Amnistía Internacional España

© ARIF ALI/AFP/Getty Images Un atentado con explosivos perpetrado en Lahore y que ha matado a ocho personas es la última muestra de una oleada de violencia que pone de manifiesto un terrible desprecio por la vida humana, ha afirmado Amnistía Internacional hoy.
En los últimos 15 días, una serie de atentados con explosivos, reivindicados por diversos grupos armados, se han cobrado la vida de más de 120 personas, suscitando temor por la protección de la vida humana.“Todos los presuntos responsables de esta terrible oleada de violencia deben ser puestos a disposición judicial para que sean sometidos a juicios justos ante tribunales civiles ordinarios y sin que se recurra a la pena de muerte”, ha señalado Nadia Rahman, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Pakistán.“Las autoridades paquistaníes tienen el deber de proteger la vida de todas las personas del país, y deben hacerlo respetando el derecho y las normas internacionales. Recurriendo a métodos crueles e inhumanos no se abordarán las causas básicas del problema, y además se correrá el riesgo de perpetuar la espiral de violencia.”El atentado con explosivos de Lahore se produce una semana después de que más de 80 personas fueran asesinadas en el famoso santuario de Lal Shahbaz Qalandar de Sehwan, Sind. Entre las ciudades donde se han perpetrado atentados figuran Lahore, Quetta, Peshawar y Dera Ismail Jan.Tras el atentado de Sehwan, las autoridades paquistaníes afirmaron haber matado a 100 “terroristas”. No se han desvelado datos de ninguna investigación criminal, como quiénes eran las personas a las que se mató, cuál había sido su participación en los atentados y por qué no se las llevó ante la justicia para someterlas a un juicio justo.“Las víctimas de estos atentados merecen justicia verdadera, no que se emprenda una campaña de venganza violenta en su nombre“, ha manifestado Nadia Rahman.El atentado con explosivos de Lahore se ha producido en un momento en que el ejército de Pakistán ha anunciado una nueva ofensiva, la operación “Radd ul-Fasaad”, y en que han concedido poderes especiales a los Ranger, policía paramilitar de Pakistán, para llevar a cabo operaciones en Lahore y otras partes de Punyab.Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen que en todas las operaciones de seguridad se cumplen la obligaciones contraídas por Pakistán en virtud del derecho internacional.La organización ha documentado delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos bajo la jurisdicción de tropas paramilitares en Karachi, entre ellas detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos y negación del acceso a abogados, de atención médica y de garantías de juicio justo.“Las injusticias que vimos en Karachi no deben repetirse en Lahore u otras partes del país”, ha añadido Nadia Rahman.El Parlamento de Pakistán está examinando en la actualidad propuestas de restablecimiento del mandato de los tribunales militares para juzgar a civiles, tras la finalización el 7 de enero de un mandato de dos años.Amnistía Internacional considera que la jurisdicción penal de los tribunales militares debe estar limitada, en Pakistán y en cualquier otro país, a los juicios de miembros de las fuerzas amadas por infracciones de la disciplina militar; no debe hacerse extensiva a los delitos de derecho internacional ni a las violaciones de derechos humanos.De acuerdo con el derecho internacional, Amnistía Internacional se opone al uso de tribunales militares para juzgar a civiles y, junto con otras organizaciones, ha documentado toda una serie de violaciones de derechos humanos derivadas de ello, como confesiones obtenidas con coacción, procesos opacos, ejecuciones y juicios injustos.“Todo gobierno tiene el deber de proteger la vida de las personas y tomar las medidas necesarias para velar por su seguridad, pero los tribunales militares no son la solución”, ha afirmado Nadia Rahman.“La única forma de abordar los atentados contra los derechos humanos es con justicia, verdad y reparación, no con más violaciones de derechos humanos.”


Amnistía Internacional da la bienvenida a la decisión de la Procuraduría General de la República de México de admitir a trámite la denuncia presentada el pasado 15 de febrero por Ligia (Lily) Ceballos Franco.
La Procuraduría iniciará ahora una investigación para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada y para restablecer la verdadera identidad de Lily. El caso de Lily es un caso más de bebés robados que se produjeron en España desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.
“México se convierte en el segundo país, después de Argentina, que investigará crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo, delitos como la desaparición forzada en la que se podrían enmarcar muchos de los casos de bebés robados”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

