El año pasado, el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea resolvió que el centro de detención gestionado por Australia era “ilegal” e “inconstitucional”, no obstante el gobierno australiano no lo ha clausurado todavía. No se ha hecho público ningún plan para el reasentamiento en condiciones de seguridad de las personas que siguen encerradas en la isla de Manus.


Activistas de AI Hungría protestan contra la aprobación de esta ley. © Szabolcs Csaszar La aprobación de una ley que estigmatiza a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiación desde el extranjero es la medida más reciente de una escalada de represión de las voces críticas y pondrá en peligro la labor fundamental de los grupos de la sociedad civil, ha declarado Amnistía Internacional.La Ley de la transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero obligará a las ONG que reciban más de 24.000 euros de financiación directa o indirecta desde el extranjero a inscribirse de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero” y a poner esta etiqueta peyorativa en todas sus publicaciones.“Los peregrinos intentos de justificar la ley como algo necesario para proteger la seguridad nacional no pueden ocultar su verdadero propósito: estigmatizar, desacreditar e intimidar a las ONG críticas y dificultar su vital labor”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.“Este reciente ataque a la sociedad civil está encaminado a silenciar las voces críticas y tiene inquietantes semejanzas con la draconiana ley de ‘agentes extranjeros’ rusa; es un día negro para Hungría.”Las autoridades han intentado justificar la ley presentándola como una iniciativa para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional. En realidad, el impacto de la ley está dirigido a ONG que llevan a cabo funciones como promover el Estado de derecho, proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes y de otros grupos marginados, y prestar servicios sociales y jurídicos que el Estado ofrece de forma insuficiente.La ley introducirá nuevos requisitos selectivos de “transparencia” para la financiación de las ONG y les impondrá innecesariamente más cargas administrativas. Estas organizaciones ya tienen que informar públicamente de los fondos extranjeros que reciben todos los años, y las autoridades pueden someterlas a una auditoría en cualquier momento. Una ley general sobre ONG adoptada en 2011 contiene abundantes requisitos, como la presentación de informes detallados sobre la financiación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones.La ley sería probablemente discriminatoria según el derecho de la UE y contraria al derecho de asociación, que incluye el derecho a buscar, recibir y usar fondos de fuentes extranjeras e internacionales. Según la ley, las organizaciones que incumplan estas nuevas normas recibirán advertencias, multas y, en última instancia, la suspensión de su derecho a desarrollar actividades en Hungría.Al obligar a las ONG —incluida la sección húngara de Amnistía Internacional— a ponerse la etiqueta de “organizaciones cívicas que reciben financiación extranjera”, el gobierno húngaro busca desacreditar su labor y volver a la población contra ellas. La argumentación que justifica el proyecto da a entender que las ONG financiadas desde el extranjero podrían servir a “intereses extranjeros” y que su financiación puede contribuir a “poner en peligro la soberanía y la seguridad de Hungría”.“El primer ministro Orbán no sólo parece sordo ante el clamor de la oposición, tanto dentro como fuera del país, sino regodearse en ella”, ha declarado John Dalhuisen.“Este ataque despiadado y calculado contra los derechos a la libertad de expresión y de asociación es un grave error de cálculo y contrario a las obligaciones de Hungría en materia de derechos humanos. Debe impugnarse a todos los niveles: desde las organizaciones de base de Hungría hasta la Unión Europea en Bruselas.”Información complementariaLas propuestas recuerdan la “ley de agentes extranjeros” de Rusia, como consecuencia de la cual se ha visto empañada la reputación de centenares de organizaciones creíbles, se ha intimidado a su personal y se ha paralizado su labor con requisitos administrativos. Desde que la ley rusa entró en vigor en 2012, la financiación extranjera entraña en la práctica riesgos jurídicos y para la reputación demasiado grandes para las ONG y desde su adopción han cerrado casi 30 organizaciones.La ley fue aprobada por 130 votos a favor, 44 en contra y 24 abstenciones.


