Amnistía Internacional España

Refugiados en Lesbos, Grecia// Giorgos Moutafid for AMNESTY INTERNATIONAL Madrid.- Cuando faltan cuatro meses para que se acabe el plazo previsto por la Unión Europea, Amnistía Internacional exige una vez más a España que cumpla con los compromisos en materia de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas. La organización ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la que le recuerda que, si seguimos al ritmo actual, se tardarían más de 22 años en conseguirlo, puesto que  solo han llegado 1.304 personas de las 17.337 previstas.
“Solo quedan cuatro meses para que la Unión Europea muestre su falta de compromiso real con las personas refugiadas. A pesar de la grave crisis existente, desde septiembre de 2015 solo han llegado a Europa 18.418 personas refugiadas por medio de la reubicación desde Grecia e Italia, y 16.163 por reasentamiento, desde países como Jordania, Líbano o Turquía”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “En los últimos meses España ha dado pasos positivos, acelerando algunas llegadas, pero todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos”, añade, tal y como también advirtió en su último informe la Comisión Europea (CE).
En este informe, la CE es todavía más contundente con Estados miembros como Hungría, Austria o Polonia, que no han reubicado a ninguna persona refugiada, contraviniendo sus obligaciones internacionales. Por ello, la CE alerta de que podría empezar a imponer procedimientos de infracción contra los países que no respeten los compromisos adquiridos.
La Comisión valora que países como España que durante un tiempo fueron muy poco activos, ahora mismo están reubicando a algunas personas. “Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer y cada día que pasa es importante para quienes huyen de la guerra y la persecución”, ha señalado el director de AI. Asimismo la CE ha dado la bienvenida a la decisión de algunos Estados miembros, como España, de dar prioridad a la acogida de personas vulnerables.
Menores no acompañados Durante 2016 han llegado a las costas italianas casi 26.000 menores no acompañados, y en lo que va de 2017, otros 5.000 más. De éstos más de 4,600 son de nacionalidad siria, eritrea, iraquí y yemení, nacionalidades todas ellas que cumplen los requisitos para ser reubicados. En este sentido, cabe destacar iniciativas como la de Alemania que se está mostrando más flexible que otros países europeos en relación con el concepto de familia. Amnistía Internacional ha recordado a las autoridades españolas que debe establecer plazas para la reubicación de estas personas, respetando el principio del interés superior del menor. Además, Amnistía Internacional resalta en su carta a la vicepresidencia de Gobierno que, a pesar de que como consecuencia del acuerdo entre Turquía y la UE apenas están llegando personas refugiadas por la llamada ruta del Egeo, aún quedan más de 62.000 personas solo en Grecia, de las cuales 12.400 personas están esperando ser reubicadas en otros países europeos. Asimismo, de las 8.300 personas que han sido registradas e identificadas en Italia, 5.711 han sido ya reubicadas.En cuanto a reasentamiento, hasta la fecha han sido trasladadas un total de 16.163 personas desde países como Jordania, Turquía y Líbano a 21 países europeos, entre los que se encuentra España. La Comisión señala que de esta manera se han completado las dos terceras partes de las 22.504 personas comprometidas. Por su parte, España ha reasentado a 418 de las 1449 personas refugiadas comprometidas.  
Más informaciónEn su carta a la vicepresidencia del Gobierno, Amnistía Internacional insta a:
Aumentar las plazas disponibles para reubicación que el gobierno español pone a disposición de la CE, así como cumplir con el plazo de diez días hábiles para tramitar la solicitud presentada y dar respuesta a la misma de acuerdo a lo establecido en los protocolos de reubicación;Priorizar con prontitud plazas para reubicar a menores no acompañados, con pleno respeto siempre del principio del interés superior del menor;Seguir reubicando a las personas más vulnerables sin priorizar otros criterios como es la religión o la nacionalidad tal y como desgraciadamente sí están haciendo otros países;
Cumplir con las cuotas de reasentamiento comprometidas desde países como Jordania, Líbano o Turquía, un proceso que está siendo más fluido que la reubicación.
Amnistía Internacional entrega esta mañana en Moncloa más de 52.000 firmas en las que se pide al Gobierno español que cumpla el compromiso adquirido con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas refugiadas antes de septiembre de 2017, garantizando unas condiciones de acogida dignas para todas ellas.


