Amnistía Internacional España

Protesta en México D.F. en el segundo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. © Sergio Ortiz Borbolla El proyecto de ley General contra la Desaparición Forzada aprobada por el Senado de la República en México puede constituir un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Ahora sólo falta la aprobación de la Cámara de Diputados para que el proyecto de ley pueda avanzar con firmeza a ser una realidad.
“La aprobación definitiva del proyecto de ley sobre desapariciones forzadas es decisivo para comenzar a atender seriamente la pesadilla que viven miles de familias que buscan a sus seres queridos, enfrentando enormes riesgos y haciendo labores que corresponden a las autoridades públicas”, manifestó Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El proyecto de ley, que es bienvenido, aunque perfectible, nace con un débil sistema de búsqueda y su implementación requerirá una seria voluntad política para brindar justicia, verdad y reparación a tantas familias que con sus esfuerzos llevan años buscando a sus familiares”, manifestó Erika Guevara Rosas.Amnistía internacional respeta y respalda el trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país y reconoce su gran esfuerzo en la creación de esta ley. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados y firmada por el presidente, esta ley entrará en vigor en todo el país y sustituirá a la ley federal y las leyes estatales existentes sobre desaparición forzada.


La detención de nueve activistas de Hong Kong en favor de la democracia es la última señal de que las autoridades están dispuestas a castigar a las voces que disienten sobre el futuro estatuto político de la ciudad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El jueves por la mañana, la policía detuvo a estas nueve personas, involucradas en el movimiento de Hong Kong en favor de la democracia. Al parecer, estas personas se enfrentan a cargos de alteración del orden público y de reunión ilegal por su participación en una protesta básicamente pacífica celebrada el pasado noviembre contra una resolución del gobierno central sobre la Ley Fundamental de Hong Kong.
“El uso reiterado de cargos imprecisos contra figuras destacadas del movimiento de Hong Kong en favor de la democracia huele a una campaña de represalia orquestada por las autoridades para castigar a quienes propugnan la democracia en Hong Kong”, ha manifestado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.
“El gobierno de Hong Kong debería estar protegiendo la libertad de expresión y de reunión pacífica pero, en lugar de eso, parece dispuesto a intimidar a quienes plantan cara a las autoridades. Las detenciones y los procesamientos dirigidos a poner fin a la participación en protestas pacíficas deben cesar.”
Las personas detenidas el jueves son: Avery Ng Man-yuen, Dickson Chau Ka-faat, Chan Man-wai, Sammy Ip, Lo Tak-cheong Cheng Pui-lun, Derek Lam Shun-hin, Ivan Lam Long-yin y Chow Shu-wing.
Sus detenciones se produjeron un día después de que dos ex legisladores en favor de la independencia, que habían sido destituidos de sus cargos, fueran también detenidos por la mañana y acusados de “reunión ilegal” por intentar entrar por la fuerza en una reunión de la cámara legislativa de Hong Kong el pasado noviembre.


Hissene Habre, durante su juicio celebrado en Dakar. AP Photo/Carley Petesch Tras el fallo que Salas Africanas Extraordinarias han dictado hoy en Senegal confirmando en apelación la sentencia condenatoria del ex presidente de Chad Hissène Habré por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y tortura, así como su condena de cadena perpetua, pero absolviéndolo del cargo de violación, Erica Bussey, de Amnistía Internacional, ha manifestado: “La sentencia de hoy es otro hito importante en la larga y decidida búsqueda de justicia de las víctimas del ex presidente Hissène Habré.” “Servirá de estímulo a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas en otras partes para superar los numerosos obstáculos del camino de la justicia. Pero esperamos que la sentencia prepare también el terreno para que otros países africanos ejerzan la jurisdicción universal para enjuiciar delitos de derecho internacional o para que se establezcan tribunales híbridos similares en lugares como la República Centroafricana y Sudán del Sur.” 

