Amnistía Internacional España

Activistas de Amnistía Internacional en una protesta contra la tortura, celebrada en septiembre de 2014 en Ciudad de México. SCHEMIDT/AFP/Getty Images. La organización se ha dirigido por carta al Rey Felipe VI para mostrar sus principales preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México con motivo del viaje que el Rey llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio próximos. Estas son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre México:

Uso generalizado de la tortura y los malos tratos

El uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las Fuerzas Armadas y la policía sigue siendo una práctica generalizada en todo México, y la impunidad reina entre los responsables de estos actos.
México se ha comprometido en numerosas ocasiones a prevenir y castigar la tortura y otros malos tratos, pero las medidas adoptadas no solo son inadecuadas, sino que en gran medida no se aplican. La legislación que tipifica la tortura como delito se incumple casi sistemáticamente, al igual que la que debería impedir que se utilicen en los juicios penales testimonios obtenidos mediante tortura. Y, aun así, el gobierno mexicano asegura que la tortura y otros malos tratos ya no son prácticas habituales, algo que contradice la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y por el relator especial de la ONU sobre la tortura que, en mayo 2014 tras una visita a México, observó: "Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.
Entre los casos denunciados por Amnistía Internacional, destacan el de Adrián Vasquez. Fue detenido por la policía estatal en 2012 y torturado de tal manera que tuvo que ser sometido a cirugía de vida o muerte en un hospital. En abril de 2015 tres de los policías a los que Adrián identificó como sus torturadores fueron por fin acusados formalmente, pero Adrián sigue encarcelado. La única prueba en su contra son las declaraciones realizadas por los policías que lo detuvieron y las drogas y armas de fuego que al parecer se le colocaron encima durante su detención y tortura; Yecenia Armenta Graciano también lleva tres años encarcelada, acusada de matar a su marido. La única prueba relevante en su contra es su propia confesión obtenida tras 15 horas de tortura, tortura que está certificada por varios expertos internacionales. Sus torturadores siguen impunes.
Desapariciones
En México, las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Según las cifras oficiales publicadas en octubre 2014, 22.610 personas habían desaparecido desde el 1 de diciembre de 2006, y a fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50 por cien de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el gobierno actual. Sin embargo, una vez más, las autoridades no han explicado cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de autoridades, y cuántas podrían estar en paradero desaparecido por otros motivos. Tampoco hay información metodológica que permita analizar las cifras y extraer conclusiones de las mismas.
La impunidad sigue imperando en estos casos. Según la información oficial, desde 2006 no se ha enjuiciado a nadie a nivel federal en casos de desaparición forzada.
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la policía municipal que actuaban en connivencia con la delincuencia organizada, ha llamado la atención internacional hacia la crisis constante de desapariciones e impunidad en México. El caso de Ayotzinapa es similar a los miles de casos de desaparición ocurridos en todo el país desde que, en 2006, el anterior gobierno, del presidente Calderón, inició la "guerra contra el narcotráfico". Al mismo tiempo, el caso de Ayotzinapa ha sido diferente a lo que había venido siendo el modelo general, ya que el gobierno se ha visto obligado a actuar en respuesta a la presión nacional e internacional. No obstante, la respuesta del Estado sigue siendo limitada, y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos.
Derechos de las personas migrantes
Cada año, decenas de miles de mujeres, hombres, niños y niñas -en su mayoría centroamericanos- atraviesan México sin permiso legal, como migrantes irregulares. Durante el viaje, están expuestos a abusos de guardias privados de seguridad, funcionarios de migración, policías, militares, tratantes de personas y bandas delictivas y son víctimas de secuestro, asesinato y reclutamiento forzoso en bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas migrantes corren especial peligro de sufrir abusos. A menudo se sospecha que las bandas delictivas cuentan con la connivencia de los funcionarios públicos que a su vez someten a los migrantes a otros abusos, como extorsión y detención arbitraria.
A pesar de los compromisos del gobierno para combatir todos los abusos contra los migrantes, las medidas son ineficaces y los gobiernos de los estados ni impiden ni castigan los delitos cometidos contra estas personas. Por ejemplo, en noviembre entró en vigor el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Migración, pero a día de hoy aún no se ha creado una base de datos de migrantes desaparecidos ni hay avances en la identificación de restos que se cree son de migrantes.
Ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
Los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos sufren agresiones y reciben amenazas a causa de su trabajo. En 2014 al menos seis periodistas fueron asesinados en México sin que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas realizara avances en la mayoría de estos casos. También siguen pendientes la gran mayoría de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos, esto también a pesar de que en abril de 2014, el Congreso aprobó una ley la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores de lo derechos humanos y de que el gobierno se comprometió a establecer el mecanismo y dar prioridad a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Peticiones de Amnistía Internacional al Rey Felipe VI
Amnistía Internacional ha pedido al Rey Felipe VI que transmita estas preocupaciones de derechos humanos y que en las reuniones con las autoridades mexicanas les inste a:

  • Hacer gestiones para que Adrián Vasquez y Yecenia Armenta Graciano puedan recobrar su libertad.

  • Interesarse por las medidas efectivas para determinar el paradero de los 42 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos (solo se ha identificado un cadáver) y prestar su pleno apoyo al grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, garantizando que puede llevar a cabo su revisión sin obstáculos, y comprometiéndose públicamente a cumplir sus recomendaciones. Así mismo debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

  • Cumplir las recomendaciones del relator especial sobre la tortura.

  • Transformar el mecanismo federal de protección en una institución que dé respuesta efectiva a los defensores, defensoras y periodistas y asegurar que todo ataque sea investigado y los responsables llevados ante la justicia.

  • Emprender la búsqueda a las personas migrantes en paradero desconocido, e iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes y asegurarse de que los responsables se enfrentan a la justicia. Además los supervivientes de estos ataques deben recibir atención adecuada como víctimas de delitos graves, incluida atención psicológica y médica inmediata y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientra tramitan una denuncia penal.

