Amnistía Internacional España

Mordechai Vanunu cumplió una condena de 18 años de prisión por revelar información sobre el arsenal nuclear de Israel durante la década de los 80. © Adam Broomberg y Oliver Chanarin.

Diez años después de cumplir íntegramente la condena impuesta por sus revelaciones a la prensa sobre el programa de armas nucleares de Israel, Mordechai Vanunu sigue sometido a severas restricciones que vulneran arbitrariamente su libertad de circulación, expresión y asociación, ha declarado Amnistía Internacional.

El ex técnico nuclear cumplió una pena de 18 años de prisión, los primeros 11 años en régimen de aislamiento, por revelar a la prensa información sobre el arsenal nuclear de Israel durante la década de 1980.

Desde su excarcelación en 2004, Vanunu está sometido a supervisión policial en virtud de órdenes militares renovables que, entre otras cosas, le impiden salir del país y participar en chats en Internet. También debe pedir permiso para comunicarse con cualquier ciudadano extranjero, incluidos periodistas.

“El castigo al que las autoridades siguen sometiendo a Mordechai Vanunu parece puramente vengativo. Los argumentos del gobierno de que estas severas restricciones son necesarias para la seguridad nacional son ridículos”, declaró Avner Gidron, asesor general de Política de Amnistía Internacional.

Las autoridades israelíes afirman que la restricción de libertad de Mordechai Vanunu es necesaria para impedir que divulgue más secretos sobre el programa nuclear de Israel. Sin embargo, Vanunu ha declarado en reiteradas ocasiones que ya había revelado todo lo que sabía sobre el arsenal nuclear de Israel en 1986 y que no tiene más información. Vanunu y sus abogados han señalado asimismo que la información que tenía cuando fue encarcelado es desde hace tiempo de domino público y tiene unos 30 años de antigüedad.

“Las restricciones impuestas a Mordechai Vanunu son arbitrarias e innecesarias, y carecen de fundamento en el derecho internacional. Estas restricciones continuas a su libertad suponen una fuerte tensión para su salud física y mental y deberían levantarse de inmediato”, añadió Avner Gidron.

Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que permitan que Mordechai Vanunu salga del país si así lo desea y ejercer sus derechos a la libertad de circulación, asociación y expresión mientras esté en Israel.

El pasado mes de diciembre, tras una apelación presentada por su abogado, el Tribunal Superior de Justicia confirmó las restricciones impuestas por el Ministerio del Interior a Mordechai Vanunu que le impiden salir de Israel y le prohíben entrar en un consulado o embajada, así como acercarse a más de 500 metros de una frontera internacional, paso de frontera, puerto o aeropuerto. El Tribunal también confirmó el requisito de solicitar permiso antes de comunicarse con un ciudadano extranjero. Las restricciones actuales, que deberán ser renovadas en mayo de 2014, deben levantarse inmediatamente.

Información complementaria

Mordechai Vanunu, ex técnico de una planta nuclear israelí de las inmediaciones de la ciudad meridional de Dimona, reveló detalles del arsenal nuclear del país al periódico británico The Sunday Times en 1986. El 30 de septiembre de ese año fue secuestrado en Italia por agentes del servicio secreto israelí (Mosad) que lo trasladaron en secreto a Israel, donde fue juzgado y condenado a 18 años de prisión.

Tras ser puesto en libertad, en mayo de 2010 fue encarcelado por segunda vez durante tres meses, tras ser declarado culpable de infringir las restricciones que le habían sido impuestas, por ponerse en contacto con un extranjero y tratar de asistir a la misa de Navidad en Belén. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia. Vanunu estuvo recluido 11 semanas en duras condiciones, en régimen de aislamiento, en la prisión de Ayalon, cerca de Ramle, en la región central de Israel, en una unidad especial para presos peligrosos donde podía salir de su celda sólo una hora al día. Las autoridades penitenciarias afirmaron que habían decidido recluirlo allí para protegerle de los ataques de otros internos.

Las restricciones a las que está sometido desde 2004 no se derivan de una orden de libertad condicional, puesto que Mordechai Vanunu ya cumplió íntegramente su condena. Son arbitrarias y contrarias a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la injerencia arbitraria en los derechos a la libertad de circulación, la libertad de expresión y la libertad de asociación, y protege a las personas de ser castigadas dos veces por el mismo delito.

Desde 1986, Mordechai Vanunu estuvo recluido por Israel 11 años en régimen de aislamiento en condiciones que Amnistía Internacional calificó en ese momento de tratos crueles, inhumanos o degradantes.


La nueva legislación puede acusar de terrorismo a manifestantes pacíficos que hayan participado en protestas contra el actual gobierno. © Matic Zorman / Demotix

La nueva legislación antiterrorista presentada al presidente de Egipto para su aprobación es sumamente deficiente, por lo que se debe eliminar o revisar totalmente, ha manifestado Amnistía Internacional.

El 3 de abril se remitieron al presidente provisional de Egipto, Adly Mansur, dos proyectos de ley antiterrorista que podrían aprobarse en cualquier momento y que confieren las autoridades egipcias mayor poder aún para amordazar la libertad de expresión y encarcelar a sus opositores y críticos.

“Estas leyes sumamente deficientes pueden utilizarse de manera indebida, porque contienen una definición muy general e imprecisa del terrorismo”, ha advertido Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Estos proyectos de ley violan el derecho a la libertad de expresión, menoscaban las salvaguardias contra la tortura y la detención arbitraria y amplían el ámbito de aplicación de la pena de muerte.”

En Egipto se ha producido un mortal aumento de los ataques armados, dirigidos principalmente contra edificios oficiales, puestos militares de control y otras instituciones y personal de seguridad, desde la destitución del presidente Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, particularmente en la inestable región del norte del Sinaí.

El gobierno egipcio tiene el deber de prevenir, investigar y castigar los ataques violentos pero ha de hacerlo cumpliendo con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.

En los proyectos de ley presentados al presidente provisional Adly Mansour, se amplía la definición existente del terrorismo para incluir los actos realizados con objeto de “dañar la unidad, los recursos naturales, los monumentos [...] nacionales [...] entorpeciendo el trabajo de los órganos judiciales [...] los órganos regionales e internacionales en Egipto y las misiones diplomáticas y consulares”.

Incluye también “toda conducta o preparativo que tenga por objeto dañar las comunicaciones o los sistemas de información, los sistemas financieros y bancarios o la economía nacional”.

El problema de estos “delitos de terrorismo” definidos de manera tan poco precisa es que, en potencia, permiten a las autoridades abrir una causa por terrorismo prácticamente contra cualquier activista pacífico”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.

