Amnistía Internacional España

José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. ©Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Madrid.- Con motivo de la visita mañana del Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo a Túnez, Amnistía Internacional le ha dirigido una carta con las principales preocupaciones de la organización sobre la situación de derechos humanos en el país.
Destaca la vigente legislación discriminatoria contra la mujer, la impunidad de las fuerzas de seguridad y la necesidad de proteger la libertad de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía.

Derechos sexuales y reproductivos
Tanto en Túnez, como en otros países del Magreb, sigue vigente una legislación discriminatoria hacia las mujeres y faltan medidas de protección, reparación y apoyo para las víctimas de violencia sexual.
Las disposiciones jurídicas sobre la violación hacen hincapié en la moral, más que en la integridad de la víctima. Además, la legislación permite a los violadores eludir la acción de la justicia casándose con sus víctimas menores de 18 años.
Amnistía Internacional considera que toda persona declarada culpable de violación debe ser procesada y castigada con una condena que refleje la gravedad del delito cometido, excluyendo la pena de muerte.
Ahora que se está revisando la legislación sobre violencia contra las mujeres en Túnez, es importante que el gobierno español impulse medidas de protección que vayan en esta dirección.

Impunidad y reforma de las fuerzas de seguridad
La organización cree necesario que se impulse una revisión exhaustiva del aparato de seguridad del Estado.
Asimismo, es imprescindible que se investiguen de forma completa y transparente todas las violaciones de los derechos humanos cometidas y se asegure que los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan ordenado o cometido actos de tortura u otros graves delitos sean llevados ante la justicia en juicios justos, sin que, en ningún caso, se aplique la pena de muerte como castigo.
Mientras se lleven a cabo las investigaciones y los juicios, los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber participado en violaciones de los derechos humanos deben quedar apartados de sus funciones.
Las autoridades deben cooperar plenamente con las investigaciones y con las autoridades judiciales en este contexto.
Finalmente, Amnistía Internacional también solicita que se establezca un organismo de supervisión que asegure la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en cualquier tipo de violación de los derechos humanos.

Libertad de expresión
En la legislación tunecina existen varias disposiciones que deben modificarse para ajustarse a la Constitución y proteger así la libertad de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión.
Legisladores y tribunales deben eliminar todas las disposiciones del Código Penal y el Código de Prensa que establecen penas de cárcel para formas de expresión no violenta, por ejemplo, el reparto de octavillas que pueden “alterar la moral o el orden público”, y las que tienen que ver con la “difamación de agentes estatales”.

Amnistía Internacional solicita al Ministro que aproveche esta visita para lograr avances en estas cuestiones.


Imagen de un hospital de la franja de Gaza bombardeado por Israel el 21 de julio de 2014. AFP PHOTO / MOHAMMED ABED (Photo credit should read MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)

El bombardeo continuo de hogares civiles en varias zonas de la Franja de Gaza, así como el ataque con proyectiles contra un hospital por parte de Israel, se añaden a la lista de posibles crímenes de guerra que requieren con urgencia una investigación internacional independiente, ha dicho Amnistía Internacional.

Un proyectil israelí impactó en el tercer piso del hospital de Al Aqsa, en Deir al Balah, y causó la muerte de cuatro personas y lesiones a varias decenas, según el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza.

“El ataque de hoy contra el hospital de Al Aqsa es el último de una serie de ataques perpetrados en instalaciones médicas de Gaza y sus inmediaciones, donde se intenta a duras penas atender a miles de heridos desde que comenzó la ofensiva israelí el 8 de julio”, ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Nada puede justificar el ataque a centros médicos en ningún momento. Los ataques contra instalaciones médicas acentúan la necesidad de una investigación internacional pronta e imparcial bajo el mandato de la ONU.”

La semana pasada, el hospital de rehabilitación Al Wafa, en Shujaiya, sufrió graves daños en dos ataques de las fuerzas israelíes.

Cuando se cumple el cuarto día de la invasión terrestre israelí y el número de víctimas en Gaza supera ya las 550 personas –en su mayoría civiles–, es urgente que las partes enfrentadas acuerden treguas periódicas en los combates para facilitar la evacuación de los muertos y heridos. Asimismo, y en vista de la falta de agua y servicios de alcantarillado que sufren hasta un total de 1,2 millones de personas, los empleados municipales y las organizaciones de ayuda humanitaria deben llevar a cabo reparaciones urgentes para evitar una catástrofe en materia de salud pública.

La noche del sábado al domingo hubo intensos bombardeos en Shujaiya que acabaron con la vida de más de 60 personas, entre las que había al menos 17 menores de edad y 14 mujeres. Según informes, más de 200 personas resultaron heridas y los civiles tuvieron que huir bajo las bombas. Al menos 13 soldados israelíes resultaron muertos también durante esa noche, la mayoría en Shujaiya.

Hamas ha seguido disparando cientos de cohetes de efectos indiscriminados contra Israel
en contravención del derecho internacional, causando la muerte a dos civiles israelíes y lesiones a varios más.

Las fuerzas armadas israelíes han afirmado que Shujaiya, zona densamente poblada –unos 92.000 habitantes– del este de la ciudad de Gaza, había sido objetivo de los ataques porque se trataba de una "fortaleza” que albergaba cohetes, túneles y centros de mando. Representantes del gobierno y las fuerzas armadas israelíes han afirmado reiteradamente que se advirtió a la población civil que evacuara la zona días antes de los ataques.

Pero muchos civiles de Shujaiya y otras zonas no evacuaron el lugar porque no tenían adonde ir. Todas las escuelas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y otras instalaciones abiertas como refugios están desbordadas. Emitir avisos de evacuación de amplias zonas no exime a las fuerzas israelíes de su obligación de proteger a la población civil con arreglo al derecho internacional humanitario.