     


Marcha del “Transgenious Pride” en Berlin, 2013 ©Richard Koehler Madrid.- Las personas transgénero sufren discriminación y ataques violentos en todo el mundo. Una lamentable prueba de ello son las cifras: en 62 países se han cometido un total de 1.731 crímenes de odio contra personas transgénero entre 2008 y diciembre de 2014. Así lo recuerda Amnistía Internacional de cara al Día Internacional del Orgullo LGBTI (Lesbianas, gays, transgénero e intersexuales), que se celebra este domingo 28 de junio, en el que la organización denuncia además que la homosexualidad todavía se castiga con la pena de muerte en países como Afganistán, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán o Yemen, entre otros. 
La organización sale de nuevo a la calle y participará en actividades en ciudades como San Sebastián, Málaga o Alcalá de Henares, así como en la marcha en Madrid del próximo 4 de julio.
Vivir sin tener que ocultarse

“No quiero esconderme. Vivo abiertamente. En Bielorrusia no es fácil, pero quiero que la gente vea que soy una persona como las demás”. Ihar Tsikhanyuk fue interrogado, golpeado y amenazado por la policía por el hecho de ser conocido como drag queen, y tras haber intentado, en enero de 2013, legalizar el Centro de Derechos Humanos Lambda, ONG de apoyo a la comunidad LGBTI. Como él, miles de personas sufren discriminación y violencia. Las últimas estadísticas de mayo de 2015 del Observatorio de Personas Trans Asesinadas indican que entre enero de 2008 y diciembre de 2014 se reportaron 1.731 crímenes de odio contra personas transgénero en el mundo en 62 países. De ellas, en el 44% de los casos fueron personas con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, y se incrementó el número de menores respecto a años pasados.
Amnistía Internacional considera que es necesario que los crímenes de odio, que se distinguen porque contienen un carácter discriminatorio, sean investigados para acabar con la impunidad existente. “Pocos países cuentan con legislación sobre delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los Estados deben proteger a todas las personas contra la discriminación”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Luchar contra los estereotipos  

Las personas transgénero sufren discriminación en muchos aspectos, entre ellos en el reconocimiento legal de su identidad de género. Amnistía Internacional ha denunciado que para obtenerlo, todavía en más de 20 países europeos las personas transgénero tienen que someterse a tratamiento quirúrgico para eliminar sus órganos de reproducción, algo que conlleva la esterilización irreversible, así como a una evaluación psiquiátrica que les determine como “personas transgénero”. En países como Alemania, Noruega, Francia o Dinamarca, estos requisitos son necesarios incluso si lo único que desean es simplemente cambiarse el nombre. “En muchos países las personas transgénero no pueden ser quienes realmente son. Estos requisitos que se les exigen suponen una violación de derechos humanos”, ha señalado Esteban Beltrán.
Amnistía Internacional, en su último informe, señala que la mayoría de las personas que hablaron con la organización consideraban que el diagnóstico se basaba en estereotipos de género. Así lo explica por ejemplo Charlie, hombre transgénero que tuvo que convencer a los profesionales de la salud que le trataban de que su identidad de género no era un capricho: “Insistían en preguntarme si estaba seguro de que no era lesbiana y les interesaba saber lo que me gustaba en la cama. Tenías la sensación de que te estaban examinando. Cuando dije que era sexualmente dominante dijeron que podía ser hombre porque ésa era una típica conducta masculina”, relata.    
En España, aunque se ha eliminado el requisito del tratamiento quirúrgico, todavía se exige tratamiento médico e informe psiquiátrico para obtener el reconocimiento legal de género. AI ha pedido que se elimine cualquier requisito médico y psiquiátrico, siguiendo el ejemplo reciente de Dinamarca.
Más información
En el Día Internacional del Orgullo LGBTI Amnistía Internacional recuerda que todavía hay diez países (Afganistán, Brunei, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Yemen, y partes de Nigeria y Somalia) que castigan con la pena de muerte la homosexualidad, ilegal en alrededor de 80 Estados.
A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, existen avances en la lucha contra la homofobia. Son ya 19 países los que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos algunos de los más recientes, como Uruguay, Irlanda y Reino Unido.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción para exigir al gobierno noruego que elimine cualquier requisito médico a la hora de solicitar el cambio legal de género.


Tsukasa Kanda condenado a pena de muerte y ejecutado en Japón la pasada madrugada. ©murderpedia.org Las autoridades japonesas están intentando evitar el escrutinio público al llevar a cabo su primera ejecución este año mientras la atención del país está centrada en otro punto. Así lo manifestó Amnistía Internacional el jueves.
Tsukasa Kanda, de 44 años, fue ahorcado en la madrugada del jueves en el centro de detención de Nagoya. Había sido declarado culpable en 2009 de robo y homicidio.
La ejecución tuvo lugar cuando la atención política y de los medios de comunicación en el país estaba centrada en los controvertidos planes gubernamentales de ampliar la función del ejército en Japón.
“Mientras el país miraba hacia otro lado, las autoridades japonesas decidieron que era políticamente conveniente reanudar las ejecuciones. Quitar la vida a un hombre de esta manera es una política de alcantarilla", ha manifestado Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

“El gobierno está evitando un debate completo y franco sobre el uso de la pena de muerte porque los argumentos que plantea no resisten un escrutinio."