Las autoridades israelíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a Ahmed Qatamesh, intelectual, escritor y analista político palestino de 67 años que ha sido detenido arbitrariamente mediante una orden de detención administrativa de tres meses. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.Ahmed Qatamesh fue detenido durante una operación lanzada contra su casa antes del amanecer el 14 de mayo de 2017. Tres días después, un mando militar firmó una orden administrativa para mantenerlo detenido durante tres meses, a pesar de que no se le ha acusado de ningún delito. Está previsto que un tribunal militar israelí confirme la detención en breve. En virtud de la política israelí sobre detención administrativa, es habitual la detención indefinida de palestinos por motivos de seguridad, sin cargos ni juicio, utilizando órdenes de detención renovables de hasta seis meses.“Una vez más, parece que Ahmed Qatamesh va a ser sometido a la implacable política israelí de la detención administrativa. Amnistía Internacional cree que ha sido detenido únicamente a causa de sus actividades y escritos políticos no violentos, y para disuadir del activismo a otros palestinos. La confirmación ahora de la orden de detención administrativa contra él supondría una violación flagrante de su derecho a la libertad de expresión”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Ahmed Qatamesh no debe pasar un minuto más entre rejas, no digamos ya permanecer detenido sin cargos ni juicio durante tres meses. Es preso de conciencia y debe ser excarcelado de inmediato y sin condiciones.”“Durante décadas, Israel ha utilizado su cruel política de detención administrativa para pisotear los derechos de los detenidos palestinos. En lugar de detener indefinidamente a palestinos sin cargos ni juicio, Israel debería poner fin a su uso de la detención administrativa, que provoca un enorme sufrimiento emocional a los detenidos y sus familias, y los deja en un estado de incertidumbre permanente.”No es la primera vez que Ahmed Qatamesh es preso de conciencia. En total, ha pasado más de ocho años en detención administrativa bajo custodia de las autoridades israelíes. Fue puesto en libertad de su última detención administrativa en diciembre de 2013.Según su familia, en 2016 había sido citado a interrogatorio en dos ocasiones por las autoridades de inteligencia militar israelíes. Le advirtieron de que dejara de escribir y hablar, o podría “meterse en problemas”. Las dos veces se negó a acudir: dijo al servicio de inteligencia militar que es un escritor e intelectual, y que diría y escribiría lo que quisiera.De los más de 6.500 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, más de 500 permanecen bajo detención administrativa sin cargos ni juicio. El final de la práctica israelí de la detención administrativa es una de las demandas de la huelga de hambre que están llevando a cabo centenares de presos palestinos recluidos por las autoridades israelíes.Ahmad Qatamesh, comentarista político y catedrático de universidad, ha criticado abiertamente a las autoridades tanto israelíes como palestinas, y también el acuerdo de Oslo: un acuerdo provisional que entregó a las autoridades palestinas el control parcial de algunas zonas de los Territorios Palestinos Ocupados. Ha pedido un cambio fundamental en el panorama político y en la estrategia de los palestinos, y que se ponga fin a las divisiones entre Hamás y las autoridades palestinas; además, ha subrayado el descontento de la población palestina con sus dirigentes. Sus escritos han analizado diversas propuestas de sistemas alternativos de gobernanza entre palestinos e israelíes. Ahmad Qatamesh ha participado asimismo con frecuencia en programas de radio y televisión. Muy recientemente, se pronunció enérgicamente en favor de la huelga masiva de hambre emprendida por presos palestinos y en favor de la necesidad de que se preste apoyo político a los derechos de la población palestina.En una reunión mantenida con su abogado el 21 de mayo en la prisión de Ofer, Ahmed Qatamesh dijo que, desde su detención, no le habían interrogado. También anunció que había dejado de tomar su medicación en la cárcel en protesta por su detención y reclusión arbitrarias. Su familia está sumamente preocupada por su salud. Su esposa, Suha Barghouti, dijo a Amnistía Internacional que el duro trato y la desatención médica que ha sufrido en prisión le han dañado el oído interno, y le han afectado al equilibrio.Según Suha Barghouti, desde que fue excarcelado en 2013, su esposo también ha sufrido problemas tales como desmayos y lagunas mentales. “En los últimos meses ha mejorado, pero me preocupa muchísimo lo que esta nueva detención puede hacerle. Ya no es tan joven ni fuerte como antes”, ha declarado.Algunos testigos han descrito a Amnistía Internacional la operación nocturna que dio lugar a la detención de Ahmed Qatamesh el 14 de mayo. Hacia las cuatro de la madrugada, entre 40 y 50 soldados israelíes en al menos siete todoterrenos militares y un vehículo blindado llegaron al barrio de Al Bireh, en Ramala, donde vivía anteriormente Ahmed Qatamesh. Según los testigos, los soldados echaron abajo la puerta delantera de su antigua casa, sólo para