La sentencia condenatoria del ex presidente Hissène Habré no pone fin a la búsqueda de justicia en Chad
Erica Bussey, Amnistía Internacional
“La Unión Africana debe garantizar que el Fondo Fiduciario ejecuta en el contexto de su mandato la orden de reparación del tribunal de manera justa y efectiva, y que colabora con los donantes internacionales y el gobierno de Chad para asegurarse de que dispone de medios suficientes. Deben hacerse también esfuerzos para localizar, congelar y confiscar los bienes de Habré para garantizar la reparación.” “La sentencia condenatoria del ex presidente Hissène Habré no pone fin a la búsqueda de justicia en Chad. La victoria de hoy debe servir de recordatorio al gobierno de Chad de que las víctimas de otras violaciones graves de derechos humanos, incluidos los homicidios y la violencia sexual en gran escala cometidos entre 1982 y 1990, exigen todavía justicia y rendición de cuentas.” Información complementariaEn el fallo de hoy, la sala de apelaciones ha confirmado la sentencia condenatoria de Habré por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y tortura, pero lo ha absuelto del cargo de violación.En respuesta a la apelación de las partes civiles, el tribunal ha confirmado el rechazo de la sala de primera instancia de las reparaciones colectivas y ratificado el monto total de las reparaciones de 82.000 millones de francos CFA (125.008.194 euros). La sala de apelaciones ha ordenado también al Fondo Fiduciario que facilite la ejecución de la orden de reparación.El fallo pone punto final a las actuaciones en esta causa histórica.Las Salas Africanas Extraordinarias fueron creadas en 2012 en virtud de un acuerdo entre la Unión Africana y el gobierno de Senegal. El juicio de Hissène Habré se inició el 20 de julio de 2015, y en el curso de las actuaciones prestaron declaración 69 víctimas, 23 testigos y 10 peritos. Además, un miembro del personal de Amnistía Internacional declaró en el juicio en calidad de perito.El 30 de mayo de 2016, las Salas Africanas Extraordinarias condenaron a Habré a cadena perpetua tras declararlo culpable de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos en Chad entre 1982 y 1990. El 29 de julio de 2016, las Salas Africanas Extraordinarias concedieron a las víctimas de violación y violencia sexual que eran partes civiles en la causa 33.880 dólares estadounidenses a cada una, así como 25.410 a cada una de las víctimas de detención arbitraria, víctimas de tortura, prisioneros de guerra y supervivientes, y 16.935 a cada una de las víctimas indirectas.Las vistas de apelación se celebraron del 9 al 12 de enero de 2017. Los abogados defensores de Habré, así como los abogados de las partes civiles, habían apelado contra distintos aspectos de la sentencia de la sala de primera instancia.Habré cumplirá su condena en Senegal o en otro Estado miembro de la Unión Africana.


Consejo de Estado en El Cairo. KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images Una nueva ley aprobada anoche por el Parlamento y que confiere al presidente la facultad de nombrar a los cargos superiores del sistema de justicia podría menoscabar aún más la independencia del poder judicial en Egipto, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.Si el presidente Abdel Fatah al Sisi la ratifica, la ley podría conferirle poderes para seleccionar a los presidentes de los órganos judiciales, incluido el Tribunal de Casación, el Consejo de Estado, la Fiscalía Administrativa y la Fiscalía del Estado.“Esta ley tiene el potencial de menoscabar la independencia del ya amenazado poder judicial del Estado, por lo que, si el presidente la ratifica, podría representar un grave retroceso para la justicia en Egipto. Conferiría al presidente egipcio la facultad de seleccionar a los presidentes de los máximos órganos judiciales del país y podría debilitar importantes medidas de control y equilibrio del ya injusto sistema existente”, ha señalado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

Con esta ley, el Estado intenta consolidar aún más su control del poder
Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África
