Amnistía Internacional España

Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben dejar de inmediato en libertad a los dos hombres que presiden el principal grupo de derechos humanos del país, han manifestado hoy siete organizaciones que trabajan por la transparencia y los derechos humanos.La policía detuvo a Enrique Asumu y Alfredo Okenve, que presiden el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), el 17 de abril de 2017, por lo que se ha superado ya el periodo de 72 horas durante el que la legislación de Guinea Ecuatorial permite mantener a una persona detenida sin cargos.“Las autoridades tienen un largo historial de hostigamiento, detenciones arbitrarias e injerencia en general en el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial”, ha explicado Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, organización que vigila los abusos contra los derechos humanos en el país.“Este último incidente pone de manifiesto que las autoridades están dispuestas a pisotear la legislación del país sobre el debido proceso para intimidar y silenciar a los disidentes.”Las organizaciones que han expresado su preocupación por la detención son Human Rights Watch, EG Justice, Publiquen lo que Pagan, Transparencia Internacional, la CNUCC, la Conferencia Internacional Contra la Corrupción y Amnistía Internacional.Asumu es el presidente del CEID, y Okenve, su vicepresidente. El 16 de abril, las autoridades impidieron a Asumu tomar un vuelo en la capital isleña del país, Malabo, para viajar a Bata, ciudad del territorio continental. Según un colega suyo que se encontraba allí y su abogado, dijeron que lo había ordenado el ministro de Seguridad Nacional.Al día siguiente, Asumu y Okenve acudieron al Ministerio, que se encuentra en el mismo edificio que la Comisaría Central de Policía de Malabo. El ministro de Seguridad Nacional interrogó a ambos durante más de cinco horas, afirman dos colegas que los acompañaron y esperaron fuera. Acabada la reunión, alrededor de las seis de la tarde, las autoridades impidieron a Asumu y Okenve salir del edificio y los retienen todavía allí.La policía ha permitido a sus colegas y a sus familias ver a ambos, y también ha permitido a los dos ponerse en contacto con sus abogados. Pero las autoridades no los han llevado ante un juez en el plazo de 24 horas, como dispone la ley. Tampoco han presentado cargos contra ellos, lo que según la legislación del país debe hacerse en el plazo de 72 horas.El Ministerio del Interior ordenó al CEID suspender sus actividades indefinidamente en marzo de 2016. Según los colegas de Asumu y Okenve que han hablado con ellos, las autoridades han amenazado con imponerles una multa de 10 millones de francos guineanos (16.000 dólares estadounidenses) por no acatar esa orden.El Ministerio dictó la orden tras clausurar una reunión de jóvenes por considerar que los participantes habían hecho declaraciones que constituían incitación, acusación que el CEID afirma que es falsa y que tiene una motivación política. Según un representante de la organización, está recurrió contra la orden de suspensión, pero no recibió ninguna respuesta.EL CEID anunció que reanudaría sus actividades en septiembre de 2016. Un representante de la organización ha afirmado que la suspensión de sus actividades de abril de 2016 tenía una vigencia de sólo tres meses. Desde entonces, ha organizado actos a los que han asistido representantes de varios ministerios.El gobierno de Guinea Ecuatorial ha presentado una solicitud para sumarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que agrupa a gobiernos, empresas y grupos no gubernamentales con el fin de promover una mejor gobernanza de los países ricos en recursos fomentando el debate público sobre el uso de los ingresos procedentes del petróleo, el gas y la minería. La EITI dispone que los gobiernos miembros deben “asegurarse de que la sociedad civil goce de un contexto propicio” y “abstenerse de llevar a cabo acciones susceptibles a limitar o restringir el debate público sobre la implementación del EITI”.Guinea Ecuatorial se ha visto salpicada por escándalos de corrupción, exacerbados por la falta de transparencia en torno a los ingresos procedentes de los recursos naturales.  La suspensión de la principal organización del país dedicada a promover la transparencia y el respeto de los derechos humanos y la detención de su dirección son una mala señal con respecto al compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción, han manifestado las siete organizaciones.“Estas detenciones convierten en meras palabras las promesas de respetar a la sociedad civil formuladas por el gobierno en su intento de sumarse a la EITI”, ha señalado Elisa Peter, directora ejecutiva de Publiquen lo que Pagan. “Amenazan con echar por tierra la candidatura del país a la EITI y transmiten el mensaje de que el gobierno no tolerará las voces independientes.”Cuando el CEID reanudó sus actividades en septiembre de 2016, reanudó también su función de miembro del comité conductor nacional formado por funcionarios del Estado, empresas petroleras y la sociedad civil como primera etapa de la solicitud de pertenencia a la EITI. El comité se reunió por última vez el 12 de abril, y el ministro de Minas asistió a un acto que el grupo de derechos humanos celebró el 14 de abril con ocasión de su vigésimo aniversario.“El gobierno colabora con el CEID cuando quiere fingir respeto por la sociedad civil, pero deja que esta orden de suspensión penda como una espada de Damocles sobre él”, ha manifestado Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Al intimidar a dos de los defensores de derechos humanos más respetados del país, el gobierno parece estar tratando de silenciar a la sociedad civil en un momento de indignación creciente por la profunda crisis económica del país.”


