Amnistía Internacional España

AFP/Getty Images En respuesta a la noticia de que un barco ha volcado en el río Naf, que separa Bangladesh de Myanmar, con el resultado de al menos 12 personas muertas, incluidos menores de edad, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha dicho lo siguiente:“El hundimiento y la trágica pérdida de vidas de hoy no son sino otra demostración de la desesperada situación que persiste en el estado de Rajine. Mientras el ejército se emplea en una campaña de violencia, se acumulan los indicios de que mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas ahora también huyen de la amenaza del hambre, que es bien patente.“Las autoridades de Myanmar están bloqueando activamente el acceso de grupos de ayuda humanitaria a las zonas afectadas en el estado de Rajine, donde la población está al límite de la supervivencia. Tales restricciones demuestran un cruel desprecio por la vida humana y deben terminar de inmediato.”


En respuesta a la noticia según la cual un fiscal ha presentado un acta de acusación formal en la que se piden penas de prisión de hasta 16 años por cargos de terrorismo para 11 activistas de derechos humanos, incluidos İdil Eser y Taner Kiliç (directora y presidente, respectivamente, de Amnistía Internacional Turquía), John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha dicho:“Esta indignante acta de acusación no sólo no contiene nuevas pruebas, sino que repite absurdas denuncias contra algunos de los defensores y defensoras de los derechos humanos más destacados de Turquía. ”“Estos valientes activistas llevan meses consumiéndose en la cárcel sólo porque creen en los derechos humanos. Sólo con que hubieran pasado un día tras las rejas se habría cometido una gran injusticia.”“Este acta de acusación es poco más que una burda mezcolanza de insinuaciones y falsedades, y representa de por sí una denuncia irrebatible de las deficiencias del sistema de justicia turco. El tribunal debe rechazarla por completo y garantizar que nuestros colegas y amigos queden de inmediato en libertad incondicional.”


Una niña de cinco años herida tras un ataque en Yemen © Rawan Shaif La comunidad internacional ha cedido una vez más a la presión política, y ha restado importancia al sufrimiento de cientos de niños y niñas yemeníes, suavizando las críticas de las graves violaciones del derecho internacional perpetradas por la coalición dirigida por Arabia Saudí en el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.“Cada vez que la ONU hace concesiones que permiten a quienes cometen crímenes graves de derecho internacional eludir las críticas o la justicia, anima a otros actores a cometer violaciones de derechos humanos que causan un inmenso sufrimiento a personas en todo el mundo”, ha afirmado Sherine Tadros, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York.“Aunque acogemos con satisfacción la demorada incorporación de la coalición dirigida por Arabia Saudí en el listado del informe sobre menores y conflictos armados, es una vergüenza que la ONU cediera a la presión y la incluyera en una nueva categoría concebida específicamente para limitar la condena a la coalición.”Como consecuencia de la presión diplomática ejercida por Arabia Saudí, en el informe —que abarca el año 2016— se incluye una nueva categoría que reconoce los esfuerzos de la coalición para “adoptar medidas durante el periodo objeto del informe dirigidas a mejorar la protección de los niños y niñas”.Amnistía Internacional no ha percibido indicio alguno de esas medidas. En las últimas semanas, Amnistía Internacional confirmó que, en un ataque que tuvo lugar en agosto, la coalición dirigida por Arabia Saudí utilizó una bomba de fabricación estadounidense que mató a siete niños y niñas.Según el informe sobre menores y conflictos armados, la coalición dirigida por Arabia Saudí mató a 683 niños y niñas en 2016.“Las potencias mundiales deben hacer todo lo posible para mantener la presión sobre los Estados que desprecian flagrantemente la vida de los niños y niñas. Estados Unidos y otros Estados que suministran armas para uso de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen deben dejar de hacerlo, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe imponer un embargo de armas para poner fin a esos terribles abusos”, ha añadido Sherine Tadros.Información complementaria:En 2015, el entonces secretario general Ban Ki-moon incluyó a Arabia Saudí en el informe sobre menores y conflictos armados, pero posteriormente lo retiró, tras recibir una intensa presión diplomática.Según las últimas cifras del mecanismo de supervisión y presentación de informes de UNICEF, al menos 1.595 niños y niñas murieron y otros 2.542 resultaron heridos en Yemen entre el 26 de marzo de 2015 y el 31 de marzo 2017. La coalición dirigida por Arabia Saudí es responsable de la mayoría de estas víctimas infantiles.


