Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional lamenta la noticia del indulto concedido a Alberto Fujimori el día de hoy en medio de  dudas sobre la trasparencia, objetividad y el respeto al debido proceso que deberán ser resueltas de forma urgente por el presidente Kuczynski. Esta medida se produce luego que el pasado jueves se votó en el Congreso de la República una moción de censura en contra del presidente peruano que fue desestimada por falta de votos.Esta medida, que anula la sentencia del 2009 por delitos de lesa humanidad, va en contra de las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional y es una mancha en la lucha por justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú. Asimismo, debilita la lucha contra la impunidad en el Perú al librar a Fujimori de un proceso penal en curso por la matanza de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la sierra central del país.En octubre de este año la organización hizo llegar una carta al presidente instándolo a responder al llamado de audiencia solicitado por las familias de las víctimas de los casos Cantuta y Barrios Altos, por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, y explicar los motivos de un potencial indulto. Esta petición nunca tuvo respuesta. Con este acto queda entendido que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son prioridad para el presidente Kuczynski y que su voz no ha sido ni será escuchada.La sentencia a Alberto Fujimori representó un momento decisivo en la lucha contra la impunidad en Perú y la región, y mostró que nadie está exento de rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos. Con la medida tomada hoy por el presidente Kuczynski se aplica un duro golpe a la lucha por justicia de las víctimas del conflicto armado interno en el país, la cual exige urgente e inmediata a las víctimas y a la sociedad peruana.


La policía impide una manifestación a favor de los derechos de las personas LGBTI en Minsk. 15 de mayo de 2010. VICTOR DRACHEV/AFP/ Getty Images La discriminación, la homofobia y la cruzada emprendida por Rusia contra las relaciones sexuales no tradicionales han contribuido a alimentar un inquietante aumento de la hostilidad contra los grupos que defienden los derechos humanos de las personas LGBTI en zonas de la ex Unión Soviética. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.Less equal: LGBTI human rights defenders in Armenia, Belarus, Kazakhstan, and Kyrgyzstan explora el entorno cada vez más discriminatorio al que se han enfrentado en los últimos años los grupos que defienden los derechos de las personas LGBTI en cuatro antiguos Estados soviéticos, incluso dentro de la propia comunidad de derechos humanos. En los cuatro países, las actitudes contra las personas LGBTI se han endurecido, en parte a consecuencia de las prácticas y la retórica represivas que emanan de Moscú.

Para Rusia, los derechos de las personas LGBTI son un ‘valor occidental’ que amenaza la seguridad nacional. Una idea que se afianza en otros lugares
Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central
“Los y las activistas LGBTI llevan mucho tiempo sufriendo discriminación, incluso entre otros grupos de derechos humanos. Ahora el alcance de la influencia rusa y de sus medios de comunicación han desempeñado un importante papel a la hora de deteriorar aún más la situación de los grupos LGBTI en la región. Su ataque en toda regla contra los derechos de las personas LGBTI ha envalentonado a otros gobiernos para poner en práctica políticas igualmente represivas y ha exacerbado las actitudes públicas negativas en estos países, incluso entre los grupos de derechos humanos ‘generales’”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.“La idea, promovida por Rusia, de que los derechos de las personas LGBTI son un ‘valor occidental’ que en cierto modo amenaza la seguridad nacional se está afianzando en otros lugares. Es un clima de ignorancia y odio que está siendo fomentado por los gobiernos nacionales y que incluso infecta a la comunidad de derechos humanos de la región.” Represión de los derechos de las personas LGBTILos gobiernos de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, los socios más estrechos de Rusia en la región, han emprendido una represión de los derechos del colectivo LGBTI en los últimos años.Los cuatro países han intentado introducir leyes sobre la “propaganda” homófoba, similares a la existente en Rusia. Hasta el momento, sólo Bielorrusia la ha introducido, adoptando una variación de la ley rusa en 2016.Un destacado activista LGBTI de Bielorrusia dijo a Amnistía Internacional que no podía continuar con su trabajo porque “el riesgo personal es demasiado grande”. Ya había perdido varios empleos a causa de su activismo, y había sido interrogado en numerosas ocasiones por la policía.Es de destacar que la mayoría de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en los cuatro países deseaban permanecer en el anonimato a causa del temor por su seguridad o de otras posibles ramificaciones.Por su parte, Armenia y Kirguistán reformaron sus constituciones en 2015 y 2016, respectivamente, para impedir de forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo.Los grupos LGBTI de cada una de las antiguas repúblicas soviéticas se han enfrentado a numerosas tácticas represivas de los gobiernos para silenciar sus voces. Salvo contadas excepciones, las marchas del Orgullo Gay se prohíben sistemáticamente o se convierten en blanco de los ataques de grupos homófobos, mientras la policía a menudo elude prevenir e investigar de forma efectiva los delitos de odio.La libertad de asociación está limitada para todos los activistas LGBTI y, aunque en Armenia y Kirguistán están inscritas unas cuantas ONG que trabajan sobre los derechos LGBTI, en Bielorrusia y Kazajistán sólo hay activistas individuales y grupos informales.Marginados por la comunidad de derechos humanosA consecuencia de la discriminación, los activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI han terminado incluso por sentirse “menos iguales” dentro de sus comunidades locales de derechos humanos, dominadas por grupos “generales” de derechos humanos que no trabajan principalmente sobre los derechos del colectivo LGBTI.