Amnistía Internacional España

El creciente uso que las fuerzas gubernamentales sirias están haciendo de las municiones de racimo prohibidas de fabricación soviética para lanzar ataques indiscriminados y ataques directos contra la población civil, en un asedio cada vez más estrecho en la zona de Guta oriental, controlada por los rebeldes, ha causado la muerte de al menos 10 civiles y ha llevado la crisis humanitaria de la zona a un punto de ruptura. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy.
La organización entrevistó a cinco personas que actualmente se encuentran bajo asedio en Guta oriental, entre ellas activistas y profesionales de la medicina, que describieron una situación en grave deterioro, ya que desde el 14 de noviembre el gobierno ha intensificado su campaña de bombardeos contra este enclave en poder de los rebeldes, cerca de la capital, Damasco.“El gobierno sirio está cometiendo crímenes de guerra en una escala épica en Guta oriental. Utilizando su brutal estrategia, ya conocida, de asediar y bombardear a civiles —ya utilizada con efectos devastadores en Alepo, Daraya y otros baluartes rebeldes—, está obligando a la población a rendirse o morir de hambre”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“En medio de una epidemia de desnutrición cada vez más grave, las fuerzas sirias deben poner fin de inmediato al asedio ilegal de Guta oriental y deben permitir el acceso sin trabas a las organizaciones humanitarias antes de que la situación, ya de por sí catastrófica, se cobre aún más vidas civiles.”Ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil“Vi claramente cómo caían pequeñas bombas atadas a paracaídas, y 10 segundos después retumbaron una serie de explosiones.” – Mustafa, voluntario de defensa civil.Las imágenes compartidas por activistas en Guta oriental, verificadas por un experto en armas de Amnistía Internacional, muestran restos de municiones de racimo procedentes de ataques lanzados en los últimos 10 días, uno de ellos el 19 de noviembre.En las imágenes se ven proyectiles con munición de racimo 3O8 de 240 mm, de fabricación soviética, que contienen hasta 10 submuniciones. Según la organización Landmine and Cluster Munition Monitor, estos proyectiles aparecieron por primera vez en Siria después de que Rusia empezara a lanzar ataques con misiles contra grupos antigubernamentales en septiembre de 2015.Estas armas están prohibidas por más de un centenar de países a causa de su carácter indiscriminado y del enorme peligro que constituyen para la población civil.“El gobierno sirio ha mostrado un cruel desprecio por la vida de cientos de miles de personas que viven en Guta oriental desde que comenzó su asedio a la zona a finales de 2012. Sin embargo, esta reciente escalada de los ataques —dirigida claramente contra personas e infraestructuras civiles usando municiones de racimo prohibidas internacionalmente — es atroz”, ha manifestado Philip Luther.“Hay unos 400.000 civiles que luchan por sobrevivir bajo bombardeos diarios, a menudo un bombardeo cada hora, sin acceso a alimentos ni a atención médica.”Los activistas dijeron a Amnistía Internacional que el gobierno sirio también había atacado zonas residenciales con cohetes improvisados y poco precisos, como por ejemplo los “cohetes elefante”, llamados así por el ruido característico que hacen al lanzarse.Según el Centro de Documentación de Violaciones en Siria, grupo de observación local, 97 civiles murieron en ataques lanzados por tierra y aire por las fuerzas gubernamentales entre el 14 y el 26 de noviembre de 2017.Amnistía Internacional entrevistó a dos personas que habían presenciado un ataque lanzado por fuerzas gubernamentales sirias con proyectiles de munición de racimo contra Al Quawtli, un barrio residencial densamente poblado cerca de la Gran Mezquita de Douma.Mustafa, voluntario de defensa civil que lleva a cabo labores de rescate tras los ataques militares, presenció un ataque contra un concurrido mercado el 19 de noviembre. Contó a Amnistía Internacional:“Oí el lanzamiento del cohete porque la base militar está cerca. Luego vi claramente cómo caían pequeñas bombas atadas a paracaídas, y 10 segundos después retumbaron una serie de explosiones. Después de eso, el bombardeo continuó, pero el sonido era diferente”.
Fui al lugar del ataque y vi a personas heridas tendidas en el suelo: mujeres, niños, niñas y hombres
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“Fui al lugar del ataque y vi a personas heridas tendidas en el suelo: mujeres, niños, niñas y hombres. Varias murieron después a causa de sus heridas.”Amnistía Internacional analizó cuatro vídeos publicados online en los que se veía lo que se afirmaba que eran explosiones de munición de racimo junto a la Gran Mezquita, y verificó que las imágenes de los paracaídas utilizados para transportar las submuniciones de los proyectiles con munición de racimo 3O8 de 240 mm utilizados en el ataque se habían tomado en Douma.
Muhammad, activista de medios de comunicación, presenció un ataque que alcanzó un edificio residencial. Recordó:“Los misiles alcanzaron dos edificios residenciales alrededor de un mercado, que normalmente está muy concurrido, con comercios y niños jugando”.
“En el lugar del ataque vi al servicio de defensa civil retirando el cadáver de una niña de unos seis años. Se llamaba Ghina. Su familia sobrevivió, pero ella no. Estaba en uno de los edificios que resultaron alcanzados. Por fortuna, el avión no alcanzó el mercado, porque si no habría habido más muertes.”
Crisis humanitaria en aumento
“Todos los niños y niñas que me llegan son esqueletos: huesos y piel.” – Hoda, médico en Guta orientalDesde que el gobierno sirio capturó en febrero de 2017 las zonas de Al Qaboun y Barze, que hacen frontera con el barrio de Harasta, en Guta oriental, los túneles de contrabando que durante años garantizaron un suministro mínimo de comida, agua y materiales médicos para la población sitiada han sido cerrados.
A consecuencia de ello, la situación humanitaria en Guta oriental se ha deteriorado rápidamente, y los precios de los alimentos han aumentado de forma exponencial, mientras los hospitales se esfuerzan por tratar a los pacientes pese a la falta de materiales. El 3 de octubre de 2017, el gobierno sirio estrechó aún más el cerco al cerrar el único punto de entrada a Douma que quedaba: el control de Al Wafideen.
Muhammad, activista de medios de comunicación de Guta oriental, describió a Amnistía Internacional la manera en que el personal médico, sin suministros, lucha por atender adecuadamente a personas que sufren desnutrición o heridas.

Apenas tenemos comida. Mi esposa y yo tuvimos que reducir a la mitad la cantidad de alimentos que comemos.
Muhammad Activistal
“Quienes no están aquí piensan que exageramos, pero no lo hacemos. Apenas tenemos comida. Mi esposa y yo tuvimos que reducir a la mitad la cantidad de alimentos que comemos. Con los precios actuales, cuatro veces más altos que antes, es imposible comprar comida”.
Según el informe sobre seguridad alimentaria publicado el 22 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud, a mediados de noviembre de 2017 un paquete de 700 gr de pan era 85 veces más caro en Guta oriental que en Damasco, a tan sólo 15 km de distancia.