El gobierno japonés sigue alegando que la pena de muerte tiene un efecto "disuasorio general", pero al mismo tiempo ha reconocido que no existen pruebas "científicas" que fundamenten esa afirmación. Sencillamente, no existen pruebas creíbles de que la amenaza de la ejecución tenga un efecto más disuasorio respecto a la delincuencia que una pena de prisión. Este extremo ha sido confirmado por numerosos estudios realizados por la ONU y en numerosas regiones del mundo.
“Con esta última ejecución, el gobierno japonés está engañando a la opinión pública. El homicidio autorizado por el Estado no es la solución para la delincuencia, sino la violación última de los derechos humanos", ha declarado Hiroka Shoji.
Japón fue uno de los tan sólo 22 Estados que llevaron a cabo ejecuciones en 2014, frente a los 41 países que lo hicieron hace 20 años. En la actualidad, 140 Estados han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Japón y Estados Unidos siguen siendo los únicos miembros del G8 que llevan a cabo ejecuciones, pero incluso en Estados Unidos hay señales de que el uso de la pena de muerte está decayendo.
“Japón está aislado y desfasado respecto a la inmensa mayoría de países que han abandonado este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante", ha manifestado Hiroka Shoji.
“El gobierno debe elegir entre seguir llevando al país por una senda regresiva o poner fin a las ejecuciones y demostrar que valora los derechos humanos."
La ejecución es la número 12 llevada a cabo por el actual gobierno, que ocupó su cargo en 2012. Tres personas fueron ejecutadas en 2014, y 129 permanecen condenadas a muerte en el país.
Las ejecuciones en Japón están envueltas en un manto de secretismo, y lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados pocas horas antes; en algunos casos, no reciben aviso alguno. Por lo general, a los familiares no se les notifica la ejecución hasta que ésta se ha producido.
La falta de salvaguardias jurídicas adecuadas para los condenados a muerte de Japón ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.
Entre otras cosas, a los acusados se les niega la asistencia letrada adecuada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.
Varios condenados a muerte han declarado que "confesaron" el delito tras ser sometidos a tortura u otros malos tratos durante periodos prolongados de interrogatorio, sin la presencia de un abogado, bajo custodia policial. En algunos casos, esas "confesiones" fueron admitidas como prueba en el juicio y forman la base de su condena.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.


Acto público de presentación de la campaña #StopTortura en Tarragona © AI Madrid.- En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Amnistía Internacional ha recordado que ya es hora de que las autoridades españolas deroguen el régimen de incomunicación, que facilita la práctica de la tortura y los malos tratos y atenta contra los derechos básicos del detenido. Así se lo han recomendado además diversos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura (CAT) en sus recientes recomendaciones a España. Sin embargo, lejos de atender estas advertencias internacionales, en el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en el Congreso y en estos momentos en tramitación en el Senado, no se contempla su abolición y, sobre todo, ni siquiera se incorpora expresamente su inaplicación a menores de edad, a pesar de haberse comprometido a ello en la última revisión a España del CAT del pasado mes de mayo. AI se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que ponga fin a este régimen que, hasta el propio Ministerio de Interior ha dicho que no se ha aplicado en lo que va de año 2015 a los “80 presuntos terroristas detenidos”.  
Así se lo advierten también diversos organismos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado a España hasta seis veces en los últimos cinco años por no haber llevado a cabo investigaciones adecuadas ante denuncias de torturas cometidas durante la aplicación de este régimen de detención, lo que supone un importe de más de 120.000 euros en concepto de indemnizaciones y costas judiciales.
Falta de garantías para el detenido
En España una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días en régimen de incomunicación, donde no tiene derecho a designar un abogado de su elección, ni consultar con aquel asignado de oficio de manera confidencial, ni tener acceso a un médico de su elección, así como comunicar su paradero a la familia o a su consulado en caso de ser extranjero.
Amnistía Internacional ha publicado un informe que analiza el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llevado a cabo por el gobierno para poner en práctica la Directiva Europea sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea. Aunque esta reforma contempla algunos aspectos positivos, como el hecho de que la restricción de los derechos del detenido ya no se hace de manera automática sino que el juez tiene que determinar justificadamente cada una de esas limitaciones caso por caso, las autoridades españolas siguen desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales.
El pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura hizo públicas sus recomendaciones a España. Entre otras, reiteró la propuesta para que se derogue el régimen de incomunicación, y para que, en caso de que se aplique, se haga con un aumento de las garantías necesarias.
"Todas las personas, desde el mismo momento en que son detenidas, deben contar con salvaguardias fundamentales para el cumplimiento de sus derechos", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Tal y como recuerda el Comité, no debería haber ninguna limitación, aunque sea facultativa, a los derechos del detenido", ha añadido. Y es que, aunque se contempla el acceso de los acusados a los elementos esenciales de las actuaciones para poder impugnar la legalidad de la detención, existen algunas insuficiencias.
La organización exige que, hasta que no se derogue este régimen, se garantice el derecho a un abogado de su elección y a entrevistarse con él o con el de oficio en privado; a ser examinado por un médico de su elección y a poder notificar a sus familiares dónde se encuentra. “Además, las autoridades deben garantizar que los exámenes médicos se llevan a cabo de manera diligente, ya que se han detectado deficiencias en los informes forenses, y se deben instalar sistemas de grabación de audio y vídeo en las comisarías, salvo en zonas donde se pueda violar la intimidad o la confidencialidad”, ha señalado Esteban Beltrán.  
También el Instituto Vasco de Criminología publicó el pasado mes de diciembre un informe en en el que denunciaba que se han dado numerosas  denuncias  de tortura en  distintos  tipos  de  casos, especialmente bajo el régimen de incomunicación en legislación antiterrorista, así como en la última década de personas inmigrantes en dependencias policiales. En concreto, el documento recoge 3.587 denuncias de casos registrados en el País Vasco entre 1960 y 2013, que están en proceso de verificación de su “consistencia y credibilidad”.  
Información complementaria

El régimen de incomunicación se introdujo en 1980 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ya el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes lo denunció en su primera visita a España, en 1991, así como el Comité contra la Tortura, en su segundo examen a España, en 1993. A partir de ese momento la condena ha sido unánime por parte de los organismos internacionales.
Amnistía Internacional lleva años denunciando la falta de investigaciones adecuadas de los casos de tortura y malos tratos, no sólo en régimen de incomunicación sino también en en otros espacios, infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como por la impunidad de la que gozan sus responsables. La organización ha señalado además que las víctimas de tortura encuentran dificultades para obtener reparación. Por ejemplo, en la identificación de los responsables directos, y en la negativa del Estado a asumir la responsabilidad civil subsidiaria en buena parte de los casos, cuya última demostración ha sido el olvido de estas víctimas en la Ley del Estatuto de la Víctima.
AI tiene en marcha la campaña mundial #StopTortura, con la que trata de erradicar esta abominable práctica.