“Los y las activistas LGBTI no sólo soportan el estigma social de verse marginados y condenados al ostracismo por la sociedad, sino que además son tratados como defensores de segunda en sus comunidades de derechos humanos”, ha manifestado Denis Krivosheev.Unos activistas de Kirguistán dijeron a Amnistía Internacional que “nadie quiere que se le asocie con nosotros”. Tras un ataque homófobo contra un evento LGBTI en mayo de 2015, sólo una destacada organización de derechos humanos de Kirguistán condenó lo ocurrido.Para los grupos LGBTI de estos países, la falta de apoyo de la comunidad de derechos humanos en general es la principal fuente de desmoralización y frustración.Mikayel Danielyan, ex director de la Asociación de Helsinki, que por desgracia murió de un ataque cardiaco en agosto de 2016, fue uno de los primeros defensores de los derechos LGBTI en Armenia. Antes de su muerte recordó que algunos parlamentarios y otros defensores y defensoras de los derechos humanos se negaban a sentarse a la misma mesa que él durante los actos públicos.“Las autoridades del Estado en Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán deben garantizar que los grupos LGBTI pueden llevar a cabo su trabajo de derechos humanos de manera segura y sin discriminación”, ha manifestado Denis Krivosheev.“Amnistía Internacional pide a los grupos de derechos humanos de toda la región que trabajen junto a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI, unidos por el principio de la universalidad de los derechos humanos.”


Asamblea General de Naciones Unidas. © UN Photo/Manuel Elias Tras la aprobación de una resolución de las Naciones Unidas que condena la decisión del presidente Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, Sherine Tadros, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York, ha hecho la siguiente declaración:
“La comunidad mundial ha enviado el enérgico mensaje de que las amenazas e intimidaciones no la van a convencer de que muestre su apoyo al temerario desprecio del presidente Trump por la cooperación internacional.

Estados Unidos está avivando las llamas de la tensión
Sherine Tadros, Amnistía Internacional ante la ONU
“Este asunto va mucho más allá de la cuestión de dónde decida Estados Unidos poner su embajada. La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la anexión ilegal de Jerusalén. Al rechazar este consenso, Estados Unidos muestra un absoluto desprecio por los derechos del pueblo palestino y menoscaba los esfuerzos por mantener la paz en la región.
“Estados Unidos debe analizar por qué es tan general la oposición de la comunidad mundial a esta política. En vez de servir de mediador en el proceso de paz, Estados Unidos está avivando las llamas de la tensión.”
 Información general
La semana pasada, Amnistía Internacional condenó por “temerario y provocador” el anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos reconocía una Jerusalén unificada como capital de Israel e iba a trasladar su embajada allí. Ayer, la organización denunció también los intentos de la administración Trump de amenazar a los países que votaran a favor de la resolución con retirarles la ayuda.


AP Photo/Nasser Shiyoukhi Jerusalén, 20 de diciembre de 2017.- Las autoridades palestinas deben reformar la ley de delitos informáticos para conformarla a sus obligaciones legales internacionales. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh: Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, en una carta conjunta enviada al secretario general del Consejo de Ministros, Salah Alayan.
El Ministerio de Justicia ha propuesto eliminar algunas disposiciones represivas de la ley de 2017 en respuesta a la preocupación expresada por grupos de la sociedad civil, pero ha mantenido otras que permitirían restricciones desproporcionadas y arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.
“Las reformas propuestas de eliminar disposiciones que permitirían imponer penas de prisión y fuertes multas a quienes critiquen online a las autoridades palestinas constituyen una medida satisfactoria”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Sin embargo, se necesitan cambios adicionales para salvaguardar íntegramente el derecho de la población palestina a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.”
El presidente palestino, Mahmud Abás, promulgó en julio, mediante decreto ejecutivo, la Ley de Delitos Electrónicos. Las autoridades posteriormente acusaron en virtud de esa ley a varios periodistas y a un defensor de los derechos humanos, Issa Amro. Tras los llamamientos de la sociedad civil palestina para que se derogue la ley, el Ministerio de Justicia propuso revisarla.
En su carta conjunta, Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh manifiestan su satisfacción por las reformas propuestas encaminadas a eliminar disposiciones que permiten la imposición de penas de prisión y fuertes multas únicamente por expresar online críticas pacíficas a las autoridades, e instan a las autoridades palestinas a reformar o derogar las disposiciones que permiten a las autoridades llevar a cabo vigilancia, obligar a los proveedores de servicios a conservar los datos de los usuarios, y bloquear sitios web sin salvaguardias suficientes para el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
“La ley de delitos informáticos otorga a unas autoridades hipersusceptibles poderes prácticamente ilimitados para bloquear sitios web, llevar a cabo vigilancia y reunir enormes cantidades de datos sobre personas corrientes”, ha manifestado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch.