Hoda, médico que trabaja en uno de los hospitales de campo de Guta oriental, describió a Amnistía Internacional la magnitud de la crisis de desnutrición:
“Los hospitales dependen ahora de los convoyes de ayuda humanitaria, a los que rara vez se les permite la entrada. El último convoy de ayuda humanitaria que entró en Kaferbatna [un barrio de Guta oriental] lo hizo hace un mes [en octubre]. Apenas llevaba suministros médicos. Necesitamos combustible, anestésicos, oxígeno, antibióticos [...] Nos estamos quedando sin estos materiales”.“Los niños y niñas son los que más sufren. Recibo muchos casos de desnutrición. Necesitan alimentos que les aporten energía y refuercen su sistema inmunológico, pero sus familias no pueden permitirse comprarles comida, así que terminan comiendo cebada, que es asequible, una vez al día. Así son las cosas.”“No tenemos casos de muertes infantiles por desnutrición, pero todos los niños y niñas que me llegan son esqueletos: huesos y piel. Vi a un bebé de 10 meses que pesaba 800 gr. Todos los niños, sin excepción, están por debajo de su peso.”En octubre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, anunció que 232 niños y niñas de Guta oriental sufrían desnutrición aguda severa.“Rusia, como parte en este conflicto, tiene una responsabilidad especial de garantizar que su aliado, el gobierno sirio, pone fin a este asedio ilegal y deja de cometer crímenes de guerra. Otros Estados deben utilizar su influencia para presionar a Siria con el fin de que permita la llegada sin trabas de ayuda humanitaria imparcial a la población civil sitiada en Guta oriental y en otros lugares de Siria”, ha manifestado Philip Luther.Información generalEn agosto de 2015, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba el asedio ilegal a Guta oriental y los ataques contra bienes de carácter civil. En noviembre de 2017 hizo público un informe sobre desplazamientos en masa dentro de Siria, en el que expuso la estrategia gubernamental de asedios prolongados con el fin de obligar a la población local a desplazarse. Desde que comenzó la crisis, la organización ha venido documentando abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todas las partes enfrentadas en Siria.Amnistía Internacional lleva años pidiendo a todos los Estados que detengan de inmediato el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de municiones de racimo, y que se sumen a la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008.


Copy: AI Madrid.- Amnistía Internacional entrega hoy en Moncloa un puzzle con el rostro de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saéz de Santamaría, creado creado con cien piezas, una por cada mil de las 100.000 firmas recogidas por la organización, para exigir a las autoridades españolas que cumplan con las cuotas de acogida de personas refugiadas y que amplíen las que hasta ahora han incumplido. Hasta el momento el gobierno no ha alcanzado ni siquiera sus compromisos en materia de reasentamiento: de las 1.449 personas que tenían que llegar por esa vía antes del 26 de septiembre de 2017 todavía faltan 319. Lo mismo, aunque todavía con peores resultados, sucede con la reubicación: han llegado 1.301 personas (1.096 desde Grecia y 205 desde Italia) del total de 15.888 comprometidas.
Tal y como señala la organización, si no se establecen rutas legales y seguras, las personas migrantes y refugiadas seguirán muriendo en viajes peligrosos. “Este año, hasta el pasado 15 de octubre, habían muerto al menos 138 personas en el mar que rodea las costas españolas y 2.776 en total en el Mediterráneo”, recuerda Verónica Barroso, Responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior. “Pero el gobierno sigue escatimando con cifras de acogida que ni siquiera cumple. Está llegando el frío y las condiciones que enfrentan las personas refugiadas en los campos van a ir a peor”, añade Verónica Barroso.
En Grecia, la situación en las islas está llegando a su límite una vez más: los centros de Lesbos, Samos y Chios acogen a un total de 10.925 personas, cuando la capacidad es de 3.924. Miles de personas, incluidas mujeres cabezas de familia solas y menores, están siendo obligadas a dormir en tiendas de campaña y o incluso en el suelo, mientras las temperaturas  son cada vez más bajas. Algunas mujeres tienen que compartir tienda con hombres que no son de sus familias, poniendo en peligro su derecho a la privacidad y su seguridad.
“No hay nada que justifique que las personas refugiadas tengan que pasar otro invierno en estas terribles condiciones”, asegura Barroso. Por eso, Amnistía Internacional ha reiterado a las autoridades españolas que es necesario que, además de la reubicación y el reasentamiento, se fomenten otras vías legales y seguras, como la reunificación familiar, para evitar que quienes huyen de la guerra y la persecución se enfrenten a una situación de desprotección en Europa. Para ello, ha denunciado la organización, es imprescindible que se flexibilicen los requisitos para hacer efectiva la reunificación familiar.
En estos días, además, se celebran en Madrid y en La Rioja unas jornadas organizadas por ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) junto con la Iniciativa Global sobre Patrocinio de Refugiados, y en las que también participa Amnistía Internacional, con el objetivo de impulsar el patrocinio comunitario como una nueva iniciativa de acogida complementaria a las ya existentes. Un ejemplo de ello es el proyecto piloto para la creación de un corredor humanitario que están promoviendo las autoridades del País Vasco.
Aumento de llegadas a la Frontera Sur españolaA pesar de que España es uno de los países con menos solicitudes de asilo, un total de 20.205 presentadas en 2017, el número de llegadas a través de la ruta de la frontera sur española (tanto por tierra como por mar) casi se ha duplicado este año: 21.304 personas han arribado hasta el 31 de octubre de 2017, en comparación con las 11.109 durante los mismos meses de 2016. De estas cifras, 13.546 han llegado a Andalucía: un número muy elevado en un momento en el que los centros de internamiento para extranjeros (CIEs) se encuentran saturados, algo que ha obligado a las autoridades españolas a recolocar a las personas migrantes y potenciales solicitantes de asilo en una cárcel vacía de presos.
“Amnistía Internacional ha reiterado en numerosas ocasiones que los CIEs deben ser la última alternativa, y ha insistido en que las personas que llegan a España deben recibir una acogida digna, que no es la que están teniendo”, asegura Barroso.
La organización también ha mostrado su preocupación por el hecho de que en Ceuta y Melilla sigan produciéndose expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas devoluciones en caliente, como la que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en la que algunos medios de comunicación mostraban como algunas personas eran devueltas directamente a través de la puerta de la valla en Ceuta, sin poder tener acceso a procedimientos de asilo individualizados. Amnistía Internacional lamenta que a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 3 de octubre, que determina que las “devoluciones en caliente” son ilegales, el gobierno sigue manteniendo esta práctica.


Ismail al Iskandrani es uno de los pocos periodistas egipcios que siguieron informando de forma crítica sobre las operaciones del ejército en Sinaí del Norte Las autoridades egipcias deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a un periodista y preso de conciencia que, a día de hoy, lleva dos años detenido en espera de juicio por su labor informativa, ha declarado Amnistía Internacional.