“La definición del terrorismo criminaliza potencialmente la huelgas y las manifestaciones pacíficas en los colegios y universidades y a la salida de las mezquitas con la excusa de que tales actividades legítimas perjudican la unidad nacional, entorpecen el trabajo de las instituciones nacionales y dañan la economía.”

Muchas de las marchas que se vienen celebrando desde la “Revolución del 25 de enero” se organizan tras la oración, sobre todo entre los partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi.

Los proyectos de ley amplían el ámbito de aplicación de la pena de muerte, que puede imponerse incluso si los actos “terroristas” cometidos no causan pérdida de vidas. Están incluidos los delitos de financiación, gestión o administración de un grupo terrorista.

“En vez de reducir el número de delitos penados con la muerte, las autoridades egipcias están aumentándolo para incluir actos que no causan pérdida de vidas. Lo preocupante es que tal medida podría dar lugar a más imposiciones masivas aún de la pena capital”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.


Nuevas leyes represivas

Otro cambio propuesto es permitir que las fuerzas de seguridad retengan a los detenidos durante más tiempo –72 horas, prorrogables otros 7 días–, lo que constituye una violación del derecho internacional y de la Constitución recién aprobada de Egipto, que dispone que toda persona detenida ha de ser llevada ante un fiscal en plazo de 24 horas.

Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que el periodo siguiente a la detención es el momento en que la persona detenida está más expuesta a sufrir tortura y otros malos tratos.
En los proyectos de ley no se especifica tampoco expresamente que las “confesiones” obtenidas por medio de tortura no son admisibles como prueba ante los tribunales.

Se imponen penas de hasta tres años de prisión por insultar a un funcionario público, un miembro de las fuerzas de seguridad o cualquier persona a cargo de un servicio público en el desempeño de su función, lo que viola el derecho a la libertad de expresión.

Otra nueva ley confiere a las autoridades nuevos poderes para controlar cuentas bancarias y llamadas telefónicas de personas o asociaciones sin la aprobación de una autoridad independiente, como los jueces. Tales atribuciones podría utilizarse de manera habitual para restringir las libertades personales y reprimir a las organizaciones de la sociedad civil.

No se dice nada, en cambio, en las propuestas de ley sobre el deber del Estado de reconocer y respetar los derechos humanos de las víctimas de terrorismo, como los cristianos coptos y otras minorías.

Los proyectos de ley confieren también atribuciones al presidente para declarar el estado de excepción sin necesidad de solicitar la aprobación del Parlamento.

Esta disposición recuerda de manera alarmante el gobierno del presidente Hosni Mubarak, durante el que se recluía a la gente sin cargos ni juicio, a veces durante decenios, en virtud de la legislación para el estado de excepción del país.

“La naturaleza draconiana de esta legislación, que constituye un incumplimiento de la obligaciones de Egipto, indica que servirá para preparar el terreno a la adopción de nuevas medidas de represión de la sociedad civil y de quienes se opongan o critiquen al gobierno, en vez de para conjurar la amenaza del terrorismo”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui.

“El gobierno debe recapacitar y adoptar un enfoque que respete los derechos humanos y el Estado de derecho.”

Información complementaria
Uno de los dos proyectos de ley reforma disposiciones del Código Penal relativas al terrorismo, mientras que el otro trata de cuestiones de procedimiento para la lucha contra el terrorismo y de cooperación judicial internacional.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la definición excesivamente general e imprecisa que se hace de los delitos de terrorismo en la propuesta de ley, que amplía el significado de acto “terrorista” tipificado en el Código Penal tras la aprobación de la Ley 97 de 1992.

En la definición actual se incluye todo uso de la fuerza, violencia o amenaza de terror para “alterar el orden público [...] retrasar la ejecución de leyes y disposiciones constitucionales [...] dañar edificios y bienes públicos y privados [e] impedir o dificultar a las autoridades públicas, o a lugares de culto o instituciones o centros educativos” la realización de su trabajo.

Amnistía Internacional ha documentado casos de manifestantes pacíficos detenidos por cargos muy poco precisos, como retrasar la aplicación de disposiciones de la Constitución y las leyes o dificultar el trabajo de las instituciones nacionales.

Entre otros delitos por los que cabe imponer la pena de muerte según los proyectos de ley figura la “financiación, gestión o administración” de un “grupo terrorista”. Las autoridades egipcias declararon a la Hermandad Musulmana grupo terrorista en diciembre, pero no hay datos objetivos que indiquen que esté implicada en atentados terroristas. En Egipto es habitual no respetar las salvaguardias de juicio justo que prevé el derecho internacional en las causas por delitos punibles con la muerte, especialmente en los casos de personas acusadas de actividades de terrorismo.

Según el proyecto de ley, el fiscal -en vez de un juez independiente- puede autorizar medidas de vigilancia, incluido el control de las cuentas bancarias y las llamadas de teléfono.

Sin control independiente de estas atribuciones, las autoridades podrían hacer fácilmente uso indebido de ellas para someter a hostigamiento e intimidación a las organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos de derechos humanos, que realicen actividades críticas con el gobierno.

Los proyectos de ley prevén también la imposición de fuertes multas por actos que pueden ser totalmente pacíficos, como pertenecer a un grupo que sea calificado de terrorista, lo cual es punible con hasta 10 años de prisión. Centenares de partidarios del presidente depuesto Mohamed Morsi se enfrentan a este cargo.

También se elimina el artículo 17 del Código Penal, que permite al juez reducir la pena por determinados delitos. Con ello podría verse menoscabado el principio de igualdad ante la ley.


La libertad de expresión sigue siendo una asignatura pendiente en Argelia. © FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images

Los crecientes obstáculos a la libertad de expresión en el periodo previo a las elecciones próximas a celebrarse en Argelia subrayan las preocupantes carencias de la situación general de los derechos humanos en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Las medidas para silenciar a quienes critican al gobierno y sofocar la agitación social son lo más visible de una serie de motivos de preocupación en materia de derechos humanos puestos de manifiesto por la organización en vísperas de las elecciones presidenciales del 17 de abril
, en las que el presidente Abdelaziz Buteflika, en el poder desde 1999, intenta controvertidamente obtener un cuarto mandato. Otros problemas son los defectos de leyes que facilitan la tortura y los malos tratos, la falta de protección adecuada a las mujeres frente a la violencia de género, y la impunidad imperante por los abusos cometidos en el pasado.