“Por medio de esta ley, el Estado intenta consolidar aún más su control del poder y neutralizar a dos de los tribunales principales que han tomado alguna vez medidas para poner freno al poder ejecutivo.”Hasta ahora, los consejos judiciales de Egipto tenían la facultad de designar a los presidentes de las distintas partes del sistema de justicia. El nombre del candidato seleccionado se comunicaba entonces al presidente, que dictaba un decreto para confirmar el nombramiento oficialmente, aunque este paso era solo una formalidad, pues en la practica la decisión final recaía aún en los consejos judiciales. Con las reformas propuestas, el presidente tendrá la facultad de seleccionar a los presidentes de los órganos judiciales de entre un grupo de tres jueces superiores presentados por sus iguales de entre los siete miembros de mayor rango de cada órgano judicial.El proyecto de ley se aprobó el 26 de abril, tras votar en favor de las reformas dos terceras partes del Parlamento. Varios órganos judiciales, como el Consejo de Estado, el Consejo Supremo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, habían registrado formalmente su oposición antes de la votación en el Parlamento.Tras la aprobación de las reformas, la Asociación de Jueces de Egipto emitió una declaración en la que instaba al presidente a no ratificarlas y convocaba a los jueces a una asamblea general urgente que se celebrará el 5 de mayo para protestar contra ellas. La Asociación de Jueces del Consejo de Estado también hizo una declaración en contra de la nueva ley y escribió una carta al presidente instándolo a no aceptarla porque menoscaba la independencia del poder judicial y el principio de separación de poderes.Dos de las máximas instancias judiciales del país, el Tribunal de Casación y el Tribunal Administrativo Supremo, se verán especialmente afectadas por la nueva ley. Buena parte de la comunidad judicial de Egipto las consideraba la última esperanza de mantener bajo control la injusticia que caracteriza el poder judicial desde hace años.El Tribunal de Casación ha anulado varias condenas masivas de muerte por considerar que los tribunales de primera instancia no establecieron la responsabilidad penal individual y que, dada su dependencia exclusiva de las investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, no había pruebas suficientes.El Tribunal Administrativo Supremo, que se ocupa entre otras cosas de revisar la actuación y la política del poder ejecutivo en casos relacionados con violaciones de derechos humanos, ha tomado varias decisiones independientes desafiando al gobierno. En enero de 2017 anuló un acuerdo gubernamental por el que se cedía a Arabia Saudí la propiedad de dos islas del mar Rojo.Desde julio de 2013, las autoridades egipcias han tomado varias medidas que han menoscabado la independencia del poder judicial, con intención de convertir los tribunales en instrumentos de represión de quienes critican al gobierno. Entre tales medidas figuran la celebración de juicios e interrogatorios en lugares controlados por el Ministerio del Interior, como prisiones, comisarías y academias de policía y bases de las fuerzas de seguridad. En 2014, la Asamblea General de los Tribunales de Apelación de El Cairo estableció salas especiales para enjuiciar a personas implicadas en protestas no autorizadas o actos de violencia. Estas salas han condenado a centenares de personas a muerte o cadena perpetua en procesos colectivos que no han cumplido siquiera las normas mínimas sobre juicios justos.Durante años, los sucesivos gobiernos de Egipto han intentado interferir en la labor del poder judicial promoviendo o sancionando a sus miembros. El ministro de Justicia, que es miembro del poder ejecutivo, también goza de amplios poderes para someter a los jueces a medidas disciplinarias.En los últimos tres años se han tomado medidas disciplinarias contra varios jueces por criticar pacíficamente al gobierno. Muchos jueces se han visto obligados a jubilarse tras ser acusados de participación en actividades políticas, prohibida por el artículo 73 de la Ley de Autoridad JudicialEn marzo de 2017, el ministro de Justicia remitió a dos jueces, Hisham Raouf y Assem Abdelgabar, a una junta disciplinaria por participar con un grupo egipcio de derechos humanos en un taller sobre la elaboración de una ley contra la tortura. El 28 de marzo de 2016, una junta disciplinaria suprema obligó a jubilarse a 32 jueces que, el 24 de julio de 2013, habían firmado una declaración en contra del derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi.Las medidas disciplinarias contra los jueces parecen haberse aplicado de manera discriminatoria con los que han expresado opiniones en favor del gobierno, que han eludido el castigo.


El primer ministro húngaro, Viktor Orban, en el Parlamento europeo // Wiktor Dabkowski/picture-alliance/dpa/AP Images El primer ministro húngaro, Viktor Orban, debe retirar su propuesta de obligar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiación del extranjero a calificarse a sí mismas como “financiadas por el extranjero”, y debe dejar de detener a solicitantes de asilo en campamentos hechos con contenedores. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de un debate y un discurso previstos en el Parlamento Europeo.
