Amnistía Internacional España

El periodista, Andrew Lwanga © AI En respuesta al fallo emitido hoy por un tribunal en el que se declara culpable a Joram Mwesigye, un mando de la policía de Uganda, de agredir al periodista Andrew Lwanga en enero de 2015, Abdullahi Halakhe, investigador sobre África Oriental de Amnistía Internacional, ha declarado:“La sentencia de hoy es una victoria poco frecuente para la libertad de prensa en Uganda. Transmite un mensaje claro de que en ninguna circunstancia deben aceptarse o tolerarse jamás las agresiones a periodistas. Es de esperar que asegure a quienes trabajan en los medios de comunicación que los tribunales vigilan y están dispuestos a hacer respetar sus derechos.“La libertad de prensa se ha ido limitando cada vez más en Uganda, con numerosos ataques a medios de comunicación considerados críticos con el gobierno en el último año. La sentencia judicial dictada hoy ofrece un resquicio de luz en un panorama por lo demás sombrío y demuestra que el poder judicial está dispuesto a defender la libertad de expresión.”Información complementariaLwanga cubría la información sobre una marcha de protesta contra el desempleo en la capital, Kampala, el 21 de enero de 2015, cuando un policía lo golpeó reiteradamente con una porra en los hombros y la cabeza hasta hacerlo caer. Mientras se desplomaba, el agente le pegó una patada en la espalda, lesionándole la columna.El periodista ha sido sometido a una costosa operación quirúrgica de médula en Sudáfrica y aún debe ser operado una vez más.Lwanga aún sufre insoportables dolores dos años después de la agresión y no ha podido volver a su trabajo.


Tras conocerse las conclusiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el desplazamiento de hasta medio de millón de personas entre julio de 2015 y diciembre de 2016 como consecuencia de las operaciones de seguridad turcas en el sureste de Turquía, el director de Amnistía Internacional para Europa, John Dalhuisen, ha manifestado:“Estas conclusiones confirman las de nuestra reciente investigación, según las cuales la brutal represión de las autoridades turcas, que ha desplazado a poblaciones enteras en el sureste de Turquía, podría constituir castigo colectivo.“La obligación del Estado de garantizar la seguridad no puede servir de pretexto para hacer uso excesivo de la fuerza y arruinar la vida de gente corriente con medidas como toques de queda impuestos las 24 horas del día en algunos lugares durante más de un año, que han dado lugar a desplazamiento forzado y demolición y expropiación de bienes.“Nuestra investigación ha revelado que personas desplazadas de la provincia de Diyarbakır no han encontrado vivienda alternativa asequible y a duras penas pueden acceder a servicios esenciales. Familias que vivían ya en la pobreza se han visto sumidas en un situación aún peor, donde tienen restringidas las oportunidades de trabajo y educación y no reciben indemnizaciones adecuadas.“Tras el informe del Alto Comisionado, Turquía debe tomar medidas sin más demora: en toda la región, el gobierno debe levantar con urgencia los toques de queda y garantizar que se indemniza plenamente a las comunidades afectadas y se las ayuda a regresar a lo que queda de sus hogares y barrios.”


