Amnistía Internacional España

Está previsto que Scott Panetti, un hombre de 56 años, cuya enfermedad mental precedió y contribuyó al doble asesinato cometido en 1992 por el que fue condenado a muerte, sea ejecutado en Texas poco después de las seis de la tarde, hora local, del 3 de diciembre. © APGraphicsBank

El estado de Texas debe detener de inmediato su plan,  vergonzoso, de ejecutar a un hombre con una discapacidad intelectual severa. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando queda menos de una semana para la fecha prevista de la ejecución.

Está previsto que Scott Panetti, un hombre de 56 años cuya enfermedad mental precedió y contribuyó al doble asesinato cometido en 1992 por el que fue condenado a muerte, sea ejecutado en Texas poco después de las seis de la tarde, hora local, del 3 de diciembre. Su enfermedad mental afectó a la celebración de su juicio y persiste hasta el día de hoy. Scott Panetti ha pasado casi 20 años en el “corredor de la muerte”.
 

“En el siglo XXI, una clara mayoría de los países han abandonado cualquier tipo de ejecución, no digamos ya las de personas que padecen enfermedades mentales graves. Aunque consideramos que la pena de muerte nunca es justa, incluso quienes apoyan el homicidio judicial deberían darse cuenta de la manifiesta injusticia patente en ese caso”, ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

“Nunca es demasiado tarde hasta que se administra la inyección letal. La junta de libertad condicional puede votar a favor de la conmutación. El gobernador puede detener la ejecución, incluso aunque la junta no emita una recomendación al respecto. La ejecución de Scott Panetti, si se decide llevarla a cabo, será una vergonzosa muesca más en el funesto historial de pena de muerte de Estados Unidos.”

Scott Panetti ya había sido hospitalizado más de una docena de veces por esquizofrenia y otras enfermedades mentales cuando, poco después de su última hospitalización en 1992, mató a tiros a sus suegros.

Tal como señalaron en 2007 cinco jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, “existen en el expediente abundantes datos que respaldan la conclusión de que [Panetti] sufre fuertes delirios”, y el juez federal al que remitieron el caso concluyó que “Panetti sufre una grave enfermedad mental” y “estaba bajo la influencia de esta grave enfermedad mental” tanto en el momento del crimen como cuando se representó a sí mismo en el juicio.

Scott Panetti insistió en defenderse a sí mismo en su juicio de 1995. Durante los procedimientos, se vistió de cowboy y presentó una defensa inconexa. Diversos testigos han descrito el juicio como una “farsa”, una “broma”, un “circo” y una “burla”.

Según sus abogados actuales, la enfermedad mental de Scott Panetti aún persiste, tal como consta en su expediente penitenciario. Los abogados han señalado que su cliente afirma “oír voces” y asegura que las autoridades penitenciarias le han implantado un “dispositivo de escucha” en un diente y quieren ejecutarlo para impedirle denunciar “la corrupción” y “predicar el evangelio”.

. Es sumamente cuestionable que fuera apto para ser juzgado o para defenderse a sí mi“La discapacidad intelectual de Scott Panetti y las consiguientes dudas sobre su ‘aptitud’ han impregnado el caso desde el principiosmo, o que comprenda realmente el motivo y la realidad de su castigo. Independientemente de que Texas tenga éxito o no en su defensa de esta condena de muerte ante los tribunales, la junta de indultos y el gobernador deben detener este vergonzoso homicidio, en aras de la moral, la compasión y los derechos humanos”, ha manifestado Rob Freer.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.
A día de hoy, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Estados Unidos es uno de los únicamente nueve países del mundo que llevaron a cabo ejecuciones todos los años entre 2009 y 2013. Texas ha sido responsable de casi el 40 por ciento de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que en 1977 se reanudaron los homicidios judiciales en el país en virtud de las leyes revisadas de pena de muerte.

Información complementaria
En una sentencia dictada el 25 de noviembre con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas denegó una suspensión de la ejecución, tras decidir que carecía de jurisdicción respecto a la apelación. Cuatro de los nueve jueces discreparon, alegando que lo que había “en juego en este caso” justificaba que la Corte examinara la apelación. El no hacerlo, escribieron, podía dar lugar a “la ejecución irreversible y constitucionalmente inadmisible de una persona no apta mentalmente”.