Ismail al Iskandrani es uno de los pocos periodistas egipcios que siguieron informando de forma crítica sobre las operaciones del ejército en Sinaí del Norte a pesar del intento de las autoridades de imponer un bloqueo informativo en la región. Según la legislación egipcia, el máximo de tiempo que una persona puede permanecer detenida en espera de juicio es de dos años, lo cual ya de por sí plantea graves motivos de preocupación en cuanto a los derechos humanos.
“Ismail al Iskandrani ha sido detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y nunca debería haber sido arrestado. Los jueces que examinan su situación de detención en espera de juicio infringirían la legislación egipcia y el derecho internacional si prorrogan esta detención injusta”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“La detención de Ismail al Iskandrani es un ejemplo del represivo bloqueo informativo impuesto a los medios de comunicación en Sinaí del Norte, donde periodistas e investigadores se enfrentan a amenazas e intimidaciones por atreverse a desvelar la realidad de lo que está sucediendo sobre el terreno. Las autoridades egipcias han hecho todo lo que han podido para ocultar del escrutinio de la prensa y de los grupos de derechos humanos las violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad.
El 29 de noviembre de 2015, la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior detuvo a Ismail al Iskandrani en el aeropuerto de Hurghada cuando llegaba de Berlín. La policía lo interrogó sobre sus viajes a diferentes países y registró su ordenador portátil.La Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado lo interrogó el 1 de diciembre de 2015 sobre su opinión sobre la situación política en Egipto, especialmente sobre los acontecimientos de Sinaí del Norte, y registró sus cuentas en las redes sociales, su correo electrónico y su ordenador portátil. La Fiscalía ordenó su detención por “pertenencia a un grupo prohibido” (la Hermandad Musulmana), y “publicación de información y noticias falsas”.
El abogado Mohamed Eissa, del Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales, que asistió a todas las sesiones de interrogatorio de Al  Iskandrani, dijo a Amnistía Internacional que los fiscales no habían presentado ninguna prueba que justificara su detención, salvo sus opiniones políticas y su trabajo periodístico.Ataque contra el periodismo independienteEl periodismo de investigación que realiza Al Iskandrani para periódicos online como Mada Masr y Assafir Al Arabi se ha centrado con frecuencia en los enfrentamientos armados en curso entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados en Sinaí del Norte y en el impacto de la violencia política sobre quienes allí residen y los miembros de las fuerzas de seguridad.Amnistía Internacional cree que el único motivo de su detención es su trabajo periodístico sobre la situación en Sinaí.El ejército ha ejercido un estricto control sobre toda la cobertura mediática de sus operaciones contra la insurgencia en Sinaí del Norte negando el acceso a periodistas independientes.Información generalActualmente son al menos 25 los periodistas encarcelados en Egipto por realizar su actividad legítima. Entre enero y mayo de 2017, los tribunales impusieron penas de prisión de entre tres meses y cinco años al menos a 16 periodistas por cargos relacionados únicamente con sus crónicas, entre ellos los de difamación y publicación de “información falsa”.El Código de Procedimiento Penal de Egipto afirma que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, debe seguir detenida en espera de juicio más de dos años sin sentencia condenatoria. Según las normas internacionales, la detención en espera de juicio debe utilizarse como último recurso, y su duración debe ser razonable.
Las autoridades egipcias utilizan habitualmente la detención en espera de juicio prolongada —que a menudo supera el límite legal de dos años— como forma de castigar a la disidencia.
En octubre, un juez renovó la detención en espera de juicio del defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar, a pesar de que llevaba más de dos años detenido.El fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, conocido como “Shawkan”, había pasado más de dos años detenido en espera de juicio cuando en 2016 se inició su juicio por una serie de cargos falsos. Desde entonces ha seguido detenido los dos años del juicio, junto con otros 738 acusados, todos ellos sin sentencia condenatoria.


El Centro Cultural Óscar Niemeyer en Avilés iluminado contra la pena de muerte el 30 de noviembre de 2016 El próximo 30 de noviembre, en más de 2.000 ciudades de todo el mundo como Berlín, Buenos Aires, París o Seúl y otras capitales de países donde se está haciendo un trabajo contra la pena de muerte como Minsk (Bielorrusia) o Porto Novo (Benin) se iluminarán edificios representativos para mostrar el rechazo de la población a la pena de muerte. En España, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional impulsan esta iniciativa en más de 30 ciudades como Barcelona, Burgos, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid, Salamanca o Valencia, entre otras.
La Jornada de Ciudades por la Vida es una iniciativa internacional que se pone en marcha cada año en la fecha en la que se recuerda la abolición de la primera pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de un evento promovido por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional.

Las cifras de la pena de muerte
En 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en todo el mundo, 602 menos que en 2015. Aunque la la reducción es considerable, la cifra general sigue siendo más alta que la media registrada en los 10 años anteriores. Estas cifras no contemplan las ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre la aplicación de la pena de muerte siguen siendo considerados secretos de Estado. A esta cifra se suma que en 2016 fueron condenadas a muerte 3.117 personas en 55 países. Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial.
En 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo, 105, la han abolido por completo. En 2017 se han cumplido 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista contra la pena de muerte.
El pasado 10 de octubre, Día Internacional Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional puso el foco en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Según investigaciones de la organización, las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.
En China se reproduce un patrón preocupante, por el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales.
Por otro lado, Benín ha sido uno de los últimos países que han abolido la pena de muerte por ley en todo los delitos; sin embargo, todavía 14 personas se encuentran en el corredor de la muerte en terribles condiciones y sin saber cuál va a ser su destino, pese a que el Gobierno haya prometido que no serán ejecutados.
En Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia, donde las ejecuciones normalmente se realizan en secreto y sin notificárselo a la familia. Desde 1994 sólo se ha concedido el indulto en uno de los más de 400 casos en que se había solicitado.
Amnistía Internacional y la Comunidad de San’t Egidio se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia y otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Además, las organizaciones consideran que esta práctica viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante.
