Amnistía Internacional España

Manifestación de apoyo al 1-O en Barcelona, septiembre 2017. Copy: AP Photo/Emilio Morenatti A una semana de la convocatoria del 1-O, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades estatales y catalanas que tienen la obligación de respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación de todas las personas, tanto dentro como fuera de Cataluña.
Libertad de expresión y reunión pacífica
En relación a la libertad de expresión y reunión pacífica, Amnistía Internacional recuerda que estos derechos debe ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos, debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros. Amnistía Internacional ve con profunda preocupación cómo se han llevado a cabo restricciones desproporcionadas de los mismos, como en el caso de la suspensión por parte del juez de un acto convocado por la plataforma ‘Madrileñ@s por el derecho a decidir’ el pasado 17 de septiembre en el centro cultural Matadero de Madrid, o el caso del auto  judicial que suspendió la charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel, en el centro cívico Aldabe de Vitoria.

“La libertad de expresión y reunión comprende el derecho de reunión pacífica y expresar ideas de cualquier tipo, así como el derecho a buscar y recibir información en cualquier forma. Las suspensiones de los actos públicos en Madrid y Vitoria no tienen justificación, y suponen una clara vulneración del derecho a reunirse pacíficamente y expresarse libremente” ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Además, En caso de que las autoridades impongan una restricción a la libertad de expresión bajo el argumento de que supone una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o al derecho de otros, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que se debe demostrar de manera precisa la naturaleza de la amenaza, y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se adopte, estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza, algo que los jueces no hicieron en estos casos.

En otras situaciones, las autoridades locales han hecho, en opinión de la organización, una interpretación que excede los términos de la providencia del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre, la cual está dirigida a las autoridades públicas, para “impedir o paralizar cualquier iniciativa [por parte de particulares] que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada (del referéndum)”, como son los casos en Gijón, Zaragoza o Castelldefels. En el caso de Castelldefels, además, el Ayuntamiento denegó de manera genérica la autorización de ocupación de dominio público a siete actos de asociaciones y partidos políticos, algo que supone una clara vulneración del derecho de reunión pacífica.

“Facilitar el derecho de reunión pacífica ayuda a garantizar que la gente tenga la oportunidad de expresar opiniones y es importante para el pleno disfrute de otros derechos humanos como el de libertad de expresión” ha declarado Beltrán. “El derecho a la libertad de reunión abarca tanto las reuniones privadas como las reuniones en lugares públicos, y deben poder tener lugar, como norma general, de manera que puedan ser vistas y oídas por parte del público al que se dirigen.”
Manifestaciones espontáneas
En relación a las manifestaciones espontáneas, que están surgiendo en diferentes ciudades como respuestas inmediatas a los acontecimientos, la organización quiere mostrar una vez más su preocupación por el hecho de que las autoridades puedan esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación para obstaculizar su desarrollo.

Tal y como señalan las directrices de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las reuniones espontáneas deben ser legales y deben considerarse como un rasgo saludable de una democracia. El Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, subrayando la importancia de la libertad de reunión pacífica y la necesidad de garantizar que el requisito de notificación no actúe como barrera para el ejercicio de este derecho, ha recordado reiteradamente que la falta de notificación por los organizadores o convocantes de la reunión a las autoridades no debe ser objeto de sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas. Tampoco puede sancionarse a aquellas personas que participan en manifestaciones pacíficas no comunicadas a las autoridades.
En este sentido, Amnistía Internacional quiere mostrar su preocupación porque en dichas manifestaciones espontáneas se pueda estar multando a manifestantes de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana actualmente en vigor. “Declaraciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, amenazando con multar a las personas que se manifiesten espontáneamente están fuera de lugar y ponen en peligro el derecho de reunión pacífica” ha advertido Beltrán.
Señalamientos públicos, medios de comunicación
Por otra parte, en relación a la instrucción del Fiscal General del Estado para investigar las “campañas encaminadas a ´señalar´ a determinados responsables por su negativa a incumplir la ley”,  Amnistía Internacional quiere destacar que está haciendo un seguimiento de estos hechos para evaluar que no se exceden los límites de la libertad de expresión que podrían derivar en otras acciones (como amenazas o amedrentamiento) prohibidas por el derecho internacional.

En relación al derecho a la información, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante Auto de 13 de septiembre, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue “qué medios de comunicación hayan insertado cualquier tipo de publicidad o propaganda sobre la convocatoria del referéndum y, verificado, se procederá a hacerles inmediato requerimiento de que cesen en dicha publicidad, con los apercibimientos de las eventuales responsabilidades en que pudieran incurrir, en caso de que tales requerimientos no fueran atendidos.”

A este respecto, Amnistía Internacional recuerda, en línea con lo recogido en diversos estándares internacionales y regionales de derechos humanos, que las restricciones permisibles a la libertad de expresión se deben referir en general a un contenido concreto, y en ningún caso pueden aceptarse referencias vagas o genéricas, que son incompatibles con las obligaciones internacionalmente asumidas por España. “Restringir cualquier ´publicidad o propaganda´, como indica el Auto, es notablemente impreciso, pudiendo llevar a prohibir comunicaciones que son ejercicios legítimos de la libertad de expresión e información” ha dicho Beltrán.

Amnistía internacional seguirá con atención los acontecimientos de camino al 1-O. “Cataluña vive una situación de alta tensión en la que, más que nunca, es obligación de las autoridades respetar y garantizar los derechos humanos” ha afirmado Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya.


