Agua contaminada por el derrame de petróleo en Ikarama, delta del Níger, 7 de febrero de 2008 © Kadir van Lohuizen/NOOR

Las afirmaciones de Shell de que la principal causa de los derrames de petróleo en Nigeria es el sabotaje han sido objeto de críticas. Un organismo neerlandés concluyó que las declaraciones del gigante del petróleo se basaban en pruebas cuestionables y en investigaciones deficientes.

El organismo, denominado National Contact Point (NCP), que se encarga de evaluar las denuncias contra empresas que cometen abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente, realizó las declaraciones en respuesta a las preocupaciones planteadas por Amnistía Internacional y Amigos de a Tierra Internacional.

Sin embargo, ambas organizaciones afirman que NCP debería haber sido más severo en sus críticas a Shell.

Las organizaciones aportaron pruebas de deficiencias graves en el sistema que utiliza Shell para investigar los derrames petroleros, entre ellas imágenes de video de la investigación de un derrame en la que surgieron  problemas graves.

“El sabotaje es un problema en Nigeria, pero Shell lo exagera para evitar que la critiquen por no impedir los derrames de petróleo”, afirmó Audrey Gaughran de Amnistía Internacional.

“Las empresas petroleras deben pagar una indemnización cuando se determina que son responsables de los derrames, pero quedan exoneradas de hacerlo si la causa se atribuye a sabotaje. El problema es que es la propia empresa la que se investiga. Este es, sin duda, un sistema que se presta a abusos y tenemos pruebas de que los ha habido”.

En los últimos diez años, Shell ha sostenido que la mayoría de los derrames de petróleo en el delta del Níger se debe al sabotaje de sus oleoductos, utilizando un sistema que se basa en información cuestionada públicamente y que depende casi exclusivamente de información proporcionada por la propia empresa.

Ningún órgano independiente ha comprobado los presuntos casos de sabotaje. Asimismo, algunas de las declaraciones de Shell acerca del porcentaje de petróleo vertido como consecuencia de sabotaje son contradictorias.

Amnistía Internacional y Amigos de la Tierra Internacional afirman que al emitir declaraciones engañosas e incorrectas, Shell incumplió las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. NCP, que fue creada para promover y aplicar las Directrices de la OCDE, aceptó estudiar la queja.

NCP reconoció que el proceso de investigación de los derrames de petróleo en Nigeria depende demasiado de los expertos de las propias empresas petroleras y que, según concluyó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2011, “los organismos del gobierno están a merced de las empresas petroleras cuando se trata de realizar inspecciones in situ”.

NCP afirmó que “la administración de [Royal Dutch Shell] tendría que haber sido más cuidadosa con respecto al porcentaje de derrames de petróleo que afirmó fueron provocados por sabotaje” y que “en definitiva, los datos del JIT (equipo conjunto de investigación) no son absolutos”. NCP exhortó a Shell a que fuera prudente con respecto a la comunicación a las partes interesadas de cifras muy detalladas acerca de los derrames de petróleo, cuando existen discrepancias acerca de las causas y el volumen de esos derrames”. A su vez le pidió que “compartiera información sobre las causas pertinentes de los derrames y sobre los procedimientos para determinar estas causas, también en relación con los derrames producidos antes de enero de 2011”.

Sin embargo, NCP no realizó comentarios acerca de si la conducta de Shell constituía una infracción de las Directrices. No evaluó de forma exhaustiva las pruebas proporcionadas ni investigó si las declaraciones de Shell eran engañosas. Amnistía Internacional y Amigos de la Tierra Internacional expresaron en reiteradas ocasiones su grave preocupación de que este enfoque no abordaba el daño provocado en el pasado a la población del delta del Níger como consecuencia de las declaraciones engañosas de Shell.

“Hoy, NCP no se manifestó en contra de los abusos de Shell en Nigeria. No evaluó las pruebas clave aportadas y, por tanto, liberó a la empresa de toda responsabilidad. Para la población del delta del Níger se trata de otro fracaso de la justicia. NCP no ha cumplido con su cometido. Ha demostrado carecer de la capacidad o de la voluntad para decirle a Shell que debe responsabilizarse de sus errores. Es hora de que el gobierno neerlandés cree un órgano fuerte para supervisar la responsabilidad empresarial”, afirmó Paul de Clerck de Amigos de la Tierra Europa.

Desde el inicio, NCP no ha podido impedir que Shell obstruya el proceso de la OCDE. A pesar de que las Líneas Directrices de la OCDE se refieren explícitamente a “empresas multinacionales”, la sede de Shell al comienzo intentó distanciarse de las actividades de Shell en Nigeria, al afirmar que Royal Dutch Shell “no tiene actividad [es decir, extracción, procesamiento o distribución] propia [en Nigeria]”, y remitió a NCP a la filial local de Shell. La empresa no quiso tratar el fondo de la demanda con la presencia de Amigos de la Tierra Países Bajos, y la ONG neerlandesa accedió a retirarse para facilitar el proceso. Finalmente, Shell puso condiciones inaceptables como que Amnistía Internacional y Amigos de la Tierra Internacional no hicieran campaña sobre determinados casos que habrían de discutirse como parte del proceso con NCP. Las organizaciones se negaron a garantizar que dejarían de realizar campañas sobre esos temas.

