Amnistía Internacional España

Una familia musulmana en Zalingo, RCA ©Amnesty International
Los musulmanes que regresan a las zonas del oeste de la República Centroafricana que han sido sometidas a limpieza étnica se han visto obligados en algunos casos a abandonar su religión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
El informe, titulado Erased identity: Muslims in ethnically cleansed areas of the Central African Republic, revela de qué manera la milicia armada antibalaka impide practicar o manifestar su religión en público a los musulmanes que han regresado a sus casas en grandes zonas del oeste de la República Centroafricana tras la serie de matanzas y los desplazamientos forzados en masa de 2014. A algunos de estos musulmanes los han obligado a convertirse al cristianismo, bajo amenaza de muerte.

"Tras haber obligado a decenas de miles de musulmanes a huir de la zona occidental de la República Centroafricana, las milicias antibalaka están ahora reprimiendo la identidad religiosa de los cientos de musulmanes que aún permanecen allí o han regresado".  Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional

“En las zonas en las que la ausencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU es notable, la población musulmana es atacada impunemente. A algunas personas las han obligado a convertirse al cristianismo, y a otras les han prohibido manifestar su identidad musulmana.”

Un ex musulmán de 23 años de la prefectura de Sangha-Mbaéré dijo a Amnistía Internacional: “No nos quedó más opción que unirnos a la Iglesia Católica. Los antibalaka juraron que nos matarían si no lo hacíamos.”

“Es preciso redoblar los esfuerzos para proteger a la población musulmana amenazada en el oeste de la República Centroafricana", ha manifestado Joanne Mariner.

Amnistía Internacional concluyó que, en el oeste de la República Centroafricana, fuera de las áreas en las que la población musulmana vive bajo la protección de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, los musulmanes no tienen libertad para practicar su religión en público. Las oraciones están prohibidas en la práctica, no se pueden vestir libremente ropas musulmanas tradicionales, y no se permite reconstruir mezquitas, de las que se calcula que se han destruido unas 400 en todo el país. En otros lugares del país, como Bangui y Carnot, sólo se han reconstruido unas pocas mezquitas.
“En la práctica, es ilegal que recemos”, manifestó un comerciante musulmán de Mbaiki. “Tenemos que escondernos para rezar, y hacerlo rápidamente y a solas. Las oraciones colectivas de los viernes son imposibles.”
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de la República Centroafricana, a la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y a la comunidad internacional en general que respalden los esfuerzos de los musulmanes por reintegrarse en las ciudades y pueblos del oeste del país, y que refuercen la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz para proteger mejor a las comunidades frente a las milicias antibalaka.
“Muchas de las miles de personas refugiadas musulmanas que fueron expulsadas del país en 2014 desearían regresar algún día a su casa, pero esperan hasta poder hacerlo de manera segura y sostenible. La suerte de los musulmanes que han intentado reintegrarse en los pueblos y ciudades del oeste de la República Centroafricana puede determinar si se sienten capaces o no de hacerlo. Es preciso proteger su seguridad, su libertad de religión y otros derechos.”

Información complementaria
En mayo de 2015, Amnistía Internacional visitó 12 pueblos y ciudades del oeste de la República Centroafricana en los que había musulmanes que vivían sin la protección efectiva de tropas de la ONU, y visitó también varias localidades en las que los musulmanes vivían en enclaves protegidos. El informe se basa en entrevistas con más de 85 personas, de las que la mayoría son musulmanes que viven en estas zonas, y se basa también en información recopilada durante visitas de investigación realizadas al país en 2014.
En la República Centroafricana, más de 30.000 musulmanes viven en un puñado de zonas en localidades protegidas por fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, descritas habitualmente como "enclaves", mientras que decenas de miles más viven como refugiados en países vecinos, y otros viven en zonas controladas por ex rebeldes de Seleka en el nordeste de país. La investigación realizada por Amnistía Internacional se centró en la situación de cientos de musulmanes que han tratado de regresar a zonas fuera de esas áreas protegidas.


“Yakub Memon” by Source. Licensed under Fair use via Wikipedia La ejecución de Yakub Memon señala otro descorazonador uso de la pena de muerte en India, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Yakub Abdul Razak Memon fue ejecutado por ahorcamiento esta mañana en la Prisión Central de Nagpur. Este hombre de 53 años había sido declarado culpable de participar en una serie de explosiones de bombas en Mumbai en marzo de 1993 en las que murieron 257 personas. En 2007 fue declarado culpable y condenado a muerte en aplicación de la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas, que contiene disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre juicios justos. Su petición de indulto al presidente de India fue desestimada en abril de 2014.
La petición de indulto presentada por Yakub Memon al gobernador de Maharashtra, y una segunda petición presentada al presidente, fueron denegadas el miércoles. A primeras horas de la mañana del jueves, el Tribunal Supremo denegó una solicitud para que se suspendiera la ejecución durante 14 días.
Esta mañana, el gobierno indio básicamente mató a sangre fría a un hombre para demostrar que matar está mal", ha manifestado Aakar Patel, director ejecutivo de Amnistía Internacional India .
“Esta ejecución no traerá justicia por las explosiones de 1993 en Mumbai. Se trata de un intento equivocado de prevenir el terrorismo, y de un uso desalentador del sistema de justicia penal como herramienta de represalia.”
Diversos grupos de activistas han manifestado su preocupación por cuestiones tales como si los tribunales habían tenido en cuenta todas las circunstancias pertinentes al dictar condena, o sobre la prolongada reclusión de Yakub Memon.
"Las autoridades indias suelen considerar práctico mantener la pena capital como símbolo de su determinación de poner freno a la delincuencia, y optan por ignorar soluciones más difíciles y eficaces, como mejorar las investigaciones y los enjuiciamientos, y prestar atención a las familias de las víctimas", ha manifestado Aakar Patel.
Los tribunales indios han reconocido repetidamente que el uso de la pena de muerte en el país es arbitrario e incoherente. No existen pruebas creíbles de que la amenaza de la ejecución tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de una pena de prisión. Este extremo ha sido confirmado por múltiples estudios realizados por la ONU en numerosas regiones del mundo.
La ejecución de Yakub Memon es la tercera que se lleva a cabo en India en tres años, tras una pausa de ocho años. India forma parte de la minoría de países que siguen utilizando la pena de muerte. Ciento cuarenta países, más de dos tercios de los países del mundo, han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización se opone a esta pena por considerarla una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.