Protestas frente a la Corte Suprema de Washington pidiendo el cierre de Guantánamo. 11 de enero de 2017. © AP Photo/Molly Riley Amnistía Internacional ha identificado al menos 100 medidas por parte del presidente Donald Trump que han amenazado y cuestionado los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo. Amnistía Internacional se ha dirigido al presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, que se reúne en próximo 26 de septiembre con su homólogo estadounidense, para recordarle que es necesario que se prioricen los derechos humanos en este encuentro y en las relaciones bilaterales entre ambos países.Para la organización, deberían ser prioritarios algunos temas como los recortes en derechos de personas migrantes y refugiadas, la situación de los detenidos en Guantánamo, y la abolición de la pena de muerte en el único país americano que sigue aplicándola.Por ello, Amnistía Internacional le ha pedido a Mariano Rajoy que:
Rechace las medidas, en muchos casos discriminatorias, que la administración estadounidense quiere sacar adelante en materia de inmigración y refugio, por vulnerar los derechos de las personas que precisan de protección internacional al huir de violencia y conflictos armados.
La cuota de personas refugiadas que EEUU puede aceptar en un año se reduce drásticamente. Para 2017, de las 110.000 personas refugiadas que se habían aceptado el año anterior, sólo se admitirían a 50.000. Lo que deja en situación de mayor vulnerabilidad a personas de todo el mundo que huyen de la guerra y la violencia, y que que están atrapadas en circunstancias desesperadas en países como Líbano, Jordania, Kenia o Pakistán.
La prohibición de la entrada en el país de personas procedentes de seis países de mayoría musulmana representa una forma de discriminación por motivos religiosos y da muestra de una cruel indiferencia hacia las familias. Esta prohibición, más que proteger, lo que hace es demonizar a millones de personas inocentes.
El levantamiento de un muro entre México y EEUU, la construcción de más centros de detención y la privación de fondos a las ciudades santuario, socavan aún más las protecciones  a las que tienen derecho las personas refugiadas según la legislación internacional. Estas medidas no tienen en cuenta la situación de las miles de personas migrantes que huyen de la violencia armada en México y América Central, y a las que se les se les niega la opción de plantear demandas de asilo, tal y como establece la legislación internacional.
Exija el cierre de Guantánamo, la plena rendición de cuentas y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos; además de garantizar asimismo que las bases militares en España no sean usadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.
Más de 15 años después de la llegada de los primeros prisioneros a la base naval de Guantánamo, hay todavía 41 personas detenidas en el centro, 31 de ellas sin cargos ni juicio. Las otras 10 han sido o están siendo sometidas a actuaciones judiciales que no respetan las garantías procesales internacionales, a pesar de que éstas son vinculantes para Estados Unidos. Seis de los detenidos podrían ser condenados a muerte tras ser juzgados sin las debidas garantías por comisiones militares.
Casi la mitad de los detenidos que siguen en Guantánamo estuvieron recluidos, antes de ser trasladados a la base, en el programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde la desaparición forzada y otras formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes eran parte integral. La impunidad continúa.
Pida un compromiso para poner fin a la pena de muerte. Estados Unidos debe dejar de utilizar la pena de muerte contra personas que sufren discapacidad mental e intelectual, y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones como primera medida hacia su plena abolición. Además, la organización pide que respalde el caso de Pablo Ibar, ciudadano español que fue condenado a pena de muerte en Estados Unidos y ahora está a la espera de que se repita el juicio.
En 2016, Estados Unidos fue, de nuevo, el único país de América en llevar a cabo ejecuciones. El número de personas ejecutadas el año pasado, 20, fue la cifra más baja registrada en EEUU desde 1991. También se redujeron el número de Estados que practicaron ejecuciones (5) y el número de condenas a muerte dictadas (32, la cifra más baja registrada desde 1973). Sin embargo, al final de 2016 aún había 2.832 personas condenadas a muerte. Datos que muestran que de forma creciente jueces, fiscales y jurados dan la espalda a la pena de muerte como medio de administrar justicia. A pesar de ello, en los nueve primeros meses de 2017 ya se han registrado 18 ejecuciones.
Pese a las buenas noticias sobre el español Pablo Ibar, dado que el Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 su condena a muerte y ordenó llevar a cabo un nuevo juicio y desestimó el recurso de la fiscalía en mayo de ese mismo año, éste es un caso que sigue necesitando del apoyo del gobierno español. Pablo Ibar sigue declarándose inocente.
///FIN