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Las autoridades marroquíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Nasser Zefzafi, líder de las manifestaciones del Rif, al periodista Hamid El Mahdaoui y a todas las demás personas detenidas en relación con estas protestas y por ejercer pacíficamente sus derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.“La represión de los manifestantes del Rif ha sido incesante en los últimos meses. Las autoridades deben liberar a Nasser Zefzafi y a las demás personas detenidas por protestar pacíficamente o por informar sobre las manifestaciones en Internet. Son presos y presas de conciencia”, ha dicho.Desde mayo, las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de manifestantes, incluidos menores de edad y varios periodistas, en relación con unas protestas en gran medida pacíficas. Al menos hay 410 personas bajo custodia en estos momentos; algunas de ellas fueron arrestadas en sus domicilios. Muchas ya han sido declaradas culpables y a varias les han impuesto duras penas de hasta de 20 años de cárcel; otras, entre las que hay menores de edad, llevan hasta seis meses en prisión preventiva.Nasser Zefzafi, líder de las protestas, lleva 176 días sometido a detención prolongada en régimen de aislamiento en la prisión local de Ain Sbaa, donde pasa más de 22 horas al día en una celda individual sin ningún contacto humano significativo. El periodista Hamid El Mahdaoui lleva también varias semanas recluido en régimen de aislamiento en la misma prisión. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento, así calificada cuando supera un periodo de 15 días, vulnera la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.“A pesar de que la reclusión preventiva sólo debe ser una medida excepcional y nunca debe usarse como castigo, el tribunal de Casablanca ha denegado la libertad bajo fianza a 50 de los 54 acusados en los juicios del Rif”, ha afirmado Heba Morayef.El Tribunal de Apelación de Casablanca está juzgando actualmente a Nasser Zefzafi y otras 53 personas en relación con el movimiento de protesta del Rif (Hirak). La mayoría de los cargos presentados contra el líder de las protestas, Nasser Zefzafi, y los demás acusados son incompatibles con las obligaciones de Marruecos en materia de derechos humanos, ya que penalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.Algunos cargos formulados contra ellos son: protesta no autorizada, rebelión, “conspirar para debilitar la seguridad interna del Estado”, “socavar la lealtad de la ciudadanía al Estado y las instituciones del pueblo marroquí”, “incitar contra la unidad territorial del reino” e “insultar” a cargos e instituciones públicas. Los que están acusados de delitos contra la seguridad del Estado podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel si resultan culpables en el juicio. Algunos incluso están acusados de intento de asesinato y se enfrentan a la posibilidad de la cadena perpetua.Según los manifestantes, la policía los sometió a tortura y otros malos tratos —incluidas fuertes palizas, asfixia, privación de la ropa, amenazas de violación e insultos— en el momento de la detención y durante el interrogatorio, a veces para obligarlos a “confesar” delitos. En julio, el ministro de Justicia anunció investigaciones sobre al menos 66 casos de presuntas torturas o malos tratos policiales a manifestantes bajo custodia. Además, los jueces no han descartado hasta ahora las declaraciones posiblemente obtenidas mediante tortura como pruebas incriminatorias contra los acusados en los juicios, en incumplimiento de las obligaciones internacionales de Marruecos en materia de juicios justos y lucha contra la tortura.La fiscalía acusó asimismo a Zefzafi de “incitar a manifestantes a atacar a las fuerzas de seguridad” cuando la policía había intentado detenerlo el 26 de mayo. Amnistía Internacional ha examinado con detenimiento el pliego de cargos y las pruebas presentadas por la acusación contra Zefzafi. El hecho en cuestión, según la acusación, tuvo lugar cuando Zefzafi señaló con el dedo a las fuerzas de seguridad y las llamó “fuerzas represoras” mientras rezaba en voz alta, “pidiendo [su] martirio a Dios todopoderoso”. Tales palabras y actos no constituyen incitación a la violencia, sino un ejercicio de libre expresión pacífica.Los tribunales marroquíes ya han condenado a personas acusadas de participación directa en enfrentamientos marginales ocasionales en los que algunos manifestantes habían lanzado piedras y cócteles molotov, como el 26 de marzo de 2017 en Imzurén. No obstante, en este caso la fiscalía acusó a la mayoría de los 54 acusados de “incitar”, “participar” o ser “cómplices” en general en los disturbios sin aportar ninguna prueba de responsabilidad penal individual en relación con alguno de los actos de violencia.La acusación se centró en los legítimos llamamientos de los acusados a participar en las protestas y en su participación en ellas, coreando eslóganes pacíficos, comprando tela para elaborar pancartas, alquilando sillas para reuniones públicas o publicando contenido sobre las protestas en redes sociales, entre otras cosas. También se centró en el material publicado en Facebook y en el uso de Facebook Live por los activistas para hacer transmisiones en directo, considerando que constituían “incitación” a la protesta, y ordenó detener a blogueros y periodistas que habían informado sobre las manifestaciones en sitios de noticias online y en Facebook.Los activistas Mohamed Jelloul, Nabil Ahamjik, Mohamed Majjaoui y Achraf el Yakhloufi, los periodistas Mohamed el Assrihi y Fouad Saidi, y los demás integrantes del grupo de 54 acusados permanecen detenidos por cargos como “socavar la seguridad interna del Estado”, “incitar contra la unidad territorial del reino”, “insultar” a cargos e instituciones públicas y organizar protestas no autorizadas, y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.La fiscalía ha acusado también al periodista Hamid el Mahdaoui de no alertar a las autoridades sobre las llamadas telefónicas que había recibido de un hombre que decía estar planeando comprar armas y enviarlas a Marruecos para desencadenar una “guerra” en Alhucemas, en el Rif. El periodista dijo al tribunal que no conocía al hombre ni se había tomado en serio sus afirmaciones. El Mahdaoui, destacado periodista ya condenado en varias ocasiones por denunciar abusos cometidos por cargos públicos, debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.Asimismo, la fiscalía ha acusado a una minoría de los acusados de responsabilidad directa en actos concretos de violencia, incluidos lanzamientos de piedras, incendios provocados y daños a la propiedad. Aunque Amnistía Internacional no está en situación de corroborar de manera independiente las pruebas de estas acusaciones, el tribunal debe garantizar el derecho de todos los acusados a un juicio justo, entre otras cosas excluyendo las declaraciones obtenidas mediante coacción o tortura y otros malos tratos.Continúan las detenciones de activistas en la región del Rif, y las autoridades siguen imponiendo prohibiciones de manifestarse, la más reciente el 28 de octubre en las localidades de Nador y Alhucemas al cumplirse el primer aniversario de la muerte del pescadero Mouhcine Fikri. Su mortal aplastamiento por un camión de basura cuando intentaba recuperar el pescado que le habían confiscado prendió la mecha de unas protestas que han cristalizado en el movimiento de protesta Hirak.


Una niña busca comida entre los escombros después ser desalojada de su hogar en Otodo-Gbame en marzo de 2017 © Justice & Empowerment Initiatives Amnistía Internacional pide a Nigeria, Reino Unido y Países Bajos que investiguen al gigante petrolero angloholandés Shell por su papel en una serie de delitos horribles cometidos por las fuerzas armadas nigerianas en la región productora de petróleo de Ogoniland en los años noventa.
La organización ha hecho público un análisis revelador de miles de páginas de documentos internos de la empresa y declaraciones de testigos, así como del archivo propio de Amnistía Internacional correspondiente a ese período.
La campaña de las fuerzas armadas nigerianas para silenciar las protestas del pueblo ogoni contra la contaminación causada por Shell incluyó violaciones de derechos humanos graves y generalizadas, que en muchos casos constituyeron también delitos según la legislación nacional.
“Las pruebas que hemos analizado muestran que Shell alentó reiteradamente a las fuerzas armadas nigerianas para que hicieran frente a las protestas de la comunidad, aun sabiendo los horrores en los que tal actuación derivaría: homicidios ilegítimos, violaciones, torturas e incendios de pueblos”, señaló Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“En medio de esa represión brutal, Shell hasta brindó a las fuerzas armadas apoyo material, incluido transporte, y por lo menos una vez pagó a un gobernador militar, conocido por haber perpetrado violaciones de derechos humanos. Es indignante que nunca haya tenido que responder por eso.