© Cyril Marcilhacy/Cosmos Con motivo del Día Mundial contra la Censura en Internet, ProtonMail y Amnistía Internacional unen sus fuerzas para mostrar cómo las restricciones de la red afectan a personas de todo el mundo.Como mayor servicio mundial de correo electrónico cifrado, ProtonMail es la herramienta de privacidad preferida de periodistas, activistas y usuarios y usuarias cotidianos conscientes de la privacidad. Cuando abran hoy en sus bandejas de entrada, los dos millones de personas que utilizan ProtonMail en 150 países verán las conclusiones más recientes de la investigación de Amnistía Internacional sobre la censura en Internet.
En 2016, Amnistía Internacional documentó la situación en 55 países donde se practicaban detenciones por la expresión pacífica de opiniones en la red.Internet es una poderosa herramienta para la libertad de expresión y el activismo, pero en malas manos puede ser también un instrumento de represión. Amnistía Internacional ha documentado casos de “tecnocensura” avanzada en todo el mundo, utilizada por los gobiernos en su afán por encontrar nuevas herramientas y tácticas para silenciar la disidencia. La variedad de tácticas de vigilancia y censura en Internet utilizadas por los gobiernos se vuelve cada año más sofisticada, con terribles consecuencias para la libertad de expresión”, ha señalado Sherif Elsayed-Ali, director de Tecnología y Recursos Humanos de Amnistía Internacional.“Amnistía Internacional y ProtonMail quieren que quienes creen en un Internet libre pasen a la acción. Las empresas tecnológicas que elaboran la arquitectura de Internet tienen que mejorar la seguridad, con cifrado de extremo a extremo, por ejemplo, para que podamos proteger nuestro derecho a la privacidad y la libertad de expresión en la red. Las decisiones tomadas sobre la naturaleza de Internet afectarán a nuestras sociedades durante generaciones.”La censura en Internet en el mundoAño tras año, gobiernos de todo el mundo restringen cada vez más la libertad en Internet. Con el bloqueo de direcciones IP, Turquía y Arabia Saudí impiden hoy el acceso a más de 50.000 y 400.000 sitios web, respectivamente, incluidos sitios de noticias y redes sociales. La Gran Muralla Cortafuegos de China continúa restringiendo Internet a más de 800 millones de usuarios.La censura en Internet no sólo priva del derecho a la libertad de información, sino que puede también tener el terrible efecto de obstaculizar el desarrollo creativo y científico necesario para un futuro mejor.Es práctica corriente, cada vez más, que los gobiernos corten Internet en los momentos de agitación y protesta, como hizo Etiopía en más de una ocasión durante 2016. El año pasado varios gobiernos cerraron también aplicaciones de mensajería cifrada, como Signal, en Egipto, y Whats App, en Brasil.La censura en Internet se ve también exacerbada por el desinterés de algunas de las mayores empresas tecnológicas por la privacidad de sus usuarios. El año pasado, Yahoo confirmó que cooperaba con la Agencia Nacional de Seguridad en la aplicación de software especial de vigilancia para que este organismo revisara todos los mensajes de correo electrónico de sus usuarios.El 21 de octubre de 2016, Amnistía Internacional advirtió de que empresas tecnológicas como Snapchat y Microsoft no aplican medidas básicas de protección en sus servicios de mensajería instantánea, con el consiguiente riesgo para los derechos humanos de los usuarios y usuarias. Sólo 3 de las 11 empresas tecnológicas examinadas por Amnistía Internacional en su clasificación de empresas atendiendo a la protección de la privacidad de los mensajes ofrecen por defecto cifrado de extremo a extremo en todas sus aplicaciones de mensajería.Esfuerzos por poner fin a la censura en Internet“Hoy hemos cambiado nuestra página de acceso para promover el debate sobre la privacidad online, la libertad digital y la censura en Internet. Muchos de nuestros usuarios y usuarias son periodistas, disidentes y usuarios y usuarias cotidianos que han sufrido de alguna manera restricciones de Internet o han optado por el correo electrónico cifrado para garantizar la seguridad de sus comunicaciones”, ha explicado Andy Yen, cofundador y director ejecutivo de ProtonMail.La censura en Internet no sólo priva del derecho a la libertad de información, sino que puede también tener el desastroso efecto de obstaculizar el desarrollo creativo y científico necesario para un futuro mejor. Este mismo año ProtonMail ha lanzado un sitio oculto en Tor para luchar contra la censura, y nos complace hoy poner de relieve la valiente labor que está realizando Amnistía Internacional para proteger las libertades civiles en Internet.”
Más información
Fighting back against cyber-censorship
Internet Censorship – Why it matters and what we’re doing about it
Taking a Stand Against Censorship


En respuesta a la publicación, hoy, del informe anual del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre medidas especiales de protección frente a la explotación y los abusos sexuales, Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, ha manifestado: “El secretario general António Guterres reconoce con razón que los abusos sexuales de los integrantes de las operaciones de paz y otros miembros del personal de la ONU constituyen un mal cruel e inexcusable, que mancha la reputación de toda la organización. Amnistía Internacional acoge con beneplácito sus esfuerzos por instituir una amplia variedad de reformas para abordar mejor este azote.“Tras la investigación de Amnistía Internacional estamos convencidos de que la impunidad es un problema básico que fomenta los abusos sexuales. Son muy pocos los integrantes de operaciones de paz y otros miembros del personal de la ONU sospechosos de responsabilidad penal por delitos de violencia sexual que han llegado a enfrentarse a una amenaza real de enjuiciamiento criminal por los delitos cometidos. “Ante este hecho decepcionante, nos parece muy alentadora la propuesta del secretario general de dejar de pagar a los países que no investigan a tiempo las denuncias de abusos formuladas contra sus tropas y depositar ese dinero en un fondo fiduciario para ayudar a las personas supervivientes. Instamos al secretario general de la ONU a aprobar la propuesta para que los Estados miembros la pongan en práctica.“Nos preocupa, no obstante, que no se ejerza aún presión suficiente sobre los Estados miembros para asegurar que se investigan y enjuician con garantías los casos de comisión de abusos sexuales.“Amnistía Internacional considera igualmente positivas otras medidas anunciadas por el secretario general, como la nueva orientación adoptada para empoderar a las víctimas de abusos, la aplicación de medidas de verificación de antecedentes del personal de la ONU más estrictas, la creación de un nuevo puesto dedicado a la promoción de los derechos de las víctimas, la prórroga del puesto de coordinador especial sobre la mejora de la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales, el establecimiento de un “círculo de liderazgo” formado por jefes de Estado y la creación de una junta asesora especial compuesta de expertos y líderes de la sociedad civil que se ocupe de formular recomendaciones para prevenir tales abusos.“Esperamos colaborar con las Naciones Unidos y los Estados miembros para contribuir a garantizar que este amplio programa de reformas se lleva adelante con los recursos y la voluntad política necesarios.”
Más información:

