Amnistía Internacional España

En los últimos meses, las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en Gaza, están apretando el nudo en torno a la libertad de expresión con el lanzamiento de una campaña de represión de la disidencia en la que se ha interrogado y detenido a periodistas de medios de comunicación de la oposición en un intento de presionar a sus adversarios políticos, ha afirmado Amnistía Internacional.En Cisjordania, las autoridades palestinas han detenido hasta el momento a seis periodistas en agosto, han cerrado 29 sitios web y han introducido una polémica Ley de Delitos Electrónicos que impone controles estrictos a la libertad de prensa y prohíbe la expresión y la disidencia en Internet. En la Franja de Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamás han detenido al menos a dos periodistas desde junio e impedido a otros el libre desempeño de su trabajo. Además, Hamás ha detenido a 12 personas palestinas, algunas de ellas activistas, por publicar comentarios críticos en Facebook.

Se están deteniendo periodistas y cerrando sitios web en un intento de silenciar medios de comunicación críticos
Magdalena Mughrabi, Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“En los últimos meses se ha producido una fuerte intensificación de los ataques por parte de las autoridades palestinas en Cisjordania y de Hamás en Gaza contra periodistas y medios de comunicación en un intento de silenciar la disidencia. Esto es un espeluznante revés para la libertad de expresión en Palestina”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Con la detención de periodistas y el cierre de sitios web de la oposición, parece que las autoridades palestinas de Cisjordania y de la Franja de Gaza están usando tácticas de Estado policial para silenciar a medios de comunicación críticos y bloquear arbitrariamente el acceso de la ciudadanía a la información.”La Ley de Delitos Electrónicos, adoptada por el presidente Mahmoud Abbas en julio, viola los derechos de la ciudadanía a la intimidad y a la libertad de expresión, e incumple abiertamente las obligaciones contraídas por el Estado de Palestina en virtud del derecho internacional.La Ley impone cuantiosas multas y permite la detención arbitraria de cualquier persona que critique a las autoridades palestinas en Internet, incluidos periodistas y quienes denuncian irregularidades. También se podría usar contra cualquiera por el mero hecho de compartir o retuitear estos textos. Cualquier persona de la que se considere que ha perturbado el “orden público”, la “unidad nacional” o la “paz social” podría ser condenada a prisión y a un máximo de 15 años de trabajos forzados.“En lugar de dirigir una campaña espeluznante destinada a silenciar la disidencia, intimidar a periodistas y violar la intimidad de las personas, las autoridades palestinas deben dejar de detener arbitrariamente a periodistas y retirar los cargos formulados contra las personas enjuiciadas por expresarse libremente. Además, deben revocar urgentemente la Ley de Delitos Electrónicos”, ha añadido Magdalena Mughrabi.En junio, varias semanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Delitos Electrónicos, las autoridades palestinas ordenaron arbitrariamente a los proveedores de Internet de Cisjordania que bloquearan el acceso a 29 sitios web, según el Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Prensa (MADA). Entre ellos hay sitios web pertenecientes a partidos políticos, medios de comunicación de la oposición e independientes y la red Al Quds, un sitio de noticias online comunitario gestionado por personas voluntarias.Desde la entrada en vigor en julio de la Ley de Delitos Electrónicos han sido detenidas al menos seis personas en Cisjordania acusadas de difamación o de difundir información que “amenaza al Estado”. Actualmente están en espera de juicio. En junio y julio, las fuerzas de seguridad palestinas citaron al menos a 10 periodistas para interrogarlos.En la Franja de Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamás detuvieron a dos periodistas en junio, impidieron a los periodistas que informaran en algunas zonas y restringieron el trabajo de un periodista extranjero. Al menos 12 activistas y periodistas fueron detenidos e interrogados por comentarios y caricaturas publicados en las redes sociales que se consideraron críticos hacia las autoridades de Hamás. Amnistía Internacional también ha recabado datos que indican que al menos uno de los activistas fue torturado y sometido a otros malos tratos bajo custodia, como palizas, vendarle los ojos y obligarlo a mantener posturas en tensión durante periodos prolongados.“Hamás debe poner en libertad de inmediato a todas las personas recluidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión e investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos de detenidos a manos de las fuerzas de seguridad”, ha concluido Magdalena Mughrabi.Según el MADA, las autoridades palestinas de Cisjordania son responsables de 81 ataques contra la libertad de prensa desde que comenzó el año. Por su parte, las autoridades de Hamás de Gaza han sido responsables de 20 ataques de este tipo.


