Amnistía Internacional España

El bloguero y activista detenido en Guinea Ecuatorial, Celestino Okenve. © Particular.

Guinea Ecuatorial debe dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a tres hombres que fueron detenidos hace dos semanas, acusados simplemente de manifestarse de manera pacífica en contra de la celebración en el país del gran campeonato de fútbol de África. Así lo han manifestado hoy un grupo de destacadas organizaciones internacionales que trabajan en cuestiones de derechos humanos y de transparencia.

Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, EG Justice, la Open Society Justice Initiative y la Plataforma Portuguesa das ONGD piden que Celestino Okenve, Antonio Nguema y Miguel Mbomio sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.

Ejercer la libertad de expresión no puede ser jamás motivo de encarcelamiento; da una imagen muy negativa de Guinea Ecuatorial como sede de la Copa Africana de Naciones –ha señalado Steve Cockburn, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África central y occidental–. Las autoridades deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a estos activistas de los derechos humanos, a quienes Amnistía Internacional considera presos de conciencia.”

“Las autoridades deben también garantizar que los activistas reciben protección efectiva contra la tortura y otros malos tratos y tienen acceso periódico a un abogado de su elección, a sus familias y a los servicios médicos que puedan necesitar.”

Los tres hombres fueron detenidos en vísperas de la Copa Africana de Naciones, campeonato de tres semanas de duración.  

Okenve fue detenido sin orden judicial el 14 de enero, cuando distribuía octavillas en Bata, ciudad de la provincia Litoral, en la región Continental. En las octavillas se animaba a boicotear el campeonato, que dio comienzo el 17 de enero. Durante su detención, por un grupo de siete agentes de policía, fue golpeado. Según la información de que disponemos, la detención se llevó a cabo por orden del gobernador de la provincia de Wele-Nzas, quien dijo a Okenve que lo que hacía estaba mal e iba contra el presidente.

La policía detuvo además a un ex alumno de Okenve, Antonio Nguema, que se encontraba también allí. No estaba repartiendo octavillas, pero lo detuvieron al preguntar a los agentes el motivo de la detención de aquél. Llevaron a ambos a la Comisaría Central de policía de Bata, donde, a su llegada, Okenve quiso otra vez saber por qué lo habían detenido y fue golpeado por un agente.

El 16 de enero fue detenido en Bata un tercer hombre, Miguel Mbomio, por tener la octavilla contra la celebración del campeonato de fútbol. No conocía a Okenve ni sabía que había sido detenido, sino que había ido a la Comisaría Central de Bata por un asunto privado. El agente de policía que lo atendía vio que tenía la octavilla y lo detuvo.

Desde su detención, los tres hombres han tenido muy limitado el acceso a su abogado, a quien no se ha permitido asistir a los interrogatorios ni se ha informado de los cargos formulados contra ellos.

El informe policial indica que Okenve ha sido acusado de “desestabilización” de la Copa Africana de Naciones, aunque no ha comparecido ante un juez. Las cinco organizaciones consideran que los tres hombres están privados de libertad arbitrariamente y que han sido detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

Okenve es economista, ingeniero y ex profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, donde enseñaba comunicación. Es también el coordinador del Foro Solidario para Guinea Ecuatorial y un conocido bloguero y activista político.  

“Guinea Ecuatorial tiene que poner fin de inmediato a estas tácticas represivas y arbitrarias, utilizadas para intimidar y silenciar a quienes se muestran críticos –ha afirmado Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice–. Si el presidente Obiang se encuentra a gusto deteniendo arbitrariamente y negando justicia a los ciudadanos mientras los ojos de África están puestos en Guinea Ecuatorial, tiemblo al pensar lo que nos espera a partir de ahora, hasta las elecciones presidenciales del año próximo.”


Cámaras de vigilancia en la comisaría de los Mossos de Les Corts instaladas a raíz de los supuestos casos de malos tratos detectados por el departamento de Interior. © EFE/Toni Albir.

En España no se practica la tortura de forma sistemática, pero sí de forma frecuente, y en la inmensa mayoría de los casos este tipo de delitos resultan impunes. Es el  resumen de la situación que plantearon ayer en Madrid los participantes en una jornada sobre este delito con el título "Contra la Tortura. Retos y desafíos en España", celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española.

En el encuentro se abordaron cuestiones como la necesidad de contar con un marco sólido contra la tortura y los malos tratos, mecanismos de prevención y la existencia de una adecuada investigación para asegurar que no haya espacios de impunidad.

Juristas, investigadores y miembros de organizaciones de derechos humanos coincidieron en señalar
la importacia de los mecanismos de prevención para evitar que la tortura y los malos tratos sigan siendo delitos que en España se producen "no de forma sistemática, pero sí generalizada".