Un condenado iraní que era menor en el momento del delito corre peligro inminente de ser ejecutado.
Está previsto que Salar Shadizadi, que ahora tiene 24 años, sea ahorcado el sábado 1 de agosto, tras haber sido declarado culpable del asesinato de un amigo suyo en 2007. Tenía 15 años en el momento del delito.
“La ejecución de Salar Shadizadi, que era un niño en el momento de su detención, es contraria al derecho internacional. Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan de llevar a cabo esta ejecución, y deben garantizar que la condena a muerte de Salar Shadizadi se conmuta sin demora”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las promesas de las autoridades iraníes de respetar los derechos de la infancia suenan inquietantemente falsas cuando, tan sólo unos meses antes del periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, que examinará la situación en Irán, planean ejecutar a un condenado que era menor en el momento del delito.”
Al parecer, entre 2005 y 2014 fueron ejecutadas en Irán al menos 72 personas que eran menores en el momento de cometerse el delito, y se piensa que hay al menos 160 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. El derecho internacional prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por personas que fueran menores de 18 años.
Está previsto que el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, examine el historial de Irán respecto a los derechos de la infancia en enero de 2016.
Este mismo mes, Amnistía Internacional sacó a la luz la impactante oleada de ejecuciones llevadas a cabo en Irán durante 2015. Los motivos que explican este estremecedor aumento no están claros, pero la mayoría de las personas ejecutadas en 2015 habían sido condenadas por cargos relacionados con las drogas.


Imagen del bombardeo del barrio de Rafá el 1 de agosto de 2014 © SAID KHATIB/AFP/Getty Images Amnistía Internacional y Forensic Architecture han revelado hoy en un informe nuevos datos que muestran que las fuerzas israelíes perpetraron crímenes de guerra como represalia por la captura de un soldado israelí. Los datos, basados en detallados análisis de cantidades enormes de material multimedia, indican que, por su naturaleza sistemática y aparentemente deliberada, los ataques aéreos y terrestres contra Rafá, que mataron al menos a 135 civiles, podrían constituir también crímenes de lesa humanidad.
El informe ‘Viernes Negro’: Matanza en Rafá durante el conflicto de Israel y Gaza de 2014, presenta punteras técnicas de investigación y análisis en las que es pionero Forensic Architecture, equipo de investigación radicado en Goldsmiths, Universidad de Londres.
Hay convincentes indicios de que las fuerzas israelíes cometieron crímenes de guerra en el  bombardeo implacable y masivo que efectuaron sobre zonas residenciales de Rafá a fin de frustrar la captura del teniente Hadar Goldin, dando muestra de un alarmante desprecio por la vida de los civiles. Llevaron a cabo una serie de ataques desproporcionados o indiscriminados, que no han investigado en absoluto de manera independiente", ha señalado Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Este informe representa un llamamiento urgente a hacer justicia que no debe ignorarse. El análisis combinado de centenares de fotografías y vídeos, así como de imágenes de satélite y testimonios de testigos presenciales, aporta convincentes indicios de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas israelíes y que deben investigarse".
La enorme cantidad de datos recopilados se presentó a expertos militares y otros especialistas y se recompuso luego por orden cronológico para crear una detallada descripción de lo ocurrido desde el 1 de agosto, cuando el ejército israelí aplicó el controvertido y secreto procedimiento “Hannibal” tras la captura del teniente Hadar Goldin.
En virtud de la directriz "Hannibal", las fuerzas israelíes pueden responder a la captura de un soldado con un intenso ataque aunque pongan en peligro la vida del soldado o de los civiles de la zona. Como ilustra el informe, la aplicación de la directriz hizo que se ordenaran ataques ilegítimos contra civiles.
“Parece que, tras la captura del teniente Hadar Goldin, las fuerzas israelíes dejaron a un lado las normas y atacaron sin ningún miramiento, con consecuencias fatales para la población civil. El objetivo era frustrar la captura a toda costa. Se hizo totalmente caso omiso de la obligación de tomar precauciones para evitar la pérdida de vidas civiles. Se bombardearon distritos enteros de Rafá, incluidas zonas residenciales densamente pobladas, sin hacer distinción entre civiles y objetivos militares", ha explicado Philip Luther.
La ferocidad de los ataques, que continuaron después de que el teniente Goldin fuera declarado muerto el  2 de agosto, indica que pudieron estar motivados en parte por el deseo de infligir un castigo a la población de Rafá en venganza por la captura del soldado.