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-onu-debe-actuar-con-firmeza-respecto-a-los-abusos-sexuales-cometidos-por-tropas-de-mantenimiento/

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-onu-debe-abordar-la-falta-sistematica-de-rendicion-de-cuentas-por-abusos-en-misiones-de-paz/


Rasul Jafarov, abogado y defensor de derechos humanos en Azerbaiyán. © RFE Una serie de activistas de derechos humanos , periodistas y disidentes políticos azeríes han sido objeto de una campaña fraudulenta y sostenida de ciberataques (los denominados “spear phishing”), en la que se utilizan correos electrónicos y conversaciones de Facebook, con el objetivo aparente de acceder a su información personal y sus comunicaciones privadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.La investigación revela que los ataques, que pueden poner en peligro contraseñas y contactos, han estado dirigidos contra diversos detractores del gobierno en los últimos 13 meses. Las víctimas han dicho a Amnistía Internacional que creen que tras los ataques están las autoridades azerbaiyanas.“Nuestra investigación revela que se está lanzando una cibercampaña específica y coordinada contra voces críticas de Azerbaiyán, algunas de las cuales llevan mucho tiempo siendo víctimas de la represión gubernamental”, ha manifestado Claudio Guarnieri, especialista en tecnología de Amnistía Internacional.

Se está lanzando una cibercampaña contra voces críticas de Azerbaiyán
Claudio Guarnieri
“Los programas maliciosos (malware) utilizados han sido diseñados con la intención expresa de reunir la mayor cantidad posible de información privada sobre un sujeto. Habida cuenta de los perfiles de las personas contra las que se ha dirigido la campaña, no resulta difícil darse cuenta de por qué las víctimas creen que las autoridades son las responsables.”El informe, titulado False Friends – how fake accounts and crude malware targeted dissidents in Azerbaijan, expone con detalle cómo se ha atacado a las víctimas utilizando una práctica conocida como “spear phishing”, que consiste en el envío, desde una dirección falsa, de un correo electrónico con un archivo adjunto que contiene un virus, conocido como programa malicioso, o malware.Si el receptor o la receptora del mensaje abre el archivo adjunto, se descarga un virus que transmite al atacante imágenes de la pantalla de la persona atacada y le permite registrar lo que esa persona está tecleando.Los correos electrónicos se enviaron en su mayoría desde direcciones que fingían pertenecer a destacados activistas políticos y de derechos humanos.Una víctima fue el abogado y activista de derechos humanos Rasul Jafarov, que fue alertado del ataque cuando, en octubre de 2016, recibió una llamada telefónica de un colega que le advertía de que le habían enviado un mensaje, con un archivo adjunto, desde una dirección muy similar a la suya.Rasul Jafarov, ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional, ha pasado anteriormente más de un año y medio en prisión por cargos falsos de motivación política derivados de su trabajo de derechos humanos.Dijo a Amnistía Internacional: “Creo que [las autoridades azerbaiyanas] están tratando de vigilar de cerca a todos los que critican al gobierno, y a quienes realizan diferentes actividades, proyectos o campañas que al gobierno no le gustan”.Basándose en un análisis del intento de suplantación de la identidad de Rasul Jafarov, y en los testimonios de primera mano de otros activistas azeríes, Amnistía Internacional ha revelado el uso generalizado de esta práctica, que comenzó al menos en noviembre de 2015.Según otros casos documentados en el informe, se atacó un sitio web disidente llamado “Anounymous Azerbaiyán”, mientras que las comunicaciones internas del servicio de noticias online Kanal 13 fueron interceptadas durante más de una semana tras un ataque.En otro incidente, se envió malware a varios activistas disfrazándolo como una invitación a una recepción en la Embajada de Estados Unidos en Baku.Los archivos adjuntos en los falsos correos electrónicos son normalmente documentos sobre temas que parecen concernir a la persona que los recibe. Un mensaje reciente incluía un documento titulado Presos políticos en Azerbaiyán a fecha de noviembre de 2016, y los metadatos del archivo decían que había sido creado por la activista de derechos humanos Leyla Yunus.Leyla Yunus y su esposo, el activista Arif Yunus, dijeron a Amnistía Internacional que creían que los ciberataques procedían del gobierno.“El entorno ya de por sí hostil para quienes critican al gobierno es ahora aún más difícil a raíz de estas revelaciones”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.“Los escalofriantes indicios de que toda la actividad online pueda estar siendo vigilada ha creado entre los activistas de Azerbaiyán un malestar que no sólo mina su labor fundamental, sino que tiene serias repercusiones negativas en su vida cotidiana.”Amnistía Internacional no ha podido rastrear los ciberataques directamente hasta alguna autoridad o agencia gubernamental. No obstante, una identidad online que utiliza el nombre de "pantera" (y que parece controlar el malware utilizado en los ataques) ha usado una dirección IP desde un “bloque” de direcciones que alberga principalmente infraestructuras gubernamentales, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia y la televisión estatal.Amnistía Internacional presentó las conclusiones del informe al gobierno azerí, que respondió diciendo que los casos documentados no habían sido puestos en su conocimiento y por tanto no habían sido investigados.Información complementariaLos periodistas independientes y los activistas de derechos humanos y de oposición política de Azerbaiyán sufren a menudo acoso online. Se han visto expuestos a comentarios insultantes y a amenazas en redes sociales y sitios web, por medio, entre otras cosas, de una campaña de publicidad negativa respaldada por el gobierno.La vigilancia de las comunicaciones telefónicas y por Internet en Azerbaiyán se ve facilitada por unas leyes que otorgan a las autoridades acceso directo a redes de comunicaciones, un tipo de arreglo técnico que ha sido criticado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La vigilancia puede llevarse a cabo con o sin la autorización de un juez “con el fin de prevenir delitos graves contra las personas o delitos especialmente peligrosos contra el Estado”.Los disidentes azerbaiyanos llevan mucho tiempo denunciando intentos de ciberataque contra personas que critican a las autoridades. La investigación llevada a cabo por Citizen Lab y otras revelaciones públicas indican que Azerbaiyán ha intentado adquirir software de intrusión de la empresa italiana Hacking Team. Unos correos electrónicos filtrados de Hacking Team describen ventas al Ministerio de Seguridad Nacional por parte de la empresa de tecnología israelí NICE Systems, e intentos de reunión con el Ministerio del Interior. Esos mismos correos presentan a las entidades de inteligencia azerbaiyanas haciendo esfuerzos por conseguir hacer funcionar la plataforma de Hacking Team.


