Amnistía Internacional España

Manifestación en El Cairo contra la ley sobre manifestaciones, junio 2014. © EPA/MOHAMMED SABER

Las autoridades egipcias deben liberar a los activistas que fueron detenidos simplemente por desafiar la represiva legislación sobre manifestaciones del país y cuyo juicio está previsto para el 13 de septiembre, ha dicho Amnistía Internacional.

La destacada defensora de los derechos humanos Yara Sallam y la conocida activista de derechos humanos Sanaa Seif están entre las 22 personas que van a ser juzgadas por participar en una concentración destinada a poner en peligro la “paz pública” y causar daños materiales, entre otros delitos.

“Aparentemente, se trata de otro juicio espectáculo basado en dudosas y escasas pruebas, cuyo fin es advertir claramente a cualquiera que desafíe la ley sobre manifestaciones de Egipto”, ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Este caso es la prueba más reciente de que las autoridades egipcias están decididas a acallar la protesta pacífica y sofocar toda forma de disidencia. Ninguna persona debe ser detenida por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y reunión.”

“Los cargos contra Yara Sallam, quien ni siquiera participó en la manifestación, son completamente absurdos. Permanece detenida y va a ser juzgada debido a su labor como defensora de los derechos humanos. Es presa de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.”

Según los testimonios y la información de que dispone Amnistía Internacional, los cargos son infundados casi con toda seguridad y los acusados probablemente son presos de conciencia, detenidos exclusivamente por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional ha pedido la liberación de todas las personas detenidas el 21 de junio simplemente por participar en la manifestación. Los individuos contra quienes existan pruebas suficientes de actividad delictiva violenta sólo podrán ser juzgados por delitos comunes reconocibles y en procesos plenamente conformes con las normas internacionales sobre juicios justos.

A última hora de la tarde del 21 de junio, Yara Sallam paseaba con una prima suya por el barrio residencial cairota de Heliópolis, donde estaba teniendo lugar la manifestación. Estaban comprando agua en un quiosco cuando las detuvieron a ambas. A su prima la liberaron al día siguiente, pero Yara Sallam permaneció bajo custodia porque las fuerzas de seguridad descubrieron que trabajaba en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Amnistía Internacional considera que es presa de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.

En su marcha hacia el palacio presidencial, los manifestantes habían sufrido reiterados ataques de grupos de hombres vestidos de civil. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas en el proceso de dispersar a la multitud. Una fue liberada posteriormente y otra –un niño llamado Islam Tawfik Mohamed Hassan– será juzgada por un tribunal de menores en una causa distinta.

En una vista anterior, celebrada el 29 de junio, el juez rechazó las reiteradas solicitudes presentadas por la defensa para que ordenara dejar a todos los acusados en libertad provisional. Asimismo rechazó las solicitudes presentadas para que los acusados varones no estuvieran esposados durante el juicio. A continuación se aplazó la fecha del juicio al 13 de septiembre para dar tiempo a presentar las pruebas audiovisuales, lo que suponía prolongar innecesariamente la reclusión de los acusados más de dos meses. Los abogados presentaron numerosas solicitudes para adelantar la fecha de la vista, pero todas fueron rechazadas.

El infatigable abogado de derechos humanos Ahmed Seif al Islam, padre de Sanaa Seif, falleció el mes pasado. El 28 de agosto, Sanaa se declaró en huelga de hambre para protestar por la negativa de las autoridades a permitirle estar unos momentos con su padre en sus últimos días. Otros 11 activistas, entre ellos la hermana de Sanaa, Mona Seif, también conocida activista, están en huelga de hambre para oponerse a la política de detener a los defensores de los derechos humanos en el país.

Información complementaria

Yara Sallam y otras siete mujeres procesadas en esta causa permanecen recluidas en la prisión de Al Qanater. Los hombres están en la de Tora.

Los 23 procesados están acusados de causar daños materiales, hacer demostraciones de fuerza dirigidas a atemorizar a los transeúntes y poner sus vidas en peligro, y participar en una concentración de más de cinco personas para poner en peligro la “paz pública” y cometer delitos.

De acuerdo con la Ley Reguladora del Derecho a las Concentraciones Públicas, las Procesiones y las Protestas Pacíficas (Ley 107 de 2013) de Egipto, los organizadores de una manifestación deben presentar sus planes a las autoridades, que están facultadas para anularla o modificar su recorrido. El presidente Adly Mansour firmó esta ley el 24 de noviembre de 2013.


Presidente de Gambia, Yahya Jammeh. © AP

El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, no debe firmar la nueva reforma del Código Penal que aumentaría a cadena perpetua la pena por “homosexualidad agravada”. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La medida acrecentaría aún más la atmósfera de temor para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en Gambia.