“Orban está en Bruselas tratando de defender lo indefendible. No hay justificación para pedir a las ONG que se autocalifiquen de ‘financiadas por el extranjero’ para poder recibir apoyo de otros países, incluido apoyo directo desde la Unión Europea. Es evidente que la única intención de esta medida es tratar de estigmatizar y desacreditar a quienes tratan de hacer rendir cuentas al gobierno”, ha manifestado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“La constante represión a las ONG que están protegiendo los derechos de la población húngara y prestándole servicios es fundamentalmente incompatible con los principios constitutivos de la UE. El Parlamento Europeo debe dejar eso patente al final del debate de hoy con una resolución enérgica y unas acciones claras para contraatacar la represión de los derechos humanos.”
Además de a las ONG, Orban también ha intentado difamar y utilizar como chivo expiatorio a las personas solicitantes de asilo y migrantes, a las que ha descrito como ‘veneno’ y a las que ha detenido en campamentos hechos con contenedores. La Comisión Europea debe iniciar procedimientos de infracción contra Hungría por su política de detención de solicitantes de asilo.
“Los contenedores de carga rodeados de una valla de alambre de cuchillas no son lugar para mantener a los solicitantes de asilo mientras se procesa su solicitud, especialmente en el caso de niños y niñas y personas vulnerables. Pedimos a la Comisión Europea que llame sin demora la atención a Hungría por su flagrante transgresión de la legislación de la UE”, ha manifestado Iverna McGowan.
Amnistía Internacional se ha unido a más de 250 ONG húngaras para actuar unidas en una campaña conjunta denominada “Civilización”, en la que se movilizan con protestas y acciones de envío de cartas para pedir a los miembros del Parlamento húngaro que retiren la propuesta estigmatizante. Decenas de miles de personas se unieron a una manifestación en Budapest.
Información complementaria
Ayer, activistas de Amnistía Internacional y otras ONG celebraron una protesta silenciosa en el debate del Comité de Justicia del Parlamento húngaro sobre las reformas a la ley de ONG.
La Ley CLXXV de 2011 sobre el derecho de asociación, la condición de beneficio público y la administración y apoyo de organizaciones de la sociedad civil (apartados 20, 29-30) prescribe detallados requisitos de presentación de informes para las organizaciones de la sociedad civil.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y otras tres ONG piden al Parlamento Europeo que adopte una resolución sobre la situación en Hungría y que presente al Consejo Europeo una propuesta razonada para activar el mecanismo de prevención previsto en el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), para proteger los valores fundamentales de la UE consagrados en el artículo 2 del TUE.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil de toda Europa se unen en solidaridad con el pueblo de Hungría.
Véase el informe de 2015 de Amnistía Internacional relativo a la presión ejercida sobre la sociedad civil en Hungría: https://www.amnesty.org/en/documents/eur27/0001/2015/en/


AI La nueva Ley General contra la Tortura aprobada en México constituye un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que azota al país. Las autoridades deben ahora garantizar que todos los responsables de estos infames delitos contra el derecho internacional comparecen ante la justicia, manifestó Amnistía Internacional hoy.
El Congreso mexicano ha aprobado finalmente hoy la Ley General contra la Tortura, prometida hace más de dos años por el presidente de México tras la indignación pública nacional que estalló tras las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el caso de 43 estudiantes desaparecidos. El Senado mexicano ha aprobado hoy una versión final que había sido debatida por las dos cámaras del Congreso.
“A menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país, esta ley no será más que palabras sobre el papel. No debemos permitir que esto siga siendo así”, manifestó Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La tortura es una práctica muy extendida en México. A la gente se la tortura de manera habitual en un intento de obligarla a firmar “confesiones” falsas.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los ministerios públicos y los tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar ni castigar la tortura cometida por funcionarios públicos. De los miles de denuncias de tortura realizadas cada año, sólo 15 casos han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal desde 1991. Muy rara vez se presentan cargos penales contra los sospechosos de ser penalmente responsables, si es que llegan a presentarse.
La ley aprobada hoy por el Congreso establece la prohibición absoluta de la tortura y dispone que las pruebas y testimonios obtenidos mediante esta práctica deben ser excluidos de los tribunales.
Verónica Razo es una de los miles de víctimas de tortura en México. Ha pasado casi seis años en prisión sin que se haya dictado sentencia en su contra.