Refugiados y migrantes frente a la costa de la isla griega de Lesbos, 2015.© Michael S Honegger Los dirigentes de la Cumbre de la UE deben hacer más para resolver la crisis global de refugiados.
El fuerte incremento del número de personas refugiadas que llegan a las islas griegas del Egeo está tensando hasta el límite un sistema de recepción ya de por sí debilitado, y es síntoma de la falta de medidas por parte de los dirigentes europeos para abordar adecuadamente la crisis de refugiados. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en vísperas de la Cumbre de la UE que comienza hoy.
Una reciente misión de investigación a las islas y el seguimiento de dicha investigación revelan que los recién llegados –entre ellos, niños– se enfrentan a unas condiciones de recepción atroces. La mala planificación, el uso ineficaz de los fondos de la UE y la crisis creada por la congelación de la contratación de personal ha dejado a las autoridades griegas incapaces de satisfacer las necesidades y proteger los derechos de las personas refugiadas. Con cada mes que pasa, la crisis humanitaria, inflamada por el desastre económico griego, se intensifica.
“Decenas de miles de personas vulnerables que emprenden peligrosas travesías por mar para escapar de la guerra o la pobreza llegan a estas islas sólo para ser recibidas por un sistema de apoyo tambaleante. La mayoría de los recién llegados apenas tienen acceso –si es que llegan a tenerlo– a atención médica o humanitaria, y a menudo se ven obligadas a permanecer en condiciones de miseria en centros de detención atestados de gente o en campamentos al aire libre”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
La crisis humanitaria del Egeo no es simplemente una tragedia griega, sino el resultado del fallido sistema de migración europeo. Corresponde a los dirigentes de la UE que se reúnen esta semana reconocer que la insoportable tensión en los Estados fronterizos como Grecia o Italia es consecuencia de las fallidas políticas europeas en materia de migración. Deben aplicarse urgentemente soluciones eficaces para hacer frente a la crisis global de refugiados y para compartir de manera más equitativa la responsabilidad en toda la UE.”
La magnitud de la crisis
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional revela que al menos 61.474 refugiados llegaron a las islas griegas entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2015: muchos más que durante todo 2014 (43.500). El número de llegadas va en aumento, con la llegada de una media de más de 5.000 personas en las primeras tres semanas de junio.
A causa del aumento de la seguridad en las fronteras, el cierre con vallas de la frontera terrestre con Turquía y la práctica de las “devoluciones en caliente” –la expulsión colectiva ilegal de migrantes a través de la frontera, de vuelta a Turquía–, la inmensa mayoría de las personas refugiadas y migrantes intentan el viaje por mar.
Pese a que el gobierno ha condenado las “devoluciones en caliente”, y el número de estas devoluciones en el mar parece haber disminuido, la práctica continúa en la frontera greco-turca, donde Amnistía Internacional ha recabado testimonios de casos de devoluciones violentas.
Al describir cómo formaba parte de un gran grupo de personas refugiadas que fueron devueltas en caliente a Turquía el 14 de abril de 2015, un refugiado sirio relató a Amnistía Internacional los malos tratos que había sufrido a manos de agentes de la policía griega que llevaban el rostro cubierto por pasamontañas. “Empezaron a darnos puñetazos y patadas mientras estábamos en el suelo. Me agarraron del pelo y me empujaron hacia el río.”
“Por nuestra investigación queda claro que, pese a las condenas gubernamentales, siguen produciéndose brutales devoluciones en caliente”, ha manifestado John Dalhuisen. “Estas devoluciones desde las fronteras terrestres de Grecia no sólo son ilegales en virtud del derecho internacional, sino que impulsan a un número cada vez mayor de personas refugiadas desesperadas a lanzarse a peligrosas travesías por el Egeo.”
Un sistema de primera recepción fallido
En las islas sólo hay dos Unidades Móviles de Primera Recepción (en Lesbos y Samos). Sin embargo, la mayoría de los recién llegados no tienen acceso a Servicios de Primera Recepción. Estos servicios, concebidos para determinar la nacionalidad de los recién llegados y proporcionarles atención médica, psicosocial y humanitaria básica, están en una situación de precariedad a causa de la grave falta de personal, o directamente no existen, en islas con un gran número de llegadas, como Cos o Quíos.
Un refugiado afgano recluido junto con su esposa y dos hijos pequeños en Lesbos dijo a Amnistía Internacional: “Mis hijos dormían con la ropa mojada […] nadie vino a comprobar cómo estábamos. La situación aquí es mala, mis hijos están enfermos, nosotros estamos enfermos […] Necesitamos un médico y ropa”.
La falta de un proceso de cribado da lugar a que no se identifique a miembros de grupos vulnerables, como los menores no acompañados. En 2014, las cifras oficiales indicaban que a las islas y a Evros habían llegado 1.097 menores no acompañados, y entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2015 habían llegado 216. Es probable que las cifras reales sean mucho más altas.
A causa del número limitado de plazas en los refugios, muchos menores no acompañados permanecen en los centros de detención para inmigrantes durante periodos prolongados: una media de 37 días.
Algunos menores no acompañados relataron a Amnistía Internacional los malos tratos sufridos; un niño afgano describió cómo un policía lo había arrojado al suelo en el centro de migrantes de Moria, en Lesbos. Otro, un muchacho afgano de 17 años que estuvo recluido durante 70 días en Moria, dijo a Amnistía Internacional en marzo de 2015: “No tenemos agua caliente para lavarnos […] muchos no tenemos ni siquiera mantas”.
Condiciones de reclusión inhumanas o degradantes
Las condiciones en los centros de detención incumplen notablemente las normas tanto internacionales como nacionales, y pueden constituir trato inhumano o degradante. Existe un hacinamiento crónico y una falta de higiene, con retretes que se desbordan, colchones sucios, escasez de ropa de cama y para vestir, cortes de electricidad y falta de agua caliente.
Los recién llegados a menudo no reciben una muda de ropa, y se ven obligados a dormir con las prendas mojadas con las que han llegado. El hacinamiento ha provocado que muchas personas refugiadas tengan que dormir en espacios al aire libre, como los puertos.
En Lesbos, los solicitantes de asilo se ven obligados a dormir en un campamento ubicado en un aparcamiento cuya ocupación es del triple de su capacidad. El centro de detención para inmigrantes de Samos, cuya capacidad teórica es de 280 personas, albergaba a hasta 600 refugiados en junio, y la capacidad del centro de detención de Quíos (208 plazas) se había superado en más de 300 personas.
Las personas que solicitan asilo se ven a menudo obligadas a permanecer varias semanas detenidas mientras se registran sus solicitudes. Los graves impedimentos a los que se enfrentan los refugiados para solicitar asilo se deben a la insuficiencia tanto de oficinas regionales de asilo como de personal.
Hora de actuar
“Las crisis paralelas económica y de refugiados han creado una tormenta perfecta sobre las islas del Egeo que sólo una acción concertada de las autoridades griegas y los líderes europeos puede mitigar. Grecia debe proporcionar urgentemente guardacostas, policías y autoridades de primera recepción en las islas, con recursos suficientes para gestionar la recepción de los refugiados recién llegados”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Aunque la implementación de los planes de la UE para reubicar a migrantes puede aliviar un poco la presión sobre las islas griegas e italianas a corto plazo, lo que se necesita es más rutas seguras y legales para las personas refugiadas que acuden a Europa. Eso incluye más plazas de reasentamiento, además de un apoyo económico y operativo considerablemente mayor para la recepción y el procesamiento de las solicitudes de asilo, y una mayor libertad de circulación para las personas a las que se concede el asilo.”
La Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se celebrará en Bruselas el 25 y 26 de junio.
La investigación de Amnistía Internacional se llevó a cabo entre noviembre de 2014 y junio de 2015, e incluyó una misión a Grecia entre el 25 de febrero y el 2 de abril de 2015. Parte de la misión tuvo lugar en las islas de Quíos y Lesbos.
Activistas de las islas, Médicos sin Fronteras y el ACNUR están tratando de cubrir las enormes lagunas en los servicios de recepción proporcionando asistencia médica y humanitaria e información sobre el asilo.
La inmensa mayoría de las personas refugiadas recién llegadas prefieren no solicitar asilo en las islas, sino viajar a Atenas. Muchas continúan su viaje a otros países de la UE cruzando los Balcanes, mientras que otras intentan solicitar asilo en la Oficina Regional de Asilo de Ática. No obstante, el acceso al asilo se ha visto seriamente limitado desde final de mayo.
El reparto de la responsabilidad entre los Estados miembros incluye no sólo la ayuda económica sino también apoyo en cuanto a recursos humanos para registrar las solicitudes de asilo y realizar entrevistas. Se espera que el programa de reasentamiento propuesto por la Comisión Europea reduzca parte de la presión sobre Grecia e Italia. No obstante, todo programa de reasentamiento debe tener en cuenta las necesidades de los solicitantes de asilo, incluido su derecho a la unificación familiar.


