Amnistía Internacional España

Después de que la policía filipina haya matado a 32 personas en lo que se cree que es la cifra de muertes más alta en un solo día en la denominada “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Rodrigo Duterte, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha declarado:
“Estas atroces muertes son un recordatorio de que la ilegal ‘guerra contra las drogas’ emprendida por el presidente Duterte continúa imparable y, de hecho, parece estar sumiéndose en nuevas cotas de brutalidad, en una situación en la que la policía abate a tiros a los sospechosos, violando el derecho fundamental a la vida y burlando por completo el debido proceso”.
“Nadie sufre tanto esta brutalidad como las comunidades más pobres de zonas como la provincia de Bulacan, punto crítico para las ejecuciones extrajudiciales desde que el presidente llegó al poder, y escenario de 21 de los 32 homicidios perpetrados ayer.”
“La reciente declaración de Duterte respecto a que podría no ser capaz de resolver los problemas de drogas en Filipinas durante su mandato actual resulta sumamente inquietante. Con la ampliación indefinida de esta estrategia fallida parece no atisbarse el final de estos homicidios."
“Si a esto se le une la preocupante amenaza realizada por Duterte el mes pasado de abolir la Comisión de Derechos Humanos del país, la única institución que lleva a cabo investigaciones exhaustivas sobre ejecuciones extrajudiciales, parece que los derechos humanos en Filipinas corren más peligro que en ningún otro momento desde que comenzó el sangriento reinado del presidente.”
“Esto muestra claramente que no puede haber más demoras en el establecimiento de una investigación bajo dirección internacional sobre la ‘guerra contra las drogas’ y la carnicería que está teniendo a lugar a diario en Filipinas.”
Información complementaria

Desde que asumió la presidencia de Filipinas en junio de 2016, Rodrigo Duterte y su gobierno han dirigido unas violaciones de derechos humanos generalizadas en la ‘guerra contra las drogas’, en la que han intimidado y encarcelado a detractores y han creado un clima de ilegalidad.

Utilizando la máxima institución del país, Duterte ha fomentado y aprobado explícitamente actos de violencia que han provocado miles de ejecuciones extrajudiciales en la campaña del gobierno contra las drogas.
En su informe de enero de 2017 “If you are poor you are killed”, Amnistía Internacional expuso con detalle cómo la policía filipina ha matado, y ha pagado a otros para que maten, a miles de presuntos autores de delitos de drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.


Después de que la policía filipina haya matado a 32 personas en lo que se cree que es la cifra de muertes más alta en un solo día en la denominada “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Rodrigo Duterte, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha declarado:
“Estas atroces muertes son un recordatorio de que la ilegal ‘guerra contra las drogas’ emprendida por el presidente Duterte continúa imparable y, de hecho, parece estar sumiéndose en nuevas cotas de brutalidad, en una situación en la que la policía abate a tiros a los sospechosos, violando el derecho fundamental a la vida y burlando por completo el debido proceso”.
“Nadie sufre tanto esta brutalidad como las comunidades más pobres de zonas como la provincia de Bulacan, punto crítico para las ejecuciones extrajudiciales desde que el presidente llegó al poder, y escenario de 21 de los 32 homicidios perpetrados ayer.”
“La reciente declaración de Duterte respecto a que podría no ser capaz de resolver los problemas de drogas en Filipinas durante su mandato actual resulta sumamente inquietante. Con la ampliación indefinida de esta estrategia fallida parece no atisbarse el final de estos homicidios."
“Si a esto se le une la preocupante amenaza realizada por Duterte el mes pasado de abolir la Comisión de Derechos Humanos del país, la única institución que lleva a cabo investigaciones exhaustivas sobre ejecuciones extrajudiciales, parece que los derechos humanos en Filipinas corren más peligro que en ningún otro momento desde que comenzó el sangriento reinado del presidente.”
“Esto muestra claramente que no puede haber más demoras en el establecimiento de una investigación bajo dirección internacional sobre la ‘guerra contra las drogas’ y la carnicería que está teniendo a lugar a diario en Filipinas.”
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Desde que asumió la presidencia de Filipinas en junio de 2016, Rodrigo Duterte y su gobierno han dirigido unas violaciones de derechos humanos generalizadas en la ‘guerra contra las drogas’, en la que han intimidado y encarcelado a detractores y han creado un clima de ilegalidad.