El caso deja en evidencia un problema grave del proceso de NCP: Shell pudo establecer muchos de los parámetros para el diálogo y NCP no fue capaz de abordar el asunto de fondo de la demanda.

A causa de estas graves deficiencias en el proceso del neerlandés NCP, Amnistía Internacional y Amigos de la Tierra Internacional no consideran que del sistema pueda derivarse una resolución significativa de estas cuestiones con una empresa como Shell. Por consiguiente, las dos organizaciones han decidido retirar una segunda demanda al NCP en relación con la prolongada responsabilidad en el tiempo de Shell en la contaminación petrolífera de Ogonilandia, en Nigeria.

“Un proceso en el que la parte demandada puede establecer las condiciones de su participación está condenado al fracaso”, afirmó Paul de Clerck.

ANTECEDENTES
A mediados de la década de 1990 Shell admitió que gran parte de la contaminación petrolera en el delta del Níger se debía a las deficiencias de la propia empresa. Sin embargo, la empresa ahora culpa de la mayor parte del problema al sabotaje, y más recientemente, al robo y a la refinación ilegal de petróleo por parte de comunidades y delincuentes, y cita cifras engañosas que pretenden demostrar que un 98% de los derrames de petróleo son provocados por sabotaje.

A pesar de que, Shell es consciente desde hace años de los problemas que afectan a su proceso de investigación de derrames de petróleo, la empresa ha continuado defendiéndolo. Shell a menudo se remite a su base de datos de derrames de petróleo en Internet, que proporciona información sobre los derrames de petróleo desde 2011. NCP elogió a Shell por haber demostrado mayor transparencia desde 2011, pero al mismo tiempo recomendó que la empresa compartiera información de años anteriores.

Shell se ha mostrado en general reticente a dar información sobre los derrames de petróleo anteriores a 2011. La empresa a menudo afirma que desea asumir un enfoque orientado al futuro, no centrado en el pasado. Amnistía Internacional y Amigos de la Tierra Internacional consideran que esto es inaceptable, ya que muchas personas del delta del Níger han tenido que vivir día a día, durante decenios, con los efectos de los derrames petroleros, lo que incluye varios derrames ocurridos mucho antes de 2011. Shell debe aceptar su responsabilidad, limpiar la contaminación y pagar por los daños que ha provocado en el delta del Níger.

La planta de Luisha está gestionada por la

Las empresas mineras chinas que operan en la República Democrática del Congo deben poner más medios para impedir que sus operaciones den lugar a la comisión de abusos contra los derechos humanos; es la advertencia que hace Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En Profits and Loss: Mining and human rights in Katanga, la organización analiza el impacto de la industria minera en el sureste de la República Democrática del Congo.  

En el informe se documentan graves abusos cometidos con la participación de empresas locales y extranjeras, incluidos desalojos forzosos –que son ilegales según el derecho internacional– y condiciones laborales de riesgo y explotación.

Se dedica especial atención al papel de las empresas chinas, que están en vías de convertirse en los agentes económicos extranjeros más influyentes y poderosos del sector extractivo en la República Democrática del Congo, un país cuyas reservas de minerales están entre las más importantes del mundo.

Además, China importa cantidades considerables de cobalto y cobre de la República Democrática del Congo, y gran parte de esa producción es extraída aún por los llamados “mineros artesanales”, que trabajan en pequeña escala –a menudo en condiciones atroces– utilizando herramientas de mano.

“A causa de las operaciones mineras, en la República Democrática del Congo se cometen abusos contra los mineros artesanales y las comunidades vecinas desde hace décadas”, ha afirmado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Las autoridades de la República Democrática del Congo no sólo no han impedido que empresas y comerciantes del sector minero abusen de derechos, sino que ellas mismas han cometido violaciones de derechos humanos para facilitar operaciones extractivas.”

Al ser abordadas por Amnistía Internacional, varias de las empresas mencionadas en el informe han intentado eximirse de toda responsabilidad señalando la implicación de las autoridades en los abusos.

“El hecho de que las autoridades congoleñas no protejan los derechos humanos no permite que las propias empresas se responsabilicen de sus actos y omisiones. Resulta escandaloso que algunas empresas señalen la participación policial para intentar legitimar su propia contribución a la comisión de violaciones de derechos humanos”, ha comentado Gaughran.

Según los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, éstas tienen la obligación de respetar íntegramente los derechos humanos.  

Los gobiernos de aquellos países donde tienen sede esas empresas, como China, también están obligados a garantizar que sus empresas no cometen abusos contra los derechos humanos cuando operan en la República Democrática del Congo.  