En virtud del derecho internacional, las autoridades sólo pueden restringir la libertad de expresión si demuestran que esa restricción es necesaria y proporcionada para proteger ciertos intereses públicos (por ej., la seguridad nacional o pública, el orden público, o la protección de la salud o la moral públicas) o los derechos y libertades de otras personas, pero nunca exclusivamente para restringir las críticas pacíficas a una autoridad política. Palestina asumió estas obligaciones legales cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados, en 2014.
“Las autoridades palestinas deben reformar la reciente ley de delitos informáticos para garantizar la protección, en lugar de utilizarla para violar los derechos digitales y la libertad de expresión de la población palestina”, ha manifestado Nadim Nashif, director de 7amleh. “La población palestina lleva mucho tiempo luchando por la libertad y la justicia, y es fundamental que las libertades dentro del mundo virtual se defiendan y se respeten.”
“La ley, tal como está formulada, sigue violando tratados internacionales que el gobierno palestino se ha comprometido a respetar, y rompe la promesa hecha por las autoridades de respetar los derechos fundamentales de su población”, ha manifestado Fadi Quran, director de campañas sobre Palestina en Avaaz. “Llegado a este punto, el gobierno palestino debe incluir todas las reformas propuestas por la sociedad civil, o derogar la ley.”


AP Photo/Nasser Shiyoukhi (Jerusalén, 20 de diciembre de 2017) – Las autoridades palestinas deben reformar la ley de delitos informáticos para conformarla a sus obligaciones legales internacionales. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh: Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, en una carta conjunta enviada al secretario general del Consejo de Ministros, Salah Alayan.
El Ministerio de Justicia ha propuesto eliminar algunas disposiciones represivas de la ley de 2017 en respuesta a la preocupación expresada por grupos de la sociedad civil, pero ha mantenido otras que permitirían restricciones desproporcionadas y arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.
“Las reformas propuestas de eliminar disposiciones que permitirían imponer penas de prisión y fuertes multas a quienes critiquen online a las autoridades palestinas constituyen una medida satisfactoria”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Sin embargo, se necesitan cambios adicionales para salvaguardar íntegramente el derecho de la población palestina a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.”
El presidente palestino, Mahmud Abás, promulgó en julio, mediante decreto ejecutivo, la Ley de Delitos Electrónicos. Las autoridades posteriormente acusaron en virtud de esa ley a varios periodistas y a un defensor de los derechos humanos, Issa Amro. Tras los llamamientos de la sociedad civil palestina para que se derogue la ley, el Ministerio de Justicia propuso revisarla.
En su carta conjunta, Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh manifiestan su satisfacción por las reformas propuestas encaminadas a eliminar disposiciones que permiten la imposición de penas de prisión y fuertes multas únicamente por expresar online críticas pacíficas a las autoridades, e instan a las autoridades palestinas a reformar o derogar las disposiciones que permiten a las autoridades llevar a cabo vigilancia, obligar a los proveedores de servicios a conservar los datos de los usuarios, y bloquear sitios web sin salvaguardias suficientes para el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
“La ley de delitos informáticos otorga a unas autoridades hipersusceptibles poderes prácticamente ilimitados para bloquear sitios web, llevar a cabo vigilancia y reunir enormes cantidades de datos sobre personas corrientes”, ha manifestado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch.
En virtud del derecho internacional, las autoridades sólo pueden restringir la libertad de expresión si demuestran que esa restricción es necesaria y proporcionada para proteger ciertos intereses públicos (por ej., la seguridad nacional o pública, el orden público, o la protección de la salud o la moral públicas) o los derechos y libertades de otras personas, pero nunca exclusivamente para restringir las críticas pacíficas a una autoridad política. Palestina asumió estas obligaciones legales cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados, en 2014.
“Las autoridades palestinas deben reformar la reciente ley de delitos informáticos para garantizar la protección, en lugar de utilizarla para violar los derechos digitales y la libertad de expresión de la población palestina”, ha manifestado Nadim Nashif, director de 7amleh. “La población palestina lleva mucho tiempo luchando por la libertad y la justicia, y es fundamental que las libertades dentro del mundo virtual se defiendan y se respeten.”
“La ley, tal como está formulada, sigue violando tratados internacionales que el gobierno palestino se ha comprometido a respetar, y rompe la promesa hecha por las autoridades de respetar los derechos fundamentales de su población”, ha manifestado Fadi Quran, director de campañas sobre Palestina en Avaaz. “Llegado a este punto, el gobierno palestino debe incluir todas las reformas propuestas por la sociedad civil, o derogar la ley.”


Amnistía Internacional ha nombrado a Kumi Naidoo como próximo secretario general del movimiento global de derechos humanos. A partir de agosto de 2018, Kumi sucederá a Shalil Shetty, que desde 2010 ha sido secretario general durante dos mandatos.