Bombardeo intenso
Poco después de la captura del teniente Goldin el 1 de agosto de 2014 se anunció un alto el fuego, y muchos civiles regresaron a sus hogares creyendo que era seguro hacerlo. El bombardeo en gran escala y prolongado comenzó sin advertencia previa, cuando había multitud de personas en la calle, muchas de las cuales, en especial las que estaban en vehículos, se convirtieron en objetivos. Ese día se conoció más tarde en Rafa como el "viernes negro".
Los testigos presenciales describieron terribles escenas de caos y pánico, en las que un infierno de fuego de aviones F-16, drones, helicópteros y artillería caía sobre las calles, alcanzando a civiles que iban a pie o en automóvil, así como a ambulancias y otros vehículos que evacuaban a los heridos.
Un testigo describió los ataques de ese día como un intento de triturar a la población civil de Rafá, semejante a la arremetida de "una máquina que hace sin piedad carne picada con la gente”.

Puntero análisis forense
Para esta investigación, los testimonios de los testigos presenciales que describieron la matanza de Rafá se contrastaron con centenares de fotografías y vídeos de diversas fuentes y tomados en múltiples lugares, así como con imágenes de satélite de alta resolución conseguidas por Amnistía Internacional.
Un equipo de investigadores de Forensic Architecture utilizaron una variedad de complejas técnicas para analizar estos datos. Examinaron en las imágenes indicadores temporales –como el ángulo de las sombras y la forma y el tamaño de las columnas de humo, que son como "relojes físicos"– para localizar los ataques en el tiempo y en el espacio (proceso conocido como geosincronización).
Los análisis revelan que, el 1 de agosto, los ataques israelíes contra Rafá fueron dirigidos contra varios lugares donde se creía que se encontraba el teniente Goldin sin tener en cuenta el peligro que corría la población civil, lo que indica además que es posible incluso que tuvieran por objeto matarlo.
En uno de los incidentes más mortales, los investigadores, con la ayuda de expertos militares, pudieron confirmar que se arrojaron dos bombas de una tonelada –las más grandes del arsenal de las fuerzas aéreas israelíes– sobre un edificio de una sola planta de Al Tannur, en el este de Rafá. Había decenas de civiles en la inmediaciones cuando se efectuó este ataque manifiestamente desproporcionado.

“La ferocidad del ataque a Rafá muestra las medidas extremas que fuerzas israelíes estaban dispuestas a tomar para impedir la captura de un soldado vivo; se sacrificó la vida de decenas de civiles palestinos sólo con este fin”, ha afirmado Philip Luther.

El análisis de las fotografías, vídeos y otros tipos de material multimedia proporcionado por testigos presenciales ha sido decisivo para investigar las posibles violaciones del derecho internacional, pues las autoridades israelíes han negado al personal de Amnistía Internacional el acceso a la Franja de Gaza desde que comenzó el conflicto de 2014.
“Forensic Architecture combina nuevas tecnologías de la arquitectura y los medios de comunicación para reconstruir incidentes complejos basándose en las huellas que la violencia deja en los edificios durante un conflicto. Los modelos arquitectónicos nos ayudan a establecer vínculos entre múltiples datos, como imágenes, vídeos cargados en redes sociales y testimonios, para reconstruir virtualmente la sucesión de los acontecimientos", ha explicado Eyal Weizman, director de Forensic Architecture.

Ataques a hospitales y personal médico
Las imágenes de satélites y las fotografías analizadas para el informe muestran cráteres y daños que indican que se atacaron reiteradamente ambulancias y hospitales durante el bombardeo de Rafá, violando con ello el derecho internacional humanitario. 
Un médico describió cómo habían huido, angustiados, los enfermos del hospital Abu Youssef al Najjar al intensificarse los ataques en la zona. A algunos los sacaron en la cama de ruedas, en muchos casos con la vía intravenosa aún puesta. Un niño escayolado salió arrastrándose por el suelo.
Una ambulancia que llevaba a un anciano herido, a una mujer y a tres niños ardió al caer sobre ella un misil disparado por un dron, y todos sus ocupantes, incluido el personal médico, murieron entre las llamas. Jaber Darabih, paramédico que acudió allí, describió así los restos carbonizados de los cadáveres: "sin piernas, sin manos [...] totalmente quemados”. Para su tragedia, más tarde supo que entre las personas muertas en la ambulancia se encontraba su propio hijo, paramédico voluntario.
“Al atacar ambulancias y las proximidades de hospitales, el ejército israelí dio muestra de una flagrante falta de respeto por las leyes de la guerra. Los ataques deliberados contra instalaciones médicas y profesionales de la salud constituyen crímenes de guerra", ha señalado Philip Luther.