“La estrategia de las autoridades argelinas ha sido cortar de raíz cualquier intento de ponerlas en entredicho, a ellas o a su historial. Con las elecciones próximas a celebrarse, están intensificando la represión y demostrando que no tolerarán las críticas públicas a ningún nivel”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

Parece haber un esfuerzo concertado de las autoridades argelinas por controlar el discurso en el periodo previo a las elecciones apretando el nudo sobre la libertad de expresión. La falta de un debate abierto y las restricciones al derecho a criticar o protestar para expresar el descontento social o plantear demandas políticas arrojan dudas sobre las cercanas elecciones.”

Hay varios periodistas extranjeros a los que aún no se les ha concedido el visado para informar sobre las elecciones, y a algunos grupos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, se les viene negando el visado de entrada al país desde hace años.

El estado de emergencia se levantó en Argelia en 2011, pero continúan las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. Aunque se trata de un país rico en petróleo, persiste la agitación social y económica alimentada por la corrupción, el creciente coste de la vida, el elevado desempleo y la falta de acceso a vivienda. Las autoridades argelinas han respondido en muchas ocasiones a esas protestas dispersándolas por la fuerza, y acosando y deteniendo a manifestantes y activistas sindicales.

Pese a la prohibición de organizar manifestaciones en Argel, tras una represión inicial a principios de marzo las autoridades no han dispersado por la fuerza las protestas pacíficas en la capital, celebradas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

No obstante, las autoridades siguen tomando como blanco a ciudadanos y ciudadanas, incluidos periodistas que se apartan del discurso oficial a favor de Buteflika. Un estremecedor ejemplo reciente es el caso de la esposa de un periodista que había informado sobre las protestas de la oposición: fue agredida por tres individuos vestidos de civil de los que se cree que son miembros de las fuerzas de seguridad. Según la información recibida, los agresores la amenazaron a punta de pistola y le exigieron que su esposo dejara de criticar a las autoridades en Facebook, para a continuación quemarla con agua hirviendo.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad hicieron una redada en Al-Atlas TV, una emisora de televisión privada que había criticado a las autoridades en sus emisiones. La cadena fue cerrada y obligada a cortar sus emisiones el 12 de marzo de 2014. En virtud de las leyes vigentes, sólo los medios de comunicación autorizados por el Estado gozan de licencia plena, mientras que los canales privados tienen licencias temporales que pueden revocarse sin apenas aviso.

“El atacar una emisora privada de televisión simplemente porque se ha atrevido a emitir una opinión diferente constituye un censurable ataque a la libertad de expresión”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Una ley de 2012 que regula las asociaciones impone restricciones adicionales a quienes desean inscribir una organización independiente, y endurece la normativa sobre financiación extranjera disfrazándola de protección de la moralidad o los valores nacionales. Varias asociaciones que han criticado la política gubernamental, entre ellas algunas que tratan de luchar contra la corrupción y la violencia sexual, o que piden verdad y justicia respecto a las desapariciones forzadas, aún no han podido inscribirse. A Amnistía Internacional Argelia, inscrita legalmente en el país desde 1991, se le ha negado recientemente la autorización necesaria para organizar su asamblea general anual.

“Además de ejercer represión sobre la sociedad civil, las autoridades argelinas no han aplicado las recomendaciones de la ONU de eliminar las lagunas en las leyes vigentes que facilitan la tortura y los malos tratos. En estos momentos, las salvaguardias frente a la tortura en la legislación argelina son terriblemente inadecuadas. Esta situación se ve agravada por el pésimo historial de impunidad respecto a los abusos cometidos por el Estado, un trágico legado del sangriento conflicto interno del país”, ha manifestado Nicola Duckworth.

La crisis de los rehenes de la planta de gas de Amenas en Argelia, en enero de 2013, en la que murieron más de 40 trabajadores y 29 captores, puso de manifiesto las amenazas para la seguridad a las que se enfrentaba el país, y el terrible historial de las fuerzas de seguridad. En nombre de la lucha contra el terrorismo, las fuerzas de seguridad argelinas han cometido abusos graves, tales como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detención secreta. Sin embargo, ese historial no se ha tenido en cuenta a la hora de establecer acuerdos de seguridad con Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

También se siguen necesitando amplias reformas para poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y para abordar la cuestión de los derechos de las personas migrantes. Además, se han tomado una serie de medidas de amnistía para conceder inmunidad a los responsables de una serie de abusos atroces cometidos en Argelia en el pasado, que sólo han servido para afianzar la impunidad.

“Pese a las reiteradas promesas de reforma, estas grandes brechas en la situación de los derechos humanos en Argelia aún persisten, incluso en ámbitos en los que las autoridades pregonan su éxito. La discriminación y la violencia contra las mujeres siguen imperando”, ha manifestado Nicola Duckworth.


El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha informado al Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental © Amnistía Internacional

El Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar el mandato de sus fuerzas para el mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental para incluir la observación de la situación de los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional en medio de una campaña de represión de las protestas pacíficas y de denuncias de tortura infligida a activistas bajo custodia durante el año pasado. La organización ha puesto en marcha una ciberacción dirigida a los Ministros de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y francés, Laurent Fabius, países clave en la toma de decisión, para que apoyen la incorporación a la MINURSO de personas que puedan investigar violaciones de los derechos humanos.

En un informe que presentó ayer al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a garantizar la observación independiente, imparcial y constante de la situación de los derechos humanos en el territorio y en los campos de refugiados saharauis del sur de Argelia.

“Ampliar el mando de las fuerzas para el mantenimiento de la paz a fin de que abarque los derechos humanos servirá para llevar a cabo la muy necesaria tarea de sacar a la luz abusos y violaciones de derechos humanos que pasarían, si no, desapercibidos, y analizar de manera independiente e imparcial las denuncias controvertidas de violación de derechos humanos”, ha explicado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en Nueva York.

“Al no haber una vigilancia independiente, imparcial, exhaustiva y constante de la situación de los derechos humanos, las partes pueden intercambiar acusaciones de abusos contra derechos, lo que agrava la tensión, al no abordarse las violaciones de derechos humanos.

“Una campaña continua de represión ha dejado a los defensores y defensoras de los derechos humanos impotentes para documentar de manera efectiva las violaciones incontroladas de derechos humanos en el Sahara Occidental. No se puede seguir manteniendo ya con una fuerza de paz de mandato limitado.

Está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU amplíe el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) al final de abril de 2014. Es la única fuerza contemporánea de la ONU para el mantenimiento de la paz sin componente de derechos humanos.