Utilizando la máxima institución del país, Duterte ha fomentado y aprobado explícitamente actos de violencia que han provocado miles de ejecuciones extrajudiciales en la campaña del gobierno contra las drogas.
En su informe de enero de 2017 “If you are poor you are killed”, Amnistía Internacional expuso con detalle cómo la policía filipina ha matado, y ha pagado a otros para que maten, a miles de presuntos autores de delitos de drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.


Ante los intentos del organismo keniano que regula las ONG de cerrar dos organizaciones de derechos humanos —la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) y el Centro Africano de Gobernanza Abierta (AfriCOG)—, Michelle Kagari, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha declarado:
“La decisión de la Junta de Coordinación de ONG debe verse como lo que es realmente: un cínico intento de desacreditar a las organizaciones de derechos humanos. Es una medida ilegítima e irresponsable en este crítico periodo poselectoral.
“Este ataque contra los grupos de derechos humanos debe cesar de inmediato. Las autoridades kenianas deben refrenar a la Junta de Coordinación de ONG y no permitir que se lleve a cabo esta ridícula caza de brujas.”
Información complementaria
La Junta de Coordinación de ONG anunció el 14 de agosto que iba a anular la inscripción en registro de la KHRC, acusando a esta organización de operar cuentas bancarias ilegales, no pagar sus impuestos, emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y hacer pagos secretos a miembros de su junta directiva, uno de los cuales es la directora de la Oficina Regional para África Oriental de Amnistía Internacional.
El 15 de agosto, este organismo envió otra carta al director de Investigación Criminal acusando a AfriCOG de no inscribirse como ONG y pidiéndole que cerrara la organización y detuviera a sus directores y miembros.
Ambas organizaciones han participado en las últimas semanas en labores de observación de las elecciones.


Ante la noticia de que la Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado una orden de detención contra Mahmoud el Werfelli, acusado de crímenes de guerra por actos cometidos cuando era comandante de la Brigada de las Fuerzas Especiales (Al Saiqa) adscrita al Ejército Nacional Libio (LNA), Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África, ha declarado:
“La decisión que ha tomado hoy la CPI es una importante paso acabar con la impunidad generalizada por crímenes de guerra cometidos en Libia. Mahmoud al Werfelli dirigió una unidad del ejército acusada de atrocidades, entre ellas la ejecución extrajudicial de personas cautivas desarmadas e indefensas.
“Las autoridades libias deben cumplir con carácter urgente esta orden de detención y entregar a Mahmoud al Werfelli a la CPI para que responda ante sus acusadores en un juicio justo. Esta orden judicial transmite a quienes cometen u ordenan la comisión de crímenes atroces el claro mensaje de que no están por encima de la ley y no quedarán impunes.
“Al no exigir cuentas a los responsables de crímenes cometidos en Libia en los últimos años, las autoridades de este país y la comunidad internacional han alentado a las partes en este conflicto a actuar con total desprecio de la vida humana y del derecho internacional. Instamos encarecidamente a la CPI a que amplíe sus investigaciones en Libia e incluya otros crímenes que se están cometiendo cada día en todo el país.”
Amnistía Internacional sigue documentando violaciones de derechos humanos en Libia y ya había denunciado con anterioridad crímenes de guerra cometidos por el LNA.