En una segunda sentencia dictada el 26 de noviembre, esta vez con seis votos a favor y tres en contra, la Corte de Apelaciones en lo Penal se negó a examinar la alegación de que el imponer la pena de muerte a una persona con una enfermedad mental severa “es contrario a las normas morales contemporáneas” y, por tanto, viola la Constitución. En una enérgica opinión discrepante, uno de los jueces declaró que él habría admitido la alegación, y añadió que le resulta “inconcebible” “de qué manera la ejecución de una persona con una enfermedad mental grave como [Panetti] puede promover de forma mensurable los propósitos de castigo y disuasión a los que teóricamente sirve la pena de muerte”. Los otros dos jueces discrepantes declararon que habrían bloqueado la ejecución para que la cuestión hubiera podido estudiarse más a fondo. 


La policía antidisturbios dispersa a manifestantes en Mong Kok el 26 de noviembre. © Lucas Schifres / Getty Images

Ante las previsiones de que miles de manifestantes partidarios de la democracia salgan a la calle en Hong Kong este fin de semana, el jefe de policía de la ciudad debe tomar con urgencia medidas para impedir por completo el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de sus agentes, ha manifestado Amnistía Internacional.

En los dos últimos días se han efectuado grandes operaciones policiales para dispersar a quienes protestaban en la zona de Mong Kok de la ciudad y se han visto empañadas por casos de uso injustificado de la fuerza contra manifestantes, viandantes y periodistas.

“El uso de mano dura por parte de la policía viola el derecho de los manifestantes a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y entraña el riesgo de exacerbar una situación ya tensa”, ha afirmado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.

“El jefe de policía, Andy Tsang, no debe desentenderse del uso excesivo de la fuerza por parte de sus agentes. Tiene que enviarse desde arriba el mensaje inequívoco de que todo agente que viole los derechos humanos tendrá que rendir cuentas.”

La policía ha practicado desde el martes al menos 159 detenciones por presuntos delitos como reunión ilegal, colocación de obstáculos a un agente de policía y desacato.

Los líderes estudiantiles Joshua Wong y Lester Shum han dicho que el miércoles los golpearon al detenerlos en Mong Kok, sin que ninguno de ellos hubiera opuesto resistencia. Ambos quedaron en libertad bajo fianza el jueves.

Los observadores de Amnistía Internacional fueron testigos el miércoles por la noche y el jueves de madrugada de varios incidentes en que la policía golpeó con porras a viandantes. También se ven hechos similares en vídeos publicados en los sitios web de los periódicos locales en chino Apple Daily yMingpao. A raíz de ello se ha retirado de las operaciones a un agente de policía filmado cuando golpeaba a un viandante.  

Imágenes aparecidas en la televisión local y en la redes sociales muestran a manifestantes a punto de ser detenidos que son llevados a rastras tras el cordón policial y rodeados por agentes para que no se los vea, tras lo cual reaparecen en algunos casos con lesiones bien visibles.

En un vídeo publicado en Facebook se ve a un agente de policía retirándole el número de identificación a otro durante las operaciones. En virtud de las normas internacionales, el personal policial ha de poder ser identificado siempre individualmente. Asimismo, la policía ha puesto impedimentos a los medios de comunicación para que no informen de las detenciones de manifestantes, según testimonios de la Asociación de Periodistas de Hong Kong e imágenes de vídeo de los canales locales de televisión NOW TV yApple Daily.

El jueves por la tarde fue detenido, Wong Chun-lung, fotógrafo del periódico local Apple Daily, acusado de agredir a la policía y oponer resistencia a su detención. Quedó en libertad bajo fianza el viernes por la mañana y dijo que estaba filmando las manifestaciones cuando lo detuvieron.

La policía no sólo debe actuar dentro de la ley, sino que tiene que verse también que lo hace así –ha señalado Mabel AU–. La aparente ocultación de los números de identificación y la obstrucción de trabajo informativo de periodistas hacen pensar que la policía no quiere ser objeto de escrutinio.”  

Esta misma semana, la policía ha anunciado que se ha arrestado a siete agentes sospechosos de  agredir al activista partidario de la democracia Ken Tsang el 15 de octubre, acto que filmó un canal local de noticias de televisión.

“Resulta alentador que la policía de Hong Kong haya iniciado investigaciones y tomado medidas a raíz de los indicios existentes en el caso de Ken Tsang. Pero, lamentablemente, en vez generar más transparencia, este caso parece haber animado a algunos agentes de policía a ocultar los números de identificación e impedir a los medios de comunicación informar”, ha añadido Mabel Au.

“Amnistía Internacional insta a la policía a mostrar moderación en toda operación que se lleve a cabo en los próximos días contra los manifestantes que demandan democracia.”