Mwikali Muthiani, presidenta de la Junta Directiva Internacional de Amnistía Internacional, ha declarado: “Nos alegra dar la bienvenida a Kumi como nuestro nuevo secretario general. Su visión y pasión por un mundo justo y en paz lo convierten en un líder de excepción para nuestro movimiento global cuando reforzamos nuestra determinación por un mundo en el que todos y todas disfrutemos de los derechos humanos”.
El secretario general es el líder y principal portavoz de Amnistía Internacional y se encarga de la gestión del Secretariado Internacional. Amnistía Internacional es el mayor movimiento de derechos humanos del mundo, y su presencia global incluye oficinas en más de 70 países, 2.600 trabajadores y trabajadoras, y siete millones de miembros, personas voluntarias y simpatizantes en todo el mundo.
Kumi es un activista y líder de la sociedad civil. Ha sido director ejecutivo de Greenpeace Internacional, presidente de la Campaña Global para la Acción Climática (GCCA), presidente fundador del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, y secretario general y consejero delegado de CIVICUS, la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana. En la actualidad preside tres organizaciones de nueva creación en su país natal, Sudáfrica: Africans Rising for Justice, Peace and Dignity; Campaign for a Just Energy Future y Global Climate Finance Campaign. Naidoo es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de KwaZulu Natal) y doctor en Políticas (Universidad de Oxford).
Kumi Naidoo ha declarado: “Llevo siendo activista y trabajando en campañas toda mi vida, así que me emociona incorporarme al mayor movimiento de personas del mundo por los derechos humanos, en un momento en el que tenemos que responder a ataques cada vez mayores contra las libertades fundamentales y contra la sociedad civil en todo el planeta. Esto significa adaptarse con urgencia, pasión y coraje a un entorno global fluido y que cambia rápidamente. Las campañas de Amnistía Internacional por la justicia y la igualdad son hoy más urgentes que nunca, y me siento abrumado y honrado de dirigir la organización en estos tiempos tan difíciles”.
Salil Shetty ha afirmado: “El mundo está en un momento emocionante en el que personas de todo el planeta se movilizan en gran número para luchar contra la injusticia y exigir que líderes de gobiernos y empresas rindan cuentas de sus abusos contra los derechos humanos. No se me ocurre nadie mejor que Kumi Naidoo para cumplir la misión de Amnistía Internacional de convertirse en un movimiento de personas por los derechos humanos auténticamente global. Estoy encantado de dar el relevo cuando, por primera vez en la historia de Amnistía, tanto el secretario general como la presidenta de la Junta Directiva Internacional son africanos”.
El secretario general es nombrado por la Junta Directiva Internacional de Amnistía Internacional para un mandato inicial de cuatro años. El nombramiento se ha producido tras una amplia búsqueda global.
Salil seguirá en el cargo hasta julio de 2018. Kumi no estará disponible para entrevistas con los medios hasta que comience su mandato, en agosto de 2018.


El Congreso Nacional de Brasil ha hecho numerosos esfuerzos en 2017 para debilitar los derechos humanos en el país, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del próximo receso parlamentario.
A lo largo del año, durante la crisis política en curso, el Congreso ha acelerado el proceso de aprobación de gran número de leyes encaminadas a restringir los derechos humanos.
“Se están atacando los derechos humanos de la ciudadanía brasileña. En el último año, el Congreso ha promovido una agenda que amenaza los derechos humanos, incluidos el derecho a la protesta pacífica, el derecho de las comunidades indígenas y de afrodescendientes a la tierra, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, ha dicho Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
“En el contexto de la crisis política en curso, el Congreso ha tratado de debilitar las garantías de derechos humanos del país”, añadió Werneck.
La aprobación de la ley 13.491/2017 fue un importante revés para los derechos humanos, pues trasladó a los tribunales militares la responsabilidad de juzgar los delitos —incluidos los homicidios— cometidos por personal militar contra civiles. Dado que los tribunales militares están formados por miembros del ejército, el respeto del derecho a ser juzgado por un tribunal que parezca y de hecho sea independiente e imparcial se ve amenazado, lo que podría fomentar una cultura de impunidad.Ante esta represión de los derechos humanos, se han movilizado enérgicamente movimientos sociales, grupos juveniles, comunidades indígenas y de afrodescendientes, y mujeres. Estos grupos de la sociedad civil han gozado de varias victorias, pequeñas pero significativas, que han contribuido a proteger los derechos humanos durante el año.