México se convierte en el segundo país que investigará crímenes de derecho internacional cometidos en España durante el franquismo
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Hasta ahora, las investigaciones realizadas en España no han dado resultados y han descartado abordarlo como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forzadas, al contrario de lo recomendado por diferentes organismos de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o el Comité contra la Desaparición Forzada. Por su parte, en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”.
La justicia española ha abordado estos casos como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales) y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.
Además, cuando las investigaciones sobre este tipo de crímenes se realizan fuera de España, como es el caso de la justicia argentina, España no deja de obstaculizar dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos.
“Es una alegría inmensa. Después de la reunión con la Subprocuraduria de derechos humanos y la Subprocuraduria de asuntos jurídicos e internacionales tenía la confianza en que mi denuncia no iba a quedar en el olvido y ahora es una realidad. Esto no es contra mis padres adoptivos, quienes me dieron todo. Lo que me motiva es la búsqueda de justicia ante los crímenes perpetuados durante el régimen franquista", manifestó Lily.
“Ahora que México abre esta investigación, esperamos que profundicen hasta las últimas consecuencias. Y Amnistía Internacional pide al Estado español que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que pudieran emitir las autoridades mexicanas”, señaló Esteban Beltrán.
En cuanto a las investigaciones de bebés robados en general, Amnistía Internacional pide al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y fortalezca los esfuerzos para buscar e identificar a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad; y para llevar a los responsables ante la justicia.

El caso de Ligia Ceballos Franco
Ligia Ceballos Franco es una mujer mexicana, registrada en su nacimiento, el 29 de mayo de 1968, como María Diana Ortiz Ramírez, que pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.
Según la información disponible, el día 3 de junio de 1968 una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid, también conocido como la "Inclusa". En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como "supuestos".
Dos días después, esta niña fue bautizada e inscrita en el Registro Civil del Distrito de Congreso con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez. En dicho Registro se hizo constar que María Diana nació el 29 de mayo de 1968. Poco más de un mes después, el 11 de julio de 1968, el presidente de la Diputación Provincial de Madrid, concedió el prohijamiento de la niña María Diana Ortiz Ramírez a los señores Nazario Ceballos Traconis y su esposa Ligia Graciela Franco Aguilar. El 19 de julio de 1968, María Diana fue entregada en prohijamiento de manera oficial.
Seis días después, el 25 de julio de 1968, Nazario Ceballos y Ligia Graciela Franco inscribieron en el Registro Civil de la ciudad de Mérida (México) a Ligia Graciela Ceballos Franco como su hija biológica. En el acta de nacimiento se indicó que Lily había nacido el 29 de mayo de 1968 –el mismo día que nació María Diana-, a las 9 horas, en Mérida. Los papeles de María Diana se quemaron una vez pudo ser registrada en México con esa nueva identidad, tal y como habían recomendado a sus padres las autoridades españolas.
Más información: AI presenta en México el caso de un bebé robado durante el franquismo


Familia kurda desplazada como resultado de la represión de las autoridades turcas en Diyarbakır ©Guy Martin/Panos Madrid.- Los políticos que se valen de la retórica tóxica y deshumanizadora del “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso, ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
En su informe, La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países. Advierte en él de que las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo están fomentando un retroceso en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas.“2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del “nosotros contra ellos” en discursos de culpa, odio y miedo adquirió relieve global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Son demasiados los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad haciendo una manipulación venenosa y divisiva de la política de la identidad con el fin de ganar votos”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“El alarmismo divisivo se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Se trate de Trump, Orban, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.“La política de demonización que se hace en la actualidad difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana.”La política de demonización Los radicales cambios políticos de 2016 pusieron de manifiesto el potencial de la retórica de odio para desatar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Un claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder a discursos de miedo, culpa y división.Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. En 2016, los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos.
También dieron la espalda a las personas refugiadas y migrantes, a las que a menudo resultaba fácil convertir en chivos expiatorios. El Informe Anual de Amnistía Internacional documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro.En el caso más reciente, el presidente Donald Trump ha puesto en práctica la retórica xenófoba y de odio que utilizó en su campaña electoral firmando una orden ejecutiva con la que se intenta impedir que las personas refugiadas soliciten su reasentamiento en Estados Unidos, dificultando así que quienes huyen de la guerra y la persecución en Estados asolados por los conflictos, como Siria, busquen refugio seguro en el país. Mientras tanto, Australia causa deliberadamente un terrible sufrimiento dejando a las personas refugiadas atrapadas en Nauru y la isla de Manus, la UE ha llegado a un temerario acuerdo ilegal con Turquía para enviar a las personas refugiadas de regreso a suelo turco, aunque no sea un país seguro para ellas y México y Estados Unidos continúan expulsando a personas que huyen de la violencia incontrolada de Centroamérica.En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. Al mismo tiempo, otros países han adoptado intrusivas medidas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de Reino Unido. Otro rasgo de la política del “más fuerte” ha sido el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI, que se ha manifestado, por ejemplo, en el intento de reducir los derechos de las mujeres en Polonia, al que se respondió con protestas multitudinarias.