“Pedimos a todas las empresas con intereses mineros en la República Democrática del Congo que dejen de poner excusas y empiecen a demostrar que tienen la firme intención de respetar los derechos de las comunidades en las que operan”, ha dicho Gaughran.

En un caso descrito en el informe, 300 familias fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares en Luisha cuando la empresa china Congo International Mining Corporation (CIMCO) obtuvo los derechos de explotación minera de los terrenos, situados en el centro de la localidad.

Tras ser avisadas por una autoridad local con sólo dos semanas de antelación, las familias fueron conducidas a un nuevo emplazamiento en camiones que, según miembros de la comunidad, pertenecían a CIMCO. Se limitaron a abandonarlos allí, sin alojamiento ni otras instalaciones. Estas personas se enfrentan a un futuro incierto ya que no tienen garantías de poder quedarse en el nuevo sitio.

Uno de los afectados dijo a Amnistía Internacional: “Tenemos que volver a empezar desde cero [...] Aquí la vida es mucho más difícil que en el sitio anterior.”

También a causa de las operaciones mineras, las comunidades han sufrido restricciones de acceso al agua. El 19 de abril de 2012, personal de la empresa conjunta sino-congoleña COMILU, acompañado de la policía, utilizó bulldozers y excavadoras para abrir una profunda zanja de unos tres metros de ancho, bloqueando un camino rural cercano a Luisha. La población local llevaba décadas usando ese camino para acceder a sus campos y al agua.

Con el cierre de esa ruta, tenían que emplear mucho más tiempo para desplazarse hasta sus campos y conseguir agua. Cuando protestaron por la zanja, la policía disparó munición real al aire: un hombre fue alcanzado por una bala perdida y murió.

La mayor parte de la actividad minera en la República Democrática del Congo la siguen realizando mineros artesanales, que trabajan en condiciones de riesgo y explotación.

En Katanga aún prevalecen los abusos contra estos mineros. Decenas mueren o resultan heridos de gravedad cada año. Suelen trabajar sin protección en las manos ni vestimenta adecuada, en huecos subterráneos mal ventilados donde se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

Reciben muy poco por los minerales que extraen y sufren explotación sistémica. El mineral que extraen se vende a través de una opaca cadena de suministro a otros países y empresas de fuera de la República Democrática del Congo.  

En la mina de Tilwezembe, a 30 kilómetros de la localidad de Kolwezi, Amnistía Internacional documentó malos tratos y unas condiciones de trabajo nocivas y abusivas. En esa mina eran frecuentes las lesiones y habían tenido lugar algunos accidentes mortales como consecuencia de derrumbamientos, corrimientos de tierra y asfixia debido a una ventilación insuficiente.

Los mineros artesanales de Tilwezembe vendían su mineral a Misa Mining, una comercializadora privada que opera en el lugar. Organismos estatales, incluida la policía, también estaban presentes en Tilwezembe para supervisar las operaciones mineras, pero no hacían nada para mejorar las escandalosas condiciones de trabajo de los mineros, que ponen su vida en peligro. Misa Mining alegó que no tenía constancia de que hubiera problemas de derechos humanos en Tilwezembe.

“Mayor transparencia en la cadena de suministro puede contribuir a evitar que se cometan abusos como los que nos encontramos en Tilwezembe”, ha asegurado Gaughran.  

“Si todas las empresas implicadas en la industria extractiva realizaran las debidas inspecciones para garantizar que no se está extrayendo mineral en condiciones degradantes y de explotación, se avanzaría un gran trecho en la depuración del comercio de los minerales.”

Tribunal de Alejandría © eimannosho

La condena de un año de prisión impuesta recientemente a un destacado activista de la oposición en Egipto es un nuevo intento del gobierno de silenciar las críticas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, a la vez que ha pedido que se anule la sentencia condenatoria y se deje en libertad al activista.

El sábado 15 de junio, un tribunal de apelaciones de Alejandría confirmó la sentencia dictada contra Hassan Mostafa por insultar y agredir a un fiscal, aunque le rebajó la condena de dos a un año de prisión con trabajos forzados.

Mostafa, que niega las acusaciones contra él, no compareció en la vista judicial.

“La sentencia contra Hassan Mostafa es un nuevo golpe a la libertad de expresión en Egipto, donde estamos viendo un caso tras otro de activistas de la oposición, blogueros, humoristas y manifestantes sometidos a juicio por criticar a las autoridades o ‘difamar la religión’”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El 21 de enero de este año, Hassan Mostafa fue con un grupo de abogados a la fiscalía de Manshiya, en Alejandría, para preguntar por el paradero de un grupo de manifestantes y viandantes que habían sido detenidos el día anterior.

Ese mismo día fue detenido y acusado formalmente en la sede del Tribunal de Alejandría, que ocupa los edificios adyacentes.

En su primera vista de apelación, celebrada el 4 de mayo y a la que asistió un representante de Amnistía Internacional, los testigos de descargo declararon que, aunque se había producido una discusión entre los dos dentro de la fiscalía de Manshiya, Mostafa no había abofeteado ni agredido físicamente en modo alguno al fiscal.