Manifestación en Dublín por el derecho a decidir. 26 de septiembre de 2015. © AI Irland La resolución que ha dado a conocer hoy el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que manifiesta que las duras leyes sobre el aborto de Irlanda habían violado los derechos humanos de una ciudadana irlandesa, es otro recordatorio más de la acuciante necesidad de una reforma, ha declarado Amnistía Internacional.El Comité de Derechos Humanos ha ordenado a Irlanda que repare el perjuicio causado a Siobhán Whelan, que se vio obligada a viajar a Reino Unido para someterse a un aborto en 2010, lo que incluye la reforma de sus leyes sobre el aborto para impedir que se cometan violaciones similares de los derechos de otras mujeres.“Este es el segundo caso en un año en que la ONU declara lo manifiestamente lejos que están las leyes sobre el aborto de Irlanda de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aunque expresamos nuestra satisfacción por esta resolución, es indignante que las mujeres tengan que acudir a la ONU para que se respeten sus derechos humanos. ¿Cuántas mujeres más tendrán que sufrir antes de que el gobierno irlandés abra los ojos?”, ha afirmado Gauri Van Gulik, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.“La mayoría de las personas de Irlanda considera que la prohibición casi total del aborto es cruel, inhumana y discriminatoria. Ya es hora de que el gobierno les permita expresarse organizando un referéndum al respecto.”El Comité de Derechos Humanos declaró que las leyes sobre el aborto de Irlanda habían violado los derechos de Siobhán Whelan, incluidos el de no ser sometida a un trato cruel, inhumano o degradante, y los relativos a la privacidad y la igualdad. Según el Comité, Irlanda sometió a Whelan a un “alto grado de angustia psicológica” y la criminalización del aborto en Irlanda le causó vergüenza y estigmatización.El sufrimiento de Whelan, manifestó el Comité, se vio agravado por los obstáculos que ésta se encontró para recibir la información que necesitaba, pues los profesionales de la salud no le facilitaron información clara y detallada, alterando así la provisión de atención médica.La resolución que se ha conocido hoy llega apenas unas semanas después de que la Asamblea de la Ciudadanía, foro público convocado por el gobierno para estudiar varias cuestiones, incluidas las leyes sobre el aborto de Irlanda, recomendara la eliminación de la Octava Enmienda de la Constitución, que concede al feto el mismo derecho a la vida que a la mujer.Según la Constitución irlandesa, la Octava Enmienda sólo puede ser derogada mediante un referéndum popular.La Asamblea recomendó el aborto a petición de la mujer como mínimo en las primeras fases del embarazo y en un amplio abanico de circunstancias en las fases posteriores. Sus recomendaciones cumplirían los requisitos mínimos del derecho internacional de los derechos humanos y garantizarían un marco para el aborto que asegura el acceso sin riesgos y oportuno a éste a todas las mujeres y niñas, tanto en la ley como en la práctica.Sin embargo, Amnistía Internacional pide también que se despenalice totalmente el aborto para cumplir plenamente el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos.La resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU se hace eco de la decisión que adoptó en junio de 2016 en el caso de Amanda Mellet. En noviembre de 2016, el gobierno irlandés accedió a pagar una indemnización y a facilitar atención psicológica a Mellet, a quien también se había negado el aborto a pesar de haber recibido un diagnóstico de anomalía fetal mortal.

Miles de mujeres y niñas se ven obligadas a viajar al extranjero cada año para someterse a un aborto y son tratadas como delincuentes
Gauri Van Gulik. Amnistía Internacional
“Miles de mujeres y niñas se ven obligadas a viajar al extranjero cada año para someterse a un aborto, son tratadas como delincuentes y quedan traumatizadas por la vergüenza y la estigmatización a consecuencia de estas leyes”, ha afirmado Gauri Van Gulik.“El gobierno irlandés debe prestar atención a la resolución que se ha dado a conocer hoy y comprometerse a respetar los derechos de las mujeres ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de derogar la Octava Enmienda en un referéndum.”


