Amnistía Internacional España

Moses Akatugba. © Particular Un nigeriano que fue víctima de tortura y erróneamente condenado a muerte por un delito que se cometió cuando tenía 16 años ha sido indultado tras una intensa campaña llevada a cabo por activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo.

Moses Akatugba, condenado a muerte tras haber sido declarado culpable de robar tres teléfonos móviles hace 10 años, y que fue torturado repetidamente para obligarlo a firmar una confesión, ha declarado sentirse “abrumado” después de que el gobernador saliente del estado de Delta, en Nigeria, anunciara anoche que le había concedido un indulto completo.

El indulto de Moses Akatugba, quien, para empezar, jamás debió ser condenado a muerte, ya que era menor de edad en el momento del delito, es una victoria para la justicia y un recordatorio de que el poder de las personas y la campaña por los derechos humanos realmente pueden cambiar las cosas”, ha manifestado Netsanet Belay, director del Programa para África de Amnistía Internacional.

“Sin los miles de cartas enviadas en apoyo de Moses por sus simpatizantes en todo el mundo, quizá la libertad no se habría conseguido.”

El de Moses es uno de los casos en los que se centra la campaña global de Amnistía Internacional Stop Tortura, y fue destacado en la campaña “Escribe por los derechos” de 2014. En total se emprendieron más de 800.000 acciones en todo el mundo para pedir al gobernador del estado de Delta, Emmanuel Uduaghan, que conmutara la condena de muerte.

En una declaración realizada tras el anuncio del gobernador Uduaghan, Moses declaró: “Me siento abrumado. Quiero dar las gracias a Amnistía Internacional y a sus activistas por el enorme apoyo que me hizo salir victorioso de esta situación.”

“Los miembros y activistas de Amnistía Internacional son mis héroes. Quiero asegurarles que este enorme esfuerzo que me han dedicado no será en vano: por la gracia especial de Dios, estaré a la altura de sus expectativas. Prometo ser un activista de derechos humanos, para luchar por otras personas.”

Moses dio también las gracias a Justine Ijeomah, que dirige la ONG nigeriana Fundación Derechos Humanos, Desarrollo Social y Medio Ambiente (HURSDEF, por sus siglas en inglés), y al gobernador Uduaghan por “mantener su palabra”.

En octubre de 2014, el gobernador Uduaghan respondió a las presiones de los activistas de Amnistía Internacional y declaró que estaba estudiando el caso. Concedió el indulto a Moses ayer, su penúltimo día en el cargo.

Detenido y torturado siendo niño

Moses Akatugba tenía 16 años cuando fue detenido en 2005 por robo a mano armado. Según afirma, los policías lo golpearon repetidamente con machetes y porras.

Según dijo a Amnistía Internacional, los policías lo ataron y lo mantuvieron colgado durante varias horas, y luego le arrancaron las uñas de las manos y los pies con unos alicates. Después lo obligaron a firmar dos “confesiones” ya escritas.
 
“Moses no era más que un niño cuando fue detenido y torturado. Y, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, no debería haber sido condenado a muerte, pues era menor de edad en el momento de cometerse el delito”, ha manifestado Netsanet Belay.

“Los gobernadores de Nigeria deberían conmutar las condenas de muerte de todos los presos en espera de ejecución en sus respectivos estados, incluidos muchos que corren peligro inminente de ser ejecutados tras investigaciones criminales igual de defectuosas.”

Antes de abandonar hoy su cargo, el gobernador Uduaghan conmutó también la condena de muerte de otros tres presos.

Ahora que el nuevo presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, toma posesión de su cargo, Amnistía Internacional le pide que dicte de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

En la actualidad, más de 1.500 personas permanecen en espera de ser ejecutadas en Nigeria, entre ellas algunas que eran menores en el momento del delito. En 2013, Nigeria reanudó las ejecuciones al ahorcar a cuatro personas pese a una moratoria “voluntaria”.


El presidente ruso, Vladimir Putin, en una conferencia de prensa en el Kremlin 10 de mayo 2015 en Moscú. Foto por Alejandro Aksakov / Getty Images. El decreto firmado hoy por el presidente Vladimir Putin, declarando las muertes de soldados rusos “en tiempo de paz” secreto de Estado, es un atentado más a la libertad de expresión en el país, ha manifestado Amnistía Internacional.

El nuevo decreto, que prohíbe toda información sobre pérdidas de tropas rusas “durante operaciones especiales” en tiempo de paz aparece en un momento en que, desde hace ya tiempo, se viene acusando al presidente Putin de enviar ayuda militar a los separatistas del este de Ucrania.  

“No sólo es este decreto un atentado manifiesto a la libertad de presión, sino que además tiene siniestras connotaciones que harán que se especule todavía más sobre la posibilidad de que el presidente Putin tenga algo que ocultar, concretamente la pérdidas del  ejército ruso en Ucrania”, ha señalado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

El Kremlin ha negado constantemente haber enviado tropas y armas para ayudar a las fuerzas separatistas del otro lado de la frontera.

“Con la firma del decreto aumenta también el temor por la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación y los activistas de la sociedad civil rusos, que sufren ya hostigamiento por intentar informar del conflicto de Ucrania con independencia.”

Hasta hoy se consideraba secreto de Estado toda pérdida ocurrida en las tropas rusas durante la guerra.

El gobierno ruso ha consolidado en los últimos años su control sobre los medios de comunicación convencionales, algunos de los cuales, así como varios periodistas, han sufrido hostigamiento por su información sobre el conflicto de Ucrania.  

En agosto del año pasado se dieron varios casos de agresiones a periodistas que pretendían informar sobre funerales secretos de militares rusos muertos presuntamente en Ucrania.

Uno de ellos, ocurrido el 29 de agosto, fue el Lev Shlosberg, editor de Pskovskaya Guberniya –primer periódico que informó de funerales secretos–, que fue golpeado brutalmente y tuvo que ser hospitalizado por lesiones sufridas en la cabeza. En la investigación policial subsiguiente no se identificó a los agresores.