La ejecución prevista el miércoles por la mañana de Mehdi Bohlouli, que sólo era un niño cuando se cometió el delito, apenas unos días después del ahorcamiento de otro hombre detenido cuando era menor de edad, es un repugnante acto de crueldad que hay que impedir inmediatamente, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El lunes por la mañana Mehdi Bohlouli fue recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Rajai Shahr, en Karaj, cerca de Teherán. Se ha comunicado a su familia que vaya hoy a la prisión para su última visita. Bohlouli lleva más de 15 años condenado a muerte. Este hecho se produce tras la ejecución el pasado jueves (10 de agosto) de Alireza Tajiki, que sólo tenía 15 años cuando fue detenido.
“Al programar esta ejecución extralegal cuando el mundo aún está expresando su indignación por el caso de Alireza Tajiki, las autoridades iraníes están declarando en la práctica a la comunidad internacional que no se avergüenzan en absoluto de seguir siendo el país del mundo que lleva a cabo más ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento en que se cometió el delito. El presidente de la Magistratura iraní debe intervenir de inmediato e impedir que se lleve a cabo esta ejecución antes de que el cruel sistema de justicia de Irán se cobre una vida más”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Esta última ronda de ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años muestra que el repugnante entusiasmo del sistema de justicia iraní por la pena de muerte no conoce límites. Esto constituye sin duda un ataque en toda regla contra la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.”
Un tribunal penal de Teherán condenó a Mehdi Bohlouli a la pena capital en noviembre de 2001 tras declararlo culpable del apuñalamiento mortal de un hombre cometido durante una pelea. Bohlouli tenía 17 años cuando se cometió el delito y ha pasado toda su juventud adulta condenado a muerte. Esta es la cuarta ocasión que se programa su ejecución y es recluido en régimen de aislamiento. La última vez fue en abril de 2017, cuando se anunció un aplazamiento la víspera de la fecha prevista para la ejecución. En enero de 2017 se denegó su petición de un nuevo juicio.
Irán es uno de los últimos países del mundo que todavía ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En enero de 2016, Amnistía Internacional publicó un informe que concluyó que, a pesar de las reformas fragmentarias introducidas en 2013 para evitar las críticas a su terrible historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito, las autoridades iraníes han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
Desde que comenzó el año, Irán ha ejecutado al menos a cuatro personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. Hasta agosto de 2017, Amnistía Internacional había identificado los nombres de al menos 89 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.


Asentamientos informales en Nkaneng, Sudáfrica // Amnesty International Las víctimas de la sangrienta tragedia de Marikana, en la que 34 personas murieron y al menos 70 resultaron heridas a manos del Servicio de Policía de Sudáfrica durante una huelga de minería, siguen esperando justicia cinco años después, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.La organización pide a la autoridades sudafricanas que garanticen que se lleva a juicio a quienes pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por los homicidios del 16 de agosto de 2012 y se ofrece reparación, incluida indemnización adecuada, a las víctimas y a sus familias.“La tragedia de los homicidios de Marikana se ve agravada por el escandaloso hecho que no se haya obligado aún a rendir cuentas a ninguno de los responsables”, ha señalado Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.