Las autoridades qataríes no deben ceder a las demandas de Arabia Saudí si ésta solicita la devolución del activista de los derechos humanos Mohammad al-Otaibi, que estaría expuesto a sufrir encarcelamiento y tortura u otros malos trastos allí, ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a la sesión judicial prevista para el martes, 25 de abril, ante un tribunal saudí.Mohammad al-Otaibi, activista pacífico y fundador de una organización local de derechos humanos, está siendo juzgado in absentia ante el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí por una serie de cargos absurdos formulados contra él. Se teme que sea devuelto allí en cualquier momento. Ha dicho a Amnistía Internacional que la policía secreta saudí, conocida como Al Mabahith, lo ha estado llamando y preguntando por su paradero.“Mohammad al-Otaibi, que fue preso de conciencia, estuvo ya más de tres años y medio encarcelado ilícitamente por su trabajo de derechos humanos. Su devolución a Arabia Saudí, donde es casi seguro que será sometido a malos tratos, a otro juicio injusto y a reclusión arbitraria prolongada, sería no sólo un acto cruel, sino también un incumplimiento flagrante de las obligaciones internacionales de Qatar”, ha señalado Lynn Maalouf, directora de Investigación de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Beirut.“Defender los derechos humanos no es delito En vez de perseguir implacablemente a los activistas pacíficos, las autoridades saudíes deberían retirar los absurdos cargos formulados contra él y poner fin al hostigamiento sistemático a que someten a los defensores y defensoras de los derechos humanos.”Mohammad al-Otaibi huyó a Qatar tras levantarse, en febrero de 2017, la prohibición de viajar que le había sido impuesta a raíz de su anterior condena. Su juicio actual comenzó el 30 de octubre de 2016 ,y está procesado por una larga lista de cargos entre los que figuran los de publicar tuits considerados “ofensivos para el reino, para el gobernante y para países árabes”, establecer sin autorización una organización independiente, conceder entrevistas a medios de comunicación e “incitar a organizaciones internacionales en contra del reino”.Con arreglo al derecho internacional, el principio de no devolución (non-refoulement) prohíbe a los Estados transferir a una persona a cualquier lugar donde corra el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Qatar ha ratificado además la Convención de la ONU contra la Tortura, que prohíbe a los Estados extraditar a cualquier persona a un país donde haya razones fundadas para creer que estará expuesta a sufrir tortura.Arabia Saudí tienen un historial terrible en lo que se refiere celebrar juicios flagrantemente injustos, donde es habitual negar a las personas acusadas el acceso a un abogado y declararlas culpables en virtud de “confesiones” obtenidas por medio de tortura.