La muerte de nueve personas campesinas, y más de una decena de heridos, presuntamente a manos del Ejército y Policía Nacional de Colombia en el municipio de Tumaco, en el suroeste de Colombia, debe ser una fuerte alerta para las autoridades sobre la necesidad de proteger a la población civil durante la implementación del Acuerdo de Paz, dijo Amnistía Internacional.Según la Asociación de Juntas Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el 5 de octubre, miembros de fuerzas de seguridad de Colombia abrieron fuego de manera indiscriminada contra comunidades campesinas que protestaban de manera pacífica en zonas de Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco.Las comunidades protestaban contra la lenta implementación programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, convenido en el Acuerdo de Paz firmado en noviembre del año pasado.“Nada cambiará en Colombia hasta que todas las personas del país puedan protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Es imprescindible que las autoridades colombianas investiguen esta serie de asesinatos y lleven a sus responsables ante la justicia. No hacerlo, como suele ser la norma, enviará la señal de que las vidas de las personas campesinas carecen de valor, y que el conflicto armado continua activo.”Desde el 28 de Septiembre 2017, las comunidades campesinas de las zonas de Alto Mira y Frontera han protestado de manera pacífica contra la actual estrategia del Gobierno de reducir el número de áreas sembradas con cultivos ilícitos, por considerar que no cumple con lo suscrito en la el Acuerdo de Paz sobre la voluntariedad y concertación que deben guiar este tipo de acciones.
Tumaco es una de las zonas de mayor producción de hoja de coca en el país, siendo Alto Mira el territorio con mayor número de hectáreas sembradas con coca. Es por esto que la zona fue priorizada para la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, como en otras zonas de esta región, la implementación del Acuerdo de Paz en territorio avanza lentamente y las comunidades rurales ven con preocupación la falta de acción del gobierno para garantizar sus derechos fundamentales, o brindar alternativas de desarrollo.
El reclamo por parte de las asociaciones campesinas se centra en que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Defensa, cumpla con lo pactado en La Habana en cuanto a la consulta y concertación con las comunidades de cada jurisdicción en la que ejecuten el programa de sustitución, pues afirman que la falta de implementación de esa consulta tiene impactos económicos, ambientales y de derechos humanos en sus territorios.


Un campamento en la frontera entre Myanmar y Bangladesh © Amnistía Internacional La comunidad internacional debe ayudar a garantizar que ninguna persona refugiada rohingya es obligada a regresar a Myanmar mientras corra peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos tras la cruel campaña de limpieza étnica emprendida por el ejército. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Esta semana, los gobiernos de Bangladesh y Myanmar anunciaron que han establecido un grupo de trabajo para debatir la repatriación de las personas refugiadas rohingyas. Más de 500.000 mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas huyeron en poco más de un mes de una operación militar en el estado de Rajine.“Aunque es positivo que Myanmar y Bangladesh estén debatiendo opciones para el regreso seguro de las personas rohingyas a sus hogares, este debe ser un proceso voluntario, y no debe dar lugar a un esfuerzo apresurado e imprudente de obligar a la gente a regresar contra su voluntad. Nadie debe ser obligado a volver a una situación en la que seguirá enfrentándose a graves violaciones de derechos humanos y discriminación y segregación sistémicas”, ha manifestado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.“La atroz campaña del ejército de Myanmar contra los rohingyas en el estado de Rajine constituye crímenes de lesa humanidad. La primera e ineludible condición que se debe cumplir antes de que se haga realidad cualquier plan de repatriación es el final incondicional de la violencia. Pero no basta con eso: el gobierno de Myanmar también debe poner fin a la arraigada discriminación que ha atrapado desde hace décadas a los rohingyas en un círculo de privación y abusos.”El 2 de octubre, en Dhaka, el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, AH Mahmood Ali, dijo que, tras una reunión entre autoridades de los dos países, Myanmar había “mostrado interés” en aceptar de vuelta a las personas refugiadas rohingyas. Los detalles de la propuesta aún no se han hecho públicos, y no está claro si sólo abarca las oleadas recientes de personas refugiadas o también a las que llevan décadas viviendo