“Este nuevo decreto obliga a plantearse preocupantes preguntas, como si se procesará por traición a los periodistas y los activistas de la sociedad civil que informen sobre presuntas pérdidas ocurridas en Ucrania en el futuro”, ha añadido John Dalhuisen.

“Supone además que las familias de los soldados muertos en ‘operaciones especiales’ se verán privadas de la verdad sobre la  suerte que corrieron sus seres queridos.”


Con una nueva ejecución que ha tenido lugar hoy, son ya 90 las llevadas a cabo en Arabia Saudí en lo que va de año, la misma cifra que en todo 2014, ha manifestado Amnistía Internacional.

Esta cifra de muertes es la mayor registrada por la organización en el mismo periodo en más de tres decenios y representa un repunte sin precedentes de las ejecuciones en un país que figuraba ya entre los principales ejecutores de la pena de muerte del mundo.  

“Dado que no estamos aún a mediados de año, el reino saudí parece haber alcanzado esta sobrecogedora cifra a un ritmo sin precedente –ha señalado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Este alarmante aumento de las ejecuciones sobrepasa incluso las espantosas cifras anteriores del país.”  

La víctima de la ejecución llevada a cabo hoy en Riad era un paquistaní declarado culpable de delitos de drogas. Casi la mitad de las ejecuciones que han tenido lugar en lo que va de año han sido por cargos relacionados con drogas, que no están incluidos en la categoría de los “más graves delitos”, por lo que aplicar la pena de muerte en tales casos constituye una violación del derecho internacional. Las propias autoridades no incluyen los delitos de drogas entre los que comportan penas impuestas por mandato divino según el derecho islámico o sharia, sino que consideran que la imposición de la pena de muerte en tales casos es discrecional.  

El método de ejecución más común en Arabia Saudí es la decapitación, que a menudo se lleva a cabo en plazas públicas. A veces,  en algunas provincias del sur, se ejecuta al condenado por fusilamiento.

En Arabia Saudí, los acusados, incluso cuando son condenados a muerte, son declarados culpables en gran número de casos tras deficientes procedimientos judiciales, que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos
. A menudo se los condena en virtud únicamente de “confesiones” obtenidas con coacción; se les niega asistencia letrada en el juicio, que a veces se celebra en secreto, y no se los mantiene informados de la marcha del procedimiento.

En el caso de algunos delitos punibles con la muerte, el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente que los jueces no necesitan demostrar la culpabilidad del acusado, sino que pueden condenarlo a muerte según su criterio basándose sólo en sospechas.  

“El compromiso inquebrantable de las autoridades saudíes con esta brutal forma de castigo resulta realmente espantoso, dadas las considerables deficiencias de su sistema de justicia”, ha añadido Said Boumedouha.

El uso de la pena de muerte es cruel e inhumano en todas las circunstancias, pero resulta aún más indignante cuando va dirigido contra personas condenas en juicios que son parodias de justicia.”

Un aspecto preocupante es que en los dos últimos años se ha condenado a muerte a un considerable número de chiíes participantes en protestas, celebradas en muchos casos en la Provincia Oriental de Arabia Saudí tras los levantamientos populares multitudinarios de 2011, que derrocaron a varios gobernantes autoritarios de la región aferrados desde hacía mucho tiempo al poder.

Entre estas personas condenadas a muerte figura el clérigo chií más notable de Arabia Saudí, Sheikh Nimr al-Nimr,  a quien se impuso la pena capital en octubre de 2014 tras un juicio lleno de irregularidades. Su sobrino, Ali-al-Nimr, fue condenado a muerte en mayo de 2014 por presuntos delitos cometidos siendo menor de edad y en virtud únicamente de  “confesiones” hechas, según dijo, bajo tortura. El derecho internacional prohíbe imponer la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito.

El año pasado fueron condenados también a muerte otros seis chiís participantes en protestas, y decenas más están en espera de juicio debido a cargos por los que el fiscal pide la pena capital. Muchos de ellos han denunciado malos tratos bajo custodia y falta de garantías en los procedimientos judiciales.

La afirmación de las autoridades saudíes de que la pena capital disuade de cometer delitos es infundada.

“No hay datos convincentes que demuestren que la pena de muerte sirva de manera especial para disuadir de cometer delitos ni que sea más efectiva que otras forma de condena –ha explicado Said Boumedouha–. En vez de acelerar las ejecuciones, las autoridades saudíes deben declarar de inmediato su suspensión son miras a abolir la pena capital.”

Información complementaria
En el último informe mundial sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2015, Arabia Saudí figura entre los tres principales verdugos del mundo, después de China e Irán.

A fecha de 31 de diciembre de 2014, 140 países habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena capital en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, la culpabilidad o inocencia del acusado y el método de ejecución.