La ley contiene varias disposiciones que violan el derecho internacional de los derechos humanos y constituyen persecución a causa de la orientación o presunta orientación sexual o la identidad de género. Algunos apartados de la ley son similares a la estricta legislación homófoba anulada en agosto de 2014 en Uganda.

“El presidente Jammeh no debe aprobar esta ley, profundamente dañina, que viola el derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Stephen Cockburn, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “La Asamblea Nacional de Gambia y el presidente no deben respaldar la homofobia patrocinada por el Estado.”

La Asamblea Nacional aprobó el 25 de agosto el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal de 2014. El presidente dispone de 30 días a partir de esa fecha para firmar la ley o devolverla a la Asamblea Nacional para una nueva revisión.

Las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre personas adultas del mismo sexo ya constituyen delito en Gambia, en contra de lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la reforma propuesta introduce penas aún más severas para las personas sospechosas de ser lesbianas, bisexuales o gays.

El cargo de “homosexualidad agravada” se castiga con cadena perpetua. Se trata de un cargo muy impreciso que podría dar lugar a una amplia diversidad de abusos por parte de las autoridades. Entre las personas que podrían ser acusadas de este cargo y condenadas a cadena perpetua se encuentran las “reincidentes” y las personas con VIH que son sospechosas de ser gays o lesbianas.

“Esta nueva ley aumentará aún más el estigma padecido por unas personas ya de por sí marginadas y que viven en un clima de profundo temor y odio en Gambia”, ha manifestado Graeme Reid, director de Derechos LGBT de Human Rights Watch.

El presidente Jammeh ha realizado numerosas declaraciones públicas en las que ataca los derechos de las personas LGBTI. Una de esas declaraciones la hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, cuando declaró: “Quienes promueven la homosexualidad quieren terminar con la existencia humana; se está convirtiendo en una epidemia, y los musulmanes y africanos lucharemos para erradicar esta conducta”. En febrero declaró: “Lucharemos contra esta plaga llamada homosexuales o gays de la misma manera que luchamos contra los mosquitos portadores de la malaria, o incluso con más ahínco”.

En mayo, el presidente Jammeh amenazó a los ciudadanos de Gambia que piden asilo a causa de la discriminación por su orientación sexual, diciendo al servicio de noticias africano APA: “Si los atrapo, los mataré”.

En 2012, las autoridades detuvieron a 18 hombres y 2 mujeres durante una redada en un club nocturno. Los acusaron de intentar cometer “actos antinaturales” y de “conspirar para cometer un delito”, y publicaron sus nombres y fotografías en los periódicos. Los cargos contra estas personas finalmente se retiraron por falta de pruebas.

En mayo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución sobre la protección frente a la violencia y otras violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación o presunta orientación sexual o identidad de género. En ella condenaba “la situación de ataques sistemáticos por parte de agentes estatales y no estatales contra personas a causa de su orientación o presunta orientación sexual o identidad de género”.


El ejército de Tailandia impuso la ley marcial el 20 de mayo de 2014, dos días después se hizo con el poder. © EPA

Los centenares de detenciones arbitrarias, los informes de tortura y otros malos tratos, las amplias restricciones sobre la libertad de expresión y reunión pacífica y los juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares están creando un clima de miedo en Tailandia y no hay señales de que vaya a remitir, según afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.

Attitude adjustment –100 days under Martial Law es la primera investigación completa sobre la situación de los derechos humanos en Tailandia desde que el ejército impuso la ley marcial el 20 de mayo de 2014 y tomó el poder dos días más tarde.

“Tres meses después del golpe militar, nuestras investigaciones dibujan un cuadro de violaciones de derechos humanos generalizadas y de gran alcance que el gobierno militar sigue perpetrando”, ha dicho Richard Bennett, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Las autoridades tailandesas deben terminar con este alarmante cuadro de represión, poner fin a las violaciones de derechos humanos, respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos y permitir la discusión y el debate abierto, todo lo cual es fundamental para el futuro del país.”

Detenciones arbitrarias
En un intento de “regular actitudes” y reprimir la disidencia, el gobierno militar –el Consejo Nacional para la Paz y el Orden– ha incurrido en la práctica sistémica de detener y recluir arbitrariamente a cientos de personas, muchas de ellas aliadas del gobierno anterior, conculcando su derecho a la libertad y otros derechos humanos.

Aunque la mayoría sólo estuvieron privados de libertad siete días como máximo, fueron detenidos sin cargos ni juicio, privados de acceso a un abogado y, en algunos casos, recluidos en régimen de incomunicación. Ahora viven con la amenaza del procesamiento tras haber firmado documentos en los que renunciaban a participar en “actividades políticas” como condición previa para su liberación.