encontrarla vacía. Luego echaron abajo las puertas de los vecinos, antes de trasladarse a los domicilios familiares de los hermanos de Ahmed Qatamesh.Hacia las cuatro y media de la madrugada, los soldados irrumpieron en las casas de dos de sus hermanos, y despertaron a las dos familias. Al no encontrar tampoco allí a Ahmed Qatamesh, obligaron a su hermano Khaled a indicarles dónde se encontraba su domicilio actual, allí cerca. Según el relato de Khaled Qatamesh, los soldados lo obligaron a caminar delante de ellos y a llamar a la puerta, utilizándolo “como una especie de escudo”. Khaled trató de calmar a los soldados, explicando que su hermano es mayor y duro de oído, y que no había ninguna necesidad de actuar con violencia o echar abajo la puerta. Finalmente, Ahmed Qatamesh se despertó y abrió la puerta. Los soldados le dijeron que se vistiera y se lo llevaron en el vehículo blindado. No registraron la casa, ni se llevaron ningún material, según el hermano de Ahmed Qatamesh.“Algunos de mis primeros recuerdos de cuando tenía siete u ocho años son de soldados israelíes irrumpiendo en nuestra casa en plena noche, asustándonos a todos y tratando de hacernos vivir con miedo”, dijo Khaled Qatamesh. “Y aquí estoy, con 54 años y enfrentándome aún a las mismas tácticas. Ahora son mis hijos los que adquieren esos terribles recuerdos. Aterrorizan a toda la familia.”


En respuesta a los informes de que las autoridades de Hamás en la Franja de Gaza ejecutarán mañana a tres hombres acusados de matar al alto mando de Hamás Mazen Faqha el 24 de marzo, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“Los tres hombres cuyo ahorcamiento o fusilamiento está previsto para mañana en Gaza fueron juzgados en un tribunal que desprecia por completo las normas internacionales sobre juicios justos. De llevarse a cabo, estas crueles ejecuciones constituirán una espantosa violación del derecho internacional de los derechos humanos”.“Aún no es tarde para salvar la vida de estos hombres. Instamos a las autoridades de Hamás a detener de inmediato estas ejecuciones y garantizar que los hombres son juzgados de nuevo en un juicio justo. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe utilizarse nunca, en ninguna circunstancia.”Información complementariaMazen Faqha, alto mando del brazo militar de Hamás, murió por disparos en la cabeza y el pecho a la entrada de su casa, en la ciudad de Gaza, el 24 de marzo.Hamás formó un tribunal militar que condenó a muerte a los tres hombres en virtud del Código Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que no cumple la Ley Fundamental palestina de 2003. Los tres hombres fueron condenados a muerte el 21 de mayo en un juicio que duró una semana y que sólo constó de cuatro sesiones breves.La legislación palestina dispone que el presidente debe aprobar las condenas a muerte antes de que se ejecuten. Sin embargo, desde 2010 la administración de facto de Hamás ha llevado a cabo ejecuciones sin haber recibido la aprobación del presidente.


Nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales, ha declarado hoy Amnistía Internacional, mientras México debate un proyecto de ley que permitiría a las fuerzas armadas desempeñar dichas funciones. “Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia.”
“En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas.”
Fuentes militares confirmaron oficialmente que el 3 de mayo de 2017 el ejército llevó a cabo dos operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan, una pequeña localidad del estado de Puebla, en la región central de México. Según las fuerzas armadas, durante la segunda operación hubo un tiroteo entre soldados y presuntos delincuentes que desembocó en la muerte de cinco personas, dos soldados entre ellas. Unos días después se publicaron en las redes sociales unas imágenes de video presuntamente pertenecientes a la operación en las que un soldado dispara supuestamente a una persona tendida en el suelo.
Amnistía Internacional ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas.
La organización también ha verificado que las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en Internet antes del 4 de mayo de 2017 y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas de México.
Amnistía Internacional analizó también otros videos del mismo suceso que se publicaron de forma independiente en las redes sociales y que corroboran estas imágenes.
Basándose en estos datos, Amnistía Internacional tiene razones suficientes para creer que la noche del 3 de mayo de 2017 podría haberse cometido una ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla, y pide a las autoridades una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior.
“Todos los indicios señalan que miembros del ejército mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional. Las autoridades mexicanas no deben perder más tiempo y abrir una investigación civil urgente de este incidente.”
El caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley sobre “seguridad interna” que encargará a las fuerzas armadas su participación en algunas operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la policía y que incluye conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de delitos.