“Si el gobierno sudafricano quiere demostrar que está comprometido con la verdad y los derechos humanos, debe garantizar que los engranajes de la justicia comienzan a girar mucho más rápido que en los últimos cinco años.”En junio de 2015, la comisión Farlam, establecida por el gobierno para examinar las circunstancias de los homicidios, recomendó llevar a cabo una investigación completa, auspiciada por el director de la Fiscalía, con miras a determinar la responsabilidad penal de los miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica  implicados en los sucesos de Marikana.En diciembre de 2016, el presidente Jacob Zuma anunció que se iban a presentar cargos penales contra altos cargos de la policía implicados en los homicidiosEn marzo de 2017, el órgano de vigilancia de la policía, la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía, identificó a 72 agentes susceptibles de procesamiento por su papel en los homicidios de Marikana. La lista de casos se presentó a la Fiscalía Nacional en mayo.Sin embargo, hasta la fecha no se ha procesado a ninguno de los agentes implicados.Justicia demorada: hablan las víctimas cinco años despuésEn julio de 2017, Amnistía Internacional se reunió con algunas de las víctimas de los disparos y con sus familias en el asentamiento informal de Nkaneng, cerca del pozo Roland de Lonmin, donde continúan habitando en precarias condiciones en viviendas inadecuadas.En el informe de 2016 Smoke and mirrors: Lonmin’s failure to address housing conditions at Marikana, Amnistía Internacional reveló que la empresa propietaria de la mina, Lonmin Plc, radicada en Reino Unido, se había comprometido a tener construidas 5.500 casas para los trabajadores en 2011 en el marco de su Plan Social y Laboral 2006.Las pésimas condiciones de vivienda de los empleados de Lonmin, junto con las reclamaciones por los bajos salarios, fueron una de las principales causas de la huelga.Muchas de las personas con las que Amnistía Internacional habló expresaron su enojo y su decepción por lo poco que había cambiado la situación en los cinco años transcurridos desde los homicidios.*Johannes Khwedu, ex empleado de Lonmin a quien habían matado a un amigo de la infancia en Marikana, dijo que no se había tomado ninguna medida contra la policía que disparó contra la manifestación de mineros delante de las cámaras de las cadenas internacionales de televisión.“¿Cómo pueden matar a tanta gente sin consecuencias? El gobierno tiene que detener a quienes lo hicieron”, dijo a Amnistía Internacional.*Justin Kolobe, operario de perforadora de la mina de Lonmin que sobrevivió a los disparos, pero con parálisis permanente, está todavía esperando justicia y reparación. Culpa por completo al gobierno sudafricano de la falta de avances.“No les va a pasar nada a quienes nos dispararon. Es por el gobierno. Si no quieren que pase nada, no pasará nada.” Que se olvide”, dijo.*Sarafina Jobe perdió a su esposo, empleado de Marikana, como consecuencia de los disparos y a duras penas puede alimentar y mantener a su familia sin los 2.850 rands (215 dólares estadounidenses) que llevaba a casa al mes.Contó a Amnistía Internacional: “Siendo verdadero dolor a veces cuando pienso que se ha ido. El corazón me late muy rápido, me duele el pecho y me da dolor de cabeza por las noches cuando lo pienso. Queremos una indemnización y queremos saber cómo murieron nuestros esposos, quiénes los mataron y por qué. Es la única forma de reconocer que hemos perdido a una persona y que él nunca podrá ser reemplazado.*La identidad real de estas personas se ha modificado para protegerlas de posibles represalias.Información complementariaEl 16 de agosto de 2012, el Servicio de Policía de Sudáfrica mató por disparos a 34 hombres en Marikana. Más de 70 sufrieron heridas graves. Los hombres eran empleados de Lonmin y participaban en una huelga para protestar por el salario y las condiciones de trabajo en la mina.Peritos antropólogos del Estado e independientes que practicaron la autopsia a los cadáveres de los 34 hombres muertos el 16 de agosto determinaron que 30 de ellos habían muerto por lesiones causadas por munición policial de alta velocidad disparada con fusiles de asalto R5. En otros tres casos, las heridas mortales habían sido causadas por balas de pistola, y en el último caso, por munición de escopeta.Los homicidios del 16 de agosto se cometieron en una atmósfera de creciente tensión, acumulada durante los días en que se fue gestando la huelga.El 13 de agosto, la policía había matado a tres mineros que se habían declarado en huelga, y entre el 12 y el 14, personas que estaban, presuntamente, en el grupo de huelguistas habían matado a dos miembros del personal de seguridad de Lonmin, a dos agentes de policía y a tres mineros no participantes en la huelga.En agosto de 2017, la Fiscalía Nacional aplazó indefinidamente el juicio de 17 líderes de los huelguistas, relacionados con los homicidios cometidos entre el 12 y el 14 de agosto de 2012.