Poner fin a la espiral de impunidad
Esta investigación sobre Rafá aporta algunos de los indicios más convincentes presentados hasta ahora de la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, durante el conflicto.
En informes anteriores, Amnistía Internacional ha puesto de relieve violaciones del derecho internacional cometidas por ambos bandos, entre ellas los ataques sistemáticos de Israel contra viviendas civiles habitadas y su destrucción gratuita de edificios civiles de varias plantas, y los ataques indiscriminados y los ataques directos contra civiles de Israel perpetrados por los grupos armados palestinos, así como las ejecuciones sumarias de palestinos en Gaza.
Sin embargo, un año después del conflicto, las autoridades israelíes no han realizado investigaciones creíbles, independientes e imparciales sobre las violaciones del derecho internacional humanitario. Las limitadas investigaciones militares de Israel sobre algunas de las acciones efectuadas por sus fuerzas en Rafá el 1 de agosto no han obligado a nadie a rendir cuentas.
“Hasta ahora, las autoridades israelíes han demostrado, en el mejor de los casos, que son incapaces de llevar a cabo investigaciones independientes sobre los delitos de derecho internacional de Rafá y otras partes, y en el peor, que no están dispuestas a hacerlo. Las conclusiones de este informe añaden convincentes datos al ya muy considerable cuerpo de documentación creíble de las violaciones graves del derecho internacional cometidas durante el conflicto de Gaza, que exigen investigaciones independientes, imparciales y efectivas", ha añadido Philip Luther.
”Las víctimas y sus familias tienen derecho a justicia y reparación. Y quienes hayan ordenado o cometido presuntamente crímenes de guerra deben ser procesados".


Saif Al-Islam Gaddafi en una foto de archivo de 2011 © AP GraphicsBank Las condenas impuestas hoy a más de 30 altos cargos de la época de Gadafi, 9 de ellas a muerte, suceden a un juicio empañado por graves defectos que ponen de relieve la incapacidad de Libia para administrar justicia eficazmente en consonancia con las normas internacionales sobre juicios justos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Entre las 9 personas condenadas a muerte por crímenes de guerra y otros delitos cometidos durante el conflicto armado de 2011 están Saif al Islam al Gadafi, hijo del coronel Muamar Gadafi, y Abdalá al Sanussi, ex jefe del servicio de inteligencia militar. De los otros 23 ex altos cargos juzgados, uno ha sido remitido para tratamiento médico sin dictarse sentencia en su caso, 4 han sido absueltos y al resto se les han impuesto penas que oscilan entre cinco años de prisión y la cadena perpetua.
En lugar de contribuir al esclarecimiento de la verdad y garantizar que se rinden cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 2011, este juicio pone al descubierto la debilidad de un sistema de justicia penal que pende de un hilo en un país dividido por la guerra que carece de autoridad central", ha afirmado Philip Luther, director de Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Era un caso que sin duda iba a poner a prueba al poder judicial, pero al final ha venido a poner en evidencia las dificultades de hacer justicia en un momento de primacía de las armas sobre el Estado de derecho.
Las condenas a muerte, que son violaciones de derechos humanos en su máxima expresión, añaden sal a la herida y deberían ser revocadas en apelación."
Las condenas serán recurridas previsiblemente ante la sala de casación del Tribunal Supremo de Libia. El derecho a un juicio justo de las personas que hoy han sido declaradas culpables requiere una revisión completa, independiente e imparcial de las actuaciones y las pruebas presentadas en su contra y, en la vista de apelación, el Tribunal Supremo deberá abordar las graves acusaciones sobre violaciones de derechos humanos y de garantías procesales en este caso. Para ello debe ejercer su facultad de examinar tanto las pruebas vistas en el juicio como la interpretación de la ley que hace el tribunal.
Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo que Saif al Islam al Gadafi sea entregado a la Corte Penal Internacional, cuya orden de detención dictada contra él sigue vigente.
“Las autoridades libias se negaron a entregar a Saif al Islam al Gadafi a la Corte Penal Internacional para demostrar que eran capaces de administrar justicia internamente. Hasta ahora no lo han hecho, puesto que Saif ha sufrido una sucesión de violaciones de derechos humanos. En la práctica ha sido juzgado y condenado in absentia y continúa recluido en régimen de aislamiento en un lugar secreto y sin acceso a un abogado", ha afirmado Philip Luther.
La única ruta hacia la justicia real para las víctimas de los graves delitos perpetrados durante el conflicto de 2011 es entregar a Saif al Islam al Gadafi a la Corte Penal Internacional y garantizar que todas las personas leales a Gadafi que están detenidas son juzgadas con las debidas garantías."
Información complementaria
El juicio de los "símbolos del antiguo régimen", como se lo denomina en Libia, se celebró del 24 de marzo de 2014 al 21 de mayo de 2015. Saif al Islam al Gadafi, Abdalá al Sanussi y otros 35 altos cargos –incluidos ex diplomáticos, ministros y miembros de organismos de seguridad– fueron acusados de una cadena de delitos cometidos durante la sublevación de 2011 y el conflicto que se desató posteriormente. Incluyen bombardeos indiscriminados, incitación a la violación, dar orden de abrir fuego contra manifestantes, reclutar y armar a mercenarios y participar en masacres t actos de vandalismo y saqueo.
Amnistía Internacional considera que muchos de los 37 acusados han sido privados del derecho a contar con representación letrada, a guardar silencio, a ser informados sin dilación de los cargos contra ellos, a impugnar las pruebas presentadas en su contra y a estar presentes en el juicio oral. En algunos casos, los detenidos permanecieron largos periodos recluidos en régimen de incomunicación y en lugares de detención no oficiales.
Saif al Islam al Gadafi, quien estaba bajo la custodia de milicias en Zintán, y otros siete acusados recluidos en Misrata asistieron al juicio por videoconferencia. Hubo momentos en que la mala calidad de la conexión por satélite le impidió seguir los procedimientos. Saif al Islam al Gadafi dejó de comparecer por videoconferencia en el juicio cuando estalló el conflicto en la parte occidental de Libia el año pasado, que terminó con la retirada de las brigadas de Zintán de Trípoli; eso significa que en la práctica fue juzgado in absentia.
La organización tiene entendido que a muchos acusados los interrogaron sin que hubiera un abogado presente, a pesar de que lo solicitaron repetidamente y de las garantías que establece la legislación libia. No parece que se hayan investigado debidamente las denuncias de tortura y otros malos tratos planteadas por la defensa. A algunos no les asignaron abogado de oficio hasta después de comenzado el juicio, por lo que su derecho a una defensa efectiva fue lesionado.
Muchos abogados defensores no pudieron ver a sus clientes de manera confidencial en la prisión de alta seguridad de Al Habda, donde también se celebraba el juicio. Algunos abandonaron el caso tras asegurar que habían sufrido amenazas, intimidación y acoso.
Los argumentos de la acusación se basaban en gran medida en pruebas basadas en las declaraciones de unos 240 testigos, pero ninguno fue llamado a declarar ante el tribunal ni sometido a preguntas de la parte contraria. En cambio, a los abogados defensores sólo se les permitió llamar a declarar a dos testigos por acusado, y manifestaron que habían tenido dificultades para citar a testigos por la inseguridad reinante.
El juicio se celebró en el contexto de la reanudación de los conflictos, que dieron lugar a la desintegración de la autoridad central y la división de las instituciones del Estado a mediados de 2014. Desde entonces, todas las partes han cometido graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, algunos constitutivos de crímenes de guerra. La violencia ha reducido considerablemente la capacidad de observación de los procedimientos de la comunidad internacional, y ha debilitado aún más el sistema de justicia penal. El Ministerio de Justicia del gobierno reconocido internacionalmente, con sede en el este del país, afirmó que no reconocía la sentencia del tribunal.