Dos migrantes leen una información tras ser registrados tras su llegada al puerto de Nápoles (Italia) en un barco de la guardia italiana junto a otras 600 personas en mayo de 2015. EPA/CESARE ABBATE. El incremento de los recursos y el área de actuación de la operación Tritón, confirmado hoy por la Comisión Europea (CE) al presentar propuestas adicionales en torno a la Agenda Europea de Migración, supondrá por fin un avance para cerrar el vacío de búsqueda y salvamento dejado por la clausura de la operación italiana Mare Nostrum, y permitirá salvar más vidas en el mar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
“Al añadir recursos para patrullar el Mediterráneo central y ampliar el área de actuación de Tritón para alcanzar el nivel de la clausurada operación Mare Nostrum, la Unión Europea ha reconocido por fin el colosal error que supuso cerrar la operación italiana sin sustituirla por una misión equivalente. En la práctica, esto significa más recursos en el mar, más cerca del lugar donde la mayoría de las personas refugiadas y migrantes, a bordo de embarcaciones abarrotadas y no aptas para la navegación, se encuentran con problemas y corren peligro de ahogarse. Y, en última instancia, se salvarán más vidas”, ha manifestado Iverna McGowan, directora en funciones de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
Aunque Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por el importante incremento de la capacidad europea de búsqueda y salvamento, la realidad es que seguirá habiendo vidas en peligro. Para adoptar un enfoque realmente global de la migración será necesario ofrecer más rutas seguras y legales a quienes buscan protección internacional. Sin eso, la gente seguirá embarcándose, como último recurso, en peligrosas travesías a través del Mediterráneo para llegar a Europa.
Una de las medidas que Amnistía Internacional ha estado pidiendo es un mayor número de plazas de reasentamiento para personas refugiadas. La UE ha presentado hoy una propuesta sobre reasentamiento en el contexto de la Agenda Europea de Migración. La propuesta de un amplio programa de reasentamiento de la Unión Europea (UE) que implique a todos los Estados miembros, y que venga a sumarse a los programas de reasentamiento nacionales ya existentes, es una buena idea. Pero las cifras propuestas no alcanzan lo que sería una respuesta adecuada a la crisis global de refugiados.
La CE ha propuesto también un programa de emergencia para apoyar a Italia y Grecia mediante la reubicación en otros Estados miembros de la UE, durante un periodo de dos años, de 40.000 de los solicitantes de asilo sirios y eritreos que han llegado desde el 15 de abril a estos dos países. Para asegurarse de que esos planes garantizan una protección efectiva a personas vulnerables, deben abordarse varias consideraciones prácticas.
“Para que cualquier propuesta de reubicación consiga dar lugar a un cambio positivo en la vida de quienes lo necesitan, es imprescindible mejorar las condiciones de recepción, reforzar los sistemas de asilo en toda la UE y tener en cuenta la voluntad de los solicitantes de asilo”, ha declarado Iverna McGowan.


Vecinos del barrio de Bab al-Shab Sa’wan, en el este de Saná, Yemen, afectados por un ataque aéreo saudí. Mueren 17 personas en el acto.© AI En Saná, decenas de personas han sido víctimas de las municiones antiaéreas disparadas por el grupo armado Huthi que detonaron tras caer en zonas pobladas y causaron la muerte y mutilación de civiles. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Durante un viaje de una semana a la capital yemení, la organización habló con el personal médico de nueve hospitales y con habitantes de la zona, quienes le dijeron que la principal causa de víctimas en la capital había sido la munición antiaérea. Los ataques aéreos lanzados por la coalición encabezada por Arabia Saudí contra depósitos de armas en zonas residenciales han provocado más explosiones, y también han matado y herido a civiles.
“Los residentes de Saná se han visto atrapados en un mortífero fuego cruzado entre los ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí y la munición antiaérea del grupo armado Huthi. Ninguna de las dos partes ha tomado las precauciones necesarias para proteger vidas civiles, lo cual constituye una violación de las leyes de la guerra. En lugar de eso, han lanzado ataques que han tenido consecuencias devastadoras para la población civil”, ha manifestado Lama Fakih, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.
“Para los civiles afectados, da igual cuál de los dos bandos sea el responsable. El precio que pagan es el mismo.”
Fuego antiaéreo
Un médico del hospital de Al Thawra, uno de los hospitales públicos más grandes de Saná, dijo a Amnistía Internacional que la inmensa mayoría –en torno al 90 por ciento– de los pacientes ingresados con heridas de guerra en el hospital habían resultado heridos por fuego antiaéreo. Según dijo, antes del alto el fuego de cinco días de la semana pasada, en el hospital ingresaban a diario entre 17 y 23 pacientes con heridas de ese tipo. Un segundo médico del hospital confirmó también que la mayoría de los 1.024 pacientes heridos tratados allí durante el primer mes del conflicto habían resultado heridos asimismo por fuego antiaéreo.
Estas afirmaciones fueron respaldadas por el personal del hospital Germano-Saudí y del Hospital Moderno de Al Muyyad, donde un médico dijo a Amnistía Internacional que la mayoría de las personas heridas allí tratadas eran mujeres y niños con heridas de fragmentación causadas por munición antiaérea.
“El enorme número de heridas causadas por fuego antiaéreo en Saná señala un inquietante patrón de ataques en los que se está burlando la obligación, establecida por el derecho internacional, de proteger a los civiles durante un conflicto”, ha manifestado Lama Fakih.
Amnistía Internacional se reunió también con los padres de un niño muerto y con cuatro civiles que habían resultado heridos por fuego antiaéreo, entre ellos un niño de nueve años que había sufrido fractura de una pierna y heridas de fragmentación en el estómago, la ingle y un pie.
Fatmeh, madre de dos hijos, resultó herida junto con su bebé de un año y medio cuando un proyectil antiaéreo impactó en su casa de Saná el 30 de marzo. Sufrió varias heridas de fragmentación en la cabeza, la mano y el cuerpo.
Los padres de Karim Ali al Sagheer Farhan, de 13 años, describieron a Amnistía Internacional lo que le sucedió a su hijo, muerto el 27 de abril por un proyectil antiaéreo cuando salía de su casa camino de la mezquita para la oración del mediodía.

“Le oí gritar Allahu Akbar y recitar la shahada. Me puse la abaya y vi a los vecinos que lo llevaban al hospital […] Supe que había sido munición antiaérea por el ruido. Aquel día no hubo bombardeos”, declaró la madre de Karim.