En el año transcurrido desde que se renovó el mandato de la MINURSO por última vez, las autoridades marroquíes han continuado reprimiendo la disidencia, imponiendo restricciones a la libertad de expresión, las manifestaciones pacíficas y la sociedad civil. Es habitual prohibir o disolver con violencia manifestaciones pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado casos de activistas y manifestantes torturados o sometidos a otros malos tratos bajo custodia policial tras protestas convocadas para pedir que la MINURSO adopte un mandato de derechos humanos en 2014.

Los activistas y defensores de los derechos humanos tienen también muchas restricciones en su trabajo en el Sáhara Occidental, incluido hostigamiento y vigilancia incesante de la fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades continúan obstaculizando el registro de las asociaciones locales de derechos humanos.

“Si Marruecos quiere demostrar realmente que cumple con sus obligaciones internacionales, debe poner fin a al hostigamiento y las intimidaciones contra activistas y dejar de obstaculizar la observación independiente de la situación de los derechos humanos por parte de grupos locales y de la ONU”, ha añadido Salil Shetty.

Dadas las susceptibilidades políticas existentes en torno a la disputa aún no resuelta sobre el territorio que Marruecos se anexionó en 1975, la vigilancia imparcial y constante de la MINURSO podría ser decisiva. El 8 de noviembre de 2010 estalló la violencia en Marruecos, al dispersar por la fuerza los cuerpos de seguridad una acampada pacífica de protesta en Gdim Izik, cerca de El Aaiún, operación en la que murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis. Las autoridades marroquíes no llevaron a cabo ninguna investigación independiente e imparcial sobre lo sucedido. Posteriormente, un tribunal militar dictó sentencia condenatoria contra 25 saharauis por su presunta participación en los actos violentos y les impuso largas penas de prisión, incluidas 9 cadenas perpetuas. Los condenados llevaban ya dos años en prisión preventiva, durante los cuales habían sido sometidos presuntamente a tortura y otros malos tratos, cuando fueron juzgados sin garantía y declarados culpables sobre la base de “confesiones” forzadas.

El mandato ampliado de la MINURSO podría también contribuir a garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente sobre la muerte de 11 saharauis que fueron víctimas de desaparición forzada en 1976. Sus restos fueron descubiertos y exhumados el año pasado, por un equipo de peritos independientes, cuyas conclusiones indican que las fuerzas armadas marroquíes ejecutaron a los 11.

“La MINURSO podría desempeñar una valiosa función a la hora de proteger la pruebas forenses y preparar el terreno para realizar investigaciones independientes e imparciales de sucesos como las desapariciones forzadas”, ha añadido Salil Shetty.

El Frente Polisario, por su parte, tampoco ha tomado medidas para poner fin a la impunidad de los acusados de cometer abusos contra los derechos humanos durante las décadas de 1970 y 1980 en los campos bajo su control, donde no hay en la actualidad organizaciones independientes de derechos humanos trabajando.

Establecer un órgano imparcial e independiente de observación de la situación de los derechos humanos podría también contribuir a ayudar al Frente Polisario y las autoridades marroquíes a superar la desconfianza mutua que provocan las denuncias de abusos contra los derechos humanos y consolidar un entorno que permita entablar conversaciones política fructíferas.

Información complementaria

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se estableció en 1991 en el territorio que Marruecos se había anexionado en 1975, así como en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Su mandado consiste en la vigilancia de un alto el fuego entre las fuerzas armadas marroquíes y el Frente Polisario, así como en poner en marcha un referéndum para determinar la condición definitiva del Sáhara Occidental.


Vendedor de riñon en FilipinasVendedor de riñon en Filipinas © Privado

El jurado que otorga el Premio Amnistía Internacional ha decidido galardonar en esta XII Edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián al largometraje “Tales from the organ trade”, de la directora Ric Esther Bienstock, por su contribución a desvelar el tráfico ilegal de órganos para trasplantes en el contexto de las desigualdades económicas y la explotación de la pobreza.

El largometraje denuncia la vulnerabilidad de las personas empobrecidas frente al tráfico de órganos, narrando de manera eficaz desde un punto de vista informativo las conexiones de un mercado negro que no conoce fronteras. Con una estructura coherente y bien hilvanada, pone ante los ojos del espectador todas las fases de este comercio, así como a todos los agentes que intervienen en un proceso de mercantilización del cuerpo y de la salud fuera de control por parte de los Gobiernos y de las instituciones sanitarias.

El derecho a la salud queda recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero con frecuencia no es una realidad. En relación a los trasplantes de órganos, los Gobiernos nacionales, que trabajan en colaboración con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, deben desarrollar e implementar programas adecuados para que el tráfico de órganos, que afecta sobre todo a las personas más desfavorecidas, deje de ser una realidad.

El Festival, que comenzó el pasado viernes, se clausura esta tarde en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia, en el curso de la cual se hará entrega del Premio Amnistía Internacional, simbolizado en una escultura del artista vasco Néstor Basterretxea, entre otros galardones. En esta ocasión, el galardón será entregado por Cruz Elisa Buitrago, defensora de derechos humanos colombiana, acogida en el Programa de Protección Temporal para Defensores en Riesgo de Amnistía Internacional España.

En esta edición del festival, además, los activistas de Amnistía Internacional han recogido multitud de firmas de entre el público asistente a las sesiones en el Teatro Victoria Eugenia en apoyo a "Mi Cuerpo, Mis Derechos", la campaña en defensa de los derechos sexuales y reproductivos que la organización acaba de presentar mundialmente hace pocas semanas, y en apoyo a dos menores, Jehad Sadeq Aziz Salman y Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad, condenados como adultos en Bahréin a 10 años de cárcel, tras un juicio injusto.


Una mujer con cinta adhesiva en la boca en una manifestación en Madrid el 20 de mayo de 2011. AP Photo/Arturo Rodriguez

Amnistía Internacional lamenta que el proyecto de reforma del Código Penal, en el Congreso de los Diputados desde septiembre de 2013, incorpore graves restricciones injustificadas a los derechos de libertad de expresión y reunión. Puede ser una oportunidad perdida para tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura o la desaparición forzada. Desoye una vez más las recomendaciones internacionales en materia de terrorismo. Y profundiza en la invisibilización de las personas migrantes.