Naciones Unidas estima que el 70 por ciento de las mujeres ha tenido alguna experiencia violenta en su vida. (AP Photo/Andres Kudacki) Dos días después del Comité de Derechos Humanos, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (a partir de ahora, CEDAW por sus siglas en inglés), pide a España que tome en serio y cumpla las recomendaciones internacionales de los Comités, en especial aquellas relacionadas con víctimas individuales.
La CEDAW lamenta la falta de medidas por parte del Estado español para implementar las recomendaciones sobre la condena a España el pasado mes de julio de 2014 sobre el caso de Ángela González Carreño. La CEDAW expresa su preocupación por la falta de entendimiento por parte de España de su obligación de hacer seguimiento a las recomendaciones de este Comité integrándolas dentro del marco legal del Estado español. El pronunciamiento de la CEDAW coincide con la negación por parte del Estado español a reconocer ningún valor vinculante a las recomendaciones de este organismo en el caso de Ángela González Carreño.
Esta negativa pone de relieve la falta de reparación por parte del Estado español a muchas víctimas de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ya había expresado su preocupación ante la negativa del Estado español a emprender medidas de reparación por las violaciones de derechos humanos sufridas por Ángela González, que acabaron con el asesinato de su hija. La CEDAW, en sus obsevaciones, ha lamentado la falta de voluntad del Estado español de cumplir con la debida diligencia en este caso.

Tal y como ha señalado el Comité, la justicia española desoyó las peticiones de protección de Ángela, víctima de violencia de género, pero también de su hija, autorizando visitas no vigiladas de la menor con su protenitor hasta que acabó asesinándola.

“Las autoridades podrán escudarse en todo tipo de subterfugios procedimentales de derecho interno para negar reparación a Ángela, pero existe un consenso internacional de que con independencia de cómo se haya producido la violación de los derechos, hay una obligación de reparar por los daños producidos por actos u omisiones atribuibles al Estado. Y aquí no cabe duda de que nos hallamos ante uno de estos supuestos, tal y como ha considerado el Comité”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional en su informe presentado ante la CEDAW señaló que el derecho a la reparación  a las mujeres víctimas de violencia cometida por particulares o agentes estatales no está garantizado ni en la Ley Integral, ni en ninguna otra norma posterior.

Otros temas de preocupación
Amnistía Internacional quiere hacerse eco de otros temas de preocupación destacados por la CEDAW en las observaciones finales sobre España publicadas el 27 de julio de 2015, entre otros.

Violencia contra las mujeres
Aunque Amnistía Internacional reconocío que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un avance, lamenta que la ley se limite a la violencia cometida en el ámbito de la pareja o ex pareja, desatendiendo otros tipos de violencia como puede ser la violencia sexual.

Sin negar la importancia de la creación de los Juzgados Especializados de Violencia contra la Mujer, la organización lleva años denunciando la persistencia de obstáculos a la protección y a la justicia de las mujeres víctimas de violencia habitual, psicológica o sexual; lo que provoca tasas muy elevadas de sobreseimiento y archivo de casos de violencia, y el aumento de sentencias absolutorias. Además del hecho de que persistan prejuicios discriminatorios contra las mujeres en el sistema judicial. El Comité ha pedido a España que proporcione formación obligatoria tanto a jueces, fiscales, y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto sobre las obligaciones que emanan de la Convención sobre  la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y de su Protocolo Opcional; así como formación con perspectiva de género para aplicar en todo el proceso en el que se trabaje con mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Algo que para la CEDAW y para Amnistía Internacional reforzaría a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y de violencia sexual para denunciar sin sufrir discriminación y estigmatización.