El ex alto cargo del gobierno de Uzbekistán y trabajador de la ONU Erkin Musaev, que fue torturado y después injustamente encarcelado por las autoridades, ha escrito una carta de agradecimiento a Amnistía Internacional tras haber quedado en libertad hace tan sólo una semana.Musaev fue condenado a 20 años de cárcel en 2007 tras una serie de de juicios manifiestamente injustos, acusado de espiar para un Estado miembro de la OTAN sin especificar y de utilizar indebidamente fondos de la ONU. Su declaración de culpabilidad se basó en una confesión que se vio obligado a firmar después de que su familia fuera amenazada por agentes del servicio de seguridad.Con indignación ante la injusticia de su reclusión sin haber sido juzgado con las debidas garantías, miles de simpatizantes de Amnistía Internacional actuaron en favor de Erkin Musaev y pidieron su excarcelación en el marco de la campaña Escribe por los Derechos 2014.Ahora que ya está libre, Erkin ha transmitido personalmente su agradecimiento en una carta dirigida a los y las activistas de Amnistía Internacional que alzaron la voz en su favor:“Quiero expresar mi enorme agradecimiento a todos los y las activistas de Amnistía Internacional, y a todas las personas que nos han apoyado, a mí y a mi familia, en un momento difícil. Mi liberación es realmente una gran victoria, y su contribución ha tenido un valor incalculable.“Quisiera señalar que la dirección de la colonia penitenciaria cambió su actitud hacia mí tras las cartas de apoyo de los activistas. El personal de la colonia empezó a tratarme con más cautela, y me trasladaron a un trabajo más fácil.Mi padre dijo que la actitud de la comunidad internacional hacia mi caso también cambió tras la campaña de Amnistía Internacional. De nuevo, les estoy muy agradecido a ustedes y a todos los activistas de su organización. Quiero añadir que estamos sólo al principio de la victoria, ya que [esta campaña] ha infundido esperanza y ánimo de lucha a otras personas condenadas de manera infame y a sus familias. Mucha gente de la zona [colonia penal] también presenció nuestra lucha, y ustedes dieron esperanza a sus almas. No se trata de una victoria sólo mía, sino también de todas las personas que han sido condenadas de manera infame.Muchas gracias por todo lo que hicieron por mí”.Erkin