Acto celebrado en Bilbao durante el transcurso de la Asamblea General de 2016. © Amnistía Internacional Madrid/Málaga.- Cerca de 350 socias, socios y activistas acudirán los próximos 22 y 23 de abril a la 43 Asamblea General Federal de Amnistía Internacional que se celebra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. En esta asamblea se debatirá sobre la situación de los derechos humanos en España y en el mundo, se decidirán los próximos objetivos de la organización, se revisará el trabajo realizado durante el último año, y se elegirán o renovarán cargos de los diferentes órganos de gobierno. El sábado 22 de abril, cientos de activistas de Amnistía Internacional formarán una cadena humana desplegando una lona de 50 metros de longitud con el lema “#YoAcojo a las Personas refugiadas”. El acto se realizará en El Palmeral, a las 20.30 horas. Se podrán tomar imágenes de  este acto, y se harán declaraciones públicas en apoyo a las personas refugiadas. Con el acto, Amnistía Internacional quiere mostrar una vez más, que la sociedad española quiere acoger a quienes lo han perdido todo al huir de situaciones de conflicto o violencia, y sólo falta que el Gobierno español cumpla con su parte.Crisis mundial sin precedentesNos encontramos ante una situación sin precedentes de personas que tuvieron que huir de sus hogares. Hablamos de más de 21 millones de personas refugiadas en todo el mundo, el 49 por ciento son mujeres y niñas. Se trata de una crisis de envergadura mundial, no sólo por la enorme cifra, sino por el lugar donde se encuentran estas personas. El 86 por ciento, están en países de ingresos bajos y medios. Más de la mitad se concentra en tan sólo diez países. Turquía y Jordania albergan casi a tres millones de personas refugiadas cada uno. Etiopía da refugio a más de 700.000 personas y Kenya y Uganda se acercan al medio millón.En los últimos años, cientos de miles de personas, refugiadas la mayoría, se embarcaron en viajes peligrosos en búsqueda de un hogar seguro en Europa, pero lo que se han encontrado es con la incomprensión y el rechazo de las autoridades europeas que no han dejado de poner barreras a quienes solicitan asilo, dejándoles  a merced de traficantes y redes de trata, haciéndoles más vulnerables a las violaciones de derechos humanos, especialmente en el caso de mujeres y niñas.Ante esta crisis de derechos humanos, España se ha manejado entre un discurso acogedor y una lentísima actuación a la hora de cumplir con su compromiso con la Unión Europea de reubicar y reasentar a 17.337 personas. Más de un año después de este compromiso, España, hasta el 5 de abril de 2017, sólo acogió a 1.237 personas.Además España sigue a la cola de Europa, ya que con 15.760 solicitudes de asilo recibidas en 2016, se haría sólo cargo del 1,2 por ciento de las de toda Europa, frente a las 745.150 de Alemania, que alcanzan el 60 por ciento.A esto hay que añadir, que Amnistía Internacional ha denunciado que el sistema español de recepción de solicitantes de asilo es discriminatorio, arbitrario y obsoleto. No cumple con todas las obligaciones que emanan de los estándares internacionales de derechos humanos.El actual sistema de acogida no garantiza el derecho a la información de los solicitantes de asilo, no hace valoraciones individuales para detectar las necesidades específicas de personas vulnerables como podrían ser mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de tortura o trauma, víctimas de trata o personas del colectivo LGBTI. Amnistía Internacional también ha documentado cómo las fronteras de Ceuta y Melilla se encuentran prácticamente selladas para migrantes y solicitantes de asilo, especialmente aquellos de origen subsahariano. Y cómo se siguen produciendo expulsiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad sin tener en cuenta si estas personas podrían ser solicitantes de asilo o estar en una situación de vulnerabilidad.“Nosotros frente a ellos”A la crisis de refugiados, se le une la retórica tóxica de los discursos políticos de Estados Unidos, Filipinas, Turquía o Hungría, entre otros países, donde ha primado el miedo, la culpa y la división entre “nosotros y ellos”. Unos discursos que están teniendo consecuencias en políticas que, entre otros aspectos, limitan también el derecho de asilo. A lo largo de 2016, al menos 36 países violaron el derecho internacional al devolver ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro. Para hablar de los retos del discurso del “Nosotros contra ellos” en América y Europa, participarán Carolina Jiménez, directora adjunta para investigación de la Oficina Regional de México de Amnistía Internacional y María Serrano, experta en inmigración de Amnistía Internacional. También participará en la Asamblea, Belal Dardiry, fotoperiodista y defensor de derechos humanos egipcio, actualmente acogido al Programa de Protección Temporal de defensores y defensoras de derechos humanos de la sección española.  /// FIN


Manifestación en Caracas en contra de las políticas del presidente Maduro © AFP/Getty Images La inagotable espiral de violencia y represión durante manifestaciones en Venezuela está sumergiendo al país en una crisis de difícil retorno que amenaza la vida y la seguridad de la población, dijo Amnistía Internacional tras informes de al menos dos personas muertas y numerosas heridas y detenidas durante manifestaciones en todo el país hoy.
Las autoridades Venezolanas confirmaron que Paola Ramírez de 23 años y Carlos Moreno de 17 años fueron asesinados en San Cristóbal, Táchira y Caracas respectivamente por impactos de bala.
“Salir a la calle en un día de manifestación en Venezuela no debería ser una sentencia de muerte,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La trágica combinación de creciente violencia, represión descontrolada y falta de acción por parte de las autoridades para garantizar la libertad de expresión y la justicia es una receta tóxica que no hace más que perpetuar la violencia.”
