Amnistía Internacional España

Pertenencias de un inmigrante en el centro de Acogida de Ciudad Ixtepec , en México. Copy: Marc Silver

Los derechos de las personas migrantes se están pisoteando en todo el planeta, en una situación en la que algunas de las personas más vulnerables del mundo sufren explotación económica, discriminación y racismo en toda una serie de países. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional del Migrante.

“Los responsables de tomar las decisiones políticas deben mostrar una actitud de liderazgo y garantizar que se protegen los derechos humanos de las personas migrantes, en lugar de asestar golpes bajos mediante tácticas alarmistas”, ha manifestado Sherif Elsayed-Ali, director del trabajo sobre personas refugiadas y migrantes de Amnistía Internacional.

“Las personas migrantes sin recursos económicos son los perfectos chivos expiatorios políticos: no tienen dinero, influencia ni voto. Por tanto, si eres un gobierno cuyas políticas están fallando a la gente, puedes culpar de todo a la inmigración.”

Explotación económica
A lo largo de los últimos años, Amnistía Internacional ha destacado la elevada cifra de trabajadores y trabajadoras migrantes –personas que abandonan su país con la esperanza de mejores salarios– que sufren una atroz explotación económica en muchos países.

En Qatar, las autoridades se están quedando muy rezagadas en sus esfuerzos por abordar los flagrantes abusos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Pese a las promesas de introducir reformas para abordar la explotación con vistas a la Copa Mundial de 2022, los progresos realizados en el país han sido mínimos. Prácticas como las demoras en el pago de los salarios a los migrantes, la dureza y peligrosidad de las condiciones de trabajo, las malas condiciones de vida, el trabajo forzado y la violencia física y sexual contra trabajadoras domésticas continúan imparables.

En Hong Kong e Indonesia, las autoridades no han emprendido acciones suficientes para abordar los fallos sistémicos que fomentan la explotación de las trabajadoras domésticas migrantes. Estos fallos permiten que agencias y empleadores sin escrúpulos abusen de las trabajadoras domésticas migrantes: Amnistía Internacional ha documentado casos que constituyen esclavitud contemporánea.

SOS Europa

Este año se ha producido un fuerte incremento del sentimiento anti-inmigrante en Europa, y la extrema derecha ha cobrado fuerza en las elecciones locales, nacionales y al Parlamento Europeo. También ha aumentado el número de personas que huyen de las guerras, la inestabilidad y la pobreza y se embarcan en peligrosos viajes en su intento de llegar a Europa.

“Mientras la fortaleza europea levanta muros cada vez más altos, basando en la seguridad en las fronteras su respuesta a la inmigración, la gente toma rutas cada vez más peligrosas para intentar alcanzar la seguridad y la dignidad”, ha manifestado Sherif Elsayed-Ali.

La semana pasada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que este año se ha alcanzado una cifra récord de casi 350.000 travesías de migrantes por mar en todo el mundo. El Mediterráneo fue la ruta más mortal de todas: al menos 3.419 personas han perdido la vida en él desde enero de 2014.

“Decenas de miles de personas migrantes y refugiadas emprenden el peligroso viaje por mar hacia Europa cada año. El hecho de que miles de ellas mueran por el camino debería ser una señal de alarma que indique a los Estados miembros de la UE que la prioridad debe ser salvar vidas, no cerrar fronteras.”

Detenciones de migrantes
En muchos países, puede mantenerse a personas detenidas durante meses, y en ocasiones años, sólo por ser migrantes irregulares.

En Estados Unidos, Amnistía Internacional ha concluido que el fuerte incremento del uso de la detención como mecanismo de control de la inmigración da lugar a una serie de violaciones de derechos humanos.

Más de 350.000 hombres, mujeres, niños y niñas son detenidos por las autoridades de inmigración estadounidenses cada año. Las personas migrantes pueden permanecer detenidas durante meses o años sin que se aplique forma alguna de revisión judicial a su detención, lo cual viola las normas internacionales de derechos humanos.