Acto de Amnistía Internacional Turquía sobre la campaña SOS Europe. © AI

Madrid.- Los próximos días 25 y 26 de junio tendrá lugar una nueva reunión en Bruselas del Consejo de Europa. La migración y la situación en el Mediterráneo serán uno de los temas prioritarios. Se trata de un momento clave para que la Agenda Migratoria de la Unión Europea (UE) reciba el respaldo necesario por parte de los líderes europeos, incluido el de España, ya que las medidas propuestas solo tendrán éxito si los Estados Miembros de la UE establecen como prioridad la protección de las personas y el salvamento de vidas en lugar de seguir actuando como la Fortaleza Europa. Si no es así, el coste humano seguirá siendo incalculable.

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno para pedirle que las autoridades españolas apoyen las propuestas de la Agenda y colaboren para responder adecuadamente a la grave crisis de derechos humanos del Mediterráneo.

Para ello, deben anteponer la protección de las personas a la protección de las fronteras, un cambio en las políticas de migración y situar los derechos humanos en el centro de cualquier política del gobierno. Igualmente, la organización ha pedido al presidente información sobre cuáles son los medios materiales o financieros con los que España va a contribuir a la operación de salvamento y rescate. Por último, serán necesarias más plazas para refugiados en el programa de reasentamiento nacional.

Solo en los cuatro primeros meses de 2015, alrededor de 1.856 personas han muerto en el Mediterráneo en su intento de alcanzar territorio europeo. Tras meses y meses de mirar a hacia otro lado, la muerte de 800 migrantes y refugiados el pasado 18 de abril al volcar la embarcación en la que viajaban, puso de nuevo en evidencia unas políticas europeas en materia de inmigración más centradas en proteger fronteras que en dedicar recursos al salvamento de vidas.

El 13 de mayo, la Comisión Europea (CE) presentó la Agenda Migratoria de la UE, un pequeño avance que, entre otras medidas, reconoce la necesidad de intensificar las tareas de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo. Una de estas medidas propuestas es la ampliación del área geográfica de la Operación Tritón, lo que en la práctica significa poner más medios aéreos y navales más cerca de los lugares donde refugiados y migrantes corren más riesgo de ahogarse.