En este sentido, se citaron los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, concebidos como un medio de aplicar, de manera efectiva en el plano nacional, las normas internacionales relativas al trato debido a las personas privadas de su libertad y a las condiciones de la reclusión. Para ello, se apuntó la necesidad de garantizar la calidad de las visitas realizadas por estos mecanismos de prevención.

“Hay estados a los que hay que reiterarles las recomendaciones para prevenir la tortura y ese es el caso de España”, apuntó Celso Manata, representante del Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPTE).

“¿Por qué España no cumple los estándares internacionales de investigación de la tortura y malos tratos?”, se preguntó el fiscal del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, en el acto organizado por seis organizaciones, con motivo del 30 aniversario de la firma de la Convención contra la tortura por parte de las Naciones Unidas.

A pesar de que España ratificó este tratado internacional en 1987, varias de las intervenciones señalaron que España "incumple claramente la normativa internacional" en esta materia. Como ejemplo, las entidades organizadoras destacaron que en la actual reforma del Código Penal sigue sin abordarse la correcta tipificación del delito de tortura de forma acorde con el derecho internacional y las penas están muy lejos de corresponderse con la gravedad de este tipo de acciones, a pesar de las reiteradas recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos como el Comité contra la Tortura.

Durante la jornada se recordó que la violación o los abusos sexuales cometidos bajo custodia se consideran un acto de tortura y se destacó la importancia de estudiar las formas particulares de tortura que sufren las mujeres. "La falta de enfoque de género provoca la invisiblización de una parte de la violencia", lamentó Paloma Soria, visitante de la Corte Penal Internacional.

Torturas impunes

Casos recientes demuestran hasta qué punto los delitos de tortura y malos tratos no se investigan de forma adecuada en España. "El mecanismo que investiga la tortura debe ser diferente al de los presuntos perpretadores", reclamó Daniel Joloy, investigador de Amnistía Internacional.

Los casos de tortura se producen mayoritariamente cuando las víctimas se encuentran bajo custodia del Estado: en centros de detención, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y también durante el régimen de incomunicación. Un régimen que sigue sin eliminarse en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en Consejo de Ministros, tal y como han recomendado diferentes organismos internacionales de derechos humanos.

Además, dicha reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no introduce medidas para evitar el riesgo de tortura.  Según estas organizaciones, es la falta de voluntad política para aclarar estos casos lo que permite que se sigan produciendo de forma frecuente y no se tomen medidas básicas para prevenirlo. Ni siquiera existe un registro que permita saber el número de denuncias que se realizan en España por este delito.

"A veces las recomendaciones sobre tortura se quedan en burocracia vacía. Debe existir un registro de alegaciones de torturas y malos tratos para tener una visión global, y para hacer seguimiento a casos individuales", afirmó Hans Draminsky, miembro del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas.

Las entidades organizadoras y los expertos participantes en la jornada reclamaron a las autoridades políticas, cuerpos de seguridad, jueces y médicos forenses que afronten de manera directa los casos de tortura y malos tratos en España y se comprometan en trabajar para erradicarla de forma definitiva.

Además, se citó el protocolo de Estambul como instrumento básico del derecho internacional para la correcta documentación de las denuncias de torturas y malos tratos. Sin embargo, el experto forense, Pau Pérez, denunció la falta de conocimiento de este protocolo tanto por la mayoría de los médicos como por parte de jueces y fiscales.

Por último, Victor Madrigal, secretario general del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, lamentó el "olvido que sufren las víctimas de tortura" cuando no obtienen ninguna reparación.

Entidades organizadoras de la jornada: Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Asociación Pro Derechos Humanos en España, Coordinadora Para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Rights International Spain.

Entidad colaboradora: Fundación Abogacía Española.


Raif Badawi podría ser sometido a otra ronda de azotes este viernes © Amnesty International

Una nueva flagelación del bloguero saudí Raif Badawi podría causarle daños debilitantes físicos y mentales a largo plazo, advierte una experta médica de la organización benéfica Freedom from Torture en un informe encargado por Amnistía Internacional.

Las autoridades saudíes suscitaron la indignación internacional este mes al someter a Raif Badawi a 50 latigazos por crear y gestionar un foro en Internet para el debate público e “insultar al islam”. Los expertos médicos dicen ahora que el sufrimiento al que ha sido sometido podría aumentar si se ejecuta la totalidad de su condena a 1.000 latigazos.

“Azotar a Raif Badawi fue un acto incalificablemente cruel y espantoso por parte de las autoridades saudíes. Esta práctica viola la prohibición de la tortura y de otros malos tratos contenida en el derecho internacional y no debe realizarse en ninguna circunstancia; su aplicación repetida probablemente intensificará el suplicio y el sufrimiento, tanto mental como físico, causado a la víctima”, declaró Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Raif Badawi podría ser sometido a otra ronda de azotes este viernes.

