Amnistía Internacional España

Consecuencias de los ataques aéreos cerca del aeropuerto internacional de Saná, en Yemen, marzo de 2015 © Zakarya Dahman, courtesy of The Yemen Times Tras hablar con personal hospitalario y testigos presenciales, Amnistía Internacional ha confirmado que, entre las 25 personas que, según la información disponible, han muerto en los ataques aéreos efectuados esta madrugada en la capital yemení, Saná, bajo dirección saudí, figuran seis niños menores de 10 años.
La organización ha hablado con personal médico de cuatro hospitales distintos, a los que llevaron los cadáveres tras sacarlos de entre los escombros de 14 casas de un barrio residencial próximo al aeropuerto internacional de la ciudad alcanzadas por las bombas. El resto de los muertos son hombres, en su mayoría de entre 30 y 50 años. Se cree que podría haber aún más personas enterradas bajo los escombros; asimismo, al menos 20, entre ellas 4 mujeres, fueron ingresadas en hospitales, principalmente por heridas de metralla.
“La alta cifra de muertos y heridos civiles causados por estos ataques hace temer que no se hayan cumplido las normas del derecho internacional humanitario. Las fuerzas saudíes y cualesquiera otras fuerzas armadas participantes en ataques aéreos en Yemen tienen que tomar todas las precauciones posibles para no causar daños a la población civil”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África.
“Dos de tales precauciones son verificar que los blancos son, en efecto, objetivos militares y avisar a la población civil por medios eficaces y con antelación, salvo que las circunstancias no lo permitan.”
“Los grupos armados huthis y las fuerzas armadas yemeníes también tiene la obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger de los efectos de los ataques a los civiles de las zonas bajo su control, lo que incluye evitar en la medida de lo posible situar armas y combatientes dentro de barrios residenciales.”
Dada la cifra de civiles muertos y heridos, Arabia Saudí y los demás Estados participantes en estos ataques aéreos deben investigar si se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario. Asimismo, si hay indicios de que se han perpetrado crímenes de guerra, deben someter a los presuntos responsables a un juicio justo.
El Ministerio de Salud yemení ha dicho hoy que los ataques aéreos han matado a 25 personas y herido a unas 40; no se sabe aún si hay combatientes entre las víctimas.
Según personal paramédico que llegó al lugar posteriormente, el ataque aéreo efectuado cerca del aeropuerto ha tenido lugar poco antes de las tres de la madrugada (hora local), en una zona residencial llamada Beni Hawat. Al parecer, grupos armados huthis habían instalado un puesto de control a  unos 100 metros de allí, y estaban también en la base de Al Dailami, situada a unos 500 metros.
Las autoridades saudíes han manifestado hoy que han destruido “todas las defensas antiaéreas huthis” de la base de Al Dailami, que se encuentra junto al aeropuerto internacional de Saná.
Beni Hawat en uno de los diversos lugares de los alrededores de la ciudad que han sufrido ataques aéreos durante la noche tras anunciar Arabia Saudí que iba a llevar a cabo una intervención militar contra los grupos armados huthis, en la que participan una colación de 10 países, entre ellos cinco miembros del El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. El gobierno de Estados Unidos ha manifestado hoy que ha “autorizado el envío de apoyo logístico y de inteligencia” para esta intervención militar, a la que han dado también su aprobación otros gobiernos, entre ellos los de Reino Unido y Turquía.


Un manifestante con carteles sobre justicia universal durante una manifestación en contra de los crímenes cometidos durante el franquismo (AP Photo/Andres Kudacki) Madrid.- Amnistía Internacional da la bienvenida a la advertencia de cuatro mecanismos de Naciones Unidas, que han criticado hoy a España por la decisión de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, incluidos varios ex ministros. Para la organización se trata de una prueba más de que España ni está investigando ni permite a la justicia argentina investigar los más graves crímenes del franquismo, como la tortura, el robo de bebés y las ejecuciones extrajudiciales, que la justicia argentina enmarca como crímenes de lesa humanidad.
“España sigue demostrando que no hace nada por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, permitiendo así la impunidad y el desamparo de quienes sufrieron los peores crímenes", ha declarado Ignacio Jovtis, responsable de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional España. La organización considera importante el hecho de que cuatro mecanismos de Naciones Unidas, los expertos sobre desapariciones forzadas o involuntarias; sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición hayan alertado a España sobre su falta de colaboración.
“España no sólo está incumpliendo con sus obligaciones internacionales, sino también el Tratado bilateral de cooperación judicial que tiene con Argentina”, ha añadido Ignacio Jovtis. “La falta de colaboración de España no tiene excusa: los argumentos que utiliza para denegar la extradición son contrarios al derecho internacional”, ha añadido. En ese sentido, Amnistía Internacional reitera lo mencionado por los organismos de Naciones Unidas que señalan que el gobierno no puede utilizar el argumento de la prescripción de los delitos para no extraditar o juzgar, ya que algunos de esos crímenes, como la tortura o la desaparición forzada, pueden constituir crímenes contra la humanidad y por lo tanto no prescribirían.
Más de 40 años después, sigue sin haber avances. Ya es hora de que las víctimas puedan acceder a la verdad, justicia y reparación, así que España debe o juzgar o extraditar a los acusados”, ha concluido Jovtis.