“Son demasiados los líderes que, en vez de luchar por los derechos de la gente, han adoptado por conveniencia política una agenda deshumanizadora. Muchos violan los derechos de grupos utilizados como chivos expiatorios para marcarse tantos políticos o desviar la atención de su propio fracaso a la hora de garantizar derechos económicos y sociales”, ha afirmado Salil Shetty.“En 2016, estas formas especialmente tóxicas de deshumanización se convirtieron en fuerza dominante en la política convencional global. Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman desvergonzada y activamente todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia.“El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira. Las reverberaciones darán lugar a más ataques, perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión. Cuando las personas dejemos de vernos unas a otras como seres humanos con los mismos derechos, empezaremos a precipitarnos en el abismo.”El mundo vuelve la espalda a atrocidades masivasAmnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico. El modo de hacer política basado en el “nosotros contra ellos” se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo está siendo sustituido por un orden mundial más agresivo y belicoso.“Sin voluntad política de los líderes mundiales para ejercer presión sobre los Estados que violan los derechos humanos, están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo”, ha señalado Salil Shetty.“Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos fundamentales con los derechos humanos mayor será el riesgo de que se produzca un efecto dominó de líderes con el que se anime a retirar garantías de protección de los derechos humanos ya establecidas.”El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. En el Informe Anual de Amnistía Internacional se documentan crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016.A pesar del desafío que plantean cifras como ésta, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.“2017 da comienzo con muchos de los Estados más poderosos del mundo afanados en estrechos intereses nacionales a costa de la cooperación internacional. Esta situación amenaza con llevarnos hacia un mundo más caótico y peligroso”, ha afirmado Salil Shetty.“Un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos aparecen representados como un obstáculo para los intereses nacionales reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan a las épocas más funestas de la historia humana".

La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016
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“La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transmisión en directo del horror de Alepo, las miles de personas muertas a manos de la policía en la “guerra contra las drogas” de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes de tomar medidas contra ellas”.¿Quién va a defender los derechos humanos?Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los cínicos intentos de retirar derechos humanos consolidados con la lejana promesa de prosperidad y seguridad. En su Informe Anual, la organización advierte de que la solidaridad global y la movilización popular serán de especial importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos, que suelen ser tachadas por los gobiernos de amenaza para el desarrollo económico, la seguridad y otras prioridades.Amnistía Internacional documenta en su Informe Anual que en 2016 se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos en 22 países. Las mataron por actividades como cuestionar arraigados intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas u oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. El homicidio de la notable dirigente indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras el 3 de marzo de 2016 fue una pavorosa advertencia a quienes hacen activismo, pero no se llevó a nadie ante la justicia.“No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos; somos las personas quienes que tenemos que hacer algo. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente la necesidad de que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana y la igualdad en todas partes”, ha manifestado Salil Shetty.“Cada persona debe pedir a su gobierno que utilice todo el poder e influencia que tenga para poner en evidencia a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. En los malos tiempos, la gente ha logrado cambiar las cosas cuando ha tomado postura, fuera como activistas de los derechos civiles en Estados Unidos, activistas contra el apartheid en Sudáfrica o movimientos por los derechos de las mujeres y de las personas en todo el mundo. Todas las personas tenemos que aceptar ahora este reto.”España, en medio de esta tendencia internacionalEn 2016, España no se ha quedado al margen del menoscabo de los derechos humanos. Por un lado, la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, y se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por otro, se ha utilizado el delito de "enaltecimiento de terrorismo" para limitar desproporcionadamente la libertad de expresión. Mientras tanto, la impunidad es una tendencia en las violaciones de derechos humanos: los miembros de fuerzas de seguridad implicados en el uso excesivo de la fuerza rara vez son identificados, y los casos de tortura siguen sin investigarse adecuadamente, al igual que los crímenes contra el derecho internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