Más de una decena de presos políticos, entre los que hay presos de conciencia, se han declarado en huelga de hambre como protesta por las condiciones crueles, inhumanas y degradantes que se ven obligados a soportar en una prisión de máxima seguridad de Karaj, provincia de Alborz, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los presos políticos de la prisión de Raja’i Shahr han sido trasladados recientemente a una zona recién inaugurada donde las condiciones de reclusión se han calificado de asfixiantes. Están recluidos en celdas con las ventanas tapadas con planchas metálicas, no tienen acceso a agua potable ni alimentos y carecen de camas suficientes. Se les prohíbe además recibir visitas de familiares y se les niega el acceso a teléfonos, de los que sí se puede disponer normalmente en otras partes de la prisión.
“El hecho de que las condiciones de reclusión sean tan deficientes que, desesperados, los presos se ven obligados a declararse en huelga de hambre en demanda de los niveles más básicos de dignidad humana es deplorable y pone de relieve la necesidad urgente de introducir reformas en el cruel sistema penitenciario de Irán”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Las autoridades deben garantizar que todos los presos de la prisión de Raja’i Shahr disponen de alimentación, agua potable, medicinas y saneamientos adecuados
Magdalena Mughrabi, Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“Las autoridades iraníes deben garantizar con urgencia que todos los reclusos de la prisión de Raja’i Shahr disponen de alimentación, agua potable, medicinas, atención de la salud y saneamiento adecuados.”
El 30 de julio, alrededor de 53 presos políticos fueron trasladados violentamente a la Sección 10 de la prisión de Raja’i Shahr. Entre ellos hay presos de conciencia, incluidos defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, estudiantes, disidentes políticos pacíficos y miembros de la perseguida comunidad bahaí de Irán.
Al menos 17 presos políticos se declararon en huelga de hambre como protesta por el traslado. El defensor de los derechos humanos y sindicalista Reza Shahabi se sumó a los huelguistas el 16 de agosto, tras haber sido detenido y llevado a la misma sección que ellos.
De acuerdo con la información obtenida por Amnistía Internacional, a principios de agosto algunos de los presos en huelga de hambre fueron recluidos en régimen de aislamiento por periodos de hasta 12 días como medida punitiva tomada contra ellos por su protesta pacífica.
“Al mantener recluidos a decenas de presos de conciencia tras juicios manifiestamente injustos, las autoridades iraníes están incumpliendo vergonzosamente sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos presos son personas que ni siquiera deberían haber sido encarceladas, pero, en vez de dejarlos en libertad, se los está castigando todavía más recluyéndolos en condiciones espantosas”, ha añadido Magdalena Mughrabi.
Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades de la prisión han tapado las ventanas de la Sección 10 con planchas de metal y han sellado todas las puertas y aberturas al exterior, por lo que las celdas son prácticamente herméticas. Apenas circula en ellas el aire y tienen humedad, lo que pone en peligro la salud de los presos, en especial de los que padecen ya problemas médicos graves.
Los presos han expresado también su indignación por la medida sin precedente de instalar decenas de cámaras de seguridad y dispositivos de escucha en toda esa parte de la prisión, incluidos los baños, lo que constituye una grave violación de su derecho a la intimidad.
Estas medidas represivas, junto con la prohibición de las llamadas de teléfono y las visitas de familiares, parecen ser parte de un esfuerzo concertado de las autoridades iraníes por aislar a los presos políticos del mundo exterior y limitar las filtraciones de información sobre las múltiples violaciones de derechos humanos que padecen de manera habitual en la prisión de Raja’i Shahr.
En los últimos días se ha trasladado a varios presos al centro médico de la prisión debido a su mal estado de salud. Entre ellos figuran los presos bahaíes Adel Naimi, Farhad Dahandaj y Peyman Koushak Baghi; el estudiante de posgrado Hamid Babaei; el periodista y bloguero Saeed Pour Heydar, y el defensor de los derechos humanos Jafar Eghdami. Los médicos de la prisión han advertido de que algunos de ellos necesitan recibir con urgencia atención médica especializada fuera de la prisión, pero el director de ésta se niega a autorizar su traslado a hospitales.
Los presos de la Sección 10 no tienen tampoco acceso a agua potable, pues tras su traslado no les entregaron los purificadores de agua, que habían pagado de su propio bolsillo. Las autoridades no les llevaron tampoco el frigorífico, los alimentos ni los utensilios de cocina que habían ido comprando por sus propios medios a lo largo los años, por lo que tienen que mantenerse con la comida de la prisión, que se sabe que es inadecuada e insuficiente. Debido a ello, es habitual que los presos tengan que comprar alimentos en la tienda de la prisión para prepararse la comida pagándolos de su bolsillo.
 “Las terribles condiciones de la prisión de Raja’i Shahr apuntan a una constante de trato cruel e inhumano, que caracteriza de manera reiterada la actitud despiadada de Irán hacia las personas que mantiene bajo custodia".
“Todas las personas presas deben ser tratadas con dignidad y humanidad, conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las que necesiten atención médica especializada deben ser trasladadas a hospitales fuera de la prisión.”
Los presos han dicho que, durante el traslado a la Sección 10, los guardias los golpearon y les impidieron llevarse consigo las medicinas que les habían prescrito y sus objetos personales, incluidos la ropa, los libros y las cartas. Algunas de sus pertenencias, como cuadernos de notas, fotografías, cartas y otros recuerdos que eran el único consuelo que les ayudaba a sobrellevar su insoportable situación, fueron destruidas posteriormente.
Los presos en huelga de hambre han hecho varias demandas, como la devolución de sus pertenencias, una indemnización por daños y perjuicios y el compromiso de las autoridades de abordar de inmediato las terribles condiciones de reclusión, que ponen en grave peligro su bienestar físico y mental.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que permitan que observadores internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, realicen inspecciones sin anunciar a la prisión Raja’i Shahr y otros centros penitenciarios de todo el país.