El 18 de mayo, en la vista siguiente, dos testigos de cargo también dijeron que Mostaza no había dado ninguna bofetada al fiscal.

Sólo un testigo de cargo afirmó haber visto al activista abofetear al fiscal en la mejilla derecha. Sin embargo, en un informe médico presentado por la acusación se indicaba que el demandante tenía enrojecida la mejilla izquierda.

Esta no es la primera vez que se Mostafa se ve privado de libertad por su activismo. En abril de 2010 lo detuvieron durante una manifestación organizada para pedir el fin de la legislación de emergencia, que el entonces presidente Hosni Mubarak mantenía en vigor desde hacía decenios.

“Tememos que Hassan Mostafa fuera acusado en falso de agredir al fiscal para castigarlo por su activismo –ha explicado Hadj Sahraoui–. Tienen que anular la sentencia y que dejarlo en libertad.”

Los familiares y los abogados de Hassan Mostaza han manifestado que temen que se presenten más cargos contra él por su participación en otra protesta del 15 de enero de 2013 a fin de tenerlo encarcelado durante más tiempo.

Amnistía Internacional ha documentado varios casos de hostigamiento a activistas y otras personas consideradas contrarias al gobierno de Egipto y a la Hermandad Musulmana.

El 3 de junio, el activista de la oposición Ahmed Douma fue condenado a seis meses de prisión por “insultar al presidente” y “difundir rumores que menoscaban la seguridad nacional y dañan el interés público”.

Las acusaciones tenían su origen en una llamada telefónica que Douma había hecho a un programa de televisión y en la que había calificado al presidente Mohamed Morsi de “asesino” por las muertes de manifestantes de la oposición.

Douma no fue puesto en libertad bajo fianza en espera de la vista de apelación, porque está imputado en otra causa.

Se han formulado cargos contra él y contra otros 11 activistas de la oposición –entre ellos Alaa Abdel-Fattah y Nowara Negm– por su presunta participación en actos de violencia ocurridos cerca de la sede de la Hermandad Musulmana, el movimiento que sirve de base al grupo político gobernante, el Partido Libertad y Justicia.

Dos ancianos buscan los nombres de sus difuntos en la Fosa Comun del cementerio de San Salvador de Oviedo © EFE/Alberto Morante

En España no se están investigando los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Además las autoridades españolas rehúsan sistemáticamente colaborar para que terceros estados puedan investigarlos, con lo que parece garantizarse la impunidad de estos crímenes. Éstas son las principales conclusiones del informe: El tiempo pasa, la impunidad permanece, presentado hoy por Amnistía Internacional.

En su informe Amnistía Internacional constata como el Poder Judicial español se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas. Por su parte, la Fiscalía no colabora adecuadamente con las peticiones de cooperación solicitadas por Argentina, alegando que España está investigando y ‘tiene preferencia’ para hacerlo. El Gobierno, por su lado, ha obstaculizado que las víctimas presten declaración ante la jueza argentina que lleva el caso abierto en ese país. Y el Poder Legislativo, reacio a adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía. Mientras tanto, las víctimas y sus familiares siguen enfrentándose a obstáculos que ponen en peligro su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

Se cierra la investigación en España

En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

“Ya denunciamos en 2012 que existía una tendencia continuada a archivar estos casos. Pero la situación ha empeorado desde la sentencia del Tribunal Supremo, que señala que no corresponde a los jueces españoles enjuiciar estos crímenes. Se cierra así la única vía de investigación judicial existente en España”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, entre ellos: la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional,  o una errada interpretación del principio de legalidad penal.

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) inadmitió al menos ocho denuncias contra España por este tipo de crímenes basándose, entre otros argumentos, en que los hechos ocurridos fueron anteriores a la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el retraso de las víctimas en la interposición de la demanda.

Trabas a la investigación en Argentina

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes, ha respondido – sorprendentemente – que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas, y ha pedido a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma.

“Esta interpretación de la Fiscalía española nada tiene que ver con el derecho internacional. La jurisdicción universal es, por definición, concurrente y no subsidiaria, es decir, no exige el fracaso de la investigación ante los tribunales del territorio donde se ha cometido el crimen para habilitar la competencia del tribunal extranjero. En el caso de que España estuviera investigando los crímenes, algo que no está pasando, ello no excluiría en ningún momento que Argentina, o cualquier otro país, también pueda hacerlo. La lucha contra la impunidad es de competencia universal”, declaró Esteban Beltrán.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional hace, entre otras, las siguientes recomendaciones para garantizar el derecho a la justicia, la verdad, y la reparación de las víctimas y sus familiares.