La doctora Juliet Cohen, jefa del equipo médico de Freedom from Torture, dijo que el impacto de una segunda tanda de latigazos sería probablemente aún peor que el de la primera.

“Cuantos más golpes se infligen unos sobre otros, más probabilidades hay de causar heridas abiertas. Esto es importante porque suelen ser más dolorosas y podrían infectarse, lo que causaría aún más dolor durante un periodo prolongado, pues la infección retrasa la curación de las heridas”, dijo.

La doctora Cohen explicó también que la camisa que llevaba Raif Badawi cuando lo flagelaron por primera vez no le habría protegido mucho de la fuerza de los golpes.

“Con cada golpe del bastón, la sangre sale de los tejidos situados debajo… Los daños en los vasos sanguíneos pequeños y en cada célula hacen que la sangre y el líquido de los tejidos se filtre en la piel y en el tejido subyacente, lo que aumenta la tensión en estas zonas”, prosiguió.

Si estas zonas sufren nuevos impactos de golpes del bastón, la piel se puede romper, sobre todo en las partes óseas del cuerpo, con lo que aparece una herida abierta, explicó.

Además de los terribles efectos físicos de la flagelación, las víctimas soportan también el tormento mental consecuencia del castigo.

Psicológicamente, la flagelación puede causar sentimientos de miedo, ansiedad, humillación y vergüenza. Es probable que la anticipación de la siguiente sesión de flagelación programada intensifique las emociones, especialmente el miedo, la ansiedad y las dificultades para dormir… el dolor y el miedo juntos durante un periodo prolongado tienen un efecto profundamente debilitante y la recuperación de estas experiencias podría llevar un tiempo considerable”, dijo la doctora Cohen.

Las dos últimas flagelaciones programadas de Raif Badawi —en los dos viernes posteriores a su primera flagelación el 9 de enero— se han aplazado por razones médicas, después de que los facultativos lo declarasen no apto para ser flagelado.

En el caso de Raif Badawi, la participación de médicos ha llevado a la suspensión —al menos temporal— de su castigo. Pero la participación de profesionales de la medicina en el proceso es en sí motivo de preocupación, pues podrían verse obligados a sancionar estas penas, lo que sería contrario al principio más fundamental de la labor de los médicos, que es no infligir daño intencionadamente.

La doctora Juliet Cohen recomendó que se apoyase a Raif Badawi para que supiera “que no está solo en su sufrimiento, sino que se habla de ello en todo el mundo”, así como que las asociaciones médicas, incluida la Asociación Médica Mundial, apoyasen a los médicos a los que se ordena que lo examinen, instándolos a que “consideren la salud de su paciente por encima de todo”.

En las últimas semanas Amnistía Internacional ha convocado concentraciones de apoyo a Raif Badawi en todo el mundo, pidiendo a las autoridades saudíes que lo pongan en libertad inmediata e incondicionalmente y que anulen su condena.

“Raif Badawi es un preso de conciencia, cuyo único ‘delito’ ha sido crear un sitio web para el debate público, y las autoridades saudíes deben poner fin a su despiadada campaña contra él”, concluyó Philip Luther.

“La flagelación está prohibida por el derecho internacional y ejecutar regularmente un castigo tan cruel e inhumano avergüenza al país.”


Imagen vía satelite tomada el 7 de enero de 2015 muestra los daños en el pueblo de Doron Baga tras el ataque de Boko Haram. © DigitalGlobe.

Hay indicios de que el ejército nigeriano había sido avisado reiteradamente de la inminencia de los ataques contra Baga y Monguno en los que murieron cientos de personas y no actuó adecuadamente para proteger a la población civil, ha dicho Amnistía Internacional.

De acuerdo a una fuente militar local de alto nivel y según apuntan otros indicios reunidos por Amnistía Internacional, en noviembre y diciembre de 2014 los jefes de la base militar de Baga informaron con frecuencia al alto mando del ejército de la amenaza de que se produjera un ataque de Boko Haram, y solicitaron reiteradamente refuerzos. Testigos y otras fuentes militares han dicho a Amnistía Internacional que en Monguno el ejército había sido advertido con antelación del ataque de Boko Haram del 25 de enero.

“De estos indicios se deduce claramente que el alto mando del ejército nigeriano cometió un reiterado y terrible incumplimiento de su responsabilidad de proteger a la población civil de Baga y Monguno a pesar de que recibió varios avisos de la amenaza inminente de Boko Haram”, ha dicho Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.  

“Estos ataques son una llamada de atención urgente a los líderes de Nigeria, a la Unión Africana y a la comunidad internacional. Es fundamental que se proteja a cientos de miles de civiles del nordeste de Nigeria de los constantes ataques de Boko Haram.”