Mujeres y niños de la comunidad Tawargha desplazados en Trípoli. Febrero 2012. ©AI Transcurridos seis años desde que, en agosto de 2011, las milicias de Misrata las desplazaran de su ciudad, las alrededor de 40.000 personas que integran la comunidad tawargha siguen sin poder regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Hace dos meses, en junio de 2017, se firmó un acuerdo político que preparaba el terreno para su regreso. Sin embargo, las condiciones del acuerdo no se han cumplido, y algunas de las personas que han intentado hacer el viaje de regreso han sufrido amenazas e intimidación. Tampoco garantiza el acuerdo el acceso a justicia y a reparaciones por los terribles abusos que la comunidad tawargha ha soportado en los últimos años.
“El hecho de que no se haya hecho rendir cuentas a nadie por los múltiples abusos que la comunidad tawargha ha sufrido desde que se vio desplazada demuestra las catastróficas consecuencias de años de desgobierno en Libia, donde las milicias cometen graves abusos contra los derechos humanos con completa impunidad”, ha afirmado Heba Morayef.

Un acuerdo que ignora los horribles crímenes contra la comunidad tawargha está condenado al fracaso
Heba Morayef, Amnistía Internacional
“Sin voluntad política clara para hacer cumplir el acuerdo a fin de garantizar el regreso de la comunidad tawargha a sus hogares en condiciones de seguridad, los compromisos públicos contraídos en junio serán papel mojado.”
En agosto de 2011, combatientes de Misrata atacaron la localidad vecina de Tawargha, que las fuerzas leales al coronel Muamar al Gadafi estaban utilizando como base para lanzar ataques. Las fuerzas de Misrata expulsaron a todos los habitantes de Tawargha, cuyos hogares saquearon y quemaron hasta dejar el lugar convertido en una ciudad fantasma.
Durante los seis años siguientes, la comunidad tawargha sufrió implacables ataques de represalia de las fuerzas de Misrata, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre estos abusos ni se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes cometidos.
Anteriormente, los líderes políticos y militares de Misrata habían manifestado reiteradamente que no permitirían a la comunidad tawargha regresar a su ciudad. Los antiguos habitantes de la ciudad están ahora desplazados por todo el país, y viven en alojamientos improvisados, a menudo en condiciones espantosas.
Falta de medidas para abordar la impunidad
El acuerdo, firmado el 19 de junio de 2017 entre los líderes de Tawargha y Misrata, el gobierno de Acuerdo Nacional y otras autoridades, no garantiza la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional y otros abusos graves contra los derechos humanos que se han cometido contra la comunidad tawargha, por lo que refuerza el clima de impunidad. Muchos miembros de la comunidad tawargha lo acogieron con satisfacción, porque parecía garantizar al menos las condiciones de seguridad necesarias para el regreso.
“Un acuerdo que ignora descaradamente los horribles crímenes cometidos contra la comunidad tawargha está condenado siempre al fracaso. Sólo si garantiza su derecho a regresar en condiciones de seguridad y da prioridad a la justicia garantizando que los responsables de las atrocidades rinden cuentas de sus actos puede suponer un verdadero avance”, ha añadido Heba Morayef.
Regreso a casa bloqueado
Tres días después de la firma del acuerdo en junio, intentaron regresar las primeras familias tawargha. A pesar del apoyo público de las autoridades de Misrata al acuerdo, fueron amenazadas e intimidadas en un puesto de control por individuos de Misrata y se vieron obligadas a dar media vuelta y regresar a Trípoli.
Emad Irqayh, activista tawargha, contó a Amnistía Internacional que partió para la ciudad el 22 de junio en un convoy de 35 automóviles, tras coordinarse con individuos de Misrata partidarios del regreso. Dijo que estaba a un kilómetro del último puesto de control cuando vio dos automóviles que volvían atrás. “Me dijeron que los habían parado y amenazado. Así que llamé a las otras familias que iban en los automóviles detrás de mí y les dije que dieran media vuelta para evitar que se agravara la situación, y algunas mujeres comenzaron a llorar”, explicó.
El 29 de junio, durante el Eid, un grupo de familias más pequeño hizo otro intento de regreso a la ciudad. Un miembro de la comunidad tawargha que viajaba con su anciana madre, de 87 años, describió la pena y la desilusión que sintió al regresar a la ciudad y ver que no podían quedarse allí. “Fue un momento muy emotivo, la verdad. Tenía lágrimas en los ojos, pero la destrucción de nuestra ciudad es inmensa”, explicó, añadiendo que su madre y él estuvieron sólo unas horas allí antes de tomar el camino de vuelta.
“Las facciones políticas libias deben garantizar que la comunidad tawargha está protegida contra toda forma de intimidación, amenaza y ataque y ordenar a todas las milicias afines que la permitan regresar a su ciudad en condiciones de seguridad”, ha señalado Heba Morayef.
“Es esencial que el gobierno de Acuerdo Nacional y las autoridades de Misrata, incluido el Consejo Local de Misrata, tomen las riendas del proceso de posibilitar y garantizar el regreso de la comunidad tawargha en condiciones de seguridad, lo cual incluye vigilar el proceso de regreso y asentamiento y la rehabilitación de las viviendas, colegios e infraestructura de la ciudad.”
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Misrata, los miembros del Consejo Municipal de Misrata y el Consejo Presidencial de Libia del gobierno de Acuerdo Nacional y el Ministerio de Justicia que, además de garantizar el regreso de las familias desplazadas a Tawargha en condiciones de seguridad, hagan valer el derecho de las víctimas tawargha a pedir verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos que han soportado y continúan sufriendo.