SAUL LOEB/AFP/Getty Images Las autoridades egipcias han desplazado su ataque contra la libertad de prensa a Internet, con el bloqueo injustificado del acceso a más de 40 sitios de noticias en las últimas semanas, en un intento de eliminar los últimos espacios que quedaban en el país para la crítica y la libertad de expresión, ha declarado Amnistía Internacional.Según la Asociación para la Libertad de Pensamiento y de Expresión, desde el 24 de mayo se han bloqueado al menos un total de 63 sitios web, de los que 48 son sitios de noticias. Mada Masr, sitio de noticias independiente que publicaba periódicamente noticias y análisis muy críticos hacia las autoridades, fue de los primeros afectados. Más recientemente, el 11 de junio, fueron bloqueados los sitios egipcios de noticias Albedaiah, dirigido por el periodista independiente Khaled al Balshy; Elbadil y Bawabit Yanair. El acceso a la plataforma global de publicaciones en línea Medium fue asimismo bloqueado el 10 de junio.“Las recientes medidas de represión contra los medios de comunicación digitales son una muestra más de las antiguas tácticas del Estado policial egipcio en acción. Ni siquiera en la época más negra del represivo régimen de Mubarak cortaron las autoridades el acceso a todos los sitios independientes de noticias”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.“Con esta medida, parece que las autoridades egipcias están atacando los pocos espacios que quedan para la libertad de expresión en el país. Esto demuestra su determinación para impedir que la ciudadanía acceda a informes, análisis y opiniones independientes sobre Egipto. Las autoridades deben cesar de inmediato el bloqueo arbitrario de sitios web de noticias.”El 24 de mayo, los medios de comunicación estatales anunciaron que las autoridades egipcias habían bloqueado un grupo de sitios web, entre ellos las destacadas plataformas independientes de noticias Mada Masr, Daily News Egypt, Elborsa y Masr Al Arabia. Las autoridades no han proporcionado ninguna prueba de actividad ilegal ni han aclarado cuál es la base jurídica de la decisión. Por el contrario, hicieron declaraciones vagas a los medios de comunicación en las que dijeron que tenía relación con la “publicación de información falsa” y el “apoyo al terrorismo”.El 25 de mayo, los periódicos egipcios publicaron informaciones en las que se citaba a una “agencia soberana”(expresión que se suele emplear para referirse a las agencias de inteligencia del país) que justificaba la medida por motivos relativos a la “lucha antiterrorista” y acusaba a Qatar de apoyar algunos de los sitios bloqueados, de nuevo sin ofrecer pruebas.Amnistía Internacional ha revisado la lista de sitios web bloqueados. La mayoría son sitios de noticias, pero también figuran otros donde se pueden descargar VPN y TOR, que se pueden usar para acceder a sitios bloqueados. Amnistía Internacional pudo identificar sólo un sitio web relacionado con grupos que emplean la violencia o propugnan su uso.Muchos de los sitios bloqueados habían servido de refugio a las voces críticas que quedan en Egipto, que ya no pueden aparecer en televisión o en los medios impresos, sometidos al férreo control del Estado desde que llegó al poder el presidente Abdel Fattah al Sisi.El sitio web independiente de noticias y análisis Mada Masr es conocido por denunciar sin concesiones las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades egipcias en los últimos años, como detenciones arbitrarias, juicios injustos, la represión de las ONG de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y el uso de la pena de muerte.La redactora jefe del sitio, Lina Attallah, dijo a Amnistía Internacional que cree que el sitio fue bloqueado porque publica investigaciones exhaustivas basadas en información verificada. “Publicamos lo que las autoridades no quieren que lea la gente”, afirmó.“Al parecer, el gobierno egipcio está aprovechando los recientes ataques violentos cometidos por grupos armados en el país para acabar con el espacio libre que queda y silenciar las voces críticas. Una vez más, las autoridades están utilizando motivos de seguridad nacional para justificar la represión abierta”, ha declarado Najia Bounaim.“En lugar de atacar las voces críticas e independientes, Egipto debería cumplir las obligaciones consagradas en su propia Constitución y en el derecho internacional de no imponer restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y proteger el derecho de toda la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información.”La decisión del gobierno de bloquear estos sitios web también viola la Constitución egipcia, que prohíbe la censura de los medios de comunicación salvo en tiempos de guerra y de movilización militar, y protege la libertad de expresión y la libertad de prensa tanto para los medios impresos como para los digitales. La Constitución defiende también el derecho de toda la ciudadanía a usar herramientas y métodos de telecomunicaciones.Los motivos legales y la autoridad a los que ha recurrido el gobierno para bloquear estos sitios son ambiguos y sigue sin estar claro si se han aplicado las disposiciones de la Ley del Estado de Excepción. Sin embargo, hay varias leyes egipcias que se pueden aplicar para censurar los medios de comunicación e Internet por razones de seguridad nacional.Tras los atentados con bombas contra dos iglesias en Tanta y Alejandría de abril de 2017, el presidente Abdel Fattah al Sisi declaró un estado de excepción de tres meses. Una hora después, las autoridades confiscaron la edición del día del periódico Albawaba, en el que se pedía responsabilidades al ministro del Interior por no haber impedido los atentados.Las leyes del estado de excepción confieren a las autoridades amplias facultades para vigilar y censurar los medios de comunicación. El 10 de abril, el presidente del Parlamento egipcio, doctor Ali Abdelal, anunció que estas leyes se extenderían a plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Añadió que estas plataformas se estaban usando como medio de comunicación entre “terroristas” y advirtió de que los infractores digitales serían enjuiciados.Los artículos de imprecisa redacción de la ley antiterrorista egipcia también permiten penas de hasta 15 años de prisión por establecer un sitio web con el fin de promover “ideas terroristas” y dan a las autoridades la facultad de bloquear sitios web que presuntamente promuevan el “terrorismo”.Dos de los sitios web bloqueados, Daily News Egypt y Elborsa, pertenecen a la empresa Business News Company, que cuenta con licencia del gobierno. En noviembre de 2016, el gobierno bloqueó los activos de la empresa con el pretexto de que ésta pertenecía a la Hermandad Musulmana, sin ofrecer pruebas que respaldasen esta afirmación. Los 230 miembros de la plantilla del periódico no han cobrado su salario desde entonces.Representantes de muchos de los sitios web afectados han presentado denuncias ante el Sindicato de la Prensa, el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, el Ministerio de Comunicaciones y la Fiscalía, sin recibir respuesta hasta ahora. Mada Masr ha recurrido contra la decisión de bloquear su sitio web ante un tribunal administrativo, pero aún no se ha celebrado la vista de la apelación.