Más información:
Informe Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas mexicanas (junio 2016) Informe fuera de control: tortura y malos tratos en México (septiembre 2014)


La policía bloquea una calle en los alrededores del Manchester Arena. (AP Photo/Rui Vieira) En respuesta al atentado terrorista perpetrado anoche en el Manchester Arena, Kerry Moscoguiri, directora de campañas de Amnistía Internacional Reino Unido, ha afirmado:
“Amnistía Internacional condena con la máxima contundencia este acto de cobardía que se ha cobrado la vida de tantas personas inocentes.”
“Los pensamientos de todos y todas los que formamos Amnistía están con todas las personas afectadas por este terrible ataque contra menores de edad, jóvenes, padres y madres que estaban disfrutando de una noche de concierto.”
“La respuesta a esta clase de ataque debe ser siempre más amor, como ha demostrado la población de Manchester, aunando esfuerzos para ofrecer transporte, té y alojamiento a los asistentes al concierto y a quienes buscaban a sus seres queridos.”
“La clase política y los medios de comunicación deben asegurarse de que sus palabras y actos no fomenten el odio y la división, y aprovechar toda su influencia para subrayar que es más lo que nos une que lo que nos separa.”


© Amnesty International El ejército estadounidense no ha supervisado debidamente transferencias de armas y otro material militar a Irak y Kuwait por valor de más de mil millones de dólares, según una auditoría del Departamento de Defensa que acaba de ser desclasificada que Amnistía Internacional ha obtenido en respuesta a sus solicitudes en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información.
La auditoría del gobierno, de septiembre de 2016, revela que el Departamento de Defensa “no llevó un registro preciso y actualizado de la cantidad y la situación” de ingentes cantidades de materiales transferidos a Irak y Kuwait para aprovisionar al ejército iraquí.“Esta auditoría ofrece una visión preocupante del sistema defectuoso —y potencialmente peligroso— del ejército estadounidense para controlar transferencias de armas por valor de millones de dólares a una región tremendamente inestable”, ha dicho Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas y Derechos Humanos.“Sobre todo, da que pensar en vista del largo historial de desvío de armas estadounidenses a múltiples grupos armados que cometen atrocidades en Irak, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico.”
Las transferencias militares se hicieron a través del Fondo de Adiestramiento y Pertrechos para Irak (Iraq Train and Equip Fund, ITEF), pieza fundamental de la cooperación de Estados Unidos e Irak en materia de seguridad. En 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó destinar 1.600 millones de dólares al programa para combatir el avance del autodenominado Estado Islámico.
El material transferido, que incluía decenas de miles de fusiles de asalto (por valor de 28 millones de dólares), cientos de proyectiles de mortero y cientos de vehículos blindados Humvee, iba destinado al uso del ejército iraquí en el centro del país, incluidas las Unidades de Movilización Popular, predominantemente chiíes, y las fuerzas armadas kurdas (peshmerga).En su auditoría, el Departamento de Defensa constató graves deficiencias en el registro y la supervisión del material por parte del ITEF a partir del punto de suministro, entre ellas:
Registro fragmentario del material en depósitos de armas de Irak y Kuwait Registro de la información en múltiples hojas de cálculo, bases de datos e incluso recibos escritos a mano.Introducción manual de datos sobre grandes cantidades de materiales en múltiples hojas de cálculo, lo que incrementa el riesgo de error humano.Registros incompletos, lo que significa que los responsables del material no pudieron determinar su situación o condición
Además, en la auditoría se afirmaba que el Departamento de Defensa no tenía la obligación de rastrear las transferencias del ITEF inmediatamente después de la entrega de los materiales a las autoridades iraquíes, a pesar de que el programa “Golden Sentry” (Centinela de Oro) del Departamento tiene el cometido de realizar controles posteriores a la entrega.
Una auditoría anterior del Departamento de Defensa, de 2015, señalaba unos procedimientos de supervisión de los arsenales aun más relajados por parte de las fuerzas armadas iraquíes. En algunos casos, el ejército iraquí desconocía lo que había almacenado en sus propios depósitos, mientras que en otros, material militar sin estrenar ni inventariar se acumulaba en contenedores de carga a la intemperie.
“La necesidad de realizar controles posteriores a la entrega es vital. Cualquier debilidad en la cadena de transferencia incrementa enormemente el riesgo de que se desvíen armas a alguna región donde los grupos armados causan estragos y un inmenso sufrimiento humano”, ha afirmado Patrick Wilcken.