Las condiciones en las que las personas migrantes permanecen recluidas violan las normas tanto estadounidenses como internacionales sobre el trato a los detenidos. Amnistía Internacional ha documentado problemas generalizados, como el uso inadecuado y excesivo de dispositivos de inmovilización y un acceso inadecuado a atención médica, incluida la atención de salud mental. Muchas personas tienen un acceso limitado o inexistente a su familia y a asistencia jurídica y de otro tipo durante su detención.

Entre octubre de 2013 y julio de 2014, en Estados Unidos se detuvo a al menos 52.193 menores migrantes no acompañados, casi el doble que durante los 12 meses anteriores. El gobierno estadounidense calculaba que, para final de noviembre de 2014, la cifra total de menores detenidos no acompañados podía superar los 90.000 en estados fronterizos como Texas, Arizona y California.


Millones de personas en Pakistán, afectadas por el brutal atentado contra la escuela de Peshawar

El gobierno paquistaní no debe ceder al miedo y la ira tras la tragedia de la escuela de Peshawar, y debe mantener su moratoria de las ejecuciones. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional después de la promesa del primer ministro Nawaz Sharif de reanudar las ejecuciones para delitos relacionados con el terrorismo.

“El ataque de ayer es absolutamente censurable, y es imperativo que los responsables de esta inimaginable tragedia comparezcan ante la justicia. Sin embargo, recurrir a la pena de muerte no es la respuesta: nunca es la respuesta”, ha manifestado David Griffiths, director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

El anuncio de Nawaz Sharif se produjo al día siguiente de que al menos 142 personas  –132 de ellas niños– murieran a manos de integristas talibanes en una escuela gestionada por el ejército en la ciudad noroccidental de Peshawar.

“Como es lógico, Pakistán está atenazado por el miedo y la ira tras estos ataques. Sin embargo, el levantar la moratoria de las ejecuciones parece una reacción refleja que no aborda el núcleo central del problema: la falta de protección efectiva para la población civil en el noroeste de Pakistán”, ha manifestado David Griffiths.

“Es ahí donde el gobierno debería centrar sus energías, no en perpetuar el círculo de violencia con la reanudación de las ejecuciones.”

Amnistía Internacional pide que los responsables de ataques indiscriminados y ataques contra civiles, incluido el ataque de Peshawar, sean investigados y procesados en juicios que cumplan las normas internacionales de justicia procesal, pero sin recurrir a la pena de muerte.

“No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un especial efecto disuasorio respecto a los delitos castigados con ella comparada con otras formas de castigo”, ha manifestado David Griffiths.

"La pena capital no es la respuesta a la situación de orden público de Pakistán, y no servirá para abordar la delincuencia o el integrismo en el país.”

Pakistán renovó su moratoria de las ejecuciones en octubre de 2013 y no ha ejecutado a nadie desde el ahorcamiento de un soldado en noviembre de 2012; el último ahorcamiento civil tuvo lugar a finales de 2008. En la actualidad hay decenas de personas condenadas a muerte por delitos relacionados con el terrorismo en el país.

En Pakistán, muchas condenas de muerte se imponen tras juicios injustos caracterizados por la falta de acceso a asistencia letrada y por la aceptación de pruebas que serían inadmisibles según el derecho internacional.

“Al ampliar el año pasado su moratoria de las ejecuciones, Pakistán actuó correctamente y transmitió un mensaje de respeto por los derechos humanos. El Estado eligió alinearse con la gran mayoría de los países que han rechazado la pena de muerte en la ley o en la práctica por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”, ha manifestado David Griffiths.

“En un momento en el que el sistema de justicia de Pakistán lucha por hacer frente a la situación de orden público, puede resultar fácil pensar en la pena de muerte como una solución rápida. Pero, en lugar de reanudar las ejecuciones, Pakistán debe buscar soluciones a largo plazo que traigan consigo mejoras sistémicas en la administración de la justicia penal.”

A día de hoy, 140 países son abolicionistas en la ley o en la práctica
. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características del condenado, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


Imagen de la última celebración de Ciudades por la Vida en Madrid © AI

La amenaza de las autoridades iraníes de acelerar la ejecución de 10 condenados a muerte como represalia por iniciar una huelga de hambre es deplorable, ha declarado Amnistía Internacional al tiempo que pedía la conmutación inmediata de las penas.