España sigue acogiendo a un número insuficiente de personas refugiadas
Esteban Beltrán Director de Amnistía Internacional España
"Aunque España, en su discurso, se comprometió en septiembre de 2015 con la Unión Europea a la reubicación y reasentamiento de más de 17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es que sólo ha acogido a 1.034 personas (23 enero de 2017), tan sólo el 6% de su compromiso. Unas cifras que son claramente insuficientes", manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.Amnistía Internacional ha denunciado, entre otros aspectos, que el sistema español de recepción de solicitantes de asilo sigue prácticamente bloqueado, no se garantiza el derecho a la información de los solicitantes de asilo, es excesivo el tiempo que permanecen en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) las personas solicitantes de asilo de algunas nacionalidades (en algunos casos hasta más de un año), y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata, o las personas del colectivo LGBTI. La organización ha documentado cómo las fronteras se encuentran prácticamente selladas para migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, especialmente de origen subsahariano, donde se siguen produciendo expulsiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad, la última en enero de 2017, sin tener en cuenta si estas personas podrían ser solicitantes de asilo o estar en una situación vulnerable.A lo largo de 2016, hubo ejemplos de cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirvió para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. Es el caso, entre otros, de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, titiriteros de la compañía "Títeres desde abajo" y encarcelados por sacar un cartel en el que se leía "Gora Alka-ETA" en el transcurso de una representación de marionetas. "Ninguna obra de teatro, ninguna opinión por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, representa un peligro para la seguridad", señaló Beltrán. Ambos titiriteros fueron acusados de "enaltecimiento del terrorismo" y de "incitación al odio". Su causa se archivó en enero de 2017.En 2016, Amnistía Internacional denunció nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y otros casos de  malos tratos, que no se investigaron con eficacia y exhaustividad. En el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 tras el impacto de una pelota de goma durante el transcurso de una manifestación, los policías implicados en el incidente fueron absueltos en mayo de 2016 al no poder demostrarse quién había disparado. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente. La impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad que recurren a este tipo de prácticas se consolida por la falta de investigación. Igualmente se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades españolas siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos. Se niega así el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.


Una de las personas heridas en el salto del pasado mes de septiembre con la que se entrevistó Amnistía Internacional / Amnistía Internacional Amnistía Internacional, ante el intento de salto de valla de la madrugada de este viernes, ha declarado:
"Este salto multitudinario, en el que se han producido tantos heridos, es un ejemplo más acerca de cómo las vallas que separan Ceuta y Melilla son un fracaso más de las políticas migratorias de España, basadas en la seguridad, desoyendo las obligaciones que el Estado tiene en relación a las personas migrantes y solicitantes de asilo. La falta de rutas legales y seguras, la imposibilidad que tienen las personas de origen subsahariano para poder acceder a la frontera y solicitar asilo con todas las garantías, les aboca a tomar este tipo de acciones, poniendo además en riesgo sus vidas e integridad física".
"Pedimos a las autoridades que todas las personas heridas reciban el tratamiento médico adecuado, así como que aquellas que deseen solicitar protección internacional puedan acceder a los procedimientos de asilo con todas las garantías. Además, aprovechamos para recordar, una vez más, que es urgente que se establezcan procedimientos legales en frontera, para que no se produzcan expulsiones sin ningún tipo de procedimiento y garantías jurídicas"
"Amnistía Internacional ha estado en Ceuta y Melilla investigando la situación de las personas migrantes y refugiadas, y hemos denunciado las violaciones de derechos humanos que allí se producen. Estaremos pendientes de qué sucede con estas personas que han entrado y de cómo es la situación en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETIS)" Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional


Concentración por bebés robados. © EFE/Víctor Lerena La organización presenta un caso ante la Procuraduría General de la República de México por el caso de Ligia Ceballos Franco, que hace unos años descubrió que había sido entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en España.
Madrid/ México DF.- Para Amnistía Internacional algunos de los casos de bebés robados podrían ser hechos constitutivos de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional cometido en España durante la Guerra Civil y el franquismo. Hasta ahora, las investigaciones realizadas en España por estos casos no han fructificado, ni  tampoco han contemplado su posible encuadre como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forzadas. En este contexto, las víctimas se ven obligadas a recurrir a buscar justicia en otros países. Por ello, Amnistía Internacional presentó ayer en México una querella por el caso de una bebé robada en España en 1968.

Amnistía Internacional entregó en la Procuraduría General de la República  de México (PGR) una denuncia por el caso de Ligia Ceballos Franco, una mujer mexicana que hace unos años descubrió que había nacido en España con una identidad distinta y que había sido entregada a quienes hasta hace poco consideraba sus padres biológicos. Un caso que para la organización podría enmarcarse en el entramado de bebés robados que se produjeron en España desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.Amnistía Internacional ha documentado numerosos indicios que indican que Ligia Ceballos, registrada en su nacimiento, el 29 de mayo de 1968, como María Diana Ortiz Ramírez, pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