En vísperas de la reanudación de las ejecuciones en Florida, prevista para el 24 de agosto —18 meses después de la última ejecución—, Amnistía Internacional hace público un documento en el que aborda los acontecimientos más recientes en relación con la pena de muerte en ese estado de Estados Unidos.El documento, Death in Florida, expone la respuesta del estado al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, de enero de 2016, que declaró inconstitucional la ley de Florida que regula la imposición de la pena capital, así como la reacción del gobernador a la posterior decisión de la fiscalía de rechazar la pena de muerte.Cuando la fiscal del estado, Aramis Ayala, anunció que no solicitaría la pena de muerte debido a sus deficiencias demostrables, el gobernador Scott respondió de forma inmediata ordenando su sustitución por otro fiscal más dispuesto a participar en esta mortífera actividad. Hasta la fecha, el gobernador ha remitido 26 casos al fiscal de su preferencia.La discriminación racial fue una de las deficiencias de la pena de muerte —junto al coste, los riesgos y la ausencia de carácter disuasorio— esgrimidas por la fiscal del estado Ayala, primera persona afroamericana elegida para ejercer este cargo en Florida.“He aquí dos funcionarios que adoptan enfoques muy diferentes en relación con la abrumadora evidencia de que la pena de muerte es una política fracasada”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Uno dice: basta ya, es un desperdicio de recursos y está expuesta a la discriminación, la arbitrariedad y el error. El otro dice: pongamos en marcha la maquinaria de la muerte.“Uno actúa en consonancia con los principios internacionales de derechos humanos. El otro no.”Información complementariaEl preso cuya ejecución está prevista para el 24 de agosto a las 6 de la tarde es Mark Asay, que está en espera de ejecución desde 1988 por dos asesinatos cometidos en 1987. La última ejecución en Florida fue la de Oscar Bolin, el 7 de enero de 2016, cinco días antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara, en el caso Hurst v. Florida, que ley estatal que regula la imposición de la pena capital es inconstitucional.