© Sofía Moro La nueva oleada de homicidios y ataques dirigidos contra personas con albinismo que se ha producido en los últimos seis meses está siendo avivada por las deficiencias sistémicas del sistema de justicia penal de Malawi, que deja a los miembros de este colectivo vulnerable a merced de las bandas delictivas, ha declarado Amnistía Internacional hoy, Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.
Desde enero de 2017, al menos dos personas con albinismo han sido asesinadas y otras siete han denunciado delitos tales como tentativa de asesinato o secuestro. Esto contrasta vivamente con el segundo semestre de 2016, en el que no hubo denuncias de este tipo de incidentes.
“A pesar del endurecimiento de las leyes, especialmente de las reformas del Código Penal y de la Ley de Anatomía, para abordar los ataques contra las personas con albinismo, en 2017 estamos observando un alarmante resurgimiento de los homicidios y ataques contra este colectivo vulnerable”, ha afirmado Deprose Muchena, director regional para África Austral de Amnistía Internacional.
“Cuando las ruedas de la justicia giran con una lentitud tan desesperante como ocurre en Malawi, y los casos relevantes de ataques contra personas con albinismo siguen sin resolverse, se crea un clima de impunidad y se alienta a los presuntos autores de estos crímenes atroces.”
En su informe de junio de 2016, Amnistía Internacional puso de manifiesto que las personas con albinismo eran “cazadas y asesinadas como animales” para conseguir partes de su cuerpo. Se cree que sus huesos se venden a curanderos o curanderas de Malawi y Mozambique, que los utilizan para preparar amuletos y pociones mágicas asociados a la fortuna y la buena suerte.
Amnistía Internacional lleva más de un año haciendo campaña para pedir mayor protección para las personas albinas en Malawi. De momento se han recogido 80.000 firmas, pero la presión hacia las autoridades debe continuar. La campaña está activa en el centro de activismo on line: www.actuaconamnistia.org  Homicidios en 2017En enero de 2017 apareció una nueva oleada de homicidios y ataques contra personas con albinismo, después de una tregua de seis meses que se produjo entre junio y diciembre de 2016. El 28 de febrero de 2017, Mercy Zainabu Banda (31 años) fue hallada asesinada en Lilongwe. Le faltaban una mano, el pecho derecho y el cabello.
El 10 de enero de 2017, Madalitso Pensulo (19 años) fue asesinado tras ser invitado a merendar a casa de un amigo en el pueblo de Mlonda, situado en el distrito de Thyolo. Un transeúnte lo oyó gritar, pero el joven murió antes de que la policía llegara al lugar de los hechos.Otros ataquesEl secuestro más reciente tuvo lugar el 28 de mayo, cuando una banda de 10 hombres se llevó a un niño de nueve años, Mayeso Isaac. El incidente ocurrió en el vecino país de Mozambique, adonde el niño había ido a visitar a unos familiares. Las autoridades de Malawi y de Mozambique tienen la obligación de garantizar que se lleve a cabo una investigación efectiva y sin demora sobre su desaparición.
El 9 de marzo de 2017, Gilbert Daire sobrevivió a un ataque después de que cuatro hombres trataran de perforar la pared de su domicilio de Lilongwe mientras dormía. Los hombres huyeron del lugar tras la intervención de sus vecinos. Uno de los presuntos perpetradores fue detenido después de que varias personas de la comunidad lo entregasen a la policía, pero el tribunal lo absolvió posteriormente.
En abril, Misheck Samson (dos años) estuvo a punto de ser secuestrado mientras dormía cerca de su madre en el pueblo de Cholwe, en Ntchisi. Tres hombres fueron detenidos por planear el secuestro del niño, y confesaron a la policía que querían secuestrarlo porque necesitaban dinero.
El 17 de febrero, Emily Kuliunde (36 años) se salvó de un intento de secuestro en Dowa gracias a que la comunidad detuvo a sus presuntos secuestradores y los entregó a la policía. Estas personas siguen bajo custodia policial.
Un caso diferente es el de Amos Jemus, del distrito de Ntcheu cercano a la frontera con Mozambique, a quien el 1 de febrero de 2017 su padre presuntamente amenazó con venderlo.
Deficiencias de la justicia penalEn Malawi, la policía está facultada para procesar y condenar a presuntos autores de delitos, pero carece de los recursos necesarios y recibe poca formación. Como consecuencia, la mayoría de los causas se tramitan de manera deficiente y rara vez dan lugar a una sentencia condenatoria. La inmensa mayoría de las causas por delitos contra personas con albinismo, especialmente los asesinatos, no llegan a los tribunales debido a la falta de fondos y de asistencia letrada gratuita para los presuntos autores.
Incluso cuando las causas han llegado a juicio, a menudo se ha dejado en libertad a los autores de los delitos debido a las deficientes investigaciones y a la falta de pruebas admisibles pertinentes.
“La única forma de detener estos homicidios es garantizando que las leyes vigentes se apliquen de manera efectiva y que exista un enjuiciamiento eficaz y una coordinación entre las autoridades”, ha manifestado Deprose Muchena.
“Este aumento de ataques flagrantes contra personas con albinismo muestra que las bandas delictivas cada vez están más seguras de que no las van a detener. Se están aprovechando del deficiente sistema de justicia penal de Malawi. Las autoridades deben tomar medidas enérgicas para poner definitivamente fin a estos ataques.” Información complementariaAl menos 20 personas con albinismo han sido asesinadas en Malawi desde noviembre de 2014.Este año han tenido lugar dos asesinatos.
Según el Servicio de Policía de Malawi, se han registrado al menos 117 casos relacionados con delitos contra personas albinas desde noviembre de 2014.
Las personas son objeto de agresiones para conseguir partes de su cuerpo, ya que se cree que éstas tienen propiedades mágicas y atraen la buena suerte.
Se calcula que en Malawi viven entre 7.000 y 10.000 personas con albinismo.


La decisión de la fiscalía turca de acusar a Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, de “pertenencia a una organización terrorista” es una burla de la justicia, y pone de manifiesto el devastador impacto de la represión ejercida por las autoridades turcas tras el fallido intento de golpe de Estado de julio del año pasado. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Taner Kiliç se convirtió en la víctima más reciente de la amplia purga realizada por el gobierno tras ser detenido a primeras horas del martes como sospechoso de estar relacionado con el movimiento Fethullah Gülen, junto con otros 22 abogados con base en Esmirna. En su vista judicial, celebrada hoy en la ciudad del oeste de Turquía, se le acusó de pertenencia a la “Organización Terrorista Fethullah Gülen” y se ordenó su prisión preventiva. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional. 