En respuesta al anuncio hecho hoy por el gobierno de Sudáfrica respecto a que ha decidido revocar su aviso a la ONU de su intención de retirarse del Estatuto de Roma, Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para África de Amnistía Internacional, ha declarado:“Esta revocación formal del aviso de retirada del Tribunal Penal Internacional (TPI) brinda una oportunidad más al gobierno de Sudáfrica de replantearse su decisión de frustrar la acción de la justicia. Mientras la comunidad internacional parece mostrarse indiferente ante las atrocidades masivas cometidas impunemente en todo el mundo, hoy día es más importante que nunca que Sudáfrica retome su postura como defensor de las víctimas africanas de delitos de derecho internacional”.“Queda por ver si esta revocación significa un cambio en la intención del gobierno de retirarse del TPI, o si es una medida temporal para cumplir con la decisión del Tribunal Superior y agotar las vías nacionales antes de formalizar su retirada.”“Si la revocación de su retirada por parte del gobierno es permanente, significará que la nación ha seguido el ejemplo de Gambia, que también revocó recientemente su retirada del Estatuto de Roma.”“Instamos a Sudáfrica a alinearse con la mayoría de los Estados africanos que han rechazado de forma inequívoca las peticiones de retirada y se han mantenido firmes en su apoyo al TPI.”Amnistía Internacional ha presentado hoy un documento al Comité Parlamentario de Justicia y Servicios Penitenciarios en respuesta a la petición de que realizara un comentario público sobre la implementación propuesta del Proyecto de Ley de Retirada del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional
Información complementariaLa noticia de que Sudáfrica revoca su notificación de retirada del Estatuto de Roma vino precedida de una decisión emitida hace dos semanas por el Tribunal Superior de Gauteng Norte que resolvió, en un caso presentado por la opositora Alianza Democrática, que la acción del gobierno al retirarse del TPI sin consultar al Parlamento era inconstitucional e inválida, y ordenó al gobierno que revocara su retirada.El gobierno había depositado oficialmente su instrumento de retirada del TPI ante las Naciones Unidas el 19 de octubre de 2016.El 16 de febrero de 2017, Gambia revocó también su retirada del Estatuto de Roma.El Comité Parlamentario sobre Relaciones Internacionales y Cooperación ha recibido hoy un informe del Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional sobre la resolución del Tribunal Superior respecto a la retirada del TPI y su posterior revocación.