Uno de los 10 condenados, Saman Naseem, fue sentenciado a muerte en 2013 por su implicación en actividades armadas contra el Estado tras participar supuestamente, cuando era menor de edad, en un combate con armas de fuego que se saldó con la muerte de un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Los 10 son parte de un grupo de 24 presos de la minoría kurda iraní que iniciaron una huelga de hambre el pasado 20 de noviembre como protesta por las condiciones del pabellón 12 de la Prisión Central de Oroumieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, donde están recluidos.

“Es realmente lamentable que las autoridades iraníes estén jugando así con la vida de estos hombres. Recurrir a amenazas de muerte y otras medidas de castigo para sofocar las huelgas de hambre de los reclusos sólo sirve para poner de relieve lo podrido que está el sistema de justicia penal iraní”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Saman Naseem era menor de edad cuando cometió presuntamente el delito. Dice que fue torturado en detención y obligado a ‘confesar’. Ahora las autoridades están chantajeándolo de hecho con la perspectiva de morir. Su ejecución sería una violación flagrante del derecho internacional. Debe conmutarse inmediatamente su condena.”

Amnistía Internacional pide que se vuelva a examinar imparcialmente el caso de Saman Naseem, sin recurso a la pena de muerte ni basarse en pruebas contaminadas por la tortura, y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Penal revisado iraní, que excluye el uso de la pena de muerte para menores de edad en determinadas situaciones.

Saman Naseem fue detenido el 17 de julio de 2011, cuando tenía solo 17 años. Estuvo recluido dos meses en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia de Oroumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, durante los cuales dijo que fue torturado por sus interrogadores, que le arrancaron las uñas de las manos y de los pies y lo golpearon, dejándole hematomas en espalda, piernas y abdomen. También dijo que lo obligaron a firmar una “confesión” escrita con los ojos vendados.

El 14 de diciembre, Saman Naseem fue trasladado a la enfermería de la prisión con hipotensión arterial y debilidad física, pero se negó a interrumpir la huelga de hambre y fue devuelto al pabellón 12 el mismo día.

Los reclusos del pabellón 12 de la Prisión Central de Oroumieh iniciaron la huelga de hambre como protesta por la decisión de trasladar a su pabellón a 40 presos condenados por delitos graves, como asesinato y robo a mano armada, lo que provocó un deterioro de su seguridad.

Según los informes, además de las amenazas de ejecución, las autoridades penitenciarias han sometido a los huelguistas de hambre a palizas y a otras medidas punitivas, y los han amenazado con trasladarlos a prisiones remotas en el sur del país para obligarlos a poner fin a la protesta.

Los presos, pertenecientes en su totalidad a la minoría kurda iraní, han afirmado que continuarán con su huelga de hambre hasta que las autoridades pongan fin a los abusos contra los reclusos. Los huelguistas de hambre que no están condenados a muerte cumplen penas de entre seis meses y 34 años de prisión.

“La pena de muerte es un castigo cruel e inhumano en cualquier circunstancia. En lugar de amenazar a estos reclusos con la ejecución, las autoridades deben conmutar sus condenas a muerte y garantizar que reciben un trato humano”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.

Información complementaria
Saman Naseem fue condenado a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la Tierra” (ifsad fil arz) por realizar presuntamente actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria iraní.

Condenado a muerte en enero de 2012 por el Tribunal Revolucionario de Mahabad, la Sala 32 del Tribunal Supremo anuló la sentencia en agosto del mismo año alegando falta de competencia del Tribunal Revolucionario y que Saman Naseem era menor de 18 años en el momento del presunto delito. Su caso fue remitido a la Sala 2 del Tribunal Penal de la provincia de Azerbaiyán Occidental para ser juzgado de nuevo.

En abril de 2013 la Sala 2 del Tribunal Penal de la provincia de Azerbaiyán Occidental lo condenó a muerte. La sentencia no mencionaba que Saman Naseem era menor de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La Sala 32 del Tribunal Supremo confirmó la pena en diciembre de 2013. Naseem podría ser ejecutado en cualquier momento, pues la sentencia ya ha sido remitida a la Oficina de Aplicación de Condenas.