“Las autoridades venezolanas deben garantizar el derecho de la población de salir a la calle a expresar sus opiniones pacíficamente y, de manera urgente, investigar todas las denuncias de abusos a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.”
En la víspera de la manifestación, el gobierno anunció el "Plan Zamora", un mecanismo de seguridad que despliega a las fuerzas policiales y militares conjuntamente con civiles para “preservar el orden interno”.
“El ‘Plan Zamora’ hace un llamado a civiles a usar la fuerza para la que no están legitimados. Esta es una clara receta para el desastre. Este llamado es especialmente preocupante dadas las reiteradas denuncias de abusos por parte de grupos civiles armados,” dijo Erika Guevara-Rosas.


AP Una jueza del condado de Pulaski ha bloqueado el uso, por parte del estado de Arkansas, de sus fármacos restantes para la inyección letal en cinco ejecuciones previstas para este mes. La fiscalía planea apelar.
Arkansas había programado originalmente ocho ejecuciones en un plazo de 10 días, ya que, a final de mes, caducaban algunos de los fármacos empleados en la inyección letal. Tres de esas ejecuciones ya habían sido suspendidas hasta un plazo que va más allá de la fecha de caducidad de los fármacos. Dos estaban previstas para mañana. La sentencia se ha dictado justo después de que la Corte Suprema de Arkansas suspendiera la ejecución de Stacey Johnson para que pudieran realizarse análisis de ADN adicionales para su defensa.
“Aunque esta sentencia vuelve a traer un alivio temporal, Arkansas sigue sin mostrar aprecio alguno por los derechos humanos, ejecutando apresuradamente a sus presos”, ha manifestado James Clark, responsable de campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esta mortal oleada de ejecuciones es contraria a la tendencia estadounidense de apartarse de la pena de muerte. El plazo límite literal de la fecha de caducidad de un fármaco es terriblemente cruel, pero todas las ejecuciones previstas deben conmutarse de forma permanente. La pena de muerte no tiene cabida en un país que afirma valorar los derechos humanos.”
Un informe publicado este mismo mes por Amnistía Internacional mostró que, por primera vez desde 2006, y sólo por segunda vez desde 1991, Estados Unidos no se encuentra entre los cinco países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. El número de ejecuciones (20) llevadas a cabo en 2016 fue el más bajo registrado en cualquier otro año desde 1991. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.


La ONU debe dar prioridad a la observación de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos y los campamentos de refugiados saharauis situados junto a la frontera, en Tinduf (Argelia), ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la votación del Consejo de Seguridad el próximo 27 de abril para renovar el mandato de su presencia para el mantenimiento de la paz en la zona.La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) carece actualmente del mandato de documentar la situación de los derechos humanos o informar de ella a pesar de que siguen cometiendo abusos tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui que administra los campamentos de refugiados saharauis en torno a Tinduf, en el sur de Argelia.“Permitir que la misión de paz de la ONU observe la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf es crucial para garantizar que el mundo conoce los abusos que se cometen lejos del escrutinio público, hacer que los responsables rindan cuentas y mejorar el respeto hacia estos derechos”, ha manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional en el Norte de África.“La misión de la ONU en el Sáhara Occidental es la única operación de mantenimiento de la paz moderna del mundo que carece de un componente de derechos humanos. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se estableció y ya es hora de mejorar su estatuto para permitirle informar sobre estas violaciones.”La necesidad de una vigilancia independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos es especialmente urgente teniendo cuenta la impunidad que sigue imperando por los abusos y violaciones cometidos en el pasado en el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, así como las crecientes tensiones políticas en torno a las denuncias de infracciones por ambas partes del acuerdo de alto el fuego en la zona temporal de seguridad situada cerca de la frontera con Mauritania.A lo largo del año pasado, Amnistía Internacional ha seguido documentando violaciones de derechos humanos, y concretamente, restricciones arbitrarias impuestas a manifestantes y activistas pacíficos partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental, así como la vulneración de su derecho a un juicio justo y de la prohibición de la tortura y otros malos tratos.La organización también está siguiendo el nuevo juicio civil contra 24 saharauis, entre los que hay activistas de derechos humanos y políticos, condenados con anterioridad a duras penas de prisión en un juicio militar manifiestamente injusto. Los enjuiciados fueron detenidos en 2010 en relación