Según una fuente militar de alto nivel, mucho tiempo antes del ataque contra Baga, los efectivos de la Fuerza Especial Conjunta multinacional radicados en la localidad informaron al mando en Abuja del avistamiento de patrullas de Boko Haram y la concentración de combatientes del grupo. También avisaron antes de los ataques de que se estaba produciendo un éxodo masivo de civiles de las ciudades y pueblos de los alrededores.

Refiriéndose al ataque contra Baga, Dogon Baga y ciudades y pueblos vecinos, una fuente militar dijo a Amnistía Internacional: "Este ataque se esperaba, porque Boko Haram había avisado a los habitantes de Baga y de los pueblos de los alrededores hace casi dos meses de que atacarían a las tropas y el personal civil de la Fuerza Especial Conjunta". Según fuentes consultadas por Amnistía Internacional, después del ataque contra Baga del 3 de enero, miembros de Boko Haram informaron a los habitantes de la zona de que “su próximo objetivo era Monguno”, y éstos informaron a su vez a los efectivos del ejército en la zona.

Un habitante de Monguno dijo a Amnistía Internacional: “Estaban avisados. Todo el mundo lo sabía. Boko Haram vino el miércoles de la semana pasada [21 de enero] y dijo a los lugareños [del cercano Ngurno] que se fueran porque iban a atacar los cuarteles. Y ellos se lo dijeron a los soldados.”

Las autoridades de Nigeria tienen la responsabilidad de tomar todas las medidas que estén a su alcance para proteger a la población civil, y esto incluye ayudar a la evacuación de quienes deseen huir y transportarlos a zonas más seguras. También son responsables de informar a la población civil de los peligros y riesgos que corre. Según testigos, los efectivos del ejército en la zona no se esforzaron en ello.

El 29 de enero está previsto que el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana debata el despliegue de una posible fuerza regional contra Boko Haram.

“Si llega a desplegarse esa fuerza regional, es fundamental que tenga un claro mandato de protección a la población civil, y que todas las partes implicadas en el despliegue se ajusten al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", ha dicho Netsanet Belay.


Fuerzas pro gubernamentales libias en la ciudad de Bengasi. © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori.

Para poner fin a los secuestros, torturas, ejecuciones sumarias y otros abusos endémicos perpetrados por las fuerzas enfrentadas en Libia, algunos constitutivos de crímenes de guerra, se precisan con urgencia rendición de cuentas y sanciones específicas de la ONU, incluso a través de la Corte Penal Internacional; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento que ha publicado hoy.

Benghazi’s descent into chaos: abductions, summary killings and other abuses pone el foco sobre una sucesión de abusos espeluznantes cometidos desde mayo de 2014 por combatientes tanto del Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi, coalición de grupos armados y milicias islamistas, como de las fuerzas leales a la Operación Dignidad liderada por el general Khalifa Haftar.

“En los últimos meses, la escalada de los ataques de represalia entre fuerzas rivales en Bengasi han sumido a la ciudad en una espiral descendente hacia el caos y el desgobierno. La violencia desenfrenada entre los grupos rivales y sus simpatizantes clamando venganza ha desgarrado la ciudad”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Si la comunidad internacional no demuestra su intención de investigar los crímenes de guerra y obligar a los autoridades a rendir cuentas, el círculo vicioso de abusos y sufrimiento de las víctimas probablemente empeorará. Es preciso que se termine con este clima de impunidad agravado por el desgobierno.”

Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga sanciones específicas –como la prohibición de viajar y la congelación de activos– a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos o del derecho internacioal humanitario con arreglo a la resolución 2174, aprobada en agosto de 2014.

Asimismo, la organización ha pedido a la Corte Penal Internacional, competente para juzgar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia, que amplíe sus investigaciones para incluir los crímenes de guerra y delitos de derecho internacional cometidos por todas las milicias y grupos armados desde febrero de 2011. Hasta la fecha, la Corte Penal Internacional  sólo ha investigado crímenes cometidos durante la sublevación de 2011 y el conflicto armado.

En las últimas semanas, las conversaciones en curso de la ONU en Ginebra han permitido atisbar la esperanza de que los libios puedan alejar del abismo a su país.

“Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo político serán en vano si no garantizan que las cuestiones relativas a los derechos humanos serán abordadas. Los abusos contra los derechos humanos cometidos por los bandos enfrentados exacerban los motivos de agravio y no pueden esconderse bajo la alfombra”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

“El compromiso de los participantes con el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos es un primer paso imprescindible, pero las palabras no bastarán para cambiar las cosas sobre el terreno. Para que termine la espiral de abusos debe haber rendición de cuentas efectiva.”