Como resultado de la movilización popular, se ha aplazado hasta 2018 la votación de una enmienda constitucional que permite juzgar penalmente como adulto a menores de 18 años. Mientras tanto, el activismo de los grupos de mujeres, feministas y profesionales de la salud ha impedido la criminalización total del aborto. Mediante protestas en las vistas celebradas en el Congreso o en las sesiones de las comisiones parlamentarias, y a través de la movilización en las redes sociales, con acciones como el envío directo de correos electrónicos y vídeos con la participación de artistas e influencersclave, las mujeres hicieron de su voz una potente herramienta para proteger sus derechos.“Este año nos ha enseñado el poder de la movilización. Sabemos que queda mucho por hacer en 2018. La agenda legislativa del Congreso para el próximo año está configurada para reanudar los ataques contra los derechos humanos. Debemos estar preparados y preparadas para resistir y proteger la vida y los derechos de toda la ciudadanía brasileña”, concluyó Jurema Werneck.“Ahora que termina el año, hemos de transmitir al Congreso y al gobierno federal el enérgico mensaje de que nuestros derechos humanos no están en venta. Amnistía Internacional y las decenas de miles de personas que se han movilizado durante el año les piden que asuman su responsabilidad de proteger los derechos humanos. Estaremos vigilando de cerca”.Información complementariaEl 31 de julio Amnistía Internacional lanzó la campaña “Los derechos humanos no están en venta” para defender los derechos humanos en Brasil y combatir una serie de cambios, sometidos actualmente a debate en el Congreso, que podrían reducir la protección jurídica de grupos marginados, imponer una prohibición total del aborto, poner fin a la educación sexual y suavizar la legislación sobre licencia de armas de fuego. Esta agenda legislativa se estaba tramitando a toda prisa en el Congreso en un momento de crisis política y económica. Si se aprueban, estas leyes pondrán en peligro la vida y los derechos de millones de personas, en especial de las que ya sufren discriminación y marginación.
Hay hasta 200 proyectos de ley y propuestas de enmiendas constitucionales que abarcan diversos temas y afectan a varios derechos humanos. Los derechos de las personas menores de edad corren peligro, pues los cambios propuestos contienen legislación que eliminará algunos aspectos de la protección jurídica de las personas menores de 18 años, violando el derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Brasil es Estado Parte. En la actualidad, toda persona menor de 18 años en el momento del presunto delito debe ser tratada de acuerdo con las normas de la justicia de menores. La salud y los derechos de las mujeres y las niñas se verán gravemente afectados por las reformas propuestas, con las que se pretende imponer la prohibición total del aborto, incluso cuando el embarazo sea resultado de una violación o ponga en peligro la vida de la madre.
Algunas de las medidas propuestas, en especial la derogación de la Ley de Desarme, podrían dar lugar a un gran aumento de la disponibilidad de armas de fuego. Según cifras oficiales, en 2015 se registraron en Brasil casi 60.000 homicidios, más del 70% de ellos cometidos con armas de fuego. Los pueblos indígenas y las quilombolas (comunidades afrodescendientes) de Brasil podrían ver restringido su derecho a la tierra, pues las propuestas de cambio que el Congreso planea aprobar sobre demarcación y derechos de propiedad de las tierras ponen los intereses económicos por encima de los derechos de los pueblos indígenas y tribales garantizados por la Constitución y el derecho internacional.
En los últimos dos años, Brasil vive en una montaña rusa política, en medio de la investigación en curso sobre presunta corrupción de ciertos altos cargos que provocó la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016 y que podría desencadenar un nuevo proceso de destitución para el actual presidente, Michel Temer. También son objeto de investigación varios miembros del Congreso. Es en el contexto de esta crisis política en el que se está tratando de implantar la actual agenda de restricción de derechos.


Personas desplazadas somalíes esperan a recibir ayuda alimentaria en un centro en Mogadiscio / MOHAMED ABDIWAHAB/AFP/Getty Images Miles de personas refugiadas somalíes a las que se presiona para que abandonen el campo de Dadaab, en Kenia, se enfrentan ahora a la sequía, el hambre y desplazamiento otra vez en Somalia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los retornos de Dadaab a Somalia se han acelerado de manera masiva desde que el gobierno keniano anunció que iba a cerrar el campo en mayo de 2016.En el informe Not Time to Go Home, un equipo de investigación de Amnistía Internacional detalla entrevistas realizadas a personas que han retornado y soportan terribles condiciones en superpobladas ciudades o campos para personas desplazadas de Somalia.Muchas personas retornadas contaban que se habían marchado de Dadaab debido a los menguantes servicios y las raciones cada vez más pequeñas de alimentos que recibían o al temor, avivado por las autoridades kenianas, de verse obligadas a regresar sin ninguna ayuda.