en Bangladesh.En la década de 1990 y principios de la de 2000, decenas de miles de personas refugiadas rohingyas fueron devueltas de Bangladesh a Myanmar en una operación de repatriación en gran escala, con la ayuda del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las personas que retornaron han seguido enfrentándose a una discriminación sistemática promovida por el gobierno y a oleadas de violencia en el estado de Rajine.Por aquel entonces, los grupos de defensa de los derechos, incluida Amnistía Internacional, plantearon serios motivos de preocupación por el hecho de que se obligara a la gente a regresar contra su voluntad con una consulta mínima, y por que durante el proceso se estaba dejando al margen a las agencias internacionales, incluida la ONU.El retorno forzoso de personas refugiadas viola el principio de no devolución (non-refoulement), la prohibición absoluta, plasmada en el derecho internacional y consuetudinario, de devolver a personas a un territorio en el que puedan enfrentarse a un peligro para su vida o a otras violaciones graves de derechos humanos. Para que cualquier proceso de retorno sea realmente voluntario, a los rohingyas deben proporcionárseles también alternativas al regreso, incluida la opción de pedir protección internacional.“A las personas refugiadas rohingyas debe permitírseles regresar a sus hogares voluntariamente y de manera segura y digna. El gobierno de Myanmar debe hacer todos los esfuerzos posibles por reconstruir las comunidades y los pueblos destruidos por los combates, y para poner fin a la arraigada discriminación y segregación de la población rohingya que subyace en el centro de esta crisis”, ha manifestado Audrey Gaughran.Las autoridades de Myanmar habían indicado anteriormente que todo retorno de personas refugiadas debería ser “verificado”, y que a dichas personas podría pedírseles que presentaran pruebas de su ciudadanía o residencia en Myanmar.“Las autoridades de Myanmar llevan años negando la ciudadanía a los rohingyas y privándolos de otras formas de demostrar su identidad. No es razonable esperar que unas personas que huyen para salvar la vida se aseguren de llevar consigo los documentos necesarios como parte de un proceso de ‘verificación’”, ha manifestado Audrey Gaughran.“También es realmente necesario que la comunidad internacional y la ONU supervisen todo proceso de repatriación. Bangladesh ha demostrado una generosidad excepcional al abrir sus fronteras y acoger a cientos de miles de personas que, en el último mes, han huido desesperadas. La comunidad internacional debe intervenir para ayudar a Dhaka a afrontar la crisis actual y sus secuelas.”En las últimas semanas, las autoridades bangladeshíes han hablado también públicamente de la necesidad de establecer “zonas seguras” dentro de Myanmar. Sin embargo, esas “zonas seguras” tienen un historial de altibajos cuando se han establecido en otros conflictos. Por ejemplo, tanto en Bosnia y Herzegovina en 1993 como en Sri Lanka en 2009, las “zonas seguras” no previnieron los homicidios en masa y otros abusos contra los derechos humanos de las personas que huían.“Las peticiones de zonas seguras, por bien intencionadas que sean, deben tratarse con una cautela extrema. La experiencia pasada demuestra que esas zonas no sólo pueden facilitar los abusos contra las personas desplazadas, sino que además pueden impedir que la gente huya para ponerse a salvo. En el estado de Rajine, esas zonas pueden asimismo afianzar aún más el aislamiento y la segregación de la comunidad rohingya”, ha manifestado Audrey Gaughran.También resulta preocupante el anuncio realizado a principios de septiembre por las autoridades de Myanmar de que iban a establecer campos de desplazados y zonas de asentamiento en el norte del estado de Rajine.Los campos de desplazados establecidos en Myanmar principalmente para la población rohingya tras las oleadas de violencia de 2012 han sido poco más que prisiones al aire libre en las que mujeres, hombres, niñas y niños vivían en condiciones deplorables, y a las que el gobierno restringía el acceso de las agencias de ayuda humanitaria. Esos campos han cimentado el aislamiento del mundo exterior de decenas de miles de rohingyas.“La comunidad internacional debe transmitir un mensaje que indique claramente que no permitirá una repetición de lo sucedido en 2012. Los donantes deben establecer líneas rojas y dejar claro que no financiarán ninguna propuesta de ‘solución’ que conduzca a retornos forzados desde Bangladesh, o al desplazamiento y la segregación continuada de los rohingyas. Si no lo hacen, no sólo apoyarán la continuación de las violaciones de derechos humanos, sino que convertirán en cómplice de ellas a la comunidad internacional”, ha manifestado Audrey Gaughran.