En virtud del Código Penal Islámico revisado de Irán, promulgado en mayo de 2013, la ejecución de personas menores de 18 años está permitida comoqesas (castigo equivalente al delito cometido) y para el delito de hududprevistos en la ley islámica, salvo que se halle que el menor no ha entendido la naturaleza del delito o sus consecuencias, o que haya dudas sobre su capacidad mental.

En 2014, Amnistía Internacional recibió información sobre la ejecución de al menos 14 personas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años
. El uso de la pena de muerte contra menores de 18 años está estrictamente prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, en los que Irán es parte.

Los nombres de los otros nueve condenados a muerte son, por orden alfabético: Ali Afshari, Habib Afshari, Behrouz Alkhani, Mohammad Abdollahi, Sayed Sami Hosseini, Sayed Jamal Mohammadi, Sirvan Nejavi, Ebrahim Rezapour y Ali Ahmad Soleiman.


La gran mayoría de los muertos en el ataque eran niños y niñas en edad escolar © AFP / Getty Images

El ataque perpetrado por los talibanes hoy contra una escuela de la ciudad paquistaní de Peshawar constituye una cruel muestra de desprecio por la vida humana y pone de manifiesto la urgente necesidad de proteger a la población civil de la región, ha afirmado Amnistía Internacional. 

Al menos 126 personas, en su mayoría niños, han perdido la vida a manos de un grupo de hombres armados que entró en la escuela y disparó indiscriminadamente contra alumnos y profesores. Se trata de uno de los ataques más estremecedores cometidos por los talibanes en tiempos recientes.

"No hay justificación posible para convertir a los niños en blanco de un ataque. Este inadmisible ataque de los talibanes es un crudo recordatorio de que los civiles del noreste de Pakistán necesitan desesperadamente una protección efectiva frente los grupos extremistas", ha afirmado David Griffiths, director adjunto del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

"Ahora es de una importancia capital que las autoridades paquistaníes adopten medidas eficaces para proteger a la población civil y reducir el riesgo de que vuelvan a producirse tragedias atroces como ésta".

Un portavoz de los talibanes afirmó que el ataque constituye una respuesta a las recientes operaciones del ejército paquistaní en la vecina región de Waziristán Septentrional, en las que han muerto cientos de combatientes talibanes. La escuela, ubicada en una zona de Peshawar próxima a un acantonamiento militar, estaba dirigida por el ejército, y algunos de los alumnos eran hijos de militares.

Los talibanes han cometido ataques contra estudiantes paquistaníes en numerosas ocasiones, pero éste es con diferencia el más mortífero que han lanzado contra una escuela.

Desde 2010 se han producido al menos cuatro ataques contra autobuses escolares. En uno de ellos, perpetrado en Swat en 2012, la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousufzai recibió un disparo en la cabeza. A lo largo de este año, los talibanes han lanzado al menos tres ataques contra escuelas, que han causado al menos una víctima mortal.


Soldados jornados de Naciones Unidas desplegados en Haiti en una manifestación en Puerto Príncipe, 12 diciembre 2014. ( AP Photo/Dieu Nalio Chery)

La Policía Nacional de Haití y la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU deben evitar el uso innecesario y excesivo de la fuerza al vigilar y disolver manifestaciones, e investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras los incidentes denunciados durante las manifestaciones de los días 12 y 13 de diciembre en Haití.

Según la información publicada en medios de comunicación, dos personas resultaron heridas por arma de fuego durante una manifestación celebrada el 12 de diciembre en la capital haitiana, Puerto Príncipe, y otra más, al parecer, murió por disparos al día siguiente en otra protesta. Aunque todavía no se han esclarecido las circunstancias, los informes recibidos indican que en ambos casos la policía podría haber usado munición real contra los manifestantes.

Los medios de comunicación haitianos publicaron también un vídeo en el que se veía a un miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU disparando varias veces contra manifestantes después de que varios de ellos lanzaran piedras contra los efectivos internacionales. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) se apresuró a emitir un comunicado en el que reconocía las denuncias de uso excesivo de la fuerza e informaba de que se había abierto inmediatamente una investigación “para esclarecer los hechos”.