El ejército y la policía han detenido o amenazado con detener a familiares de algunos de los que se niegan a informar. Se ha procesado a varias personas por desobedecer la orden militar de informar y se les ha revocado el pasaporte.

“Las detenciones arbitrarias masivas suponen un flagrante desprecio de los compromisos internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos. Es un caso claro de persecución política y un intento de acallar la disidencia”, ha manifestado Richard Bennett.

“Las detenciones y órdenes de informar deben terminar, al igual que todas las restricciones impuestas a las personas liberadas y el procesamiento de quienes se niegan a informar.”

Tortura y otros malos tratos
Amnistía Internacional ha recibido informes verosímiles sobre personas  torturadas –mientras estaban detenidas en régimen de incomunicación y en otras situaciones– mediante palizas, asfixia y simulacros de ejecución, entre otros métodos. La tortura es un problema desde hace mucho tiempo en Tailandia y está muy extendida en los lugares de detención, sobre todo en zonas donde se ha impuesto la ley marcial.

Kritsuda Khunasen, activista política detenida el 27 de mayo de 2014, dijo que los soldados la habían golpeado brutalmente en repetidas ocasiones y la habían asfixiado con una bolsa de plástico durante el interrogatorio.

“Si tardaba demasiado en contestar, no hablaba, no respondía a la pregunta de manera directa [...] me daban puñetazos en la cara, el estómago y el cuerpo [...] Lo peor de todo fue cuando me envolvieron la cabeza con una bolsa de plástico, ataron los extremos y luego me pusieron un saco por encima.  Perdí el conocimiento y me echaron agua encima para que lo recuperase [...] Finalmente supe lo que era temer constantemente la muerte”, explicó.

“El Consejo Nacional para la Paz y el Orden debe garantizar que ninguna persona es sometida a tortura u otros malos tratos, las denuncias sobre estos delitos deben ser investigadas con imparcialidad, independencia y exhaustividad, y los presuntos responsables deben ser procesados”, ha afirmado Richard Bennett.

Libertad de expresión y de reunión pacífica
El Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha impuesto asimismo amplias restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, que han tenido un efecto disuasorio sobre el debate público y dado lugar a una autocensura generalizada.

Cientos de sitios web han sido desactivados o bloqueados, se han establecido equipos de censura para vigilar los medios de comunicación y se ha amenazado con la cárcel a personas por publicar material en línea que se consideraba crítico con el ejército.

La prohibición de reuniones de más de cinco personas lleva en vigor desde que se impuso la ley marcial y conculca claramente el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Y un número sin precedentes de personas han sido acusadas en aplicación de la abusiva Ley de Lesa Majestad, que prohíbe las injurias a miembros de la familia real. Desde el golpe de Estado, 4 personas han sido procesadas y condenadas y otras 10 han sido formalmente acusadas.  

“Reprimir las formas más sutiles de disidencia, como llevar camisetas que pueden ‘promover la división’ o leer ciertos libros y comer bocadillos en público como protesta simbólica contra el régimen militar, ya forma parte del modus operandi del gobierno militar”, ha dicho Richard Bennett.

“Las autoridades tailandesas deben revocar tales leyes y órdenes abusivas, retirar todos los cargos formulados simplemente por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y reunión, y poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas o encarceladas por tales cargos.”

Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las restricciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica han tenido graves repercusiones para la labor fundamental de los individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos, como la Sección Tailandesa de Amnistía Internacional.

Se ha ordenado a los grupos de derechos humanos que no celebren actos pacíficos, mientras que los cargos por difamación y los procesamientos iniciados contra periodistas y activistas de derechos humanos antes del golpe militar siguen adelante.

Juicios sin las debidas garantías
El derecho a un juicio justo está igualmente en peligro, ya que unas 60 personas se enfrentan a juicios inminentes ante tribunales militares, sin derecho de apelación.

El Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha ordenado el procesamiento de civiles ante tribunales militares por incumplimiento de órdenes militares que vulneran derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y por vulnerar una legislación de lesa majestad que también puede conculcar el derecho a la libertad de expresión.

Recomendaciones
“Attitude adjustment” – 100 days under Martial Law contiene recomendaciones a las autoridades tailandesas para restablecer el respeto a los derechos humanos y garantizar que Tailandia cumple sus obligaciones internacionales.

“Tailandia tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no puede pasar por alto en nombre de la ‘seguridad nacional’; las restricciones impuestas actualmente a las libertades son excesivamente amplias”, ha dicho Richard Bennett.

“Los miembros de la comunidad internacional deben aprovechar cualquier oportunidad, incluido el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, para animar al gobierno militar tailandés a cambiar de rumbo y garantizar el respeto de los derechos humanos, imprescindible para alcanzar su meta declarada de la reconciliación nacional.”


Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

  • Amnistía Internacional participará hoy 10 de septiembre en el diálogo interactivo con el Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde presentará las preocupaciones de la organización.
  • Amnistía Internacional, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se dirigieron a diversas autoridades españolas demandando que cumpla con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas

El Estado español no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, y promoción de la verdad, justicia y reparación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de las principales conclusiones de los informes publicados recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición publicados recientemente.

Ambos mecanismos de Naciones Unidas han coincidido en sus críticas al Poder Judicial; el Relator asegura que es la institución del Estado donde existen los mayores déficits en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

Por su parte, el Grupo de trabajo destaca que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Igualmente alertan de que en la actualidad no existe ninguna investigación judicial efectiva sobre desapariciones forzadas, y observa cómo jueces, fiscales o policía no están presentes en las exhumaciones, lo que es considerado una omisión grave de parte de las autoridades judiciales.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en la que se concluye sobre la imposibilidad de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el Grupo de trabajo constata que a partir de dicha sentencia “prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó, ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas. Si bien esta situación ya existía con anterioridad, las decisiones del Tribunal Supremo dieron nuevos argumentos a los jueces inferiores para no avanzar en las causas judiciales”.

Las organizaciones firmantes se han hecho eco de además las siguientes preocupaciones expresada por los mecanismos de Naciones Unidas:

  • Falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal español, tal y como establece el derecho internacional.
  • La Ley de Amnistía 46/1977. Una vez más los mecanismos de Naciones Unidas alertan de que la ley de Amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales adquiridas por España; asimismo destacan que no hay impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales.


  • Jurisdicción universal y cooperación judicial con otros Estados. Ambos mecanismos se han referido, por un lado, a la reforma de la jurisdicción universal, y a las preocupaciones en torno a la no siempre adecuada colaboración por parte de España con la justicia de otros estados; en particular la argentina, donde se encuentra abierta una investigación por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y que adopten medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición han presentado informes relativos a sus visitas realizadas a España en septiembre de 2013 y enero-febrero de 2014, respectivamente. Dichos informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos durante su 27ª período de sesiones los días 10 y 12 de septiembre.


El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se ha reunido hoy con el primer ministro de Ucrania Arseniy Yatsenyuk © EPA / MAURIZIO GAMBARINI

En una entrevista mantenida hoy con el primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha instado al gobierno ucraniano a detener los abusos y crímenes de guerra de los batallones de voluntarios que actúan junto con las fuerzas armadas regulares ucranianas.

“Las autoridades de Ucrania no deben reproducir el desgobierno y los abusos que han predominado en las zonas que han estado en manos de los separatistas", ha dicho desde Kiev Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Si no se pone fin a los abusos y posibles crímenes de guerra de los batallones de voluntarios se corre el peligro de agravar significativamente las tensiones en el este del país y desvirtuar las intenciones de las nuevas autoridades ucranianas, que afirman que reforzarán y harán respetar el Estado de derecho más ampliamente.”

Este llamamiento coincide con la publicación por Amnistía Internacional de un documento con nuevo material de investigación sobre el terreno en la región septentrional de Luhansk, titulado Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north Luhansk region, en el que se documentan la variedad cada vez mayor de abusos cometidos por el batallón de voluntarios "Aidar". 

"Aidar" es uno de los llamados batallones de voluntarios que, en número superior a treinta, han surgido tras el conflicto, vagamente integrados en las estructuras de las fuerzas de seguridad de Ucrania que intentan volver a hacerse con el control de las zonas tomadas por los separatistas.

Amnistía Internacional ha documentado una oleada creciente de abusos –secuestros, detenciones ilegales, malos tratos, atracos, extorsiones y posibles ejecuciones– cometidos por el batallón "Aidar", algunos de los cuales equivalen a crímenes de guerra.

La organización pide a las autoridades de Ucrania que integren a todos los batallones de voluntarios, incluido el "Aidar", en una cadena de mando y control eficaz, investiguen sin demora todas las denuncias de abusos y exijan cuentas a los responsables.

El primer ministro de Ucrania ha afirmado que el gobierno se compromete a exigir responsabilidades a todos los perpetradores de abusos relacionados con el conflicto.

"Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso del gobierno de Ucrania de restaurar y garantizar la justicia en las zonas afectadas por el conflicto. Haremos que cumpla su promesa", ha dicho Salil Shetty.


Una de las imágenes de satélite que ilustran los movimientos de tropas y de la oposición en el este de Ucrania © Digital Globe for Amnesty International

La milicias ucranianas y las fuerzas separatistas son responsables de crímenes de guerra, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización, que ha dado a conocer imágenes de satélite que revelan una acumulación de artillería y blindados rusos en el este de Ucrania, acusa a Rusia de promover los crímenes de los separatistas.