Por otra parte, aunque el incremento de la capacidad europea de búsqueda y salvamento es un avance, la realidad es que sigue habiendo vidas en peligro. Para adoptar un enfoque realmente global de la migración es necesario ofrecer rutas legales y seguras a quienes buscan protección internacional. Sin eso, la gente seguirá embarcándose, como último recurso, en peligrosas travesías a través del Mediterráneo para llegar a Europa.

Para lograr este objetivo, la organización tiene en marcha desde julio de 2012 la campaña #SOSEurope. Hasta el momento, Amnistía Internacional ha recogido casi 70.000 firmas en su centro de activismo on line dirigidas a las autoridades españolas y centradas en lograr un refuerzo de las operaciones de búsqueda y salvamento, así como la apertura de rutas legales y seguras para quienes huyen de situaciones de conflicto y persecución.

Rutas legales y seguras: El reasentamiento

La Agenda de la UE plantea algunas medidas positivas para reducir el número de personas que se ven obligadas a arriesgar sus vidas, bien en el mar, bien en manos de traficantes. Entre ellas, un Programa de Reasentamiento europeo, que debe complementar los programas nacionales, para unos 20.000 refugiados en los próximos dos años. Una cifra que se queda corta si la comparamos con las 380.000 personas solo de Siria, que según ACNUR se encuentran en necesidad de ser reasentadas.

Amnistía Internacional calcula que los países de la UE deben prepararse para reasentar a unos 100.000 de estos refugiados en el plazo de dos años, pero hasta el momento sólo se han comprometido a poco más de 40.000.

Sirios que huyen de la guerra y llegan a España

Hasta ahora el Gobierno español ha mantenido una política exterior en la que ha venido apoyando financiera y técnicamente a los países vecinos de Siria, pero la realidad es que la respuesta a las personas que huyen de la guerra y el horror debe mejorarse.

El Gobierno ha manifestado que las solicitudes de protección internacional de nacionales sirios son admitidas a trámite en su totalidad. Desde el inicio del conflicto hasta hoy, se han concedido 118 estatutos de refugiados y 1.187 estatutos de protección subsidiaria a ciudadanos sirios. Sin embargo, la mayoría de las personas que han accedido a España, lo han tenido que hacer a través de rutas peligrosas y entrando de manera irregular por las fronteras de Ceuta y Melilla. Amnistía Internacional lamenta que una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno español en 2012 fuera la exigencia de visados incluso de tránsito para aquellas personas de nacionalidad siria que pretendieran entrar a España.

El Gobierno español anunció en 2013 un programa de reasentamiento para traer a España a solamente 30 personas. A ese número se le sumaron otras 100 en 2014. A finales de 2014, el Gobierno aprobó una extensión del programa para 130 personas más en 2015, cifras que siguen siendo insuficientes.

En este sentido, Amnistía Internacional ha hecho llegar al Presidente del Gobierno más de 41.000 firmas recogidas en la ciberacción Siria, las cifras de la vergüenza, en la que la organización pide a las autoridades españolas que ofrezcan una respuesta adecuada a las personas que huyendo de Siria han buscado refugio en los países vecinos, ofreciendo un número mayor de plazas en el programa de reasentamiento y poniendo en práctica este programa de una manera digna.


Maritza Saavedra recibió una orden de desahucio © AI

  • AI publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos
  • Dos de las Comunidades Autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, Madrid y Cataluña, han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección
  • España sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido

Madrid.- Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” en el que denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios. La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
Medidas que desprotegen

En un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). En lugar de hacer frente a esa alarmante cifra, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.
Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. En ese sentido, ni la comunidad de Madrid ni el Gobierno central han adoptado medidas que sigan esta recomendación, y Cataluña no está implementando su Ley de derecho a la vivienda que promover el uso de la vivienda vacía.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.
Por último, el escaso periodo de calificación social de la vivienda (es decir, el tiempo por el cual a una vivienda se la considera “social”) en Madrid, la reducción del mismo en Cataluña y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales, también han generado desprotección en las personas.
“Todas estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar”, ha asegurado Esteban Beltrán.
Desigualdad en las negociaciones

“Me ha faltado información, porque mis padres no firmaron por 5 años como avalistas, firmaron de por vida”. Ainhoa Lafuente, uno de los casos descritos en el informe, cuenta como a la hora de firmar su contrato hipotecario, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían en riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejaron de poder pagar la cuota hipotecaria, y, con una hija a su cargo y tan solo una ayuda por desempleo de 337 euros, Ainhoa decidió volver a casa de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, asegura Ainhoa. El proceso ha afectado a toda la familia, también en cuestiones de salud: su padre ha tenido varios infartos y su madre ha sufrido un cáncer. Ainhoa todavía está en negociaciones con el banco: “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”.
Un periplo sin fin

Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al perder el empleo los dos, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca. Llegó una orden de desalojo: “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha, para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza.  
La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses, y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente una vecina les cedió una vivienda, por la que ahora pagan un pequeño alquiler: “Por lo menos estoy aquí tranquila con mi esposo y mis hijos pero siempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmente”, concluye.
Peticiones de Amnistía Internacional

El gobierno español debe:

  • Abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras no se adopten garantías de protección de derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
  • Crear un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas y que se priorizan soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
  • Realizar consultas con las personas afectadas y organizaciones, realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos y publicar datos desagregados.
  • Trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social y adoptar todas las medidas a su alcance para modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

Las Comunidades Autónomas deben:

  • Abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas.
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda. En relación a las viviendas vacías de propiedad privada, elaborar un censo actualizado  y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.
  • En especial, Madrid y Cataluña deben asegurarse que cualquier venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social. Además, deben revertir las medidas que reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas de inserción, claves para ayudar a las personas en el acceso a la vivienda.