El aparente uso, por parte del grupo armado Huthi, de munición antiaérea que detona al hacer impacto –lo que se conoce como detonador de contacto–, en lugar de con un avión o cuando ha aterrizado, o el uso indebido de munición de explosión aérea, ha causado la muerte y mutilación de civiles, y equivale a un incumplimiento de la obligación de tomar medidas adecuadas para proteger a la población civil, establecida en el derecho internacional humanitario.
La munición antiaérea de explosión aérea está diseñada para detonar en el aire, y reducir así las bajas civiles. Una grabación de vídeo en la que se ve el fuego antiaéreo disparado por Huthi en Saná el 20 de mayo muestra claramente que, al menos en algunos casos, el grupo armado está utilizando munición de explosión aérea.
Amnistía Internacional pide al grupo armado Huthi que no utilice munición antiaérea con detonador de contacto y que tome precauciones adicionales para proteger a la población civil cuando utilice otras municiones antiaéreas, incluida la de explosión aérea. El grupo armado Huthi y su brazo político Ansarullah deben también investigar los casos en los que, según la información disponible, su munición antiaérea ha causado daños a civiles, y deben indemnizar a quienes han sufrido daño, con medidas que incluyen el pago de su tratamiento médico y la reparación de los bienes dañados.
Ataques aéreos contra depósitos de armas
Muchas de las demás víctimas civiles de los hospitales que Amnistía Internacional visitó habían resultado heridas por explosiones secundarias cuando los ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí alcanzaron un depósito de armas en el barrio de Mount Nuqum el 11 de mayo.
Amnistía Internacional entrevistó a cuatro residentes de Mount Nuqum que habían presenciado el ataque y a otros siete que habían resultado heridos en explosiones secundarias causadas por los ataques aéreos, entre ellas cuatro niños y dos mujeres. Una de las mujeres heridas dijo que su hijo había muerto en la misma explosión que la había herido a ella. En el ataque murieron unas 40 personas, según el Ministerio de Salud, pero Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente esta cifra. En los hospitales de Al Thawra y Kuwait ingresaron para tratamiento casi 140 personas heridas en el ataque, según el personal y los registros hospitalarios.
Decenas de residentes resultaron asimismo heridos en un ataque aéreo anterior lanzado el 20 de abril contra un depósito de armas en Faj Attan, a las afueras de Saná.
Todos los residentes afectados por las explosiones de Mount Nuqum o Faj Attan dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas de coalición no habían dado ningún aviso previo del ataque inminente, a pesar de la aparente viabilidad de dar dicho aviso y de la probabilidad de que los civiles que vivían tan cerca del depósito resultaran heridos por explosiones secundarias. El no dar un aviso efectivo en esas circunstancias constituye una violación de las normas del derecho internacional humanitario. Los graves daños sufridos por la población civil a consecuencia de estos ataques suscitan también preocupación respecto a la proporcionalidad de dichos ataques.
Amnistía Internacional pide a Arabia Saudí y a los demás países de la coalición implicados en ataques aéreos que tomen todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el riesgo para los civiles, conforme establece el derecho internacional humanitario. Esto incluye cancelar o suspender un ataque si se hace evidente que el objetivo no es militar o que el ataque es probablemente desproporcionado, y dar un aviso efectivo de los ataques que puedan afectar a civiles, a menos que las circunstancias no lo permitan. Además, el grupo armado Huthi debe alejar sus posiciones militares de las zonas civiles pobladas siempre que sea factible.
Dado el creciente número de bajas en Yemen, Amnistía Internacional pide asimismo a todos los Estados suministradores de armas, munición, adiestramiento o cualquier otra tecnología o ayuda militar a Arabia Saudí que apliquen una cautela extrema y demuestren que ninguna de sus transferencias militares contribuirán a nuevas muertes y heridas de civiles.
“Ahora que se están reanudando los ataques aéreos y el fuego antiaéreo en Yemen, el número de víctimas civiles está ya empezando a aumentar”, ha manifestado  Lama Fakih.
“Hasta el momento, las dos partes han mostrado una escalofriante indiferencia hacia el mortífero impacto de sus acciones en los civiles. Todas las partes del conflicto pueden y deben tomar todas las medidas posibles para reducir al mínimo el riesgo de la población civil.” Los ataques aéreos de la coalición han causado la muerte a cientos de civiles desde que comenzaron el 25 de marzo de 2015. Amnistía Internacional ha documentado varios casos en los que los ataques aéreos pueden haber violado las normas del derecho internacional humanitario.