• Al Poder Judicial, que aplique el derecho internacional como parte del ordenamiento jurídico español y que el Tribunal Supremo rectifique su fallo del 27 de febrero de 2012.
• A la Fiscalía, que actúe de oficio para la investigación y persecución de crímenes o delitos de derecho internacional y que colabore plenamente en cualquier solicitud de cooperación emitida por tribunales extranjeros que decidan investigar sobre estos crímenes cometidos en España.
• Al Gobierno, que adopte medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura..
• Al Parlamento, que acceda prontamente y sin reservas a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Protestas en la embajada de Turquía en Dublín contra los excesos policiales Junio 2013. © Graham Seely

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el hecho de que el primer ministro se haya reunido con varios intelectuales para intentar solucionar amistosamente la situación de bloqueo en que se encuentra el enfrentamiento entre los manifestantes y las autoridades respecto a la ocupación del parque Gezi, que ha entrado en su tercera semana.

La situación ha llegado a un punto muerto con la decisión de los manifestantes de continuar con su protesta pacífica hasta que se hayan satisfecho sus exigencias y la insistencia de las autoridades de que cesen las manifestaciones.

La Plataforma de Solidaridad con Taksim exige que el espacio siga siendo un parque, que termine la violencia policial y que se respeten los derechos a la libertad de expresión y reunión. También pide que los funcionarios considerados responsables de abusos contra manifestantes pacíficos sean retirados de sus cargos.

Amnistía Internacional considera que las negociaciones son un primer paso positivo de las autoridades tras semanas de declaraciones hostiles hacia los manifestantes, negación de su derecho a protestar pacíficamente y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes pacíficos. Sin embargo, la organización señala que la pasada noche, mientras las negociaciones progresaban, la policía estaba utilizando la fuerza contra manifestantes pacíficos en Ankara.

Amnistía Internacional pide a las autoridades que participen en un diálogo sostenido con los grupos de la sociedad civil, y en concreto que se aseguren de que se reúnen con personas que representan realmente a los diversos grupos que protestan.

Amnistía Internacional renueva su llamamiento para que las autoridades respeten el derecho de quienes protestan a continuar manifestándose pacíficamente y se comprometan a poner fin al uso abusivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes en Estambul y en otros lugares.

Amnistía Internacional también expresa su satisfacción por las noticias de que el primer ministro se ha comprometido a garantizar que se investigarán los abusos policiales y que los responsables de dichos abusos serán puestos a disposición judicial, una actitud que contrasta profundamente con anteriores declaraciones suyas en las que pedía que la policía hiciera aún mayor uso de la fuerza contra los manifestantes.

Una niña junto a soldados que hacen una pausa para fumar un cigarrillo en las calles de Gao, al norte de Malí, el 16 de febrero de 2013 © AP Photo/Jerome Delay

Según ha revelado Amnistía Internacional tras una visita de cuatro semanas al país, en Malí, los niños, algunos de tan sólo 13 años, reclutados como soldados por grupos armados o sospechosos de estar vinculados a éstos están siendo recluidos por las fuerzas malienses junto con adultos, y algunos afirman haber sido torturados bajo custodia.

Los delegados de la organización hablaron con nueve niños de entre 13 y 17 años que se hallaban recluidos junto con adultos en la Maison centrale d’arrêty en el Campo I de la gendarmería de la capital maliense, Bamako, por su presunta relación con grupos armados.

Uno de ellos era un pastor de 15 años a quien las fuerzas chadianas habían detenido en Intouké, en la región septentrional de Kidal, y entregado a las fuerzas francesas. Dijo que no le habían preguntado cuántos años tenía ni le habían entrevistado en su lengua materna, el tamasheq (lengua tuareg), antes de transferirlo a la gendarmería maliense en Bamako. Durante su traslado en avión, lo tuvieron con los ojos vendados y atado de pies y manos.

Algunos de los niños dijeron que las fuerzas malienses los habían sometido a tortura u otros malos tratos.

“Me tuvieron 15 minutos colgado del techo y amenazaron con aplicarme descargas eléctricas –contó uno de ellos a Amnistía Internacional–. Amenazaron con matarme.”

“Según el derecho internacional, los niños detenidos deben estar separados de los adultos, y la legislación de Malí también prohíbe recluirlos junto con adultos. Las autoridades malienses deben avisar a UNICEF cuando detengan a niños sospechosos de vinculación con grupos armados para poder así identificar a sus familias y dejar sus casos en manos de profesionales expertos en protección infantil”, ha explicado Gaëtan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre Malí.

Estos niños detenidos han sido acusados de delitos como asociación con malhechores, rebelión, menoscabo de la seguridad interna y externa del Estado y terrorismo.

Otros niños detenidos por su presunta vinculación con grupos armados han sido entregados a UNICEF a través de la gendarmería maliense y las fuerzas francesas.

Algunos de los niños se rindieron o fueron detenidos por las fuerzas armadas malienses, francesas o chadianas tras la operación militar emprendida en enero de este año para recuperar el norte de Malí, tomado por grupos armados en abril de 2012.

Hay otros que no han sido localizados aún, lo que hace temer que sigan vinculados a grupos armados o se hayan ocultado en sus comunidades por miedo a sufrir represalias o a ser detenidos.