En junio de 2011, unos policías federales la secuestraron delante de su casa, en el centro de Ciudad de México, cuando se dirigía a recoger a sus hijos de la escuela. La violaron y torturaron durante 24 horas hasta que firmó una “confesión”. Sus dos hijos aguardan con ansia su liberación mientras ella permanece tras las rejas.
“El Congreso mexicano ha aprobado hoy una ley que refleja los incansables esfuerzos de innumerables organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de tortura para garantizar que se elimina este atroz delito contra el derecho internacional, un delito que constituye una violación de derechos humanos”, manifestó Tania Reneaum Panszi.
“Sin embargo, mientras haya sobrevivientes de tortura que, como Verónica Razo, permanezcan en prisión, esta ley no podrá considerarse efectiva. Es hora de que las leyes se pongan plenamente en práctica en México, y de que Verónica vuelva a casa con su familia.”
“Además, hasta que el Congreso no apruebe una ley general contra la desaparición forzada, tal como prometió el presidente en 2014, su trabajo no podrá considerarse terminado”, declaró Tania Reneaum Panszi.
Una vez firmada por el presidente, esta ley entrará en vigor en todo el país y sustituirá a la ley federal y las leyes estatales existentes sobre la tortura.
Más informaciónMéxico: La violencia sexual, usada habitualmente como tortura para obtener “confesiones” de mujeres‏ 


© AFP/Getty images Las autoridades venezolanas  utilizan el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y sanción de quienes piensan de manera distinta a ellas, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy en medio del aumento de las protestas en todo el país, en las que han muerto varias personas y centenares más han resultado heridas y han sido encarceladas.
Silencio a la fuerza: detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela proporciona datos sobre una serie de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión.
Entre ellas figuran detenciones practicadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra miembros de la oposición política.
“En Venezuela no se permite la disidencia. No parece que haya límite para las innumerables tácticas legales que las autoridades están dispuestas a aplicar con objeto de sancionar a quienes expresan opiniones que difieren de la postura oficial del gobierno”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En vez de obsesionarse con silenciar las opiniones disidentes, las autoridades venezolanas deben centrarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la grave crisis que afronta el país.”Amnistía Internacional ha lanzado a través de su centro de activismo on line una campaña de recogida de firmas para exigir libertad y justicia para los disidentes políticos en Venezuela.
El 11 de enero de 2017, agentes del SEBIN detuvieron al diputado de la oposición Gilber Caro y a la activista del partido de oposición Voluntad Popular Steicy Escalona y a dos miembros de su familia al pasar por un peaje de regreso a Caracas.
Ese mismo día, el vicepresidente de la República explicó en declaraciones por televisión que se habían incautado a Gilber y a Steicy un arma de fuego y explosivos y que el diputado estaba implicado en actividades terroristas, señalando que había cruzado clandestinamente la frontera para entrar en Colombia.
Steicy fue llevada ante un tribunal militar y acusada de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber quedó recluido en un centro penitenciario, y a fecha de marzo de 2017 no había sido llevado aún ante un tribunal para determinar la legalidad de su situación.
Los casos de Gilber y Steicy ilustran algunas de las numerosas estrategias que emplean las autoridades venezolanas para intentar silenciar la oposición en un contexto de crecientes protestas en todo el país.
En la mayoría de los casos se imputa a las personas detenidas graves delitos –como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión– que permiten ordenar su prisión preventiva aunque no haya pruebas admisibles suficientes para fundamentar los cargos.
Este tipo de delitos corresponden a jurisdicciones especiales, como la militar, que carecen de independencia, raras veces son imparciales y no deben enjuiciar a civiles.
Amnistía Internacional ha documentado también casos de personas detenidas a las que se ha restringido el contacto con sus familias y sus abogados defensores, lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en especial tortura y otros malos tratos.Yon Goicochea, líder estudiantil y actual dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por individuos no identificados, que conducían una camioneta sin placas de matrícula, según las personas que lo presenciaron.