© Mohammed Huwais La bomba que destruyó un edificio residencial en la capital de Yemen el mes pasado, y que mató a 16 civiles e hirió a otros 17 –entre ellos Buthaina, de cinco años, cuya fotografía se hizo viral tras el ataque– estaba fabricada en Estados Unidos. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy.
Un experto en armas de Amnistía Internacional que analizó los restos de la bomba encontró marcas claras que coincidían con piezas de fabricación estadounidense utilizadas habitualmente en bombas aéreas guiadas por láser.
El ataque aéreo del 25 de agosto alcanzó un grupo de casas en Saná, causó graves daños en tres de ellas y mató a siete niños y niñas, entre ellos los cinco hermanos y hermanas de Buthaina. Otros ocho niños resultaron heridos, entre ellos Sam Bassim al-Hamdani, de dos años, que perdió a su padre y a su madre.
“Podemos ya afirmar de forma concluyente que la bomba que mató a los padres y hermanos de Buthaina y a otros civiles se fabricó en Estados Unidos”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
“Sencillamente no hay explicación que Estados Unidos u otros países como Reino Unido o Francia puedan ofrecer para justificar el flujo constante de armas hacia la coalición encabezada por Arabia Saudí para su uso en el conflicto de Yemen. En los últimos 30 meses, esta coalición ha cometido, una y otra vez, graves violaciones del derecho internacional, con consecuencias devastadoras para la población civil.”
Después de examinar los testimonios fotográficos proporcionados por un periodista local que extrajo los fragmentos restantes de la bomba en el lugar del ataque, el experto en armas de Amnistía Internacional pudo identificar con seguridad la placa de datos de un grupo de control informático MAU-169L/B de fabricación estadounidense. Se trata de una pieza utilizada en varios tipos de bombas aéreas guiadas por láser.
Según la Agencia de Cooperación en Seguridad para Defensa, en 2015 el gobierno estadounidense autorizó la venta a Arabia Saudí de 2.800 bombas guiadas que estaban equipadas con el grupo de control informático MAU-169L/B, entre ellas las bombas guiadas GBU-48, GBU-54 y GBU-56.
Amnistía Internacional pide la implementación inmediata de un embargo total para garantizar que no se suministran a ninguna parte del conflicto de Yemen armas, municiones, equipos militares o tecnología que puedan usarse en el conflicto. Se necesita urgentemente una investigación independiente e imparcial sobre las presuntas violaciones del derecho internacional, y que todos los responsables de delitos de derecho internacional comparezcan ante la justicia en juicios justos.
Vidas devastadas para siempre
“Tenía cinco hermanos y hermanas con los que jugar. Ya no tiene ninguno”, Ali al-Raymi
La coalición encabezada por Arabia Saudí lanzó los devastadores ataques hacia las dos de la madrugada en Faj Attan, una zona residencial de la capital de Yemen, Saná.
Ali al-Raymi, de 32 años, perdió a su hermano, Mohamed al-Raymi, su cuñada y sus cinco sobrinos y sobrinas, de entre dos y diez años de edad. La única superviviente fue su sobrina Buthaina, de cinco años.
Ali al-Raymi dijo a Amnistía Internacional:
“Cuando le preguntas: ‘¿qué quieres?’, dice: ‘quiero ir a casa’… Cree que, si va a casa, los encontrará [a su familia] allí [...] Tenía cinco hermanos y hermanas con los que jugar. Ya no tiene ninguno [...] ¿Qué dolor y qué tristeza puede estar sintiendo?”.
La coalición encabezada por Arabia Saudí ha admitido haber lanzado el devastador ataque, pero afirma que las víctimas civiles fueron consecuencia de un “error técnico”. La coalición afirma que atacó un “objetivo militar legítimo”, que pertenecía a las fuerzas huzíes y pro Salé.
Según los residentes locales, uno de los edificios de la zona era frecuentado por un individuo alineado con los huzíes. Amnistía Internacional no ha podido confirmar su identidad, su función ni si estaba presente en el momento del ataque.
Sin embargo, incluso si hubiera objetivos militares en las cercanías, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques desproporcionados, incluidos los que tienen probabilidades de matar o herir a civiles.
El portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudí también declaró que el caso se había remitido al Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes de la coalición para ser sometido a investigaciones ulteriores. Hasta el momento, Amnistía Internacional no tiene constancia de que ningún miembro de la coalición haya tomado medidas concretas para investigar, tomar medidas disciplinarias o iniciar procesamientos contra personas sospechosas de ser penalmente responsables de crímenes de guerra.
“El total desprecio de la coalición por las vidas civiles, así como su falta de compromiso de llevar a cabo investigaciones efectivas, pone de manifiesto la necesidad de una investigación internacional independiente que examine las presuntas violaciones del derecho internacional”, ha manifestado Lynn Maalouf.
“Resulta vergonzoso que, en lugar de hacer que la coalición rinda cuentas de sus actos en Yemen, los aliados clave, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, hayan seguido suministrándole enormes cantidades de armas.”
Información complementariaDesde febrero de 2016, Amnistía Internacional ha instado a todos los Estados a garantizar que no se suministran –ni directa ni indirectamente– a ninguna parte en el conflicto de Yemen armas que puedan ser utilizadas en el conflicto. También ha pedido reiteradamente que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre todas las presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes.
Según el informe anual sobre Yemen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 1.120 niños y niñas han muerto y 1.541 han sufrido heridas desde que se inició el conflicto en marzo de 2015. Tan sólo en el último año, más de la mitad de estas víctimas infantiles se atribuyeron a ataques aéreos de la coalición.
Las fuerzas huzíes y pro Salé, así como las fuerzas anti huzíes sobre el terreno, también han cometido violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos. Según la OACNUDH, las fuerzas huzíes y anti Salé son responsables de la mayoría de las víctimas infantiles causadas por los combates sobre el terreno, por los bombardeos y por las minas antipersonas, cuyo uso está prohibido.


Acto de Amnistía Internacional por los dos años de la Ley Mordaza // Amnistía Internacional Madrid.- Este jueves se ha retomado el debate parlamentario sobre la modificación o derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), más conocida como Ley Mordaza. Ante la actual situación de bloqueo, debido a que, después de rechazarse la propuesta de Bildu, solo se mantienen las de PNV y PSOE, que son contrarias, Amnistía Internacional declara:
"Estamos ante una oportunidad, gracias a las mayorías que hay en el Congreso, de poder sacar adelante una ley más garantista en materia de derechos humanos y que sea acorde a los estándares internacionales y a las recomendaciones que nos llegan desde la ONU y desde Europa", ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España.
“No podemos dejar pasar esta ocasión de reformar una ley que está limitando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información y que se está utilizando contra periodistas y contra el activismo social, específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda”, asegura el director de AI España.
Más informaciónAmnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones su preocupación por algunos aspectos de la LOSC. Entre otros, la organización considera que con esta ley se podría estar limitando ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información; además de ampliar, sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos, los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana.
El pasado mes de julio AI publicó un nuevo informe sobre las consecuencias de la aplicación de esta ley, dos años después de su entrada en vigor.
La organización se ha dirigido a los grupos parlamentarios para recordarles que es necesario que la nueva ley garantice que todos los ciudadanos accedan a los recursos adecuados, efectivos y rápidos cuando consideren vulnerados sus derechos de reunión, expresión e información, y que incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias. Además, les ha pedido que se aseguren de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada en materia de derechos humanos. 