Amnistía Internacional ha confirmado nuevos indicios de que la coalición dirigida por Arabia Saudí disparó recientemente cohetes de fabricación brasileña que contenían munición de racimo prohibida y que hirieron a dos civiles y causaron daños materiales al impactar en tres zonas residenciales del centro de la ciudad de Sada y en los campos de cultivo adyacentes.El ataque, perpetrado a las 10.30 de la noche del 15 de febrero de 2017, es el tercero documentado por Amnistía Internacional en los últimos 16 meses en el que se confirma el uso de municiones de racimo de fabricación brasileña.“La coalición dirigida por Arabia Saudí justifica absurdamente el uso de municiones de racimo asegurando que es acorde al derecho internacional, a pesar de los indicios concretos del coste humano para la población civil atrapada en el conflicto”, ha dicho Lynn Maalouf, directora de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut.“Las bombas de racimo son armas de efecto intrínsecamente indiscriminado que infligen daños inimaginables en la vida de los civiles. El uso de tales armas está prohibido por el derecho internacional humanitario consuetudinario en todas las circunstancias. A la luz de las pruebas acumuladas, urge más que nunca que Brasil se adhiera a la Convención sobre Municiones en Racimo, y que Arabia Saudí y los miembros de la coalición que lidera interrumpan todo uso de municiones de racimo.”Tras los ataques con cohetes, Amnistía Internacional entrevistó a ocho residentes locales, entre ellos dos testigos, uno de los cuales había resultado herido en el ataque. Habló también con un activista local y analizó las pruebas fotográficas y videográficas proporcionadas por el Centro Ejecutivo de Lucha contra las Minas en el Yemen (YEMAC), organismo nacional de control de municiones, que inspeccionó el lugar a los 30 minutos de cometerse el ataque.El YEMAC confirmó además el uso del mismo tipo de municiones de racimo en otro ataque perpetrado a finales de enero en Abdeen, cinco kilómetros al sur de la ciudad de Sada.Barrios afectadosSegún testigos y residentes locales, los cohetes impactaron en las zonas residenciales de Gohza, Al Dhubat y Al Rauda, liberando submuniciones que también impactaron en viviendas de Al Maalá y Ahfad Bilal, así como en los dos cementerios del centro de la ciudad, el antiguo y el nuevo, y en campos de cultivo circundantes.Latifa Ahmed Mu’eed, de 22 años, describió el ataque perpetrado en Ahfad Bilal cuando estaba durmiendo en su casa. Estaba con su esposo, Talal al Shihri, su hijo de tres años, Hussain, y su bebé de tres meses, Hasan.“La bomba penetró en la casa, atravesando el techo hasta el dormitorio. Hay un agujero enorme en el techo. En ese momento, oímos una gran explosión y, a los pocos segundos, la bomba explotó en la habitación y nos alcanzó. Tres estallaron justo al lado de la casa [...] Los niños resultaron ilesos pero estaban conmocionados [...] Mi esposo sufrió heridas de metralla en el pie. Yo resulté herida en el pie izquierdo, y esa misma noche fuimos al hospital de Al Salam.”La familia huyó hace cuatro meses a la ciudad de Sada, a 78 kilómetros de distancia, cuando su hogar en Baqim, localidad situada 12 kilómetros al sur de la frontera con Arabia Saudí, fue atacado.“Tuvimos que dejar nuestra casa en Baqim cuando la bombardearon. La bomba entró directamente hasta nuestro salón y destruyó la vivienda. Todo el mundo tuvo que marcharse de la zona. Los bombardeos eran constantes. Nos marchamos a los dos o tres meses del ataque a nuestra casa [...] A pie, nos dirigimos a Sada. Yo estaba embarazada entonces; cuando habíamos recorrido 20 kilómetros, un coche nos recogió y nos llevó hasta la ciudad de Sada.”Un residente de Al Maalá, una de las zonas afectadas en los recientes ataques, contó a Amnistía Internacional que había oído una gran explosión.“Sentí un ruido muy fuerte. Y justo después se oyeron unos sonidos muy intensos, como si algo se estuviera extendiendo. Fue muy rápido, sólo duró 20 o 30 segundos.”Yahya Rizk, jefe del equipo nº 12 del YEMAC, contó a Amnistía Internacional cómo había sido la visita de su equipo a los barrios de Al Rauda y Ahfad Bilal.“Encontramos un portamuniciones y una submunición sin estallar en Al Rauda. Al Rauda es una zona densamente poblada donde las bombas [submuniciones] atravesaron los tejados de dos casas. Una bomba atravesó el tejado e hirió a un hombre y a su esposa en Ahfad Bilal; alcanzó su dormitorio [aproximadamente] a las 11 de la noche. Fueron trasladados al hospital esa misma noche. La mayoría de los daños fueron causados en propiedades, casas y vehículos. Observamos 12 agujeros por impacto de la munición en Al Rauda, junto a las granjas de frutales. Y entre 12 y 13 lugares de impacto en Ahfad Bilal. Encontramos una bomba [submunición] sin explotar en Al Rauda; cayó de un árbol y aterrizó en el suelo, y la fotografiamos.”Miembros del equipo del YEMAC confirmaron también que habían hecho un barrido de las zonas residenciales de Gohza, densamente poblado, donde observaron agujeros de impacto y daños en viviendas. Yahya