Dado que las negociaciones sobre alto el fuego siguen marcadas por la incertidumbre y que la situación sobre el terreno sigue siendo peligrosa, Amnistía Internacional insta a todas las partes, incluida Rusia, a que dejen de infringir las leyes de la guerra.

Todas las partes implicadas en este conflicto están actuando con total desprecio hacia la vida de la población civil y están incumpliendo flagrantemente sus obligaciones internacionales”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, que en los próximos días viajará a Kiev y Moscú.

“Las pruebas de que disponemos muestran que Rusia está promoviendo el conflicto, mediante la injerencia directa y el respaldo a los separatistas en el este de Ucrania. Rusia debe acabar con el flujo continuado de armamento y otros suministros a una fuerza insurgente enormemente implicada en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.”

Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en Ucrania oriental han documentado incidentes de bombardeos, secuestros, torturas y homicidios de carácter indiscriminado.

Pese a que el Kremlin ha negado repetidamente cualquier implicación en los combates en Ucrania, las imágenes de satélite disponibles y los testimonios recopilados por la organización aportan pruebas contundentes de que la magnitud de los combates ha alcanzado ya una dimensión que Amnistía Internacional califica de conflicto armado internacional.

En las imágenes de satélite, captadas entre el 13 y el 29 de agosto, se aprecia la ubicación de nuevas posiciones artilleras en el interior de las fronteras ucranianas, entre ellas lo que parecen ser unidades Howitzer D-30 para el lanzamiento de obuses de 122-mm, en posición de fuego hacia el oeste. Dos de esas ubicaciones cuentan con un vehículo de apoyo y lo que parecen ser búnkeres. En imágenes del 29 de agosto se constata la presencia de seis vehículos anfibios blindados, aparentemente del tipo BRDM-2.

También se aprecia otra ubicación artillera similar en unos terrenos al nordeste de las anteriores, también en territorio ucraniano. Imágenes del 26 de agosto muestran unidades autopropulsadas de artillería relativamente avanzadas (probablemente del tipo 2S19 Msta-S, para obuses de 152-mm), en posición de fuego suroeste hacia emplazamientos militares ucranianos.

Entre el 26 y el 29 de agosto, la artillería se ha desplazado hacia posiciones de fuego orientadas al oeste, en el interior de Ucrania. Las imágenes del 29 de agosto muestran lo que parecen ser numerosos vehículos militares en la zona próxima al límite arbóreo y en terrenos vecinos.

“Estas imágenes de satélite, unidas a la información obtenida de soldados rusos capturados en territorio ucraniano, además de los avistamientos de tropas y vehículos militares rusos desplazándose por la frontera, no dejan dudan de que se trata ya de un conflicto armado internacional”, afirma Shetty.

Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en el este de ucrania se han entrevistado con personas que huían de los combates en las proximidades de las localidades de Alechevsk, Donetsk, Kramatorsk, Krasny Luch, Lisichansk, Lugansk, Rubeznoe, Pervomaisk y Slovyansk. Los investigadores también han entrevistado a población refugiada ucraniana en la región rusa de Rostov.

Según el relato de los civiles residentes en estas zonas, fuerzas gubernamentales ucranianas sometieron a sus barriadas a intensos bombardeos. Los testimonios sugieren que estos ataques fueron indiscriminados y que se pueden considerar crímenes de guerra. Los testigos aseguran asimismo que combatientes separatistas secuestraron, torturaron y mataron a vecinos suyos.

Los residentes de Slovyansk contaron a Amnistía Internacional, como caso ilustrativo, que combatientes separatistas secuestraron al clérigo local, a dos de sus hijos y a dos feligreses, y pidieron por ellos un rescate de 50.000 dólares estadounidenses. Según los testigos, para cuando la comunidad local consiguió reunir la suma exigida para el rescate, los captores ya habían matado a todos los hombres. 

Amnistía Internacional también ha recibido informes fidedignos sobre secuestros y apaleamientos perpetrados por batallones de voluntarios que actúan junto con las fuerzas armadas regulares ucranianas.

El 23 de agosto, por ejemplo, varias decenas de hombres armados llegaron, en vehículos en los que ondeaban banderas de Ucrania, a la localidad de Oleksandrivka, en la región de Luhansk, y secuestraron a un guardia de seguridad. Al menos uno de los vehículos llevaba el identificativo “Batallón Aidar” (milicia que opera en la región de Luhansk). Los testigos de los hechos aseguran que los captores acusaron al guardia de colaborar con los separatistas, le propinaron golpes con las culatas de sus armas y lo encerraron incomunicado hasta el 27 de agosto, cuando se informó a su familia de que lo habían trasladado a otra localidad y recluido en dependencias locales de los servicios estatales de seguridad de Ucrania.