Este caso reviste las notas características de una desaparición forzada
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España
"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mis padres fueron buenas personas, me criaron, me quisieron y me dieron todo lo que pudieron. Esto no es en contra de ellos sino a favor de la justicia de otras historias como la mía, esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida”, afirmó Ligia Ceballos.Pese a que en España se han iniciado investigaciones sobre casos de “bebés robados”, éstas no han dado prácticamente ningún resultado y la justicia siempre los ha abordado como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales), y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tras hacerse eco de miles de denuncias interpuestas en España sobre este tipo de casos, señaló, en 2014, que las investigaciones judiciales debían contemplar, ante la existencia de suficientes indicios, las posibles conexiones entre múltiples casos de alegadas sustracciones ilegales de niños y niñas. Este mismo organismo indicó, en su Observación General del año 2013, que el robo de niños y niñas con el conocimiento del Estado puede ser considerado, en determinadas circunstancias, como casos de desapariciones forzadas. Tanto el Grupo de Trabajo, como el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recomendaron que el Estado español fortaleciera los esfuerzos para buscar e identificar a los niños y niñas víctimas de este tipo de delitos, tal y como se reconoce en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que establece que tienen derecho a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares”.Las investigaciones que se están llevando sobre este tema en España no están arrojando resultados concretos. Fuentes de la Fiscalía General del Estado, confirmaron a Amnistía Internacional, que ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por esta institución en relación con el robo de bebés había llegado a fase de juicio. “España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, señaló Esteban Beltrán.¿Por qué una querella en México?"Tenemos varios motivos para presentar la denuncia en México. Primero, la búsqueda del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Sabemos que si se logra judicializar estos derechos podría constituir un importante precedente para otros casos.  Segundo, España no está arrojando resultados concretos porque muchos de estos delitos siguen en el olvido. Por ello, el caso encuentra anclaje en el derecho penal mexicano. Tercero, Ligia es una ciudadana mexicana y tenemos la responsabilidad de mostrar públicamente que se hace justicia en su país”, explicó Tania Renaum, Directora de Amnistía Internacional México.Por ello, Amnistía Internacional ha pedido a la Procuraduría General de la República en México que inicie, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre este caso para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada, ayude a Ligia a buscar a su familia, restablecer su identidad biológica y el vínculo familiar.Al Estado español, le pedimos que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que emitan los tribunales mexicanos cuando decidan investigar sobre el caso.En cuanto a las investigaciones de bebés robados en general, pedimos al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y fortalezca los esfuerzos para buscar e identificar a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Igualmente solicitamos que tome medidas eficaces para que los responsables sean llevados ante la justicia.Información complementariaLa denominación de bebés robados, se empezó a utilizar en el contexto español para referirse a los niños y niñas que fueron objeto de secuestro, tráfico de menores y adopciones ilegales durante la Guerra Civil y la postguerra.En el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.Las denuncias por casos de bebés robados, con un patrón parecido de actuación y aprovechándose de la misma estructura creada en la posguerra, se prolongó durante todo el franquismo y los primeros años de democracia./// FIN