Aunque el Gobierno justifica esta reforma en “la necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia”, para Amnistía Internacional este proyecto no ha analizado adecuadamente el impacto sobre el sistema penal o penitenciario que pueden tener algunas de sus disposiciones, ni se ha justificado desde un punto de vista de necesitad pública o socialmente apremiante, o de proporcionalidad con el objetivo que se persigue. Para Amnistía Internacional, el endurecimiento de las penas que se contempla en esta reforma no tiene por qué traducirse en una sociedad más segura y en un sistema judicial más justo y eficiente.

Amnistía Internacional, sin embargo, valora positivamente algunas de las disposiciones introducidas en esta nueva reforma, como la modificación de los delitos de incitación al odio y la violencia de acuerdo a la normativa europea; o la inclusión de nuevos delitos para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (trata, matrimonio forzoso, acoso, hostigamiento), o de los menores (explotación sexual, prostitución infantil, pornografía infantil).


Principales preocupaciones

Pero para la organización esta reforma tiene aspectos muy  preocupantes. “Amnistía Internacional lamenta que en un contexto de crisis económica en el que se están violando los derechos de las personas más vulnerables, la respuesta del Gobierno a las manifestaciones de protesta sea reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, creando nuevos delitos y aumentando las sanciones penales y administrativas contra los manifestantes”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Modificación de delitos contra el orden público

  • Se modifican los  delitos de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos. El anteproyecto ya no considera necesario que, por ejemplo, la resistencia a la autoridad sea activa y grave; por lo que la propia resistencia pasiva podría ser castigada de igual manera que una agresión, lo que va en contra del principio de proporcionalidad. La ambigüedad de algunas definiciones en el nuevo proyecto podría generar inseguridad jurídica, por lo que el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado han pedido que se aclaren estos términos.

En el anteproyecto, los desórdenes públicos son castigados con penas más graves si se producen en el contexto de manifestaciones y reuniones    numerosas sin justificación alguna, elemento adicional que puede incidir    negativamente en el derecho a la libertad de reunión pacífica.

“Es muy preocupante que la reforma pueda convertir en acto criminal la sola participación en la protesta, pudiéndose castigar conductas que no produzcan daños o lesiones a terceros; y que las penas sean mayores si estos comportamientos se producen en el contexto de una manifestación o una reunión numerosa”, declaró Esteban Beltrán.

  • Se introducen nuevos tipos penales como la invasión u ocupación de domicilios de personas jurídicas y de interrupción de los servicios de telecomunicación o medios de trasporte, siempre que haya una alteración grave de la “actividad normal”, algo que tampoco está claramente definido. Lo que crea nuevamente inseguridad jurídica que difícilmente concuerda con el principio de legalidad.

 Amnistía Internacional recuerda que las molestias o perturbaciones que     pueden producirse en el marco del ejercicio de la libertad de expresión,     reunión y manifestación no necesariamente constituyen una alteración del     orden público.

  • Se crean nuevos delitos como el de difusión de mensajes o consignas, que refuercen la “disposición” a alterar el orden público. Para Amnistía Internacional, con la ambigüedad de este nuevo delito, se corre el riesgo de que la difusión de cualquier opinión o crítica se pueda convertir en un comportamiento punible. Circunstancia de la que también ha alertado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Por el contrario, en la nueva redacción desaparece como delito el impedimento del ejercicio de derechos cívicos, a pesar de que el derecho internacional recuerda a los Estados que no sólo debe proteger activamente el derecho de reunión pacífica, sino que debe facilitar el ejercicio del mismo.

Crímenes de derecho internacional
España continúa sin adecuar su legislación a sus obligaciones internacionales y esta reforma puede ser una nueva oportunidad perdida para tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura, la violación sexual bajo custodia como forma de tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la esclavitud sexual. Con este anteproyecto se dejan abiertos resquicios para la impunidad al no garantizarse la imprescriptibilidad de los delitos, la inaplicabilidad de la eximente de cumplimiento de  deber, o el hecho de que estos crímenes no puedan estar sujetos a indultos o amnistías.

Prisión permanente revisable

Se introduce la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad tras el cumplimiento efectivo de entre 25 y 30 años, o hasta 35 años en caso de terrorismo. El texto, sin embargo, no contempla cómo se garantizará la rehabilitación y reinserción de la persona condenada, circunstancia que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es esencial para que este tipo de penas no supongan una privación de libertad arbitraria contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Indefinición de terrorismo
En relación con los casos de terrorismo, el nuevo texto sigue sin tipificar de manera adecuada este tipo de delitos. La vaguedad con la que están definidos los delitos terroristas, no sólo no se ajusta a los principios de legalidad y seguridad jurídica recomendamos por organismos internacionales, sino que podría llevar a considerar como delitos conductas de quienes por medios pacíficos propugnen cambios o expresen sus opiniones.

Invisibilidad de los ciudadanos extranjeros
El nuevo texto del Código Penal castiga la ayuda con o sin ánimo de lucro a la entrada en el territorio de extranjeros, lo que podría tener un impacto negativo en el derecho a buscar asilo. También penaliza la ayuda con ánimo de lucro para que permanezcan en el país, lo que podría terminar castigando la venta y pago de alimentos, productos, servicios, alojamiento o transporte a personas migrantes en situación administrativa irregular. Por otro lado, la sustitución de parte de la pena de prisión por expulsión, podría facilitar la devolución de personas a sus países que, según la legislación de extranjería, deberían ser protegidas, como las víctimas de trata o de violencia de género, o cuya vida o libertad puede ponerse en riesgo si son enviadas a su país.

Amnistía Internacional recomienda, entre otros, que durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal se tomen las medidas necesarias para asegurar que no se limitan derechos fundamentales como el de libertad de expresión y reunión, y se tipifican adecuadamente crímenes, que por su especial gravedad, están recogidos en el derecho internacional de derechos humanos.

Información de contexto
En octubre de 2012, el Ministerio de Justicia presentaba ante el Consejo de Ministros un primer Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgániza 10/1995 del Código Penal, que afectaba a 171 artículos, incluidos 39 que ya habían sido modificados hace menos de tres años.

El anteproyecto introducía modificaciones de gran calado como la eliminación de las faltas trasladando algunas al ámbito administrativo y otras al penal, pasando a ser tipificadas como delitos.

Aunque el proyecto de Ley remitido a las Cortes Generales supone una modificación considerable del actual Código Penal, Amnistía Internacional en el análisis realizado sobre el nuevo texto se ha centrado únicamente en aquellas disposiciones que son de especial preocupación desde la perspectiva de la legislación internacional de derechos humanos.