Amnistía Internacional pide a las autoridades ucranianas que investiguen de forma efectiva las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y que pongan a disposición judicial a las personas responsables de crímenes de guerra. Autoridades civiles y militares pueden ser procesadas conforme al principio de responsabilidad de mando en el caso de crímenes de guerra de los que tuvieran o hubieran debido tener conocimiento, y que no hubieran impedido o no hubieran sancionado a los responsables.

“La población civil en Ucrania necesita justicia y protección”, afirmó Salil Shetty.

“Sin investigaciones exhaustivas e independientes, se corre el riesgo cierto de que la población ucraniana no cicatrice las heridas de esta guerra durante generaciones.”

Para descargar las imágenes de satélite de Amnistía Internacional, pulse aquí: http://tinyurl.com/Amnesty-Ukraine-Images

Salil Shetty y una delegación de Amnistía Internacional visitarán Kiev entre el 6 y el 8 de septiembre, y Moscú entre el 8 y el 11 de septiembre.


Krishna Upadhyaya y Ghimire Gundev estaban investigando las condiciones de trabajo de los migrantes nepalíes en Qatar © Getty Images

Las autoridades de Qatar deben revelar de inmediato el paradero y garantizar la seguridad de dos trabajadores de derechos humanos británicos que desaparecieron el domingo y que se teme que están retenidos en secreto y en régimen de incomunicación en el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

El investigador Krishna Upadhyaya y el fotógrafo Ghimire Gundev, que investigaban las condiciones de trabajo de los migrantes nepalíes en Qatar, no han vuelto a ser vistos desde que dejaron su hotel el 31 de agosto. Habían expresado a amistades y compañeros su temor de que los seguían policías vestidos de civil debido a su trabajo.

“La desaparición forzada de Krishna Upadhyaya y Ghimire Gundev es sumamente preocupante, y el desarrollo de los acontecimientos que ambos hombres denunciaron antes de desaparecer indica que tal vez hayan sido detenidos por su trabajo de derechos humanos”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades de Qatar deben revelar con urgencia la suerte y el paradero de estos dos hombres y disipar el temor creciente a que se encuentren en peligro de tortura u otros malos tratos.”

Krishna Upadhyaya, de 52 años, y Ghimire Gundev, de 36 –ambos ciudadanos británicos de origen nepalí– llevaban trabajando en Qatar desde el 27 de agosto para la ONG noruega Global Network for Rights and Development (GNRD).

El 30 de agosto, Krishna Upadhyaya envió un SMS a un amigo en Noruega diciéndole que la policía de Qatar estaba siguiendo y hostigando a ambos hombres.

Al día siguiente, Krishna dejó la habitación de su hotel, pero continuó en la recepción al percatarse del gran número de policías cataríes uniformados y vestidos de civil. Volvió a enviar otro SMS a su amigo diciéndole que le parecía poco seguro desplazarse hasta el aeropuerto para tomar su vuelo a Oslo (Noruega).

Según la información de que se dispone, Krishna Upadhyaya sacó la tarjeta de embarque del vuelo, pero la compañía aérea KLM confirmó a GNRD que no subió al avión. 

Ni él ni Ghimire Gundev se han puesto en contacto con sus familias, sus amigos o sus empleadores desde entonces.

Si las autoridades de Qatar han detenido a estos hombres, deben desvelar por qué, dónde y si se han presentado cargos contra ellos. Además, ambos deben tener acceso a abogados de su elección y estar protegidos de torturas y otros malos tratos mientras permanezcan detenidos”, ha dicho Said Boumedouha.

“Salvo que sean acusados de algún delito común reconocible internacionalmente, puestos en prisión preventiva por un tribunal civil en una vista pública y juzgados sin demora y con garantías, ambos deben quedar en libertad incondicional inmediatamente.”

Amnistía Internacional ha escrito al gobierno de Qatar solicitándole información sobre el paradero de Krishna Upadhyaya y Ghimire Gundev. La organización GNRD también se ha puesto en contacto con la embajada británica en Doha y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.


Activistas en Londres frente a la embajada de México en solidaridad con las víctimas de la tortura, incluida Caludia medina. 26 de junio de 2014. © AIUK

La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.

El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.

"Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos", afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América.

"El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia."

Este es el primero de una serie de cinco informes de país que se publicarán en el marco de "Stop Tortura", la campaña global de Amnistía Internacional.

En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.

Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.

Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras.  Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas. Permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014.

El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más de 20 personas que, como Ángel Colón, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.

A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.

Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.

El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes.

"La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble.  Si las autoridades no recaban pruebas de los malos tratos, las víctimas carecen de la posibilidad de resarcimiento y no pueden demostrar que sus "confesiones" han sido obtenidas mediante coacción," afirmó Erika Guevara.