Las autoridades de Bahréin no deben usar una fuerza excesiva contra los manifestantes; así lo afirmado Amnistía Internacional con motivo de las manifestaciones multitudinarias del 14 de febrero que conmemoran el sexto aniversario de la revuelta de 2011.Bahréin se encuentra al borde de una crisis de derechos humanos, a juzgar por el patrón de represión creciente observado en las últimas semanas, y caracterizado por violencia contra manifestantes, ejecuciones, detenciones arbitrarias y represión de la libertad de expresión .“Bahréin está en un punto crítico. Sólo en los dos primeros meses de 2017 se ha observado una alarmante escalada del uso arbitrario y excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad y se han llevado a cabo las primeras ejecuciones desde la revuelta de 2011”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora adjunta de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut. “Las autoridades deben refrenar a las fuerzas de seguridad, respetar los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica y suspender las ejecuciones; si no lo hacen, existe el riesgo de que se declare una verdadera crisis de derechos humanos.”La tarde del 12 de febrero, cientos de personas salieron a protestar a la calle en varios pueblos porque las autoridades no autorizaban la celebración de un funeral religioso por los tres hombres que habían muerto a manos de la guardia costera el 9 de febrero tras fugarse de la prisión de Yaw el 1 de enero. Líderes religiosos chiíes de Bahréin habían convocado concentraciones multitudinarias en señal de protesta. Algunas manifestaciones se tornaron violentas mientras que otras fueron pacíficas en todo momento.Amnistía Internacional obtuvo informes y fotografías de lesiones sufridas por manifestantes por el impacto de perdigones en la espalda, el oído, el pie o la pierna. En Sitra se grabaron imágenes de un gran vehículo acorazado avanzando hacia los manifestantes y, aparentemente, disparando proyectiles de gas lacrimógeno a la altura de las personas, con resultado de lesiones. A continuación, el vehículo fue bombardeado, y el grupo Al Muqawama Liwehdat al I’lam al Harbi reivindicó la autoría del ataque. Las autoridades bahreiníes no han respondido públicamente a este ataque.El 15 de enero de 2017, tres hombres fueron ejecutados en Bahréin tras una suspensión de las ejecuciones de casi siete años, y después de un juicio manifiestamente injusto. En 20 pueblos del país hubo reacciones de protesta, y varias manifestaciones se tornaron violentas: vehículos acorazados del gobierno cargaron contra los manifestantes y casi los arrollaron, y las fuerzas gubernamentales usaron gas lacrimógeno y escopetas para disparar perdigones directamente contra manifestantes.Desde entonces la tensión va en aumento; decenas de personas han sido detenidas con posterioridad al 15 de enero, entre ellas Munir Mshaima, hermano de Sami Mshaima, uno de los tres hombres ejecutados. Acusado de proferir “injurias al rey” durante el juicio, Munir fue detenido inmediatamente después del entierro de su hermano. Quedó en libertad al día siguiente.Amnistía Internacional ha visto imágenes de vídeo en las que hombres armados enmascarados con pasamontañas negros disparaban escopetas semiautomáticas Benelli durante los enfrentamientos en Diraz el 26 de enero. No se sabe con certeza si disparaban munición real o munición antidisturbios, menos letal. En las imágenes también aparecían más hombres enmascarados con pistolas semiautomáticas desenfundadas, y uno que llevaba un subfusil MP-7.En algunos casos también hubo manifestantes que emplearon la violencia contra las fuerzas de seguridad, lanzando cócteles molotov y quemando neumáticos, e hiriendo al menos a dos agentes de policía. Según el Ministerio del Interior, se ha registrado asimismo la muerte de dos policías. Dispararon contra uno de ellos en Bani Yamra el 14 de enero, y murió posteriormente a causa de las heridas, y el otro, un agente que estaba fuera de servicio, fue abatido a tiros por unos hombres armados en Bilad al Qadem el 29 de enero.Estallaron más protestas el 29 de enero, cuando miles de personas se manifestaron pacíficamente en contra de la celebración al día siguiente del juicio contra Sheikh Issa Qassem, líder espiritual del partido de oposición Al Wefaq, disuelto en julio de 2016.“El gobierno bahreiní viene afirmando desde hace seis años que ha adoptado medidas importantes encaminadas a la reforma y al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas el procesamiento de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la revuelta de 2011. Pero en las últimas semanas se ha observado un inquietante y renovado patrón de violaciones de derechos humanos, que incluyen detención arbitraria y tortura, propiciado por el clima continuado de impunidad”, ha afirmado Lynn Maalouf.A pesar de estas denuncias, el gobierno bahreiní reprime la libertad de expresión desde hace seis años imponiendo cada vez más restricciones arbitrarias a los medios de comunicación, prohibiendo las manifestaciones en Manama y encarcelando a quienes expresan públicamente sus opiniones.En 2016, por ejemplo, se volvió a encarcelar al destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab, se disolvió el principal partido de oposición, Al Wefaq, se retiró arbitrariamente la nacionalidad a su líder espiritual, Sheikh Issa Qassem, y se condenó a nueve años de prisión a su secretario general, Sheikh Ali Salman, por declarar pacíficamente la meta de su partido de llegar al poder en Bahréin, responder a las exigencias de reforma de la revuelta de 2011 y exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.El 16 de enero, el Ministerio de Información ordenó la suspensión de la edición en Internet del periódico independiente Al Wasat por sus “reiteradas emisiones incitando a la discordia en la sociedad y al espíritu de sedición, perturbación de la unidad nacional que afecta a la paz pública”. Restableció la edición en línea del periódico el 19 de enero.Además, el gobierno de Bahréin mantiene privados de libertad al doctor Ali al Ekri y a otros 11 activistas de oposición, entre ellos Abdulhadi al Khawaja y Hassan Mshaima, detenidos por oponerse pacíficamente al gobierno durante la revuelta de 2011. Muchos de los detenidos han denunciado que sufrieron torturas durante los interrogatorios. Según describen, recibieron golpes y fueron obligados a permanecer de pie durante largos periodos y amenazados con ser violados por funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional.“Ali al Ekri y los 11 activistas de la oposición son presos de conciencia que continúan encarcelados por su participación pacífica en la revuelta; las autoridades bahreiníes deben ordenar su libertad inmediata e incondicional.”