“Es indiscutible que Shell tuvo un papel clave en los acontecimientos devastadores que se registraron en Ogoniland en los años noventa, y creemos que ahora estaría justificada una investigación penal. Reunir este enorme archivo de pruebas fue el primer paso para llevar a Shell ante la justicia. Ahora prepararemos una denuncia penal para interponerla ante las autoridades pertinentes, de cara a solicitar un enjuiciamiento.”
La campaña del gobierno de Nigeria contra el pueblo ogoni culminó con la ejecución, hace 22 años, de nueve hombres ogonis, entre ellos Ken Saro-Wiwa, el escritor y activista que había liderado las protestas. Las ejecuciones se produjeron tras un juicio claramente injusto y causaron indignación en todo el mundo. En junio de 2017, las viudas de cuatro de esos hombres presentaron un auto judicial contra Shell en Países Bajos, acusando a la compañía de ser cómplice de sus muertes.
Se pueden exigir a una persona o empresa responsabilidades penales por un delito si lo ha alentado, posibilitado, agravado o facilitado, aunque no haya participado directamente en el mismo. Por ejemplo, saber que determinada conducta empresarial puede contribuir a un delito o tener un vínculo cercano con quienes perpetran ese delito podría derivar en una responsabilidad penal. El nuevo informe de Amnistía Internacional A Criminal Enterprise? argumenta que Shell estuvo involucrada de esa forma en los delitos cometidos en Ogoniland.
En los años noventa, Shell era la empresa individual más importante de Nigeria. Durante la crisis en torno al pueblo ogoni, Shell y el gobierno nigeriano actuaron como socios empresariales y mantuvieron reuniones periódicas para hablar sobre la protección de sus intereses.
Hay notas internas y actas de reuniones que muestran que Shell trató de obtener apoyo militar de altos funcionarios del gobierno, incluso después de que las fuerzas de seguridad hubieran matado en masa a participantes en las protestas. También muestran que, en varias ocasiones, Shell brindó asistencia logística o financiera a personal de las fuerzas armadas y de la policía a sabiendas de que esas personas habían estado involucradas en ataques asesinos contra habitantes del lugar indefensos.
Shell siempre ha negado haber estado involucrada en las violaciones de derechos humanos, pero nunca se han investigado las acusaciones contra la empresa.
Lo que Shell sabía
Las protestas en Ogoniland las lideraba el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), en respuesta a años de derrames de petróleo por parte de Shell que habían devastado el medio ambiente. En enero de 1993, el MOSOP declaró que las operaciones de Shell en la zona ya no eran bienvenidas, y eso obligó a la compañía a abandonar la región temporalmente, alegando razones de seguridad.
Hay documentos internos que muestran que, cuando Shell trató de minimizar públicamente los daños ambientales que había causado, altos representantes de la empresa sabían que las quejas del MOSOP tenían fundamentos legítimos y a esos ejecutivos les preocupaba el mal estado de los oleoductos.
El 29 de octubre de 1990, Shell solicitó la “protección de seguridad” de una unidad policial paramilitar de élite, denominada Policía Móvil, para sus instalaciones del pueblo de Umuechem, donde se estaban registrando protestas pacíficas. Durante los dos días siguientes, la Policía Móvil atacó el pueblo con armas de fuego y granadas, provocando la muerte de al menos 80 personas, además de incendiar 595 casas. Muchos de los cadáveres se arrojaron a un río cercano.
Se considera que, en ese momento, si no antes, los ejecutivos de Shell debieron entender los riesgos derivados de pedir una intervención de las fuerzas de seguridad. Y aun así, hay pruebas claras de que Shell siguió actuando de la misma forma.
Por ejemplo, en 1993, poco después de haberse retirado de Ogoniland, Shell pidió reiteradas veces al gobierno nigeriano que movilizara al ejército en esa región para proteger un nuevo oleoducto que estaban construyendo contratistas de la empresa. Eso llevó a que 11 personas fueran alcanzadas por disparos el 30 de abril en un pueblo llamado Biara y a que un hombre muriera del mismo modo en el pueblo de Nonwa el 4 de mayo.
Menos de una semana después del tiroteo en Nonwa, varios ejecutivos de Shell mantuvieron una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad.
Las actas de esas reuniones muestran que, en lugar de plantear su preocupación por los disparos efectuados contra personas desarmadas que protestaban, Shell solicitó activamente al gobierno y a las fuerzas de seguridad que le permitieran seguir activa en Ogoniland, y ofreció a cambio apoyo “logístico”.
Apoyo financiero
Shell también ofreció apoyo financiero. Un documento interno de la empresa revela que, el 3 de marzo de 1994, esta hizo un pago de más de 900 millones de dólares estadounidenses a la ISTF, una unidad especial creada para “restablecer el orden” en Ogoniland. Eso sucedió solo diez días después de que el comandante de esa unidad ordenara disparar contra personas desarmadas que se manifestaban ante la sede regional de Shell en Port Harcourt. En el documento se afirma que ese pago fue una “muestra de gratitud y un elemento para motivar una disposición favorable y constante en relación con [Shell] en tareas futuras”.
“En varias ocasiones, la ayuda que Shell había pedido al gobierno para abordar lo que la empresa denominaba la ‘cuestión ogoni’ produjo una nueva ola de violaciones brutales de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en Ogoniland. Es difícil no ver vínculos causales o suponer que Shell no era consciente entonces de cómo se interpretaban sus peticiones”, afirmó Audrey Gaughran.
“A veces Shell cumplió una función más directa en el derramamiento de sangre; por ejemplo, al trasladar a personal de las fuerzas armadas para que dispersara protestas, incluso cuando las consecuencias de hacerlo eran evidentes. Eso equivale claramente a posibilitar o facilitar los delitos horribles que se cometieron después.”
Señalar pueblos por su nombre
El 13 de diciembre de 1993, poco después de que un golpe de Estado llevara al poder al general Sani Abacha, Shell escribió al nuevo administrador militar del estado de Rivers, señalando comunidades específicas en las que habían tenido lugar protestas en su contra y solicitando asistencia.
Un mes después, en enero de 1994, el gobierno ordenó la creación de la ISTF. Más tarde ese mismo año, la violencia contra los ogonis alcanzó su espeluznante punto máximo, cuando la ISTF llevó a cabo incursiones en pueblos ogonis en las que mató, violó, torturó y detuvo a muchas personas.
Según un informe de Amnistía Internacional publicado el 24 de junio de 1994, alrededor de 30 pueblos fueron atacados y “más de 50 personas de la etnia ogoni fueron ejecutadas extrajudicialmente”. El comandante de la ISTF alardeó de esas operaciones en televisión, y se informó ampliamente sobre ellas. En julio de ese año, el embajador holandés comunicó a Shell que el ejército había matado aproximadamente a 800 ogonis.