Los periodistas extranjeros protestan a las afuera de la embajada egipcia de Nairobi por el caso de Peter Greste. © SIMON MAINA / AFP / Getty Images

La prolongada detención en Egipto de tres periodistas de Al Yazira acusados de falsificar noticias y de colaborar con el movimiento proscrito Hermandad Musulmana es un acto de “venganza”. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la última vista de su juicio.

Mohamed Fahmy, Peter Greste y Baher Mohamed, empleados del servicio en inglés de Al Yazira, están acusados, junto con cinco estudiantes egipcios, de pertenecer a una organización terrorista prohibida (en referencia a la Hermandad Musulmana) o colaborar con ella. Su juicio se reanuda el 10 de abril.

“Lo que están haciendo las autoridades egipcias es perseguir por venganza a periodistas simplemente por hacer su trabajo”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. 

“Hasta el momento, la fiscalía no ha presentado ninguna prueba convincente, y los periodistas parecen peones utilizados por las autoridades en su disputa con Qatar. Lo cierto es que Mohamed Fahmy, Peter Greste y Baher Mohamed son presos de conciencia que deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional.”

Los tres periodistas permanecen detenidos desde el 29 de diciembre de 2013, cuando las fuerzas de seguridad arrestaron a Mohamed Fahmy y Peter Greste en el Hotel Marriott de El Cairo y a Baher Mohamed en su casa. Los cinco estudiantes egipcios fueron detenidos dos días después. 

En su última vista, celebrada el 31 de marzo, el juez ordenó que tres de los estudiantes, que habían denunciado que las fuerzas de seguridad los habían golpeado durante su detención, fueran examinados por médicos forenses.

Las autoridades también están negando a Mohamed Fahmy el tratamiento médico que necesita para una lesión de hombro sufrida en los días previos a su detención. Este periodista tiene un hueso fracturado en el brazo, y su estado ha empeorado considerablemente a causa de la falta de atención médica adecuada y de las malas condiciones que ha soportado en prisión: por ejemplo, tras su arresto pasó más de un mes en la prisión de máxima seguridad conocida como “El Escorpión”.

“Este juicio no es más que una pose de las autoridades para ganarse el apoyo público”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Esta farsa debe terminar, y los cargos contra los tres periodistas deben ser retirados.”

Represión de los medios de comunicación
El juicio está teniendo lugar en medio de una oleada de represión por parte de las autoridades egipcias contra la cadena Al Yazira, así como contra otros medios de los que se considera que apoyan a la Hermandad Musulmana y al depuesto presidente Mohamed Morsi.

También se produce ante el telón de fondo del deterioro de las relaciones entre Egipto y Qatar, donde tiene su sede Al Yazira.

Las fuerzas de seguridad filmaron el arresto de Mohamed Fahmy y Peter Greste y posteriormente el vídeo fue emitido por la televisión egipcia, al parecer en un intento de difamar a los dos periodistas. 

Las detenciones desataron la indignación internacional de las organizaciones de medios de comunicación, y dieron lugar a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitiera el 31 de enero una declaración en la que expresaba su preocupación por lo que denominó “el ataque sistemático contra el personal de Al Yazira” y por la situación a la que se enfrentan en general los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación en Egipto.

En marzo de 2014, el presidente de Egipto escribió a las familias de Mohamed Fahmy y Peter Greste, manifestando que no escatimaría esfuerzos para resolver rápidamente la situación.

“El presidente provisional, Adly Mansour, preside una campaña de intimidación contra periodistas y activistas, que están siendo atacados simplemente por cuestionar en sus reportajes la versión ofrecida por las autoridades. Estas restricciones arbitrarias a la libertad de expresión violan las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

Sin embargo, no hay apenas indicios de que el tormento de estos hombres se aproxime a su fin. El juez encargado del caso les ha negado la fianza.

En los nueve meses transcurridos desde el derrocamiento de Mohamed Morsi, Al Yazira ha informado sobre una serie de incidentes en los que las fuerzas de seguridad han detenido a personal suyo o han hecho redadas en sus oficinas.

Las autoridades siguen manteniendo recluido a Abdullah al Shami, periodista del servicio en árabe de Al Yazira detenido el 14 de agosto de 2013. Abdullah al Shami permanece en huelga de hambre desde mediados de enero de 2014 y ha sufrido acoso por parte de las fuerzas de seguridad, tanto durante su detención a causa de su trabajo como bajo custodia.

Un tribunal administrativo prohibió el 3 de septiembre de 2013 el canal egipcio de Al Yazira, Mubasher Misr, así como otros tres canales a los que se considera partidarios de Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana.

Las autoridades siguen ejerciendo además una represión más amplia de la disidencia, en la que atacan tanto a la Hermandad Musulmana como a sus simpatizantes, y también a otros activistas de oposición que mantienen una postura crítica hacia las autoridades. 

Información complementaria
El juicio, que se está celebrando ante un tribunal penal convocado en unas instalaciones policiales junto a la prisión de Tora, en El Cairo, comenzó el 20 de febrero.
En él se juzga a un total de 20 personas, 12 de ellas in absentia

Todas se enfrentan a cargos de retransmitir noticias falsas y de pertenecer al movimiento prohibido Hermandad Musulmana o ayudar a personas que pertenecen a él.
Los ciudadanos extranjeros acusados en la causa se enfrentan además al cargo adicional de posesión de “material prohibido” (entre otras cosas, teléfonos por satélite) que, según las autoridades, utilizan para falsificar las noticias.

Nueve de los acusados son personal de Al Yazira, según ha declarado la cadena, y entre ellos se encuentran los periodistas británicos Dominic Kane y Sue Turton y cuatro empleados egipcios, cuyo nombre no se ha facilitado, con sede en Qatar.

Una periodista neerlandesa también acusada abandonó Egipto cuando descubrió que iba a ser juzgada.

Los otros cinco acusados detenidos son los estudiantes egipcios Sohaib Saad Mohamed, Khaled Mohamed Abdel Raouf, Shady Abdelhamid, Ahmed Abdelazim y Anas Mohamed El Beltagy, según han informado los abogados defensores que los representan ante el tribunal y según consta en el pliego de cargos al que ha tenido acceso Amnistía Internacional.

Los demás acusados que están siendo juzgados in absentia son ciudadanos egipcios.


El gobierno de Vladimir Putin introdujo la ley “agentes extranjeros” © AFP / Getty Images

La decisión hoy del Tribunal Municipal de San Petersburgo de desestimar la apelación de una destacada organización no gubernamental (ONG) rusa contra la orden judicial de inscribirse como “agente extranjero” es una agresión legal contra toda la sociedad civil rusa, ha declarado Amnistía Internacional.