“Es su afán por hacer regresar a las personas refugiadas, el gobierno keniano ha exagerado la mejora de la situación en materia de seguridad en Somalia, pero la triste realidad es que en muchas partes de país abundan todavía la violencia y la pobreza”, ha afirmado Charmain Mohamed, directora de Amnistía Internacional para los derechos de las personas refugiadas y migrantes.“Las personas refugiadas que habían huido de la sequía, el conflicto y el hambre en Somalia fueron coaccionadas para que regresaran en medio de una grave crisis humanitaria, y muchas se encuentran ahora de nuevo en la misma situación desesperada de la que huyeron y sin poder aún regresar a sus hogares.“Hasta que no haya una mejora significativa de las condiciones humanitarias, el gobierno keniano debe centrarse en seguir brindando protección a las personas refugiadas somalíes. De lo contrario, se arriesgará a pisotear las normas internacionales, que establecen que sólo se puede hacer regresar a las personas refugiadas si su seguridad y dignidad están garantizadas.”El inmenso campo de Dadaab, en el este de Kenia, acoge en la actualidad a cerca de 240.000 personas. En mayo de 2016, el gobierno keniano anunció que iba a cerrarlo por motivos de seguridad nacional y porque no recibía apoyo suficiente de la comunidad internacional.El anunció desencadenó una aceleración enorme de los retornos a Somalia, que se prolongó incluso tras decidir el Tribunal Superior de Kenia en febrero de 2017 que el cierre del campo era ilegal.En noviembre de 2016, Amnistía Internacional documentó que las autoridades del gobierno estaban amenazando a las personas refugiadas y diciéndoles que se marcharan, por lo que se puso seriamente en duda que los retornos fueran voluntarios.La crisis humanitariaSomalia lleva decenios asolada por los conflictos, y entre enero de 2016 y octubre de 2017 hubo alrededor de 4.585 víctimas civiles.El grupo armado Al Shabaab tiene el control de una parte considerable del país y lleva a cabo ataques indiscriminados que sólo el año pasado mataron o hirieron a centenares de civiles.En medio de esta inseguridad, la situación en Somalia continúa deteriorándose. El país sufre en la actualidad una devastadora sequía, y la amenaza de hambruna es persistente. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria.Esta combinación de factores ha dado lugar a una crisis enorme de desplazamiento interno. A fecha de noviembre de 2017, había 2.1 millones de personas internamente desplazadas en Somalia, muchas de ellas en zonas urbanas donde la superpoblación genera una enorme presión sobre los recursos.Asimismo, la falta de agua potable ha provocado en Somalia un brote de cólera que se ha cobrado al menos 1.155 vidas entre enero y julio de 2017.En este contexto, es evidente que Somalia no está lista para recibir los retornos en gran escala que se vienen produciendo aceleradamente desde 2016.
Somalia
Las autoridades de Kenia han exagerado la mejora de la situación en el país
21
Millones de personas internamente desplazadas en Somalia
4.585
Víctimas civiles entre enero de 2016 y octubre de 2017
1.155
muertes a causa del brote del cólera entre enero y julio de 2017
Casi todas las personas retornadas entrevistadas por AI reconocían tener que soportar grandes penurias en Somalia.
Amina, mujer de entre 30 y 40 años, había huido a Dadaab en 2011 debido a la sequía. La repatriaron a la ciudad de Baidoa, junto con su esposo y sus siete hijos en agosto de 2016. Contó a Amnistía Internacional que el agua de que disponían en Baidoa era poco segura y prohibitivamente cara:“El mayor problema que tenemos en la zona es el agua. Un bidón de agua sucia nos cuesta 7.000 chelines [12 dólares estadounidenses]. Podemos pasar días sin agua”, dijo a Amnistía Internacional.Somalia sufre también una grave situación de inseguridad alimentaria, y la mayoría de las personas retornadas dependen de paquetes de asistencia y de la ayuda humanitaria para conseguir alimentos.

“Si van a nuestras casas verán gente que lleva al menos tres días sin comer nada.
Igal
Igal, hombre de 40 años, también fue a Baidoa tras marcharse de Dadaab con sus seis hijos. Explicó a Amnistía Internacional:
“Si van a nuestras casas verán gente que lleva al menos tres días sin comer nada."
Como muchas personas retornadas no pueden volver a sus hogares, el acceso a alojamiento también en un problema grave.
Casi todas las personas retornadas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que no habían podido conseguir alojamiento adecuado, y muchas vivían en asentamientos para personas internamente desplazadas o alrededor de ellos.Falta de apoyo internacionalUn factor clave de la presión del gobierno keniano a las personas refugiadas para que regresen a Somalia es la falta de apoyo suficiente de la comunidad internacional.
La financiación de la respuesta para las personas refugiadas de Kenia se ha reducido considerablemente desde 2011, mucho más que el número de personas refugiadas.
En noviembre de 2017, el llamamiento de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para su respuesta a las personas refugiadas se había financiado sólo un 29%.