Más información

El pasado 13 de marzo España denegó las extradiciones de 17 ciudadanos españoles acusados por Argentina de fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos, en el marco de la llamada "querella argentina". Naciones Unidas, así como Amnistía Internacional, que lleva años denunciando que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas siguen siendo denegados en España, pidieron la colaboración del gobierno español con la magistrada argentina, María Servini de Cubría, quien había recomendado el arresto preventivo de los imputados para ser interrogados.


Frontera entre Marruecos y España en la Ciudad de Melilla. © Amnistía Internacional. Las reformas draconianas de dos leyes españolas constituyen un ataque contra los derechos de la ciudadanía del país, así como un intento de formalizar prácticas abusivas contra personas migrantes y refugiadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la votación parlamentaria que tendrá lugar esta tarde.
Una doble tanda de reformas propuestas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana restringirán el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. También introducirán nuevas medidas antiterroristas y legalizarán la devolución en caliente e ilegal de migrantes y refugiados desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África, a Marruecos.
“Hoy es un día oscuro para España, pues estas reformas representan un ataque múltiple a toda una serie de derechos”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa para Europa de Amnistía Internacional.
“Las reformas draconianas socavarán derechos tanto de la ciudadanía española como de las personas migrantes y refugiadas que buscan cobijo en Ceuta y Melilla.”
“Legalización” de las devoluciones ilegales de personas migrantes y refugiadas
La nueva enmienda a la ley de extranjería española contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana entrará en vigor de manera inmediata, y podría dar lugar a la expulsión automática y colectiva de personas migrantes y refugiadas desde las fronteras de Ceuta y Melilla al introducir una nueva práctica administrativa denominada “rechazo”.
La devolución sumaria de personas migrantes y refugiadas a Marruecos sin un procedimiento formal niega a estas personas el acceso al procedimiento de asilo en España y las expone a un riesgo real de sufrir violaciones de derechos humanos a su regreso.
La garantía contenida en la enmienda, según la cual los rechazos en la frontera se realizarán respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, parece papel mojado. La enmienda no describe cómo se defenderán y respetarán esos derechos durante los rechazos.
“Las personas migrantes, ya de por sí vulnerables, que buscan seguridad en estos enclaves son detenidas y devueltas a Marruecos”, ha manifestado Gauri van Gulik.
“En lugar de poner fin a esta práctica ilegal, el gobierno elabora sus propias normas y pisotea tanto los derechos de estas personas como las obligaciones internacionales contraídas por la propia España.”
Leyes antiterroristas
Las reformas propuestas al Código Penal español abarcan una diversidad de delitos definidos como “terrorismo” utilizando una redacción imprecisa y estableciendo unas categorías de delitos excesivamente amplias. La definición de terrorismo se ha ampliado para incluir la “resistencia” a las autoridades públicas y la “imprudencia”, que incluye el apoyo involuntario a una empresa terrorista.
Se prohibirán los viajes, o los planes de viajar, fuera de España cuando se sospeche que esos viajes tienen como finalidad colaborar con grupos integristas o recibir adiestramiento con ellos, incluso si ese adiestramiento no tiene lugar o no se comete ningún acto delictivo. El intercambio de información, especialmente con servicios de seguridad extranjeros, genera la perspectiva de que se pueda compartir y utilizar, para su uso por los servicios de inteligencia, información obtenida mediante tortura.
Se prohibirá por ley el realizar en las redes sociales una declaración que pueda ser percibida como una incitación a otras personas para que cometan ataques violentos, incluso aunque esa declaración no pueda relacionarse directamente con un acto violento.
Estas restricciones amenazan el derecho a la libertad de expresión y asociación, a la presunción de inocencia, a la libertad de circulación, a la privacidad, y a salir de tu propio país y regresar a él.
“Si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, es que las reacciones gubernamentales excesivas ante los ataques violentos pueden conducir a leyes y prácticas innecesarias y abusivas”, ha manifestado Gauri van Gulik.
“España debe prestar atención a esa lección y garantizar que cualquier nueva medida es absolutamente necesaria y proporcionada, está claramente destinada a mantener a salvo a la población, y defiende y respeta los derechos humanos en ese proceso. Las reformas propuestas no cumplen estos criterios.”
Restricción de las protestas y de la libertad de expresión y reunión pacífica
Los nuevos delitos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana restringen indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión, criminalizan algunas formas legítimas de protesta e incrementan las penas para otras.
Las nuevas disposiciones contienen limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las “reuniones espontáneas” en determinados lugares y multas a las personas que las organicen.
Se otorgarán a la policía amplios poderes de decisión, sin salvaguardias de procedimiento, para multar a las personas que les muestren “falta de respeto”. Del mismo modo, la “ley mordaza” restringe la grabación en vídeo a agentes de policía, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes. En los últimos años, las imágenes grabadas durante manifestaciones públicas han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.
Las autoridades gubernamentales, no los tribunales, impondrán multas para numerosos delitos de orden público, lo que pondrá en riesgo las garantías procesales. Puesto que los estándares probatorios de los procedimientos administrativos son más bajos que los de los procedimientos penales, el paso de algunos delitos del Código Penal a la Ley de Seguridad Ciudadana significará una reducción de las salvaguardias. La presunción será que la versión de los hechos ofrecida por los agentes de policía es veraz y correcta.