Transferencias de armas que fomentan las atrocidadesAmnistía Internacional ha documentado continuamente en su investigación la laxitud de los controles y registros dentro de la cadena de mando iraquí. Como consecuencia de ese relajamiento, armas fabricadas en Estados Unidos y otros países han terminado en manos de grupos armados de los que se sabe que cometen crímenes de guerra y otras atrocidades, como el grupo autodenominado Estado Islámico, y de milicias paramilitares que ahora forman parte del ejército iraquí.
El ejército estadounidense ha respondido a la auditoría comprometiéndose a hacer más estrictos sus sistemas de rastreo y supervisión de las transferencias a Irak en el futuro.
Sin embargo, el Departamento de Defensa expresó compromisos casi idénticos en respuesta a un informe para el Congreso de 2007 que suscitó motivos de preocupación parecidos.
“Después de todo este tiempo y todas estas advertencias, siguen reproduciéndose los mismos problemas. Estados Unidos y todos los demás países que suministran armas a Irak deben tomárselo como un apremiante toque de atención para que refuercen urgentemente sus controles. Enviar armas por valor de millones de dólares a un agujero negro y esperar lo mejor no es una estrategia viable para combatir el terrorismo; es, sencillamente, una irresponsabilidad”, ha dicho Patrick Wilcken.
“Todo Estado que venda armas a Irak debe demostrar la aplicación de medidas estrictas para garantizar que no serán utilizadas para violar derechos. Sin estas garantías, la transferencia no debe llevarse a cabo.”
Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que acate la Ley Leahy, que prohíbe el suministro de ayuda y formación militar estadounidense en casi todas sus formas a unidades de seguridad, militares y policiales extranjeras sobre las que pesen sospechas fundadas de que han cometido “violaciones graves de derechos humanos”.
Estados Unidos e Irak deben asimismo adherirse al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que establece normas estrictas para detener las transferencias y los desvíos de armas que puedan fomentar la comisión de atrocidades.


Madrid.- El próximo 30 de mayo en una única representación en el Teatro Maravillas, María Lavalle cantará contra la violencia de género de la mano de Amnistía Internacional, organización con la que está vinculada desde hace años.En “El llanto invisible”, Lavalle hace un repaso a los autores que ha interpretado a lo largo de su carrera, como Dylan, Aute, Cohen, Krahe, Yupanqui, Zitarrosa, Chabuca Granda, entre otros, además de temas propios. Acompañan a María Lavalle sus músicos de siempre (Manuel Lavandera, Rafael Andújar, Antonio Reyes y José Luis Ferreyra) y tendrá como invitados especiales a los músicos que acompañaron a Javier Krahe (Javier López de Guereña, Andreas Prittwitz y Fernando Anguita).“890 mujeres han sido asesinas por sus parejas o ex parejas desde el 1 de enero de 2013 hasta el 21 de abril de 2017. En lo que va de año (16 de mayo de 2017), 24. Ya es hora de acabar con esta tragedia”, señala Lavalle.
Violencia contra las mujeres en EspañaUnas 556.000 mujeres afirmaban haber sufrido violencia de género en los 12 meses anteriores a la última Macroencuesta realizada en 2015. En España, sólo en 2016 se presentaron 142.893 denuncias y 43.311 solicitudes de orden de protección, de las que se concedieron 24.367.Cuando en España se está trabajando por un Pacto de Estado sobre Violencia de Género, Amnistía Internacional quiere volver a llamar la atención sobre la necesidad de evaluar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde su entrada en vigor en 2004.En estos 13 años, Amnistía Internacional ha denunciado los obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas, entre ellos, la falta de diligencia por parte de las autoridades en la investigación y persecución de crímenes de violencia de género.A Amnistía Internacional le preocupa el aumento de sobreseimientos judiciales, el descenso en las concesiones de órdenes de protección, y el aumento de las sentencias absolutorias, que se sitúan en 2016 en torno al 50 por ciento de los casos. También la organización ha denunciado la persistencia de los prejuicios discriminatorios contra las víctimas de violencia de género, que a diferencia de otras víctimas, ven cómo se pone en duda su testimonio.Amnistía Internacional también quiere destacar las ausencias de la Ley Integral: la desatención a las víctimas de otros tipos de violencia, como la violencia sexual, o la falta de garantía del derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género.Información complementariaAmnistía Internacional investiga y lucha por la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, denuncia los abusos y la falta de protección que sufren e impulsa cambios en las políticas y en las legislaciones. La recaudación íntegra de la taquilla de este espectáculo irá dirigida a apoyar este trabajo.También está disponible una fila 0 para colaborar con esta causa realizando una transferencia en la cuenta de Amnistía Internacional IBAN ES89 2085 9252 0903 3057 9531///FIN


CM, de 16 años y embarazada, en un centro de tratamiento de drogas © Richard Ross richardross.net En Estados Unidos, un conjunto de leyes que afirman promover la salud materna e infantil están apartando de hecho a mujeres embarazadas de servicios médicos esenciales, y con ello están poniendo en peligro su bienestar y están violando su derecho a la salud, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.