Esposas pared individual compradas a Eltraf Bis por estudiantes como parte del programa ‘​​After School armas Club’ en 2006. © Particular. Las compañías con sede en la Unión Europea (UE) siguen comercializando y vendiendo una serie de equipos de seguridad que pueden emplearse para infligir torturas y malos tratos, han advertido hoy Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega en la presentación de un nuevo informe.
Estas actividades continúan debido a las lagunas de la normativa europea vigente desde hace una década para restringir el comercio de estos bienes.
Grasping the nettle: Ending Europe’s trade in execution and torture technology detalla estas lagunas y explica cómo las instituciones y los Estados miembros de la UE pueden y deben cerrarlas. El informe se presenta con motivo de la apertura por el Parlamento Europeo el 28 de mayo de un nuevo debate sobre enmiendas propuestas al Reglamento europeo sobre comercio de materiales de tortura en vigor desde 2006.
“Europa ha recorrido un largo camino para poner fin al repugnante comercio de algunas de las herramientas y tecnologías más siniestras del mundo que se pueden usar para torturar y ejecutar a personas", afirmó Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.
“Pero como muestra este nuevo informe, sigue habiendo lagunas significativas. Esto significa que las empresas pueden seguir beneficiándose del sufrimiento humano a pesar de las prohibiciones y controles existentes. Si Europa quiere liderar en serio la lucha para erradicar la tortura y abolir la pena de muerte, debe cerrar estas lagunas urgentemente.”
La UE cuenta desde 2006 con el único mecanismo regional del mundo para prohibir o controlar el comercio de equipos que podrían emplearse en la tortura o la pena capital.
Amnistía Internacional y Omega han puesto de relieve posteriormente las graves limitaciones del Reglamento y su desigual aplicación por los Estados de la UE. En los últimos años, la UE ha tratado de abordar estos defectos, incluso con una gran ampliación de las listas de productos prohibidos o controlados.
La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas para reforzar el Reglamento, que ahora estudian los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Amnistía Internacional y Omega apoyan muchas de estas propuestas y piden su adopción.
Sin embargo, el nuevo informe de estas organizaciones identifica las lagunas que quedan sin abordar en estas propuestas y que seguirían permitiendo que las empresas de la UE:
· Intermedien en la venta y transferencia de equipos de seguridad a países no pertenecientes a la UE, siempre que los acuerdos se hagan fuera de la Unión y los dispositivos no toquen suelo europeo;
· Promuevan abiertamente equipos previamente prohibidos —como las camas jaula (estructuras similares a jaulas montadas en un somier), los materiales para provocar descargas eléctricas destinados a ser llevados sobre el cuerpo o los instrumentos de inmovilización que sujetan a personas a objetos fijos— en ferias y exposiciones de armas de la UE, así como en Internet;
· Comercialicen equipos de seguridad a la policía —como pistolas paralizantes de electrochoque, porras de electrochoque y escudos de electrochoque— totalmente inadecuados para la aplicación de la ley;
· Proporcionen a las fuerzas policiales y militares asistencia técnica inadecuada, como adiestramiento en técnicas que en algunos casos podrían facilitar la tortura y otros malos tratos; 
· Introduzcan nuevas tecnologías y dispositivos en el mercado incluso cuando estos podrían usarse en la pena de muerte, la tortura u otros malos tratos.
“Aunque las propuestas de la Comisión son significativas, no abordan efectivamente varias debilidades y lagunas cruciales del Reglamento y su correspondiente régimen de control. Si los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo no abordan directamente estas cuestiones ahora, se perderá esta excepcional oportunidad para reforzar integralmente el régimen de control y cerrar unas lagunas que pueden aprovechar comerciantes sin escrúpulos", dijo el doctor Michael Crowley, de la Fundación de Investigación Omega.
“Ya es hora de que la Unión Europea agarre el toro por los cuernos y ponga fin de una vez al comercio de la tecnología de la tortura."
Información complementaria
Con la entrada en vigor en 2006 del Reglamento del Consejo Europeo 1236/2005, la UE introdujo unos controles comerciales vinculantes sin precedentes para una serie de materiales que a menudo se utilizan para aplicar la pena capital e infligir tortura y otros malos tratos ("herramientas de tortura"), pero que no suelen estar incluidas en las listas de control de las exportaciones militares, de doble uso o estratégicas de los Estados miembros de la UE.
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega ya han publicado tres informes, en 2007, 2010 y 2012, en los que identificaban lagunas concretas del Reglamento de la UE y omisiones de las dos listas de productos prohibidos y controlados de la Unión que han permitido que continúe el comercio de "herramientas de tortura".
El trabajo de incidencia en el ámbito de la UE en torno al informe de 2010 propició la decisión de la Comisión Europea al año siguiente de ampliar las dos listas para incluir otros componentes de equipos como los dispositivos de electrochoque que se sujetan el cuerpo, las porras con púas y ciertas sustancias empleadas para las inyecciones letales. No obstante, los expertos reconocieron que esto seguía siendo insuficiente para frenar el comercio, y la Comisión emprendió una revisión exhaustiva del Reglamento.
El 16 de julio de 2014, el Reglamento de Ejecución (UE) nº. 775/2014 amplió de nuevo las listas de productos prohibidos y controlados en virtud del Reglamento.
Este último informe de Amnistía Internacional y Omega pone de relieve las lagunas restantes que deben cerrarse urgentemente. Su intención es alimentar el debate que comenzará el 28 de mayo en la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo, y en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) en semanas posteriores. La relatora de la INTA es la eurodiputada Marietje Schaake (Países Bajos,  ALDE); la eurodiputada Barbara Lochbihler (Alemania, Verdes/EFA) expondrá la opinión para la DROI. Las enmiendas propuestas al Reglamento de la UE sobre el comercio de la tortura derivadas del debate se votarán en Comisión y serán sometidas a la votación del pleno del Parlamento Europeo a fines de este año.