Iluminación de la catedral de Palma de Mallorca en la jornada mundial Ciudades por la Vida de 2013. Copy: AI

Madrid.- Durante los días  29 y 30 de noviembre 1.800 ciudades en todo el mundo, desde Montreal a Berlín, pasando por Ginebra, Lisboa, Riga, París, Roma o Manila iluminan edificios representativos para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la pena de muerte. En España, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Málaga o Santa Cruz de La Palma se suman a esta iniciativa, además de Madrid.

En Madrid mañana sábado 29 de noviembre a las 18:30h se iluminará la fachada del Teatro Español en la Plaza de Santa Ana , con lectura de un Manifiesto a cargo de la actriz Asunción Balaguer. Además, participará en el acto Bill Babbitt, reconocido activista contra la pena de muerte, y hermano de Manny Babbitt, ejecutado en Estados Unidos en 1999. Portavoces de Amnistía Internacional y la Comunidad Sant’Egidio atenderán a los medios de comunicación que cubran el acto.

La Jornada Mundial “Ciudades por la vida” es una iniciativa internacional emprendida por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional, junto con alrededor de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo. El 30 de noviembre se conmemora el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en el mundo, que llevó a cabo el Gran Ducado de Toscana en 1786. La Jornada Mundial se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo. Cerca de 80 ciudades participaron en la primera edición del año 2002. Un número que ha ido creciendo en la última década hasta las 1.800 que participan este año en este evento, por medio de actividades culturales, espectáculos y proyecciones, así como otras acciones de sensibilización.

La pena de muerte en el mundo
Actualmente son 95 los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 137 la han abolido en la ley o en la práctica
. En este sentido, un total de 114 de los 193 Estados miembros de naciones Unidas votaron el pasado 21 de noviembre en favor de una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para establecer una moratoria de las ejecuciones, tres más que desde la última vez que se votó una votación similar, en 2012.

A pesar de esta tendencia abolicionista, siguen siendo muchos los países que continúan manteniendo la pena capital y muchas las personas ejecutadas cada año, al menos 778 en el año 2013, en 22 países. Todo ello sin contar con China que ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, ya que se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte allí, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado.

Las ejecuciones en 2013 aumentaron en casi 100 personas, un 15% con respecto a 2012, por culpa de un reducido grupo de países, entre los que destacan Irán e Irak. Asimismo, países como Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam reanudaron el uso de la pena de muerte. En términos generales, a finales de 2013 había al menos 23.392 personas condenadas a muerte en todo el mundo.

Durante 2014, Irak e Irán han registrado datos poco optimistas. En Irak, en 4 días del mes de enero, se llevaron a cabo 38 ahorcamientos,  ejecuciones que se produjeron menos de una semana después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiera a las autoridades iraquíes durante una visita al país, una suspensión de las ejecuciones.

Mientras, en Irán, en el mismo periodo, se llevaron a cabo 40 ejecuciones, 33 de ellas en una sola semana. La mayoría de las personas ejecutadas en Irán habían sido condenadas por presuntos delitos de drogas, motivos idénticos a los esgrimidos por Arabia Saudí, que también ha incrementado su número de ejecuciones en lo que va de 2014.

Por otra parte, en marzo, en Egipto fueron condenadas a muerte más de 500 personas en una sola sentencia, por su presunto papel en los actos violentos que siguieron al derrocamiento del expresidente Mohamed Morsi. Este es el mayor número de condenas a muerte simultáneas que se ha visto en los últimos años, no sólo en Egipto sino en cualquier país del mundo.

En Estados Unidos, otro de los países que anualmente figura en las estadísticas de pena de muerte, han sido ejecutadas 32 personas en lo que va de año 2014. Entre los estados que más ejecuciones han llevado a cabo, destacan Texas (10), Florida (8) o Missouri (9). En este último, el pasado 19 de noviembre fue ejecutado Leon Vincent Taylor, colocando a este estado en la cifra más alta de ejecuciones llevadas a cabo desde 1999. Por su parte, Texas, el gran verdugo norteamericano -Texas ha sido responsable 518 de las 1.391 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en virtud de los estatutos revisados de pena capital en 1977-, pretende ejecutar el próximo 3 de diciembre a Scott Panetti, de 56 años. Panetti sufre una grave enfermedad mental que no sólo precedió y contribuyó al doble asesinato de 1992 por el que fue condenado a muerte, sino que además afectó a la celebración de su juicio y persiste hasta el día de hoy. Las leyes estadounidenses prohíben la ejecución de personas declaradas “incapaces mentalmente”.