Su detención fue confirmada al final por un alto cargo de la formación política del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien manifestó que lo habían detenido por llevar explosivos con intención, presuntamente, de utilizarlos en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.A pesar de los intensos esfuerzos de su familia, no se pudo confirmar el paradero de Yon Goicochea hasta aproximadamente 13 horas después de su último contacto con ella.Yon estuvo en paradero desconocido desde el momento de su detención hasta que se supo que se hallaba recluido en el centro del SEBIN de El Helicoide de Caracas. Lo llevaron ante los tribunales, pero, según la información proporcionada a Amnistía Internacional, continuó detenido en régimen de incomunicación hasta el 1 de septiembre de 2016.
Desde el 20 de octubre de 2016 se reconoce por fallo judicial que se cumplen todos los requisitos necesarios para dejarlo en libertad, dado que la fiscalía no ha encontrado pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Sin embargo, continúa bajo custodia del SEBIN, y, según información proporcionada por su familia, el tribunal que se ocupa del caso no está abierto al público desde diciembre de 2016.
“El hecho de que en Venezuela haya personas detenidas sin que se hayan presentado oficialmente cargos contra ellas demuestra la situación desesperada de los derechos humanos en el país”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.


© Pierre-Yves Brunaud / Picturetank Crecen los temores por la seguridad de la población civil en la estratégica ciudad portuaria de Hudaida, en el oeste de Yemen, en medio de informes que indican que en breve está prevista una gran ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional mientras los Estados de la ONU se reúnen hoy, 25 de abril, en una conferencia de donantes en Ginebra.Un asalto a la cuarta ciudad más poblada del país que alterase gravemente el funcionamiento del puerto no sólo pondría en grave peligro a la población civil; también correría el riesgo de interrumpir un flujo de ayuda esencial para un país que depende en un 80% de las importaciones, y con ello empeorar una situación humanitaria que ya es terrible.“El conflicto ya ha causado un sufrimiento terrible a la población civil de Yemen, que soporta las peores consecuencias de estos combates desde hace más de dos años. La coalición liderada por Arabia Saudí ha incumplido descaradamente el derecho internacional humanitario al llevar a cabo reiterados ataques aéreos indiscriminados y otros de carácter ilegítimo en zonas densamente pobladas de todo Yemen. Hay miles de muertos y heridos entre la población civil, así como destrucción y daños generalizados en viviendas e infraestructuras. No puede repetirse este grado de destrucción y homicidios ilegítimos en Hudaida”, ha dicho Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de la oficina de Amnistía Internacional en Beirut.“Ante el desplazamiento constante de la línea de combate hacia el norte a lo largo de la costa del mar Rojo, y la amenaza de un asalto a la ciudad de Hudaida y zonas circundantes, tanto la coalición liderada por Arabia Saudí como las fuerzas huzíes leales a Salé y otros grupos deben abstenerse de llevar a cabo ataques indiscriminados o desproporcionados. Es fundamental que adopten todas las precauciones posibles para garantizar la protección de la población civil, lo que incluye avisar de los ataques a los residentes con la debida antelación y darles tiempo para abandonar la zona en condiciones seguras.”La población estimada de la ciudad de Hudaida antes de la guerra era de más de 400.000 habitantes. Según la Fuerza de Trabajo para Movimientos Poblacionales codirigida por la agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la gobernación de Hudaida acogía al menos a 100.000 personas internamente desplazadas en enero de 2017.La probabilidad de una gran operación militar en Hudaida, además, pone de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional suspenda todas las transferencias de armas, municiones, tecnología o material militar y apoyo logístico a todas las partes enfrentadas en el conflicto para su uso en Yemen.En los últimos dos años de combates, todas las partes en conflicto, incluidos grupos armados y milicias huzíes y antihuzíes, han llevado a cabo ataques ilegítimos que han causado la muerte o lesiones a civiles, y no han distinguido entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 13.000 civiles han resultado muertos o heridos desde que los combates se propagaron por todo en el país en marzo de 2015.En mayo de 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí declaró la ciudad de Saada, en el norte del país, “zona militar”. Los civiles residentes en la zona no fueron avisados con tiempo suficiente para evacuarla, por lo que miles de personas quedaron atrapadas durante los tres meses que las fuerzas de la coalición llevaron a cabo bombardeos de saturación indiscriminados contra la ciudad, en ataques que violaron de manera flagrante el derecho internacional humanitario.A mediados de 2015, tanto las fuerzas huzíes como las antihuzíes también pusieron en peligro a la población civil al batallar por el control de