Y los Ayuntamientos deben:

  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

Ehsan Shah Ghasemi, iraní de 24 años en riesgo de ejecución inminente.© Particular
Las autoridades iraníes deben conmutar con urgencia la condena de muerte a Ehsan Shah Ghasemi, joven de 24 años que corre riesgo inminente de ejecución tras un juicio con irregularidades que suscitó serias dudas acerca de su culpabilidad, ha manifestado Amnistía Internacional.

Ehsan Shah Ghasemi fue condenado a muerte por haber apuñalado a Ali Khalili en el cuello en julio de 2011, causándole lesiones que, presuntamente, le provocaron la muerte tres años más tarde, en abril de 2014. El Tribunal Supremo aprobó la condena pese a la falta de pruebas concluyentes de que el apuñalamiento fuera la causa de la muerte. Se espera que en los próximos días la ratifique el presidente de la Magistratura de Irán.

Ehsan Shah Ghasemi está viviendo una angustiosa pesadilla que conduce a la horca. Su vida está ahora en manos del presidente de la Magistratura, que debe decidir si el joven debe ser ejecutado tras un juicio  con graves irregularidades”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La pena de muerte es siempre un castigo cruel e inhumano, pero el caso de Ehsan Shah Ghasemi suscita tan serias dudas que la posibilidad de que sea ejecutado resulta más horrible aún.”

Ehsan Shah Ghasemi fue detenido en julio de 2011 por apuñalar a Ali Khalili durante una pelea callejera, cuando éste intentó impedirle poner música “ilegal” a un volumen muy alto en el automóvil donde viajaba junto con unos amigos.  

Tras ser detenido, lo recluyeron durante dos semanas en el centro de detención de Kahrizak, donde afirma que sufrió tortura y otros malos tratos. Estando bajo custodia, intentó ahorcarse con las sábanas de la cama. Según otros reclusos, los guardias de la prisión lo golpearon con porras por todo el cuerpo al encontrarlo inconsciente en la celda.  
Posteriormente, en 2012, un tribunal penal de Teherán lo condenó a tres años de prisión y al pago de una indemnización (diyah). Ese mismo año, Ali Khalili y su padre le concedieron un indulto, por lo que se sobreseyó la causa.

Sin embargo, Ehsan Shah Ghasemi fue detenido de nuevo al fallecer Ali Khalili en marzo de 2014. En octubre de 2014, tras un rápido juicio, lo condenaron a muerte en virtud del principio de “castigo equivalente al delito” (qesas).  

No se le permitió contratar los servicios de un abogado de su elección, y no tuvo asistencia letrada hasta que el fiscal llevó el asunto a juicio. Se cree, además, que, tras sufrir intimidaciones, su abogado se retiró de la causa antes de la primera sesión judicial. Se le asignó entonces uno de oficio, al que vio por primera vez en el juicio.

Si el presidente de la Magistratura de Irán no garantiza la conmutación de esta condena, se cometerá un error irreparable, como consecuencia del cual se ahorcará a un joven pese a haber múltiples explicaciones alternativas y no existir pruebas claras ni convincentes. El ayatolá Sadegh Larijani debe garantizar que se celebra un nuevo juicio, que cumpla estrictamente las normas internacionales sobre juicios justos y en el que no se recurra a la pena de muerte”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

Un dato significativo es que Ehsan Shah Ghasemi fue detenido de nuevo en 2014, más o menos a vez que el Parlamento de Irán estaba examinando la Ley de Protección de Quienes Promueven la Virtud y Previenen el Vicio, que autoriza a los ciudadanos a oponerse a las conductas o comportamientos considerados “anti-islámicos”. Desde entonces, las autoridades han calificado públicamente a Ali Khalili de “mártir”, muerto por promover los dogmas del islam.

Se teme que las autoridades iraníes hayan manipulado esta tragedia personal con fines políticos”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de quién sea la persona juzgada, el delito del que se la acuse, su culpabilidad o inocencia y el método de ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida.


Los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia incumplen las normas internacionales sobre uso de fuerza letal por parte de la policía. Así lo ha concluido hoy un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional Estados Unidos.

En el informe, titulado Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States, se pide que se reformen las leyes en los ámbitos estatal y federal para conformarlas con el derecho y las normas internacionales, que disponen que la fuerza letal sólo debe utilizarse como último recurso cuando sea estrictamente necesario para que los agentes de policía se protejan a sí mismos o protejan a otras personas frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

“La policía tiene la obligación fundamental de proteger la vida humana. La fuerza mortal debe reservarse como medida de último recurso absoluto”, ha manifestado Steven W. Hawkins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“El hecho de que absolutamente ningún estado del país cumpla en su legislación esta norma resulta sumamente inquietante, y suscita honda preocupación respecto a los derechos humanos. Es precisa una reforma, y de manera inmediata. Hay vidas en juego.”

El informe se basa en un examen de las normativas sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos. Amnistía Internacional ha examinado asimismo decisiones pertinentes de la Corte Suprema del país, directrices del Departamento de Justicia sobre el uso de la fuerza mortal, y los datos estadísticos disponibles, procedentes de fuentes como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Informes del Crimen Uniformes del FBI.

Además de concluir que todas las leyes estatales son excesivamente amplias e incumplen las normas internacionales al permitir a la policía utilizar fuerza letal en una amplia diversidad de circunstancias, el informe concluye que, además, 13 estados incumplen los niveles más bajos establecidos por el derecho constitucional estadounidense sobre el uso de fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Nueve estados y el Distrito de Columbia carecen de leyes sobre el uso de fuerza letal (Maryland, Massachusetts, Michigan, Ohio, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming).

El informe concluye asimismo que ninguna de las normativas de los estados sobre el uso de fuerza letal incluye disposiciones relativas a mecanismos de rendición de cuentas.

En estos momentos no existen estadísticas nacionales completas que hagan un seguimiento de las muertes o heridas a manos de la policía en Estados Unidos. Las estimaciones sobre el número de personas muertas anualmente en el país a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley oscilan entre las 400 y las 1.000 muertes.