Ken Saro-Wiwa en el punto de mira
Los documentos internos de Shell muestran que el entonces presidente de la empresa en Nigeria, Brian Anderson, mantuvo al menos tres reuniones con el general Sani Abacha entre 1994 y 1995, en el período más crítico de la crisis en torno al pueblo ogoni. El 30 de abril de 1994, Anderson planteó “el problema de los ogonis y Ken Saro-Wiwa” al describir las consecuencias económicas de la oposición del MOSOP.
Saro-Wiwa ya estaba en el punto de mira del gobierno y, al mencionar su nombre en esa reunión, Anderson alentó de una manera temeraria medidas contra el activista, y reportó que había abandonado el encuentro con la sensación de que Abacha iba a “intervenir con las fuerzas armadas o con la policía”.
En efecto, al cabo de un mes, Saro-Wiwa y otros líderes del MOSOP eran detenidos, sometidos a acusaciones infundadas de haber participado en el asesinato de cuatro líderes tradicionales muy conocidos, e incomunicados en su reclusión. Durante la misma sufrieron torturas y malos tratos y, posteriormente, fueron declarados culpables en un juicio que fue una farsa y ejecutados en noviembre de 1995.
Los documentos que ha analizado Amnistía Internacional muestran que Shell sabía que, muy probablemente, Saro-Wiwa iba a ser declarado culpable y ejecutado. Aun así, la empresa siguió debatiendo con el gobierno las formas de hacer frente al “problema ogoni”. Es difícil ver cómo Shell puede no haber alentado, e incluso respaldado, las acciones del gobierno contra Saro-Wiwa y otras personas.
Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell.
“En sus últimas palabras al tribunal que lo declaró culpable, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell también tendría que comparecer algún día ante la justicia. Estamos decididos a lograr que eso suceda”, señaló Audrey Gaughran.
“Debe hacerse justicia, por Ken Saro-Wiwa y por los miles de personas más cuyas vidas arruinó la destrucción de Ogoniland por parte de Shell.”
Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell.
Información complementaria
Varios documentos internos de la compañía, entre ellos cartas, comunicaciones enviadas por fax y mensajes de correo electrónico intercambiados por distintas oficinas de Shell, muestran que la responsabilidad de las acciones de la empresa durante la crisis en torno al pueblo ogoni no le corresponde únicamente al personal de Shell en Nigeria. En todo momento, los directores de Shell en La Haya y Londres eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo en Nigeria.
Hay una nota que hace referencia a la aprobación por parte de los directores de una estrategia detallada que ideó Shell Nigeria en diciembre de 1994, sobre cómo debía responder la empresa a las críticas que recibía tras las protestas ogonis. En marzo de 1995, varios ejecutivos de Shell en Londres mantuvieron una reunión con representantes de las fuerzas armadas nigerianas en la capital británica, en la cual acordaron reunirse “cada cierto tiempo” para intercambiar información.
Amnistía Internacional escribió a Royal Dutch Shell y a Shell Nigeria para solicitar información al respecto. Shell Nigeria respondió:
“Las acusaciones citadas en su carta contra [Royal Dutch Shell] y [Shell Nigeria] son falsas y carecen de fundamento. [Shell Nigeria] no se confabuló con las autoridades militares para reprimir los disturbios en la comunidad y en modo alguno fomentó o propugnó ningún acto de violencia en Nigeria. De hecho, la compañía cree que el diálogo es la mejor forma de resolver las disputas. Siempre hemos negado categóricamente esas acusaciones.”


Las personas LGBTI que huyen de la violencia en países como El Salvador u Honduras enfrentan nuevos peligros en México/ Amnesty International / Sergio Ortiz La vida y la seguridad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de El Salvador, Guatemala y Honduras —países acechados por la violencia— están expuestas a un peligro cada vez mayor, ya que las autoridades de sus países no las protegen, dejándolas sin otra opción que huir y enfrentar más peligros en México, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Sin lugar que me proteja revela el peligroso viaje al que se enfrentan las mujeres trans y los hombres gays refugiados que huyen debido al vertiginoso aumento de los niveles de discriminación y violencia por motivos de género en El Salvador, Guatemala y Honduras por parte de las bandas criminales y de miembros de las fuerzas de seguridad. El informe también acusa a las autoridades mexicanas de no proteger a estas personas frente a las violaciones y los abusos que sufren durante su viaje a través del país y hace hincapié en las insoportables experiencias que viven cuando son recluidas en el marco de la detención prolongada y sistemática de personas migrantes en Estados Unidos.“En Centroamérica hay personas que sufren una terrible discriminación por su identidad de género, y no tienen absolutamente ningún sitio al que huir en busca de seguridad”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“En sus países viven aterrorizadas y, cuando tratan de hallar refugio en el extranjero, sufren abusos; se cuentan actualmente entre las personas refugiadas más vulnerables de las Américas. El hecho de que México y Estados Unidos estén dispuestos a seguir mirando mientras estas personas son objeto de violencia extrema es, sencillamente, criminal.”El Salvador, Guatemala y Honduras tienen unas de las tasas de homicidio más altas del mundo: 81,2 por cada 100.000 habitantes en El Salvador; 58,9 en Honduras, y 27,3 en Guatemala, según cifras oficiales.La mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la discriminación constante y los niveles de violencia que sufrían en sus países —tales como agresiones físicas y extorsión económica a manos de bandas criminales, y asesinatos— les hicieron sentir que no tenían más opción que huir.Los elevados niveles de impunidad y corrupción en sus países hacen improbable que las autoridades castiguen a los responsables de crímenes contra las personas LGBTI, sobre todo cuando las fuerzas de seguridad están detrás de los ataques.Según la ONG hondureña Cattrachas, 275 personas LGBTI perdieron la vida de forma violenta en el país entre 2009 y 2017. En la mayoría de los casos, no se llevó a las personas responsables ante la justicia.Carlos, de Honduras, se vio obligado a huir a México tras ser agredido violentamente y amenazado de muerte por pandilleros por ser gay.Contó a Amnistía Internacional: “Nunca intenté poner denuncia por lo que anteriormente les había pasado a unos amigos. De hecho, mi amigo [...] fue a poner una denuncia, y ni bien había terminado de poner la denuncia que ya estaban en su casa de él, por esta razón se vino a México; otro amigo fue a poner la denuncia y en el camino lo mataron, después de poner la denuncia.”Un viaje aterradorAmnistía Internacional constató en los casos documentados que la brutalidad sufrida por los hombres gays y las mujeres trans en Centroamérica no termina cuando salen de sus países.La mayoría de las personas entrevistadas para el informe afirmaron haber seguido sufriendo discriminación y violencia — incluso por parte de funcionarios públicos— en México, donde se tiene noticia de elevados niveles de violencia contra las personas LGBTI en general. Asimismo, muchas de estas personas dijeron sentirse inseguras en el país, ya que muchas de las maras y pandillas que las amenazaban en sus países de origen también actúan tras la frontera sur de México.Según un estudio del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, dos tercios de las personas refugiadas LGBTI de Centroamérica con las que habló en 2016 y 2017 habían sufrido violencia sexual y de género en México.Muchos hombres gays y mujeres trans también contaron a Amnistía Internacional que en ningún momento se los informó adecuadamente sobre su derecho a pedir asilo en México, pese al extremo peligro al que se enfrentarían en caso de ser devueltos a sus países. También se quejaron de que las autoridades mexicanas no los informaron sobre ningún avance relacionado con las investigaciones tras denunciar haber sufrido abusos contra los derechos humanos en ese país.Carlos contó a Amnistía Internacional que, estando en México, unos agentes de inmigración trataron de disuadirlo de presentar una solicitud de asilo. A pesar de ello, finalmente la presentó y sigue a la espera de la decisión.Varias mujeres trans que lograron sobrevivir al peligroso viaje a través de México y cruzar la frontera de Estados Unidos se quejaron del trato recibido bajo custodia. Otras fueron deportadas desde Estados Unidos y México y devueltas a sus países, a la pesadilla de la que desesperadamente trataban de escapar.Cristel, una mujer trans salvadoreña de 25 años, contó a Amnistía Internacional que la recluyeron en régimen de aislamiento en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos tan pronto cruzó la frontera entre México y ese país, en abril de 2017.Una semana después, la pusieron en una pequeña celda con ocho hombres. Al final, Cristel no pudo obtener asilo y fue devuelta a El Salvador, donde las maras siguen amenazándola.