con unos enfrentamientos violentos en los que murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis tras la disolución por la fuerza de un campamento de protesta en Gdim Izik, cerca de El Aaiún (Sáhara Occidental). El bloqueo informativo impuesto por las autoridades marroquíes en aquel momento sobre lo sucedido y la polémica que rodeó los enfrentamientos son un claro ejemplo de la necesidad urgente de un monitoreo imparcial y autorizado de la situación de los derechos humanos en la región.Los perpetradores de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado de Marruecos con el Frente Polisario entre 1975 y 1991 han quedado en gran medida impunes. Del mismo modo, el Frente Polisario no ha exigido cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante ese periodo en los campamentos de refugiados que controla la organización.La capacidad de la MINURSO quedó reducida el año pasado después de que las autoridades marroquíes expulsaran en marzo a varios miembros del personal civil de la Misión, incluido personal encargado de la limpieza de minas del Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas (UNMAS). El UNMAS considera que el Sáhara Occidental es uno de los territorios más minados del mundo, donde se han producido más de 2.500 víctimas desde 1975. Grupos locales de derechos humanos han informado de varias personas muertas y heridas a causa de minas terrestres en el Sáhara Occidental el pasado año. Entre las víctimas figuraba una niña de 12 años que murió por una mina terrestre en Mahbes, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, en mayo de 2016.“En lugar de dificultar la labor de la MINURSO, las autoridades marroquíes deben cooperar plenamente con la Misión para garantizar que ésta puede desempeñar su labor a plena capacidad. Por su parte, el Consejo de Seguridad debe ampliar el mandato de la Misión para incluir la vigilancia y la información de la situación de los derechos humanos. No hacerlo probablemente sólo servirá para fomentar nuevas violaciones y para que continúe la impunidad”, concluyó Morayef.Información complementariaLa Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) fue establecida en 1991 en el territorio que se anexionó Marruecos en 1975, así como en los campamentos de refugiados saharauis en torno a Tinduf, en el suroeste de Argelia. Su mandato es observar el alto el fuego entre las fuerzas armadas marroquíes y el Frente Polisario, así como implementar un referéndum para determinar el estatuto definitivo del Sáhara Occidental.En una declaración hecha pública el mes pasado, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que ampliase el mandato de la MINURSO para incluir la observación de la situación de los derechos humanos; también solicitó que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos visitara el Sáhara Occidental y los campamentos del Tinduf para evaluar la situación de estos derechos allí. Marruecos se ha reincorporado a la Unión Africana este año. 


Habitación donde se aplica la pena de muerte por inyección letal. (AP Photo/Eric Risberg, File) Una jueza de Arkansas ha bloqueado temporalmente seis ejecuciones después de que la empresa que fabricaba los fármacos que se emplean en éstas presentase una queja alegando que el fármaco no estaba destinado a usarse para la inyección letal.
Ese mismo día, un juez de la Corte Suprema estatal había paralizado la ejecución de un séptimo preso, y con anterioridad se había suspendido una octava ejecución. Arkansas había programado originalmente ocho ejecuciones en un plazo de 10 días, antes de que caducaran, a final de mes, los fármacos empleados en la inyección letal.
“La ciudadanía de Estados Unidos se ha pronunciado en contra de esta espantosa producción de muerte en cadena y es un alivio que la jueza haya paralizado temporalmente estas ejecuciones. Seguimos pidiendo al gobernador Hutchinson que haga uso de su autoridad ejecutiva para paralizar permanentemente esta cadena de producción letal”, ha manifestado James Clark, director de campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “La lucha no terminará hasta que este castigo cruel e inhumano quede abolido de una vez para siempre.”


PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images Las autoridades nigerianas deben redoblar sus esfuerzos para lograr la liberación de las niñas de Chibok y de miles de personas más secuestradas en el nordeste del país por Boko Haram, ha declarado Amnistía Internacional en el tercer aniversario del escalofriante secuestro por este grupo armado de 276 niñas de la escuela de Chibok.
“Boko Haram sigue secuestrando a mujeres, niñas y varones jóvenes que a menudo son sometidos después a terribles abusos, incluidos violaciones y palizas y obligarlos a participar en misiones suicidas con explosivos. Lamentablemente, muchos de estos secuestros pasan desapercibidos para los medios de comunicación, que no informan de ellos. Esto ha dejado a muchos progenitores y familiares sin esperanza alguna de volver a reunirse con sus seres queridos”, ha afirmado Makmid Kamara, director de país interino de Amnistía Internacional Nigeria.