Según los escasos datos gubernamentales disponibles, los afroamericanos se ven desproporcionadamente afectados por el uso de la fuerza letal. La población afroamericana de Estados Unidos asciende al 13 por ciento de la población general, y sin embargo representa un 27 por ciento de las personas muertas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El informe pide al Departamento de Justicia que recopile y publique estadísticas y datos sobre disparos de la policía, y que clasifique esos datos por raza, género, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y condición de indígena.

“Se necesita urgentemente un estudio nacional sobre las leyes, las políticas y la formación relativas a la fuerza letal”, ha manifestado Steven W. Hawkins.

“Pedimos al presidente y al Departamento de Justicia que creen un grupo de trabajo nacional encargado de llevar a cabo ese estudio e instituir reformas exhaustivas, incluida la existencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Si Estados Unidos quiere cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, estas políticas deben conformarse al derecho y las normas internacionales.”


Presidente de Camerún, Paul Biya. Copy: U.S. Embassy Yaounde, Cameroon [Public domain], via Wikimedia Commons Las autoridades de Camerún deben poner fin de inmediato a la reclusión ilegal desde haces seis meses de 84 menores de edad –algunos de sólo cinco años– que fueron arrestados durante una operación contra escuelas coránicas en el extremo septentrional del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El 20 de diciembre de 2014, las fuerzas de seguridad de Camerún irrumpieron en varias escuelas en una ciudad llamada Guirvidig y arrestaron a 84 menores y 43 hombres, entre ellos muchos profesores. Todos los menores excepto tres tienen menos de 15 años, y 47 tienen menos de 10. Las autoridades afirman que las escuelas se utilizaban como pantallas de “campos de adiestramiento de Boko Haram”.
Seis meses después, los menores continúan detenidos en un centro para menores de Maroua, principal ciudad de la región septentrional, pese a no haber sido acusados formalmente de ningún delito. En ausencia de atención de las autoridades locales, Unicef proporcionó colchones para el centro y el Programa Mundial de Alimentos ha suministrado alimentos que ya se están agotando.
Es inconcebible mantener a niños de tan corta edad lejos de sus padres durante tanto tiempo, y con tan poco apoyo. Los niños no quieren otra cosa que volver a casa y estar con su familia. No merecen convertirse en daños colaterales en la guerra contra Boko Haram”, ha afirmado Steve Cockburn, director regional adjunto para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.  
“Mantener detenidos a niños tan jóvenes no servirá para proteger a la población camerunesa que vive bajo la amenaza de Boko Haram. El gobierno debe cumplir su promesa de respetar los derechos humanos en la lucha contra Boko Haram, y poner en libertad a estos niños para que puedan reunirse sin demora con sus familias.”
En el último año, Camerún ha ampliado de forma significativa la presencia de las fuerzas de seguridad en la región situada en el extremo septentrional del país como respuesta a una serie de ataques en gran escala de Boko Haram en territorio camerunés. Numerosos civiles han sido ejecutados y secuestrados.
El 20 de diciembre, una fuerza conjunta de policías, gendarmes y militares acordonó barriadas de Guirvidig e irrumpió en escuelas a las que las autoridades locales habían acusado de reclutar a niños para Boko Haram. No se había informado de ataques previos en la ciudad.
Según testigos presenciales, durante la operación reunieron a los hombres y los niños y les hicieron esperar durante horas en una plaza pública antes de ser obligados a subir a bordo de camiones. Los niños permanecieron bajo custodia en la jefatura de la gendarmería durante cuatro días antes de ser trasladados a un centro para jóvenes bajo el control del Ministerio de Asuntos Sociales. A los hombres los llevaron a la Prisión Central de Maroua, donde continúan recluidos en condiciones extremadamente deficientes.
Uno de los niños relató los hechos a un investigador de Amnistía Internacional: “Estábamos leyendo el Corán cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la escuela. Pidieron los documentos de identidad y nos interrogaron. Dijeron que cavarían nuestra tumba y nos arrojarían a ella. Estábamos asustados. Después maltrataron a nuestros profesores. [...]  Algunos de ellos tenían sangre en la cara.”
De acuerdo con declaraciones de testigos reunidas por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad también entraron por la fuerza en varias casas, confiscaron bienes y pidieron sobornos a los residentes. Un padre vio que la gente daba dinero a las fuerzas de seguridad para conseguir la liberación de sus hijos arrestados. “Ese día yo no tenía dinero y se llevaron a mi niño”, dijo.
Varios hombres recibieron golpes durante su arresto, entre ellos un maestro del Corán de 39 años a quien golpearon reiteradamente con la culata de un fusil hasta que comenzó a vomitar sangre. Amnistía Internacional se entrevistó con él en la prisión de Maroua. No podía mantener la cabeza en una postura erguida y necesitaba ayuda para caminar. Ha sido trasladado al hospital para ser tratado de tuberculosis pero no ha recibido todavía tratamiento alguno para las lesiones que sufrió durante su arresto.
Investigadores de Amnistía Internacional han planteado el caso de los niños detenidos directamente a muchas autoridades camerunesas distintas. Aunque la mayoría reconocen que los niños no representan ninguna amenaza, nadie ha asumido la responsabilidad de facilitar su liberación y reintegración, dejando a los niños detenidos en un limbo.
Amnistía Internacional pide que todos los niños menores de 15 años sean liberados de inmediato y devueltos a sus familias, y que los mayores de 15 años sean liberados de inmediato a menos que sean acusados formalmente de un delito reconocible. De acuerdo con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Camerún es parte, 15 años es la edad mínima de responsabilidad penal.
Amnistía pide también a las autoridades de Camerún que abran una investigación independiente sobre los arrestos masivos y la ulterior reclusión en Guirvidig, y que garanticen juicios justos y condiciones de reclusión humanas para los hombres recluidos en la misma operación.