El 20 de septiembre de 2017 Amnistía Internacional y Sofar Sounds acogerán más de 300 conciertos en todo el mundo para “Dales un hogar”, en los que 1.000 artistas actuarán en conciertos íntimos en casas particulares en apoyo a los derechos de las personas refugiadas.
En el reparto figuran artistas reconocidos como Ed Sheeran, Emeli Sandé, Hot Chip, Jesse & Joy, Laura Mvula, Ludovico Einaudi yThe National, junto con muchos más. Se unirán a ellos grupos musicales de personas refugiadas de todo el mundo, como la Orquesta de Músicos Sirios, que actuará en Londres, y el dúo pop canadiense-somalí Faarrow, que lo hará en Los Ángeles.
En España, los conciertos tendrán lugar en distintas ciudades: en Barcelona, La Casa Batlló acogerá la velada en la que participarán artistas de la talla de Silvia Pérez Cruz, Mishima o La Casa Azul. La pintora Paula Bonet ha diseñado el cartel de este evento. En Madrid serán Rufus T.Firefly e Iseo & Dodosound los anfitriones. En Sevilla harán lo propio cantantes como Kiko Veneno o Rocío Márquez, así como la banda Maga. En Murcia, las actuaciones de Viva Suecia, Estúpido Flanders y Moy Gomar y en Gran Canaria las de Said Muti, Banadú and Aniba completan los carteles.
Los conciertos se celebrarán a lo largo de 24 horas en 60 países, comenzando en Nueva Zelanda a las 07:30 h. GMT del miércoles 20 de septiembre y finalizando la madrugada del jueves 21 de septiembre con una actuación en Seattle (Estados Unidos).
Los conciertos se celebran en apoyo de la campaña de Amnistía Internacional Te doy la bienvenida, que moviliza la presión pública sobre los gobiernos para dar la bienvenida a las personas refugiadas.
“’Dales un hogar’ celebra lo que puede hacer y está haciendo la ciudadanía en apoyo a las personas refugiadas. Cuando los gobiernos construyen muros, despliegan barcos de guerra y cierran puertas, nosotros cantamos otra canción: Damos la bienvenida a los refugiados”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.


En respuesta al discurso pronunciado hoy por Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar y mandataria de facto del país, sobre la crisis en el estado de Rajine, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía, ha manifestado lo siguiente:"Aung San Suu Kyi ha demostrado hoy que ella y su gobierno siguen escondiendo la cabeza bajo el ala ante los horrores que están aconteciendo en el estado de Rajine. En algunos momentos, su discurso ha sido poco más que una combinación de falsedades e inculpación de las víctimas.“Existen indicios abrumadores de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo una campaña de limpieza étnica. Aunque ha sido positivo oír su condena de las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Rajine, Aung San Suu Kyi sigue guardando silencio sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad en ellas.“Las palabras de Aung San Suu Kyi asegurando que su gobierno ‘no teme el escrutinio internacional’ no convencen a nadie. Myanmar ha afirmado repetidamente que no cooperará con la misión de investigación con mandato de la ONU establecida este mismo año. Si Myanmar no tiene nada que ocultar, debe permitir el acceso de los investigadores de la ONU al país, incluido el estado de Rajine. Asimismo, el gobierno debe permitir con carácter urgente que los actores humanitarios tengan acceso pleno y sin restricciones a todas las zonas y a todas las personas necesitadas en la región.”“La campaña de violencia y violaciones de derechos humanos que está llevando a cabo el ejército en el estado de Rajine tiene que acabar de inmediato. Pero el gobierno debe abordar también la arraigada discriminación que mantiene a los rohingyas atrapados desde hace decenios en un círculo vicioso de abusos y privaciones.”“Contrariamente a lo que afirma Aung San Suu Kyi, los rohingyas están básicamente segregados en el estado de Rajine, privados en la práctica de la ciudadanía, y encuentran graves obstáculos para acceder a la asistencia médica y otros servicios básicos. Los refugiados que han huido a Bangladesh no pueden volver a esta espantosa situación.”“Aung San Suu Kyi señaló acertadamente las dificultades inherentes a los conflictos en otras partes del país. Pero no deja de ser cierto que las minorías étnicas están sufriendo graves violaciones de derechos humanos a manos del ejército, sobre todo en los estados de Kachin y Shan del Norte. Y estos patrones de actuación continuarán mientras las fuerzas de seguridad sigan disfrutando de una impunidad prácticamente absoluta.”