Militantes de Hamas detienen a un palestino sospechoso de colaborar con Israel en la ciudad de Gaza en agosto de 2014. © REUTERS/Stringer. Las fuerzas de Hamás llevaron a cabo una brutal campaña de secuestros, tortura y homicidios ilegítimos de palestinos, acusados en muchos casos de “colaborar” con Israel, durante la ofensiva militar israelí contra Gaza de julio y agosto de 2014, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.
Con el título de ‘Strangling Necks’: Abduction, torture and summary killings of Palestinians by Hamas forces during the 2014 Gaza/Israel conflict (“Estrangular cuellos”: secuestros, tortura y homicidios ilegítimos de palestinos, perpetrados por las fuerzas de Hamás durante el conflicto de Gaza e Israel de 2014), el informe pone de relieve toda una serie de abusos, como la ejecución extrajudicial de al menos 23 palestinos y la detención y tortura de decenas más, en especial de miembros y simpatizantes del grupo político rival de Hamás, Fatah.
“Es verdaderamente horrible que, cuando las fuerzas israelíes estaban causando muerte y destrucción masiva a la población de Gaza, las fuerzas de Hamás aprovecharan para saldar despiadadamente cuentas, perpetrando homicidios ilegítimos y otros abusos graves”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En el caos del conflicto, la administración de facto de Hamás dio vía libre a sus fuerzas de seguridad para que cometieran terribles abusos incluso contra personas bajo su custodia. Estos actos estremecedores, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra, tenían por objeto tomar venganza y sembrar el terror en toda la Franja de Gaza.”
Muchos de estos homicidios ilegítimos se anunciaron públicamente como ataques llevados a cabo durante el conflicto de julio y agosto de 2014, contra personas que prestaban ayuda a Israel, en el marco de una operación contra los “colaboradores” conocida con el nombre en clave de “Estrangular cuellos”. Sin embargo, lo cierto es que al menos 16 de las personas ejecutadas se hallaban bajo custodia de Hamás desde antes de que estallara el conflicto. Muchas estaban a la espera del resultado de su juicio cuando las sacaron de la prisión y las ejecutaron sumariamente.
Asimismo, las fuerzas de Hamás secuestraron, torturaron o atacaron a miembros y simpatizantes de Fatah, su principal rival político dentro de Gaza, entre ellos muchos que habían pertenecido a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.
Ni una sola persona ha rendido cuentas por los delitos que cometieron las fuerzas de Hamás contra palestinos durante el conflicto de 2014, lo que indica que las autoridades ordenaron o consintieron que se cometieran.
“En vez de hacer valer la justicia, las autoridades y los líderes de Hamás fomentaron y facilitaron continuamente estos terribles delitos contra personas indefensas. El hecho de que no hayan siquiera condenado los homicidios ilegítimos, secuestros y tortura de sospechosos supone que tienen las manos manchadas de sangre”, ha añadido Philip Luther.
Atta Najjar, ex agente de policía de la Autoridad Palestina, había sido detenido en 2009 y sufría una discapacidad mental. Estaba cumpliendo una pena de 15 años de prisión que le había sido impuesta por un tribunal militar tras declararlo culpable de “colaborar” con Israel. El 22 de agosto de 2014, lo sacaron de la prisión y lo ejecutaron.
“Su cadáver presentaba marcas de tortura y disparos de bala. Tenía fracturadas las piernas y los brazos […] el cuerpo estaba como si te meten en una bolsa y te destrozan a golpes […] estaba acribillado a balazos, alrededor de 30. Tenía marcas de carnicería alrededor del cuello, marcas de cuchillo […]. Y por la nuca: no había cerebro. Vacía […] Nos costaba llevarlo […] pesaba, como cuando metes carne en una bolsa, sin huesos. Tenía los huesos destrozados. Lo destrozaron en prisión”, explicó su hermano, que recuperó el cadáver en el depósito del hospital de Al Shifa el 22 de agosto de 2014.
Ocho detenidos estaban siendo todavía juzgados por el cargo de “colaboración” con Israel en el momento de su ejecución. Otros seis se hallaban a la espera del resultado de sus recursos de apelación contra las condenas de muerte que les habían impuesto un tribunal militar en Gaza por el mismo cargo. Dos más habían sido declarados culpables y estaban cumpliendo penas de cárcel cuando los ejecutaron. Muchos habían sido condenados en juicios sin garantías, ante tribunales cuyos procedimientos son manifiestamente injustos. Algunos habían denunciado haber sido torturados para obligarlos a hacer “confesiones”.
Ibrahim Dabour, empleado de una compañía de seguros y padre de dos hijos, se hallaba recluido en la prisión de Katiba, en la ciudad de Gaza, en espera de juicio ante un tribunal militar por el cargo de “comunicarse con bandos hostiles”, cuando se lo llevaron para ejecutarlo extrajudicialmente por fusilamiento el 22 de agosto de 2014.
“No enteramos de la ejecución por la gente de nuestro alrededor hacia la una de la tarde. No hubo notificación oficial. Lo ejecutaron el viernes a las nueve y media de la mañana. Esa noche, a las 10.31, mi hermano recibió un mensaje de texto que decía: La sentencia contra Ibrahim Dabour se ha ejecutado de acuerdo con la sharia según el fallo del Tribunal Revolucionario”, contó su hermano a Amnistía Internacional.
“Incluso si lo hubieran condenado a muerte, habría habido un proceso de apelación y otras alternativas. Lo que hicieron no tiene nada que ver con la justicia; es criminal. Así son los actos de las milicias”, añadió.
Uno de los casos más terribles es el de seis hombres a quienes las fuerzas de Hamás ejecutaron públicamente el 22 de agosto a las puertas de la mezquita de Al Omari, delante de centenares de espectadores, incluidos niños. Hamás anunció que eran presuntos “colaboradores”, condenados a muerte por “tribunales revolucionarios”. Encapuchados, los arrastraron por el suelo y los situaron, de rodillas, junto a una pared, de cara a la multitud; entonces pegaron a cada uno un tiro en la cabeza, antes de acribillarlos a todos a balazos con un AK-47.
“Los líderes de Hamás piden reiteradamente derechos y justicia para los palestinos de Gaza y los demás territorios. Sin embargo, no siempre obran de manera que refleje respeto por los derechos, la justicia y el imperio de la ley. Al no poner fin a tan graves abusos, las autoridades de Hamás arrastran el nombre de la justicia por el barro y aprueban estos terribles delitos”, ha señalado Philip Luther.
Además de perpetrar homicidios ilegítimos, Hamás sometió a tortura a otras personas secuestradas, con métodos como propinarles fuertes palizas con porras, culatas de fúsil, mangueras y cables o tenerlas en posturas en tensión. Algunas fueron interrogadas y torturadas o sometidas a otros malos tratos en un ala de consultas externas en desuso del hospital del Al Shifa, el más importante de la ciudad de Gaza. Al menos tres personas detenidas durante el conflicto por presunta “colaboración” murieron bajo custodia.
“Las fuerzas de Hamás han dado clara muestra de falta de respeto por las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario. La tortura y los tratos crueles a personas detenidas durante un conflicto armado constituyen un crimen de guerra. Las ejecuciones extrajudiciales también son crímenes de guerra. La administración de facto de Gaza debe transmitir a todas las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley el mensaje de que tienen que dispensar en todo momento un trato humano a las personas detenidas. Deben investigarse de manera imparcial e independiente todas las denuncias de ejecución extrajudicial y tortura, a fin de poner a los responsables a disposición judicial para que sean sometidos a juicio con garantías”, ha afirmado Philip Luther.
Amnistía Internacional pide a las autoridades palestinas, incluida la administración de facto de Hamás en Gaza, que cooperen con los mecanismos independientes e imparciales de investigación, sean judiciales o no judiciales, entre ellos la comisión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2014. Deben intentar garantizar que los casos documentados en el informe de Amnistía Internacional, entre otros, se investigan de manera imparcial e independiente y que, si hay pruebas admisibles suficientes, los presuntos responsables comparecen ante la justicia en procedimientos que respeten plenamente las normas internacionales sobre juicios justos y en los que no se recurra a la pena de muerte.