“Estos terribles secuestros y otros ataques, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, son cometidos por Boko Haram casi a diario. Deben acabarse. Hoy recordamos y mostramos nuestra solidaridad a las familias de las niñas de Chibok, así como a las de miles de mujeres, niñas y hombres más secuestrados, asesinados o desplazados por Boko Haram.”
Amnistía Internacional, que participa solidariamente en la campaña #BringBackOurGirls, pide también al gobierno nigeriano que garantice que se rinden cuentas por todas las demás personas secuestradas y que se preste a sus familias el apoyo adecuado.
La organización ha documentado al menos otros 41 casos de secuestros masivos perpetrados por Boko Haram desde principios de 2014. Si bien el gobierno de Nigeria está haciendo considerables esfuerzos para recuperar a las 195 niñas de Chibok que continúan en poder de Boko Haram, las víctimas de secuestros masivos que reciben menos publicidad no se han beneficiado de esfuerzos equiparables.
“El gobierno nigeriano está avanzando en la recuperación de territorio en poder de Boko Haram, pero hace falta hacer más para prevenir nuevos secuestros y atentados con explosivos y ofrecer el apoyo adecuado a las víctimas que ya han sido rescatadas o han logrado huir de sus captores de Boko Haram”, prosiguió Makmid Kamara.
“Esta sangrienta sublevación de Boko Haram y los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para acabar con ella han desplazado a más de dos millones de personas en el nordeste del país y llevado a muchas al borde de la inanición. Es vital para el pueblo nigeriano que los responsables de atrocidades en el conflicto respondan de ellas ante la justicia.” Información complementariaDesde 2009, Boko Haram lleva a cabo una violenta campaña contra la población civil en el nordeste de Nigeria mediante homicidios, bombardeos, secuestros y saqueos casi diarios. Se han saqueado ciudades y pueblos. Se han atacado y destruido escuelas, iglesias, mezquitas y otros edificios públicos. Boko Haram somete a un maltrato brutal a la población civil atrapada en las zonas bajo su control, y obstaculiza la prestación de servicios públicos, entre otros los de salud y educación.
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional revela que Boko Haram ha cometido impunemente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En abril de 2014, combatientes de Boko Haram secuestraron a 276 niñas de la escuela secundaria oficial de niñas en Chibok. Los secuestros son parte sistemática de los ataques de Boko Haram, y el 14 de abril de 2015 Amnistía Internacional publicó un informe completo que documentaba 38 casos de secuestros cometidos por este grupo armado.
Desde abril de 2015, miles de mujeres, hombres, niñas y niños secuestrados por Boko Haram han escapado o han sido rescatados, pero quedan miles más en cautiverio.


El horrendo uso de la pena de muerte que hace China sigue siendo uno de los terribles secretos del país, pues las autoridades siguen ejecutando a miles de personas cada año, afirma Amnistía Internacional en su examen global de la pena de muerte en 2016 que se publica hoy.Una nueva investigación en profundidad de Amnistía Internacional, también publicada hoy, muestra que las autoridades chinas aplican un sistema complicado y opaco para ocultar la escandalosa magnitud de las ejecuciones en el país, pese a las reiteradas afirmaciones de que avanza hacia la transparencia judicial.Sin tener en cuenta a China, Estados de todo el mundo ejecutaron a 1.032 personas en 2016. China ejecutó a más personas que todos los demás países del mundo en conjunto, mientras que Estados Unidos registró un mínimo histórico en su uso de la pena de muerte en 2016.“China aspira a ser un líder en la escena mundial, pero en lo relativo a la pena de muerte ejerce de líder de la peor manera posible: ejecutando cada año a más personas que ningún otro país del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“El gobierno chino ha reconocido que va a la zaga en cuanto a apertura y transparencia judicial, pero persiste en ocultar activamente la verdadera magnitud de las ejecuciones. Es hora de que China levante el velo de este terrible secreto y deje por fin de esconder su sistema de pena de muerte.”“Sólo unos pocos países continúan ejecutando en gran escala. La mayoría de los Estados no aprueban ya que el Estado arrebate vidas humanas. Con sólo cuatro países responsables del 87% del total de ejecuciones registradas, la pena de muerte también tiene los días contados.”Las afirmaciones de transparencia de China son “engañosas”La investigación de Amnistía Internacional saca a la luz que cientos de casos de pena de muerte documentados no constan en una base online de datos judiciales que inicialmente se promocionó como un “paso decisivo hacia la apertura” y que se proclama periódicamente como prueba de que el sistema judicial del país no tiene nada que ocultar.