Criminalizing Pregnancy: Policing Pregnant Women Who Use Drugs in the USA, pone de manifiesto el impacto de las leyes que penalizan el embarazo, especialmente las que se utilizan para detener y enjuiciar a mujeres que consumen drogas, basándose en la idea de que están causando daño a sus fetos. El temor por estas leyes disuade a las mujeres embarazadas de acceder a atención médica, cuidados prenatales e incluso tratamiento para la drogadicción.
“En todo Estados Unidos, la política de mano dura contra la conducta de las mujeres embarazadas está haciendo pedazos la confianza de las pacientes en los servicios de salud, con consecuencias devastadoras. Estas leyes ponen a las mujeres embarazadas en una difícil encrucijada, al obligarlas a elegir entre arriesgar su salud o arriesgarse a ser castigadas”, ha manifestado Carrie Eisert, asesora sobre política de Amnistía Internacional y autora del informe.

La drogodependencia es una enfermedad, pero las autoridades estadounidenses la tratan como un delito
Carrie Eisert, autora del informe
“La drogodependencia es una enfermedad, pero las autoridades estadounidenses la tratan como un delito: no garantizan la disponibilidad de tratamiento para las mujeres embarazadas, y luego las castigan por continuar con su adicción. Estas leyes duras y discriminatorias aumentan el peligro del embarazo y, en el proceso, pisotean los derechos humanos.”
Una agresión constanteEl informe presta especial atención al impacto de la ley sobre “peligro químico” de Alabama, el estado que a más mujeres embarazadas ha procesado, y a la ley sobre “agresión fetal” de Tennessee, que entre 2014 y 2016 convirtió en delito dar a luz a un niño que mostrara síntomas de exposición a las drogas.No obstante, la mayoría de los estados tienen vigente algún tipo de ley de “agresión fetal”, y la tendencia va en aumento. En el periodo de sesiones legislativas de 2017, los Estados introdujeron más de 300 medidas para restringir los derechos sexuales y reproductivos, lo cual ilustra una agresión peligrosa y constante contra los derechos de las mujeres que ha ido en aumento durante los 100 primeros días del gobierno de Trump. Una mujer contó a Amnistía Internacional que había sido acusada en virtud de la ley de “peligro químico” de Alabama como sospechosa de consumir drogas, pese a que no sabía que estaba embarazada. Otra describió cómo la amenaza del castigo la había disuadido de buscar atención médica:“En mi localidad, me preocupaba ir al médico porque, si das positivo [en drogas], ¡bam!, te encuentras con un cargo por ‘peligro químico’”.

Una mujer contó a AI que había dado a luz en una cuneta por temor a ser procesada en virtud de la ley de “agresión fetal
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En Tennessee, una mujer contó a Amnistía Internacional que había dado a luz en la cuneta de una carretera tratando de evitar ir a un hospital, donde temía que la procesaran en virtud de la ley de “agresión fetal”.Aunque en Tennessee la ley de “agresión fetal” dejó de aplicarse en 2016, aún está en el código del estado, y es probable que se introduzca de nuevo.Esa misma mujer describió cómo, después, pasó meses tratando de conseguir tratamiento para la drogodependencia, pero no encontró servicios disponibles que aceptaran su seguro. Los costes del tratamiento superan los 4.500 dólares anuales en Tennessee.
Amnistía Internacional ha destacado cómo esta estrechez de miras centrada en el castigo, en ausencia de un aumento de fondos o provisiones para ampliar los servicios de tratamiento para la drogadicción, provoca que estas leyes estén fracasando en su objetivo expreso de promover unos embarazos saludables. También violan el derecho de las mujeres a la salud, la intimidad, la igualdad y la no discriminación.Castigar a quienes no tienen dineroEl informe halla pruebas claras de discriminación en la aplicación de las leyes sobre penalización del embarazo, que tienden a utilizarse desproporcionadamente contra mujeres de bajos ingresos y mujeres de color.