Mientras casi 400.000 personas refugiadas huyen de la limpieza étnica en Myanmar, los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas deberían avergonzarse no sólo por haber incumplido sus promesas de admitir más refugiados, sino por haber desmantelado activamente derechos de las personas refugiadas en muchas partes del mundo.
Un año después de la Cumbre de Líderes sobre los Refugiados, celebrada en Nueva York, en la que los dirigentes se comprometieron a aceptar más personas refugiadas y a ayudar a las personas vulnerables que se ven obligadas a huir de su país, las cifras globales de personas refugiadas están aumentando año tras año, mientras los conflictos se intensifican hasta salirse de control.“La terrible situación en Myanmar es exactamente el motivo por el que necesitamos algo más que un mero enfoque de parches para ayudar a quienes huyen de la guerra y la persecución. Tras verse sometidas a una violencia atroz, incluidos homicidios y la quema de sus poblados, estas personas refugiadas rohingyas se enfrentan ahora a una crisis humanitaria mientras Bangladesh se esfuerza por darles apoyo”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.Los indicios más recientes publicados por Amnistía Internacional señalan una campaña de tierra arrasada en gran escala en el norte del estado de Rajine, donde las fuerzas de seguridad de Myanmar y los grupos parapoliciales están quemando pueblos rohingyas enteros y disparando indiscriminadamente a la gente que intenta huir. En términos legales, se trata de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y expulsión forzada de civiles.
A consecuencia de ello, en el espacio de menos de tres semanas, casi 400.000 personas refugiadas rohingyas han huido de Myanmar a Bangladesh. Esta cifra supera el número total de personas refugiadas que llegaron a Europa por mar en 2016.
“Los países pobres y de bajos ingresos, como Bangladesh, Uganda y Líbano, están teniendo que esforzarse por atender a cifras altísimas de personas refugiadas, mientras que los países ricos que acogen a muchas menos deberían intervenir para proporcionar ayuda y plazas de reasentamiento. Los líderes de los países ricos prefieren fingir que el problema no existe. ¿Qué tiene que suceder para que los gobiernos abran los ojos a la realidad de que su respuesta a la crisis global de refugiados es totalmente inservible?”, ha manifestado Salil Shetty.La inacción de los gobiernos va de mal en peorEn la Cumbre sobre los Refugiados celebrada el año pasado, convocada por el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, los gobiernos se comprometieron a aceptar más de 360.000 personas refugiadas: el doble de las plazas ofrecidas en 2015.Aunque estas cifras representaban un incremento, se basaban en el capricho de los gobiernos, más que en las necesidades de las personas a las que pretendían ayudar.Desde la Cumbre de Líderes, muchos gobiernos no sólo han eludido abordar de forma significativa la creciente crisis de refugiados, sino que se han superado unos a otros en su intento de desmantelar los derechos de las personas refugiadas, y no han respondido a las nuevas crisis que han estallado en el mundo.Un ejemplo destacado es el de Estados Unidos, que, bajo el gobierno del presidente Trump, está anulando el compromiso de Obama de admitir a 110.000 personas en 2017 y, en su lugar, ha puesto como cifra límite 50.000, y el posible que en 2018 admita a aún menos personas refugiadas.“La política de Estados Unidos respecto a las personas refugiadas debe contemplarse dentro de un contexto global. A la sombra de las crueles políticas de Trump, otros países de todo el mundo han seguido deshumanizando a las personas refugiadas y dándoles la espalda”, ha manifestado Salil Shetty.“Ya sea la conducta de la UE al condenar a las personas refugiadas al abuso y la explotación a manos de bandas criminales en Libia, o la de Australia al someter a las personas refugiadas a graves daños físicos y psicológicos en sus centros de detención fuera de su territorio, los países ricos han contribuido sustancialmente al alarmante deterioro de los derechos de las personas refugiadas.” “Es contra este trasfondo de crueldad con que los gobiernos tratan a las personas que huyen de los conflictos y la violencia, contra el que la crisis de refugiados más rápida del mundo se está desplegando ante nuestros propios ojos en Bangladesh.”Se espera que los líderes mundiales reunidos en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año debatan la espiral de la situación en el estado de Rajine, en Myanmar, de donde la población rohingya, perseguida desde hace mucho tiempo, se está viendo obligada a huir a causa de una respuesta militar ilegal y totalmente desproporcionada a los ataques de un grupo armado rohingya.“En lugar de asistir a las cumbres para estrecharse unos a otros la mano y formular promesas que no tienen intención de cumplir, los jefes de Estado deberían mostrar cierto liderazgo”, ha manifestado Salil Shetty. “Eso significa llevar a cabo un plan integral para proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto, poner fin a los crímenes de lesa humanidad y poner en práctica soluciones adecuadas para las personas refugiadas como los rohingyas, que están en una situación desesperada.”“Por si acaso lo han olvidado, para eso es para lo que sirven las Naciones Unidas.”Datos de contexto
A 12 de septiembre, unas 379.000 personas refugiadas, la gran mayoría de ellas rohingyas, habían huido de Myanmar a Bangladesh desde que estalló la violencia el 25 de agosto.En 2016, el ACNUR registró 362.000 llegadas por mar de personas refugiadas a Europa.En el mundo hay en estos momentos más de 22,5 millones de personas refugiadas. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de esta población, que es sumamente vulnerable –por ejemplo, quienes han sufrido violación o tortura–, necesita reasentamiento en un tercer país. Se calcula que este año esa cifra superará los 1,19 millones, justo el 0,02% de la población mundial.En 2016 sólo se ofrecieron plazas de reasentamiento a 189.300 personas refugiadas, una diminuta fracción de quienes están en situación desesperada.La Cumbre de Líderes sobre los Refugiados convocada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama se celebró en Nueva York el 20 de septiembre de 2016.