“Políticos y grupos armados en Libia llevan meses combatiendo por convertirse en los legítimos representantes del pueblo libio. Pero lo que está sucediendo en Bengasi nos demuestra que todos los bandos son responsables de graves abusos contra los derechos humanos, y que los ciudadanos corrientes de Libia están atrapados entre dos fuegos. Todos los bandos tienen la obligación de ponerles fin.”

Casi cuatro años después de que la población libia se sublevara contra el coronel Muamar al Gadafi, gran parte de sus esperanzas en un futuro estable se han desvanecido.

En su documento, Amnistía Internacional va deshaciendo la compleja maraña de grupos armados que están detrás de la ola de violencia que ha sacudido Bengasi en los últimos meses.

“Los jefes de grupos armados de todos los bandos deben transmitir el mensaje inequívoco de que tales actos no se tolerarán, o enfrentarse ellos mismos al procesamiento”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Han surgido datos horripilantes que indican que las fuerzas de ambos bandos han secuestrado y ejecutado sumariamente a decenas de personas, con la aparición posterior en redes sociales de fotografías y vídeos de sus cadáveres abandonados, a menudo con señales de tortura.

En otros casos se ha dado muerte a activistas, dirigentes religiosos y periodistas en ataques de motivación política. Sigue sin conocerse la identidad de los perpetradores, pero muchos en Bengasi culpan a los grupos vinculados al Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi, en concreto a Ansar al-Sharia.

Bajo el emblema de la lucha contra el terrorismo y el restablecimiento del Estado de derecho, las fuerzas de la Operación Dignidad lanzaron una operación el 15 de octubre de 2014 para arrebatar el control de Bengasi a las fuerzas del Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi.

Después de tres meses de intensos combates y bombardeos indiscriminados en zonas residenciales, además de los ataques aéreos perpetrados por las fuerzas de la Operación Dignidad, los destrozos causados son extensos en algunas zonas, sobre todo las que rodean el puerto comercial y el centro de la ciudad, como Al Sabri. Decenas de viviendas de personas presuntamente vinculadas a grupos islamistas han sido objeto de saqueos, actos vandálicos, incendios provocados y, en algunos casos, demolición completa.

Las consecuencias en el aspecto humanitario han sido terribles. Al menos 90.000 personas se han visto desplazadas por los combates. La población civil lucha por sobrevivir ante la falta de suministro de agua, las subidas de precios de los alimentos, las graves interrupciones en el abastecimiento eléctrico y la escasez de combustible y gas de cocina. Debido a los combates, también hay escasez de personal y medicamentos en los hospitales públicos. Algunos hospitales fueron evacuados tras ser bombardeados. Todas las escuelas han permanecido cerradas en la práctica.

Secuestros y ejecuciones sumarias

Más de 260 personas –entre civiles y combatientes– desaparecieron en Bengasi entre junio y noviembre de 2014, según la Sociedad Libia de la Media Luna Roja.

Muchos secuestros fueron obra de grupos vinculados al Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi. En la mayoría de los casos, la víctima fue secuestrada en su casa o en la calle por hombres con el rostro cubierto. También han sido secuestrados trabajadores de la salud, a menudo para que traten a miembros heridos de las fuerzas del SCBR en hospitales de campaña.

Las fuerzas de la Operación Dignidad también han capturado, torturado y ejecutado sumariamente a combatientes y civiles. Algunos fueron detenidos tras ser acusados de pertenecer a grupos armados islamistas en sitios de redes sociales.

Muchas familias no supieron que sus seres queridos habían muerto hasta que reconocieron sus cadáveres en fotografías y vídeos publicados en Facebook.

En Al Marj, localidad situada unos 90 kilómetros al este de Bengasi, se subieron sitios de redes sociales al menos 17 fotografías de cadáveres sin identificar abandonados en la zona. Amnistía Internacional encontró indicios de que al menos cuatro de estos hombres habían sido ejecutados sumariamente tras ser detenidos en Al Baida por fuerzas de la Operación Dignidad.

La hermana de Anas al Khitab, una de las víctimas, contó a Amnistía Internacional que otro hermano había visto una fotografía del cadáver de su hermano en Facebook junto a otros cuatro.

“Según un informe forense, a Anas lo mataron de un disparo en la cabeza, pero no se mencionan señales de tortura. Mi hermano es médico y observó contusiones en el cuerpo de Anas que podrían indicar que recibió golpes”, explicó.


La “ruleta de la tortura” encontrada en un centro secreto de detención en la provincia de Laguna, Filipinas. © Philippine Commission on Human Rights.

El popular concurso “La ruleta de la fortuna” es un fenómeno global. Difundido en más de 50 países del mundo, millones de telespectadores han permanecido pegados a sus pantallas mientras los concursantes prueban su suerte haciendo girar la ruleta, esperando con ansiedad que saliera el primer premio.