Estas mujeres se enfrentan ya, a menudo, a múltiples niveles de discriminación, y no disponen de los recursos para moverse por el sistema judicial o los servicios de protección a la infancia.
Por este motivo, las mujeres que han sufrido históricamente discriminación corren mayor riesgo de ser procesadas cuando se quedan embarazadas. Las pruebas de drogas se realizan selectivamente, a menudo basándose en factores discrecionales de “riesgo” como los bajos ingresos. Algunos médicos admitieron que sus decisiones sobre a quién realizar la prueba se basaban en su propio criterio personal.
En algunos casos alarmantes se realizaron pruebas de drogas sin el conocimiento de las mujeres, lo cual constituye una violación de su derecho a la intimidad. La dirección de un programa correccional comunitario de Alabama describió la falta de un protocolo claro sobre la obtención del consentimiento informado:
“Cada hospital tiene unas normas diferentes. Muchas son aleatorias. No hay un sistema real. Es algo bastante aleatorio”.
“La gran mayoría de las mujeres acusadas en virtud de las leyes de Alabama y Tennessee no pueden permitirse abogados que las representen, y han sido blanco de las acciones de las autoridades porque no tienen dinero. Este tipo de leyes refuerza los estereotipos de mujeres marginadas con ingresos bajos, lo que equivale a castigar a estas mujeres por sus circunstancias vitales”, ha manifestado Carrie Eisert.Aunque el informe se centra en mujeres que han sido castigadas por consumir drogas, la promoción de enfoques punitivos respecto a la salud y los derechos de las mujeres ha provocado también que se procese a mujeres por negarse a someterse a intervenciones médicas o incluso por intentar suicidarse.
“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo un campo de batalla en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses deben examinar los datos y derogar o reformar las leyes que se utilizan para castigar a las mujeres por sus actos durante el embarazo, dado que esas leyes no están funcionando”, ha manifestado Carrie Eisert.
“La justicia penal no tiene cabida en la salud pública. En lugar de actuar policialmente respecto a los cuerpos de las mujeres, las autoridades deben garantizar que las mujeres embarazadas tienen acceso a la atención médica prenatal y a los programas de tratamiento para la drogadicción a los que tienen derecho.”Información complementariaEn abril de 2014, Tennessee reformó su “ley de agresión fetal”, y se convirtió en el primer estado en introducir una ley penal que tipificaba específicamente como delito dar a luz un bebé con síntomas de exposición prenatal a estupefacientes. Amnistía Internacional investigó el impacto de esta ley durante los dos años que estuvo en vigor.
La ley de “peligro químico” de Alabama se aprobó en 2006 para proteger a los niños y niñas frente a entornos en los que pudieran estar expuestos a drogas o a sustancias controladas. Algunos fiscales individuales y la Corte Suprema de Alabama han interpretado que la ley se aplica a las mujeres embarazadas que consumen drogas.


Anhar Najeeb, de 55 años madre de dos hijos. Quedó tetrapléjica el 1 de julio tras el ataque al Bloque 4. “Ahora estoy tetrapléjica, paralizada desde el cuello hacia abajo. Esa noche, la metralla entró en mi cuello y salió a través de la séptima vértebra. Acabábamos de mudarnos a nuestra nueva casa, pensamos que estábamos a salvo”. © AI La campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón) denuncia en un informe el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016. Las exportaciones de armas españolas superaron los 3.924 millones € en 2015 y los 4.362 millones € en 2016.
El informe analiza las estadísticas oficiales de venta de armas en 2015 y 2016 e identifica exportaciones preocupantes de diversos tipos de armas en ese período a Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía, basándose en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional. Las ONG destacan las exportaciones de armas a Arabia Saudí e Irak como ejemplo de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación de riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional.
Las ONG critican la exportación de municiones, granadas de mortero, diversos sistemas y equipos y aviones a Arabia Saudí por valor de más de 650 millones € en este período pese al riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en Yemen. El otro caso destacado de riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional es la exportación de municiones, granadas de mortero y vehículos blindados por valor de casi 140 millones € a las fuerzas armadas de Irak a pesar del deterioro de la situación de derechos humanos y al riesgo de desvío de las armas de modo que caigan en manos del Estado Islámico. El informe también identifica otras 16 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información.
Las ONG proponen un decálogo de recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para potenciar la transparencia, el control de las exportaciones y el escrutinio parlamentario. Entre las recomendaciones de las ONG destaca la petición de que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados examine las actas de las licencias de armas a Arabia Saudí e Irak concedidas por la Junta Interministerial que regula el comercio de armas. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, las actas de este organismo son secretas. En diciembre de 2017 se cumplirá una década de la adopción de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, “Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán reclamó al Gobierno que “no autorice ventas de armas a este país, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.