Las enmiendas al Código Penal, que introducen cambios significativos al delito de alteración del orden público, contienen obstáculos adicionales a la protesta. Hay determinados delitos que se redefinen como “agravados” cuando, entre otras cosas, tengan lugar en el contexto de manifestaciones o reuniones de gran tamaño. La definición de “obstrucción” es tan ambigua que podría incluir actos de resistencia pasiva, y podría equipararlos a actos violentos.
La vaga definición de los delitos nuevos o enmendados significa que podrían aplicarse a conductas que están protegidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la nueva legislación infringe el requisito de certidumbre jurídica, es decir, el requisito según el cual las leyes deben estar formuladas con precisión suficiente.
“España está dando un gran paso atrás respecto a la libertad de expresión y reunión. El miedo al terrorismo y a la alteración del orden público no debe utilizarse para disuadir a la gente de protestar de forma pacífica y para incrementar la impunidad de la policía.”


Lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza a Israel en julio de 2014. © Jack Guez /AFP/Getty Images. Los grupos armados palestinos dieron muestra de una falta flagrante de respeto por la vida de los civiles al efectuar reiterados ataques indiscriminados con cohetes y bombas de mortero contra zonas civiles de Israel durante el conflicto de julio y agosto de 2014, señala Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
En Ilegítimos y mortíferos: los ataques con cohetes y bombas de mortero efectuados por grupos armados palestinos durante el conflicto de Gaza e Israel de 2014, la organización pone de manifiesto que varios ataques lanzados desde la Franja de Gaza constituyeron crímenes de guerra. Durante los 50 días de conflicto, tales ataques mataron en Israel a seis civiles, entre ellos un niño de cuatro años. En el incidente más mortal causado, se cree, por un ataque palestino, murieron 13 civiles palestinos, entre ellos 11 niños, al caer en el campo de refugiados de Al Shati un proyectil disparado desde la Franja de Gaza.
“Los grupos armados palestinos, entre ellos el brazo armado de Hamás, lanzaron durante el conflicto reiterados ataques ilegítimos, que mataron a seis civiles e hirieron a muchos más. Con estos ataques dieron muestra de una falta flagrante de respeto por el derecho internacional humanitario, sin que les preocuparan tampoco las consecuencias de sus infracciones para la población civil de Israel y de la Franja de Gaza", ha manifestado Phillip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Todos los cohetes utilizados por los grupos armados palestinos son proyectiles no guiados, que no pueden dirigirse con precisión contra objetivos específicos y son por naturaleza de efecto indiscriminado. El empleo de este tipo de armas está prohibido por el derecho internacional y constituye un crimen de guerra.  Los proyectiles de mortero son munición poco precisa, que no debe utilizarse jamás contra objetivos militares situados dentro o cerca de zonas civiles.
“Los grupos armados palestinos deben dejar de efectuar por completo ataques directos contra civiles y ataques indiscriminados. Deben tomar también todas las precauciones posibles para proteger a la población civil de la Franja de Gaza de los efectos de tales ataques. Con tal fin tienen que adoptar todas las medias posibles para que no haya combatientes ni armamento dentro de zonas densamente pobladas ni en sus inmediaciones", ha añadido Philip Luther.
Al menos 1.585 civiles palestinos, entre ellos más de 530 niños y niñas, resultaron muertos en Gaza, y al menos 16.245 viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables durante el conflicto como consecuencia de los ataques israelíes, algunos de los cuales también constituyeron crímenes de guerra.
“Los devastadores efectos de los ataques israelíes efectuados contra civiles palestinos durante el conflicto son innegables, pero las infracciones que cometa una de las partes en un conflicto no justifican jamás las de la otra", ha explicado Philip Luther.
“El hecho de que los grupos armados palestinos parezcan haber perpetrado crímenes de guerra al disparar cohetes y proyectiles de mortero de efecto indiscriminado no exonera a las fuerzas israelíes de las obligaciones que deben cumplir en virtud del derecho internacional humanitario. La destrucción y las cifras de muertos y heridos que provocó la guerra entre el 1,8 millones de habitantes de la Franja de Gaza no tienen precedentes, y algunos de los ataques israelíes deben investigarse en tanto que crímenes de guerra.
“Las autoridades israelíes y palestinas deben cooperar con las indagaciones de la comisión de investigación de la ONU y la Corte Penal Internacional para poner fin a decenios de impunidad, en los que se ha perpetuado una espiral de violaciones del derecho internacional que se ha cobrado en las poblaciones civiles de ambos bandos un alto precio.”
Según datos de la ONU, durante el conflicto se dispararon más de 4.800 cohetes y 1.700 bombas de mortero hacia Israel desde Gaza. Se calcula que de los miles de proyectiles disparados, alrededor de 224 cayeron en zonas residenciales israelíes y que el sistema israelí de defensa antimisiles Cúpula de Hierro interceptó muchos otros.
La muerte del niño de cuatro años Daniel Tregerman el  22 de agosto de 2014 ilustra claramente las trágicas consecuencias de uso de armas poco precisas, como morteros, contra zonas civiles, Su familia había regresado a casa, en el kibutz de Nahal Oz, que había dejado a causa de los combates, justo un día antes de que lo mataran. Momentos después de que sonaran las sirenas de alarma, un proyectil de mortero lanzado desde Gaza cayó sobre el automóvil de la familia, que estaba estacionado frente a la casa. La hermana menor de Daniel, que se encontraba también allí, lo vio morir con sus propios ojos.