Pero el año pasado en Filipinas, la “roleta ng kapalaran” (ruleta de la fortuna) cobró notoriedad con el atroz descubrimiento que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas.

En un rincón oscuro de un centro secreto de detención de Laguna, provincia situada al sur de la capital Manila, había una imitación de la ruleta multicolor del concurso. Pero en lugar de para repartir premios y dinero, la policía la usaba para decidir cómo torturar a los detenidos para su diversión.

Uno a uno, sacaban a los detenidos de sus celdas a otra zona del centro secreto de detención donde un policía hacía girar la ruleta y esperaba el resultado.

Una “postura del murciélago 30 segundos”, por ejemplo, significaba que se colgaría al detenido boca abajo, como un murciélago, durante 30 segundos. Un “Manny Pacquiao 20 segundos” significaba una serie ininterrumpida de puñetazos durante 20 segundos.

Rowelito Almeda, de 45 años, vivió cuatro días de tortura en el centro de detención en enero de 2014 y dice que recuerda con claridad la terrorífica ruleta.

“Primero la vi en la cocina. Cada vez que los policías se emborrachaban sacaban a algunos detenidos de las celdas y usaban la ruleta con ellos”, declaró a Amnistía Internacional.

“En los cuatro días que estuve allí apenas podía levantarme, pero vi que sacaban a muchos detenidos de las celdas y cuando volvían estaban muy débiles. Dos de ellos tenían 17 y 18 años. Los habían atrapado en posesión de marihuana. Usaron la ruleta con ellos. Les dieron descargas eléctricas, palizas, les dispararon con perdigones y les hicieron colocarse delante de una diana mientras los policías les lanzaban dardos.”

Rowelito se libró por poco de la ruleta cuando un equipo de la Comisión de Derechos Humanos del país acudió en su rescate. “Si no hubieran llegado, habría sido el siguiente. Un detenido me dijo: ‘Taryado ka na’. Cuando dices: ‘taryado ka na’ significa que vas a la ruleta.”

Después de ser descubierta, la ruleta desapareció.

Tras una investigación oficial sobre su uso, se relevó de sus funciones a diez policías. Pero más allá de esta sanción administrativa, ninguno de ellos ha sido declarado culpable por un tribunal.

El abyecto uso de la ruleta del concurso es emblemático del frecuente uso de la tortura en el país.

“Parte del acuerdo”

Rowelito fue uno de los 43 detenidos rescatados del centro secreto de detención. Dijo a Amnistía Internacional que cuando salía de una comisaría de policía, un policía le estrelló un casco en la cara, rompiéndole cuatro incisivos. Luego le pegaron varias veces y le dieron descargas eléctricas. Los policías le metieron un trapo en la boca, le taparon la cara y lo esposaron como si fueran a ejecutarlo. Oyó a los agentes discutir —y más tarde discrepar— sobre “acabar con él”.

Según una investigación reciente de Amnistía Internacional, la práctica de la tortura es aún frecuente en Filipinas.

Los detenidos bajo custodia de la policía son sometidos a descargas eléctricas; golpes, puñetazos y patadas sistemáticas; golpes con bates de madera o barras de metal; quemaduras con cigarrillos; simulacros de ahogamiento y semiasfixia con bolsas de plástico casi como “parte del acuerdo”.

“Lo que resulta tan inquietante del uso de la ruleta de la tortura es que muestra que la policía disfrutaba con la tortura que infligía. Ilustra cómo el atroz acto de la tortura se ha convertido en una actividad que los policías llevan a cabo como si estuvieran por encima de la ley, sin ningún temor a ser enjuiciados”, declaró Hazel Galang-Folli, investigadora de Asia Suroriental de Amnistía Internacional.

A pesar de que Filipinas ha ratificado dos tratados internacionales clave contra la tortura y aprobó una progresista Ley contra la Tortura hace cinco años, los policías declarados culpables de torturar a detenidos casi nunca llegan a los tribunales, y mucho menos cumplen penas de cárcel. Hasta la fecha no se sabe de ningún torturador condenado en aplicación de la Ley.

Amnistía Internacional cree que la ausencia de investigaciones efectivas, unida a la corrupción endémica dentro de la fuerza policial y al escaso número de enjuiciamientos de casos de tortura, desembocan en una receta tóxica que disuade a las víctimas de la tortura de denunciar el trato recibido.

Pocas personas se atreven a denunciar a la policía, sabiendo que corren el riesgo de sufrir represalias, hostigamiento o intimidación de los propios agentes o de matones a sueldo.