El Centro contra la Discriminación Memorial, importante ONG de derechos humanos que trabaja por las víctimas del racismo y la xenofobia en Rusia, decidió abandonar sus actividades en Rusia en lugar de llevar la etiqueta de “agente extranjero” o de correr el riesgo de que su directora fuera juzgada por lo penal por no inscribir la asociación.

El tribunal tenía dos opciones y su no decidió a favor de la justicia y los derechos humanos. Su desalentadora resolución sigue la tendencia predominante que promueve el gobierno ruso de imponer su sello sobre cualquier actividad de la sociedad civil. Sienta un peligroso precedente que podría emplearse contra otras ONG”, afirmó Sergei Nikitin, director de la oficina de Moscú de Amnistía Internacional.

“Las autoridades rusas están privando deliberadamente a la sociedad rusa de una voz alternativa, de mecanismos de control de los actos del gobierno. Atacan a cualquiera que se atreva a criticarlos.”

La persecución de ADC Memorial se inició hace más de un año, cuando la Fiscalía se refirió a su informe Romaníes, migrantes y activistas: víctimas de abusos policiales, presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, como prueba de que la organización estaba implicada en “actividades políticas” y, por tanto, vulneraba la recién promulgada ley rusa al no inscribirse como “agente extranjero”.

La ONG logró resistir a dos procesos judiciales iniciados contra ella por la Fiscalía, en mayo y julio de 2013. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2013, un tribunal de San Petersburgo resolvió a favor de la nueva solicitud de la Fiscalía de reconocer todas las actividades de ADC Memorial como “políticas” y obligarla a inscribirse como “agente extranjero”.

Tras la resolución de hoy, la directora de ADC Memorial, Stefania Kulaeva, expresó su decepción a Amnistía Internacional:

“Las actuaciones judiciales no fueron objetivas. No se tuvieron en cuenta nuestros argumentos. Nuestros abogados fueron interrumpidos una y otra vez mientras que la fiscalía tuvo vía libre.”

La ley sobre “agentes extranjeros”, promulgada hace más de un año, confiere a las autoridades rusas la facultad de imponer cuantiosas multas y severas penas administrativas a las organizaciones que reciban financiación del extranjero y participen en unas “actividades políticas” definidas de forma laxa, pero no se inscriban como “organización que desempeña las funciones de un agente extranjero”.

La decisión judicial contra ADC Memorial se conoce el mismo día que el Tribunal Constitucional de Rusia ha resuelto que la “ley sobre agentes extranjeros” es compatible con la Constitución del país. Varias ONG y el defensor de los derechos humanos, Vladimir Lukin, habían cuestionado la ley alegando que violaba los derechos a la libertad de expresión y de asociación, supuestamente protegidos por la Constitución rusa.

“Es cada vez más evidente que las autoridades rusas están empeñadas en aplastar a la sociedad civil a toda costa”, concluyó Sergei Nikitin.


Edward Snowden hizo las acusaciones en una videoconferencia a PACE hoy © FREDERICK FLORIN / AFP / Getty Images

Las últimas denuncias del ex contratista de los servicios de inteligencia estadounidenses Edward Snowden señalan el peligro muy real de que los defensores de derechos humanos, incluido el personal de Amnistía Internacional, estén siendo objeto de vigilancia masiva por las agencias de espionaje estadounidenses y británicas.

Snowden, que vive exiliado en Moscú, hizo estas declaraciones esta tarde por videoconferencia ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).

Cuando se le preguntó si la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense o su homóloga británica, la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), espiaron activamente a organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, dijo: “Sin duda, sí, desde luego […] La NSA ha espiado de hecho específicamente las comunicaciones de dirigentes o miembros del personal de varias organizaciones puramente civiles o de derechos humanos del tipo descrito.”

“Estas afirmaciones, de ser corroboradas, confirmarían nuestro viejo temor de que agencias de inteligencia estatales como la NSA y la GCHQ estén sometiendo todo el tiempo a organizaciones de derechos humanos a vigilancia masiva”, declaró Michael Bochenek, director general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Esto plantea la posibilidad muy real de que se hayan interceptado nuestras comunicaciones con fuentes confidenciales. Facilitar esta información a otros gobiernos podría poner en peligro inminente a defensores de derechos humanos de todo el mundo. Cuando se expusieron estos motivos de preocupación ante la Corte Suprema estadounidense, ésta las rechazó por “especulativas”. Las últimas revelaciones de Snowden demuestran que esta preocupación no es nada teórica, sino una posibilidad muy real.

“Ahora necesitamos que se revele de forma completa y sincera el alcance de estos programas de vigilancia, así como unas garantías legales sin fisuras frente a esta vigilancia indiscriminada en el futuro.”

Información complementaria

La amplia recogida de “metadatos” telefónicos por parte de la NSA fue posible gracias a las enmiendas introducidas en 2008 a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera estadounidense (FISA), que eximía a este tipo de vigilancia de cualquier supervisión significativa. En virtud de estas enmiendas, el gobierno de Estados Unidos no tiene la obligación de revelar qué comunicaciones tiene intención de seguir, y la hermética corte de la FISA no tiene atribuciones para revisar la forma en que el gobierno utilice la información que recaba.

Lo más notable es que, incluso si la corte declarase deficientes los procedimientos de vigilancia, el gobierno puede ignorar estas conclusiones y seguir con su vigilancia mientras se tramita su apelación contra la resolución judicial.

La Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles cuestionó la constitucionalidad de la ley en nombre de Amnistía Internacional, abogados por los derechos humanos y otras organizaciones. La Corte Suprema estadounidense rechazó sus argumentos en 2012, afirmando que los demandantes no podían demostrar la probabilidad de que fueran objeto de vigilancia, algo que en realidad es imposible de probar, dado el carácter sumamente hermético de la vigilancia y de la corte de la FISA que la autoriza.

Se cree que otros programas estadounidenses de vigilancia que capturan el contenido de las comunicaciones por Internet y de las llamadas telefónicas están autorizados por directivas presidenciales. Algunas de la comunicaciones interceptadas son entregadas habitualmente a otras agencias de inteligencia, como la GCHQ.

En diciembre de 2013, Amnistía Internacional presentó una demanda contra el gobierno del Reino Unido en relación con la posibilidad de que los servicios de inteligencia británicos hubieran accedido ilegalmente a las comunicaciones de la organización.

La demanda se presentó ante el Tribunal de Facultades de Investigación, y en ella se alegaba que las actividades de las autoridades del Reino Unido infringen el artículo 8 (derecho a la intimidad) y el artículo 10 (derecho a la libertad de expresión) de la Ley de Derechos Humanos de 1998.