Rizk explicó: “Las bombas [submuniciones] impactaron en los porches y entre las casas de la gente. Todas explotaron y nadie resultó herido. Pero se rompieron los cristales de todas las ventanas y hasta 30 vehículos sufrieron daños.”Basándose en las descripciones del equipo del YEMAC, y después de examinar fotografías y vídeos de los momentos posteriores al ataque, incluidas las fotos de los portamuniciones y una submunición sin explotar, Amnistía Internacional pudo determinar que los restos del armamento usado en el ataque eran de un cohete ASTROS II superficie-superficie.ASTROS II es un sistema de lanzacohetes múltiple (MLRS) montado sobre camiones que fabrica la empresa brasileña Avibrás. ASTROS II puede lanzar en rápida sucesión múltiples cohetes, cada uno de los cuales contiene hasta 65 submuniciones, con un alcance de hasta 80 kilómetros, dependiendo del tipo de proyectil. Según el sitio web de la empresa, “puede lanzar cohetes a larga distancia. Está concebido como un sistema de arma estratégico, con gran poder de disuasión”.Pruebas acumuladasAmnistía Internacional documentó el primer uso conocido de este tipo de municiones de racimo en Yemen el 27 de octubre de 2015 en Ahma, al norte de la Sada, en un ataque que hirió al menos a cuatro personas, entre ellas una niña de cuatro años.En mayo de 2016, Amnistía Internacional encontró más indicios del mismo tipo de municiones de racimo en pueblos situados 30 kilómetros al sur de la frontera con Arabia Saudí, en Hajjah. En fechas tan recientes como diciembre de 2016, Human Rights Watch también documentó el uso de municiones de racimo de fabricación brasileña contra la ciudad de Sada.Hasta la fecha, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de siete tipos de municiones de racimo, para lanzar desde tierra y desde el aire, fabricadas en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. La coalición ha admitido el uso de municiones de racimo de fabricación británica y estadounidense en ataques cometidos en Yemen."¿Cuántos civiles más tienen que morir, sufrir heridas o ver destruida su propiedad por el uso de estas armas prohibidas internacionalmente para que la comunidad internacional condene el uso de las municiones de racimo por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí y presione a los miembros de la coalición para que se conviertan en Estados Partes en la Convención sobre Municiones en Racimo?”
Información ComplementarioLas municiones de racimo contienen entre decenas y cientos de submuniciones que se liberan en el aire y se esparcen indiscriminadamente en una zona extensa de cientos de metros cuadrados. Pueden lanzarse o dispararse desde un avión o, como en este caso, desde misiles tierra-tierra.Las submuniciones de racimo tienen también una elevada tasa de error, lo que significa que un gran porcentaje de ellas no estalla en el impacto y se convierten de hecho en minas terrestres que representan una amenaza para la población civil años después de su despliegue. El uso y la producción, venta y transferencia de municiones de racimo están prohibidos en la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, que tiene casi 100 Estados Partes.El 19 de diciembre de 2016, la agencia oficial de noticias saudí publicó que el gobierno saudí dejaría de usar una munición de racimo de fabricación británica, BL-755, si bien argumentó que “el derecho internacional no prohíbe el uso de las municiones de racimo” y que, aunque algunos Estados sean Partes en la Convención sobre Municiones en Racimo, “ni el reino de Arabia Saudí ni sus socios de la coalición son partes en la Convención. Alegó asimismo que las municiones de racimo de fabricación británica usadas por la coalición se habían utilizado contra “objetivos militares legítimos” y que las municiones de racimo “no se lanzaban en centros poblados por civiles” y que la coalición “observaba estrictamente los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario.”Aunque Amnistía Internacional es consciente de la presencia de un objetivo militar, la base militar de Kahlan, situada tres kilómetros al noreste de la ciudad de Sada, en sí misma no justificaría el uso de municiones de racimo prohibidas internacionalmente; sobre todo no justificaría su uso en zonas pobladas por civiles. Y aunque Brasil, Yemen, Arabia Saudí y los miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudí que participa en el conflicto de Yemen no son partes de la Convención, en virtud de las normas del derecho internacional humanitario consuetudinario no deben usar armas de efecto intrínsecamente indiscriminado, que siempre representan una amenaza para la población civil. La norma consuetudinaria que prohíbe el uso de armas de efecto intrínsecamente indiscriminado es aplicable a su uso en todas las circunstancias, incluso cuando la intención es atacar un objetivo militar.Según Landmine and Cluster Munition Monitor, Avibrás ha vendido este tipo de municiones de racimo a Arabia Saudí en ocasiones anteriores, y Human Rights Watch documentó su uso por las fuerzas saudíes en Jafji en 1991.