La base de datos de China sólo recoge una mínima parte de los miles de condenas a muerte que Amnistía Internacional calcula que se dictan cada año en China, y refleja el hecho de que el gobierno chino sigue manteniendo un hermetismo casi total respecto al número de personas condenadas a muerte y ejecutadas en el país.
China clasifica como “secreto de Estado” la mayor parte de los datos relacionados con la pena de muerte, y de todos modos prácticamente cualquier información puede ser clasificada como secreto de Estado en virtud de las leyes excesivamente amplias sobre secretos de China.Amnistía Internacional halló informaciones públicas sobre la ejecución de al menos 931 personas entre 2014 y 2016 (sólo una mínima parte del total de ejecuciones), pero sólo 85 de ellas constan en la base de datos del Estado.La base de datos tampoco incluye a los nacionales extranjeros condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas, pese a que los medios de comunicación informaron de al menos 11 ejecuciones de ellos. Tampoco figuran numerosos casos relacionados con “terrorismo” y con delitos relacionados con las drogas.“El gobierno de China hace uso de revelaciones parciales y afirmaciones no verificables para reivindicar avances en la reducción del número de ejecuciones, pero al mismo tiempo mantiene un hermetismo casi absoluto. Esto es deliberadamente engañoso”, ha afirmado Salil Shetty.“China es un caso absolutamente anómalo en la comunidad mundial en lo relativo a la pena de muerte, al margen de las normas jurídicas internacionales y contraviniendo las reiteradas peticiones de información de la ONU sobre el número de personas a las que ejecuta.”En los últimos años, el riesgo de que se ejecute a personas por delitos que no cometieron ha causado una alarma creciente en la opinión pública china. En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo Popular anuló la sentencia condenatoria errónea dictada en uno de los casos más destacados de error judicial y ejecución errónea, el de Nie Shubin, ejecutado en 1995, cuando tenía 20 años. En 2016, los tribunales chinos fallaron que cuatro personas que se enfrentaban a la pena capital eran inocentes y anuló sus condenas a muerte.
Uno de los casos más destacados de error judicial y ejecución errónea: el de Nie Shubin, ejecutado en 1995, cuando tenía 20 años
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La escandalosa magnitud de las ejecuciones en Vietnam, al descubiertoEn Malasia y Vietnam, nuevas revelaciones indican que la magnitud de las ejecuciones en estos países fue aun mayor de lo que se pensaba.Información de Vietnam, publicada en medios de comunicación vietnamitas por primera vez en febrero de 2017, indica que este país ha sido en secreto el tercero del mundo por el número de ejecuciones en los últimos tres años, al ejecutar a 429 personas entre el 6 de agosto de 2013 y el 30 de junio de 2016. Sólo China e Irán ejecutaron a un número mayor de personas en ese periodo. El informe del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam no incluye un desglose de las cifras para 2016.
“La magnitud de las ejecuciones en Vietnam en los últimos años es realmente escandalosa. Este mecanismo de ejecución en serie eclipsa por completo las recientes reformas relacionadas con la pena de muerte. Cabe preguntarse cuántas personas más han sido víctimas de la pena de muerte sin que el mundo lo sepa”, ha afirmado Salil Shetty.
Un hermetismo semejante reina en Malasia, donde la presión parlamentaria en 2016 permitió que saliera a la luz que más de 1.000 personas están en espera de ejecución, y que nueve personas fueron ejecutadas sólo en 2016, un número muy superior al que antes se pensaba.
Mientras tanto, la idea de que hay delitos que justifican la pena de muerte sigue arraigando en otros países de la región: Filipinas intenta reinstaurar la pena capital (abolida por última vez en 2006) y Maldivas amenaza con reanudar las ejecuciones después de más de 60 años. 
Estados Unidos no figura entre los cinco primeros países por primera vez desde 2006Por primera vez desde 2006, Estados Unidos no figura entre los cinco países con más ejecuciones del mundo.
El número de ejecuciones (20) en 2016 alcanzó el nivel mínimo registrado desde 1991, la mitad que en 1996 y casi cinco veces menos que en 1999. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.
El número de condenas a muerte (32) fue el más bajo desde 1973, un signo claro de que jueces, fiscales y jurados dan la espalda a la pena de muerte como medio de administrar justicia. Sin embargo, 2.832 personas continúan en espera de ejecución en Estados Unidos.