Amnistía Internacional llevó ante el Comité el caso de Olga, (nombre ficticio), denunciado previamente por la organización Aspacia. Olga fue asaltada en marzo de 2013 por dos hombres a punta de pistola que la agredieron sexualmente e introdujeron numerosos objetos en su vagina. Desde el primer momento, Olga se sintió maltratada por los agentes de la Guardia Civil que permanecieron sin solicitar permiso en la sala de curas del hospital donde fue trasladada durante la exploración médica. Aunque legalmente las personas extranjeras en situación irregular tienen acceso a la atención en Urgencias, las tres atenciones médicas realizadas por el Servicio de Urgencias al que acudió fueron facturadas, y el 4 de abril de 2013 Olga recibió una carta del Hospital cifrando el gasto en 893,83 euros. A pesar de ser víctima de violencia sexual, Olga nunca fue citada para declarar por el tribunal que abrió la investigación, y las diligencias fueron archivadas. Pocos días después la Guardia Civil la detuvo acusándola de haber "simulado" la agresión sexual como medio para conseguir la regularización. Su expulsión del país fue finalmente suspendida gracias a la intervención de la oficina del Defensor del Pueblo. La imputación penal por simulación de delito siguió vigente hasta el 11 de abril de 2014, fecha en que fue archivada.

Amnistía Internacional ha insistido en recordar la discriminación contra las mujeres inmigrantes, que siguen corriendo riesgo de expulsión, al denunciar la violencia sexual ante la policía, ya que la Ley de Extranjería no protege a estas víctimas. A lo que hay que unir, el colectivo de mujeres inmigrantes en situación irregular que están sufriendo los efectos del Real Decreto Ley 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que está sirviendo como barrera para la identificación de posibles víctimas de violencia de género y de trata.

Por último, la CEDAW lamenta el anuncio sobre la reforma de la ley del aborto, que pretende exigir el consentimiento parental o de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad de 16 a 18 años o mujeres con discapacidad. Un requisito que tanto para Amnistía Internacional como para otros organismos internaciones podría tener un impacto desproporcionado en mujeres en situación de vulnerabilidad que podrían verse obligadas a un embarazo no deseado o a practicar un aborto inseguro.  

Amnistía Internacional pide a España que aplique las recomendaciones de reparación de la CEDAW sobre el caso de Ángela González Carreño y también tome medidas eficaces para abordar la violencia de género y la violencia sexual, mediante la formación de los profesionales, la no estigmatización de las víctimas, y la no discriminación de las mujeres inmigrantes con independencia de su situación administrativa.

/// FIN


Madrid, Manifestación Sanidad, 18 Agosto 2013. ahora salud © 3Ro-Rokenublo via flickr
Seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará mañana 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC, Sespas y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines -que contienen el listado de recomendaciones internacionales- al Ministro y a los y las representantes de las Consejerías de sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, tres autonomías -Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares- han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o comunidades como Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del Ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al Ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el RDL 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.


INFORMACIÓN ADICIONAL

Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son:  el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.
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Imagen gráfica de la campaña El Poder de Tu Voz, 2007. Madrid.- El Tribunal Supremo ha fallado a favor de Amnistía Internacional tras emitir una sentencia en la que reconoce que el spot de la campaña de 2007 de la organización denominada El Poder de tu Voz ”(…) no contiene ningún mensaje ajeno a la promoción de los derechos humanos (…). En consecuencia, no se puede negar el carácter de anuncio de carácter benéfico o de interés público (…) pues ambos calificativos pueden aplicarse a la promoción de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución”. Incluso añade que “(…) pues si tal promoción puede en sí misma sin duda generar controversia, es sólo desde una actitud contraria a los mismos [derechos humanos] ajena a los valores constitucionales”.
Esta campaña fue obstaculizada en 2007 y no pudo emitirse en los canales nacionales de televisión. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio bloqueó en aquel momento su emisión esgrimiendo razones políticas. No sólo negó el carácter de servicio público del anuncio, con lo que impidió su emisión gratuita, sino que además lo calificó como publicidad política, y por tanto prohibida, siendo sancionable su emisión.
El Ministerio justificó su decisión indicando a Amnistía Internacional que, en caso de ser emitido, podría aplicarse el artículo 9.1c) de la Ley 25/1994 por emisión de publicidad política, lo que conllevaría sanciones a los operadores de televisión.  Amnistía Internacional recurrió esta decisión en los tribunales, llevando el caso hasta el Tribunal Supremo que ha fallado, después de ocho años, en favor de la organización.
La calificación del Ministerio vulneraba derechos como la comunicación libre de información veraz y la prohibición de la censura previa. Durante estos ocho años no se ha podido emitir el anuncio, por lo que consideramos una gran victoria la decisión del Tribunal Supremo. Es importante, además, porque sienta jurisprudencia y será una herramienta clave para prevenir posibles situaciones similares en el futuro que afecten a nuestra organización o a cualquier otra”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
El objetivo de Amnistía Internacional con este anuncio no era trasladar una opinión política, sino difundir derechos humanos universales. La información que aparece en el spot de la campaña se ciñe a elementos objetivos que organismos y mecanismos encargados de vigilar y proteger los derechos humanos han producido, algo que finalmente ha reconocido el Tribunal Supremo tras el recurso de casación interpuesto por la sección española de Amnistía Internacional.
El Poder de Tu Voz es un spot en el que están representados todos los sistemas políticos. Aparecen imágenes de las principales autoridades de Libia, Irán, Israel, Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y Estados Unidos aludiendo a diferentes artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en 2008 cumplía su 60 aniversario, como el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por su raza, sexo o religión, a la seguridad personal, a no ser torturadas o a la libertad de expresión. El anuncio recuerda que ningún gobierno puede violar estos derechos.
Otros precedentes
En el año 2003, el Gobierno también obstaculizó la emisión del spot de la campaña Ponte en su piel de Amnistía Internacional sobre malos tratos racistas en España. Años después, el Tribunal Supremo también dio la razón a Amnistía Internacional.
En 2009, también se obstaculizó la emisión de otro spot de la organización, referido al 50 aniversario de su fundación. En aquella ocasión, después de un recurso y unas alegaciones en vía administrativa, Amnistía Internacional volvió a llevar razón. En esta ocasión, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.