SHAH MARAI/AFP/Getty Images Los gobiernos europeos han puesto a miles de personas afganas en situación de riesgo al devolverlas a un país donde corren serio peligro de sufrir tortura, secuestro, homicidio u otros abusos graves contra los derechos humanos; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Según se indica en el informe, justo cuando Afganistán está registrando los índices más altos de víctimas civiles de su historia, los gobiernos europeos están devolviendo a un número cada vez mayor de solicitantes de asilo a los peligros de los que huyeron, en flagrante incumplimiento del derecho internacional.
En Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistanse detallan casos terribles de personas afganas devueltas desde Noruega, Países Bajos, Suecia y Alemania que posteriormente han resultado muertas o heridas en ataques con bombas o que tienen que vivir con el miedo constante a sufrir persecución por su orientación sexual o su conversión al cristianismo.“Decididos a aumentar el número de expulsiones, los gobiernos europeos están aplicando una política irresponsable e ilegal. Cerrando los ojos voluntariamente ante el hecho de que la violencia está en niveles sin precedentes y no hay un solo lugar seguro en Afganistán, están exponiendo a personas a la tortura, el secuestro, el homicidio y otros horrores”, ha afirmado Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Según el informe, entre los afganos devueltos desde Europa hay menores no acompañados y adultos jóvenes que eran menores de edad cuando llegaron a Europa. Varias personas entrevistadas por Amnistía Internacional para elaborar su informe fueron enviadas a zonas de Afganistán que desconocían por completo, a pesar de la situación de peligro y de la impunidad con que se cometen crímenes como la tortura.
“Estas devoluciones son una violación manifiesta del derecho internacional y deben cesar de inmediato. Los mismos países europeos que un día se comprometieron a arrimar el hombro para procurar un futuro mejor a los afganos ahora pisotean sus esperanzas y los abandonan a su suerte en un país que se ha vuelto más peligroso si cabe que cuando se fueron”, ha afirmado Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán.Los índices de devoluciones y víctimas civiles se disparanEl número de personas sometidas a devolución desde Europa se ha disparado en un momento en que los índices de víctimas civiles documentados por la ONU han alcanzado niveles máximos.
Según datos estadísticos oficiales de la Unión Europea, entre 2015 y 2016 el número de personas afganas devueltas por países europeos a Afganistán casi se triplicó, pasando de 3.290 a 9.460. El auge de las devoluciones se corresponde con un marcado descenso en el número de solicitudes de asilo aceptadas, que pasó del 68% en septiembre de 2015 al 33% en diciembre de 2016.
devueltos al peligro
Algunos datos y cifras de lo que suponen estas devoluciones
triple
Entre 2015 y 2016 el número de personas afganas devueltas por países europeos pasó de 3.290 a 9.460
11.418
Personas han muerto o han sido heridas en Afganistán en 2016
5.243
Víctimas civiles solo en el primer semestre de 2017

Al mismo tiempo ha crecido el número de víctimas civiles, según datos estadísticos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
En 2016, según la UNAMA, 11.418 personas resultaron muertas o heridas. Hubo ataques contra civiles por todo el país, en su mayoría perpetrados por grupos armados, entre ellos los talibanes y el autodenominado Estado Islámico. Sólo en el primer semestre de 2017, la UNAMA documentó 5.243 víctimas civiles.