“El clima político en Haití se tensa y agrava por momentos. Es fundamental que la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH sean capaces de hacer frente a la situación garantizando la protección de los derechos humanos. La población debe poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin miedo a recibir disparos”, ha dicho Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional sobre Cuba.

“En ese contexto, es imprescindible que la MINUSTAH se atenga a su mandato de mantenimiento de la paz, que es promover la seguridad en Haití y al mismo tiempo proteger y respetar estrictamente los derechos humanos.”

Estas manifestaciones se enmarcan en una escalada de la inestabilidad política en Haití, cuando está a punto de expirar el mandato de dos tercios de los senadores y de todos los miembros de la Cámara Baja, el 12 de enero de 2015. La oposición política culpa al gobierno por no celebrar unas elecciones legislativas y municipales largamente pospuestas.

La noche del 12 de diciembre, el primer ministro anunció su dimisión después de que una comisión consultiva designada por el presidente hubiera recomendado su dimisión entre varias medidas destinadas a apaciguar las tensiones y crear un entorno político positivo que permita celebrar elecciones.

En los dos últimos años, Amnistía Internacional ha recibido un número creciente de informes sobre uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía para disolver manifestaciones, con el frecuente resultado de un gran número de heridos y, ocasionalmente, víctimas mortales. No se tiene constancia de que se haya sometido a investigación criminal a algún agente de policía por su participación en estos hechos.

El número creciente de personas muertas a manos de la policía y la ausencia de rendición de cuentas de la fuerza policial fueron motivos de preocupación para el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que, en octubre de 2014, recomendó que las autoridades haitianas realizaran investigaciones oportunas y efectivas sobre todos los homicidios cometidos por la policía y llevaran a los responsables ante la justicia. Asimismo recomendó que Haití continuara formando a sus fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

En un contexto en el que probablemente continuarán las manifestaciones, tanto las autoridades haitianas como la MINUSTAH deben demostrar su intención firme de obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas e impedir que se cometan más abusos en el futuro. De no hacerlo así, las autoridades haitianas y la MINUSTAH estarían renegando de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, ha afirmado Chiara Liguori.


Khaled al Junaidi, destacado activista de la agrupación separatista yemení Movimiento del Sur, encabezaba una huelga en el distrito de Crater cuando cinco agentes de seguridad enmascarados le ordenaron que bajara de su automóvil y le dispararon en el pecho.

Las autoridades yemeníes deben investigar la muerte de un activista político por disparos de las fuerzas de seguridad durante una protesta pacífica celebrada hoy en la ciudad meridional de Adén; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Khaled al Junaidi, destacado activista de la agrupación separatista yemení Movimiento del Sur, encabezaba una huelga en el distrito de Crater cuando cinco agentes de seguridad enmascarados le ordenaron que bajara de su automóvil y le dispararon en el pecho.

“Este homicidio deliberado y espeluznante es, aparentemente, una ejecución extrajudicial motivada por el activismo pacífico de Khaled al Junaidi dirigido a promover la independencia para el sur de Yemen”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Las autoridades yemeníes tienen, en virtud del derecho internacional, la obligación de garantizar que se realiza una investigación sin demora, independiente e imparcial sobre su homicidio, y que todos los responsables comparecen ante un tribunal, incluidos quienes ordenaron su muerte.”

 

Khaled al Junaidi, detenido y torturado con anterioridad por las fuerzas de seguridad debido a su activismo político, estaba supervisando la huelga pacífica en Crater, distrito de Adén. Su cometido incluía documentar la protesta desde su vehículo y tomar fotografías.

Cinco agentes enmascarados, que vestían el uniforme oficial de las fuerzas de seguridad y se desplazaban en uno de sus vehículos, interceptaron su automóvil en un lugar donde los agentes estaban disparando gas lacrimógeno contra la multitud.

Después de que uno de ellos disparara contra Khaled al Junaidi y lo hiriera de gravedad, los agentes lo llevaron a un hospital cercano y lo abandonaron a la entrada, donde murió.

Khaled al Junaidi había sido liberado el 27 de noviembre, junto con otro compañero activista, Anwar Ismail, tras permanecer tres semanas recluido sin cargos.