Acto de protesta por la nueva ley sobre vigilancia en Internet, recién aprobada en Francia. Copy: AI La máxima autoridad constitucional del país ha respaldado todos los artículos salvo tres de una nueva ley sobre vigilancia que entrará en vigor en unos días, dando a las autoridades francesas amplias facultades para vigilar a las personas por Internet y fuera de Internet, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El gobierno francés se apresuró a llevar al Parlamento el proyecto de ley sobre Inteligencia tras los atentados de París de principios de año, haciendo oídos sordos a la fuerte oposición de grupos de derechos humanos, jueces, empresas de tecnología, sindicatos, abogados y parlamentarios, así como a las críticas de los órganos internacionales de derechos humanos.
La decisión de anoche elimina el último obstáculo para una ley que asestará un duro golpe a los derechos humanos en Francia. Las medidas de vigilancia que autoriza esta ley son muy desproporcionadas. Grandes sectores de la población francesa podrían encontrarse pronto bajo vigilancia por razones poco claras y sin autorización judicial previa", dijo Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Aunque se ha denunciado en todo el mundo la vigilancia masiva que realizan las agencias de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, parece que las autoridades francesas quieren imitar a sus homólogos estadounidenses y británicos al arrogarse el derecho de interceptar las comunicaciones de la ciudadanía y accedan a ellas a voluntad."
La decisión se produce apenas dos días después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de estudiar el cumplimiento por Francia de sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados, criticara la ley por conferir al gobierno francés "facultades de vigilancia excesivamente amplias". A pesar de la opinión de la ONU, el Consejo Constitucional no anuló la disposición que permite que sea el primer ministro —y no un juez— quien autorice la vigilancia, ni la legalidad de los fines contemplados en la ley para los que se permite la vigilancia.
Los problemas clave de la ley, en su redacción actual, son:

  • Permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia intrusivas para fines generales y poco definidos como "intereses de política exterior importantes", proteger los "intereses económicos, industriales y científicos" de Francia y prevenir la "violencia colectiva" y la "delincuencia organizada".
  • Permite el uso de herramientas de vigilancia masiva que captan llamadas de teléfonos móviles y de cajas negras (con fines antiterroristas) en los proveedores de servicio de Internet que recogen y analizan los datos personales de millones de usuarios de Internet.
  • Falta de supervisión independiente: En lugar de obtener la autorización de un juez, el primer ministro sólo tendría que pedir la opinión de un nuevo organismo, el Comité Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia, sin estar obligado a seguirla.
  • Será muy difícil, cuando no imposible, que una persona averigüe si se la está espiando ilegalmente o que alguien pueda denunciar desde dentro el abuso de las facultades de vigilancia.

El Consejo Constitucional anuló uno de los artículos más excesivos de la ley, relativo a la vigilancia de comunicaciones internacionales, que habría permitido la interceptación de comunicaciones "enviadas o recibidas" desde otro país. Amnistía Internacional había advertido de que esto habría incluido prácticamente todas las comunicaciones por Internet. También anuló un artículo que habría permitido que las agencias de inteligencia realizaran actividades de vigilancia sin ninguna autorización, ni siquiera del primer ministro, en caso de "amenazas urgentes".
Esta ley viola flagrantemente los derechos humanos internacionales a la intimidad y a la libertad de expresión. Cualquier persona que investigase las actividades del gobierno francés o de una empresa francesa, o que organizara siquiera una protesta, podría ser sometida a formas de vigilancia muy intrusivas. Las herramientas de vigilancia masiva, como las cajas negras, pondrían las comunicaciones por Internet de toda la población y más allá al alcance de las autoridades francesas", dijo Geneviève Garrigos, directora de Amnistía Internacional Francia.
Los grupos de derechos humanos franceses, incluido Amnistía Internacional Francia, alegaron que el proyecto de ley de Inteligencia era anticonstitucional en un escrito presentado ante el Consejo Constitucional el 10 de julio.