El 31 de mayo, en uno de los peores atentados de la historia de Kabul, más de 150 personas perdieron la vida y al menos el doble resultaron heridas cuando una bomba estalló en las proximidades de varias embajadas europeas.Muertos, heridos o con temor a ser perseguidosVarias familias entrevistadas por el equipo de investigación de Amnistía Internacional ofrecieron inquietantes relatos de las terribles experiencias vividas tras su devolución desde países europeos: habían perdido a seres queridos, habían sobrevivido de milagro a atentados contra la población civil y vivían con miedo a sufrir persecución en un país que apenas conocían.Sadeqa (nombre ficticio) huyó de Afganistán con su familia en 2015 después de que su esposo, Hadi, fuera secuestrado, golpeado y liberado a cambio de un rescate. Arriesgándose a un viaje de varios meses, llegaron a Noruega con la esperanza de tener un futuro mejor. Las autoridades noruegas rechazaron su solicitud de asilo y les dieron a elegir entre ser expulsados y permanecer detenidos hasta entonces, o aceptar 10.700 euros para regresar “voluntariamente”.
Unos meses después de su retorno a Afganistán, el esposo de Sadeqa desapareció. Pasaron varios días sin que se supiera nada de su paradero. Habían matado a Hadi. Sadeqa cree que sus secuestradores lo asesinaron y ahora teme incluso visitar su tumba. La familia Farhadi también fue objeto de devolución desde Noruega, en octubre de 2016. Al mes siguiente, estaban en las proximidades de la mezquita de Baqir ul Uloom, en Kabul, cuando esta fue bombardeada: al menos 27 personas resultaron muertas. El grupo armado autodenominado Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque.
La intensidad de la explosión fue tal que Subhan Farhadi, que entonces tenía dos años, cayó de los brazos de su madre y resultó herido. Cuando la familia volvió a casa, Subhan empezó a sangrar por los oídos. Han pasado varios meses desde el ataque y todavía sufre dolor en un oído.Farid (nombre ficticio) escapó de Afganistán cuando era niño con su familia. Primero viajó con ella hasta Irán; después huyó solo a Noruega, donde se convirtió al cristianismo. En mayo de 2017 fue expulsado a Kabul, el lugar de Afganistán donde se registran los mayores índices de violencia, con el 19% del total de víctimas civiles en todo el país en 2016.Farid no guarda ningún recuerdo de Afganistán. Ahora vive con miedo a ser perseguido en un país donde grupos armados como los talibanes actúan contra personas por convertirse a una fe distinta al islam. “Tengo miedo —dijo a Amnistía Internacional—. “No sé nada de Afganistán. ¿Adónde voy a ir? No tengo dinero para valerme solo y no puedo vivir con familiares porque se darían cuenta de que no rezo.”
Azad (nombre ficticio), también criado en Irán, huyó a Países Bajos con su hermano y regresó a Afganistán en mayo de 2017. Se identifica como gay y teme que su orientación sexual sea descubierta por personas que desean perjudicarle. Tenía tanto miedo a la devolución que intentó suicidarse antes que se llevara a cabo. “Aquí intento ser un hombre. Me estoy volviendo loco. Paso mucho miedo por la noche; estoy aterrorizado”, contó a Amnistía Internacional.

Aquí intento ser un hombre. Me estoy volviendo loco.
Azad
“Una copa envenenada”Lejos de desconocerla, los gobiernos europeos reconocieron la peligrosa situación que había en Afganistán cuando la Unión Europea firmó el acuerdo “Joint Way Forward”, una solución conjunta para devolver a personas solicitantes de asilo afganas.
En un documento filtrado, agencias de la UE reconocían “el empeoramiento de la situación de seguridad y los peligros que se ciernen sobre la población” en Afganistán, así como los “índices sin precedentes de atentados terroristas y víctimas civiles”. Sin embargo, insistían insensiblemente en que “podría haber necesidad de devolver a más de 80.000 personas en un futuro próximo”.
Hay indicios fiables de que esta “necesidad” ha sido trasladada al gobierno afgano en forma de presión. Ekil Hakimi, ministro de Economía de Afganistán, dijo al Parlamento: “Si Afganistán no coopera con los países de la UE en relación con la crisis de refugiados, la cantidad de ayuda humanitaria asignada a nuestro país pagará las consecuencias”.