“No quiero ser ilegal. Solo quiero vivir y estar segura”, ha contado Cristel a Amnistía Internacional.“Cuanto menos actúen las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para proteger a algunas de las personas más vulnerables de América, más manchadas de sangre tendrán las manos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.“Estos gobiernos deben tomar urgentemente medidas decisivas para abordar los niveles epidémicos de violencia contra las personas LGBTI en la región y mejorar las políticas y las prácticas para garantizar que todas las personas que necesitan protección internacional pueden acceder a ella.”Más información:Estados Unidos/México: La represión fronteriza de Trump empuja a las personas refugiadas a un peligroso limbo (noticia/informe, 15 de junio de 2017)¿Hogar dulce hogar? “Si me quedo, me matan.” (reportaje, 14 de octubre de 2016)


© Deutsche Welle Amnistía Internacional tiene el placer de ser el primer cliente externo de Truly. Media, una nueva plataforma pionera de colaboración cuya finalidad es hacer frente a las “noticias falsas” utilizando técnicas de verificación digital para identificar las publicaciones auténticas y las fraudulentas en las redes sociales.
Truly. Media fue creada por Deutsche Welle, servicio público de radiodifusión internacional alemán, y la empresa griega de software y desarrollo Athens Technology Center. Esta plataforma, basada en la web, se ha creado específicamente para periodistas e investigadores de derechos humanos, y permite a los equipos trabajar juntos a través de distintas zonas horarias para verificar grabaciones de vídeo, imágenes y otros contenidos digitales en tiempo real antes de que se utilicen con fines de investigación o información.
“Cuando unas verdades incómodas llevan a las autoridades públicas a gritar que se trata de ‘noticias falsas’, o cuando un contenido publicado en redes sociales afirma mostrar algo que no muestra, Amnistía Internacional necesita estar preparada para responder basándose en métodos rigurosos y metódicos de investigación y verificación”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“En asociación con universidades destacadas de todo el mundo, nuestro Cuerpo de Verificación Digital ya nos ha situado a la vanguardia de la revolución digital en la investigación sobre derechos humanos. Confiamos en que nuestra colaboración con Truly. Media llevará esta labor crucial un paso más allá.”
Lanzado en octubre de 2016, el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional incluye actualmente laboratorios de investigación con sede en la Universidad de Cambridge, la Universidad de California-Berkeley, la Universidad de Essex, la Universidad de Pretoria y la Universidad de Toronto. Esta red interdisciplinaria agrupa a más de un centenar de estudiantes con un objetivo común: actuar como primera línea de verificación de contenidos digitales para la investigación de derechos humanos.El Cuerpo de Verificación Digital ha prestado un apoyo fundamental a la investigación de Amnistía Internacional sobre conflictos y crisis tales como la limpieza étnica de rohingyas en Myanmar, los desplazamientos forzados en masa de poblaciones enteras bajo la política siria de “rendirse o morir de hambre”, o la política de tierra arrasada del gobierno sudanés, que incluye el uso probable de armas químicas contra pueblos en la región de Jebel Marra, en Darfur.Truly. Media mejorará la colaboración en tiempo real del Cuerpo de Verificación Digital de unos continentes a otros, y le dará acceso a herramientas punteras de verificación y asistencia de expertos. El Equipo de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, así como periodistas de varias organizaciones de medios de comunicación, trabajaron directamente con los diseñadores de la plataforma para adaptarla a sus necesidades específicas.“Con Truly. Media podemos descubrir información falsa en las redes digitales con más eficacia y exactitud. El proyecto demuestra también el potencial de innovación de Deutsche Welle en este sector. El hecho de que Amnistía Internacional vaya a utilizar la plataforma nos enorgullece, y demuestra que existe una necesidad real de un servicio como el de Truly. Media”, ha manifestado Peter Limbourg, director general de Deutsche Welle.


Manifestación contra la violencia sexual frente al Ministerio de Justicia en Madrid el 17 de noviembre de 2017. AP Photo/Francisco Seco. España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual. La violencia de género en el ámbito de pareja y ex-pareja sigue siendo una grave violación de derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, el Estado español  reconoció que las agresiones de género en la pareja o ex-pareja deben combatirse  a través de una legislación específica que tenga en cuenta una perspectiva de género; y aceptó que tienen la  responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas. También se produjeron algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas y no se cuenta con una Ley Integral. Sin embargo, los avances descritos no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones.En relación a la violencia sexual, Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones, entre otros, la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7’2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual.

Fallamos como sociedad, cuando a la víctima de violencia sexual se la sienta en el banquillo de los acusados y la noticia es si su relato es veraz o no
Virginia Álvarez, Amnistía Internacional España
Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. A diferencia de lo que sucede en otro tipo de delitos, las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la   violencia sexual, se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato. “Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España. El caso de Blanca (nombre ficticio), mujer de 20 años con nacionalidad española y de origen colombiano con la que ha hablado Amnistía Internacional, ejemplifica también los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual. Blanca fue agredida sexualmente a las 5 de la mañana del 8 de mayo de 2016. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido.. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa. “En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad”. En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro. En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Según su relato, tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos sólo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz. Al salir de la comisaría, por sus propios medios, buscaron un hospital donde no se le atendió indicándole que debían ir al hospital especializado. Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro hospitalario. No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense. En la comisaría, la madre de Blanca encontró un papel con datos de la organización CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales) a quien decidieron llamar y que fueron quienes las asesoraron y apoyaron. La investigación de este caso no ha avanzado. Amnistía Internacional recuerda, tal y como establecen los estándares internacionales sobre violencia sexual, que los Estados deben: Acometer campañas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Eliminar todas las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia, y a servicios de asistencia gratuita y especializada.