El Tribunal de Facultades de Investigación revisa las quejas sobre la conducta de las agencias de inteligencia del Reino Unido. Amnistía Internacional ha expuesto su preocupación por el hermetismo de este Tribunal, que determina sus propios procedimientos y suele llevar a cabo su labor a puerta cerrada.


La policía empuja hacia atrás a los participantes de una marcha del odio, después de que atacaran una zona donde viven muchas familias gitanas, en República Checa © Gustav Pursche

Los Estados europeos no están reduciendo la discriminación, la intimidación y la violencia contra los gitanos y, en algunos casos, incluso las alimenta, ha declarado Amnistía Internacional  hoy, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.

“Existe un acusado aumento de la frecuencia de la violencia contra los gitanos en Europa en los últimos años. La respuesta a este alarmante fenómeno es deplorablemente insuficiente. Es inaceptable que en la Europa moderna algunas comunidades gitanas vivan bajo la amenaza constante de la violencia y de ataques que recuerdan a los pogromos”, afirma John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Con demasiada frecuencia los líderes europeos ceden a los prejuicios que alimentan la violencia contra los gitanos calificando a estos de antisociales y no deseados. Aunque condenan en general los ejemplos más descarados de violencia contra los romaníes, las autoridades son reticentes a reconocer su alcance y lentitud al combatirla. Por su parte, la Unión Europea es reacia a cuestionar a los Estados miembros por una discriminación sistémica de la comunidad gitana que es evidente.”

El informe de Amnistía Internacional titulado "We ask for justice”: Europe’s failure to protect Roma from racist violence examina los actos de violencia y hostigamiento motivados por el odio que autoridades y ciudadanos corrientes perpetran contra los gitanos en la República Checa, Francia y Grecia, ilustrando así los motivos de preocupación de la organización en todo el continente.

“En muchas ocasiones, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no impiden los ataques racistas ni garantizan que los motivos de odio se investigan adecuadamente y que los perpetradores responden ante la justicia de sus actos. El hecho de que las actitudes racistas sigan estando arraigadas en muchas fuerzas policiales se niega más que se aborda”, añade John Dalhuisen.

Los gobiernos de toda Europa dan la espalda a los gitanos de muchas formas. La discriminación, los desalojos forzosos, la segregación y la educación de calidad inferior son la norma en muchos países.

“La Unión Europea tiene a su disposición todo un arsenal legislativo para garantizar que se abordan la violencia discriminatoria y la discriminación en general. Sin embargo, la Comisión Europea, responsable de supervisar la aplicación de las leyes de la UE en los Estados miembros, no ha adoptado hasta ahora medidas claras y resueltas para abordar la discriminación y la violencia contra los gitanos en los Estados miembros”, declara John Dalhuisen.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea que se comprometan, visiblemente y sin reservas, a erradicar la lacra de la discriminación, la intolerancia y la violencia contra los gitanos en toda la región.

República Checa

Durante el verano y el otoño de 2013, los grupos ultraderechistas checos realizaron una serie de protestas contra los gitanos en decenas de pueblos y ciudades del país. Las protestas significaban el hostigamiento sistemático de las comunidades gitanas.

Entre junio y octubre de 2013, los extremistas de ultraderecha y los residentes locales hicieron marchas periódicas por la ciudad de Èeské Budìjovice hasta un complejo de viviendas sociales tras un conflicto en un parque infantil entre adultos gitanos y no gitanos.

Štefan, gitano, contó a Amnistía Internacional: “Algunas personas no se dan cuenta de que [durante las manifestaciones, los gitanos] tienen que quedarse en un lugar, de que los niños […] tienen miedo. Esto dura el día entero y deja traumas […] Nadie merece vivir algo así. La gente vivió esto durante la guerra y creo que en el año 2013, en el siglo XXI, no tenemos que volver a vivirlo.”

Francia

Tras huir de la discriminación en su país, muchos de los 20.000 romaníes de Francia viven en asentamientos informales donde rara vez tienen acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento. A menudo se los desaloja forzosamente de sus viviendas, hostigados por la policía u otros ciudadanos, y a veces son atacados.

La noche del 22 de noviembre de 2011, la policía acudió al asentamiento informal situado junto a la iglesia de St. Martin D’Arenc, en Marsella, para desalojar forzosamente a las 10 familias gitanas que vivían allí. Al parecer, lanzaron gas lacrimógeno dentro de las tiendas donde dormían los niños y luego destruyeron las tiendas y otras pertenencias personales.

R. fue golpeado por la policía. Dijo: “Quise huir, pero no podía ver nada, sólo vi una puerta delante de mí, traté de salir por allí, pero en cuanto me acerqué, tuve la sensación de que me había roto la pierna y luego no recuerdo nada más”. R. fue operado por rotura de fémur y pasó seis meses en un centro de rehabilitación.

Los migrantes gitanos de Marsella no suelen denunciar los casos de hostigamiento y violencia porque no confían en la policía o por miedo a ser victimizados de nuevo. S., trabajador social romaní que vivía en un asentamiento informal, dijo: “Los romaníes tienen realmente miedo de la policía; suelo llevar a los niños al hospital para que les den tratamiento médico y tienen miedo cada vez que ven a la policía en el camino.”

Grecia

Los gitanos que viven en Grecia —entre 250.000 y 350.000— sufren un trato discriminatorio desde hace generaciones.

Durante 2012 y 2013 hubo una serie de ataques que recordaban a los pogromos contra una comunidad gitana de Etoliko, un pueblo del oeste de Grecia.

Irini contó a Amnistía Internacional cómo vivió el ataque cometido el 4 de enero de 2013 por unas 70 personas que arrojaron cócteles molotov, piedras y tablones de madera a sus casas: “Cuando les vi venir, agarré a mis hijos y nos encerramos en la casa. Mis hijos lloraban, gritaban […] Estaba asustada. Miré por la ventana y conocía a la mayoría de ellos, crecimos juntos. Lanzaron una botella de vidrio por la ventana y prendieron fuego a la casa.”

Seis casas y cuatro coches ardieron por las bombas incendiarias o resultaron con daños por obra de los atacantes ese día. Varios romaníes dijeron a Amnistía Internacional que se sintieron traicionados por la policía. Uno de ellos declaró: “Vi sólo dos policías desde dentro de la casa […] Simplemente miraban y pedían a la gente que parase. No hicieron nada más que eso.”