Chema Vera, director de Oxfam Intermón destaca la “catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, que se encuentra a un paso de la hambruna y donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen”. La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y ha reconocido haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos.
El Gobierno español alega que en todos los documentos de uso final asociados a las licencias aprobadas a Arabia Saudí en los años 2015 y 2016, las autoridades de este país certificaron que los equipos y las municiones iban a ser destinados a uso interno y en ningún caso iban a ser reexportados sin el visto bueno del gobierno español. Así mismo, el ejecutivo señala que se reforzaron las garantías establecidas en los modelos de certificados de último destino desde el golpe de estado en Yemen en marzo de 2015 y de la intervención de la coalición de los países de la Liga Árabe.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace, pide que se aclare si esas garantías “reforzadas” son legalmente vinculantes y que se detalle en qué consisten. “Nos surgen muchas dudas. Dado el pésimo historial saudí de uso de armas en Yemen con la comisión de presuntos crímenes de guerra, los informes sobre desvío de armas a grupos armados en Siria y la presencia de armas españolas en Yemen, se plantea una duda razonable, por lo que pedimos al Gobierno que deje de exportar armas a Irak y cese las ventas de armas a Arabia Saudí susceptibles de ser usadas en Yemen”. Rodríguez pide a la Secretaria de Estado de Comercio que profundice en estos asuntos en su comparecencia en el Congreso mañana martes y se pregunta cuáles son los mecanismos de refuerzo de la verificación del uso y si la embajada española en Arabia Saudí está haciendo seguimiento del uso de esas armas sobre el terreno.
Jordi Armadans, director de FundiPau, se pregunta cómo puede garantizar el Gobierno español que las armas exportadas a Irak no se usarán para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno iraquí y apunta al riesgo de desvío y de que las armas caigan en manos del Estado Islámico (EI). “Es hora de hacer balance y seguir avanzando en la transparencia y el control parlamentario del comercio de armas español”. Por ello, con motivo de los 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas, reclama la creación de una subcomisión parlamentaria que lleve a cabo una revisión de la aplicación de la Ley 53/2007 en la que se escuche a la sociedad civil, e identifique medidas para reforzar los mecanismos de transparencia, control de las exportaciones y el control parlamentario.


Personas refugiadas en el campo de Elliniko, Atenas, Grecia © AI Las autoridades griegas deben garantizar que se proporciona alojamiento alternativo seguro y adecuado a las personas migrantes y refugiadas cuya evacuación de tres campos de Elliniko empezará mañana según lo previsto, ha manifestado Amnistía Internacional.
“Aunque nadie va a lamentar el cierre de estos campos inhabitables e inseguros, no proporcionar a sus residentes información sobre su inminente traslado sólo ha servido para agravar sus miedos y angustias”, ha manifestado Mónica Costa Riba, responsable regional de campañas de Amnistía Internacional.
“No se ha hecho ninguna consulta a los residentes de los campos de Elliniko, a los que se ha mantenido en la ignorancia sobre cuándo y adónde serán trasladados. Las autoridades deben garantizar con urgencia que ninguna persona se quedará sin alojamiento o en situación de riesgo como consecuencia del cierre. Debe ofrecerse alojamiento alternativo seguro y adecuado que tenga en cuenta las necesidades especiales de mujeres y niñas.”
Aunque se ha denegado a Amnistía Internacional su solicitud para visitar los campos del 21 al 23 de mayo, sus investigadores han entrevistado a residentes de los campos fuera de Elliniko.
Un hombre afgano contó a Amnistía Internacional: “No nos dan ninguna información, y eso genera mucha angustia… Intentan confundirnos para que seamos incapaces de decidir y así deciden ellos por nosotros”.
Una mujer afgana dijo a Amnistía Internacional: “Hemos hablado con todo el mundo pero nadie nos dice nada. Me preocupa mucho terminar en la calle”.
Otra mujer afgana que describió las precarias condiciones imperantes en Elliniko, entre ellas un saneamiento deficiente así como falta de intimidad y seguridad, dijo a Amnistía Internacional: “Aquí hemos vivido un infierno. No pienso ir a otro campo”.Información complementariaLa evacuación de los campos de refugiados de Elliniko, en Atenas, comenzará mañana por la mañana según lo previsto. Más de 800 personas refugiadas y migrantes, en su mayoría de Afganistán, viven actualmente allí en tiendas de campaña.