“Sala XX”, del Palacio de las Naciones por BriYYZ from Toronto, Canada – Room XX, Palais des NationsUploaded by russavia. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons Entre sus preocupaciones, el Comité  lamenta que España no asegure la aplicación directa del Pacto  a pesar de lo establecido en la Constitución, y no tenga mecanismos adecuados que permitan la aplicación directa de los dictámenes adoptados por el Comité. Este aspecto cuestiona el compromiso real de España con los mecanismos de Naciones Unidas, especialmente aquellos que permiten la presentación de quejas individuales, al negarles el carácter vinculante a sus dictámenes.

En este sentido, el Comité señala que no se haya avanzado en casos concretos como el de Ali Aarrass, condenado a 15 años de prisión en Rabat sobre la base de la confesión que realizó bajo tortura. Fue extraditado por España a Marruecos en 2010, pese a que existían grandes riesgos de ser detenido en régimen de incomunicación y sufrir malos tratos y tortura. En 2014, el mismo Comité calificó esta extradición de ilegal y exigió la liberación inmediata de Aarras. Pese a las recomendaciones a España para realizar las investigaciones oportunas, no ha habido avances hasta la fecha.

El Comité ha llamado la atención a España por los casos de expulsiones sumarias sin garantías legales de personas migrantes que llegan a las costas del país por parte de las autoridades españolas. Durante todo 2014, Amnistía Internacional recopiló información sobre el trato ilegal de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, incluida su expulsión ilegal a Marruecos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios en Ceuta y Melilla. También el Comité ha expresado su preocupación por la introducción de una disposición adicional en la Ley de Extranjería, mediante la modificación de la  Ley de Seguridad Ciudadana, que permite la devolución sin ningún tipo de garantías de aquellas personas que entren por la valla de Ceuta y Melilla. Algo prohibido por el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea, ya que viola el principio de no devolución a personas que podrían correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en sus países de orígen o en terceros países.

Amnistía Internacional comparte muchas de las preocupaciones contenidas en las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, especialmente:

  • Plan de Derechos Humanos. El Comité ha expresado su preocupación al Estado español de que el Segundo Plan de Derechos Humanos aún no haya sido aprobado.
  • Ley de Seguridad Ciudadana. El Comité ha destacado el efecto disuasorio que puedan tener las sanciones administrativas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, y en la reforma del Código Penal sobre las personas que quieren manifestarse pacíficamente, así como su impacto en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha documentado el uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a manifestantes pacíficos, lo que parece estar orientado a desincentivar la protesta social en España y limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica.
  • Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad. El Comité ha expresado preocupación por frecuentes informes que dan cuenta de  denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos por parte de agentes del Estado en especial en el marco de las protestas ciudadanas. También ha destacado las debilidades y deficiencias de las investigaciones de estos casos. Amnistía Internacional lleva años denunciando la falta de investigación y la impunidad que rodea los casos de malos tratos y tortura en diferentes contextos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Para la organización no se trata de una práctica generalizada, pero  tampoco de casos aislados. Y la falta de una investigación adecuada fomenta un clima de impunidad con estas prácticas.
  • Régimen de incomunicación. El Comité ha lamentado que España no haya abolido el régimen de incomunicación (hasta 13 días en casos de terrorismo o crimen organizado) con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como recomendó en diferentes ocasiones. Amnistía Internacional considera que la detención en régimen de incomunicación no sólo viola  derechos de las personas que son esenciales para garantizar un juicio justo, como son acceso a entrevistarse con un abogado, sino que facilita la tortura y otros malos tratos a personas detenidas. La organización se hace eco de las recomendaciones del Comité en este sentido para que se garantice el derecho de toda persona detenida a un abogado de su elección, a ser     examinado por un medico de su elección, y a notificar a su familia el hecho y lugar de su detención.
  • Víctimas del franquismo. El Comité se ha hecho eco de las recomendaciones de Amnistía Internacional en relación con que los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo sigan siendo denegados en España, pese a las recomendaciones de numerosos mecanismos de Naciones Unidas. Amnistía Internacional ha documentado y ha denunciado que España ni investiga, ni deja investigar estos crímenes, como demuestra la falta de colaboración con Argentina, donde se encuentra abierta la única investigación sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.
  • El Comité también ha expresado la necesidad de incrementar medidas para combatir los persistentes índices de violencia contra las mujeres. Y ha llamado la atención sobre la reforma de la ley del aborto, que pretende exigir el consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad de 16 a 18 años o personas con capacidad modificiada judicialmente. Para el Comité, ésta medida podría obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en riesgo su vida y su salud.

Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional desde hace tiempo viene expresando su preocupación por la manera en que el Estado español incumple las recomendaciones de los mecanismos internacionales. Por eso la   organización urge a España a adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las    recomendaciones del Comité y de otros órganos internacionales.

Para ello debe, entre otras:

  • No devolver a ninguna persona a un país en el que corra riesgo real de ser sometida a violaciones de derechos humanos.
  • Revisar la legislación, las políticas y prácticas relativas al control de manifestaciones para garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
  • Impulsar investigaciones rápidas y eficaces que acaben con la impunidad en casos de malos tratos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
  • Suprimir el régimen de incomunicación garantizando derecho a asistencia legal y médica de su elección a toda persona detenida.
  • Garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
  • Intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres.
  • Garantizar a las menores de 16 a 18 años y a mujeres con discapacidad el aborto legal y seguro con independencia del consentimiento parental o de sus representantes legales.

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