Aunque el debate está cambiando claramente, la reducción del número de ejecuciones se debió en parte a litigios relacionados con los protocolos relativos a la inyección letal y a las dificultades para obtener sustancias químicas en varios estados. Sin embargo, la posible resolución de algunas dificultades relacionadas con la inyección letal podría significar el inicio de un repunte del nivel de ejecuciones en 2017, comenzando con Arkansas este mes de abril.
En 2016 sólo se llevaron a cabo ejecuciones en cinco estados de Estados Unidos: Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Misuri (1) y Texas (7), siendo Texas y Georgia responsables del 80% de las ejecuciones del país en 2016. Mientras tanto, 12 estados que no han abolido todavía la pena de muerte —entre ellos Arkansas— no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace al menos 10 años.
“El uso de la pena de muerte en Estados Unidos se sitúa en su nivel más bajo desde los primeros años de la década de 1990. Pero tenemos que luchar para que siga siendo así. Las ejecuciones podrían regresar con más ímpetu en 2017. El alarmante número de ejecuciones programadas en Arkansas para un periodo de 10 días este mes de abril es un claro ejemplo de la celeridad con que puede cambiar el panorama”, ha afirmado Salil Shetty.
“La constante disminución del uso de la pena de muerte en Estados Unidos es un signo esperanzador para los activistas que llevan mucho tiempo haciendo campaña para acabar con la pena capital. Es evidente que el debate está cambiando. Los políticos deben evitar la inquietante retórica de “mano dura con la delincuencia” que contribuyó a marcar máximos en el número de ejecuciones en las décadas de 1980 y 1990. La pena de muerte no hará que nadie esté más seguro.
“Los cinco estados aislados que llevaron a cabo ejecuciones el año pasado viven de espaldas a su época. No sólo van en contra de la tendencia nacional, sino también de la regional. Desde hace ya ocho años, Estados Unidos tiene el vergonzoso honor de ser el único país de América que lleva cabo ejecuciones.”
Tendencias clave en 2016
El descenso en el número de ejecuciones está motivado en gran medida por las reducciones registradas en Irán (un 42% menos, de un mínimo de 977 a un mínimo de 567) y Pakistán (73% menos, de 326 a 87).En el África subsahariana se registraron menos ejecuciones, pero el número de condenas a muerte se duplicó con creces, debido en gran medida a un fuerte incremento en Nigeria. En Oriente Medio y el Norte de África, el número de ejecuciones disminuyó un 28%, pero Irán y Arabia Saudí continuaron en el grupo de países que llevaron a cabo más ejecuciones.Dos países abolieron la pena de muerte para todos los delitos (Benín y Nauru); Guinea abolió la pena de muerte únicamente para delitos comunes.


La policía se lleva a un manifestante en Caracas, abril de 2017 © AFP/Getty Images Amnistía Internacional insiste una vez más en la obligación del Estado venezolano de garantizar el derecho a la libertad de expresión y a manifestarse pacíficamente de todas las personas en el país.
En el día de ayer, durante manifestaciones convocadas por grupos críticos al gobierno actual, para acudir a la Defensoría del Pueblo, las fuerzas de seguridad reprimieron la manifestación con uso de bombas lacrimógenas y balas de goma. Como resultado, se reportaron personas heridas y afectadas por los efectos asfixiantes de gases lacrimógenos. Más tarde, se supo de la muerte de un joven estudiante mientras se manifestaba en la zona de los Altos Mirandinos, cerca de la ciudad capital.
Asimismo, en días anteriores se había advertido por medios de comunicación sobre la violencia ejercida contra estudiantes dentro del recinto de la Universidad de Carabobo, que terminó en dos heridos de bala.“Es urgente que las autoridades venezolanas garanticen el derecho a la libertad de expresión y detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza contra aquellos que ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente. En vez de usar sus recursos para empecinadamente perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debería estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria que empeora día a día”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional reitera su profunda preocupación por todos estos hechos, en especial por los distintos llamados por parte de algunos funcionarios estatales al uso de armas de fuego en contra de los manifestantes críticos al gobierno.
Exigimos que se condene de manera enérgica e inequívoca la violencia en el marco de las manifestaciones por grupos armados identificados con el gobierno, y que los cuerpos de seguridad garanticen que las manifestaciones que tengan lugar en los próximos días puedan realizarse sin obstáculos y sin temor a la represión. También instamos a que no se usen armas de fuego para controlar manifestaciones políticas o de cualquier otra índole.Más información:Venezuela: Aumentan detenciones de opositores en nueva cacería de brujas