La organización entrega en el Ministerio de Interior más de 237.000 firmas de su manifiesto #YoAcojo para recibir al menos a las 17.337 personas refugiadas comprometidas. ©AI Madrid.- Amnistía Internacional se ha reunido esta semana con los Ministros de Interior y Asuntos Exteriores, Juan Ignacio Zoido y Alfonso Dastis, así como con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para presentarle sus recomendaciones y exigir compromisos en materia de derechos humanos de cara a la nueva legislatura, que espera que sean recogidos en el futuro Plan Nacional de Derechos Humanos que han asegurado elaborar. Anna Neistat, Directora General de Investigación de AI, ha trasladado al Gobierno español la extrema preocupación de la organización ante las tendencias mundiales en derechos humanos y ha pedido a España que asuma verdaderos compromisos al respecto.
La organización ha presentado una agenda de derechos humanos en la que, entre otros temas, ha pedido al gobierno que espera que España no siga la línea que otros países han marcado con políticas anti-refugiados y restricciones a algunos derechos como la libertad de expresión y reunión, en nombre de la seguridad nacional, tal y como AI ha denunciado en su último informe anual. Las autoridades han indicado a la organización que cumplirán con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Hasta el momento España solo ha acogido a 1.141 personas refugiadas de las 17.337 comprometidas antes de septiembre de este año. AI, que ha entregado en Interior más de 237.000 firmas de su manifiesto #YoAcojo, ha pedido al gobierno que su compromiso no sea sólo de discurso sino real, para que quienes huyen de la guerra y la persecución puedan encontrar la protección a la que tienen derecho en España. “Aunque nos han mostrado su compromiso con las personas refugiadas, hemos recordado a los Ministros de Interior y de Asuntos Exteriores que si seguimos a este ritmo España tardaría casi 23 años en cumplir con las cifras de acogida de personas refugiadas, mientras la gente sigue muriendo en viajes peligrosos o permanece estancada en campos insalubres durante años”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
Tras la reunión con el Ministro de Interior Amnistía Internacional ha valorado positivamente la propuesta de establecer un diálogo con la organización para la revisión del sistema de asilo, que no tiene las suficientes garantías para las personas refugiadas; así como de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que limita injustificadamente derechos como la libertad de expresión y de reunión y manifestación.
Política InteriorSobre España, una de las principales preocupaciones de Amnistía Internacional es la falta de compromiso del gobierno para terminar con las llamadas “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, prohibidas por el derecho internacional.
Por otra parte, la organización mantiene su preocupación por la falta de investigaciones adecuadas de los casos de tortura y malos tratos en España. Amnistía Internacional ha sugerido a las autoridades el estudiar el  establecimiento de un mecanismo independiente de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“Damos la bienvenida a que España participe activamente en órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para 2018-2020. Pero en coherencia con esta participación, debería cumplir todas las recomendaciones de estos mismos organismos a España, por ejemplo, en los relativo a la investigación de casos de tortura y malos tratos”, ha señalado Esteban.
Asimismo, en el Día Internacional de la Mujer, la organización ha reclamado a las diferentes autoridades españolas que se garantice el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género y que este derecho se incluya en la revisión de la Ley Integral. “Desde el año 2004 no hemos conocido ningún caso en el que la víctima o sus familiares hayan tenido acceso a la adecuada reparación, según los estándares internacionales, que merecen por parte del Estado por la falta de diligencias del mismo para protegerlas”, ha lamentado Esteban Beltrán. Uno de los casos más destacados es el de Ángela González, en el que pese a haber más de 30 denuncias por maltrato contra ella y contra su hija Andrea, los jueces las desoyeron y obligaron a la menor a cumplir el régimen de visitas. Durante una de estas visitas, la menor de siete años fue asesinada. El propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) condenó al Estado español por no actuar diligentemente e instó al gobierno a reparar adecuadamente a la víctima.
Política exteriorEn relación a la política exterior del gobierno, Amnistía Internacional ha insistido en su reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en la necesidad de no enviar armas a un país como Arabia Saudí, que lidera una coalición que ha perpetrado ataques indiscriminados sobre la población civil en Yemen y que mantiene un bloqueo naval desde marzo de 2015 sobre el puerto yemení de Aden. En opinión de AI la posible venta de corbetas de la empresa Navantia a Arabia Saudí es ilegal de acuerdo al derecho interno y a las leyes internacionales.  
En su reunión con  Alfonso Dastis, Amnistía Internacional ha valorado positivamente las iniciativas de derechos humanos impulsadas por el gobierno en los foros multilaterales, como la protección a defensores de derechos humanos, o la lucha por la abolición de la pena de muerte. “Sin embargo, España debe apostar por una defensa firme de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con algunos países como Marruecos, Arabia Saudí, México, Colombia, Irán, Egipto o Turquía”, ha asegurado Anna Neistat, directora general de investigación de Amnistía Internacional.
Por otra parte, España ha apoyado firmemente en proceso de paz en Colombia. Amnistía Internacional valora positivamente estos pasos, pero mantiene su preocupación por el repunte de homicidios a líderes, defensores y defensoras de derechos humanos que ha habido en el país, al menos  80 en el año 2016. España se ha comprometido a priorizar en su agenda ante las autoridades colombianas a promover se brinde  la protección que estas personas en riesgo necesitan.