Era la cuarta vez que lo detenían por su relación con el Movimiento del Sur, también llamado Al Hirak, su nombre abreviado en árabe.

Tanto Khaled al Junaidi como Anwar Ismail habían sufrido torturas anteriormente bajo custodia. Khaled afirmaba que, en una ocasión, había permanecido esposado y colgado de las muñecas 23 horas al día durante una semana entera.

Información complementaria
El Movimiento del Sur es una coalición de grupos de oposición política del sur de Yemen que piden la secesión de su región respecto al norte.

Desde 2007 vienen produciéndose manifestaciones esporádicas en gran medida pacíficas. Comenzaron con protestas de militares del sur retirados, que se quejaban de no estar recibiendo el mismo trato que los del norte en materia de empleo, sueldo y pensiones.

Las protestas por la discriminación de la población del sur dieron paso gradualmente a peticiones de secesión, que continuaron tras el derrocamiento del presidente Alí Abdulá Salé en 2011.

El gobierno ha respondido a estas protestas con mano dura y decenas de manifestantes han resultado muertos. En muchos casos, al parecer murieron por disparos a pesar de que no representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad ni para terceros.

Desde 2007, las fuerzas de seguridad han detenido y recluido –en muchos casos de manera arbitraria– a miles de manifestantes y transeúntes, así como activistas.


Ekrem Dumanli (perfil de Tuiter)

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades turcas que liberen a los periodistas detenidos ayer como parte de una oleada de arrestos si no tienen pruebas verosímiles de que hayan cometido un delito común reconocible.

Las detenciones de influyentes periodistas practicadas ayer en un sector de los medios de comunicación que ha tenido un papel destacado en la cobertura informativa de las denuncias sobre corrupción de funcionarios públicos han suscitado importantes dudas en cuanto a los motivos de las autoridades para detenerlos.

Las autoridades turcas tienen una trayectoria probada de uso de la legislación antiterrorista, que está redactada en términos demasiado amplios, para actuar selectivamente contra opositores políticos, y hay razones de peso para creer que eso es lo que ha motivado estas detenciones, practicadas en aplicación de esa legislación.

La aplicación abusiva de estas leyes ha contribuido en gran medida a engordar el lamentable historial de Turquía en materia de criminalización de la disidencia, vulnerando el derecho a la libertad de expresión.

En un comunicado de prensa emitido ayer, la Fiscalía de Estambul afirmaba que iban a ser detenidas 31 personas. Finalmente fueron detenidas 27 personas –entre ellas 6 periodistas jubilados y en activo de medios impresos–, que están siendo interrogadas como sospechosas de “formar, dirigir o pertenecer a organización armada, falsear información y propagar falsos rumores en el contexto de la organización”.


El líder checheno, Ramzan Kadyrov (a la izquierda) © ELENA FITKULINA / AFP / Getty Images

Las autoridades rusas deben tomar medidas para poner fin a la campaña de intimidación y hostigamiento contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Chechenia, han dicho Amnistía Internacional y Human Rights Watch hoy tras el incendio de las oficinas de un grupo de derechos humanos local. También deben ofrecer una verdadera protección a todos los activistas que reciben amenazas por realizar su labor.

La noche del 13 de diciembre, las oficinas de Grupo Móvil Conjunto, organización de derechos humanos que trabaja con organizaciones no gubernamentales de otras zonas de Rusia, quedaron destrozadas por un incendio, presuntamente provocado, en la capital de Chechenia, Grozni.

“Estos actos de intimidación forman parte de la actual campaña de represión de la libertad de expresión en la región. El dirigente checheno Ramzan Kadyrov parece estar librando una campaña personal contra Grupo Móvil Conjunto y su líder, Igor Kalyapin”, ha dicho Anna Neistat, directora general de Investigación en Amnistía Internacional.

El mismo 13 de diciembre, horas antes, en una manifestación contra los grupos armados que operan en la zona, se vieron pancartas en las que se tildaba a la ONG de “simpatizante del terrorismo”, y ese mismo día unos enmascarados armados siguieron a miembros del grupo en un automóvil al parecer propiedad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley chechenos.