"Es hora de revisar a fondo la investigación de las denuncias de torturas y otros malos tratos, en especial la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas del Protocolo de Estambul. Asimismo, las autoridades mexicanas deben garantizar que las pruebas recabadas por expertos médicos independientes son admitidas en los procedimientos judiciales."

El informe señala una serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.

Información complementaria
Desde 2010 hasta finales de 2013 la CNDH recibió más de 7.000 quejas por tortura y otros malos tratos, pero en ese periodo la Procuraduría General de la República sólo aplicó su procedimiento especial en 364 casos, y concluyó que había indicios de tortura en 26.

Desde 2006 a 2013, la Procuraduría General de la República inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, sólo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal. El índice de sentencias condenatorias es del 0,006 por ciento. En el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.

El Protocolo de Estambul se conoce comúnmente como el Manual de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se elaboró en 1999.

En febrero de 2014, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional España le ha recordado al Gobierno español que España y México en el marco del Tratado General de Cooperación y Amistad deben celebrar consultas periódicas de derechos humanos en las que se incluyan temas como la tortura, la violencia de género, la falta de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y los abusos que sufre la población migrantes.

También la organización tiene en marcha una acción dirigida al Procurador General de la República en la que le pide que haya investigaciones efectivas sobre los casos de torturas denunciados, además de que se respete el Protocolo de Estambul respaldado por la ONU.


Existe el riesgo de que la OTAN salga de Afganistán dejando un legado de impunidad, a menos que se aborden, con justicia y reparaciones. © AFP/Getty Images

Existe el riesgo de que la OTAN salga de Afganistán dejando un legado de impunidad, a menos que se aborden, con justicia y reparaciones, los homicidios ilegítimos de civiles cometidos por las fuerzas internacionales durante más de un decenio, ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas de un cumbre internacional clave que se celebra los días 4 y 5 de septiembre en Newport, Gales (Reino Unido).

Entre los puntos del orden del día para los jefes de Estado y de gobierno que asistirán a la cumbre figuran el apoyo y la instrucción de las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas (ANSF, en sus siglas en inglés), que asumirán la plena responsabilidad de la seguridad en el país al terminar el año.

“Cuando sólo faltan unos meses para el final de la transición en materia de seguridad, es un momento clave para abordar la casi total ausencia de rendición de cuentas por las víctimas civiles, algo que es claramente ilegítimo y completamente inaceptable”, ha afirmado Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Los responsables de homicidios ilegítimos de civiles desde el comienzo de la intervención internacional en 2001 deben comparecer ante la justicia, y las familias y los supervivientes deben recibir reparaciones con arreglo a las normas internacionales. Asimismo, las tropas afganas necesitan mucho más apoyo para prevenir, vigilar y abordar las violaciones de derechos humanos.”

En un informe reciente, Amnistía Internacional documentó la casi total falta de justicia para las víctimas civiles causadas por las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán. El informe se centraba principalmente en las fuerzas estadounidenses, que han integrado la mayor parte de las fuerzas internacionales en Afganistán y han estado implicadas en la inmensa mayoría de los casos en los que se han producido víctimas civiles.

Amnistía Internacional calcula que unos 1.800 civiles perdieron la vida en operaciones militares internacionales entre 2009 y 2013, el periodo abarcado por el informe.

Aunque no todas las muertes de civiles en conflictos armados suponen una violación del derecho internacional, en varios casos investigados por Amnistía Internacional se encontraron datos convincentes sobre crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses; sin embargo, los enjuiciamientos han sido escasos.

“Estados Unidos y sus socios de la OTAN deben investigar con urgencia todos los casos en los que parezca que las fuerzas internacionales han causado la muerte de civiles, y garantizar que las familias y los supervivientes obtienen la justicia y las reparaciones que merecen cuando existan indicios de homicidio ilegítimo”, ha afirmado Richard Bennett.

“Además, la OTAN debe hacer públicas las conclusiones de sus propias investigaciones ya realizadas, como las de los Equipos Conjuntos de Evaluación de Incidentes que se establecen para evaluar los informes de víctimas civiles.”

Dado que las fuerzas afganas deben hacerse cargo plenamente de la seguridad en 2015, la OTAN y el gobierno de Afganistán han tomado medidas positivas para establecer un mecanismo encargado de hacer el seguimiento de las violaciones de derechos cometidas por las fuerzas armadas afganas.

“Hemos recibido también informes inquietantes sobre diversas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad afganas, y nos congratula que el gobierno de Afganistán y la OTAN parezcan estar tomando medidas para abordarlas. La OTAN debe asegurarse de que la ANSF establece un mecanismo efectivo y bien dotado de recursos que se encargue de hacer el seguimiento de las muertes de civiles y de investigarlas, y, cuando así se requiera, de enjuiciar al personal que cometa violaciones”, ha afirmado Richard Bennett.

Recomendaciones adicionales

La violencia relacionada con el conflicto y la inseguridad siguen causando desplazamiento interno. Se calcula que 631.286 afganos continúan en situación de desplazamiento interno en el país como consecuencia del conflicto, de ellos decenas de miles sólo en el último año. La OTAN debe abordar el desplazamiento derivado del conflicto y, como parte de las iniciativas para mejorar la capacidad de la ANSF, la instrucción profesional y las políticas sobre protección de civiles deben incluir la prevención y mitigación del desplazamiento.

Cuando la OTAN se dispone a concluir su transición en materia de seguridad, debe tomar asimismo medidas para ayudar a reforzar el papel de las mujeres en el proceso de paz y reconciliación y, en términos más generales, fomentar su participación en los asuntos públicos. Esto debe incluir la aplicación plena en Afganistán de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el papel de las mujeres, incluida la Resolución 1325. Deben realizarse los esfuerzos necesarios, en la propia Cumbre y en el proceso de seguimiento, para garantizar la participación significativa de las mujeres afganas de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, y para garantizar que sus opiniones se escuchan y se toman en consideración.


El periodista freelance, Steven Sotloff, fue secuestrado en Siria el año pasado © 2014 Etienne de Malglaive

La decapitación del periodista estadounidense Steven Sotloff por militantes del Estado Islámico es el último de la serie de crímenes de guerra que están cometiendo los grupos armados por toda Siria e Irak, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

En un video publicado ayer por un grupo armado autodenominado Estado Islámico (IE) aparecía Steven Sotloff, secuestrado en el norte de Siria en agosto de 2013, a quien mataban del mismo modo en que lo hicieron el mes pasado con el también periodista freelanceestadounidense James Foley.

“La ejecución de Steven Sotloff es un crimen de guerra, y forma parte de la constante de horribles atrocidades que está cometiendo el Estado Islámico en los últimos meses”, manifestó Philip Luther, director del programa de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África.

“El mundo ha condenado justamente las brutales muertes de Steven Sotloff y James Foley. Estos homicidios injustificables, sin embargo, no son más que ‘la punta del iceberg’ de los abusos que está cometiendo el Estado Islámico en Siria e Irak.”

El homicidio de Sotloff, cuya “autenticidad” han confirmado hoy autoridades estadounidenses, es el último de la serie de homicidios sumarios perpetrados este año en la región por el Estado Islámico de centenares, si no miles, de personas más.

Entre las víctimas hay personas que pertenecen a comunidades étnicas y religiosas minoritarias, soldados y policías, así como otros periodistas.

El 24 de agosto de 2014, el Estado Islámico capturó y mató a unos 150 soldados del ejército regular sirio tras hacerse con el control de la base aérea de Tabqa, al noreste de Siria.

También este año, el Estado Islámico ha dado muerte en lugares públicos a decenas más de personas sirias, entre ellas niños y niñas, por toda una variedad de “crímenes”.

En Irak, varios centenares de soldados gubernamentales hechos prisioneros fueron ejecutados sumariamente en Tikrit tras capturar el Estado Islámico la ciudad en junio de 2014.

El Estado Islámico también ha llevado a cabo ejecuciones sumarias selectivas de personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, como las de centenares (como poco) de yazidíes de la región de Sinjar en agosto de 2014, algunas en forma de matanzas masivas.

“El homicidio de estos dos periodistas estadounidenses en las últimas semanas no hace sino intensificar la urgencia de que se garantice la liberación de quienes todavía siguen rehenes del Estado Islámico”, declaró Philip Luther.

“También hay que intensificar los esfuerzos para que se haga justicia con los centenares más de víctimas de los crímenes del Estado Islámico, y para proteger a los grupos minoritarios, que son los que más peligro corren de ser objeto de sus ataques.”

En el informe titulado Ethnic cleansing on a historic scale: the Islamic State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq (“Limpieza étnica de magnitud histórica: La persecución sistemática de minorías por parte del Estado Islámico en el norte de Irak”), hecho público esta semana por Amnistía Internacional, se describe la campaña sistemática de limpieza étnica emprendida por el Estado Islámico en el norte de Irak.

En el informe se documentan crímenes de guerra dirigidos específicamente contra minorías étnicas y religiosas, entre ellos ejecuciones sumarias multitudinarias y secuestros en masa.

Entre las minorías étnicas y religiosas perseguidas en el norte de Irak figuran, además de los yazidíes, los cristianos asirios, los chiíes turcomanos, los chiíes chabaquíes, los kakaíes y los mandeos (o sabeos).

También en el norte de Irak han sido objeto de persecución multitud de personas de origen árabe suní sospechosas, fundada o infundadamente, de oponerse al Estado Islámico.