Igualmente, una fuente confidencial afgana que conoce bien el acuerdo se lo describió a Amnistía Internacional como “una copa envenenada” que el gobierno afgano está obligado a beber a cambio de ayuda humanitaria.


Luis García, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15849767 Madrid, 4 de octubre de 2017.- La aprobación, tres años después de su primer borrador, del nuevo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, es un paso positivo pero claramente insuficiente para evitar que se produzcan vulneraciones sobre los Derechos Humanos. Así lo han señalado hoy organizaciones como el Observatorio de RSC, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Enlázate por la Justicia, Greenpeace, Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que han mostrado además su disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del Plan.
“El propósito y la finalidad principal de un Plan de Acción no debe ser exclusivamente la sensibilización  o el fortalecimiento de la ventaja competitiva de las empresas españolas sino prevenir, minimizar, y abordar los potenciales abusos de derechos humanos cometidos por las empresas españolas y reforzar los mecanismos sancionatorios y de reparación para las víctimas de estos abusos”, han declarado las organizaciones firmantes.
“Este Plan debería contener medidas concretas para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos”, añaden.
Las organizaciones lamentan además que el Plan de Acción desaproveche la oportunidad de clarificar conceptos y de promover medidas que establezcan ciertas obligaciones para las empresas, a pesar de que, por ejemplo, el concepto de debida diligencia aparece recogido varias veces a lo largo del texto, pero siempre en referencia a cuestiones que descansan en la voluntariedad y no en medidas normativas o de carácter obligatorio.
Otra de los temas cuya ausencia destaca en el Plan de Acción es la referida a la aplicación extraterritorial de las obligaciones del Estado en relación con los derechos humanos, el texto se limita únicamente a declarar que “el Estado espera de las empresas españolas, en España y en el extranjero, un comportamiento conforme con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
Asimismo, son muy pocas las medidas que establecen un periodo de realización determinado o que de manera específica apuntan cómo se conseguirá el objetivo indicado así como el órgano u órganos encargados o las personas o grupos a los que se dirigirá de manera efectiva la medida. Igualmente preocupante resulta el hecho de que no se establezca asignación presupuestaria propia para el desarrollo de las medidas establecidas en el plan puede suponer una seria dificultad para la consecución de dichas medidas.
Un pequeño paso adelanteSin embargo, las organizaciones firmantes valoran positivamente la estrategia de revisión y de supervisión del propio Plan de Acción, que establece, entre otras cosas, que la duración de éste será de 3 años y que cumplidos dos años desde la aprobación del Plan, la Comisión de Seguimiento que se creará con el fin de supervisar el funcionamiento del mismo llevará a cabo una evaluación de su impacto en relación con la prevención, mitigación y remedio de las posibles vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, asegura que, a partir de esa evaluación, la propia Comisión impulsará la redacción de una versión actualizada del Plan que deberá estar lista antes de transcurridos los tres años de duración del mismo.
“A pesar de todo, es necesario que se establezcan formalmente los cauces adecuados para que los diversos actores afectados –representantes de la sociedad civil, empresas, sindicatos universidades, etc.– tal como expresamente prevé el Plan de Acción, puedan participar directamente en el proceso de evaluación y hacer contribuciones al mismo”, recuerdan las organizaciones.
Más informaciónTras la adopción en 2011 de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Comisión Europea lanzó una petición a todos los Estados Miembro para la introducción de medidas que implementasen a nivel nacional estos principios. Asimismo, en los últimos años varios organismos tanto de Naciones Unidas, del Consejo de Europa o de la OCDE han emitido recomendaciones a los Estados orientadas a la necesidad de mejora de la rendición de cuentas y el acceso a la reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas así como al establecimiento de medidas concretas para que estas respeten de manera efectiva los derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio nacional.