“Taner Kiliç es un hombre de principios, que defiende con pasión los derechos humanos. Los cargos presentados hoy contra él son totalmente infundados. Muestran lo arbitraria y lo amplia que se ha vuelto la enloquecida búsqueda, por parte del gobierno turco, de sus presuntos enemigos y críticos. Taner Kiliç  debe ser puesto en libertad de inmediato, y los cargos en su contra deben ser retirados”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“La detención de Taner pone de manifiesto no sólo un desprecio por los derechos humanos, sino un deseo de atacar a quienes los defienden. Pedimos a todas las personas de Turquía y del mundo entero que se preocupan por los derechos humanos que alcen la voz en favor de un valiente activista que ha dedicado su vida y ahora ha sacrificado su libertad por su causa.”

Ayer, en la vista judicial, se ordenó la prisión preventiva de ocho de los abogados encausados. Uno quedó en libertad bajo fianza. Otros siete fueron llevados al tribunal al mismo tiempo que Taner Kilic, pero seguían a la espera de una decisión sobre sus casos.  Otros seis permanecen bajo custodia policial. 

La única alegación presentada por las autoridades que teóricamente vincula a Taner Kiliç con el movimiento Gülen es que se descubrió que, en agosto de 2014, Taner tenía en su teléfono la aplicación Bylock, una aplicación de mensajería segura para telefonía móvil que, según las autoridades, utilizaban los miembros de la “Organización Terrorista Fethullahista”. 

No se ha presentado ninguna prueba que sustente esta alegación, y Taner Kiliç niega haber descargado o utilizado jamás Bylock, o haber oído siquiera hablar de ella, hasta que se dio amplia publicidad a su presunto uso en relación con recientes detenciones y procesamientos.

“Taner Kiliç no es ni partidario ni seguidor del movimiento Fethullah Gülen, y de hecho ha criticado su papel en Turquía. La única prueba presentada en su contra es la presunta presencia en su teléfono de una plataforma de comunicación segura que, incluso aunque fuera cierta, no demostraría la comisión de un acto delictivo. Taner no debe ser juzgado sobre la base de unas acusaciones tan endebles e inadecuadas", ha manifestado Salil Shetty.

“Amnistía Internacional está haciendo campaña por la liberación de Taner, y nada nos disuadirá de continuar con nuestro trabajo en Turquía y sobre Turquía.”

La policía se presentó en la casa de Esmirna de Taner Kiliç, que ha sido miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Turquía durante diversos periodos desde 2002, el martes por la mañana; registró su casa, y luego su oficina. Se dictó una orden de detención contra él y contra otros 22 abogados, en la que se hacía referencia a una investigación sobre presuntos miembros de la "Organización Terrorista Fethullah Gülen".

La detención de Taner Kiliç ha generado una amplia condena internacional, por parte, entre otros, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la UE, el comisario de Derechos Humanos de Alemania y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, así como de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Información complementaria

La detención de Taner Kiliç se ha producido en el contexto de una creciente represión de los derechos humanos por parte de las autoridades turcas, tras un fallido intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016. Decenas de miles de empleados del sector público han sido destituidos, y cientos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido detenidos. Se han cerrado cientos de medios de comunicación y ONG.

El gobierno turco culpa del intento de golpe de Estado a Fethullah Gülen, clérigo radicado en Estados Unidos, y desde entonces ha designado su movimiento como organización terrorista. Esto ha abierto el camino a la detención arbitraria de miles de personas que no tenían ninguna implicación en el intento de golpe de Estado. 


España solo ha acogido a 1.304 personas de las más de 17.000 que se comprometió // AI Madrid, 8 de junio de 2017.- Activistas de diez organizaciones han sostenido hoy en la Plaza de Ópera varias señales que simbolizan las dificultades por las que pasan las personas refugiadas durante sus viajes en búsqueda de protección, y han hecho un llamamiento común al Gobierno de España para que lleve a cabo de una vez por todas una serie de medidas mínimas urgentes que desbloqueen esta situación. Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, Cáritas, CEAR, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red Acoge, han elaborado un documento conjunto con cinco ejes para que el Gobierno español cumpla con sus compromisos.
“Somos organizaciones diversas pero hoy estamos aquí para exigir a las autoridades españolas un objetivo común: conseguir que quienes huyen de la guerra y la persecución dejen de encontrarse en una situación de desprotección y vulneración de sus derechos como consecuencia de las políticas migratorias”, ha señalado Sagrario Martín, portavoz de Médicos del Mundo.
Impulsar políticas internacionales que garanticen los derechos humanos y protejan las vidas de las personas refugiadas y migrantes, impidiendo que se vean abocadas a tomar rutas más peligrosas; mejorar el sistema de acogida para que sea flexible, sostenible, y permita la verdadera integración de las personas; facilitar nuevas vías legales y seguras; poner fin a las devoluciones ilegales y garantizar que todas las personas pueden solicitar el acceso a la protección internacional, así como conseguir la protección efectiva de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres embarazadas o que viajan solas, personas de más edad, el colectivo LGBTI y quienes pertenecen a minorías étnicas y religiosas, son las cinco medidas que han propuesto las organizaciones en un documento común.
“A pesar de todas las iniciativas ciudadanas y de las organizaciones sociales, mediante las que se está exigiendo una bienvenida adecuada para estas personas, seguimos viendo con preocupación la pasividad de los líderes mundiales para dar respuesta integral a esta situación”, asegura Irene Ortega, vocal de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. España, que solo ha acogido a 1.304 personas refugiadas de las 17.337 que se comprometió a reubicar y reasentar con la Unión Europea, es un ejemplo de ello.
En este sentido, las organizaciones se han dirigido por carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, para solicitarle una reunión y exigirle que ponga en marcha estas medidas de manera inmediata. Quedan tres meses para que España demuestre si cumple o no con sus compromisos, pero las organizaciones recuerdan que, de seguir al ritmo que llevamos en materia de acogida, se tardarían más de 22 años en conseguirlo.
Más información
Actualmente el 86% de los más de 21 millones de personas refugiadas en el mundo se encuentran en países de ingresos bajos y medios, y 12 millones están en 10 países que apenas suman el 2,5% del producto interior bruto mundial. Estas cifras ridículas muestran cómo la realidad de las políticas migratorias a escala global y especialmente en Europa está dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una extrema situación de desprotección y vulneración de derechos.