Desde el comienzo del conflicto de Malí en enero de 2012, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado el reclutamiento y uso de niños soldados por parte de grupos armados y de milicias de autodefensa que reciben apoyo de las autoridades malienses.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Malí y a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y otros organismos de la ONU a que contacten con las comunidades locales para garantizar que se atiende a los niños que han estado vinculados presuntamente a grupos armados y viven ahora ocultos. Deben elaborar también programas de reinserción y reintegración de ex niños soldados.

La organización ha pedido también que se libere a todos los niños retenidos por grupos armados, como el Movimiento para la Unidad de la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l’unicité du djihad en Afrique de l’ouest, MUJAO), el grupo tuareg Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (Mouvement national de libération de l’Azawad, MNLA) y Al Qaeda en el Magreb Islámico, así como por milicias de autodefensa.

En el informe del secretario general de la ONU sobre la infancia y los conflictos armados correspondiente 2012, que se ha presentado esta semana, se menciona expresamente por primera vez a partes en el conflicto de Malí en tanto que responsables de reclutamiento y uso de niños soldados y de violencia sexual contra menores de edad.

“Es esencial que los líderes de la MINUSMA den prioridad a la cuestión de los niños soldados y otros menores de edad asociados a las fuerzas armadas”, ha afirmado Gaëtan Mootoo.

Un policía monta guardia frente al palacio de justicia en Túnez, donde tres activistas FEMEN fueron a juicio © FETHI BELAID / AFP / Getty Images

Las condenas de prisión impuestas este miércoles en Túnez a tres activistas de FEMEN, movimiento feminista internacional, conocido por sus actos de protesta en toples, son una restricción inaceptable de la libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional.

Las tres mujeres –las francesas Marguerite Stern y Pauline Hillier y la alemana Josephine Markmann– fueron detenidas el 29 de mayo, cuando protestaban con los pechos desnudos antes la sede del Tribunal de Túnez capital para pedir que se dejara en libertad a una tunecina, activista también FEMEN, detenida días antes.

Fueron declaradas culpables de indecencia pública, menoscabo de la moral pública y alteración del orden con ruido, y condenadas a cuatro meses y un día de prisión. Las tres van a apelar contra la sentencia.

"Encarcelar a alguien por expresarse es de por sí desproporcionado”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El derecho internacional de los derechos humanos permite poner limitaciones al derecho a la libertad de expresión, pero sólo con un fin legítimo y por los medios menos restrictivos posibles.

"Incluso si cupiera considerar la protesta de estas tres mujeres ofensiva o contraproducente para alguien, no por ello estaría justificado su encarcelamiento”, ha explicado Hadj Sahraoui.

“Si las autoridades tunecinas están realmente dispuestas a cumplir con las obligaciones internacionales que han contraído en materia de derechos humanos, deben dejar a las activistas en libertad.”

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan © Senat RP/Polish Senate CC-BY-SA-3.0-pl via Wikimedia Commons

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el martes en un discurso televisado que ya no se mostraría tolerante con las protestas que sacuden el país desde hace casi dos semanas.

Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía que se encuentra en estos momentos en Estambul, ha comentado:

“El primer ministro turco intenta terminar con la ola de protestas por la vía de la imposición personal; pero así no funciona la libertad de reunión". ”El primer ministro Erdogan es ahora personalmente responsable de la violencia que siguió de inmediato a sus palabras. La protesta pacífica se tiene que respetar, y la comunidad internacional debe instarle a cambiar de política para evitar más derramamiento de sangre gratuito.”

Tras el discurso del primer ministro, observadores de Amnistía Internacional documentaron al menos 30 botes de gas lacrimógeno lanzados al interior del parque Gezi la tarde del martes, a pesar de que ese mismo día el gobernador de Estambul se había comprometido a detener la intervención policial allí.

Los activistas llevan ya casi dos semanas protestando por la construcción de un centro comercial en el parque de Gezi, adyacente a la plaza Taksim de Estambul, uno de los últimos espacios verdes de la ciudad.

Desde que empezaron las protestas en Estambul y en todo Turquía hace unas dos semanas, miles de manifestantes pacíficos han denunciado lesiones a causa de intervenciones policiales.

Según informes, hasta tres personas han perdido la vida en el curso de las protestas: una debido al uso excesivo de la fuerza y las otras dos -incluido un agente de policía- en accidentes.

Hasta el momento, las autoridades turcas no han investigado ninguno de los informes de abusos y no se ha procesado a nadie por ellos.

Campo de entrenamiento de la Policía polaca en Stare Kiejkuty, Polonia, el 1 de septiembre de 2011. Podría haber sido utilizado como prisión secreta de la CIA. © Rafał Panecki

La investigación iniciada hace cinco años sobre la participación de Polonia en los programas de entregas y detención secreta dirigidos por Estados Unidos debe completarse de inmediato, y los responsables de violaciones de derechos humanos deben comparecer ante la justicia en juicios con garantías, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

Se acusa al gobierno de Polonia de actuar en connivencia con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) para establecer una prisión secreta en Stare Kiejkuty, a 180 km al norte de Varsovia, donde los sospechosos fueron sometidos a desaparición forzada y torturados entre 2002 y 2005.