Evitar la revictimización en la investigación penal  y en todas las etapas procesales, no recurriendo a la discriminación y estereotipos de género.
Garantizar que se proporcione a las víctimas de violencia, servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad.
El Pacto de Estado propone la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, pero es necesario que el Gobierno concrete medidas, como por ejemplo, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. Algo que no existe por el momento en todo el territorio español. Luces y sombras del Pacto de Estado contra la violencia de géneroAmnistía Internacional valoró positivamente la aprobación del Pacto de Estado que plantea un conjunto de 212 medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes. “Pero no podemos olvidar que el  pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El Pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación  del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, manifestó Virginia Álvarez.Amnistía Internacional valora positivamente que el Pacto ahonde en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización; que el reconocimiento de la víctima no quede supeditado necesariamente a la interposición de la denuncia para lo que se deberá reformar la Ley Orgánica 1/2004 (Ley Integral contra la violencia de género); o que se establezca un plazo de dos años para establecer en todos los juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, hasta ahora infrautilizadas, para mejorar la asistencia, la ayuda y la protección a la víctimas, algo que Amnistía Internacional ya ha denunciado en varias ocasiones. Igualmente, la organización también valora positivamente que el pacto pida que se garantice una prestación a todos los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como medida para proteger a los menores; que se impulse un seguimiento estadístico de todas las formas de violencia contra las mujeres; y que desde las Comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones se evalúe la formación en materia de igualdad de todos los agentes implicados en la protección a las víctimas de violencia de género. Pero para que esto sea realidad es imprescindible que desde el gobierno y el resto de organismos e instituciones concernidas se anuncien las medidas concretas y los plazos para implementarlas, muchas de las cuales deberán implicar reformas importantes. Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta dos grandes ausencias que no han sido recogidas suficientemente en este Pacto. Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición que tampoco se contemplaron ni en la Ley Integral, ni en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Si bien se contempla la modificación de esta última ley para mejorar el acceso a información y el acceso a las ayudas, debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos. El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un buen momento para que el Gobierno, en coordinación con el resto de Administraciones públicas, Fiscalía, Poder Judicial y resto de agentes, anuncie medidas concretas para abordar de manera eficaz un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2008, y con la de 29 menores en los últimos 7 años, y que podría afectar a 2,5 millones de mujeres de los 16 años en adelante, según los datos de la  Macroencuesta de 2015.////


Personas de la comunidad de Chocó afectadas por el conflicto / Amnesty International Un año después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país afectando los derechos humanos de la población civil colombiana; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En Continúan los años de soledad se analizan los escasos efectos que el Acuerdo de Paz colombiano, firmado el 24 de noviembre de 2016, está teniendo en la vida de decenas de comunidades indígenas y afrodescendientes en el departamento del Chocó, donde el 60% de los residentes son víctimas registradas del conflicto armado.
El Acuerdo de Paz se concibió para poner fin a un conflicto armado entre las partes de más de 50 años y que ha causado la muerte de más de 220.000 colombianos y colombianas y el desplazamiento de casi 7 millones de personas.
“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“En departamentos como el Chocó, la presencia del estado es débil y comunidades enteras han quedado a merced de otros grupos guerrilleros y paramilitares. Todavía queda mucho por hacer para que el proceso de paz suponga alguna diferencia real en la vida de las personas.”
Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados, el futuro seguirá siendo sombrío.
Salil Shetty Amnistía Internacional
“Colombia se encuentra en una gran encrucijada. Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados, el futuro seguirá siendo sombrío. Lo que deberían hacer las autoridades es garantizar la aplicación adecuada del Acuerdo de Paz así como la adopción de medidas adicionales que consigan que los otros grupos guerrilleros y paramilitares dejen de aterrorizar a la gente.”
Amnistía Internacional visitó varias localidades del departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, una zona rica en recursos que sufre los ataques de grupos armados, y habló con miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes sobre cómo afectaba sus vidas la lenta implementación del Acuerdo y la presencia de otros grupos armados en su territorio, aunado a la ausencia del Estado. Algunas conclusiones de nuestra investigación:
Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por temor a los diversos grupos armados que actúan en la zona. Las comunidades indígenas y afrodescendientes internamente desplazadas están especialmente expuestas, ya que han tenido que dejar atrás sus medios de subsistencia sin protección ni apoyo del Estado.En algunos casos, las comunidades se desplazaron a zonas peligrosas situadas en las proximidades, con frecuencia a alojamientos abarrotados, sin acceso a agua corriente, sin comida suficiente y sin perspectivas de volver a sus territorios.Defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios que han denunciado los abusos han sido amenazados o incluso asesinados. Una de las víctimas más recientes es Aulio Isaramá Forastero, gobernador indígena del Chocó, presuntamente asesinado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la noche del 24 de octubre.También hay informes sobre la persistencia de la violencia de género en la zona, aunque muchas mujeres y niñas temen hablar públicamente de los abusos.
“Si [el Acuerdo de Paz] fuera veraz, no habría grupos armados en nuestra tierra. El gobierno llega a un acuerdo con las FARC pero, ¿qué pasa con el ELN, y con los paramilitares? El propio ejército, cuando acude al territorio, hace daño a la población indígena”, dijo una indígena que ha sufrido desplazamiento forzado en el Chocó.
El 2 de mayo de 2002, casi 120 civiles, en su mayoría menores de edad, perdieron la vida en una de las peores masacres que se han cometido durante una confrontación armada entre las FARC y los paramilitares por el control de territorios, en el municipio de Bojayá, en el Chocó. Las organizaciones locales culpan también a las autoridades por no haber hecho caso de los numerosos informes de abusos procedentes de las comunidades locales años antes de la masacre.
Quince años después, las comunidades siguen estando a merced de los grupos armados, entre ellos el ELN y los grupos paramilitares, y se sienten abandonadas por el Estado, que no ha tomado medidas suficientes para garantizar su seguridad frente a los grupos que actúan en la zona y que no se repitan los abusos.
“Las múltiples dificultades que entraña implementar este Acuerdo de Paz no pueden servir de excusa al Estado para no tomar medidas encaminadas a hacerlo efectivo y a mantener a salvo a la población civil”, ha manifestado Salil Shetty.
“La única forma de garantizar que no vuelvan a cometerse estos crímenes, es aplicar debidamente todas las medidas incluidas en el Acuerdo de Paz dirigidas a proteger a las víctimas. Invertir más recursos en las unidades responsables de proteger a la población local, investigar los abusos y reconocer públicamente que los grupos paramilitares continúan activos en la zona serían primeros pasos muy acertados.”Más información:Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó (Informe, 22 de Noviembre de 2017)