“Mi esposo y mi hijo estaban en la sala de estar, y yo les gritaba para que fueran al refugio. A Daniel le penetró la metralla [de la bomba] en la cabeza y lo mató en el acto", explicó su madre, Gila Tregerman, a Amnnistía Internacional.
El brazo militar de Hamás, las Brigadas de Al-Qassam, se responsabilizaron del ataque.  
En el documento se pone también de relieve la falta de medidas de las autoridades israelíes para proteger debidamente a la población civil de la comunidades vulnerables durante el conflicto, en particular a los pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab de Israel, muchos de los cuales no están reconocidos oficialmente por el gobierno israelí. El 19 de julio, un cohete que cayó en el pueblo beduino de Qasr al Sir, cerca de la ciudad israelí de Dimona, mató a Ouda Jumi’an al-Waj.
Las autoridades israelíes han clasificado a la mayoría de los pueblos beduinos como "zonas abiertas" no residenciales, por lo que el sistema Cúpula de Hierro no intercepta los cohetes allí, y no hay tampoco refugios antiaéreos. En los pueblos beduinos del sur de Israel viven más de 100.000 personas.
“Se dejó a los civiles de los pueblos beduinos en una situación vulnerable y de riesgo, prueba de la discriminación que sufren a diario. Las autoridades israelíes deben garantizar que todas las personas reciben la mima protección", ha señalado Philip Luther.
Entre los civiles muertos por los ataques lanzados en Gaza figura también un trabajador agrícola de Tailandia, Narakorn Kittiyangkul, a quien mató un bomba de mortero caída en el campo de tomates del sur de Israel donde trabajaba. El 26 de agosto, un ataque con morteros mató a Ze’ev Etzion y Shahar Melamed en el kibutz de Nirim.
En el incidente más mortal causado, se cree, por un grupo armado palestino durante el conflicto, 13 civiles palestinos, entre ellos 11 niños, murieron al explotar un proyectil junto a un supermercado en el populoso campo de refugiados de Al Shati, en Gaza, el 28 de julio de 2014,  primer día de la festividad de Eid al Fitr. Los niños estaban jugando en la calle, comprando patatas fritas y refrescos en el establecimiento cuando se produjo el ataque.
Aunque los palestinos afirman que fue el ejército israelí el que lanzó el ataque, un experto en municiones independiente, que examinó los indicios existentes en nombre de Amnistía Internacional determinó que el proyectil utilizado era un cohete palestino.
“Los indicios de que un cohete lanzado por un grupo armado palestino pudo causar 13 muertes civiles dentro de Gaza no hacen más que poner de relieve hasta qué punto puede ser el efecto de estas armas indiscriminado, así como las terribles consecuencias de utilizarlas", ha manifestado Philip Luther.
En el ataque resultaron heridos de gravedad Mahmoud Abu Shaqfa y su hijo Khaled, de cinco años. Su hijo Muhammad, de ocho, murió.
“El cohete cayó cerca del automóvil [...] Quedó todo acribillado por la metralla.. Me cayó metralla […] y vino mi hijo [Khaled]. Gritaba: Papá, levanta, levanta`’. Yo tenía toda la pierna desgarrada, y el brazo torcido a la espalda.”
No hay refugios antiaéreos ni sistemas de alarma para proteger a los civiles en Gaza.
En el informe se describen también otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por los grupos armados palestinos durante el conflicto, como el almacenamiento de cohetes y otras municiones en edificios civiles, incluidas escuelas de la ONU, y casos en los que los grupos palestinos armados lanzaron ataques o almacenaron munición muy cerca de lugares donde habían buscado refugio centenares de civiles desplazados.
“La comunidad internacional debe ayudar a prevenir que se cometen nuevas violaciones graves del derecho internacional humanitario, abordando la arraigada impunidad y poniendo fin a las transferencias a los grupos armados palestinos y a  Israel de todo tipo de armas y material militar que puedan ser utilizados para cometer tales violaciones", ha añadido Philip Luther.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados que apoyen a la comisión de investigación de la ONU y la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los delitos cometidos por todas las partes en el conflicto.
Puedes consultar el resumen del informe en español en el siguiente enlace.


Jóvenes indios acceden a internet con sus teléfonos móviles con el dispositivo ‘wi-fi’ ofrecido por la ciudad de Bangalore. © Manjunath Kiran/AFP/Getty Images. La histórica sentencia del Tribunal Supremo de la India que anula una ley imprecisa y excesivamente amplia sobre la expresión en Internet representa un momento crucial para la libertad de expresión en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional India.
El artículo 66-A de la Ley sobre Tecnologías de la Información se ha empleado en varias ocasiones para enjuiciar a personas por ejercer legítimamente su derecho a la libertad de expresión en Internet y ha permitido detenciones y reclusiones arbitrarias. El Tribunal Supremo ha resuelto que la ley es “inconstitucionalmente imprecisa” y excesivamente amplia, y que “invade de forma arbitraria, excesiva y desproporcionada el derecho a la libertad de expresión”.
“Los partidos políticos han dad a menudo diferentes perspectivas sobre el artículo 66-A. La histórica decisión del Tribunal Supremo es una victoria crucial para la libertad de expresión y un recordatorio para el gobierno de la importancia de respetar este derecho”, dijo Shemeer Babu, director de Programas de Amnistía Internacional India.