El periodista “Shawkan” fue uno de los detenidos por hacer fotos durante la acampada de 2013, en lo que se conoce como “el desalojo de Rabaa” Cuatro años después de que las fuerzas de seguridad desalojaran violentamente dos acampadas de protesta en las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda, ambas en la región metropolitana de El Cairo, con un saldo de al menos 900 muertos y miles de heridos, Egipto está sufriendo una crisis de derechos humanos sin precedentes, ha declarado Amnistía Internacional.Ni una sola persona ha rendido cuentas por lo que se conoce como la matanza de Rabaa, ocurrida el 14 de agosto de 2013. Por el contrario, cientos de personas que asistieron a las protestas, incluidos periodistas y fotógrafos que cubrían la noticia, han sido detenidas y se enfrentan a un juicio colectivo sin garantías. Este vacío de justicia ha permitido que las fuerzas de seguridad cometan sin control graves violaciones de derechos humanos, como emplear fuerza letal excesiva y llevar a cabo desapariciones forzadas.“El régimen del presidente Abdel Fattah al-Sisi está decidido a eliminar cualquier recuerdo de la matanza del verano de 2013. El sombrío legado de que no se haya puesto a nadie a disposición judicial es que las fuerzas de seguridad egipcias actualmente creen que nadie les exigirá responsabilidades por perpetrar violaciones de derechos humanos”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.“El desalojo de la plaza de Rabaa fue un punto crucial decisivo para los derechos humanos en Egipto. En los años transcurridos desde entonces, las fuerzas de seguridad han intensificado las violaciones y variado sus métodos, llevando a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a una escala sin precedentes.”Se calcula que desde 2015 al menos 1.700 personas han sido sometidas a desaparición forzada por agentes estatales durante periodos que van de unos pocos días a siete meses. La mayoría de las víctimas son secuestradas en las calles o en sus hogares y mantenidas en régimen de incomunicación durante meses, sin contacto con familiares ni abogados. Las fuerzas de seguridad egipcias también han perpetrado decenas de ejecuciones extrajudiciales.Los esfuerzos del gobierno egipcio para borrar cualquier recuerdo de las matanzas de 2013 parece que han tenido cierto impacto. En agosto de 2013, tras el uso excesivo de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad en Rabaa, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea anunció que los Estados miembros habían acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier material que pudiera ser utilizado para la represión interna. A pesar de ello, muchos Estados miembros de la UE han seguido suministrando al país armas y material policial. El último informe de la UE sobre el país, publicado el mes pasado, tampoco menciona la matanza de Rabaa ni la impunidad de la que disfrutan aún los servicios de seguridad.Juicios manifiestamente injustosDesde la matanza de Rabaa, las autoridades egipcias han llevado a cabo una encarnizada represión contra los disidentes políticos, deteniendo a miles de ellos y condenando a centenares a cadena perpetua o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. En muchos casos, estas condenas se dictaron en juicios colectivos a partir de pruebas escasas o dudosas. La mayoría de los acusados se enfrentaban a cargos como participar en manifestaciones no autorizadas, pertenecer al grupo prohibido Hermandad Musulmana, causar daños a bienes públicos o privados, poseer armas de fuego y agredir a las fuerzas de seguridad.La fiscalía, que tiene la obligación de poner en manos de la justicia a las personas responsables de la tragedia de 2013, se ha mostrado reacia a investigar y enjuiciar a los responsables de tales crímenes. En lugar de ofrecer justicia y reparación a las víctimas, ha ayudado a proteger a los perpetradores para que no sean procesados.“La diferencia entre la impunidad generalizada de que disfrutaron las fuerzas de seguridad encargadas del desalojo de la plaza de Rabaa frente a la persecución masiva de los simpatizantes de la Hermandad Musulmana que participaron en la protesta y de los periodistas que cubrían ese día la noticia es vergonzosa”, afirma Najia Bounaim.Según cifras oficiales, seis agentes de seguridad murieron durante el desalojo de Rabaa, y tres durante la protesta que tuvo lugar dos días después en Al Fateh, también en El Cairo. Al menos 1.231 personas están siendo procesadas en dos juicios donde se las acusa colectivamente de su muerte.Al menos 737 personas fueron acusadas de participar en la acampada de 2013, en lo que se conoce como “el desalojo de Rabaa”. Una de ellas es el periodista Mahmoud Abu Zeid, “Shawkan” detenido por hacer fotos durante la acampada.Muchas de las personas detenidas están recluidas en condiciones deplorables, incluido aislamiento prolongado, que constituyen tortura. Son golpeadas con frecuencia y no pueden acceder a asistencia letrada y atención médica, ni recibir visitas familiares.En otro caso emblemático, “el caso de la mezquita de Al Fateh”, al menos 494 personas están siendo juzgadas colectivamente por participar en una protesta el 16 de agosto de 2013, mientras que no se ha investigado el uso de fuerza letal excesiva por parte de las fuerzas de seguridad ese día que se saldó con la muerte de 120 participantes en la protesta.Entre los acusados está Ibrahim Halawa, de doble nacionalidad egipcia e irlandesa. El grupo se enfrenta a acusaciones tales como participar en una protesta no autorizada y pertenecer a un grupo prohibido, además de asesinato y agresión a las fuerzas de seguridad. Los acusados denunciaron que la policía los había torturado para obligarlos a “confesar” delitos que no habían cometido, cosa que la fiscalía no investigó.El “caso de la sala de operaciones de Rabaa”, en el que están implicados cuatro periodistas del canal de noticias RASSD —Youssef Talaat, Abdallah Al-Fakharany, Samhi Mostafa y Mohamed El-Adly— es otro ejemplo de la flagrante injusticia que caracteriza estos juicios.Los periodistas fueron condenados a cinco años de cárcel el 8 de mayo de 2017, acusados de crear y supervisar comités de medios de comunicación en la acampada de Rabaa para difundir “información y noticias falsas”. En el juicio, sus abogados no pudieron asistir a varias sesiones cruciales, con lo que les resultó imposible preparar una defensa adecuada. Además, la sentencia se basó en gran medida en investigaciones de los servicios de Seguridad Nacional cuyos resultados no habían sido corroborados por pruebas materiales.