Quienes denuncian tienen que sortear varios obstáculos burocráticos donde las normas y procedimientos son poco claros y contradictorios. De las escasísimas quejas que llegan al nivel de la investigación preliminar, la mayoría han sido rechazadas por un tecnicismo.

Después de que la Comisión de Derechos Humanos rescatase a Rowelito del centro de detención, éste dijo que la policía intentó llegar a un acuerdo con él para que no pusiera una denuncia por la tortura que había sufrido.

Los policías hicieron que Rowelito firmara un documento en el que decía que retiraría la denuncia por tortura presentada por la Comisión de Derechos Humanos en su nombre. Rowelito sólo decidió persistir con su denuncia cuando supo que los policías que lo habían detenido habían encargado a alguien que lo matara. Ese alguien resultó ser su primo, que le contó el plan.

Pero la condena internacional está logrando resultados. Tras la publicación el mes pasado del informe de Amnistía Internacional titulado Above the law: Police torture in the Philippines, el Senado filipino ordenó una investigación sobre la tortura policial en el país en la que declaró Amnistía Internacional.

En la investigación, el representante de la Policía Nacional de Filipinas dijo que no tenía conocimiento de los casos de tortura expuestos en el informe y que no podía dar ejemplos concretos de medidas adoptadas por la policía para acabar con la tortura.

En respuesta, la presidencia del Comité del Senado exigió a la policía que examinase el informe de Amnistía Internacional y presentara su respuesta junto con información sobre los programas instituidos por la policía para abordar la tortura.

“Erradicar la tortura en Filipinas será particularmente arduo, pero la alternativa es sencillamente inaceptable”, concluyó Hazel Galang-Folli.


Amnistía Internacional dice que cientos de miles de civiles en la ciudad de Maiduguri corren grave peligro © PÍO Utomi EKPEI / AFP / Getty Images

La no protección de cientos de miles de civiles podría desembocar en una crisis humanitaria catastrófica, ha declarado Amnistía Internacional ante los informes de dos ataques en gran escala contra la importante ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, así como contra la vecina ciudad de Monguno.

“Estos ataques en curso de Boko Haram son una noticia significativa e inquietante. Creemos que cientos de miles de civiles corren actualmente un grave peligro”, afirmó Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Las personas que están en Maiduguri y en sus alrededores necesitan protección inmediata. Si el ejército no consigue detener el avance de Boko Haram, podrían verse atrapadas sin ningún lugar al que ir.”

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales a las 6 de la mañana del domingo, unos hombres armados atacaron la base de la 33 Brigada de Artillería, en Jintilo, a sólo 6 km de Maiduguri. Los informes indican que se están desarrollando combates en la base aérea más próxima a esta ciudad.

El ejército nigeriano ha respondido con ataques aéreos y trasladando tanques y tropas a la zona.

Según los informes, la población civil ha huido de las proximidades de Jintilo hacia el centro de Maiduguri. Sin embargo, no todos los civiles han podido marcharse.

“Un residente nos dijo: ‘Si atacan Maiduguri no tenemos ningún lugar a donde ir. La carretera de Kano era la única vía de salida’”, dijo Netsanet Belay.

“Todas las partes del conflicto deben garantizar urgentemente que los civiles que deseen evacuar Maiduguri pueden hacerlo. Para permitir que los civiles no se vean afectados por los combates en Maiduguri, no deben realizarse operaciones militares junto al principal punto de acceso, la carretera de Kano.”

Amnistía Internacional también pide a todas las partes del conflicto que se abstengan de realizar operaciones militares en las proximidades de los hospitales de Maiduguri y de cualquier otro centros médicos.

“En este momento tan peligroso, el gobierno debe garantizar que la protección de su población civil es lo más importante de sus operaciones. Hay cientos de miles de personas en Maiduguri. Decenas de miles de ellas habían llegado desde otros pueblos y ciudades atacados y controlados por Boko Haram y ahora viven en campamentos en la ciudad. Si el gobierno no protege ahora a los residentes de Maiduguri, podría desencadenar una crisis humanitaria catastrófica.”

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana tiene previsto debatir el 29 de enero el posible envío de una fuerza regional contra Boko Haram.


Manifestación en México en octubre de 2014 en protesta por la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala. © Amnistia Internacional México/Alonso Garibay.

El procurador general de la República no ha examinado debidamente todas las posibles líneas de investigación sobre las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras reunirse con familiares de las víctimas.

En la conferencia de prensa que ha convocado hoy en la ciudad de México Amnistía Internacional, los expertos han criticado las vacilantes investigaciones supervisadas por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y se han expuesto las demandas de los padres de los 43 estudiantes. La Procuraduría General ha declarado que ya han agotado todas las líneas de investigación.