“Sin embargo, hay otras leyes, como las relativas a la sedición y al delito de difamación, que siguen en los códigos. La sentencia debería impulsar al gobierno a derogarlas y a garantizar que cualquier restricción a la libertad de expresión es compatible con las normas internacionales.”
El artículo 66-A penalizaba varias formas de expresión en Internet, como el envío de información “gravemente ofensiva” o que cause persistentemente “irritación, molestias, obstrucción, insultos, lesiones, enemistad, odio o animadversión”. El Tribunal Supremo estudiaba un conjunto de peticiones presentadas por un estudiante de Derecho y varios grupos de derechos civiles que impugnaron la ley.
Subrayando la importancia de defender la libertad de expresión, el Tribunal resolvió que el artículo 66-A no constituía una “restricción razonable” basada en los motivos de orden público, difamación, incitación a cometer un delito y decoro o moralidad reconocidos en la Constitución de India.
El Tribunal afirmó: “Todas las expresiones utilizadas [en la ley] tienen un significado difuso. Lo que podría ser ofensivo para uno podría no serlo para otro. Lo que podría causar irritación o molestias a uno podría no causarlos para otro […] Una información que podría ser gravemente ofensiva o que causa irritación o molestias son términos imprecisos que afectan a una gran cantidad de expresiones protegidas e inocentes.” También observó que el artículo 66-A podía “usarse de tal forma que produzca un efecto paralizante en la libertad de expresión.”
El Tribunal Supremo anuló asimismo una cláusula de la Ley de la Policía de Kerala por ser inválida constitucionalmente por las mismas razones. Sin embargo, confirmó el artículo 79 de la Ley sobre Tecnologías de la Información, sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet. Introdujo una segunda salvaguardia, al resolver que los intermediarios en Internet —como los proveedores de servicio de Internet— deberán retirar un contenido únicamente por orden judicial o tras una advertencia del gobierno sobre un acto ilegal inminente. El Tribunal confirmó también el artículo 69-A de la misma ley y leyes afines sobre el bloqueo de sitios web.
“El gobierno debe garantizar que las leyes sobre responsabilidad de los intermediarios y bloqueo de sitios web son compatibles con las normas internacionales”, dijo Shemeer Babu. “Cualquier restricción a la expresión en Internet debe formularse con precisión y ser necesaria y proporcional a unas metas específicas.
“Internet debe ser una fuerza para la libertad política, no para la represión.”


Soldados yemeníes leales al movimiento huzi montan guardia en la entrada del palacio presidencial, febrero 2015, en Saná, Yemen © MOHAMMED HUWAIS/AFP La muerte esta mañana en Taiz de al menos ocho manifestantes pacíficos por disparos de miembros de las Fuerzas de Seguridad Central yemeníes muestra un terrible desprecio por la vida humana mientras el país se hunde en el caos, ha declarado Amnistía Internacional.
Médicos de dos hospitales de la ciudad de Taiz declararon a Amnistía Internacional que desde que comenzaron las protestas contra los huzis el domingo, han ingresado al menos otras 119 personas con lesiones infligidas por las fuerzas de seguridad. La mayoría fueron atendidas por inhalación de gas lacrimógeno y al menos 38 tenían heridas de bala.
“Los derechos humanos en Yemen se precipitan en caída libre cuando hasta la protesta pacífica se convierte en una actividad peligrosa para la vida”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Los líderes huzis deben refrenar inmediatamente a las fuerzas de seguridad y a los hombres armados que controlan y decirles que no debe emplearse la fuerza contra manifestantes pacíficos. Nadie debería correr el riesgo de morir o sufrir lesiones graves sólo por expresar su oposición a la toma de pueblos y ciudades por los huzis.
“El fiscal general debe garantizar que estos terribles sucesos se investigan de forma urgente e independiente. Los responsables de homicidios ilegítimos o arbitrarios y del uso abusivo de la fuerza deberán responder de ellos ante la justicia en juicios justos.”
Las manifestaciones en Taiz comenzaron a primeras horas del 22 de marzo, cuando cientos de personas se congregaron para protestar contra la toma de facto de Taiz por el grupo armado huzi, que capturó instalaciones clave como el aeropuerto internacional.
La autoridad del gobierno está disputada en Yemen desde enero de 2015, cuando el presidente Abd Rabbuh Mansour al Hadi dimitió por presiones de los huzis, grupo armado que tomó la capital en septiembre de 2014. Al Hadi se trasladó posteriormente a Adén, en el sur del país. Según los informes, las fuerzas huzis se están dirigiendo a Adén.


Imagen de una de las protestas en Venezuela durante 2014 © Carlos Becerra. Venezuela no ha investigado eficazmente ni puesto en manos de la justicia a los responsables de la muerte de 43 personas y de las heridas y las torturas sufridas por cientos más durante las protestas de 2014, lo cual equivale a dar vía libre a más abusos y actos de violencia, dice Amnistía Internacional en el nuevo informe que hoy publica la organización.
Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia examina las historias de las personas que murieron o fueron detenidas arbitrariamente y torturadas bajo custodia en el transcurso y después de las protestas que sacudieron el país entre febrero y julio de 2014.  Entre los muertos y heridos había manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad. Algunas personas aún siguen detenidas en espera de juicio.