Nueva York – En respuesta a lo sucedido hoy en Charlottesville, Virginia, la directora ejecutiva adjunta de Campañas y Membresía de Amnistía Internacional Estados Unidos, Njambi Good, ha declarado:
“Las autoridades deben actuar para reducir la tensión en Charlottesville y tomar las medidas necesarias para frenar el odio hacia las personas de color, inmigrantes, refugiadas, judías, musulmanas y otras.
“Cada vez que el gobierno de Trump titubea ante los supremacistas, se arriesga a fomentar más actos de violencia, hostigamiento y discriminación. En todo el mundo hemos visto lo que sucede cuando los gobiernos no actúan de forma sistemática e inmediata para condenar el odio racial y étnico. El resultado es la violencia y la discriminación, y la gente de a pie sufre las consecuencias de la inacción gubernamental.”


Las autoridades kenianas deben investigar los informes según los cuales la policía mató a disparos a manifestantes que protestaban contra el resultado de las elecciones presidenciales la pasada noche, ha dicho hoy Amnistía Internacional mientras los manifestantes comenzaban a reunirse de nuevo en los bastiones de la oposición.Mientras que en zonas favorables al gobierno comenzaba a celebrarse la victoria de Uhuru Kenyatta, declarado vencedor de las elecciones presidenciales, los partidarios del líder de la oposición, Raila Odinga, se echaron a las calles en varias áreas de Nairobi y Kisumu para protestar por el resultado.“La Autoridad Independiente de Control de la Policía (IPOA) debe abrir de inmediato una investigación independiente y eficaz sobre los informes de homicidios y, cuando haya indicios creíbles de delito, los responsables deben ser puestos a disposición judicial”, ha dicho Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.“Todo el mundo tiene derecho a protestar pacíficamente y ninguna persona debe resultar herida o lesionada ni morir por ejercer este derecho.”Según informes fidedignos recibidos por Amnistía Internacional, un hombre murió por disparos de la policía en el asentamiento precario de Kibera, en Nairobi, y al menos otros dos en la zona de Kondele, en Kisumu, y otras personas resultaron heridas. Además, en las áreas de Mathare y Kariobangi, ambas en Nairobi, se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.“La policía debe hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de quienes participan en estas manifestaciones.“ ”Debe dar prioridad al diálogo y la reducción de la tensión, y utilizar la fuerza y las armas de fuego sólo si fracasan todos los métodos pacíficos y únicamente cuando sea necesario para proteger la vida”, ha dicho Muthoni Wanyeki.“Las leyes de Kenia y el derecho internacional prohíben el uso de fuerza excesiva y desproporcionada, que debe evitarse a toda costa.”


El arresto de cuatro funcionarios de la oposición en Venezuela, la remoción de 11 y la orden de detención de cinco muestra cómo la administración del Presidente Maduro está nuevamente intentando ejercer un control extremo sobre cualquier forma de disidencia, llevando la represión a un nuevo y atemorizante nivel, dijo Amnistía Internacional.“Al quitar a funcionarios de sus puestos sin ningún motivo legítimo, la administración de Maduro está cruzando una línea muy delicada,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El sistema de justicia nunca debe ser abusado para silenciar a la oposición, en particular contra aquellas personas que fueron elegidas.”
“Primero llegaron por aquellas personas que se manifestaban en las calles, luego por quienes los representan en el sector público. ¿Hasta dónde está el gobierno venezolano dispuesto a llegar para silenciar a quienes piensan diferente? La respuesta es aterradora,” dijo Erika Guevara-Rosas.“Parece que ganar una elección y ser de un partido opuesto al gobierno es suficiente para llevarte a prisión en Venezuela. Las autoridades deben dejar de intentar silenciar a aquellas personas que no están haciendo más que generar atención a la crisis de derechos humanos que sufre el país.”
“La sugerencia de que una comisión de la verdad establecida por el gobierno puede investigar de forma imparcial los abusos a los derechos humanos que la administración de Maduro niega es, simplemente, absurdo.”