En el mismo periodo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) sufrió también una falta crónica y constante de financiación, que le obligó a reducir reiteradamente el valor de las raciones de alimentos para las personas refugiadas.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que preste al gobierno de Kenia asistencia técnica y económica suficiente y apoye la búsqueda de soluciones sostenibles y duraderas para la integración de las personas refugiadas en el país.Esta ayuda incluye financiar plenamente el llamamiento de ACNUR para las personas refugiadas de Kenia, así como aumentar el número de plazas de reasentamiento y otras vías alternativas para las personas refugiadas somalíes.“Mientras la situación de las personas retornadas siga volviéndose cada vez más desesperada en Somalia, los retornos en gran escala de Dadaab son sencillamente inviables.En vez de empujar a las personas refugiadas a una crisis humanitaria, el gobierno keniano debe buscar soluciones sostenibles, e incluso ofrecer oportunidades de integración local en Kenia”, ha señalado Charmain Mohamed.“Pero no puede hacerlo solo.La comunidad internacional tiene que intensificar su respuesta, que hasta ahora ha sido lamentable y ha contribuido a aumentar el sufrimiento de las personas refugiadas y retornadas.A medida que el hambre, la enfermedad y la violencia se ciernen sobre las personas refugiadas en Somalia, la necesidad de compartir realmente la responsabilidad se vuelve más evidente que nunca.”Información complementariaEste informe está basado en otro publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 2016 con el título de Ningún otro lugar adonde ir.Se evaluaban en él las condiciones en que las personas refugiadas tomaban la decisión de regresar de Kenia a Somalia en 2015 y a principios de 2016 y la inseguridad y las dificultades humanitarias que encontraban las personas retornadas en Somalia.


Asamblea General de Naciones Unidas donde se pide moratoria de las ejecuciones a todos los estados. © UN Photo/Paulo Filgueiras Hoy, 18 de diciembre de 2017, se cumple el décimo aniversario de la adopción por la Asamblea General de la ONU —principal órgano deliberante de la ONU en el que participan todos sus miembros— de la histórica resolución 62/149, en la que se pide a los Estados que aún mantienen la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir esta pena. Aunque no es vinculante para los Estados, el poderoso llamamiento de este órgano de la ONU tiene un considerable peso moral y político. Fue propuesto y gozó del apoyo de una abrumadora mayoría de Estados de todas las regiones, e incluyó claramente la abolición de la pena de muerte entre las prioridades de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.Desde 2007, la Asamblea General de la ONU ha adoptado otras cinco resoluciones sobre este tema, la más reciente el 19 de diciembre de 2016. El texto de las resoluciones ha girado en torno al llamamiento central en favor de una moratoria de las ejecuciones, pero también ha hecho peticiones importantes a los Estados para que refuercen la protección y promoción de los derechos humanos de las personas que podrían ser condenadas a muerte, entre otras medidas reduciendo el número de delitos por los que cabe imponer esta pena, haciendo pública la información sobre las ejecuciones previstas, no imponiendo la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años, a mujeres embarazadas o a personas con discapacidad mental o intelectual, y asegurándose de que las personas condenadas pueden ejercer su derecho a pedir el indulto o la conmutación de la pena garantizando unos procedimientos justos y transparentes para la petición de clemencia.Un impulso creciente
La adopción de la resolución de 2007 fue un hito histórico, pues también generó un nuevo impuso para la campaña global contra el uso de la pena de muerte. La consideración y adopción por la Asamblea General de la ONU de estas resoluciones cada dos años ha ofrecido nuevas oportunidades a la sociedad civil y otros actores abolicionistas para relacionarse con los gobiernos y promover nuevos debates sobre la abolición donde no existían. Ha creado una plataforma permanente para debates importantes en torno a la pena de muerte, cambiando su percepción de cuestión de justicia penal a algo directamente relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos. La petición de una moratoria de las ejecuciones se reflejó también en pronunciamientos contra la pena de muerte de los últimos años de organizaciones internacionales y regionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o de organismos profesionales internacionales como la Asociación Médica Mundial.El impulso contra la pena de muerte ha hecho que las resoluciones que se adoptaban en la Asamblea General de la ONU hayan contado cada vez con más apoyo, pasando de 104 votos a favor en 2007 a 117 en los últimos años. Este aumento también se refleja en el número de Estados que han abolido la pena de muerte desde 2007: 14 países la han derogado totalmente de su legislación nacional y otros 2 la han abolido sólo para los delitos comunes. En el último decenio, 20 países más han asumido el compromiso irreversible en virtud del derecho internacional de abolir la pena de muerte y otros han dado pasos importantes en esa dirección.Los argumentos a favor de la aboliciónAunque no cabe duda de que el viaje global hacia la abolición continúa y de que sólo es cuestión de tiempo que la pena de muerte quede relegada a los libros de historia, los retos que hemos visto en la aislada minoría de países que aún llevan a cabo ejecuciones no podrían servir de argumentos más claros a favor de reiterar la acción en apoyo de una moratoria de todas las ejecuciones como primer paso. Las cifras compiladas por Amnistía Internacional indican que en 2016 no hubo ejecuciones en 172 de los 193 Estados Miembros de la ONU (el 89%) y sólo se tiene constancia de que 11 países llevaran a cabo ejecuciones cada año en los cinco años anteriores. Un puñado de países —Arabia Saudí, China, Irak, Irán y Pakistán— fue responsable de más del 90% de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia.Es un dato bien documentado que las violaciones graves de las normas y del derecho internacional de los derechos humanos suelen asociarse al uso de la pena de muerte, incluso en Estados que han adoptado compromisos voluntarios mediante la ratificación de tratados internacionales. En muchos casos, esta pena se impone en actuaciones en las que se viola el derecho a un juicio justo, especialmente cuando las personas encausadas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” que a menudo se usan para declararlas culpables; a personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito o a personas que tienen una discapacidad mental o intelectual. En algunos países se impone por delitos que no se ajustan a lo que se entiende por los “delitos más graves”, como los delitos relacionados con las drogas, a los que debe limitarse según el derecho internacional, y a menudo se impone como pena preceptiva. Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el secreto que rodea el uso de la pena de muerte en varios países, especialmente en el mayor verdugo del mundo, China; y sigue alarmada ante el hecho de que las personas de orígenes socioeconómicos vulnerables continúen sufriendo desventajas en los sistemas de justicia penal de todo el mundo.Es hora de actuarLas novedades, como la producida en las últimas semanas en Irak, demuestran que algunos Estados incumplen totalmente sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional en este sentido. Esto exige la condena y la acción de la comunidad internacional. Pero a pesar de todos los obstáculos, no hay duda de que el viaje de la humanidad para librarse de la pena de muerte seguirá adelante.Mientras esperamos la llegada de 2018 y la resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital que estudiará probablemente la Asamblea General de la ONU en su 73 periodo de sesiones, Amnistía Internacional anima a todos los Estados a que trabajen juntos y apoyen las iniciativas que contribuyan a poner punto final de una vez por todas al uso de esta pena.