“En Venezuela, la gente debe poder protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Cada día que pasa sin que se aborde la serie de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante las protestas es otro día de desgarradora injusticia para las víctimas y sus familias. Es preciso poner fin a esta situación.”
Durante las protestas se detuvo a 3.351 personas, en muchos casos arbitrariamente. La mayoría quedaron en plena libertad, se presentaron cargos contra 1.404, y 25 siguen detenidas en espera de juicio.
Amnistía Internacional tuvo acceso a los expedientes de cinco personas detenidas con cargos, y concluyó que su detención había sido arbitraria. Actualmente dos de estas personas están en libertad en espera de juicio.
Según los indicios, miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego.
Guillermo Sánchez falleció después de que un grupo de civiles armados pro gobierno le golpearan y dispararan en La Isabelica (ciudad de Valencia, estado Carabobo), en marzo de 2014. Su esposa Ghina y sus dos hijos tuvieron que huir del país tras recibir amenazas de muerte por exigir justicia, y siguen esperando que quienes mataron a Guillermo sean identificados y procesados.
Los familiares de otras víctimas y sus abogados también han denunciado haber sido hostigados e intimidados por sus campañas para conseguir justicia y reparaciones. Defensores y defensoras de los derechos humanos que han denunciado graves abusos también han sido objetivo de ataques.
Después de las protestas ha continuado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y las detenciones arbitrarias. En las últimas semanas se ha producido la detención en dudosas circunstancias del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (el 19 de febrero), y la muerte de un joven de 14 años a manos de la policía en Táchira (el 24 de febrero).
En lugar de resolver estos problemas, a finales de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias.
“El uso innecesario o desproporcionado de la fuerza es precisamente lo que exacerbó la oleada de acontecimientos trágicos del año pasado. En lugar de añadir leña al fuego publicando resoluciones para que el ejército tome las calles, las autoridades de Venezuela deberían enviar un inequívoco mensaje de tolerancia cero al uso excesivo de la fuerza”, ha dicho Erika Guevara.
Personas muertas y heridas durante las protestas
El informe de Amnistía Internacional documenta los sucesos de febrero de 2014, cuando miles de manifestantes contra el gobierno tomaron las calles, murieron 43 personas –entre ellas ocho funcionarios encargados de hacer cumplir la ley– y resultaron heridas otras 878, incluidos casi 300 efectivos de las fuerzas de seguridad.
El informe recopila el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas, estableciendo que las fuerzas de seguridad golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real a los manifestantes.
Tortura y otros malos tratos bajo custodia
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de personas detenidas que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos –golpes, quemaduras, agresiones sexuales, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte– mientras estaban bajo custodia.
El 27 de febrero de 2014, Wuaddy Moreno regresaba a su casa después de celebrar un cumpleaños cuando lo detuvieron como sospechoso de participar en las protestas.
Unos Guardias Nacionales  lo golpearon y le infligieron quemaduras en una plaza de La Grita (estado de Táchira) y, tras llevárselo detenido , lo dejaron en libertad sin cargos. Los agentes autores de los abusos, que siguen en  servicio activo, intimidaron y acosaron a Wuaddy y a sus familiares cuando éstos reclamaron justicia.
Miles de personas detenidas
Entre las personas que siguen recluidas se encuentra Leopoldo López, líder de la oposición, Daniel Ceballos, alcalde de la localidad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, y Rosmit Mantilla, activista LGBTI, todos del partido de oposición Voluntad Popular. Los tres deben quedar en libertad.
Recientemente, han quedado en libertad dos personas detenidas de forma arbitraria. Se trata del abogado Marcelo Crovato, que fue puesto bajo arresto domiciliario el 25 de febrero,  y Christian Holdack, en libertad con régimen de  presentación desde el 17 de marzo.
Investigaciones
En la mayoría de los casos, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia.
El Ministerio Público ha investigado 238 informes de violaciones de derechos humanos, pero sólo ha presentado cargos en 13 casos.
Asimismo, la Fiscal General ha declarado que hay 30 policías acusados de la muerte de manifestantes, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos. Hasta ahora, tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sido declarados culpables de malos tratos, y 14 se encuentran detenidos. Contra otro hay una orden de captura que aún no se ha hecho efectiva. Los 12 restantes están en libertad condicional.


Víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar que gobernó en Bolivia (1964-82) reclaman la desclasificación de los documentos relativos a estos delitos. © Amnesty International. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el apoyo por parte del Estado Plurinacional de Bolivia de la mayoría de las recomendaciones presentadas durante su examen en el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. La organización pide a las autoridades que apliquen plenamente y sin demora estas recomendaciones, en particular las que, según sostiene el gobierno boliviano, ya han sido aplicadas o están en proceso de aplicación. Muchas de ellas se refieren a asuntos en los que es preciso aumentar los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en Bolivia.