El 14 de diciembre, la policía irrumpió en el apartamento que Grupo Móvil Conjunto tiene alquilado en Grozni y, sin dar explicaciones ni enseñar orden de registro alguna a los dos miembros del personal de la organización que se encontraban allí, los agentes saquearon el lugar, confiscaron teléfonos móviles, varias cámaras fotográficas, ordenadores portátiles y otro material electrónico. También cachearon a los dos miembros del personal de la ONG y registraron su automóvil. Ambos, Sergei Babinets y Dmitry Dimitriev, pasaron varias horas bajo custodia policial y luego quedaron en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a las autoridades rusas que investiguen el presunto incendio provocado, garanticen protección para el personal de Grupo Móvil Conjunto y cumplan el compromiso de Rusia de fomentar un clima de trabajo normal para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

“No es la primera vez que las autoridades chechenas desatan una campaña de hostigamiento contra quienes trabajan para proteger los derechos humanos en Chechenia”, ha dicho Hugh Williamson, director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “Los últimos actos contra los defensores de los derechos humanos sugieren que en esta ocasión están llevándola a un nuevo nivel de abusos”.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a las autoridades rusas que investiguen minuciosamente sin demora los ataques y las amenazas y hagan rendir cuentas a sus responsables.

Información complementaria

El 4 de diciembre, 11 miembros de un grupo armado atacaron a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el centro de Grozni. En el combate que se desencadenó posteriormente murieron los 11, junto con 14 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al menos un civil. Al día siguiente, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, afirmó que las familias de los miembros del grupo armado serían expulsadas de Chechenia y que sus casas serían demolidas. Días después, hombres no identificados prendieron fuego en cinco localidades al menos a nueve casas, que quedaron destruidas. No se ha hecho ningún intento de investigar estos incidentes.

El 9 de diciembre, Kalyapin, presidente de Grupo Móvil Conjunto, pidió a las autoridades rusas que investigaran si las declaraciones de Kadyrov sobre la expulsión de las familias de los insurgentes y la destrucción de sus viviendas constituía un delito común en aplicación del artículo 286 del Código Penal ruso (“Abuso de autoridad”). Al día siguiente, a través de las redes sociales, Kadyrov afirmó que “un tal Kalyapin” estaba ayudando a los insurgentes en Chechenia, incluso económicamente.

El 11 de diciembre, varios destacados defensores de los derechos humanos dieron una conferencia de prensa conjunta en Moscú para poner de relieve la práctica ilegítima del castigo colectivo en Chechenia. Kalyapin, uno de los asistentes, fue atacado durante el acto por varios hombres, que lo insultaron y le arrojaron huevos. Posteriormente, Kalyapin ha estado recibiendo amenazas por teléfono y por SMS durante varios días.


Un atentado suicida en Kabul el jueves pasado mató a una persona e hirió a decenas. © SHAH MARAI/AFP/Getty Images

La oleada de atentados recientemente perpetrados por los talibanes y otros grupos armados de Afganistán contra la población civil constituyen actos condenables que subrayan la apremiante responsabilidad del nuevo gobierno afgano de proteger el derecho a la vida, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

El más reciente, el atentado suicida con explosivos del jueves por la tarde en el salón de actos del centro de enseñanza secundaria de Isteqlal, en Kabul, donde murió una persona y resultaron heridas aproximadamente diez más, todas civiles, que asistían a una representación teatral, se añade a la creciente cifra de vidas perdidas y a los cientos de heridos en ataques armados en diferentes partes del país en las últimas semanas.  

“Dirigir los atentados contra la población civil es una práctica condenable y supone una clara violación del derecho internacional humanitario que constituye un crimen de guerra. Es fundamental que los responsables comparezcan ante la justicia”, ha dicho Horia Mosadiq, investigadora sobre Afganistán de Amnistía Internacional.  

“Una de las responsabilidades básicas de las autoridades afganas es proteger a la población civil contra esos ataques violentos. Corresponde ahora al nuevo gobierno reforzar la respuesta de seguridad y recuperar la confianza del pueblo afgano.”

La frecuencia de los atentados se ha incrementado al disminuir la actividad de la mayoría de las tropas internacionales estacionadas en Afganistán, que se preparan para retirarse del país a fin de mes.