Amnistía Internacional expresa su preocupación ante la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Madrid de suspender un acto convocado por la plataforma ‘Madrileñ@s por el derecho a decidir’ para el próximo 17 de septiembre en el centro cultural Matadero de Madrid.
Amnistía Internacional considera que esta suspensión constituye una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España.
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, al tratarse de un acto íntimamente ligado al derecho de libertad de expresión, que constituye uno de los cimientos de una sociedad democrática y que resulta de vital importancia para el pleno disfrute de otros derechos humanos, toda restricción que se desee imponer sobre su ejercicio sólo puede ser admisible si se dan tres condiciones de forma simultánea:
Debe estar expresamente fijada por ley (que a su vez debe estar formulada con suficiente precisión para que una persona pueda regular su conducta en consecuencia).Debe poder demostrarse que es necesaria y proporcionada para proteger intereses públicos especificados, o los derechos o la reputación de otras personas.Debe asegurarse que dicha medida es necesaria para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
En opinión de Amnistía Internacional, la suspensión decretada por el juez Yusty Bastarreche no ha tomado en consideración si concurrían o no los requisitos establecidos por la normativa internacional para poder imponer restricciones al derecho a la libertad de expresión, y no ha aplicado el test de proporcionalidad exigido por el artículo 21 del PIDCP.
Según reiterada jurisprudencia, todo límite al ejercicio de un derecho fundamental debe ser necesario y proporcional, y las autoridades tienen la obligación de demostrar que la medida impuesta es la menos restrictiva y es compatible con los principios democráticos, y de asegurarse que una restricción más leve no es suficiente, garantizando en todo caso que no se pone en peligro el derecho en sí.
El derecho a la libertad de expresión es aplicable a toda clase de información e ideas de toda índole, comprendiendo diferentes formas de expresión y medios para su difusión.
Información de contexto
De acuerdo con la solicitud presentada por la Asociación la Comuna al Ayuntamiento de Madrid, el acto público se convocaba bajo el título ‘En Madrid por el derecho a decidir’ y habría consistido “en la intervención de varias personas, lectura de algún poema, proyección de algún vídeo y posible interpretación de alguna canción”.La decisión tomada por el Ayuntamiento de Madrid de autorizar la celebración del acto en un espacio de su  titularidad (la Nave Terneras, del antiguo Matadero de Legazpi), fue objeto de recurso contencioso administrativo por el grupo municipal popular, que solicitó la adopción de una medida cautelarísima de suspensión de dicho acto. La resolución adoptada por el juez acordando suspender el acto se basaba en que se trataría de un acto de apoyo a una consulta convocada por la Ley del Referéndum catalana, que ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que atentaría contra la propia Constitución española. Por tanto, a criterio del juez, dicho evento, en tanto constituiría un acto de apoyo a un referéndum ilegal, no puede estar amparado por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular.


(Bilbao/Bilbo).- La campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón) exige el fin del secretismo en la venta de armamento español a Arabia Saudí y la falta de control del uso de las armas exportadas, prácticas que quedan patentes en el informe “Armas sin control: Un oscuro negocio Marca España”.
Los directores de las cuatro ONG han reclamado a la Secretaria de Estado de Comercio del Gobierno español, que preside la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso que regula el comercio de armas, y a la que en mayo solicitaron una reunión que aún no ha sido concedida, el cese de las exportaciones de armas a países como Arabia Saudí que puedan usarse en el conflicto de Yemen. Los directores de las ONG han hecho esta petición en una rueda de prensa a bordo del barco Esperanza de Greenpeace en el puerto de Bilbao, de donde, según los informes recibidos, en el último año han partido más de 300 contenedores con explosivos con destino a Arabia Saudí que podrían ser usados en el conflicto de Yemen.
Según la ONU, desde marzo de 2015, al menos 5.144 civiles han perdido la vida y 8.749 han sido heridos en esta guerra, donde las partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional con total impunidad y casi 19 millones de personas desplazadas dependen de la ayuda humanitaria.
El informe denuncia que los más de 650 millones de euros de armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en Yemen, en marzo de 2015, son un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la legislación española y europea y del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como de la opacidad y falta de control existente en el sector cuando se cumplen 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas.
El informe hace un recorrido por todo el proceso de aprobación de las exportaciones y seguimiento posterior de las armas exportadas y manifiesta toda una serie de dudas razonables muy preocupantes: ¿Hace el Gobierno una evaluación rigurosa, caso a caso, de cada transferencia de armas a Arabia Saudí según los criterios establecidos en la legislación? ¿Cómo puede tener la certeza de que no se están usando en el conflicto de Yemen? ¿Qué tipo de seguimiento hace España en el terreno? ¿Tiene el Gobierno español la certeza de no estar siendo cómplice de crímenes de guerra?
Las autoridades no han dado una respuesta satisfactoria a estas y otras preguntas clave. Como se señala en el estudio, el que las actas de la Junta Interministerial que aprueba las exportaciones de armas sean secretas por un acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 1987, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, imposibilita la rendición de cuentas adecuadas sobre las exportaciones de armas. El informe, además, expone las carencias del sistema español de control del uso de las exportaciones realizadas, analiza las claves de la autorización de las exportaciones y examina la apuesta gubernamental por la exportación de armas.
Las conclusiones del informe reflejan la urgente necesidad de poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí que puedan utilizarse en Yemen, revocando las ya aprobadas y no negociando nuevos contratos. Asimismo, es imprescindible adoptar medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo del uso de las armas previo a las autorizaciones, el control del uso de las armas exportadas y la necesidad de control parlamentario previo de determinadas exportaciones sensibles. Hace ocho recomendaciones al Gobierno y los grupos parlamentarios, entre las que destacan la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la Ley con motivo del 10º aniversario de su adopción y que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, impulsada por el PNV, se adecúe a las normas internacionales de derechos humanos.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, ha demandado al Gobierno español que “pare la venta de armas a Arabia Saudí que puedan usarse en Yemen porque es ilegal según la normativa española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán denunció que “la coalición liderada por Arabia Saudita ha lanzado numerosos ataques aéreos ilegales, algunos de los cuales podrían ser considerados crímenes de guerra, de los que España corre el riesgo de ser cómplice, que han matado a miles de civiles y han destruido escuelas, hospitales, mercados y hogares”. La coalición saudí ha reconocido haber usado municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos. Beltrán ha reclamado al Gobierno español que “ponga fin al envío de armas y no autorice nuevas ventas de armas a Arabia Saudí que se pueden utilizar en Yemen, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.
José María Vera, director de Oxfam Intermón, ha manifestado que “Es inaceptable que la respuesta del Gobierno al conflicto de Yemen, la mayor crisis humanitaria del mundo según la ONU, con al menos siete millones de personas al borde de la hambruna y donde cientos de miles sufren cólera, sea reducir la ayuda humanitaria y vender armas sin control”. La guerra está exacerbando la situación humanitaria en el país más pobre de Oriente Próximo, mientras ambas partes impiden la distribución de ayuda humanitaria. Vera reclamó al Gobierno que “controle sobre el terreno cómo usa Arabia Saudí las bombas, la munición o los aviones de reabastecimiento en vuelo exportados desde 2015, ya que son armas susceptibles de ser empleadas en los bombardeos en Yemen”. Además pide que España incremente sustancialmente la partida humanitaria.Mario Rodríguez, director de Greenpeace, ha declarado que: “Da la sensación de que el secretismo del comercio de armas es un instrumento más de la política oficial de apoyo a la exportación de armamento, para el agrado de las empresas del sector. De hecho, estas exportaciones se han incrementado sustancialmente en los últimos años y en la legislatura 2012-2015 ascendieron a 13.000 millones, el doble de la anterior”. “La transparencia es un elemento clave para contribuir a la paz y es esencial para la rendición de cuentas efectiva”, ha continuado Rodríguez. “En este sentido la Ley de Secretos Oficiales es uno de los principales obstáculos para avanzar en transparencia, asegurar que el Gobierno cumple la ley y evitar exportaciones irresponsables. Por eso, el Parlamento debe aprobar ya su reforma y adecuarla a las normas internacionales”, ha concluido Rodríguez, quién también ha exigido al Gobierno español que revoque el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, que clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas, ya que impide conocer las razones, por ejemplo, para autorizar las exportaciones a Arabia Saudí. Jordi Armadans, director de FundiPau, ha manifestado que “Es hora de hacer balance y seguir avanzando en la transparencia y el control parlamentario del comercio de armas español”. Por ello, con motivo de los 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas, ha reclamado a los grupos parlamentarios, que en los próximos días votarán en la Comisión de Defensa un dictamen con recomendaciones al Gobierno sobre las exportaciones de armas en 2015 y 2016, que impulsen “la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la Ley 53/2007 e identifiquen medidas para reforzar los mecanismos de transparencia, control de las exportaciones e instauren un mecanismo de control parlamentario previo para exportaciones sensibles”. Los grupos parlamentarios deberían instar al Gobierno a poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí y exigir un control parlamentario previo en las exportaciones sensibles.