Minuto de silencio en la sede central de Amnistía Internacional / Amnistía Internacional Madrid / Barcelona .- Al menos 13 personas han muerto y más de cien han resultado heridas después de que una furgoneta atropellara deliberadamente ayer, jueves 17 de agosto, sobre las cinco de la tarde, a una multitud de personas en Las Ramblas de Barcelona, una de las zonas más concurridas por los turistas en la localidad.
Asimismo, según fuentes oficiales, varias horas después, sobre la una de la madrugada del día 18, ha tenido lugar otro ataque en Cambrils (Tarragona) que ha dejado al menos una persona muerta. Según se ha informado, este segundo ataque ha sido contenido por los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana), después de que cinco personas fueran abatidas cuando intentaban realizar una acción similar a la de Barcelona. Se ha confirmado la muerte de las cinco personas, que portaban, según las fuentes oficiales, explosivos falsos.
Amnistía Internacional ha condenado estos ataques, y ha denunciado que podrían suponer incluso un crimen de lesa humanidad. En ese sentido, la organización resalta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han confirmado que ambos ataques, así como la explosión en Alcanar (Tarragona) del 16 de agosto, que dejó un muerto y un herido, estarían conectados. Es por eso, denuncia la organización, y de confirmarse la información hecha pública por las autoridades, que podría formar parte de un ataque generalizado y extendido contra la población en España en apoyo de la política de una organización. “Como tal, esto supondría un grave abuso de derechos humanos: hay que recordar que los crímenes de lesa humanidad, por su naturaleza atroz, incumben a toda la comunidad internacional y son imprescriptibles”, declara el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.
“Nadie puede justificar una acción así. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familiares, a quienes queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad”, asegura Esteban Beltrán. “Las autoridades españolas deben realizar una investigación independiente, exhaustiva e inmediata según los estándares internacionales, para hacer comparecer ante la justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por los atentados. Las víctimas tienen también derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”, añade.  
Amnistía Internacional ha acudido al homenaje que ha tenido lugar hoy en Barcelona y ha llevado a cabo un minuto de silencio en su sede central con el mensaje “Sin odio ni miedo”. “En momentos tan difíciles es importante evitar cualquier tipo de discurso del odio, y recordar que ante ataques como éstos siempre se debe responder con firmeza, con seguridad y con respeto a los derechos humanos”, concluye Beltrán.


Las fuerzas huzíes y partidarias de Salé de Yemen deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a un destacado activista político que se halla recluido arbitrariamente en la capital yemení, Saná, desde el 14 de agosto sin acceso a un abogado ni a su familia, ha manifestado Amnistía Internacional.
El 14 de agosto, alrededor de las tres menos cuarto de la tarde, Hisham al-Omeisy, de 38 años, fue detenido arbitrariamente en Yawlat al Misbahi, al sur de Saná, por unos 15 agentes de la Oficina de Seguridad Nacional armados. Cuatro días después, la Oficina de Seguridad Nacional lo mantiene aún recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado.
“Hisham al-Omeisy está recluido sin cargos y sin haber comparecido ante un juez, lo que constituye una infracción de la Constitución de Yemen, en virtud de la cual toda persona detenida debe ser llevada ante un tribunal en el plazo de 24 horas”, ha manifestado Samah Hadid, director de Campañas de Amnistía Internacional en Oriente Medio.
“Esta detención ilustra hasta qué extremos están dispuestas a llegar las autoridades locales huzíes y pro Salé para silenciar a los activistas pacíficos. Hisham al-Omeisy es preso de conciencia, cuyo único delito es el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, y deber ser puesto en libertad de inmediato.”
Hisham al-Omeisy es un activista político que cobró fama durante la Primavera Árabe y en el actual conflicto yemeni. Se ha convertido en una voz destacada y respetada por sus comentarios y análisis sobre el conflicto armado en continuo cambio de Yemen en las redes sociales.
Información complementaria
Desde mediados de 2016 se han intensificado en Yemen las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, cometidas por las diversas partes enfrentadas en el país.

Entre las víctimas figuran personas que se mostraban críticas, opositores políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de minorías, como la comunidad bahaí.
Yemen es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de asociación y de expresión.


CC by-sa Nikos Roussos Amnistía Internacional condena con firmeza el atentado que ha dejado varias personas muertas y heridas este jueves 17 de agosto en Las Ramblas de Barcelona. La organización se solidariza con las víctimas y sus familiares y pide a las autoridades que lleven a cabo una investigación rápida y exhaustiva para que las personas responsables sean llevadas ante la justicia.
“Queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas de este acto infame en estos momentos difíciles”, ha declarado Esteban Beltrán, director de AI España. “Hay que seguir desafiando el odio. Este tipo de ataques son una muestra de un desprecio absoluto por los principios más fundamentales de la humanidad”, añade. 