Bielorrusia, único país europeo que mantiene la pena de muerte, ha reanudado las ejecuciones en 2014. Hasta la fecha, son tres las personas ejecutadas, la última de ellas, Alyaksandr Haryunou. Esta ejecución ha tenido lugar durante el mes de noviembre, pese a que la familia no ha sido informada. En Bielorrusia las ejecuciones se llevan a cabo en secreto, por lo que no hay confirmación oficial de las autoridades.

Por otra parte, Pablo Ibar es el único español condenado a muerte en el mundo. De doble nacionalidad, estadounidense y española, Pablo Ibar fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos, y desde entonces está en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en el estado de Florida. El pasado mes de abril, la defensa de Pablo Ibar solicitó formalmente la repetición del juicio ante el Tribunal Supremo de Florida. La decisión podría tardar un año. Mientras tanto, él sigue defendiendo su inocencia.

La lucha contra la pena de muerte y Ciudades por la Vida
La Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional y se oponen a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción y con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito. Ambas organizaciones consideran que la verdadera solución pasa por abordar de una manera efectiva los problemas del sistema de justicia penal, una actuación policial efectiva, la celebración de juicios justos, mejoras en educación y el pleno respeto a los derechos humanos, son la clave para reducir los índices de delincuencia.


Imagen de ganado pastando en El Porvenir. © Corporación Jurídica Yira Castro

Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional examina la aplicación en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), y muestra que defrauda a la gran mayoría de la personas a quienes se robó la tierra. Muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución.

“Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

“No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio.”

Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad, a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos.

Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley, la falta de medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias, ha supuesto que el gobierno no esté respetando el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

Incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a casa.

Violencia
Quienes intentan regresar a casa, así como quienes los representan y los funcionarios públicos que participan en el proceso de restitución de tierras, están expuestos a sufrir graves amenazas, violencia, e incluso la muerte, a manos principalmente de grupos paramilitares. Al final de agosto de 2014, la Fiscalía General estaba investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor.

“¿Cómo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y amenazaron y mataron a sus amigos y familiares podrían estar esperándolo? Si el gobierno no aborda la violencia grave y generalizada contra quienes intentan regresar a casa y sus acompañantes, todas sus políticas y leyes no serán más que meros gestos vacíos”, ha señalado Marcelo Pollack.

Explotación empresarial

Poderosos gigantes empresariales nacionales e internacionales han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos, incluso por medio de la adquisición ilegal de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, hasta la fecha, el proceso de restitución ha estado centrado en gran medida en devoluciones de tierras en pequeña escala y relativamente sencillas.

El proceso de restitución de tierras no ha impedido hasta ahora que poderosos intereses económicos nacionales o internacionales se beneficien de inversiones en tierras adquiridas por medio de abusos contra los derechos humanos y obtengan ganancias del botín de guerra”, ha explicado Marcelo Pollack.

Debilidades del sistema
Para quienes intentan reclamar sus tierras por medio de la Ley 1448, los avances son desesperanzadoramente lentos. Hasta ahora se ha devuelto sólo una mínima parte de los millones de hectáreas que se cree que han sido adquiridas ilegalmente durante el conflicto.

La Ley 1448 ha creado, además, una jerarquía de víctimas, en la que el derecho a una reparación depende del momento en que se perpetraron los abusos. Ninguna persona a quien se arrebató la tierra antes de 1991 tiene derecho a que le sea restituida.

Las viviendas y medios de vida de la gente se convirtieron en objetivo directo en el conflicto entre las fuerzas del Estado y la guerrilla, conflicto que se utilizó como tapadera para promover, consolidar y proteger intereses económicos –ha manifestado Marcelo Pollack– El presidente Santos ha tomado algunas medidas en la buena dirección con la Ley 1448, pero ha llegado ya el momento de que proceda a garantizar que las personas expulsadas de sus tierras pueden regresar a casa y reanudar su vida con seguridad y en paz.”

Información complementaria

El conflicto armado interno de Colombia se ha caracterizado por la comisión sistemática y generalizada de abusos y violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, secuestros y violencia sexual. Han sido obra de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, que actuaban solos o en connivencia, así como de la guerrilla.

El informe de Amnistía Internacional se publica en un momento decisivo, en que el gobierno y el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han entablado conversaciones para poner definitivamente fin al conflicto armado, que dura ya 50 años. La cuestión de las tierras es uno de los principales temas de las negociaciones.


Los organizadores con el ministro Abdelaâdim El Guerrouj y Driss Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos

Las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes a las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, continúan incesantes pese a la próxima celebración del Foro Mundial de Derechos Humanos, organizado en Marrakech del 27 al 30 de noviembre.

En los últimos meses, y por primera vez desde 1993, las autoridades marroquíes han tratado de imponer limitaciones a las actividades de derechos humanos de Amnistía Internacional en el país.

  • En septiembre de 2014, las autoridades prohibieron el campamento juvenil anual de Amnistía Internacional en Bouznika, cerca de la capital, Rabat, pese a que la organización había cumplido todos los requisitos de notificación.
  • En octubre de 2014, las autoridades negaron la entrada a Marruecos a una delegación de Amnistía Internacional que pretendía documentar la situación de las personas migrantes y refugiadas.
  • En noviembre de 2014, se canceló una visita de investigación de la organización después de que las autoridades pidieran la celebración de reuniones previas en Rabat para acordar los parámetros del viaje.

 

Ocho grupos marroquíes, entre ellos grupos destacados como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, han decidido no asistir al Foro Mundial de Derechos Humanos en protesta por las crecientes restricciones impuestas por las autoridades a sus actividades. Entre los motivos expuestos por ocho grupos saharauis que también han cancelado su asistencia al evento se encuentran las constantes restricciones a la libertad de asociación en el Sáhara Occidental.

“La represión de las actividades de los grupos locales de derechos humanos y los obstáculos al acceso de Amnistía Internacional al país no son sólo una manera muy torpe por parte de Marruecos de preparar su papel de anfitrión del Foro Mundial de Derechos Humanos”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Son también una inquietante señal de que las libertades civiles están amenazadas en el país. Los intentos de las autoridades marroquíes de intensificar los controles a quienes critican el historial de derechos humanos del país sólo sirven para despertar la sospecha de que tienen algo que ocultar.”

Para más información sobre los obstáculos y las recientes restricciones a los grupos de derechos humanos, véase la declaración pública de Amnistía Internacional: Morocco/Western Sahara: Lift restrictions on associations.


Imagen de ganado pastando en El Porvenir. © Corporación Jurídica Yira Castro

Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional examina la aplicación en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), y muestra que defrauda a la gran mayoría de la personas a quienes se robó la tierra. Muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución.

“Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

“No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio.”

Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad, a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos.

Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley, la falta de medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias, ha supuesto que el gobierno no esté respetando el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

Incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a casa.

Violencia
Quienes intentan regresar a casa, así como quienes los representan y los funcionarios públicos que participan en el proceso de restitución de tierras, están expuestos a sufrir graves amenazas, violencia, e incluso la muerte, a manos principalmente de grupos paramilitares. Al final de agosto de 2014, la Fiscalía General estaba investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor.

“¿Cómo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y amenazaron y mataron a sus amigos y familiares podrían estar esperándolo? Si el gobierno no aborda la violencia grave y generalizada contra quienes intentan regresar a casa y sus acompañantes, todas sus políticas y leyes no serán más que meros gestos vacíos”, ha señalado Marcelo Pollack.

Explotación empresarial

Poderosos gigantes empresariales nacionales e internacionales han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos, incluso por medio de la adquisición ilegal de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, hasta la fecha, el proceso de restitución ha estado centrado en gran medida en devoluciones de tierras en pequeña escala y relativamente sencillas.

El proceso de restitución de tierras no ha impedido hasta ahora que poderosos intereses económicos nacionales o internacionales se beneficien de inversiones en tierras adquiridas por medio de abusos contra los derechos humanos y obtengan ganancias del botín de guerra”, ha explicado Marcelo Pollack.

Debilidades del sistema
Para quienes intentan reclamar sus tierras por medio de la Ley 1448, los avances son desesperanzadoramente lentos. Hasta ahora se ha devuelto sólo una mínima parte de los millones de hectáreas que se cree que han sido adquiridas ilegalmente durante el conflicto.

La Ley 1448 ha creado, además, una jerarquía de víctimas, en la que el derecho a una reparación depende del momento en que se perpetraron los abusos. Ninguna persona a quien se arrebató la tierra antes de 1991 tiene derecho a que le sea restituida.

Las viviendas y medios de vida de la gente se convirtieron en objetivo directo en el conflicto entre las fuerzas del Estado y la guerrilla, conflicto que se utilizó como tapadera para promover, consolidar y proteger intereses económicos –ha manifestado Marcelo Pollack– El presidente Santos ha tomado algunas medidas en la buena dirección con la Ley 1448, pero ha llegado ya el momento de que proceda a garantizar que las personas expulsadas de sus tierras pueden regresar a casa y reanudar su vida con seguridad y en paz.”

Información complementaria

El conflicto armado interno de Colombia se ha caracterizado por la comisión sistemática y generalizada de abusos y violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, secuestros y violencia sexual. Han sido obra de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, que actuaban solos o en connivencia, así como de la guerrilla.

El informe de Amnistía Internacional se publica en un momento decisivo, en que el gobierno y el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han entablado conversaciones para poner definitivamente fin al conflicto armado, que dura ya 50 años. La cuestión de las tierras es uno de los principales temas de las negociaciones.


Tres representantes de Amnistía Internacional EE.UU. en Ferguson, Missouri, EE.UU. © AI Estados Unidos

FERGUSON (Misuri). Tras el anuncio de que el gran jurado del condado de St. Louis decidió no procesar al agente de policía Darren Wilson por la muerte por disparos de Michael Brown, Amnistía Internacional EE. UU. envió a un equipo de observadores de derechos humanos a Ferguson a monitorear las protestas y la respuesta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Casi 24 horas después de que se anunciara la decisión del gran jurado, y tras una primera noche en la que hubo protestas pacíficas así como incidentes generalizados de saqueo, incendios provocados y vandalismo, el director ejecutivo de Amnistía Internacional EE. UU., Steven W. Hawkins, emitió la siguiente declaración:

“Hay que dejar claro esto: la responsabilidad de que las protestas sigan siendo pacíficas es compartida. El uso de vehículos blindados, gas lacrimógeno y bombas de humo a gran escala contra manifestantes en su mayoría pacíficos, para sofocar los actos de violencia de una minoría sólo sirve para empeorar y agravar un ambiente que ya está muy cargado de tensión.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el derecho de defenderse y la obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos, pero esta función debe llevarse a cabo de un modo que garantice el pleno respeto al derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas, incluidos los presuntos autores de un delito. Incluso al hacer frente a la violencia deben actuar dentro de la ley y con arreglo a las normas internacionales que rigen el uso de la fuerza.

Los ojos del mundo siguen mirando los sucesos de Ferguson como medida de la capacidad de Estados Unidos para respetar el derecho humano fundamental de reunirse. Las fuerzas del orden deben apoyar nuestro derecho a protestar pacíficamente y no impedirlo mediante la intimidación.”

Amnistía Internacional EE. UU. reitera su llamamiento al Departamento de Justicia para que demuestre liderazgo sobre este asunto, lo que incluye recabar datos nacionales sobre homicidios policiales, como le exige la ley; realizar una revisión a escala nacional de las tácticas policiales; y apoyar una comisión especial sobre organismos encargados de hacer cumplir la ley que formule recomendaciones sobre políticas y tácticas para la actuación policial en general.

Pueden consultar aquí una lista de buenas prácticas elaborada por Amnistía Internacional para la actuación policial en el control de protestas, respetando los derechos humanos.


Amnistía Internacional pide que se respete el derecho de manifestación pacífica tras la decisión sobre Fergusson. © 2014 Getty Images

Las fuerzas de seguridad no deben hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que salgan a la calle para protestar por la decisión del jurado acusatorio en Fergusson. El jurado ha decidido que no sea procesado el agente de policía acusado de disparar contra el adolescente Michael Brown; así lo afirma hoy Amnistía Internacional.

“No se pueden repetir los abusos cometidos durante el control policial de las manifestaciones en agosto. El derecho de protesta pacífica es un derecho humano y debe ser celosamente protegido. Los agentes tienen el deber de respetar y facilitar el ejercicio de ese derecho, no de coartarlo”, ha dicho Steven W. Hawkins, director ejecutivo de AI Estados Unidos.

“La población debe tener la seguridad de que se tomarán medidas para prevenir el uso innecesario o excesivo de la fuerza. La actuación de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en los próximos días será absolutamente decisiva para transmitir la confianza necesaria en que se han aprendido las lecciones. Amnistía Internacional, y por supuesto el mundo entero, estarán observando.”

Hace unos meses estallaron protestas tras el episodio de los disparos. La policía empleó tácticas de mano dura y métodos represivos para sofocar unas manifestaciones en gran medida pacíficas.

AI Estados Unidos expuso sus motivos de preocupación sobre las manifestaciones en el informe On the Streets of America: Human Rights Abuses in Ferguson. En él detallaba sus observaciones sobre el terreno, incluido un análisis de los métodos policiales, como negarse a permitir que la gente se congregara pacíficamente.

También subrayaba la preocupación de Amnistía Internacional en relación con la legislación estatal de Misuri, que aparentemente autoriza un amplio uso de medios letales. Amnistía Internacional señala que esta legislación no se ajusta a las normas internacionales ya que va mucho más allá del requisito de que sólo se recurra a la fuerza letal cuando sea absolutamente imprescindible para proteger la vida.

Amnistía Internacional dará seguimiento a las protestas y la reacción de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.


Activistas de Amnistía Internacional y No somos delito en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. ©AI

Madrid.- Con motivo de la votación del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) en la Comisión de Interior, Amnistía Internacional, junto con la plataforma No Somos Delito, ha llevado a cabo este martes un acto de protesta en la proximidades del Congreso de los Diputados. Bajo el lema “Más poder a la policía, menos derechos humanos” activistas de ambas organizaciones han mostrado su desacuerdo con este Proyecto de Ley que amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugar de proteger los derechos humanos. Tras esta votación, el Proyecto de Ley pasará al Pleno y de ahí se enviará al Senado, por lo que las organizaciones consideran que este martes es un día clave. 

“No existe un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Por eso estamos hoy aquí, para exigir a la Comisión de Interior que defienda el derecho a la protesta y rechace con su voto aquellos artículos que la pongan en riesgo”, ha afirmado María Serrano, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional España.

"Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión. Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no habría reformado la Ley.”, ha asegurado Alejandro Gámez Selma, portavoz de la Plataforma No Somos Delito.

Éstas son algunas de las preocupaciones que las organizaciones han denunciado sobre el Proyecto de Ley:

  • Limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones “no autorizadas” de los agentes en el ejercicio de sus funciones “cuando puedan ponerse en riesgo una operación” podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar abusos policiales;
  • Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
  • Falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos.
  • Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
  • Menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo.
  • Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos.

 

Además, aunque la redacción final ha sido modificada, el Gobierno ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, es decir, las devoluciones sumarias de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que finalmente se ha añadido una disposición que precisa que los intentos de entrada en territorio español han de producirse “en grupo”, Amnistía Internacional y No Somos Delito recuerdan que el número de personas no justifica la no aplicación de las garantías y salvaguardas jurídicas a cada una de ellas de manera individual. Con este portazo a las personas migrantes y refugiadas, España estaría vulnerando sus obligaciones internacionales.

Ninguna modificación sustantiva

Las organizaciones han señalado además que el texto final que se vota hoy en la Comisión de Interior no ha introducido modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil y los grupos parlamentarios. A pesar del rechazo de los grupos parlamentarios, que se opusieron en bloque al Proyecto de Seguridad Ciudadana, así como de diversas organizaciones y de la sociedad civil, el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las preocupaciones ni sugerencias expresadas. Así, ha mantenido los artículos polémicos, como el que sanciona la falta de notificación, sin exceptuar las manifestaciones espontáneas en las que no ha sido posible notificar; el que sanciona el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el que atribuye la responsabilidad a aquellos a quienes se identifique como organizadores o promotores de las manifestaciones, y aquellos artículos que limitan la protesta y los lugares donde pueden tener lugar las reuniones pacíficas.

Amnistía Internacional ha recogido casi 40.000 firmas de personas que muestran su oposición a una reforma que castiga la disconformidad.


En 2009, en Kawama, República Democrática del Congo, se produjeron demoliciones de casas, centros de salud e infraestructuras. © Action contre l’impunité pour les droits humains

La empresa minera belga Groupe Forrest International ha mentido sistemáticamente sobre el derribo de cientos de viviendas en la República Democrática del Congo (RDC) y negado justicia a las personas afectadas, revela hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Bulldozed: How a mining company buried the truth about forced evictions in the Democratic Republic of the Congo, ofrece imágenes por satélite y otras pruebas nuevas que revelan que la filial de la empresa belga, Entreprise Général Malta Forrest (EGMF), suministró excavadoras que se utilizaron para el derribo ilegítimo de viviendas y el desalojo forzoso de cientos de personas que vivían junto a la mina Luiswishi propiedad de la empresa, en Kawama, Katanga, en 2009. También detalla cómo las empresas y el gobierno congoleño obstruyen desde entonces los intentos de los lugareños por obtener justicia.

“Ahora hay pruebas contundentes e irrefutables que demuestran que se llevaron a cabo realmente los desalojos forzosos cuya existencia Groupe Forrest International niega desde hace años”, dijo Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Es una vergüenza que un gigante de la minería mienta y niegue justicia a la gente. Ya es hora de que diga la verdad e indemnice a los lugareños por sus pérdidas.”

Cinco años después, los lugareños no han recibido ninguna compensación. EGMF se retiró de la concesión minera en 2012. En los últimos meses, las personas que viven en las proximidades de la mina Luiswishi, de la que es ahora propietaria la compañía estatal Gécamines, se han visto bajo la amenaza de volver a ser desalojadas.

Los derribos de 2009 se produjeron durante una operación policial para despejar la zona de Kawama de mineros a pequeña escala que supuestamente robaban de la mina de cobre y cobalto.

Las excavadoras, pertenecientes a EGMF y manejadas por los conductores de la empresa, destruyeron casas y negocios en los tres barrios más próximos a la mina Luiswishi.

Algunas personas perdieron sus medios de subsistencia además de sus casas. Todavía hoy se aprecian los efectos de esa operación. Una mujer cuyo restaurante fue derribado nos dijo que no tiene dinero para comprar comida para alimentarse y que había tenido que sacar a sus hijos de la escuela. Una indemnización adecuada a los lugareños habría aliviado mucho el sufrimiento”, añadió Audrey Gaughran.

Nuevas pruebas
Groupe Forrest International ha afirmado reiteradamente que las excavadoras sólo destruyeron viviendas temporales pertenecientes a mineros a pequeña escala y que los derribos fueron legales, pero Amnistía Internacional ha obtenido imágenes por satélite, vídeos y los archivos de la investigación penal realizada por un fiscal que contienen pruebas irrefutables de que no fue así.

Las imágenes por satélite muestran que se derribaron 387 estructuras en los barrios afectados entre el 31 de mayo de 2009 y el 15 de mayo de 2010
. Estas estructuras existían antes de la llegada de mineros a pequeña escala a Kawama que desencadenó la operación policial del 24 de noviembre de 2009.

Los vídeos grabados ese día muestran la destrucción de casas de ladrillo permanentes, y a policías armados sacando a los habitantes, niños incluidos, de sus viviendas. Esta información fue corroborada por testimonios prestados al equipo de investigación de Amnistía Internacional por residentes de los tres barrios afectados.

Groupe Forrest International dice que no participó voluntariamente en los derribos y desalojos. Sin embargo, los conductores de las excavadoras de EGMF entrevistados por el fiscal declararon que sus superiores les habían ordenado ir a Kawama y seguir las instrucciones de la policía.

Los derribos se realizaron en dos días; la empresa sabía que se estaban produciendo y tuvo tiempo para protestar contra el uso de su personal y sus equipos en los desalojos forzosos; no lo hizo.

Encubrimiento oficial
Un fiscal realizó una investigación sobre los derribos y trató de formular cargos penales contra los responsables. Sin embargo, las autoridades de Kinshasa y del gobierno provincial le ordenaron que no lo hiciera.

“Esto es un encubrimiento por parte de las autoridades congoleñas.
El Estado ha fallado a su propio pueblo al no hacer comparecer a nadie ante la justicia por estos desalojos forzosos y no garantizar que se pagara una indemnización”, dijo Audrey Gaughran.

Amnistía Internacional expuso sus motivos de preocupación y sus pruebas a Groupe Forrest International antes de la publicación del informe, pero la empresa negó toda responsabilidad por los sucesos de Kawama, de los que culpó a la actuación unilateral de la policía. Los intentos de un grupo de ONG congoleñas e internacionales para obtener una resolución judicial en Bélgica para los residentes de Kawama fueron infructuosos; el Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales declaró que no tenía capacidad para investigar.

“Los habitantes de Kawama llevan años intentando encontrar un proceso que simplemente reconozca la verdad de lo que ocurrió en su comunidad. Sus voces han sido sofocadas por las negativas de Groupe Forrest International. Tanto las autoridades congoleñas como las belgas les han fallado”, concluyó Audrey Gaughran.

El informe pide a las autoridades congoleñas y a Groupe Forrest International que garanticen una reparación adecuada para los habitantes de Kawama, incluida una compensación completa por todas las pérdidas ocasionadas por los derribos y los desalojos forzosos. Las autoridades deben formular cargos contra todos los responsables de actos ilegales que causaron violaciones de derechos humanos.

El informe pide asimismo a Bélgica que revise su marco legal y político para garantizar que puede regular debidamente las actividades de las empresas multinacionales
belgas tanto en la propia Bélgica como en otros países.