“El bombardeo incesante de Shujaiya y otras zonas civiles en la Franja de Gaza y los continuos ataques con cohetes de efectos indiscriminados contra Israel requieren la acción internacional urgente para impedir que se cometan más violaciones de derechos humanos. La ONU debe imponer un embargo de armas a todas las partes, y todos los Estados deben suspender inmediatamente las transferencias de equipo militar a Israel, a Hamás y a otros grupos armados palestinos de la Franja de Gaza”, ha dicho Philip Luther.


Imagen de una iglesia católica donde grupos de musulmanes se han refugiado bajo la protección del sacerdote local y las fuerzas de paz francesas. © Amnesty International

Amnistía Internacional ha pedido a los delegados y delegadas que van a participar en las conversaciones de reconciliación nacional de la República Centroafricana en Brazzaville (República del Congo) del 21 al 23 de julio que garanticen debates que no den lugar a impunidad por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos que se han cometido en la República Centroafricana. No hay que permitir que las personas sospechosas de participar en tales delitos de derecho internacional utilicen este foro para perpetuar la cultura de impunidad en el país.

Al parecer, varios dirigentes de grupos antibalaka y Seleka, entre otros, han sido invitados a participar en las conversaciones de reconciliación nacional de la República Centroafricana. Amnistía Internacional ha recibido pruebas verosímiles de la participación de varios de estos dirigentes en crímenes de derecho internacional.

Las conversaciones de paz en Brazzaville deben garantizar que todo debate para traer la paz a la República Centroafricana se centra en la rendición de cuentas por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos de derecho internacional cometidos en el país. No se puede permitir que los presuntos autores de estos delitos utilicen las conversaciones de paz para asegurarse un puesto en el gobierno que podrían usar para disfrutar de impunidad”, ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Relaciones Institucionales para África de Amnistía Internacional.

En su informe: "República Centroafricana: Es hora de rendir cuentas" , publicado el 10 de julio, Amnistía Internacional cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam. La organización pide en su informe que estas personas sean investigadas y enjuiciadas si hay pruebas suficientes para emprender acciones judiciales contra ellas.

El 11 de julio de 2014, en una asamblea de Seleka celebrada en Birao (norte de la República Centroafricana), el ex presidente Michel Djotodia y ex jefe militar y ministro Nourredine Adam fueron nombrados presidente y vicepresidente del grupo armado, respectivamente. Ambos aparecen citados en el informe de Amnistía Internacional y han sido objeto de sanciones tanto de la ONU como de Estados Unidos por su implicación en la crisis en curso y en las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de transición centroafricanas, los miembros de la comunidad internacional –incluida la Comunidad Económica de Estados de África Central–, las Naciones Unidas y la Unión Africana que garanticen que la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional y otras violaciones y abusos graves contra los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana ocupa un lugar central en todas las conversaciones de paz. Amnistía Internacional considera que no puede haber una paz duradera en la República Centroafricana si persiste la impunidad.

Información complementaria
La conferencia de Brazzaville sucede a una decisión adoptada en la 5º sesión del Grupo de Contacto Internacional sobre la República Centroafricana, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) el 7 de julio de 2014. Está previsto que se celebre del 21 al 23 de julio y que asistan representantes de los grupos antibalaka y Seleka.

El 17 de julio, la presidenta interina, Catherine Samba-Panza, inauguró un foro en Bangui para preparar las conversaciones de Brazzaville. Amnistía Internacional supo en los debates de Bangui que unas 150 personas iban a participar en las conversaciones de Brazzaville. Asistirán representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, grupos armados –incluidos grupos antibalaka, Seleka, Renovación y Justicia (RJ), el Ejército Popular para el Restablecimiento de la Democracia (APRD), el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR)–, la diáspora, “comunidades en riesgo” y personas refugiadas y desplazadas.

Aunque la capital, Bangui, es relativamente tranquila, la situación sigue siendo tensa en muchas partes del país. La violencia se ha recrudecido en el centro, este y norte del país. El 7 de julio se perpetró un ataque contra la iglesia de San José y el asentamiento para desplazados internos de Bambari que causó la muerte a 26 personas y heridas de gravedad a 35. Más de 10.000 personas que se alojaban allí se vieron obligadas a huir. Días antes del ataque, el 4 de julio, una mezquita fue atacada en Paoua, en el norte del país. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre mayo y junio de 2014 se documentaron 184 episodios violentos y hubo un 14 por ciento más de casos en junio que en mayo.


China suministró al país 1.000 toneladas más de armas pequeñas y armas ligeras ©Ivan Lieman/AFP/Getty Images

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe imponer un embargo total de armas a Sudán del Sur, ha manifestado Amnistía Internacional tras recibir información sobre la proliferación de armas pequeñas y munición chinas en el seno de ambas partes en el conflicto.

La organización ha confirmado también que, hace algo más de dos semanas, China suministró al país 1.000 toneladas más de armas pequeñas y armas ligeras, por valor de 38 millones de dólares.

“China está jugando a un peligroso juego diplomático con la vida de millones de personas en Sudán del Sur. Ha prometido proporcionar fuerzas para el mantenimiento de la paz para proteger a los civiles, y al mismo tiempo ha enviado más de 1.000 toneladas de armas”, ha señalado Elizabeth Ashamu Deng, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudán del Sur.

“Es probable que tales armas caigan en manos de ambas partes en el conflicto y se utilicen para fomentar las atrocidades, que ponen en peligro vidas civiles.”

El Consejo de Seguridad, del que China es miembro permanente, ha condenado ya las violaciones del derecho internacional humanitario que se cometen en Sudán del Sur y que incluyen ejecuciones extrajudiciales y violencia étnica.

En mayo, el Consejo de Seguridad reformó el mandato de la fuerza de la ONU para el mantenimiento de la paz en Sudán del Sur (UNMISS) para centrarlo en la protección de la población civil, el apoyo a la aplicación del acuerdo de cesación de las hostilidades, la investigación de los abusos y violaciones de derechos humanos y la creación de las condiciones necesarias para el envío de ayuda humanitaria. China ha prometido aportar a esta operación para el mantenimiento de la paz un batallón entero de unos 850 efectivos.

La imposición de un embargo de armas de la ONU con objeto de ayudar a detener las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra obligará a todos los Estados a tomar las medidas necesarias para impedir el suministro, venta o transferencia directos o indirectos de armas a Sudán del Sur. Mientras tanto, los Estados deben suspender de inmediato las transferencias internacionales de armas al país.

 

El envío chino

El fabricante chino de material de defensa NORINCO, de propiedad estatal, ha enviado más de 1.000 toneladas de armas y municiones, por valor de millones de dólares, a las fuerzas armadas del gobierno de Sudán del Sur. El cargamento, que llegó el mes pasado, contenía sistemas de cohetes, miles de fusiles automáticos y lanzagranadas, 20.000 granadas, cientos de pistolas y metralletas y varios millones de cartuchos de municiones.

Según la documentación del envío y la información sobre él, el masivo cargamento de armas se embarcó en el Feng Huang Song, matriculado en Hong Kong, en dos tandas, que salieron de los puertos chinos de Dalian y Zhanjiang el 8 y el 15 de mayo de 2014, respectivamente. Llegó a Mombasa, Kenia, el 7 de junio, y se desembarcó tres días más tarde, para enviarlo al gobierno de Sudán del Sur en Juba en cumplimiento de un contrato firmado el 3 de abril de 2013.

Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna según la cual recientemente han utilizado munición china fabricada en 2013 para fusiles de asalto CQ de fabricación china tanto combatientes de la oposición armada como grupos armados afines al gobierno. La primera vez que se vieron fusiles de asalto CQ 5.56×45 en Sudán del Sur fue en 2013, y estaban en poder de grupos rebeldes, algunos de los cuales afirmaban haber sido armados por Sudán. Asimismo se ha visto munición para ametralladoras fabricada en 2013 en manos de combatientes del Movimiento Justicia e Igualdad, grupo rebelde darfurí que ha combatido del lado de las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur y cometido graves abusos contra los derechos humanos.

Este flujo adicional de material mortífero de China a la guerra que está devastando Sudán del Sur y su proliferación harán retroceder al país decenios y generarán un aumento de la delincuencia y de la violencia contra civiles incluso mucho después de que termine al actual conflicto armado”, ha añadido Elizabeth Ashamu Deng.

“Dada la persistencia de las atrocidades en Sudán del Sur, es obvio que estas armas y municiones se utilizarán para cometer y ayudar a cometer más violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad debe condenar con rotundidad tales flujos de armas e imponer un embargo total con que impedir toda transferencia de armas a Sudán del Sur.”

Persistencia de las atrocidades

Desde que estalló el conflicto armado el 15 de diciembre de 2013, Estados Unidos y la Unión Europea han suspendido ya la ayuda militar a Sudán del Sur. La decisión se ha tomado en medio de contantes crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos tanto por las fuerzas del gobierno como por las de la oposición.

En dos visitas realizadas recientemente a Sudán del Sur, una de ellas este mismo mes, Amnistía Internacional ha documentado cómo ambos bandos han atacado a personas, incluidas mujeres y niños, debido a su etnia. Han matado a personas que habían buscado refugio en hospitales y lugares de culto. Estas atrocidades se han cometido, en general, con armas pequeñas y armas ligeras.

“Los rebeldes mataron a tiros a cuatro personas que yacían en sus camas al lado de la mía –explicó un paciente civil llamado John a Amnistía Internacional, describiendo un asalto que fuerzas leales al ex vicepresidente Riek Machar efectuaron al hospital de Malakal a mediados de febrero de 2014. También se ha matado a personas en hospitales, disparando contra ellas, en Bor y Bentiu.

En la capital de Sudán del Sur, Juba, también se ha atacado reiteradamente a civiles con armas pequeñas y armas ligeras. Un vecino de la zona de Yebel Kujur de la ciudad contó a Amnistía Internacional cómo habían atacado los soldados del gobierno su casa el 17 de diciembre de 2013:

 

“Mi casa estaba rodeada de artillería pesada, y de muchos soldados también. Dispararon contra mí y contra mis familiares, que estábamos dentro, y mataron a tres de ellos.”

 

Nyaliap presenció la matanza de 11 hombres en el condado de Pariang, estado de Unity, por las fuerzas del gobierno en diciembre de 2013. Un grupo de alrededor de 20 soldados “los desnudaron y les ataron las manos a la espalda. Los pusieron en fila […] y dispararon contra ellos por detrás.”

Amnistía Internacional continúa pidiendo que tanto las fuerzas del gobierno como las de la oposición hagan rendir cuentas a todos los responsables de actos de esta naturaleza, que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos.

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La agencia de noticias Bloomberg informó de la trasferencia de armas chinas el 9 de julio (“China Sells South Sudan Arms as Its Government Talks Peace”, por Ilya Gridneff) y publicó también la documentación del envío en el semanario Jane’s Defence Weekly (“South Sudan takes delivery of Chinese ATGWs”, por Jeremy Binnie).

La empresa china NORINCO se dedica a la fabricación, investigación y comercio de armas y material conexo.

Entre 2007 y 2008 llegaron a Sudán del Sur a través de Mombasa grandes cargamentos de armas procedentes de Ucrania. No se sabe bien si este país estaba al tanto de que el usuario final al que iban dirigidas, según la documentación, eran las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur, no Kenia.

 


Heli está licenciada en Economía que trabaja como oficial de aduanas de alto nivel en Finlandia © Particular

Una mujer transgénero casada de Finlandia debe poder ser reconocida legalmente como mujer sin que se modifique su estado civil. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya emitido un fallo en su contra.

Al estar prohibido en Finlandia el matrimonio entre personas del mismo sexo, Heli, de 49 años, no puede obtener el reconocimiento legal de su género a menos que convierta sus 18 años de matrimonio en una unión civil.

Heli ya ha tenido que someterse a una evaluación psiquiátrica y a la esterilización como parte de los requisitos legales existentes en Finlandia para el reconocimiento de género.

“Con esta resolución, sumamente decepcionante e injusta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está justificando las represivas leyes finlandesas que afectan a las personas transgénero, y reforzando dañinos estereotipos de género”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Estas leyes son desproporcionadas y discriminatorias. Obligan a Heli a elegir entre el reconocimiento legal de su identidad de género o seguir casada con su pareja. El tener que elegir entre una cosa y otra constituye una violación de sus derechos.”

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido anteriormente que la capacidad de una persona de obtener el reconocimiento de su identidad de género es “uno de los fundamentos más básicos de la autodeterminación”.

“Este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar las leyes finlandesas para que otras personas como Heli puedan obtener el reconocimiento jurídico y no tengan que pasar por semejante suplicio”, ha manifestado Jezerca Tigani.

“No deben utilizarse las discriminatorias leyes que impiden que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio para negar a Heli el disfrute de su derecho a la vida privada y familiar.”

Heli dijo a Amnistía Internacional: “No volví a nacer como mujer y no voy a volver a casarme con mi esposa. Llevamos siendo matrimonio desde 1996, y de ese matrimonio ha nacido una hija. Si yo puedo vivir con ello, la sociedad debe poder hacerlo.”

Las personas transgénero corren peligro de sufrir violaciones de su derecho a la intimidad –así como discriminación, acoso e incluso violencia– cada vez que tienen que mostrar documentos en los que aparecen un nombre u otra información relativa al género que no refleja su identidad y expresión de género.

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Heli llevó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009. El 13 de noviembre de 2012, el Tribunal resolvió en su contra. Antes de la resolución de hoy, el caso fue remitido a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en abril de 2013.

Según la ley finlandesa, el matrimonio sólo está permitido para parejas de distinto sexo, y las uniones civiles están restringidas a las parejas del mismo sexo.

Los derechos protegidos por cada uno de estos regímenes difieren en cuanto a la adopción y los derechos parentales. Por ejemplo, las parejas de unión civil no pueden realizar adopciones conjuntas. Además, si uno de los integrantes de la pareja tiene un hijo, al otro no se le considera automáticamente como progenitor legal a menos que adopte al hijo como segundo progenitor.

Aunque estas diferencias no afectan al hijo, sí pueden afectar a las futuras decisiones parentales.


Interior de una celda de aislamiento en la prisión ADX, Colorado ©Particular

La cruel y deshumanizadora práctica estadounidense de mantener a los presos recluidos en régimen de aislamiento prolongado en la única prisión federal de supermáxima seguridad del país constituye trato o pena cruel, inhumano o degradante, y viola el derecho internacional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El nuevo informe, titulado Entombed: Isolation in the US Federal Prison System y publicado hoy, revela el rigor de las condiciones a las que se enfrentan los presos en el Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad de Estados Unidos, cerca de Florence, Colorado (conocido como ADX Florence).

“No se puede sobreestimar el devastador impacto que los largos periodos de aislamiento pueden tener en el bienestar físico y mental de un preso. Ese trato tan duro está teniendo lugar a diario en Estados Unidos, y es contrario al derecho internacional”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

El informe explora el impacto físico y mental de confinar a los presos en celdas de aislamiento durante entre 22 y 24 horas al día
. Las rigurosas condiciones de ADX han llevado a algunos presos a causarse autolesiones graves o suicidarse.

Entre los síntomas provocados por ese aislamiento tan prolongado se encuentran la ansiedad, la depresión, el insomnio, la hipertensión, la paranoia extrema, las distorsiones en la percepción y la psicosis.

La prisión federal ADX Florence tiene capacidad para 490 reclusos varones. Los presos pasan un mínimo de 12 meses en régimen de aislamiento antes de poder optar a una reducción de sus restricciones. En realidad, el periodo de aislamiento a que son sometidos muchos de ellos es mucho más largo que eso. Un estudio elaborado por abogados concluyó que la duración media del periodo de aislamiento que pasaban los presos era de 8,2 años.

La mayoría de los presos permanecen recluidos en celdas con paredes sólidas y una cámara con barrotes, tipo compartimento estanco, entre ellos y una puerta de metal macizo, para asegurar que no tienen contacto con otros presos. En la pared hay una única ventana, en forma de ranura, que les permite ver un trozo de cielo o una pared de ladrillos.

Los muebles de las celdas son de cemento moldeado y consisten en un catre, una mesa y un taburete fijos al suelo o a la pared, así como una ducha y un retrete. Las comidas y las duchas tienen lugar dentro de las celdas, y las consultas médicas, incluidas las de salud mental, se realizan a menudo por teleconferencia.

El informe de Amnistía Internacional expone con detalle varios ejemplos de presos cuya salud mental se ha deteriorado drásticamente mientras permanecían en aislamiento.

En septiembre de 2013, un preso con antecedentes de enfermedad mental se ahorcó en su celda tras pasar, según la información recibida, más de una década en ADX recibiendo únicamente una atención psiquiátrica intermitente. En los días previos a su muerte mostraba síntomas de psicosis de los que, al parecer, se había hecho caso omiso.

Ahora hay señales inquietantes de que el gobierno estadounidense planea ampliar su uso del régimen de aislamiento en las prisiones federales. Los planes sobre el Centro Penitenciario Thomson, en Illinois, una nueva prisión de supermáxima seguridad, incluyen disposiciones relativas al régimen de aislamiento, reproduciendo el sistema de ADX.  

“Es el exponente máximo de la filosofía de ‘almacenar’ a los presos, y la idea de que el gobierno estadounidense planea ampliar la práctica pese a la preocupación internacional que suscita resulta francamente inquietante. El uso de esas formas de aislamiento va más allá de las medidas penitenciarias legítimas, y se adentra en el terreno del trato cruel e inhumano”, ha manifestado Erika Guevara.

“El gobierno estadounidense debe garantizar que el régimen de aislamiento sólo se utiliza en circunstancias excepcionales, como último recurso, y nunca durante periodos prolongados o indefinidos. Ningún preso que padezca una enfermedad mental o corra el riesgo de padecerla debe ser recluido en régimen de aislamiento.”

Información complementaria
Amnistía Internacional visitó el centro ADX en 2001, pero desde entonces todas sus peticiones de visitarlo han sido denegadas. La información contenida en el informe ha sido obtenida mediante una diversidad de fuentes, entre ellas documentos judiciales disponibles a través de demandas y otra información proporcionada por abogados que representan a reclusos de ADX, así como directivas sobre política emitidas por la Oficina Federal de Prisiones.

La práctica de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento no se limita a ADX; tal como señala el informe de Amnistía Internacional, otros centros federales recluyen también a presos en aislamiento prolongado en Unidades de Régimen Especial.

En algunos casos, los presos son recluidos en aislamiento incluso antes de ser juzgados. El Centro Penitenciario Metropolitano (MCC) de Nueva York, conocido también como “Little Gitmo”, se utiliza para recluir a presos preventivos en régimen de aislamiento durante meses o incluso años antes de ser juzgados. Los detenidos apenas tienen acceso a luz natural, y no pueden hacer ejercicio al aire libre.

En 2011, Juan Mendez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y otros tratos crueles o inhumanos o degradantes, pidió a todos los países que prohibieran la reclusión de presos en régimen de aislamiento salvo en circunstancias muy excepcionales y durante el menor tiempo posible, con una prohibición absoluta en el caso de menores y personas con discapacidad intelectual.

La mayoría de los presos de ADX han sido declarados culpables de delitos graves cometidos mientras estaban encarcelados, como agresión, asesinato o intento de fuga; otros han sido declarados culpables de delitos de terrorismo.


Manifestación en Nyamira en marzo de 2014 sobre la situación de las personas desplazadas internas. © InformAction

La persistente inacción del gobierno en lo relativo a investigar de manera adecuada los delitos cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008 y de proporcionar justicia y reparación a las víctimas de esa violencia está causando un impacto devastador en las vidas y los medios de vida de esas personas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy martes.

El informe, titulado Crying for justice: Victims’ perspectives on justice for the post-election violence in Kenya, ofrece datos convincentes sobre los sufrimientos que siguen experimentando los kenianos atrapados en la violencia que se cobró 1.100 vidas, provocó el desplazamiento de 660.000 personas y dejó a muchos miles con lesiones de larga duración.

“Seis años después de que la violencia postelectoral convulsionara Kenia, las víctimas siguen esperando justicia. Es de vital importancia que se escuchen sus voces y se tomen medidas urgentes”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía internacional, en Nairobi para presentar el informe.

“Muchas de las personas desplazadas siguen sin ser reasentadas y sin recibir indemnización, muchos heridos y familiares de personas fallecidas siguen sin recibir una reparación que les ayude a rehacer sus vidas destrozadas, y la mayoría de los autores de los actos de violencia siguen sin responder ante la justicia.”

El informe, basado en entrevistas con víctimas de la violencia y en consultas con numerosos grupos de la sociedad civil, revela que muchas víctimas necesitan con urgencia una asistencia que les ayude a recuperarse de las lesiones sufridas y a recuperar las propiedades y los medios de vida destruidos en la violencia que azotó el país entre diciembre de 2007 y febrero de 2008. Los programas de reasentamiento sólo se han dirigido a algunas comunidades, en tanto que se ha desatendido a otras.

Las víctimas se sienten desilusionadas con el sistema de justicia, excluidas de este sistema y frustradas porque los autores de los actos de violencia continúan en libertad. “Conozco a la gente que se quedó con mi propiedad en Kericho. Nuestros hijos e hijas fueron violados y sabemos quién los violó”, dijo Samuel, de Kisii, a Amnistía Internacional.

La investigación de Amnistía Internacional indica que algunas víctimas no acuden a la policía porque temen represalias de quienes cometieron los actos de violencia o abusos a manos de la policía. Algunas víctimas dijeron que, cuando intentaron denunciar ante la policía, les pidieron dinero o se les amenazó con implicarlas en algunos de los delitos de los que habían sido testigos. De acuerdo con el informe de la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (conocida como Comisión Waki), la policía fue responsable de 405 de las 1.113 muertes.

Una mujer relató a Amnistía Internacional que fue atacada por hombres que blandían machetes en Mathare. Cuando huía, un agente de policía detuvo su automóvil y la recogió. En lugar de brindarle protección, el agente la llevó a su propia casa y la violó. Ahora la mujer vive con el VIH y ha abandonado los intentos de denunciar al policía, que está destinado en una comisaría cercana.

La ausencia de investigación de los delitos por parte de la policía se refleja en las informaciones según las cuales el director de la Fiscalía afirmó recientemente, tras examinar más de 4.000 expedientes relacionados con la violencia postelectoral, que no había indicios suficientes para seguir adelante con ningún caso. Dada la falta de disposición del gobierno para abordar la impunidad, la mayoría de las víctimas entrevistadas apoyaban la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) a pesar de que los dos casos que se tramitan actualmente ante la Corte tienen un alcance limitado.

El gobierno también ha emprendido iniciativas políticas y ha apoyado iniciativas de la Unión Africana (UA) para menoscabar los trabajos de la CPI y detener la sustanciación de los casos de la Corte, como pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que dé por concluidos o difiera los casos de Kenia ante la CPI, promover la no cooperación con la CPI, y proponer enmiendas que pretenden menoscabar la eficacia de la CPI.

A pesar de la rotunda inacción de Kenia en lo relativo a abordar plenamente las necesidades de cientos de miles de víctimas de la violencia postelectoral, el informe concluye no obstante que sigue habiendo posibilidades de restablecer la confianza en el sistema de justicia. Amnistía Internacional pide:

  • el establecimiento del Comité para la Aplicación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación;
  • mayor protección para víctimas y testigos y para los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre violencia postelectoral y abogan por justicia, la verdad y reparación;
  • nuevas investigaciones sobre los 4.000 expedientes de los que, según los informes, el director de la Fiscalía afirmó que carecían de indicios suficientes;
  • consulta con la sociedad civil en relación con el establecimiento de la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior para garantizar su independencia y legitimidad;
  • el establecimiento de un programa de reparaciones para abordar los daños sufridos por las víctimas de la violencia postelectoral;
  • la cooperación plena del gobierno de Kenia con la CPI;
  • y el fin de las iniciativas políticas en la Unión Africana para detener las investigaciones y los enjuiciamientos de la CPI sobre Kenia.

“Justicia demorada es justicia denegada, y las víctimas de la violencia postelectoral de Kenia han esperado ya bastante tiempo para que se haga justicia”, ha afirmado Muthoni Wanyeki, director regional para África Oriental de Amnistía Internacional.

“En el pasado, el gobierno y el Parlamento de Kenia han obstruido sistemáticamente los intentos de investigar y de enjuiciar a los sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional. Es hora de poner fin a la impunidad, proporcionar reparación a quienes han sufrido y cerrar por fin este vergonzoso capítulo de nuestra historia.”

En el informe y en este comunicado se han modificado los nombres de las víctimas.

Información complementaria

Las víctimas que se reunieron con Amnistía Internacional procedían de algunas de las zonas más afectadas por la violencia postelectoral: Nairobi, Naivasha y Nakuru (centro del Valle del Rift), Eldoret (oeste del Valle del Rift), Kericho (sur del Valle del Rift), Kisumu y Kisii (Nyanza). Entre ellas había personas internamente desplazadas, víctimas de disparos de la policía o sus familiares, supervivientes de violación y víctimas apaleadas por grupos de hombres, algunos de los cuales eran sospechosos de pertenecer a la banda delictiva y milicia política conocida como Mungiki.

El informe se basa en entrevistas en profundidad que Amnistía Internacional realizó con 49 víctimas de la violencia postelectoral desde octubre hasta diciembre de 2013.

De las 49 víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional, 35 habían intentado denunciar los delitos que habían sufrido y sólo en un caso la policía tomó medidas.

Muchas violaciones han quedado sin denunciar y, según algunas estimaciones, en los primeros meses de 2008 tuvieron lugar unos 40.000 incidentes de violencia sexual y de género vinculados a la violencia postelectoral, cifra muy superior a la de 900 casos de los que informó la Comisión Waki.

La policía ha llevado a cabo algunas investigaciones sobre la violencia postelectoral, pero sólo un número muy reducido de los casos investigados han concluido en enjuiciamientos, la mayoría por delitos menores.

La violencia estalló entre grupos que apoyaban a Mwai Kibaki, del Partido de la Unidad Nacional, que fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales, y su principal rival, Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja, y se concentró especialmente en el Valle del Rift y en el oeste del país.

Dos casos relacionados con la violencia postelectoral se encuentran actualmente ante la Corte Penal Internacional. El presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, que eran importantes figuras políticas en la época de la violencia postelectoral, están acusados de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, traslado forzoso de población y persecución, junto con el ex periodista radiofónico Joshua arap Sang, acusado en el caso de Ruto. El presidente Kenyatta está acusado asimismo de responsabilidad en violación y otros actos inhumanos –entre ellos, circuncisión forzosa y amputación de pene– llevados a cabo por la banda delictiva Mungiki. En ambos casos, la Fiscalía de la Corte ha denunciado injerencias e intimidación de testigos, que han impulsado a algunos testigos a retirarse.

Muchas víctimas entrevistadas plantearon su preocupación de que los cargos presentados en los dos casos que se encuentran actualmente ante la CPI no abarquen los delitos que sufrieron. Amnistía Internacional recomienda que la Fiscalía de la CPI considere la posibilidad de ampliar sus investigaciones sobre la violencia postelectoral de 2007-2008, pero observa que la CPI nunca podrá enjuiciar más que un número representativo de casos. Las autoridades kenianas son las responsables últimas de investigar los delitos que la CPI no aborde.

Muchas víctimas desean implicarse en los casos de la CPI y ser informadas sobre los casos, aunque no aborden los delitos que sufrieron. Amnistía Internacional ha instado a la CPI a ampliar sus actividades de divulgación y a garantizar que se facilita a los representantes legales de las víctimas suficientes recursos para reunirse regularmente con sus clientes y representarlos.


Irán sigue estando entre los Estados ejecutores más prolíficos del mundo ©Orla 2011/Shutterstock.com

Las autoridades iraníes deben detener la ejecución de un joven que todavía era menor de edad en el momento de su presunto delito, e invertir la preocupante tendencia al aumento de las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando aún no tenían 18 años, que ha dado lugar a la ejecución de al menos ocho individuos en esa situación en la primera mitad de 2014. Así lo ha pedido hoy Amnistía Internacional.

Rasoul Holoumi, que ahora tiene 22 años, fue condenado a muerte en octubre de 2010 por el homicidio de un muchacho durante una pelea en grupo en 2009, cuando tenía 17 años. La ejecución podría llevarse a cabo en cualquier momento a petición de la familia de la víctima, con arreglo al principio de qisas (castigo equivalente al delito) de la ley islámica.

“Es cruel e inhumano ahorcar a cualquier persona, pero es más reprobable si cabe cuando el condenado era menor de edad en el momento del presunto delito y la ejecución se lleva a cabo tras un proceso de investigación defectuoso que vulnera las normas sobre juicios justos, como se hace en Irán”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Irán es uno de los pocos países que todavía ejecutan a personas que no habían cumplido los 18 años
en el momento de cometerse el delito. Amnistía Internacional ha documentado la ejecución de al menos ocho de estas personas en la primera mitad de 2014, el equivalente al número total de ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito en Irán en todo 2013.

“La ejecución de Rasoul Holoumi será un lamentable añadido al siniestro recuento de ejecuciones en Irán.  Sean cuales sean los argumentos de las autoridades, esto supone una violación flagrante del derecho internacional. Rasoul Holoumi era menor de edad cuando cometió presuntamente el delito, y su condena de muerte debe ser anulada”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

La Sección 17 del Tribunal Penal de Juzestán, provincia occidental de Irán, condenó a muerte a Rasoul Holoumi en octubre de 2010 por asesinato. La declaración de culpabilidad se basó en denuncias según las cuales, durante una pelea colectiva en septiembre de 2009, Rasoul había lanzado un objeto contundente contra Nasim Nouri Maleki y le había producido heridas mortales en la cabeza. Al parecer, las acusaciones provenían de varias de las mismas personas que participaban en la pelea.  

Rasoul Holoumi no tuvo acceso a un abogado durante la investigación, y tampoco dispuso de tiempo y recursos suficientes para preparar su defensa antes del juicio ni en su transcurso. Aunque admitió los cargos la primera vez que fue citado a declarar ante la policía, varias semanas después se retractó de lo admitido e hizo declaraciones que pusieron en duda los acontecimientos que habían desembocado en la muerte de la víctima, e incluso que él estuviera presente.

El 30 de septiembre de 2009, Rasoul Holoumi afirmó que él estaba en su casa cuando se desató la pelea y que sólo había admitido el crimen por compasión hacia otro menor de edad, quien le había confiado que él había sido el autor del golpe recibido por Nasim Nouri Maleki durante la pelea. El 2 de octubre de 2009, Rasoul dijo que él había recogido y lanzado un objeto contundente al ver que un grupo de personas implicadas en la pelea venía hacia él, pero que el golpe no había sido intencionado.  El 5 de octubre de 2009, negó haber lanzado ese objeto contundente en ningún momento. Los informes según los cuales existía una trayectoria de hostilidad entre la familia de Rasoul Holoumi y el testigo principal de la causa que declaró en su contra han suscitado más dudas.

A pesar de todo, el Tribunal Supremo de Irán confirmó la condena de muerte impuesta a Rasoul Holoumi en 2010 sin explicar sus fundamentos.  

Las autoridades iraníes tenían previsto ejecutarlo el 4 de mayo de 2014
, pero detuvieron el proceso cuando la familia de la víctima aceptó renunciar a su petición de castigo si la familia de Rasoul Holoumi le pagaba 3.500 millones de riales (equivalentes a 135.323 dólares estadounidenses) en concepto dediyah (dinero de sangre) y le transfería las escrituras de su casa y su granja. Al parecer, la cantidad de 3.500 millones de riales está fuera del alcance de los recursos de su familia, por lo que el joven de 22 años está expuesto a ser ejecutado en cualquier momento.  

Cuando se dicta condena de qisas no es posible solicitar el indulto o amnistía del líder supremo de Irán, en contravención del derecho internacional.

Información complementaria
Irán sigue estando entre los Estados ejecutores más prolíficos del mundo. Según el informe anual de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones en 2013, las autoridades iraníes reconocieron que al menos 369 personas habían sido ejecutadas ese año, mientras que fuentes fidedignas informaron de al menos 335 ejecuciones más. La información disponible indica que al menos 11 de las personas ejecutadas podían ser menores de 18 años en el momento de su presunto delito.  

A fecha de 26 de junio de 2014, las autoridades o los medios de comunicación autorizados por el gobierno han reconocido 171 ejecuciones en lo que va de año, mientras que otras fuentes fiables han informado de al menos 233 ejecuciones más.

La ejecución de personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años está estrictamente prohibida por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos ratificados por Irán.

En virtud del artículo 6.4 del PIDCP, toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena.


La bandera del ISIS ondeando en Mosul, Irak. Copy: Amnistía Internacional

Un nuevo informe de Amnistía Internacional arroja luz sobre un panorama creciente de secuestros y homicidios sectarios cometidos por el grupo armado Estado Islámico en Irak y Al Sham (ISIS, por sus siglas en inglés) desde que el pasado mes éste tomó Mosul, la segunda ciudad de Irak, y otras partes del noroeste del país.

El informe, que se publica hoy, se titula Northern Iraq: Civilians in the line of fire, y contiene angustiosos relatos de civiles desplazados que huyeron de zonas en manos del ISIS al temer por su vida después de que sus familiares fueran secuestrados y asesinados por el grupo y al encontrarse en una situación cada vez más peligrosa debido a los ataques aéreos de las fuerzas del gobierno iraquí.

“Una vez más la atormentada población civil de Irak se encuentra atrapada en una espiral de violencia sectaria que procede de todos los bandos. Cientos de miles de personas han huido de sus hogares aterrorizadas por los secuestros y los homicidios del grupo armado ISIS y los bombardeos aéreos de las fuerzas del gobierno, dado que todas las partes demuestran un total desprecio por el derecho internacional humanitario", ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, que acaba de llegar del norte de Irak.

En todas las ciudades o pueblos que han caído bajo el control del ISIS ha habido secuestros. Muchas de las personas secuestradas siguen en paradero desconocido, mientras que a otras se las ha encontrado muertas.

Amnistía Internacional entrevistó a los familiares de un muchacho de 18 años de Gogjali, al este de Mosul, que fue secuestrado junto con su tío de 44 años en un puesto de control del ISIS el 20 de junio. Ambos fueron posteriormente asesinados. La madre del joven, que fue quien encontró dos días después sus cuerpos mutilados, mostró a Amnistía Internacional fotos de los cadáveres. Les habían aplastado la cabeza con un objeto pesado y tenían las manos atadas a la espalda. A uno de ellos lo habían degollado y habían quemado parcialmente el cadáver. La familia, de la comunidad chií shabak, huyó de Gogjali inmediatamente después.

“Este tipo de atroces ataques contra la población civil hacen ver claramente a las comunidades no suníes que no están seguras en zonas controladas por el ISIS", ha dicho Donatella Rovera.

“El secuestro y el homicidio de personas cautivas parece una de las principales herramientas que utiliza el grupo para aplastar a sus opositores e intimidar a la población civil.”

 

Amnistía Internacional también ha documentado una serie de casos en los que personas que habían sido capturadas por el ISIS fueron asesinadas posteriormente.  

En uno de ellos, el grupo ejecutó sumariamente a tres policías chiíes que había capturado en una comisaría de Mosul. El 27 de junio de  2014, miembros de este mismo grupo mataron también a tres hombres chiíes que habían capturado en el pueblo shabak de Tobgha Ziyara y arrojaron sus cadáveres al cauce de un río seco cercano, según contaron a Amnistía Internacional familiares de los fallecidos. Según los habitantes del lugar, el pueblo se había quedado sin protección desde la retirada del ejército iraquí de la zona el 10 de junio.  

El ISIS sigue invadiendo pueblos del norte de Irak que quedaron sin protección cuando el ejército iraquí se fue hace un mes. También están aterrorizando a la población no suní de todo el país, provocando desplazamientos masivos de personas que huyen para salvar la vida", ha dicho Donatella Rovera.

El último conflicto se desarrolla con el telón de fondo de las inveteradas tensiones sectarias y la violencia entre los iraquíes suníes y chiíes.  

El ISIS no es el único que comete crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha reunido indicios que demuestran que más de 100 suníes detenidos fueron ejecutados a sangre fría por las fuerzas del gobierno y las milicias chiíes en venganza antes de retirarse de las ciudades de Tal Afar, Mosul y Baquba a medida que el ISIS avanzaba. Una mujer describió a Amnistía Internacional la terribles heridas que presentaba el cadáver de un familiar, uno de los detenidos ejecutados en una cárcel de Tal Afar: “Le habían disparado varias veces en la cabeza y en el pecho. Estaba cubierto de sangre, pero no se sabía de quién, ya que los cadáveres estaban amontonados unos encima de otros”.

Los bombardeos artilleros y aéreos de las fuerzas del gobierno contra las zonas controladas por el ISIS también han causado muertes y decenas de heridos civiles, y han desencadenado la huída de muchas personas para salvar la vida. En las últimas semanas se han instensificado los ataques aéreos y artilleros de las fuerzas iraquíes, aumentando el peligro para la población civil.  

En Irak, todos los bandos han cometido crímenes de guerra y graves abusos contra los derechos humanos en una espiral de violencia. La seguridad de la población civil es crucial. Todos los bandos deben dejar de matar prisioneros, tratar a los detenidos humanamente y abstenerse de llevar a cabo ataques indiscriminados, incluidos los bombardeos de artillería y los bombardeos aéreos con proyectiles no guiados en áreas densamente pobladas", ha dicho Donatella Rovera.

Información complementaria
El conflicto en el norte de Irak ha supuesto el desplazamiento de cientos de miles de civiles, que han huido a las vecinas zonas kurdas administradas por el Gobierno Regional del Kurdistán. Sin embargo, éste ha restringido recientemente el acceso a las zonas bajo su control para los iraquíes no kurdos que huyen de la violencia. Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Gobierno Regional del Kurdistán para que permita el acceso a las personas que huyen del conflicto.


Manifestación en la puerta del Sol de Madrid en mayo de 2011 contra la clase política. Copy: AP Photo/Pedro Acosta

Ante las declaraciones del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, las organizaciones Amnistía Internacional e Intermón Oxfam aseguran, en primer lugar, que en la actualidad no existe un problema de seguridad ciudadana que justifique la necesidad de incorporar legislación que intente parar la protesta o restringir de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación. Así lo han manifestado tanto con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana como con el Código Penal.

Las organizaciones, que han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior para mostrar sus preocupaciones sobre la Ley, consideran positivo que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz haya declarado que el proyecto hoy aprobado incluye de manera expresa el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad en las identificaciones por parte de la policía, o la obligación de entregar un boletín de información a las personas que vayan a estar retenidas más de seis horas con los motivos de la misma. Las organizaciones ven también positivas las afirmaciones del Ministro en las que asegura que la disolución de la reunión será la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas. Asimismo, el hecho de que finalmente no se haya producido un incremente de la cuantía de las multas como se había anunciado anteriormente también es una buena noticia.

Las entidades analizarán el texto finalmente aprobado para ver cómo han quedado realmente reflejados, tanto los aspectos anunciados por el Ministro como otras preocupaciones que fueron compartidas con el Ministerio.

Sin embargo, las entidades muestran su preocupación por el hecho de que el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas. Tampoco se ha hecho mención al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento.

Las organizaciones recuerdan además que siguen teniendo preocupaciones en relación a la tipificación de los desórdenes públicos contenida en el Código Penal que sigue discutiéndose en el Congreso.