El Primer Ministro de Hungría Prime Minister Viktor Orban. (Szilard Koszticsak/MTI via AP) En respuesta a la aprobación por el Parlamento de Hungría de una serie de reformas que permiten la detención automática de todas las personas solicitantes de asilo mientras se tramitan sus solicitudes, Gauri Van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado: “Los planes de detener automáticamente a algunas de las personas más vulnerables del mundo en contenedores de transporte detrás de vallas con concertinas, a veces durante meses, son absolutamente intolerables. Este nuevo paquete sobre detención en la frontera es sólo la última medida agresiva de represión de Hungría contra las personas refugiadas y migrantes.” 

Encerrar a todas las personas refugiadas y migrantes en contenedores, no es una política de refugio
Gauri Van Gulik
“Estas medidas se aplicarán incluso a menores de edad, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional y del derecho europeo. También permitirán la devolución de refugiados a Serbia sin el debido proceso. Instamos a la Unión Europea a que dé un paso adelante y demuestre a Hungría que estas medidas ilegales y profundamente inhumanas tienen consecuencias. Encerrar a todas las personas refugiadas y migrantes en contenedores no es una política sobre refugio; es evitarla.” 
Información complementariaSegún la nueva ley, todas las personas que actualmente buscan asilo o las que lo hagan en el futuro serán transferidas a una “zona de tránsito”, cerca de la frontera con Serbia, donde permanecerán recluidas en campos de contenedores en la frontera hasta que se procesen sus solicitudes de asilo. Esto se aplicará a todas las personas solicitantes de asilo adultas con independencia de su género, edad y situación de vulnerabilidad, así como a los menores que viajen con adultos y menores no acompañados mayores de 14 años.Las medidas se aplicarán durante lo que se denomina “situación de crisis debido a la inmigración masiva” en vigor desde septiembre de 2015 y que seguirá vigente al menos hasta septiembre de 2017. Las nuevas medidas también reducen los requisitos para declarar una situación de crisis. La detención de solicitantes de asilo siempre debe ser una medida de último recurso y no debe aplicarse de forma arbitraria y sin revisión judicial y acceso a un recurso efectivo. Las personas menores nunca deben ser detenidas sólo por su condición de inmigrantes.


El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. STR/AFP/Getty Images. La aprobación por la Cámara de Representantes de Filipinas de un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte coloca al país en un peligroso camino que viola de forma flagrante sus obligaciones legales internacionales, ha declarado hoy Amnistía Internacional.“La idea de que la pena de muerte librará al país de las drogas es simplemente errónea. La reanudación de las ejecuciones no librará a Filipinas de los problemas asociados a las drogas ni servirá como disuasión para delinquir. La pena de muerte es un castigo inhumano e ineficaz, y nunca es la solución. Los intentos de Filipinas de reintroducirla son claramente ilegales y sólo le darán notoriedad como uno de los pocos países que restablece su horrendo uso”, afirmó Champa Patel, directora para el Sudeste Asiático y Oceanía de Amnistía Internacional.Hoy, la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó, en su tercera y última lectura, el proyecto de ley 4727 para reinstaurar la pena de muerte presentado por la coalición mayoritaria del presidente Duterte.El proyecto fue aprobado por 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención. El presidente de la Cámara había amenazado abiertamente a los miembros del Congreso de despojarles de cargos clave si se atrevían a votar en contra del proyecto o siquiera a abstenerse. El proyecto legislativo irá ahora al Senado.“El Senado es ahora la última esperanza real de Filipinas de respetar sus obligaciones internacionales y rescatar al país de este paso atrás”, prosiguió Champa Patel.El proyecto de ley ha sido aprobado en un momento en el que el país sufre los efectos de una oleada de más de 8.000 homicidios, muchas de ellas ejecuciones extrajudiciales cometidos en su “guerra contra las drogas” desde que llegó al poder el presidente Rodrigo Duterte, el 30 de junio de 2016.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias. En virtud del derecho internacional, la pena de muerte debe limitarse a los delitos más graves, y los delitos de drogas no alcanzan este umbral. Tampoco hay pruebas que demuestren que tenga un efecto disuasorio especial.

La pena de muerte para presuntos delincuentes relacionados con las drogas, afecta desproporcionadamente a los pobres
Champa Patel
“La pena de muerte para presuntos delincuentes relacionados con las drogas, al igual que las ejecuciones extrajudiciales, viola el derecho internacional, priva a las personas del derecho a la vida y afecta de forma desproporcionada a los pobres”, declaró Champa Patel.En 2007, Filipinas ratificó un tratado internacional que prohíbe categóricamente las ejecuciones y compromete al país a abolir la pena de muerte. Legalmente, esta obligación no se puede retirar en ningún momento.Desde que se abolió la pena de muerte en 2006, Filipinas ha sido un enérgico detractor de la pena capital y ha defendido varias iniciativas para acabar con ella en foros internacionales. También ha trabajado para conmutar las condenas a muerte impuestas a ciudadanos y ciudadanas filipinos en otros países, como trabajadores en ultramar.“Si las autoridades filipinas quieren abordar las causas fundamentales de los delitos de drogas, deben respaldar unas políticas humanas, voluntarias, centradas en la salud y basadas en pruebas como alternativa”, concluyó Champa Patel.
Información complementariaEl proyecto de ley 4727 es una versión refundida de varias propuestas aprobadas por el Subcomité de Reformas Judiciales del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes el 29 de noviembre de 2016.
En la actualidad, 141 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En la región de Asia y Oceanía, 19 países han abolido la pena capital para todos los delitos y otros ocho la han abolido en la práctica. El nuevo Código Penal de Mongolia, que suprime este castigo para todos los delitos, entrará en vigor en julio de 2017.