El Instituto Vasco de Criminología Madrid/Vitoria.- Amnistía Internacional ha denunciado, una vez más, que la inmensa mayoría de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco siguen impunes, después de que el Instituto Vasco de Criminología haya publicado esta semana un estudio que analiza un total de 4.113 denuncias públicas y/o judiciales recopiladas entre los años 1960 y 2014. El documento recoge, entre otras cosas, una de las preocupaciones de la organización: la impunidad sigue imperando pese a las denuncias por tortura durante 50 años en el País Vasco, tal y como señala el hecho de que en todo este tiempo tan solo se hayan dictado 20 sentencias por 31 personas torturadas en régimen de incomunicación contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados.  
Tanto Amnistía Internacional, como diversos mecanismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, llevan décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, y en concreto en el País Vasco, cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vía pública, en dependencias policiales, y dentro del contexto de la lucha antiterrorista, que no han sido debidamente investigadas o sancionadas. Una práctica, atenuada en los últimos años, que no puede considerarse superada, ni esporádica, donde la ausencia de investigaciones exhaustivas contribuye a invisibilizar aún más a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. De hecho, desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas, la última de ellas en 2016, sobre alegaciones de tortura formuladas por personas detenidas en régimen de incomunicación.
“A pesar de la magnitud de estas cifras, y tal y como afirma el informe, la dimensión real de las personas afectadas podría ser mayor, especialmente en lo que se refiere a  denuncias por hechos producidos durante el franquismo y los primeros años de democracia”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Sin embargo, la falta de investigaciones exhaustivas sigue siendo la norma y, como consecuencia, la impunidad sigue vigente para las víctimas de tortura y malos tratos”, añade Esteban Beltrán.
Mientras que el Estado español ni tan siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura, Amnistía Internacional observa que sólo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas, como este reciente estudio, para avanzar en el derecho a la verdad, tanto individual como colectiva, de las víctimas estas violaciones de derechos humanos.
El estudio, encargado por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, ha analizado un archivo conformado por más de 26.113 documentos, y 1.027 testimonios de víctimas de tortura, 500 de ellos testimonios directos. Además, el Instituto aplicó el Protocolo de Estambul (directrices de Naciones Unidas para investigar casos de tortura) a 202 personas, de las cuales el 95,5% presentaban consistencia con casos de tortura y malos tratos. Entre el 5% y el 15% de los casos analizados, además, presentarían secuelas psicológicas importantes necesitadas de atención especializada.
“Tal y como muestra este informe, la impunidad en los casos de tortura está perpetuada mediante un círculo vicioso: no solo es difícil que las denuncias sean atendidas, sino que muchos de los informes forenses son deficientes, y cuando se lleva a cabo una investigación, hay muchas probabilidades de que los responsables sean indultados, y vuelta a empezar”, asegura el director de Amnistía Internacional.
La organización, que en septiembre de 2017 publicó el informe “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos como la tortura” ha recordado algunas de sus principales recomendaciones:
Que el Gobierno estatal haga un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, y que lance un mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos.Que de manera exhaustiva y unitaria, se recojan y publiquen datos oficiales detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura, que permitan evaluar la respuesta ofrecida por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a las víctimas directas y a sus familiares. Que se revise toda la legislación vigente para asegurar que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos tienen garantizada su reparación y derecho a garantías de no repetición, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, entre otras, sería necesario adecuar la definición de tortura del artículo 174 del Código Penal a la de la Convención contra la Tortura, o reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el régimen de incomunicación.Que se reforme el sistema para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son investigadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, de manera imparcial e independiente. Para ello, AI recomienda, tanto a las autoridades vascas como a las autoridades centrales, la creación de un mecanismo independiente de investigación.