Ante la noticia de que Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, ha sido detenido hoy por la policía, junto con otros 22 profesionales del derecho, en Esmirna por su presunta relación con el movimiento Fethullah Gülen, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado:“El hecho de que la purga desatada tras el golpe de Estado de Turquía haya atrapado ahora en sus redes al presidente de Amnistía Internacional Turquía es una prueba más de su alcance y su arbitrariedad. Taner Kiliç tiene un largo y destacado historial como defensor precisamente del tipo de libertades que las autoridades turcas pretenden pisotear.“Ante la inexistencia de pruebas creíbles y admisibles de su implicación en delitos reconocidos internacionalmente, pedimos a las autoridades turcas que pongan en libertad de inmediato a Taner Kiliç junto con los otros 22 profesionales del derecho detenidos y retiren todos los cargos contra ellos.”Información complementariaTaner Kiliç es miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Turquía desde 2002 y su presidente desde 2014. Durante sus decenios de trabajo para organizaciones de derechos humanos en Turquía ha demostrado sistemáticamente su inquebrantable compromiso con estos derechos.Kiliç fue detenido en su domicilio en Esmirna a las 6:30 de esta mañana y conducido hasta su despacho. Ambos lugares fueron registrados. Actualmente está bajo custodia policial en el distrito de Yeşilyurt de Esmirna.De momento, su detención no parece estar relacionada con ninguna de las labores que realiza Amnistía Internacional ni dirigida específicamente contra la organización. La orden de detención cita una investigación de presuntos miembros de la “Organización Terrorista Fethullah Gülen”. No está claro aún por qué se considera a Taner Kiliç sospechoso de tener esta relación.


Copy: Thomas Coex / AFP/ Getty Images La comunidad internacional debe prohibir la importación de todos los bienes producidos en asentamientos ilegales israelíes y poner fin a unos beneficios de muchos millones de dólares que han fomentado la comisión de violaciones generalizadas de derechos humanos contra la población palestina, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Con motivo del 50 aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, la organización lanza una nueva campaña para pedir a los Estados de todo el mundo que prohíban la entrada en sus mercados de bienes producidos en los asentamientos y que impidan que sus empresas operen en los asentamientos o comercien con bienes producidos en ellos.
“Durante décadas, el mundo ha permanecido impasible mientras Israel destruía hogares de palestinos y expoliaba sus tierras y recursos naturales para obtener beneficios. Mientras que la economía palestina lleva 50 años paralizada como consecuencia de unas políticas abusivas, se ha desarrollado en los asentamientos una pujante actividad empresarial de muchos millones de dólares a costa de la represión sistemática de la población palestina”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Cincuenta años después, la mera condena de la expansión de los asentamientos por Israel no es suficiente. Ya es hora de que los Estados adopten medidas internacionales concretas que pongan fin a la financiación de unos asentamientos que son en sí mismos una infracción manifiesta del derecho internacional y constituyen crímenes de guerra.”
Cada año se exportan internacionalmente productos de los asentamientos construidos por Israel en territorio palestino ocupado por valor de cientos de millones de dólares estadounidenses, a pesar de que la inmensa mayoría de los Estados han condenado oficialmente los asentamientos por ser ilegales en virtud del derecho internacional. Con los años, empresas israelíes e internacionales también han posibilitado y facilitado la construcción y expansión de los asentamientos.
La política israelí de asentar a civiles israelíes en territorio palestino ocupado ha dado lugar a una infinidad de violaciones de derechos humanos. Israel ha demolido decenas de miles de viviendas y propiedades palestinas y ha causado el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos; muchas familias fueron expulsadas de sus casas y tierras con el fin de despejar la zona para la construcción de asentamientos. Al menos 100.000 hectáreas de terreno palestino han sido objeto de apropiación ilegal para uso exclusivo de los asentamientos.Además, Israel ha asumido ilegalmente el control de los recursos naturales palestinos, como agua, terrenos de cultivo, canteras y minerales, y los ha desviado para beneficiar a las industrias de los asentamientos en la producción de productos agrícolas, materiales de construcción y bienes manufacturados que a menudo se exportan al extranjero. Al mismo tiempo, ha impuesto restricciones arbitrarias que privan a la población palestina de acceso al agua, la tierra y otros recursos que les son propios, además de su uso, y con ello ha limitado su progreso económico y vulnerado sus derechos económicos y sociales.En toda Cisjordania se han desarrollado infraestructuras conexas a los asentamientos, incluidas carreteras “sólo para colonos”, que han dividido pueblos y localidades palestinas y limitado gravemente la capacidad de circular libremente de los palestinos. Además, Israel ha mantenido durante casi 10 años un bloqueo ilegal por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza, dejando a dos millones de personas encerradas en una zona que abarca menos de la mitad de la superficie de la ciudad de Nueva York.“Una de las tragedias de estos 50 años de incesantes violaciones relacionadas con la ocupación es que el mundo se ha acostumbrado a los niveles escandalosos de opresión y humillación que soporta la población palestina a diario en los territorios ocupados”, ha manifestado Salil Shetty.“Pero, ¿cómo pueden seguir permitiendo los Estados que se respalde económicamente una política de asentamientos intrínsecamente cruel, discriminatoria y criminal que permite a los colonos israelíes vivir en tierras robadas, en casas con piscina y césped con riego automático, mientras las comunidades palestinas que viven a sus puertas son privadas de acceso a electricidad o agua potable en grado suficiente para cubrir sus necesidades básicas?”Todos los Estados tienen la obligación inequívoca de garantizar que se respeta el derecho internacional humanitario y asimismo de no reconocer la situación ilegal resultante de la política israelí de asentamientos ni contribuir en modo alguno a su mantenimiento, sino al contrario, de emplear su influencia para poner fin a las violaciones de derechos humanos.“Los Estados que siguen contribuyendo a la prosperidad de los asentamientos están infringiendo de forma manifiesta sus obligaciones internacionales y las propias políticas que se han comprometido a respetar. Con arreglo al derecho internacional, todo Estado tiene la obligación de garantizar que no reconoce situaciones o acciones ilegales con sus actos ni con los de sus nacionales, y que tampoco las apoya”, ha dicho Salil Shetty.“Prohibiendo los productos de los asentamientos y adoptando leyes y normas que impidan a las empresas operar en los asentamientos israelíes, los gobiernos de todo el mundo tienen la oportunidad de obrar un cambio real en la vida de millones de palestinos que llevan soportando injusticia, indignidad y discriminación desde hace decenios.”Petición al Gobierno español
Amnistía Internacional en España lanza una nueva ciberacción en su centro de activismo online www.actuaconamnistia.org para pedir al Gobierno que, en coherencia con su posición política de condena de los asentamientos israelíes, prohíba la entrada en España de productos producidos allí y que impidan a las empresas españolas operar o comercializar bienes de los asentamientos. De esta forma, ayudarán a poner fin al ciclo de violaciones que sufren los palestinos que viven bajo la ocupación israelí.
Múltiples resoluciones de la ONU aprobadas a lo largo de varias décadas han confirmado que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional. La más reciente fue la resolución del Consejo de seguridad de la ONU aprobada en diciembre de 2016 que pedía a Israel el cese de todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados. La resolución pedía asimismo a todos los Estados que establecieran una distinción, en todas sus relaciones, entre el Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967.
Pese a ello, Israel ha acelerado la expansión de los asentamientos y su apoyo a éstos en los últimos meses, anunciando planes para la construcción de miles de viviendas en asentamientos existentes y de varios miles más en dos nuevos asentamientos en territorio ocupado de Cisjordania.“Israel ha dejado suficientemente claro que el mantenimiento y la expansión de los asentamientos se anteponen al respeto del derecho internacional. Es hora de que el mundo transmita el mensaje inequívoco de que ya no tolerará el flagrante desprecio del derecho internacional por parte de las autoridades israelíes”, ha afirmado Salil Shetty.Desde que comenzó la ocupación en 1967, Israel ha consolidado su represivo régimen militar en los Territorios Palestinos Ocupados a través de miles de órdenes militares. Muchas de estas órdenes penalizan actividades pacíficas e imponen restricciones excesivas a la población palestina, trastornando su vida diaria.También se ha recurrido a órdenes militares para encubrir violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas la apropiación masiva de bienes y recursos naturales, la demolición de hogares y comercios, la detención arbitraria y reclusión ilegal de cientos de miles de palestinos, y el castigo colectivo de millones de palestinos. Asimismo ha habido decenas de homicidios ilegítimos de palestinos a manos de las fuerzas israelíes a lo largo de los años.“Es un verdadero escándalo que, desde que empezó la ocupación hace 50 años, ha habido impunidad prácticamente total para las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante decenios en los Territorios Palestinos Ocupados”, ha manifestado Salil Shetty.“El mundo ha sido testigo del precio terrible de 50 años de pasar por alto graves violaciones de derechos humanos y la expansión incesante de los asentamientos ilegales. Por eso es imprescindible que los Estados adopten medidas eficaces dirigidas a acabar con estas violaciones y a ofrecer resarcimiento por ellas.“Deberían empezar imponiendo una prohibición internacional sobre los productos de los asentamientos y un embargo integral de armas sobre Israel y los grupos armados palestinos, y poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos durante décadas a través de investigaciones genuinas de la Corte Penal Internacional, entre otras cosas. No se puede condenar a la población palestina a seguir soportando la opresión y la injusticia durante otro medio siglo.”