Las organizaciones han recordado al Gobierno español que la creación de este Plan no es suficiente, ya que debería tomar una serie de medidas. Entre otras, la de revisar el Plan de Acción en el plazo de un año, aprobar un proyecto de ley que contenga obligaciones detalladas en materia de respeto de derechos humanos que ostentan las empresas domiciliadas en territorio español, en el marco de sus operaciones en España y en terceros países. Para ello deberá realizar un diagnóstico sobre las políticas, legislación e instrumentos existentes y su coherencia con los Principios Rectores y proponer las reformas necesarias, medida incluida en versiones anteriores del Plan.


Ante la sentencia de hoy del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ratifica que las expulsiones en caliente son ilegales, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional en numerosas ocasiones, y que se produce en respuesta a la denuncia interpuesta ante el TEDH por que dos personas migrantes de Malí y de Costa de Marfil, que fueran devueltas a Marruecos desde Melilla sin los debidos procedimientos el pasado 13 de agosto de 2014, AI declara: "Esta condena confirma las prácticas ilegales que se están produciendo en la frontera española con Marruecos y que llevamos denunciando desde 1995. Desde entonces, miles de personas han sido expulsadas de manera ilegal, corriendo el riesgo de ser sometidas a tortura y malos tratos", asegura Esteban Beltrán, director de AI España. "Esta violación de derechos humanos ha durado demasiado: es necesario que el gobierno ponga fin de una vez por todas a las expulsiones en caliente. Ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta y sin los debidos procedimientos individualizados a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, sigue Beltrán. La organización exige que se revisen las disposiciones que regulan el rechazo en frontera, tanto de la Ley de Extranjería como de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Más información Amnistía Internacional, junto con las organizaciones ECRE, AIRE y la Comisión Internacional de Juristas, presentaron un informe ante el TEDH, en el que aseguran que las expulsiones en caliente incumplen el artículo 4 del Protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya aque obligan sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, tales como que se tomen en cuentan sus circunstancias individuales, que accedan a intérpretes y asistencia jurídica, así como información sobre los procedimientos legales a su disposición, entre ellos el asilo.


Un policía antidisturbios dispara pelotas de goma en Barcelona. 1 de octubre de 2017. (AP Photo/Emilio Morenatti) Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio de Interior ha informado que las fuerzas de seguridad han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial. Una delegación de Amnistía Internacional formada por cinco personas ha estado monitoreando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones. Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 horas de hoy lunes, el domingo 1 de octubre se habría asistido por heridas, contusiones o afectaciones de la salud a 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. Dos heridos graves están ingresados en el hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron. La mayoría de los heridos estarían en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la policía nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzase una silla en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Está claro que la actuación de Policía y Guardia Civil se han saldado con uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes pacíficos
John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional
“Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios,  y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del TSJC debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.  Amnistía Internacional considera que en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza. La organización de derechos humanos ha podido documentar también el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como pelotas de goma, por parte de agentes de la Policía Nacional en, al menos, la calle Sardenya con calle Diputació, en Barcelona. Dos observadores de Amnistía Internacional fueron testigos de la carga policial de los agentes, que intentaban abrirse paso después de que un grupo de manifestantes se sentasen en la calle con objeto de impedir el paso de furgones policiales tras su intervención en el colegio público Ramon Llull con el objetivo requisar las urnas que allí se encontraban. Casi a la media hora de ser bloqueados por los manifestantes, los agentes se abrieron paso golpeando a manifestantes con sus defensas de goma. Al mismo tiempo algunos agentes dispararon cartuchos de fogueo lo que provocó que la gente se levantase y empezara a dispersarse. Los furgones policiales avanzaron con rapidez por la calle Sardenya. Mientras tanto, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los policías, que seguían disparando salvas. Según los testimonios que ha recabado la organización, en su retirada, los agentes también dispararon pelotas de goma a escasa distancia de los manifestantes que corrían detrás de ellos, hiriendo al menos a dos personas. Al parecer, una de ellas en la pierna, y la otra en el ojo derecho, ésta última operada quirúrgicamente en el hospital de Sant Pau, donde se encuentra ingresada.Amnistía Internacional recuerda que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas alertan, en relación a las pelotas de goma, que pueden causar graves lesiones, especialmente si impacta en la cabeza, cara o parte superior del cuerpo. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, y de manera más general con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar este tipo de material antidisturbios como instrumento general para dispersar a la multitud, sino únicamente para parar a personas violentas. Debido a su falta de exactitud,  y su alto grado de imprecisión, nunca deben ser disparados sin un objetivo concreto o contra el suelo, ya que pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo. Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de muerte o lesiones graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo.La organización también ha recibido testimonios y ha visualizado imágenes que muestran como los agentes han utilizado material antidisturbios y un uso excesivo de la fuerza contra personas que se concentraban en los alrededores de algunos colegios, como en el caso de la Escuela Mediterrània en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Imágenes aparecidas en medios de comunicación muestran como, fuera de este centro, algunos policías golpeaban a personas indefensas sin que hubiera ninguna amenaza aparente. Un agente de la policía, por ejemplo, golpea a una mujer en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin que medie aparente provocación. Igualmente en las mismas imágenes se observa como otro agente de la policía nacional golpea a un hombre que también se encontraba frente al colegio con un puñetazo en la cara. De la misma forma, las imágenes captadas en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) muestran como un agente de la Guardia Civil  golpea con sus defensas de goma en la cara de algunos manifestantes  que rodean el centro de votación
Esta forma de actuar contrasta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral, la región lumbar, el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales del cuerpo.Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se quiere conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demuestran como algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de Policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna.“La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil. Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.


La resolución aprobada hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para encargar a un grupo de expertos internacionales que investiguen los abusos cometidos por todas las partes en el conflicto de Yemen representa un avance crucial, ha manifestado Amnistía Internacional, señalando que preparará el terreno para que se haga justicia a las incontables víctimas de abusos perpetrados contra los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra.
La resolución se ha aprobado hoy por consenso, tras intensas negociaciones. Es el resultado de años de trabajo de campaña y captación de apoyos realizado por organizaciones yemeníes de derechos humanos, así como por Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales.“Esta resolución es una victoria para la población yemení, cuyo sufrimiento a manos de todas las partes en el conflicto ha sido ignorado por la comunidad internacional. Ofrece esperanza a quienes piden justicia y puede servir de trampolín para la rendición de cuentas“, ha manifestado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.“Con la aprobación de esta resolución hoy, el Consejo de Derechos Humanos ha respondido por fin a los reiterados llamamientos formulados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por grupos nacionales e internacionales para que se establezca un mecanismo de investigación de las violaciones del derecho internacional cometidas en Yemen. Teniendo en cuenta lo que se ha tardado en tomar la decisión, es imperativo que el grupo de expertos se establezca lo antes posible y cuente con medios suficientes para iniciar su labor sin demora, con la colaboración plena de todas las partes en el conflicto.“Aunque la campaña ha sido larga y ha encontrado muchos obstáculos, la resolución de hoy es un claro recordatorio de que, cuando los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos cumplen con su responsabilidad de poner los derechos humanos por delante de sus intereses políticos, pueden preparar el terreno para que los responsables de atrocidades tengan que rendir cuentas. También transmite a todas las partes en el conflicto de Yemen el mensaje inequívoco de que su conducta será sometida a examen y los abusos que han cometido no quedarán impunes.”Información complementariaDurante los últimos dos años y medio, todas las partes en el conflicto de Yemen han infringido de manera flagrante el derecho internacional. Los bombardeos indiscriminados, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la vertiginosa crisis humanitaria han destrozado numerosas vidas civiles. Durante todo este tiempo, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se han abstenido reiteradamente de tomar medidas significativas para garantizar que los autores de tales crímenes son sometidos a un verdadero escrutinio.En 2015, Arabia Saudí bloqueó en la práctica los intentos de iniciar una investigación presentando ella misma un proyecto de resolución. Al año pasado, el grupo árabe, dirigido por Arabia Saudí, hizo el gesto meramente simbólico de modificar una resolución incorporando expertos internacionales a la oficina de Yemen del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la única intención de reforzar el trabajo de la Comisión Nacional Yemení. Ninguna de estas estas medidas ha comportado perspectivas realistas de rendición de cuentas.