La comunidad internacional debe cumplir y mejorar los compromisos económicos existentes para ayudar a Uganda a apoyar a las personas refugiadas a las que acoge, después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haya anunciado que en el país haya alcanzado 1 millón de personas de Sudán del Sur. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Empujadas por la violencia constante en Sudán del Sur, las personas refugiadas han estado entrando en Uganda a millares, especialmente desde que, a partir de julio de 2016, el conflicto se propagó a zonas anteriormente pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado indicios de homicidios ilegítimos, violencia sexual, detención, tortura, destrucción intencionada de bienes públicos y privados, el uso de la comida como arma de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos en Sudán del Sur; todo ello ha impulsado el desplazamiento forzado a la vecina Uganda.
“Este desafortunado hito de 1 millón de personas debe servir como señal de alarma para que la comunidad internacional comprenda que se necesita de ella mucha más ayuda. Al no atisbarse la resolución del conflicto en Sudán del Sur, las personas refugiadas seguirán huyendo a Uganda y la crisis humanitaria no hará más que aumentar”, ha manifestado Sarah Jackson, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Aunque el gobierno ugandés, la ONU y las ONG han hecho un trabajo encomiable, ahora luchan por satisfacer siquiera las necesidades más básicas de las personas sursudanesas refugiadas (la comida, el agua y la vivienda), no digamos ya otras necesidades como el apoyo psicosocial para unas personas profundamente traumatizadas.”
En una cumbre de solidaridad celebrada en Kampala en junio, con el gobierno de Uganda y la ONU como anfitriones, los donantes, incluidos la UE, Reino Unido y Canadá, se comprometieron a proporcionar a Uganda un mayor apoyo para responder a las necesidades tanto inmediatas como a más largo plazo de las personas refugiadas. La cumbre recaudó 358,2 millones de los 2.000 millones de dólares estadounidenses solicitados, entre ellos 960 millones para necesidades humanitarias, pero se necesita mucho más.
“Es hora de que otros países asuman su parte de responsabilidad y hagan más por aliviar la insostenible presión que soporta Uganda. Al no hacerlo, socavan la progresista política ugandesa respecto a las personas refugiadas y podrían dar lugar a una crisis humanitaria aún más grave que la que estamos presenciando”, ha manifestado Sarah Jackson.
“Y, en última instancia, para erradicar el flujo de personas refugiadas que huyen al país, los actores tanto internacionales como regionales deben tomar asimismo medidas para erradicar las violaciones de derechos humanos contra la población civil de Sudán del Sur.”
Información complementaria
Además de los compromisos formulados en la cumbre de solidaridad de Uganda, los Estados están obligados, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados, a prestarse apoyo mutuamente a la hora de acoger a personas refugiadas. Es lo que se conoce como “reparto de la responsabilidad”. Estas obligaciones incluyen la de incrementar significativamente los fondos para permitir el acceso a servicios básicos tales como la comida, el agua, el saneamiento, la vivienda, la educación y la atención médica.La comunidad internacional debe asimismo considerar soluciones a más largo plazo, como el aumento del número de plazas de reasentamiento en otros países y el establecimiento de otras vías, como el patrocinio comunitario o los visados de trabajo o de estudiante, para que la gente pueda abandonar la región sin peligro.Más del 64% del las personas refugiadas son menores de 18 años. Junto con las mujeres, suman el 86% de toda la población refugiada en Uganda.La lista completa de recomendaciones de Amnistía Internacional se expone en el informe: Uganda: “Help has not reached me here” Donors must step up support for South Sudanese refugees in Uganda.
Puede consultarse un podcast de Sarah Jackson sobre la crisis de Sudán del Sur aquí.


Miembros de la policía de Nicaragua ayer obstaculizaron durante varias horas la participación de comunidades en una marcha pacífica contra la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
La marcha, convocada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, fue la protesta número 91 en contra del proyecto que va a afectar a miles de personas. La reconocida defensora de los derechos humanos, Bianca Jagger, también participó de la masiva manifestación.
La policía impidió temporalmente que los participantes llegaran en autobuses al punto de partida de la marcha, realizada en La Fonseca, ubicada a unos 300 kilómetros de la capital nicaragüense.
"Una vez más la policía de Nicaragua violó el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente. Este tipo de acciones no son más que actos de intimidación diseñados para bloquear cualquier forma de expresión en contra de las políticas del gobierno de Daniel Ortega," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
No es la primera vez que la policía coarta el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente. De manera intencionada y como práctica recurrente, las fuerzas de seguridad bloquean vías y limitan el transporte durante las marchas que organizan las comunidades.
Amnistía Internacional presentó en Nicaragua la semana pasada la investigación "Peligro: Derechos en venta. El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la Erosión de los Derechos Humanos". El documento revela el oscuro marco jurídico que condujo a la concesión del proyecto y las consecuencias que este proyecto tendrá en cientos de familias que podrían enfrentar desalojo forzoso.