Arabia Saudí debe anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a 14 miembros de la comunidad chií por delitos relacionados con protestas, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Tribunal de Apelación del tristemente célebre Tribunal Penal Especializado confirmó en mayo las condenas impuestas hace un año —el 1 de junio de 2016— en un juicio manifiestamente injusto seguido contra 24 ciudadanos saudíes. El Tribunal Penal Especializado es el órgano judicial antiterrorista saudí.“El aumento de las condenas a muerte impuestas a miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí es alarmante e indica que las autoridades están utilizando esta pena para saldar cuentas y aplastar la disidencia so pretexto de combatir el ‘terrorismo’ y mantener la seguridad nacional”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio de Human Rights Watch.El 25 de mayo, las familias de tres de los enjuiciados supieron por una llamada telefónica que el Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado las condenas a muerte de sus familiares. Los familiares de otros dos enjuiciados llamaron posteriormente, el 28 de mayo, al Tribunal, donde les informaron de que las condenas impuestas a sus familiares y a todo el grupo de 14 personas habían sido confirmadas en apelación. Se desconoce la fecha exacta de la decisión del Tribunal de Apelación.La documentación judicial muestra que todos los enjuiciados, incluidos los 14 condenados a muerte, estuvieron en detención preventiva más de dos años antes de que comenzara el juicio. Durante ese periodo, la mayoría estuvo en régimen de aislamiento, y las autoridades saudíes les negaron el acceso a sus familias y abogados mientras los interrogaban.Desde 2013, Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen registrando un preocupante aumento de las condenas a muerte impuestas a disidentes políticos en Arabia Saudí, incluida la minoría musulmana chií. Las organizaciones saben de al menos 38 miembros de esta comunidad —que representa entre un 10% y un 15% de la población del país— condenados a muerte actualmente. Las autoridades saudíes acusaron a estas personas de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y las condenaron a la pena capital en actuaciones judiciales que adolecieron de graves deficiencias seguidas ante el Tribunal Penal Especializado.

El simulacro de actuaciones judiciales que terminó con 38 condenas de muerte viola las normas internacionales de juicios justos
Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio
“El simulacro de actuaciones judiciales que desembocó en la condena a muerte de 38 hombres y menores chiíes viola abiertamente las normas internacionales sobre juicios justos”, ha declarado por su parte Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio. “Las condenas deben ser anuladas de inmediato.”Amnistía Internacional y Human Rights Watch obtuvieron y analizaron el texto de 10 sentencias judiciales —que afectaban a 38 personas— dictadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2013 y 2016. La mayoría se refería a hombres y menores acusados de delitos relacionados con las multitudinarias manifestaciones celebradas en 2011 y 2012 en localidades de la Provincia Oriental donde la población es mayoritariamente musulmana chií.En casi todas las sentencias analizadas, los procesados se retractaron de sus “confesiones”, alegando que habían sido coaccionados en circunstancias que en algunos casos constituían tortura, como palizas y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. El Tribunal rechazó todas las denuncias de tortura sin investigarlas. Algunos procesados pidieron a los jueces imágenes de vídeo de la prisión en las que, según afirmaban, se los veía mientras eran torturados. Otros pidieron al Tribunal que citara como testigos a los interrogadores, para que describieran cómo se obtuvieron las “confesiones”. Los jueces ignoraron estas solicitudes en todos los casos.Los jueces admitieron las “confesiones” como prueba y declararon posteriormente culpables a los enjuiciados basándose únicamente en ellas.“Las condenas a muerte basadas en ‘confesiones’ obtenidas bajo coacción violan el derecho internacional de los derechos humanos y son repugnantes, aunque son un resultado demasiado habitual en los casos relacionados con la seguridad en Arabia Saudí”, ha dicho Lynn Maalouf. “Estos juicios por delitos punibles con la muerte incumplen incluso las garantías procesales más básicas.”El 2 de enero de 2016, Arabia Saudí llevó a cabo la ejecución masiva de 47 hombres por “delitos de terrorismo.” Entre los ejecutados figuraba Ali Saeed al Ribh, cuya sentencia judicial indica que tenía menos de 18 años en el momento en que se cometieron algunos de los delitos por los que fue condenado a muerte. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí tiene la obligación legal de garantizar que no se impone la pena de muerte ni la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad a personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito.Entre los condenados a muerte en espera de ejecución hay cuatro ciudadanos saudíes declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes: Ali al Nimr, Dawoud al Marhoun, Abdullah al Zaher y Abdulkareem al Hawaj.Entre los ejecutados el 2 de enero de 2016 estaba el destacado clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr, tío de Ali al Nimr, que criticaba abiertamente al gobierno y que fue declarado culpable en un juicio manifiestamente injusto.Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y su carácter es excepcionalmente irrevocable. Está plagada, inevitable y universalmente, de arbitrariedad, prejuicio y error.Hasta que se produzca la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones y eliminar todas las disposiciones sobre esta pena que infringen el derecho internacional de los derechos humanos, como las que prevén su aplicación por delitos cometidos cuando el infractor era menor de edad y a personas que sufren discapacidad mental, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.Arabia Saudí es uno de los verdugos más prolíficos del mundo y ha ejecutado a más de 400 personas desde que comenzó 2014, en su mayoría por asesinato, delitos de drogas y terrorismo.Además de celebrar juicios injustos, Arabia Saudí ha ejecutado a personas que eran presuntamente menores de edad cuando cometieron el delito y a delincuentes no violentos, como autores de delitos de drogas y de “delitos” como la brujería, lo que vulnera el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a “los delitos más graves”, cuya definición suele incluir únicamente el homicidio intencional. Desde que comenzó 2014, Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 147 personas por delitos no violentos de drogas.