Activistas a favor del “Sí” en el referedum irlandés sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. © YesEquality Facebook. Hoy Irlanda se ha convertido en el primer país del mundo que introduce la plena igualdad respecto al matrimonio civil para toda su ciudadanía, independientemente de su orientación sexual, a través de una votación popular.
En el histórico plebiscito un 62,1% del electorado irlandés votó a favor de modificar la Constitución del país para incluir la siguiente frase: “Pueden contraer matrimonio de acuerdo con la ley dos personas sin distinción de su sexo”, frente al 37,9% que se declaró en contra. Irlanda se convierte así en el 19 país del mundo que aprueba la libertad de matrimonio para parejas del mismo sexo, y el primero en hacerlo mediante referéndum.
Amnistía Internacional Irlanda hizo campaña a favor del sí. Amnistía Internacional, como organización mundial, viene pidiendo desde 2007 a todos los Estados que pongan fin a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género en las leyes sobre matrimonio civil.
Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda ha dicho: “La decisión tomada por el pueblo irlandés en referéndum nacional tiene una enorme importancia. Sin duda tendrá una profunda repercusión para las personas de este país, pero también resonará en todo el mundo, puesto que transmite a las personas LGBTI de todas partes el mensaje de que ellas, sus relaciones y sus familias importan. Que tienen derecho a los mismos derechos humanos que sus hermanos y hermanas heterosexuales, y a una protección plena e igualitaria ante la ley.
“El resultado del referéndum envía una clara señal a los gobiernos y Estados que siguen discriminando a las personas LGBTI y violan sus derechos humanos. Y lo que es más importante, transmite un mensaje de esperanza a todas las personas que en todo el mundo luchan por la justicia, la libertad y la igualdad”.
El referéndum se celebró a los dos años de que la Convención Constitucional, una asamblea de ciudadanos creada por el gobierno irlandés, recomendara que se modificara la Constitución para permitir el matrimonio civil de parejas del mismo sexo.
La victoria del sí en el referéndum es resultado de muchos años de actividad de campaña por parte de grupos de la sociedad civil como Marriage Equality, Irish Council for Civil Liberties y GLEN (Gay and Lesbian Equality Network).
Colm O’Gorman ha declarado: “Amnistía Internacional Irlanda se enorgullece de haber formado parte de esta campaña y está encantada con el resultado. Nos parece especialmente alentador el tono y el enfoque de la campaña, que en la mayoría de los casos ha sido afirmativa, positiva e incluso gozosa. Esto se hizo especialmente evidente en la energía y el compromiso demostrado por los muchos miles de personas que se agruparon bajo el lema del sí a la Igualdad (Yes Equality) en las grandes y pequeñas ciudades y pueblos de toda Irlanda para hacer campaña puerta a puerta y calle a calle. Ellas lo hicieron posible y suya es la victoria.”
"Ante una sencilla pregunta sobre justicia, igualdad y respeto, Irlanda ha dicho sí. El pueblo irlandés ha hecho  historia al elegir la solidaridad por encima de los prejuicios, y con ello enviar una positiva señal a quienes aún luchan por la igualdad de derechos en todo el mundo”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.