“Tenemos toda una lista de motivos de preocupación sobre la forma en que se ha llevado la investigación y sobre si se ha tratado exhaustivamente todos estos delitos, incluidos la desaparición forzada y el homicidio de seis personas durante el ataque inicial a los estudiantes”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Dada esta preocupación por la posible complicidad de las autoridades del gobierno local y del ejército, es de máxima importancia que se exploren exhaustivamente todas las líneas de investigación y que no quede piedra por remover.”

Esta última llamada se produce al día siguiente de que un grupo de científicos forenses austríacos anunciara que no habían podido identificar el ADN de los restos quemados encontrados en una fosa común. Las nuevas pruebas a que se sometan las muestras podrían tardar meses.

La desaparición forzada de los estudiantes ha puesto de relieve la terrible situación de los derechos humanos en México, donde según datos oficiales han muerto violentamente más de 100.000 personas desde que comenzó la “guerra contra la droga” en 2006 y han desaparecido al menos 23.000. La creciente violencia ha desplazado a miles de comunidades, y Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

“La desaparición de estos estudiantes es un crimen que ha conmocionado al mundo. Esta tragedia ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos en México está mejorando desde que asumió el poder el presidente Peña Nieto. Hay miles de casos más que apenas se han investigado y que no se pueden seguir ignorando”, prosiguió Erika Guevara.

“Hay que hacer mucho más para investigar los numerosos casos en los que hay indicios de connivencia por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad en abusos contra los derechos humanos, como por ejemplo la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya y las masacres de migrantes. Por desgracia, la impunidad por estos terribles crímenes sigue siendo la norma. Las instituciones federales y estatales incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos, transmitiendo el mensaje de que estos abusos están permitidos de hecho”, concluyó Erika Guevara.


Raif Badawi fue condenado a 10 años de prisión y a recibir 1.000 latigazos por sus opiniones en su blog. © Private

Es probable que la flagelación de Raif Badawi, programada para este viernes, se suspenda a raíz del dictamen de un comité médico que estimó que no se le debería someter a una segunda sesión de azotes por motivos de salud. El comité, formado por unos ocho médicos, realizó ayer una serie de pruebas a Raif en el Hospital Rey Fahd de Yidda y recomendó que no se llevara a cabo la flagelación.

"En vez de prolongar el sufrimiento de Raif Badawi con sucesivas valoraciones, las autoridades deberían anunciar públicamente el fin de su flagelación y ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones", ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

"Raif Badawi no está fuera de peligro: no hay forma de saber si las autoridades saudíes harán caso omiso del consejo de los médicos y permitirán que se lleve a cabo la flagelación."


El aborto está prohibido en todas las circunstancias en El Salvador. ©Amnesty International

El indulto concedido por la Asamblea Legislativa de El Salvador a una joven mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo es un triunfo de la justicia y alimenta la esperanza de otras 15 mujeres que se consumen en prisión por cargos similares, ha declarado Amnistía Internacional.

“Guadalupe” fue condenada en 2007 a una pena de 30 años de prisión porque las autoridades sospecharon equivocadamente que podía haber interrumpido voluntariamente su embarazo. Sólo tenía 18 años.  

“Con esta decisión, El Salvador ha enmendado una terrible injusticia. No obstante, Guadalupe nunca debió ser encarcelada. Su liberación supone un triunfo de la justicia y es el resultado del incesante trabajo que realizan los y las activistas de los derechos humanos”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

“Este decisión tiene que significar un punto de inflexión para la retrógrada legislación de El Salvador, que castiga a las mujeres y niñas cuando se enfrentan a complicaciones médicas en sus embarazos. Es hora ya de que las autoridades revisen las condenas que se han impuesto a mujeres que hoy están encarceladas por complicaciones derivadas de sus embarazos, y de que acaben con la criminalización de las mujeres y niñas y con la atroz prohibición total del aborto”.

La legislación antiaborto de El Salvador es una de las más draconianas del mundo, y criminaliza el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando la vida o la salud de la mujer o la niña corren peligro, y también en casos de violación. Con frecuencia se acusa cruel y deliberadamente de homicidio a mujeres y niñas de quienes se sospecha que podrían haberse sometido a un aborto ilegal, como ocurrió en el caso de Guadalupe.  

Las otras 15 mujeres encarceladas tras sufrir complicaciones derivadas de sus embarazos también han solicitado el indulto. La Asamblea Legislativa examinará sus casos en los próximos meses.

Mi cuerpo mis derechos  es una campaña global de Amnistía Internacional para acabar con el control y la penalización de la sexualidad y la reproducción por los gobiernos y otros agentes.  Durante 2014 y 2015, la campaña trabaja en favor del cambio en la vida de las personas de varios países, incluido El Salvador. Esta campaña tiene por objeto recordar a los líderes del mundo su obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos.