Amnistía Internacional España

Veintinueve usuarios de Twitter están siendo juzgados en Turquía por publicar tuits durante las protestas del año pasado © AFP / Getty Images

El enjuiciamiento por el gobierno de Turquía de personas que mantienen actitudes críticas a través de Twitter es una postura que revela una profunda hipocresía por parte del anfitrión del Foro de Gobernanza de Internet, ha afirmado Amnistía Internacional hoy martes. La organización ha hecho un llamamiento para que los futuros anfitriones den mejor ejemplo y ha puesto de relieve las violaciones de la libertad de expresión en Internet cometidas por Estados Unidos, Etiopía, Arabia Saudí y Vietnam.

El evento, que se celebra en Estambul del 2 al 5 de septiembre, reúne a gobiernos y sociedad civil para compartir buenas prácticas sobre regulación de Internet, seguridad y derechos humanos.

Un total de 29 usuarios de Twitter están siendo juzgados en Esmirna, Turquía, y pueden ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel por difundir mensajes de Twitter durante las protestas del pasado año que, según las autoridades, “incitan a la población a infringir la ley”. Ninguno de esos mensajes contenía incitación alguna a la violencia.

“Es inaudito ver cómo las autoridades turcas siguen adelante con el enjuiciamiento de personas que mantienen posturas críticas a través de Twitter, al tiempo que actúan como anfitriones de un debate sobre la gobernanza de Internet en el que los derechos humanos son uno de los temas fundamentales”, ha afirmado Sherif Elsayed-Ali, director adjunto de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.

“Este doble rasero en lo relativo a la libertad de expresión en Internet constituye una ironía especialmente amarga para las decenas de usuarios de Twitter turcos que se enfrentan a juicio por transmitir mensajes sobre las protestas del pasado año.”

Tres usuarios han sido acusados además de “insultar” al primer ministro. Los 29 son los últimos de una larga lista de personas que mantienen posturas críticas hacia el gobierno y han sido enjuiciadas o condenadas por sus contribuciones en los medios sociales.

Turquía no es el único país cuya mano dura en la regulación del funcionamiento de Internet saca a la luz Amnistía Internacional con ocasión del Foro. Los activistas que asisten al evento pondrán de relieve otros cuatro países que han actuado contra personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión en Internet o por desvelar violaciones del derecho a la intimidad en Internet.

En Etiopía, siete blogueros pueden ser condenados a muerte por compartir información sobre seguridad en Internet; en Vietnam, dos cumplen penas de 10 y 12 años de prisión, respectivamente, por escribir sobre abusos contra los derechos humanos, y otros 32 están detenidos; en Arabia Saudí, el fundador de un sitio web ha sido condenado a 10 años de prisión, 1.000 latigazos y una multa de 266.630 dólares estadounidenses por “insultar al islam”.

“Etiopía, Arabia Saudí y Vietnam han impuesto algunas de las condenas más severas a quienes usan Internet para difundir y recibir información”, ha afirmado Sherif Elsayed-Ali.

“Estas condenas deben ser anuladas y todos los países tienen que mejorar drásticamente su tolerancia hacia las críticas en Internet.”

Internet ha resultado de un valor incalculable para el desarrollo de los derechos humanos, al revolucionar el acceso a la información y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, los Estados no han tardado en hacer un uso abusivo de Internet, utilizando su tecnología para reprimir la libertad de expresión, censurar la información sobre violaciones de derechos humanos y llevar a cabo una vigilancia indiscriminada de sus usuarios en nombre de la seguridad, a menudo en colaboración con empresas.

Las personas que sacan a la luz estos abusos también son objeto de ataques. En Estados Unidos, Edward Snowden, actualmente exiliado en Rusia, puede pasar 30 años entre rejas en caso de ser extraditado a su país por desvelar la vigilancia global indiscriminada del gobierno de Estados Unidos.

“En vez de dar caza a Edward Snowden, el gobierno de Estados Unidos debería centrar la atención en reformar sus programas de vigilancia para poner fin a la violación injustificada de la intimidad de los usuarios de Internet que Snowden sacó a la luz”, ha afirmado Sherif Elsayed-Ali.

Aunque Internet ha permitido que florezca la libertad de expresión en muchos lugares donde había sido implacablemente reprimida, también ofrece nuevas vías para que los gobiernos espíen, censuren y silencien a sus críticos.

“Los Estados que asisten al Foro de Gobernanza de Internet deben aprovechar esta oportunidad para comprometerse a poner fin a la intimidación y el enjuiciamiento de quienes ejercen su libertad de expresión en Internet. Tienen que poner fin a la censura injustificada, invertir la tendencia a la vigilancia indiscriminada e ilícita y proteger a quienes denuncian irregularidades.”


Iraquíes huyendo de la violencia © EPA

Nuevos datos revelados por Amnistía Internacional indican que miembros del grupo armado autodenominado Estado Islámico han emprendido una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak y han cometido cabo crímenes de guerra, incluidas ejecuciones sumarias y secuestros masivos, contra minorías étnicas y religiosas.

Un nuevo informe, Ethnic cleansing on historic scale: the Islamic State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq, publicado hoy martes, presenta una serie de relatos espeluznantes de supervivientes que describen cómo decenas de hombres y niños de la región de Sinjar, en el norte de Irak, fueron capturados por combatientes del Estado Islámico, cargados en camionetas y llevados a las afueras de pequeñas poblaciones para ser ejecutados en grupos o fusilados individualmente. Cientos, posiblemente miles, de mujeres, niñas y niños, junto con decenas de hombres, de la minoría yazidí también han sido secuestrados desde que el Estado Islámico tomó el control de la zona.

“Las matanzas y los secuestros que lleva a cabo el Estado Islámico ofrecen nuevos y desgarradores datos que indican que una oleada de limpieza étnica contra las minorías está azotando el norte de Irak”, ha afirmado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, actualmente en el norte de Irak.

“El Estado Islámico está llevando a cabo despreciables crímenes y ha transformado zonas rurales de Sinjar en campos de la muerte empapados en sangre en su brutal campaña para borrar todo rastro de la población no árabe y musulmana no suní.”

Amnistía Internacional ha reunido datos que indican que varias ejecuciones masivas tuvieron lugar en Sinjar en agosto. Dos de los incidentes con más víctimas mortales tuvieron lugar cuando combatientes del Estado Islámico asaltaron las localidades de Qiniyeh, el 3 de agosto, y Kocho, el 15 de agosto. El número de personas que perdieron la vida sólo en estas poblaciones asciende a varios centenares. Grupos de hombres y niños de las dos localidades, entre los que había niños de sólo 12 años, fueron capturados por militantes del Estado Islámico, llevados a otros lugares y fusilados.

“No había ningún orden, ellos [los combatientes del Estado Islámico] llenaban los vehículos de forma indiscriminada”, dijo a Amnistía Internacional un superviviente de la matanza de Kocho.

Said, que también escapó por poco de la muerte con su hermano Khaled, recibió cinco impactos de bala, tres en la rodilla izquierda, una en la cadera y uno en un hombro. Said y Khaled perdieron a siete hermanos en la matanza. Otro superviviente, Salem, que logró ocultarse y sobrevivir durante 12 días cerca del lugar de la matanza, habló a Amnistía Internacional del horror de oír los gritos de dolor de otros heridos.

“Algunos no podían moverse y no pudieron salvarse; estaban tendidos allí, desesperados de dolor, esperando la muerte. Tuvieron una muerte horrible. Yo conseguí alejarme arrastrándome y me salvó un vecino musulmán, que arriesgó su vida para salvarme; es más que un hermano para mí. Durante 12 días me llevó comida y agua cada noche. Yo no podía caminar y no tenía ninguna esperanza de poder salir de allí, y para él era cada día más peligroso seguir teniéndome allí”, dijo.

Said pudo escapar a lomos de un asno y dirigirse a las montañas y después a las zonas controladas por el Gobierno Regional de Kurdistán.
Los homicidios y secuestros masivos han logrado aterrorizar a toda la población del norte de Irak y han inducido a miles de personas a huir por miedo a perder la vida.

Sigue sin conocerse la suerte de la mayoría de los cientos de yazidíes secuestrados y cautivos en poder del Estado Islámico. Muchas de las personas retenidas en manos del Estado islámico han recibido amenazas de violación o agresión sexual o han sido presionadas para que se conviertan al islam. En algunos casos, familias enteras han sido secuestradas.

Un hombre que entregó a Amnistía Internacional una lista de 45 nombres de familiares desaparecidos, todos ellos mujeres, niñas y niños, dijo: “Tenemos noticias de algunos de ellos pero otros están desaparecidos y no sabemos si están vivos o muertos ni qué ha sido de ellos”.

“En vez de agravar los combates haciendo la vista gorda hacia las milicias sectarias o armando a las milicias chiíes contra el Estado Islámico, como las autoridades han hecho hasta ahora, el gobierno de Irak debería centrarse en proteger a todos los civiles, sean cuales sean su etnia o su religión”, ha manifestado Donatella Rovera.

“La población del norte de Irak se merece vivir libre de persecución, sin temer por sus vidas a cada paso. Quienes dan las órdenes, llevan a cabo o prestan ayuda en estos crímenes de guerra deben ser detenidos y llevados ante la justicia.”

Desde que tomaron el control de Mosul el 10 de junio, los extremistas del Estado Islámico también han destruido o dañado sistemáticamente lugares de culto de las comunidades musulmanas no suníes, como mezquitas y santuarios chiíes.

Información complementaria

Entre las minorías étnicas y religiosas atacadas en el norte de Irak figuran los cristianos asirios, los chiíes turcomanos, los chíes shabak, los miembros de la fe yazidí, los kakai y los mandeos sabeos. Muchos árabes y musulmanes suníes contrarios o a quienes se considera contrarios al Estado Islámico también han sido objeto de ataques aparentemente como represalia.


El Gobierno egipto sigue extrangulando a la sociedad civil y limitando la libertad de expresión. © Omar Robert Hamilton

El gobierno egipcio está aplicando más intensidad a su maniobra de estrangulamiento de la sociedad civil, ha advertido Amnistía Internacional en un momento en el que las ONG independientes del país se arriesgan al cierre si no se registran obligatoriamente antes del 2 de septiembre.

Todas las organizaciones no gubernamentales podrían ser clausuradas y posiblemente procesadas si no se registran para esa fecha en virtud de la draconiana ley de asociaciones.

“El final del plazo suena muy parecido a una sentencia de muerte para las ONG egipcias independientes. El ultimátum de las autoridades no tiene que ver con permitir a las ONG operar, sino que allana el terreno para cerrar las que son críticas con el gobierno”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.  

“Las autoridades egipcias deben retirar de inmediato el requisito de registrarse obligatoriamente, que viola las normas internacionales de derechos humanos.”

La organización también ha instado a las autoridades a que abandonen los planes de una nueva ley sobre ONG, que va a ser aún más represiva que la actual.

La actual Ley de Asociaciones (84/2002) exige a todas las ONG obtener un permiso del Ministerio de Solidaridad Social antes de registrarse
. Este requisito es contrario a la obligación de Egipto, en virtud del derecho internacional, de respetar el derecho a la libertad de asociación. Además, contraviene la constitución egipcia, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a formar asociaciones simplemente notificándolo, sin necesidad de solicitar ningún permiso.

En la práctica, las autoridades han hecho caso omiso de las solicitudes de registro o las han rechazado, dejando a las ONG en un limbo jurídico que permitiría cerrarlas en cualquier momento.

A consecuencia de ello, muchas ONG han estado funcionando como bufetes de abogados o empresas sin ánimo de lucro.

La ministra de Solidaridad Social, Ghada Waly, en declaraciones al periódico económico Al Ahram, ha afirmado que el plazo ayudaría a supervisar a las organizaciones que operan ilegalmente en áreas mal definidas, como la de los derechos humanos y el fomento de la capacidad.

Las autoridades egipcias tienen un pésimo historial de represión de la libertad de asociación, dirigida especialmente contra las organizaciones de derechos humanos.

Entre sus tácticas está asaltar las oficinas de las ONG, cerrarlas, impedirlas registrarse y conseguir fondos, interferir en sus actividades y detener a su personal.

Desde 2011, las ONG egipcias han trabajado con los sucesivos gobiernos en la redacción de una ley de ONG que mejoraría la actual. Sin embargo, el actual gobierno ha dejado de lado todos los borradores anteriores y ha introducido un nuevo texto que va a ser aún más restrictivo. La ley prevista contempla la creación de una "Comisión Coordinadora” oficial que tendría derecho de veto sobre el registro, la financiación y las actividades de las organizaciones extranjeras en Egipto y sobre cualquier financiación extranjera de las organizaciones egipcias, lo cual supondría en la práctica cortar a las ONG sus canales de financiación.

La Comisión estaría formada por miembros del Ministerio del Interior y los servicios de Inteligencia General, y no estaría obligada a justificar sus decisiones.

La ley exigiría asimismo que las ONG obtuvieran la aprobación del gobierno para llevar a cabo cualquier investigación o estudio de campo. También se incrementarían las penas en caso de incumplimiento, que podrían llegar a tres años de cárcel y multa de más de 100.000 libras egipcias (14.000 dólares estadounidenses).

En virtud del nuevo texto legal, todos los fondos en manos de las ONG se considerarían dinero público y estarían sometidos a la inspección del gobierno. La pena por uso indebido o malversación de fondos es de hasta 15 años de cárcel.

El gobierno afirma que el proyecto de ley se aprobará una vez que se reúna el Parlamento.

“No cabe la menor duda de cuáles son las intenciones de las autoridades teniendo en cuenta su largo historial de represión de las organizaciones de derechos humanos”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

“Si Egipto quiere de verdad avanzar, las autoridades deben dejar de lado esta ley y proporcionar un entorno en el que se protejan los derechos humanos y las ONG puedan operar sin injerencias indebidas.”

Las organizaciones de derechos humanos que operan en Egipto han expresado su alarma ante la ley propuesta y ante la disposición de la ley existente que las obliga a registrarse.

“El gobierno está llevando al límite a las organizaciones de derechos humanos”, ha dicho Mohamed Lotfy, director ejecutivo de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades.

Lotfy ha añadido que actualmente las ONG están ante una disyuntiva nada envidiable: someter sus actividades a una ley represiva que les impediría trabajar libremente o enfrentarse a actuaciones legales que podrían tener como consecuencia cierres y encarcelamientos.

Otro representante de una organización de derechos humanos, que desea permanecer en el anonimato, dijo a Amnistía Internacional: “Estamos entre la espada y la pared: un plazo puesto con la intención de cerrar todas las ONG independientes y un proyecto de ley que daría a las fuerzas de seguridad carta blanca para reprimir cualquier ONG independiente y disidente”.

Amnistía Internacional ha comunicado sus motivos de preocupación por la nueva ley en un  memorándum que ha hecho llegar a las autoridades egipcias el 14 de agosto de 2014.


La llamada ley “ley de agentes extranjeros” de la Federación Rusa fue aprobada en junio de 2012 y entró en vigor en noviembre de ese mismo año. © AP Photo/Sergei Chirikov

El hecho de calificar oficialmente a una organización de la sociedad civil rusa de ‘agente extranjero’, expresión que evoca el espionaje, por haberse pronunciado sobre Ucrania es una señal del empeño del gobierno de Rusia en suprimir cualquier información sobre sus actividades militares en el país vecino, manifestó Amnistía Internacional.

El pasado 28 de agosto, el Ministerio de Justicia ruso registró legalmente la ONG Madres de Soldados de San Petersburgo como “agente extranjero” conforme a la ley de 2012.

La decisión vino después de las declaraciones públicas de su dirigente, Ella Polyakova, sobre la presunta muerte de soldados rusos que luchan en Ucrania contra las fuerzas ucranianas.

La ONG Madres de Soldados de San Petersburgo confeccionó una lista de unos 100 soldados rusos muertos, según informes, en Ucrania y otros 300 heridos. Exigió asimismo una investigación sobre dichos informes. El Kremlin niega haber mandado tropas a Ucrania así como cualquier implicación directa en lo que insiste que es un conflicto interno de Ucrania.  

“El hecho de que se haya tomado esta decisión ahora demuestra el empeño del Kremlin en amordazar a las personas críticas y mantener un control férreo de cualquier información que apunte a que Rusia interviene de forma directa en el conflicto de Ucrania, a pesar de los indicios en sentido contrario que aumentan día a día. El mensaje queda claro: si te atreves a denunciar, habrá represalias severas,” declaró Sergei Nikitin, director de la Oficina de Moscú de Amnistía Internacional.

La ONG Madres de Soldados Rusos llevará la decisión del gobierno ruso a los tribunales.

Ella Polyakova recalca que la ONG no recibe financiación extranjera alguna, característica necesaria, según la ley, para calificar a una ONG de ‘agente extranjero’. La otra característica requerida es su participación en actividades políticas. Según el gobierno ruso, las actividades políticas de la ONG son “la celebración de reuniones públicas” e “influir en la opinión pública”.

Otra ONG, el Instituto para el Desarrollo y la Libertad de Información, también conocida por su postura independiente y sus pronunciamientos críticos, se añadió al “registro de agentes extranjeros” ese mismo día.

La llamada ley “ley de agentes extranjeros” de la Federación Rusa fue aprobada en junio de 2012 y entró en vigor en noviembre de ese mismo año. Se introdujeron enmiendas en los primeros meses del año en curso que facultaban al Ministerio de Justicia para inscribir legalmente a ONG  como ‘agentes extranjeros’ sin su consentimiento, y sin tener que pasar por dilatadas audiencias en los tribunales como había sido el caso hasta hace poco.

Desde que fue promulgada esta ley, cientos de ONG rusas han sido objeto de ‘inspecciones’ sin aviso previo por parte de las autoridades. Varias de ellas han recibido multas cuantiosas por haberse negado a ser calificadas de ‘agentes extranjeros’ y algunas han sido obligadas a cerrar. En menos de tres meses, doce ONG independientes ya han sido inscritas en el registro contra de su voluntad.


El activista Mohamed Bachir Arab se encuentra desaparecido desde el 2 de noviembre de 2011 © Privado

Continúan las desapariciones forzadas en Siria más de medio año después de que la ONU exigiera poner fin a esta práctica atroz en el país, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada el 30 de agosto. 

“En Siria son habituales los casos de personas arrastradas al abismo de la detención secreta, lo que constituye un claro indicio de que las autoridades utilizan sistemáticamente la desaparición forzada para reprimir la disidencia”, ha señalado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“A pesar de la aprobación, en febrero, de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pedía el fin de las desapariciones forzadas y otros abusos contra los derechos humanos, innumerables personas consideradas detractores del gobierno sirio –entre ellas activistas, periodistas y profesionales de la salud y del derecho– son aprehendidas de manera habitual en la calle o sacadas de sus casas sólo para hacerlas desaparecer prácticamente en un agujero negro.”

Las personas desaparecidas son recluidas en régimen de incomunicación y en secreto en centros de detención de toda Siria. Muchas soportan condiciones inhumanas y, al estar sustraídas de la protección de ley, son sometidas a tortura u otros malos tratos. A un número indeterminado de personas las han matado estando detenidas en secreto.

En febrero, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se comprometieron a responder con “nuevas medidas en caso de incumplimiento de la resolución”. Sin embargo, seis meses después, el gobierno sirio continúa con su campaña implacable de intimidación de la disidencia. 

“Es evidente que la promesa de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de tomar medidas contra quienes incumplan de manera flagrante las condiciones de la resolución sobre Siria no se ha hecho realidad –ha añadido Philip Luther–.  Ello ha dado, de hecho, rienda suelta al gobierno sirio para continuar impunemente con su campaña implacable de desapariciones forzadas.”

En la resolución se pedía también el levantamiento de los sitios impuestos en muchas zonas y el acceso humanitario a ellas, así como el fin de las detenciones arbitrarias y la tortura por parte de las fuerzas del gobierno y los grupos armados. Se especifica en ella que todas las personas detenidas arbitrariamente, entre las que hay numerosos presos de conciencia, deben ser puestas en libertad de inmediato.  

La situación en España

En España, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados. De los más de 114.000 crímenes presentados ante la Justicia, la mayoría son desapariciones forzadas.Tras su visita al país en octubre de 2013, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas elaboró un informe con recomendaciones, entre las que se encontraban algunas de las que Amnistía Internacional había realizado. Entre otras, el grupo de expertos ha recordado al Ejecutivo español que “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.

Por otro lado, en el contexto de la “guerra contra” el terror Amnistía Internacional tiene constancia de un español desaparecido, Mustafa Setmariam Nasar, detenido por agentes pakistaníes el 1 de noviembre 2005 en Quetta, en la frontera de Pakistán con Afganistán, un año después de que su nombre apareciera entre las listas de los "terroristas más buscados" del FBI y de que el Departamento de Estado estadounidense ofreciera, a través de su "Programa de Recompensas para la Justicia", cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Desde su detención, la familia de Setmarian, de doble nacionalidad siria y española, no ha vuelto a saber nada de su paradero. 

Otros países

Las desapariciones forzadas siguen siendo una realidad en un gran número de países como México, donde hay decenas de miles de personas desaparecidas. Aunque se cree que la mayoría han sido víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, también se han reportado muchas desapariciones forzadas por la policía y los militares, que a veces actúan en connivencia con las bandas criminales. Una de ellas es el caso de Héctor Rengel, que desapareció junto con otras dos personas en noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, después de que la policía municipal les parara. Su familia, que desconoce su paradero desde entonces, ha sufrido acoso e intimidación.

También el gobierno de la República Dominicana debe investigar urgentemente la desaparición de tres personas, presuntamente a manos de la policía, en los últimos cinco años, llevar a la justicia a los responsables, y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a esta práctica. Randy Vizcaíno González, Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera desaparecieron entre 2009 y 2013, tras haber sido detenidos por la policía nacional. Nunca más se ha sabido de ellos.

En otros países como en Pakistán, Kosovo, la Federación Rusa o Colombia, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha alertado además de que actualmente existen más de 43.000 casos de personas desaparecidas, la mayoría de décadas pasadas, que permanecen abiertos por diversas razones, en especial porque sus familiares no cuentan con los apoyos necesarios para averiguar qué sucedió con sus seres queridos. El Grupo de Naciones Unidas ha documentado casos recientes en los últimos meses de países como Bahréin, Camboya, China, República Dominicana, Egipto, Indonesia, Pakistán, Siria, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Amnistía Internacional ha puesto en marcha, a través de su centro de activismo, una ciberacción para exigir el fin de las desapariciones forzadas en Siria.


Participante en manifestación contra los recortes en sanidad. © Juan C. Hidalgo/ EFE

Cuando se cumplen dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL), Amnistía Internacional, Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge denuncian que el Estado español ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del RDL y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Incluso antes de la entrada en vigor del RDL, ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, en junio de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó la reforma sanitaria como un “hecho lamentable” y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas.

En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales.

Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte.

A pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, sus insistentes llamadas y expresiones de preocupación y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, el Gobierno español no las ha tenido en cuenta. Por el contrario, las autoridades han seguido implementando la reforma sanitaria y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, que regula el procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

Las organizaciones, que suscriben este comunicado, alertan de que el importe económico que se establece para suscribir el convenio, podría suponer una barrera al acceso a la atención sanitaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud. Estos convenios obligan a un pago a veces superior a los de un seguro privado por una prestación sanitaria muy limitada, que no incluye el acceso a especialistas y obliga al paciente a costearse el cien por cien de la medicación.

Falta de evaluación del impacto en derechos humanos

En estos dos años, el Ministerio de Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas. En este tiempo no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria en personas migrantes en situación administrativa irregular, ni en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Tampoco ha explicado las posibles irregularidades en la aplicación del RDL, como puedan ser la facturación de la atención médica de urgencias, tal y como han denunciado organizaciones médicas y Amnistía Internacional.

El acceso a la medicación es otro de los puntos de especial preocupación de Médicos del Mundo, ya que el incremento del copago farmacéutico por una parte, y el hecho de que las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud tengan que abonar el cien por cien de la medicación por otra, está afectando a la continuidad de los tratamientos en las personas en situación más vulnerable, lo que puede tener serias repercusiones en su salud, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves. Además, podría suponer un incremento del gasto sanitario cuando estas personas requieran de atención sanitaria de más complejidad debido a la evolución de la enfermedad (urgencias, hospitalizaciones etc) no debidamente atendida.

Las organizaciones valoran positivamente el discurso que España mantiene en foros internacionales de compromiso con los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Por ello y a través de una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las organizaciones le piden al Gobierno que, de forma coherente con dicho posicionamiento, cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas, reformando el Real Decreto Ley, asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.

Información de contexto

El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL). Con este RDL, España ha incurrido en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud que podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por tratarse de una medida regresiva y discriminatoria.

Las personas sin tarjeta sanitaria sólo serán atendidas en los siguientes casos: urgencias, supuestos de embarazo, parto y posparto, menores, solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión. Sin embargo, personas con enfermedades crónicas como el cáncer o diabetes no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita.

Un caso que puede ser ilustrativo del impacto negativo de la reforma sanitaria es el de Alpha Pam, ciudadano senegalés de 28 años sin tarjeta sanitaria, que falleció de tuberculosis el 21 de abril de 2013, a pesar de que el tratamiento gratuito de su enfermedad se encontraba contemplado en los criterios generales sobre asistencia sanitaria a personas migrantes de las Islas Baleares. A Alpha Pam le diagnosticaron bronquitis en el Hospital de Inca, sin efectuarle una radiografía ni decidir su ingreso. Según información recibida por las organizaciones, el centro de salud se negó a realizarle pruebas diagnósticas hasta en tres ocasiones e incluso le advirtieron de que, por su condición de inmigrante, tenía que pagar la visita. Ante lo ocurrido, la Consejería de Salud elaboró una “investigación reservada” en cuyas conclusiones se ordena la destitución del gerente del Hospital de Inca y la apertura de tres expedientes disciplinarios. El informe reconoció errores administrativos en la gestión de la atención sanitaria de Alpha Pam.

Este comunicado lo suscriben: Amnistía Internacional, Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge.


El video parece mostrar una ejecución organizada por un grupo armado © © YouTube/Libyan Proud

El impactante vídeo de un homicidio llevado a cabo a modo de ejecución en un estadio de fútbol del este de Libia por un grupo armado pone de relieve la falta de medidas de las autoridades para impedir que varias partes del país queden sumidas en un estado de violencia y caos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Un vídeo de aficionados publicado en las redes sociales muestra la supuesta ejecución de un egipcio a manos, al parecer, de un grupo armado llamado Consejo de la Shura de la Juventud Islámica en la ciudad meridional de Derna.

“Este homicidio ilegítimo hace realidad los peores temores de la población libia, que en algunas partes del país está atrapada entre implacables grupos armados y un Estado fallido”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Tales actos no pueden más que provocar nuevos abusos contra los derechos humanos en Derna, cuyos habitantes no pueden recurrir a instituciones estatales y no tienen, por tanto, medio de pedir justicia o protección efectiva frente a los abusos.

“Las autoridades libias deben abordar con urgencia, con el apoyo de la comunidad internacional, la falta de orden público persistente en Derna y otras partes del país desde el fin del gobierno del coronel Gadafi.”

El vídeo publicado en Internet muestra a la víctima egipcia, Mohamed Ahmed Mohamed, llevada en camioneta al campo de fútbol con los ojos vendados. Unos enmascarados, armados con fusiles, lo obligan entonces a ponerse de rodillas en una camilla.

En una declaración leída antes del homicidio, se lo acusa de haber matado a puñaladas a un libio, Khalid al-Dirsi. Se afirma que admitió el asesinato y el robo al ser interrogado por el Comité Legítimo de Resolución de Disputas, órgano sujeto aparentemente a la autoridad del Consejo de la Shura de la Juventud Islámica.

Se explica que el Comité ha determinado que sea “ejecutado” si no lo perdona la familia de la víctima. Por el vídeo, parece que la familia se niega.

A continuación se ve entregar una pistola a un hombre enmascarado y vestido de civil, que se cree que es hermano de Khalid al-Dirsi, que dispara entonces a Mohamed Ahmed Mohamed por detrás, posiblemente en la cabeza o el cuello.

Amnistía Internacional ha examinado también unas fotografías del incidente publicadas en las redes sociales y que muestran a una gran multitud viendo el homicidio desde las gradas del estadio.

La organización ha confirmado con fuentes de Derna que el homicidio tuvo lugar el 19 de agosto a las afueras de la ciudad.
“Ha sido un acto ilegítimo de venganza brutal”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las autoridades libias deben hacer cuanto esté en su mano para restablecer las instituciones públicas y el Estado de derecho en Derna y otras partes del país.” El Estado no ha reafirmado su control sobre Derna desde el final del conflicto de Libia de 2011.

No hay presencia policial ni militar allí desde entonces, y el Tribunal de Apelaciones de Derna está suspendido desde junio de 2013, como consecuencia del asesinato de un alto magistrado en medio de reiteradas amenazas de grupos armados contra jueces.

Los miembros de la judicatura se niegan a ir a trabajar mientras el Estado no garantice la protección y seguridad necesarias, algo que deja continuamente de hacer.

El vacío existente en materia de seguridad ha sido aprovechado por varios grupos armados, como Ansar al-Sharia, que controlan en la práctica la ciudad.

En los dos últimos años han sido víctimas de homicidio selectivo en Derna mandos de la fuerzas de seguridad, políticos, figuras religiosas y jueces. Estos delitos tienen aún que investigarse exhaustivamente.

Numerosos grupos armados islamistas que actúan en la ciudad parecen haber aprovechado la falta de Estado de derecho para reafirmar su control, con objeto, aparentemente, de imponer su interpretación de la ley islámica, o sharia.

Los homicidios perpetrados a modo de ejecución, como el grabado en el vídeo, contravienen los principios fundamentales de humanidad proclamados en el derecho internacional humanitario.

Nota para los medios de comunicación

Se ha colgado en YouTube un videoclip del homicidio de Mohamed Ahmed Mohamed (téngase en cuenta que las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas): https://www.youtube.com/watch?v=fpMGnX-AVz8&feature=youtu.be


Ambulancia atacada en Shuja’ya el 21 de julio. El médico que iba dentro murió en el ataque. © Privado

“El 25 de julio nos encargaron a mi colega Mohammad Al-Abadlah y a mí ir a por un hombre herido a Qarara…. Comunicábamos todo el tiempo con la Cruz Roja, como hacemos siempre que entramos en zonas bajo control militar israelí. En determinado momento, informamos que la carretera estaba bloqueada con cables eléctricos y no podíamos pasar. Cruz Roja se puso en contacto con los israelíes, a los que informó de nuestra situación. Nos respondieron que el ejército decía que saliéramos del vehículo y fuéramos a pie. Salimos, anduvimos unos 10 o 12 metros y, de pronto, dispararon directamente contra nosotros. Mi colega gritó: “Me han dado”. Los disparos continuaban por todas partes, así que no podía sacarlo de allí. Conseguí llegar a la ambulancia y llamé a la base. Enviaron dos ambulancias para intentar salvar a nuestro colega, pero dispararon también contra ellos. Conseguimos traerlo, pero por desgracia, murió”.
Este es parte del relato que Hassan Al-Attal, personal sanitario, contó a Amnistía Internacional, tras el ataque que él y Mohammad Al-Abadlah sufrieron por parte del ejército israelí cuando intentaban rescatar a un hombre herido el pasado 25 de julio.

Desde que comenzó la operación “Margen Protector” el pasado 8 de julio, Israel ha atacado ambulancias, personal sanitario y centros médicos en toda la Franja de Gaza. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, hasta el 2 de agosto, al menos cinco hospitales y 34 centros médicos habían tenido que cerrar por haber sufrido daños o como consecuencia de las hostilidades en sus inmediaciones. Además, al menos 15 miembros de los servicios médicos y de urgencias han muerto cumpliendo su deber y decenas más han resultado heridos.

En toda la Franja de Gaza los hospitales carecen del combustible y la electricidad necesarios, no reciben suministro suficiente de agua y tienen escasez de equipo médico y medicamentos esenciales, problemas debidos a los siete años de bloqueo israelí y que eran ya graves antes de las actuales hostilidades. Decenas de personas heridas de gravedad pueden morir si no son trasladados con urgencia a hospitales fuera de Gaza.

Roto el alto el fuego, Amnistía Internacional se dirige al Primer Ministro Israelí,  Benjamin Netanyahu para que cumpla con el derecho internacional humanitario y proteja los hospitales, el personal médico y los pacientes. Hasta el momento 18.000 personas han apoyado esta acción.

A través de esta ciberacción, Amnistía Internacional pide también a Netanyahu que:

  • Garantice que los centros médicos, ambulancias y personal médico y de urgencias están protegidos durante las hostilidades, que reconozca de antemano la condición de civiles a todo el personal y centros médicos.
  • Garantice el acceso seguro de las ambulancias y el personal médico y de urgencias a todas las zonas de la Franja de Gaza para facilitar el traslado de las personas heridas y muertas.
  • Facilite el traslado urgente de las personas enfermas o heridas de gravedad a hospitales de fuera de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento especializado indispensable.

Además, desde el comienzo de las hostilidades, Amnistía Internacional ha puesto en marcha otras acciones internacionales en las que ha pedido, entre otros, al Gobierno de España y al de Estados Unidos que paralicen el envió de armas a Israel. Sólo en España, más de 160.000 personas han apoyado las acciones que la organización ha puesto en marcha sobre la situación en Gaza.

/// FIN


Decenas de niños han sido reclutados para luchar por las milicias pro-gubernamentales y los grupos armados de oposición en Malí © AFP / Getty Images

Menores acusados de pertenencia a grupos armados en el conflicto de Malí languidecen en cárceles para adultos mientras que los abusos contra los derechos humanos continúan, afirmó Amnistía Internacional en un breve informe publicado hoy.

El informe Malí: Todas las partes en el conflicto deben poner fin a las continuas violaciones de derechos humanos reúne las conclusiones de una visita de investigación para examinar la situación de los derechos humanos en el país.

“Los menores han sufrido durante todo el conflicto. Se ha reclutado como niños y niñas soldados a menores con apenas 16 años, y los que están acusados de pertenencia a grupos armados están siendo recluidos junto con adultos, sin acceso a sus familiares ni asistencia letrada”, afirmó Gaëtan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

El informe pone de relieve los nuevos casos de menores detenidos y acusados de pertenencia a grupos armados y de posesión ilícita de armas de fuego y munición entre mediados de 2013 y 2014. En la actualidad, los menores permanecen recluidos junto con adultos, lo cual infringe las obligaciones internacionales de Malí en materia de derechos humanos, así como el memorando de entendimiento entre el gobierno maliense y las Naciones Unidas.

Desde el estallido del conflicto en enero de 2012, tanto las milicias progubernamentales como los grupos armados de oposición han reclutado a decenas de niños y niñas como combatientes. Las autoridades malienses han detenido a varios de ellos por presunta pertenencia a grupos armados y, actualmente, los mantienen bajo custodia tanto en la prisión civil de Bamako como en el campamento I de la gendarmería de esta misma ciudad. Los menores detenidos no reciben visitas de abogados ni de familiares, lo cual se debe, en parte, a que se encuentran recluidos lejos de sus domicilios.

El documento, que contiene las conclusiones de la visita de investigación que Amnistía Internacional llevó a cabo en Malí en junio de 2014, también ha sacado a la luz indicios de muertes bajo custodia y de los continuos actos violentos perpetrados contra la población civil por los grupos armados.

Amnistía Internacional investigó los enfrentamientos ocurridos en mayo del 2014 en Kidal, en el norte de Malí, y documentó la inseguridad reinante y los ataques continuos contra civiles por parte de grupos armados de oposición como el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (Mouvement national de libération de l’Azawad, MNLA), el Alto Consejo para la Unidad de Azawad (Haut conseil pour l’unité de l’Azawad, HCUA) y el Movimiento Árabe de Azawad (Mouvement arabe de l’Azawad, MAA).

La ciudad permanece bajo el control efectivo de los grupos armados de oposición desde que estalló el conflicto. La administración pública aún no ha reanudado su actividad, las escuelas permanecen cerradas y los órganos judiciales siguen fuera de servicio.

La delegación de Amnistía Internacional ha confirmado con varias fuentes, incluidos varios testigos presenciales, los homicidios intencionales perpetrados en la sede de gobernación de Kidal por miembros de grupos armados que, el 17 de mayo, allanaron el edificio y mataron intencionadamente a ocho civiles, incluidos seis representantes gubernamentales.

Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales y efectivas de todas las denuncias de delitos de derecho internacional, y que se ponga a los presuntos autores a disposición de la justicia en juicios con las debidas garantías.

“Ya es hora de que las autoridades malienses pongan fin a las continuas violaciones de derechos humanos. Los grupos armados de oposición que controlan el norte del país deben interrumpir inmediatamente los secuestros y los homicidios intencionales de civiles, así como la toma de rehenes”, afirmó Gaëtan Mootoo.

“Se debe transferir a los menores que se encuentran recluidos en cárceles para adultos a organismos gubernamentales o a organizaciones que les garanticen la protección especial que exige el derecho internacional.”


Olas de humo después de un ataque militar israelí contra la ciudad de Gaza el 19 de agosto © AFP / Getty Images

“Las autoridades israelíes parecen jugar a la burocracia con nosotros en lo que se refiere al acceso a Gaza, al condicionarlo a criterios nada razonables aun cuando el número de víctimas mortales en la región aumenta”, ha afirmado Anne FitzGerald, directora del Programa de Investigación y Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

Israel debe permitir con carácter inmediato el acceso a Gaza de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de derechos humanos para que puedan investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto, han afirmado hoy miércoles Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

“El derecho de las víctimas y de la opinión pública a saber lo ocurrido durante las hostilidades exige que las autoridades israelíes garanticen una total transparencia acerca de sus acciones y que se abstengan de dificultar la investigación independiente e imparcial de todas las violaciones denunciadas.”

Desde el comienzo de la operación militar israelí en Gaza llamada “Margen Protector”, el 8 de julio de 2014, las autoridades israelíes han rechazado las reiteradas solicitudes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch para entrar en Gaza por el paso fronterizo de Erez, controlado por Israel. Los dos grupos también han solicitado el acceso a las autoridades egipcias, que hasta la fecha no lo han autorizado.

“Se han perdido ya un tiempo precioso y es fundamental que las organizaciones de derechos humanos puedan entrar en la Franja de Gaza para iniciar el vital trabajo de verificar las denuncias de crímenes de guerra”

Si Israel está convencido de su afirmación de que Hamás es responsable de la muerte de civiles en Gaza, ¿por qué impide que las organizaciones de derechos humanos lleven a cabo investigaciones in situ”, ha manifestado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Los argumentos de una parte en el conflicto no determinan si los ataques violaron las leyes de la guerra, pero las investigaciones sobre el terreno sí podrían hacerlo.”

Desde el 7 de julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha solicitado en tres ocasiones a la Administración Civil de Israel, que actúa bajo la autoridad del Ministerio de Defensa de Israel, que se autorice su entrada en Gaza por el paso fronterizo de Erez. En cada caso, la Administración Civil afirmó que no podía tramitar las solicitudes, y que el paso fronterizo de Erez estaba cerrado. Periodistas, personal de la ONU, personal de ayuda humanitaria y otras personas con permisos han podido entrar y salir por Erez durante este periodo.

Amnistía Internacional solicitó la asistencia en este asunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y varios gobiernos de terceros países han planteado la cuestión a sus homólogos israelíes en nombre de Amnistía Internacional, pero ninguna de estas iniciativas ha tenido éxito.

Human Rights Watch ha recibido respuestas similares de la Administración Civil a su solicitud de permiso para entrar en Gaza desde la reciente intensificación de las hostilidades. Las autoridades israelíes del paso fronterizo de Erez también dijeron que Human Rights Watch no tenía derecho a recibir permisos para entrar en Gaza porque no era una organización registrada. Sin embargo, las autoridades israelíes reconocieron que disponían de facultades discrecionales para hacer una excepción. El 17 de agosto, Human Rights Watch pidió que se hiciera esa excepción lo antes posible. Hasta el año 2006, las autoridades israelíes permitieron en repetidas ocasiones el acceso de Human Rights Watch a Gaza sin exigir que el grupo estuviera registrado o pidiera una excepción especial.

Durante las recientes hostilidades, las fuerzas israelíes han bombardeado de forma intensiva la Franja de Gaza desde el aire, la tierra y el mar, y estos bombardeos han afectado gravemente a la población civil que vive en el territorio. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, han perdido la vida 1.976 palestinos, 1.417 de ellos civiles, de los que 459 eran menores de edad y 239 mujeres. Miles de restos de material bélico sin explotar están dispersos por todo el territorio de la Franja de Gaza. Cientos de miles de personas se han visto desplazadas. Han muerto 67 israelíes, de ellos tres civiles.

Los grupos armados palestinos han disparado de forma indiscriminada miles de cohetes hacia núcleos de población israelíes; según los informes, han almacenado cohetes en edificios escolares vacíos; y presuntamente no han tomado todas las precauciones posibles para impedir que la población civil sufra daños, lo cual viola el derecho internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch tienen algunos miembros del personal sobre el terreno en Gaza, pero no han podido verificar muchos informes de violaciones al haber negado las autoridades israelíes el acceso de investigadores.

El gobierno israelí debe permitir la verificación independiente de todas las denuncias de crímenes de guerra y otras violaciones y que las víctimas obtengan justicia. La observación activa de la situación de los derechos humanos sobre el terreno puede ayudar a prevenir que se cometan nuevos abusos, por todas las partes. Impedir el acceso de las organizaciones internacionales de derechos humanos sugiere desprecio por el derecho a buscar, recibir y difundir información.

Las autoridades israelíes permitieron por última vez el acceso de Human Rights Watch a Gaza por el paso fronterizo de Erez en 2006, y el de Amnistía Internacional en junio de 2012.

Desde esas fechas, se ha dicho en repetidas ocasiones a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que sólo registra a diplomáticos y personal de la ONU, o en el Ministerio de Bienestar Social. El registro en el Ministerio de Bienestar Social es una opción para las organizaciones humanitarias y de desarrollo que tienen oficinas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, pero es prácticamente imposible que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, como organizaciones internacionales de derechos humanos, cumplan las condiciones exigidas para el registro.

Información complementaria

La última vez que se concedió permiso a Amnistía Internacional para entrar en Gaza por el paso fronterizo de Erez fue en junio de 2012, cuando una delegación visitó Gaza para realizar investigación sobre el terreno. Antes de esa fecha, investigadores de Amnistía Internacional recibieron permisos para entrar por el paso fronterizo de Erez en muchas ocasiones a lo largo de los años, aunque a veces con una considerable demora. Durante la operación militar israelí “Plomo Fundido”, en 2008/2009, delegados de Amnistía Internacional solicitaron permisos a las autoridades israelíes, pero (al igual que otras organizaciones que lo solicitaron en esas fechas) no recibieron los permisos durante el conflicto, y entraron finalmente en Gaza por el paso fronterizo de Rafá en los últimos días de las hostilidades.

Amnistía Internacional no disponía de permisos para entrar en Gaza por Erez cuando Israel lanzó la operación “Pilar de la Defensa” en noviembre de 2012, y presentó solicitudes para varios miembros de una delegación al Departamento de Organizaciones Internacionales y Relaciones Exteriores de la Administración de Coordinación y Enlace en Erez poco después de comenzar las hostilidades. A pesar de las intensas gestiones telefónicas de seguimiento ante la Administración de Coordinación y Enlace, la delegación de Amnistía Internacional no recibió los permisos y finalmente entró en Gaza por el paso fronterizo de Rafá el 21 de noviembre de 2012. El 6 de diciembre de 2012, Amnistía Internacional recibió un correo electrónico que decía que la Administración de Coordinación y Enlace permite y coordina el acceso “de organismos registrados en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí (principalmente agencias de la ONU, CICR, Unión Europea y misiones diplomáticas) o en el Ministerio de Asuntos Sociales israelí (ONG internacionales)”.