“Los talibanes y otros grupos armados se acogen al derecho internacional humanitario siempre que les conviene. Pero los objetivos de la última serie de atentados muestran un claro y constante desprecio por normas fundamentales del derecho internacional humanitario que son vinculantes para estos grupos”.

Amnistía Internacional ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue la situación en Afganistán respecto a los posibles crímenes de guerra perpetrados por todas las partes en el conflicto.

La organización también ha pedido a la ONU que se asegure de que la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos ocupan los primeros puestos de la agenda de cualquier conversación de paz que se entable en el futuro con los talibanes, entre otras prioridades en materia de derechos humanos.


Acto de protesta frente al Congreso para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana © AI

Madrid.- Mediante 181 votos a favor y 141 en contra se ha aprobado esta tarde en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Amnistía Internacional, que lleva meses haciendo campaña para denunciar las amenazas a la libertad de reunión, información y expresión que supondrá esta nueva ley, se suma a las voces que, por parte de la sociedad civil y de otras organizaciones, rechazan este texto.

El Proyecto de Ley otorga mayor poder a as Fuerzas de Seguridad, mientras que los y las ciudadanas contarán con menos garantías frente a la administración ya que, además de ampliarse en número de infracciones, muchas de las faltas pasan del ámbito penal al administrativo, que implica que algunas conductas recibirán sanciones más severas. Es decir, lejos de suponer un menor reproche sancionador, y como en el ámbito administrativo se supone la veracidad de los agentes, se teme que los y las ciudadanos cuenten con menos garantías de las que tendrían de ser juzgadas en un procedimiento penal.

También la grabación de imágenes de abusos se verá limitada: los periodistas, activistas y la ciudadanía en general puede ser sancionada con multas de hasta 30.000 euros por grabar o difundir datos de autoridades y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Frente a ello, el texto no contempla mecanismos de supervisión de la actividad policial, por lo que es previsible que la impunidad permanezca ante los abusos llevados a cabo por parte de la policía.

“Es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger, tal y como indican las normas internacionales de derechos humanos”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Por último, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Y es que el Proyecto de Ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas cuando no se cumplan con una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión.  

“Con este Proyecto de Ley no se está protegiendo la protesta en España sino todo lo contrario: es una reforma que castiga la disconformidad”, ha añadido Beltrán.

Expulsiones ilegales

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluye una disposición que da cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, prohibidas por 11 normas, tanto del derecho español como del derecho comunitario e internacional. Ante las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que parece despreciar las preocupaciones que han expresado, entre otros, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Comisión Europea sobre la iniciativa de las “devoluciones en caliente”, Amnistía Internacional ha querido mostrar así su rechazo:

“No se trata de una cuestión humanitaria ni de sentimientos, sino de una cuestión de derechos humanos. La respuesta del Ministro es inadecuada e impropia para una autoridad que lo que debe es ocuparse de cumplir con la legalidad internacional”, ha asegurado Esteban Beltrán, quien ha pedido además al Ministro “respeto por la labor de organizaciones reputadas de derechos humanos y aquellas que asisten directamente a las personas migrantes como único recurso cuando el Estado se ha desentendido”.

Las devoluciones en caliente o expulsiones sumarias socavan el derecho al asilo, ya que no permiten a las personas migrantes acceder a su derecho a buscar asilo y a acceder a un procedimiento con todas las garantías, incluyendo asistencia letrada, de intérprete, y a un recurso efectivo. El propio Consejo de Europa insistió este miércoles en que no se puede legalizar lo que es ilegal y aseguró que se trata de una "propuesta injusta que mermaría inevitablemente protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial".

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El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ha sido votado hoy en el Congreso de los Diputados con la oposición del resto de los Grupos Parlamentarios excepto el Grupo Popular. Después, pasará al Senado para su discusión y finalmente se convertirá en Ley.

Amnistía Internacional ha recogido más de 40.000 firmas que rechazan esta reforma que castiga la disconformidad. Asimismo, ha llevado a cabo un análisis de las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios y ha difundido un vídeo que muestra una serie de abusos policiales contra periodistas y cómo el derecho a informar se está ya viendo amenazado en España.