Amnistía Internacional puede revelar nuevos indicios que señalan una campaña de tierra arrasada en gran escala en el norte del estado de Rajine, donde las fuerzas de seguridad de Myanmar y los grupos parapoliciales están quemando pueblos rohingyas enteros y disparando indiscriminadamente a la gente que intenta huir.El análisis llevado a cabo por la organización a partir de datos sobre detección de incendios activos, imágenes por satélite, fotografías y vídeos sobre el terreno, así como entrevistas a decenas de testigos presenciales en Myanmar y a través de la frontera en Bangladesh, muestra una campaña orquestada de incendios sistemáticos lanzada contra pueblos rohingyas en el norte del estado de Rajine durante casi tres semanas.
Los datos son irrefutables: las fuerzas de seguridad de Myanmar están prendiendo fuego al norte del estado de Rajine en una campaña dirigida a expulsar a los rohingyas de Myanmar. No se equivoquen: es una limpieza étnica
Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional
“Los datos son irrefutables: las fuerzas de seguridad de Myanmar están prendiendo fuego al norte del estado de Rajine en una campaña dirigida a expulsar a los rohingyas de Myanmar. No se equivoquen: es una limpieza étnica”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.“Se observa aquí un patrón claro y sistemático de abusos. Las fuerzas de seguridad rodean un pueblo, disparan a la gente que huye presa del pánico, y luego incendian las casas hasta los cimientos. En términos legales, se trata de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y expulsión forzada de civiles.”
Incendios a gran escala con un objetivo específico