Bolivia ha apoyado las recomendaciones de poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1964 y 1982 y redoblar los esfuerzos para crear una comisión de la verdad independiente.  Deben tomarse sin demora medidas concretas para establecer la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada (unas 150). Es urgente hacer más para garantizar justicia para las violaciones de derechos humanos –desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias– que tuvieron lugar durante este periodo. Es injustificable que las autoridades no hayan aplicado plenamente la Ley 2640 para proporcionar resarcimiento a las víctimas de la violencia política. Amnistía Internacional insta a Bolivia a garantizar reparación plena y efectiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Inveterados problemas estructurales en el seno del poder judicial, como los retrasos, la corrupción y la falta de capacidad, obstaculizan el acceso a la justicia. Amnistía Internacional señala que Bolivia ha aceptado algunas de las recomendaciones a este respecto, pero no todas, y pide al gobierno boliviano que reconsidere y aplique todas las recomendaciones para reforzar la independencia del poder judicial.
A Amnistía Internacional le complace que Bolivia haya aceptado las recomendaciones sobre la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Los índices de mortalidad materna en el país siguen siendo de los más altos de la región y la tasa de embarazos no deseados sigue en aumento, afectando sobre todo a mujeres jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad. Amnistía Internacional saluda con satisfacción que el Tribunal Constitucional haya decidido anular el requisito de autorización judicial para las mujeres que desean someterse a un aborto en casos de violación, e insta a Bolivia a que garantice la aplicación práctica de esta decisión. La organización insta también a que se adopte sin demora el proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Bolivia.
Por último, Amnistía Internacional también expresa su satisfacción por que Bolivia haya aceptado las recomendaciones para mejorar las condiciones penitenciarias, así como las encaminadas a reforzar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La organización insta a Bolivia a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento previo de forma libre e informada, así como la participación real de todos los grupos indígenas en el proyecto de ley de consulta, actualmente en el Parlamento. Amnistía Internacional pide que estas recomendaciones se apliquen plenamente de forma inmediata.
Información general
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal del Estado Plurinacional de Bolivia el 18 de marzo de 2015, en su 28 periodo de sesiones. Previamente, Amnistía Internacional había presentado la anterior declaración verbal. La organización ya había presentado información sobre la situación de los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia: https://www.amnesty.org/en/documents/amr18/005/2014/es/


Jóvenes europeos participantes en la campaña “Sí a la diversidad, No a la discriminación”. © Maria Margarida Gaspar. Amnistía Internacional. El fallo del Tribunal Constitucional alemán por el que se anula la prohibición general de llevar ropa o símbolos de carácter religioso o cultural, impuesta a los profesores en Renania del Norte-Westfalia, el estado con más población de Alemania, es un importante avance en la lucha contra la discriminación por motivos de religión o creencia.
El fallo tiene su origen en sendos casos de dos musulmanas alemanas de origen turco que apelaron al Tribunal Constitucional. Ambas estaban empleadas en colegios públicos de Renania del Norte-Westfalia y solían llevar pañuelo en la cabeza en el trabajo.
En 2006, se introdujeron en la Ley de Educación de Renania del Norte-Westfalia nuevas disposiciones que prohibían a los profesores expresar ideas políticas o creencias religiosas. Tenían por objeto proteger la neutralidad del Estado y la paz en los colegios. Sin embargo, en la Ley se hacía expresamente una excepción con los símbolos que expresaran tradiciones o valores culturales cristianos y occidentales, que los profesores podían seguir exhibiendo sin incumplir por ello sus deberes.
Tras estos cambios legislativos, las autoridades educativas comunicaron a las dos demandantes que tenían que quitarse el pañuelo en el trabajo. La primera de las mujeres propuso llevar un sombrero que le cubriera el cabello y las orejas en vez de pañuelo, pero las autoridades educativas se negaron y le enviaron un documento de advertencia. La segunda recibió un aviso por escrito en agosto de 2006 y, al negarse a acatarlo, fue despedida en febrero de 2007.
El Tribunal ha determinado que la prohibición establecida en la Ley de Educación contraviene los artículos 3.3 (igualdad ante la ley) y 33.3 (igualdad de acceso a los servicios públicos) de la Constitución alemana. En particular destaca que la prohibición de expresar ideas políticas, creencias religiosas u opiniones filosóficas, incluso si se hace llevando ropa o símbolos de carácter religioso, puede aplicarse en determinados casos si expresar tales opiniones constituye una amenaza concreta a la neutralidad del Estado o la paz en uno o más colegios. Sin embargo, la prohibición general de expresar ideas políticas o creencias religiosas constituye una diferencia de trato que no cabe justificar objetivamente. Además, el Tribunal ha determinado que la excepción que se hace  con la exhibición de valores cristianos y occidentales es directamente discriminatoria.
Existen leyes similares en muchos otros estados alemanes, como Baden-Wurtemberg, Baviera, Baja Sajonia y Berlín. En algunos casos, como los de Baden-Wurtemberg y Baviera, se hacen excepciones discriminatorias con los símbolos que expresan creencias o tradiciones cristianas.
En su investigación, Amnistía Internacional ha puesto de relieve que las restricciones existentes en Europa al uso de ropa o símbolos religiosos en el trabajo y los centros de enseñanza son discriminatorias y afectan de manera desproporcionada a los musulmanes.
Según la legislación de la UE contra la discriminación (Directiva 2000/78/EC, artículo 4.1), sólo cabe justificar una diferencia de trato si corresponde a un “requisito profesional esencial”. Lamentablemente, en países como Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos, los empleadores despiden o niegan trabajo a musulmanas que llevan pañuelo por considerar que va en contra de la “imagen de la empresa” o no “agrada a los clientes”.