La investigación sobre el “lugar negro” de la CIA se prolonga desde 2008 y se ha llevado a cabo en gran medida al amparo del secreto. Los fiscales polacos se han negado hasta ahora a revelar prácticamente cualquier información relacionada con la investigación y a hacer públicas sus conclusiones.

“El hermetismo y las demoras no pueden utilizarse como táctica para eludir la rendición de cuentas. El gobierno de Polonia debe depurar responsabilidades sobre un periodo de la historia del país en el que quienes tenían autoridad parecen haber actuado en connivencia con Estados Unidos y otros Estados en la detención ilícita de personas y su traslado a lugares donde fueron torturadas y sometidas a desaparición forzada”, ha afirmado Julia Hall, experta en lucha contra el terrorismo y derechos humanos de Amnistía Internacional.

“El genio está fuera de la botella: hay un torrente de informes públicos creíbles de medios comunicación, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales –por no hablar de datos oficiales de organismos oficiales polacos– que deja pocas dudas de que Polonia albergó un centro secreto de detención gestionado por la CIA. Si existen indicios suficientes para presentar cargos contra ex funcionarios y agentes de inteligencia por sus participación en esas actividades ilegales, esas personas deben ser enjuiciadas ya.”

El informe de Amnistía Internacional, Unlock the truth: Poland’s involvement in CIA secret detention, examina la búsqueda de rendición de cuentas en Polonia. Esto incluye el deber del Estado de investigar y –cuando existan indicios admisibles suficientes – enjuiciar y poner a disposición de la justicia a los presuntos autores de delitos de derecho internacional como la tortura y la desaparición forzada, incluso por complicidad en esos delitos.

Después del 11 de septiembre de 2001, personas sospechosas de actos relacionados con el terrorismo fueron detenidas de manera ilícita o secuestradas y trasladadas a países donde corrían el riesgo de sufrir tortura u otras formas de malos tratos y juicios sin garantías, o fueron enviadas a prisiones secretas de la CIA donde fueron interrogadas mediante técnicas constitutivas de tortura u otros malos tratos.

En un importante discurso sobre la política antiterrorista de Estados Unidos, pronunciado el 23 de mayo de 2013, el presidente Barack Obama reconoció estas prácticas, y admitió que “en algunos casos, creo que pusimos en peligro nuestros valores básicos, usando la tortura para interrogar a nuestros enemigos y recluyendo a personas de una manera que es contraria al Estado de derecho”. Aunque este reconocimiento es bien recibido, el gobierno de Obama ha obstaculizado todas las iniciativas ante tribunales estadounidenses para exigir que los responsables de tales violaciones de derechos humanos rindan cuentas.

“Estados Unidos ha confesado que sus agentes torturaron y recluyeron ilegalmente a personas”, ha afirmado Julia Hall.

“Si Polonia fue cómplice en estas violaciones, debe reconocer también su propio papel y hacer rendir cuentas a los autores de tales actos. Es lo mínimo que exigen la gravedad y el carácter sistemático de estos delitos.”

Polonia es centro de atención desde 2005, cuando se determinó por primera vez que había albergado una instalación secreta de detención de la CIA.

En marzo de 2008, las autoridades polacas abrieron una investigación criminal que ha sufrido reiteradas demoras debido a cambios de personal en la fiscalía, al traslado de la investigación de Varsovia a Cracovia y a afirmaciones de que no ha existido la cooperación del gobierno de Estados Unidos. La “seguridad nacional” se invoca una y otra vez para justificar el secreto que rodea la investigación.

Se ha concedido la condición de “persona agraviada” a dos hombres en la investigación.

El primero es Abd al Rahim al Nashiri, ciudadano de Arabia Saudí que fue presuntamente el cerebro del atentado con bomba contra el buque de guerra estadounidense USS Cole frente a la costa de Yemen en 2000. Ha afirmado que fue interrogado en una instalación secreta en Polonia y sometido a “técnicas de interrogatorio mejoradas” y otras violaciones de derechos humanos, como “simulacro de ejecución” con un arma y amenazas de agresión sexual contra miembros de su familia.

El segundo, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, también conocido como Abu Zubaydah, palestino apátrida nacido en Arabia Saudí, de quien se cree que también estuvo recluido en Polonia, donde afirma que fue sometido a dolor físico extremo y presión psicológica. El ex presidente estadounidense George W. Bush admitió en sus memorias en 2010 que Abu Zubaydah fue sometido a “waterboarding” (simulacro de ahogamiento) mientras estaba en detención secreta a disposición de la CIA.  

Abu Zubaydah y Al Nashiri están recluidos actualmente en el centro de detención de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, donde Al Nashiri está sometido a juicio por una comisión militar.