Amnistía Internacional ha detectado al menos 80 incendios en gran escala en zonas habitadas en el norte del estado de Rajine desde el 25 de agosto, cuando el ejército de Myanmar lanzó una operación militar después de que el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán atacara unos puestos policiales. Durante ese mismo periodo de un mes en los últimos cuatro años, los sensores por satélite no detectaron ningún incendio de esa magnitud en ningún lugar del estado.Los incendios se han detectado a lo largo de grandes franjas de zonas predominantemente rohingyas en el estado de Rajine. Aunque la magnitud de los daños no se puede verificar de forma independiente sobre el terreno, a causa de las restricciones de acceso impuestas por el gobierno de Myanmar, es probable que se hayan quemado pueblos enteros, y se haya obligado a decenas de miles de personas a huir aterrorizadas. Amnistía Internacional ha comparado las imágenes por satélite de los incendios con las declaraciones de testigos presenciales y con imágenes de casas incendiadas.Es probable que la cifra real de incendios y el alcance de los bienes destruidos sea mucho mayor, ya que la cobertura de nubes durante la estación de los monzones ha dificultado que los satélites capten todos los incendios. Además, los incendios más pequeños no son detectados por los sensores de los satélites medioambientales.Las imágenes por satélite de la comarca de Inn Din, zona de etnia mixta en el sur de Maungdaw, muestran claramente una zona de hogares rohingyas que han sido quemados hasta los cimientos, mientras que las zonas no rohingyas que están a su lado parecen intactas.Amnistía Internacional habló con un hombre de 27 años de Inn Din que describió cómo el 25 de agosto el ejército, acompañado de un pequeño grupo parapolicial, rodeó el pueblo y disparó al aire, antes de entrar en él y disparar indiscriminadamente contra los residentes rohingyas que huían. Según su relato, este hombre se escondió en un bosque cercano y observó mientras el ejército se quedaba en el pueblo durante tres días, saqueando y quemando casas.Lo mismo sucede con las zonas urbanas, ya que las imágenes por satélite muestran cómo los barrios predominantemente rohingyas de la localidad de Maungdaw han sido totalmente arrasados mientras otras zonas de la localidad permanecen intactas.
Ataques sistemáticos y coordinados
Los testigos rohingyas en el estado de Rajine y las personas refugiadas en Bangladesh describen un escalofriante modus operandi de las fuerzas de seguridad. Los soldados, la policía y los grupos parapoliciales en ocasiones rodean un pueblo y disparan al aire antes de entrar en él, pero a menudo se limitan a irrumpir en el pueblo y empezar a disparar en todas direcciones, mientras la gente huye presa del pánico.Mientras los lugareños supervivientes intentan desesperadamente abandonar la zona, las fuerzas de seguridad incendian casas utilizando gasolina o lanzacohetes portátiles.Un hombre de 48 años contó que había presenciado la irrupción del ejército y la policía en su pueblo de Yae Twin Kyun, en el norte del municipio de Maungdaw, el 8 de septiembre. “Cuando llegaron los militares, empezaron a disparar contra la gente, que se asustó mucho y echó a correr. Vi a los militares disparar contra mucha gente y matar a dos muchachos. Utilizaron armas para quemar nuestras casas. En nuestro pueblo había 900 casas; ahora sólo quedan 80. No queda nadie, ni siquiera para enterrar los cadáveres.”Amnistía Internacional ha podido corroborar el incendio analizando fotografías tomadas desde el otro lado del río Naf, en Bangladesh, que muestran enormes columnas de humo que se elevan en el interior de Myanmar.Un rohingya que huyó de su casa en Myo Thu Gyi, municipio de Maungdaw, el 26 de agosto, dijo:“El ejército atacó a las 11 de la mañana. Empezó a disparar contra las casas y la gente; el ataque duró una hora. Cuando terminó, vi a mi amigo muerto en la carretera. Más tarde, a las cuatro de la tarde, los militares empezaron a disparar otra vez. Cuando la gente huía, quemaban las casas con botellas de gasolina y lanzacohetes. Los incendios continuaron durante tres días. Ya no hay casas en nuestra zona: se han quemado del todo.”Utilizando datos sobre los incendios detectados por satélite, Amnistía Internacional pudo confirmar incendios en gran escala en Myo Thu Gyi el 28 de agosto.Resulta inquietante que, en algunas zonas, las autoridades locales parecen haber advertido de antemano a los residentes locales de que sus casas iban a ser incendiadas, un claro indicio de que los ataques son deliberados y planeados.En Kyein Chaung, municipio de Maungdaw, un hombre de 47 años contó que el administrador del pueblo había reunido a los residentes rohingyas y les había informado de que el ejército podía quemar de forma inminente sus casas, y les había animado a buscar refugio fuera del pueblo junto a la orilla del río vecino.Al día siguiente, 50 soldados llegaron al pueblo desde dos lados diferentes, se acercaron a los rohingyas que estaban en la orilla del río y empezaron a disparar indiscriminadamente mientras la gente entraba en pánico y escapaba, pese a que había pocas opciones de huida para quienes no podían cruzar el río a nado. Los soldados empezaron a atacar a los hombres del grupo: les dispararon a quemarropa y apuñalaron a los que no habían conseguido huir.Un testigo presencial del pueblo de Pan Kyiang, en el municipio de Rathedaung, describió cómo, a primeras horas de la mañana del 4 de septiembre, el ejército se presentó junto con el administrador del pueblo. “El administrador dijo que más valía que nos marcháramos antes de las 10 de esa misma mañana, porque se iba a prender fuego a todo.” Mientras su familia empaquetaba sus pertenencias, vio lo que describió como una “bola de fuego” que alcanzó su casa, y entonces huyeron, presas del pánico. Los residentes que se ocultaron en un arrozal cercano vieron cómo los soldados quemaban casas utilizando lo que parecían ser lanzacohetes.Las autoridades de Myanmar han negado que sus fuerzas de seguridad sean responsables de los incendios, y han afirmado, de manera francamente increíble, que son los rohingyas los que han estado prendiendo fuego a sus propias casas.“Los intentos del gobierno por echar la culpa a la población rohingya son mentiras flagrantes. Nuestra investigación ha dejado perfectamente claro que sus propias fuerzas de seguridad, junto con grupos parapoliciales, han sido responsables del incendio de los hogares de los rohingyas”, ha manifestado Tirana Hassan.Amnistía Internacional también ha recibido información creíble que indica que activistas rohingyas han quemado las casas de personas de etnia rajine u otras minorías; sin embargo, la organización no ha podido corroborar hasta el momento esta información.
Cientos de miles en fuga
La ONU calcula que, desde el 25 de agosto, la violencia y el incendio de pueblos han obligado a más de 370.000 personas a huir a Bangladesh desde el estado de Rajine, en Myanmar. Es probable que decenas de miles más estén desplazadas y en fuga dentro del estado. Esta cifra viene a sumarse a las aproximadamente 87.000 personas que, según se estima, huyeron a finales de 2016 y principios de 2017 durante una operación militar en gran escala en el estado.“Las cifras hablan por sí solas: no es ninguna exageración decir que casi medio millón de rohingyas han tenido que huir de sus hogares en algo menos de un año. Deben investigarse los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, y los responsables deben rendir cuentas. En última instancia, Myanmar debe poner fin también a la discriminación sistemática de los rohingyas, núcleo de la crisis actual”, ha manifestado Tirana Hassan.“Es hora de que la comunidad internacional se despierte y vea la pesadilla que están viviendo los rohingyas. Los datos iniciales señalan que estos ataques están siendo calculados y coordinados en múltiples municipios. Debe ejercerse una presión mucho mayor sobre Aung San Suu Kyi y los mandos del ejército de Myanmar, que siguen perpetrando abusos, para que pongan fin a esta carnicería.”“Dentro de unos días, la situación de Myanmar se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una oportunidad para que el mundo demuestre que ha captado el alcance de la crisis actual y adopte una resolución firme que lo refleje. El Consejo debe ampliar además el mandato de la misión de investigación, a la que las autoridades de Myanmar deben brindar toda su colaboración.”