Con respecto al empleo público y, más concretamente, al profesorado de colegios públicos, Amnistía Internacional insiste en que la obligación de que los profesores y profesoras desempeñan sus funciones profesionales con imparcialidad no significa automáticamente que sea legitimo prohibirles llevar prendas o símbolos religiosos en todas las circunstancias. Toda restricción debe evaluarse caso por caso y permitirse solo si se demuestra que es necesaria y proporcionada para alcanzar un objeto legítimo según el derecho internacional de los derechos humanos.  La sentencia del Tribunal Constitucional coincide con este planteamiento.  


Fotografía del joven Saman Naseem, condenado a muerte en Irán por confesiones extraídas bajo tortura y por hechos supuestamente realizados cuando era menor. © Particular. A fin de demostrar que su participación en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra no es un mero ardid publicitario, las autoridades iraníes deben suspender todos los planes de ejecución de una persona que fue condenada a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando era menor de edad y ordenar una revisión de judicial su caso, ha manifestado Amnistía Internacional.
La ejecución de Saman Naseem, miembro de la minoría kurda de Irán, tras un juicio manifiestamente injusto, basado en “confesiones” hechas bajo tortura, tenía que haberse llevado a cabo un mes antes de la sesión del 19 de marzo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no tuvo lugar, y las autoridades se niegan desde entonces a revelar su suerte y su paradero.
Tememos que las autoridades iraníes haya aplazado la ejecución de Saman Naseem simplemente para evitar las críticas y condenas en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con lo que estaría más expuesto aún a ser ejecutado una vez terminado el examen”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraníes deben demostrar que están realmente dispuestas a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos y que su participación en el examen de la ONU no es mera publicidad. No deben llamarse a engaño creyendo que, retrasándola o llevándola a cabo el secreto, la ejecución de Saman Naseem va a pasar desapercibida.”
Saman Naseem fue condenado a muerte en abril de 2013 en Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental, por acusaciones de pertenencia a un grupo armado de oposición kurdo y participación en actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria. Tenía 17 años en el momento de los presuntos delitos.
Durante su primer examen periódico universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2010, Irán aceptó la recomendación de estudiar la abolición de las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito, que están expresamente prohibidas por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, las autoridades iraníes han seguido llevando a cabo ejecuciones de este tipo. Asimismo, ahora han rechazado las recomendaciones que les formularon en el segundo EPU del país para que detuvieran la ejecución de las condenas de muerte impuestas a personas menores de 18 años en el momento del presunto delito.  
“Condenar a Saman Naseem a muerte constituye un incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de Irán, en virtud de las cuales tiene absolutamente prohibido ejecutar a personas menores de edad en el momento del presunto delito”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.
“El anunció de su inminente ejecución el mes pasado suscitó indignación internacional, de personas de todo el mundo que reconocen que es ilegal y del todo inadmisible ejecutar a una persona que era menor de edad en el momento de su presunto delito.”  
Saman Naseem, que estaba recluido en la prisión de Urmía, en el oeste de Irán, fue trasladado a un lugar desconocido el 18 de febrero, la víspera de su ejecución. Transcurrió entonces un largo mes de incertidumbre para su familia, que no sabía si estaba vivo o muerto, hasta que  las autoridades han comunicado esta semana al abogado de Saman Naseem que la condena de muerte no se ejecutó.
No obstante, las autoridades se niegan a revelar el paradero de Saman Naseem. No se ha permitido a su familia visitarlo ni llamarlo por teléfono. Se halla recluido en condiciones que constituyen desaparición forzada, tipificada como delito por el derecho internacional.
“Es una auténtica crueldad por parte de las autoridades iraníes dejar que la familia de Saman Naseem siga sin saber absolutamente nada. Jugar así con los sentimientos de la familia es inhumano y degradante, además de un acto que constituye una violación de derechos humanos en sí mismo”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
La sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Irán ha presentado a la ONU una lista de recomendaciones que ha aceptado o rechazado total o parcialmente, tras la sesión de octubre de 2014 en que el país fue sometido a examen. En la sesión del 19 de marzo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se aprobará formalmente este documento final.
De las 291 recomendaciones sobre derechos humanos formuladas, Irán ha aceptado 130 totalmente y 59 parcialmente, y ha rechazado 102.
Entre las rechazadas figuran recomendaciones en la que se le insta a ratificar tratados clave de derechos humanos para proteger los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia, poner fin a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y garantizar protección contra la desaparición forzada.
La gran mayoría de las recomendaciones que Irán ha aceptado están redactadas de manera muy general o imprecisa, y en muchos casos su aceptación no equivale más que a la promesa de considerar realizar cambios o continuar haciendo esfuerzos para realizarlos, no al compromiso concreto de aplicarlas.
Por ejemplo, Irán ha accedido a continuar tomando medidas para reforzar los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y de la infancia. Sin embargo, ha rechazado las recomendaciones de ratificar la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y reconsiderar su imprecisa y excesivamente general reserva a la Convención sobre los Derechos del Niños, que excluye todas las disposiciones del tratado "incompatibles” con el derecho islámico.
“Al rechazar recomendaciones que les obligan a tomar medidas concretas, lo único que consiguen las autoridades iraníes es que sus concesiones con respecto a los derechos humanos parezcan gestos vacíos”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.“
"Las promesas huecas no enmascaran la cruel realidad de que no están comprometidas con una verdadera reforma en materia de derechos humanos.”