Abu Zubaydah y Al Nashiri han planteado también sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011 y 2013. En el caso de Al Nashiri, el gobierno de Polonia se ha negado a revelar información solicitada por el Tribunal.

El informe de Amnistía Internacional incluye un perfil de un tercer hombre que afirma que estuvo recluido en un centro secreto de detención en Polonia en 2003. Walid bin Attash, ciudadano yemení, está detenido actualmente en Guantánamo y en espera de juicio ante una comisión militar.

“Las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a un recurso efectivo, que incluye el derecho a que se revele la verdad sobre lo que les sucedió”, ha afirmado Julia Hall.

“La opinión pública polaca también tiene derecho a saber qué ha hecho su gobierno en su nombre, incluida toda participación del territorio o las autoridades de Polonia en violaciones de derechos humanos y delitos de derecho internacional como la tortura y la desaparición forzada.

“Si Polonia está comprometida con los derechos humanos y el Estado de derecho, sus autoridades deben tener valentía política para decir la verdad sobre el lugar secreto de la CIA y lo que allí sucedió. La investigación criminal debe ser realmente independiente y efectiva, y toda persona responsable de tortura o desaparición forzada debe ser puesta a disposición de la justicia.”

Acto para recordar el 40º día de la muerte bajo custodia del bloguero iraní, Sattar Beheshti, en las oficinas centrales de Amnsitía Internacional en Londres. © Amnesty International

Las autoridades iraníes han intensificado su actuación represiva contra los disidentes antes de las elecciones presidenciales del país, previstas para el 14 de junio; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento que ha publicado hoy.

En Iran: Repression of dissent intensifies in run-up to presidential elections se documentan decenas de detenciones arbitrarias y otros abusos contra los derechos humanos en el periodo previo a la jornada electoral, dirigidos selectivamente contra periodistas, activistas políticos, sindicalistas, estudiantes y defensores de los derechos de las minorías étnicas y religiosas de Irán.

“La escalada de la represión es un vergonzoso intento por parte de las autoridades iraníes de acallar las voces críticas antes de las elecciones presidenciales”, ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Este aumento reciente de los abusos viene a subrayar el incumplimiento manifiesto y constante de las normas de derechos humanos por parte de Irán a través de la persecución de disidentes políticos, y delata la ausencia palmaria de un discurso significativo en materia de derechos humanos en la campaña electoral.”

En un intento aparente de reprimir la libertad de expresión, al menos cinco periodistas han sido detenidos en relación con su trabajo desde principios de marzo de este año. Otros dos periodistas de la agencia de noticias Mukrian, Khosro Kordpour y Massoud Kordpour –ambos pertenecientes a la minoría étnica kurda de Irán–, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en la región occidental del Kurdistán los días 7 y 9 de marzo, respectivamente, y recluidos sin cargos.

Las autoridades también han detenido y acosado a diversos activistas políticos y representantes sindicales en los últimos meses.

El 1 de junio, varios miembros del equipo de campaña del candidato presidencial Hassan Rouhani fueron detenidos tras una concentración durante la cual se corearon lemas para reivindicar que se levantara el arresto domiciliario a Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, candidatos presidenciales y dirigentes de la oposición. Según informes de prensa, los detenidos soportan reclusión en régimen de aislamiento en la prisión de Evín, en Teherán.

Continúan privados de libertad decenas de presos políticos –personas detenidas durante las protestas multitudinarias contra el gobierno tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009–; entre ellos hay presos de conciencia. Ya han pasado cuatro años pero las autoridades iraníes no han llevado ante la justicia a los responsables de las numerosas muertes ocurridas durante las manifestaciones postelectorales; en cambio, se han dedicado a perseguir a los familiares de las víctimas mortales en un intento de silenciarlos.

Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi –ambos ex candidatos presidenciales– y la activista política Zahra Rahnavard –esposa de Mousavi– también están bajo arresto domiciliario extraoficial desde febrero de 2011, cuando hicieron un llamamiento a manifestarse en solidaridad con las protestas antigubernamentales de Egipto y Túnez. Los reiterados llamamientos de organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas en favor de su liberación han sido desoídos.

Dos hijas de Mousavi –Zahra y Narges– estuvieron también detenidas un breve periodo en febrero de 2013 tras pedir la liberación de su padre y su madre.

Asimismo se ha actuado de manera selectiva dictando penas de cárcel contra miembros de minorías étnicas y religiosas, entre ellos varios integrantes de Yeni Gamoh, grupo de defensa de los intereses azerbaiyanos radicado en Irán, y un sacerdote cristiano irano-estadounidense llamado Saeed Abedini.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación creciente ante las represivas medidas adoptadas por las autoridades iraníes para aplastar la disidencia con la excusa de proteger la nación.

“Las autoridades iraníes deben permitir que todas las personas y grupos ejerzan pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluso si lo hacen para manifestar su discrepancia con las políticas y prácticas del Estado”, ha afirmado Philip Luther.  

“Quienes han sido detenidos por este motivo son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.”