Adén y Taiz. En los ataques terrestres documentados por Amnistía Internacional, en los que casi 200 civiles murieron o resultaron heridos, ninguno de los bandos había distinguido entre combatientes y civiles en ningún momento, en contravención del derecho internacional. En la ciudad de Taiz, una guerra urbana prosigue imparable hasta hoy, aumentando el sufrimiento de los civiles.El equipo de investigación de Amnistía Internacional que estaba sobre el terreno durante la ofensiva de Saada y los combates urbanos de Adén y Taiz fue testigo directo de las demoledoras consecuencias para los civiles, a quienes no se garantizó el paso de forma segura ni se avisó con la debida antelación.La presencia de combatientes del grupo armado huzí o de otras fuerzas afines a Salé entre la población civil y en áreas civiles no justificaría que la coalición tratara toda la ciudad de Hudaida como objetivo militar, con independencia de que sea declarada oficialmente zona militar, como se hizo con Saada.Semejante acción ilegítima tendría consecuencias devastadoras que irían mucho más allá de Hudaida, dado que el puerto de la ciudad es un punto esencial de entrada de la indispensable ayuda humanitaria internacional. Aunque actualmente el puerto no funciona a pleno rendimiento debido a los daños sufridos en sus instalaciones, el 80% de las mercancías importadas por Yemen entraban por el puerto de Hudaida cuando estalló el conflicto. La ONU ha advertido de que los cambios en la afluencia de mercancías a través del puerto “tendrían consecuencias graves”.Yemen se enfrenta en la actualidad a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Al menos 21 millones de personas necesitan desesperadamente la ayuda humanitaria para sobrevivir, y aproximadamente 7 millones están al borde de la inanición.Es fundamental que todas las partes del conflicto permitan el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria imparcial, para que llegue sin demora a la población civil que la necesita.


El presidente, Donald Trump © Getty Images Washington.– Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional ha elaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia.
“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”.
Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes:
Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia.Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo.Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero.Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock.
La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes:
Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas.El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva.Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses.
“Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.


Portadas de periódicos tras las elecciones / Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images Al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional Francia pide a los dos candidatos que se comprometan públicamente a respetar los derechos de todas las personas, e invita a la ciudadanía a movilizarse a su lado. Los derechos humanos no son una amenaza, ni un obstáculo para la seguridad de nadie: constituyen la base del Estado de derecho y son la condición sine qua non para una sociedad abierta y tranquila.
“La única manera de garantizar la seguridad de toda la población es garantizar los derechos humanos de todas las personas”, ha manifestado Camille Blanc, presidenta de Amnistía Internacional Francia. “Los derechos humanos nos protegen, y nosotros debemos protegerlos.”
“Amnistía Internacional Francia pide a los candidatos que afirmen con fuerza su compromiso para con los derechos fundamentales”, ha continuado Camille Blanc. “Este deber incumbe a todos los responsables políticos, y más aún a quien vaya a acceder a la presidencia de la República.”
“Estamos alerta para defender y proteger los derechos humanos”, ha concluido Camille Blanc, “y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que, a nuestro lado, mantenga la vigilancia y la movilización”.
La historia y la actualidad lo han demostrado: el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas, fundamento de una sociedad libre y justa, no es negociable. Es necesario una vez más que nos agrupemos y nos unamos para defender y proteger estos derechos.Notas para periodistas
Amnistía Internacional Francia se moviliza para proporcionar al electorado información fiable y exacta sobre los programas y compromisos de los candidatos en materia de derechos humanos. Tras el trabajo de promoción llevado a cabo a finales de 2016, Amnistía Internacional Francia ha publicado, en el periodo previo a la primera vuelta de las elecciones, las respuestas de los candidatos a su llamamiento sobre los 10 puntos relativos al respeto de los derechos fundamentales, y ha observado con alarma la falta de compromiso de varios de los candidatos a ocupar el más alto cargo del Estado.
Pueden encontrar un análisis detallado de los programas en amnesty.fr.
Pueden encontrar aquí la petición online “Elections 2017: je veux une France terre d’accueil et de libertés” (Elecciones 2017: quiero una Francia tierra de acogida y libertad).