La localidad de Bentiu, en Sudán del Sur, tras sufrir un devastador ataque, en un imagen tomada en marzo de 2014. © Amnesty International. Nuevas investigaciones realizadas por Amnistía Internacional sobre el aumento de la actividad militar en Sudán del Sur durante las últimas semanas revelan claramente que los esfuerzos regionales e internacionales por poner fin al sufrimiento humano que causa el conflicto armado del país han fracasado.
Los investigadores de la organización acaban de regresar de Bentiu, estado de Unity, donde han documentado violaciones de derechos humanos, como homicidios, secuestros y violencia sexual contra civiles.
“El repunte de los combates entre las partes en el conflicto es una indicación clara de que los líderes de Sudán del Sur tienen poco interés en que cesen las hostilidades, mientras que la región y el resto de la comunidad internacional son reacios a tomar medidas decididas para abordar las reiteradas atrocidades”, ha señalado Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía Internacional.
Millares de personas han huido a la base de la ONU en Bentiu debido a la intensificación de los combates en el Estado de Unity entre el Ejército/Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición y las fuerzas de gobierno y sus grupos de jóvenes y milicias aliados.
Quienes huyen de la violencia en los condados de Rubkona, Guit, Koch y Leer hablan constantemente de elementos de las fuerzas del gobierno, unos con uniforme del SPLA y otros vestidos de civil, en su mayoría de la rama bul del grupo étnico nuer, que atacan sus poblados blandiendo hachas, machetes y armas de fuego.
Las personas entrevistadas hicieron estremecedores relatos sobre elementos de las fuerzas del gobierno que incendiaban poblados enteros, mataban y golpeaban a sus habitantes, robaban el ganado y otros bienes, cometían actos de violencia sexual y secuestraban a las mujeres y los niños.
Una mujer de 45 años contó a Amnistía Internacional que el 8 de mayo por la mañana llegaron a Panthap, condado de Rubkona, las fuerzas del gobierno y, tras ordenar a los habitantes sacar todos sus bienes, se llevaron todo lo de valor. Explicó que a ella la golpearon con un palo, pero que no mataron a nadie. Huyó con alrededor de 200 personas más y llegó al campo de la ONU para desplazados de Bentiu el 12 de mayo.
Una mujer de Chatchara, condado de Rubkona, describió así el ataque que un grupo de jóvenes, aliados, creía, con el gobierno, había llevado a cabo contra su pueblo el 7 de mayo: “Vinieron y dijeron: ‘sacad vuestras cosas’. Luego quemaron nuestro tukul [estructura de barro y techo de paja]. Nos golpearon con palos y barras de metal, mientras decían: ‘¿dónde están los niños y los jóvenes?’. Se llevaron nuestras cosas, el maíz y la ropa, y nos obligaron a llevarlos a Mayom. Íbamos muchas mujeres del poblado. Una mujer estaba muy cansada y la mataron. Dispararon también contra su hija de dos años”. Al final, la mujer quedó libre. También ella consiguió llegar al campo de la ONU de Bentiu.
Un hombre de 70 años, también de Chatchara, describió similares palizas, incendios y saqueos de las fuerzas del gobierno: “Cuando llegó el SPLA, me golpearon y quemaron mis tres tukuls y todos los tukuls del poblado. Se llevaron las vacas y las cabras. Dispararon a algunos niños en el tiroteo. Mataron a muchas mujeres y niños. Vi llevarse a mujeres y niños pequeños para obligarlos a cuidar de las vacas y las cabras. Se llevaron a mi nieta, una niña de 13 ó 14 años.”
Una mujer de 20 años del condado de Guit contó que un grupo de soldados del SPLA y jóvenes armados atacaron su poblado el 7 de mayo: “Mataron incluso a los niños de corta edad y a los ancianos. Prendieron fuego a los graneros, donde teníamos el maíz. Fueron a mi casa y dispararon a mi sobrino, que tenía alrededor de 20 años. Azotaron a mi madre con una cuerda de atar a la vacas. Le decían: ‘¿dónde están los jóvenes? Queremos matarlos. Se han unido a la oposición’. Me marché corriendo con mis tres hijos y mis dos hermanos. Corrimos hasta el río, mientras nos disparaban. Desde el río, los vi quemar la casa. También se llevaron nuestras vacas y nuestras cabras; teníamos 15 vacas y 30 cabras”.
La mujer dijo que cuatro hombres habían violado a su prima, de 23 años y madre de dos hijos. “La vi cuando eché a correr. Estaba gritando”, explicó. Dijo también que los atacantes habían secuestrado a su hermana de 13 años y a su hermano de 15. No sabía qué había sido de su esposo, su madre y un familiar discapacitado, que se habían quedado en la casa. “Toda mi familia está perdida”, dijo a los investigadores de Amnistía Internacional.
Nyanaath, madre de tres hijos, contó que las fuerzas del gobierno habían atacado su poblado, en el condado de Guit, el 10 de mayo a mediodía. Dijo que los atacantes, algunos de los cuales llevaban uniforme, robaron las vacas y otros bienes e incendiaron todos los tukuls.
Nyanaath dijo que los atacantes habían violado luego a tres mujeres, incluida ella. Explicó que los soldados se la llevaron, la empujaron por la espalda y le bajaron la ropa interior. Uno comenzó a violarla, mientras el otro le apuntaba con su arma. Dijo también que había visto a los soldados secuestrar a 10 niños y niñas de entre 10 y 13 años.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU afirma que unas 100.000 personas se han visto desplazadas como consecuencia de los recientes combates en el estado de Unity. Alrededor de 2.300 civiles, en su mayoría mujeres y niños y niñas de corta edad, han buscado refugio en la base de la ONU en Bentiu desde el 20 de abril, sumándose a los más de 50.000 que han huido también allí desde el comienzo del conflicto en diciembre de 2013. Siguen llegando más.
Las fuerzas de gobierno han cortado el paso a otros en puestos de control, impidiéndoles alcanzar la seguridad de la base. Millones de personas han huido a zonas agrestes o pantanosas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado de que en el curso de dos semanas, entre el 29 de abril y el 12 de mayo, fueron atacadas al menos 28 localidades del estado de Unity. Las víctimas eran civiles, a quienes robaron sus bienes.
“Estos ataques contra civiles perpetrados en el estado de Unity y el desplazamiento consiguiente reproducen los documentados por Amnistía Internacional a principios de 2014. El hecho de que algunas de esas mismas localidades estén siendo sometidas a una reiterada sucesión de atrocidades pone de relieve la necesidad de que la Unión Africana, la ONU y otros organismos internacionales traduzcan su sonora retórica en medidas concretas para reducir el coste humano del conflicto”, ha afirmado Michelle Kagari.
“Tiene que haber una amenaza creíble de rendición de cuentas para disuadir a quienes continúan cometiendo atrocidades con total impunidad, un embargo exhaustivo para detener el flujo de armas que agravan el conflicto y sanciones específicas que tengan un efecto disuasorio sobre quienes siguen violando el derecho internacional”, ha añadido Michelle Kagari.
Amnistía Internacional pide lo siguiente:
- El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo exhaustivo de armas a todas las partes en el conflicto de Sudán del Sur.
- El Consejo de Seguridad de la ONU debe proceder de inmediato a imponer congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a las personas y entidades que hayan participado en violaciones del derecho internacional humanitario y en abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
- El Consejo de Seguridad debe publicar un documento donde se expongan las opciones de rendición de cuentas que sus miembros examinaron, según informes, el 12 de mayo y actuar en consecuencia.
- El Consejo de Paz y Seguridad de la UA debe retractarse de su decisión de posponer el informe de la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur en espera de la firma de un acuerdo de paz, a fin de examinar el informe durante la cumbre de la UA de junio y hacerlo público.
- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) debe reunir de nuevo a las partes en el conflicto y recalcarles que tienen el compromiso de cumplir el derecho internacional humanitario, incorporado al acuerdo de cesación de las hostilidades del 23 de enero y contraído en numerosas ocasiones durante los últimos 12 meses, y poner en prácticas sus reiteradas amenazas de imponer sanciones específicas y un embargo de armas.


Cartel a favor de la libertad de expresión con motivo del Festival de Arte Edimburgo en 2010. Amnesty International UK. La retirada por el Tribunal Provincial de Luanda de los cargos penales por difamación presentados contra el periodista angoleño Rafael Marques de Morais es una victoria para la libertad de expresión y los derechos humanos en el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional. El tribunal retiró todos los cargos tras la comparecencia del periodista el 21 de mayo de 2015. Amnistía Internacional pide al gobierno de Angola que deje de atacar a Marques de Morais por realizar su trabajo.
“La retirada de los cargos contra Rafael Marques de Morais demuestra a las claras que no había motivo para acusarlo, como dijimos desde el principio. Como periodista cuyo único delito había sido documentar violaciones de derechos humanos en el país, creemos que siempre ha sido inocente”, ha dicho Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para la Región del África Austral.
Rafael Marques de Morais se enfrentaba a 24 cargos penales por difamación por publicar en 2011 un libro en Portugal en el que se ponían de relieve la corrupción y las violaciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por generales del ejército de Angola y empresas que operan en las comunidades del país dedicadas a la extracción de diamantes.
Amnistía Internacional siempre sostuvo que los cargos presentados contra él eran una burla de la libertad de expresión y que debían ser retirados incondicionalmente.
Rafael Marques de Morais ha recibido numerosos premios internacionales de prestigio por su labor de periodista, y su valor a la hora de realizar su trabajo es bien reconocido. El periodista ha sido detenido varias veces en Angola. Amnistía Internacional ha seguido su juicio desde que comenzara en marzo.