Asentamiento israelí de Maale Adumim, al este de Jerusalen AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images El presidente Donald Trump debe aprovechar su próxima reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para dejar claro que el gobierno estadounidense se opone a la construcción de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, ha declarado Amnistía Internacional en una carta abierta publicada hoy.
Está previsto que ambos se reúnan en la Casa Blanca mañana, miércoles 15 de febrero. Tras la toma de posesión del presidente Trump el mes pasado, las autoridades israelíes han anunciado planes para construir más de 6.200 nuevas viviendas en asentamientos, aparentemente alentadas por la perspectiva de un nuevo aliado en la Casa Blanca. Sin embargo, en declaraciones recientes a los medios de comunicación, el presidente Trump ha advertido de que la expansión de los asentamientos israelíes podría no ser “bueno para la paz”.
“La reunión entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Donald Trump ofrece una oportunidad única para que el gobierno estadounidense deje claro que no tolerará la construcción ilegal de asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. El presidente debe reconocer que los asentamientos no son sólo ‘malos para la paz’, sino que constituyen una violación flagrante del derecho internacional”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“Los asentamientos ilegales en tierras palestinas son un sello distintivo de los 50 años de brutal ocupación de Israel. Al continuar aplicando esta política discriminatoria de asentamientos, Israel también infringe con absoluto descaro múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como la aprobada en diciembre que pide que se ponga fin a las actividades de asentamiento en la Cisjordania ocupada. Instamos al presidente Trump a que aproveche esta oportunidad única para demostrar a Israel que no se le va a dar carta blanca para que pisotee los derechos de la población palestina ocupada.”
Con motivo de la reunión del miércoles, Amnistía Internacional ha publicado un documento informativo de referencia para periodistas en el que pone de relieve el devastador impacto que siguen teniendo los asentamientos en la vida de 2,9 millones de palestinos y palestinas de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.


Amnistía Internacional ha denunciado crímenes de derecho internacional como ahorcamientos masivos en centros de detención como el de Saydnaya, en Siria © Cesare Davolio Madrid.- La hermana de un ciudadano sirio, de nacionalidad española, ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de inteligencia sirias, incluido el vicepresidente del país, para pedir que se investigue el caso de su hermano, supuesta víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Amnistía Internacional da la bienvenida a la presentación de esta querella, que busca investigar graves violaciones de derechos humanos y pide que las autoridades judiciales españolas contribuyan para que todas las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho.
“España tiene la obligación, según el derecho internacional, de investigar crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se cometieron dichos crímenes”, asegura Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. La organización ha denunciado en numerosas ocasiones que las fuerzas del gobierno sirio llevan años utilizando la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en centros de detención como el de Saydnaya, donde recientemente ha investigado ahorcamientos masivos, así como otros crímenes que han provocado la muerte de al menos 13.000 personas desde 2011. Aunque el gobierno de Al Assad ha negado que se lleven a cabo estas prácticas, lo cierto es que no se permite la entrada de observadores internacionales en Saydnaya u otros centros. 
La querellante que, según la Convención sobre Desapariciones Forzadas, se considera víctima directa, identificó el cuerpo de su hermano con “evidentes muestras de tortura” en el conocido como “informe Cesar”. Se trata de un archivo fotográfico de un miembro de la policía militar siria que desertó de su puesto y salió de Siria con más de 50.000 fotografías de presuntas víctimas de crímenes de derecho internacional en centros de detención.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que inicien, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre las graves violaciones de derechos humanos denunciados. “Es una oportunidad para que España demuestre su compromiso con los derechos humanos y deje de dar pasos hacia atrás en su lucha contra la impunidad”, concluye Ignacio Jovtis.
Información adicionalEl pasado 1 de febrero, el equipo de abogados internacionales de G37 interpuso ante la Audiencia Nacional en España una querella contra miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio, que denuncia la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de su hermano en el año 2013. La querella enmarca estos crímenes de derecho internacional en el delito de terrorismo de estado.
El "archivo César" es como se conoce a las desgarradoras fotos de cadáveres torturados, hambrientos y carbonizados sacadas de Siria por un desertor del ejército publicadas en enero de 2014. Estas imágenes aportaron pruebas sólidas de que en los centros de detención gubernamentales se perpetraban de forma sistemática torturas y ejecuciones extrajudiciales, abriendo los ojos de la opinión pública mundial a las despiadadas tácticas empleadas para castigar a quienes se atreven a oponerse al gobierno del presidente Bachar el Asad. Este archivo se presenta como prueba fundamental de la querella. Varias de esas fotografías corresponderían al cuerpo torturado y sin vida del hermano de la ciudadana española que presentó la querella. La denuncia sostiene que la víctima fue detenida ilegalmente en febrero de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad.


Campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos © Giorgos Kosmopoulos El acuerdo sobre refugiados establecido entre la UE y Turquía ha dejado a miles de personas refugiadas y migrantes en unas condiciones de vida míseras y peligrosas, y no debe copiarse en otros países. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en vísperas del primer aniversario del acuerdo.
El acuerdo para devolver a Turquía a las personas solicitantes de asilo, bajo la premisa de que Turquía es un lugar seguro para ellas, ha dejado a miles de personas expuestas a unas condiciones míseras e inseguras en las islas griegas. En el nuevo documento titulado "A Blueprint for Despair", Amnistía Internacional documenta también devoluciones ilegales de solicitantes de asilo a Turquía, en flagrante violación de los derechos que amparan a estas personas en virtud del derecho internacional.
“El acuerdo entre la UE y Turquía ha sido un desastre para las miles de personas que se han quedado varadas en un limbo peligroso, desesperado y aparentemente interminable en las islas griegas”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.“Por parte de los líderes europeos, es una falsedad absoluta promover el acuerdo entre la UE y Turquía como un éxito mientras cierran los ojos al insoportable coste que ese acuerdo está teniendo para quienes sufren sus consecuencias.”Varadas en la miseriaCuando el acuerdo entró en vigor, todas las personas refugiadas y migrantes fueron internadas automáticamente en centros de detención. Aunque ya no hay un régimen estricto de detención, las personas que están en los campos siguen sin poder abandonar las islas. A consecuencia de ello, se ven obligadas a vivir en unas condiciones míseras durante interminables meses en campos superpoblados, sin agua caliente y con una higiene deficiente, una nutrición inadecuada y una asistencia médica insuficiente.
Las condiciones en las islas no sólo son degradantes, sino que además ponen en peligro el bienestar y la vida de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Al atardecer del 24 de noviembre de 2016, en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, estalló una bombona de gas que se utilizaba para cocinar: mató a una mujer iraquí de 66 años y a un niño de 6 años que vivía en la tienda de al lado.
Las penalidades derivadas de las malas condiciones de acogida en las islas se ven agravadas por el temor de los residentes por su propia seguridad. Las malas condiciones de los campos, la incertidumbre de las personas refugiadas y migrantes respecto a su futuro y las difíciles relaciones con la población local contribuyen a que surjan fuertes tensiones que, en ocasiones, han dado lugar a estallidos de violencia. Las personas refugiadas también fueron víctimas de ataques motivados por el odio en el campo de Souda, en Quíos.
BKD, refugiado sirio de Alepo, de 17 años, describió el ataque:
“Cuando se produjo el ataque, temimos por nuestra vida, y salimos corriendo del campo [...] La gente gritaba, los niños lloraban [...] no necesitamos eso en nuestra vida otra vez [...]”.Las mujeres se ven especialmente afectadas por la falta de seguridad en las islas griegas, pues a menudo se ven obligadas a vivir en campos y usar las mismas duchas y los mismos retretes que los hombres. Se han quejado, por ejemplo, de la ausencia de duchas y retretes sólo para mujeres o, en los casos en que sí los hay, de la ausencia de puertas e iluminación adecuadas. Varias mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido o presenciado acoso verbal o físico o violencia en el ámbito familiar.
Que la gente avance, no que retroceda hacia Turquía
La premisa central del acuerdo para devolver a Turquía a todas las personas que lleguen de forma irregular a las islas griegas reside en el supuesto de que Turquía es un lugar seguro para quienes solicitan asilo.
Aunque hasta el momento no se ha devuelto formalmente de Grecia a Turquía a ninguna persona en virtud del supuesto de que Turquía es seguro, Amnistía Internacional documentó que algunas personas solicitantes de asilo habían sido devueltas a toda prisa sin darles la oportunidad de pedir asilo o apelar contra su devolución, en contra de lo que dispone el derecho internacional.
“En tanto que Turquía sigue sin ser un país seguro, la UE debe trabajar con las autoridades griegas para trasladar urgentemente a las personas solicitantes de asilo a la Grecia continental, y los gobiernos europeos deben dar a estas personas acceso a la reubicación en otros países”, ha manifestado Gauri van Gulik.
“Nadie debería morir a la intemperie en el umbral de Europa. Los líderes que afirman que el acuerdo entre la UE y Turquía podría ser un modelo para nuevos acuerdos con países como Libia, Sudán, Níger y otros deberían mirar las terribles consecuencias y escuchar la advertencia: esto no debe repetirse jamás.”


Un miembro de las fuerzas de seguridad de Túnez delante del museo del Bardo durante el acto por el aniversario del ataque terrorista en marzo de 2016 FETHI BELAID/AFP/Getty Images El uso en el pasado por las fuerzas de seguridad turcas de tácticas brutales como la tortura, la detención arbitraria, la reclusión y las restricciones de viaje contra personas consideradas sospechosas, así como el hostigamiento a sus familiares, amenaza el proceso de reforma de Túnez, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.En respuesta a una serie de ataques armados que sacuden el país desde marzo de 2015, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad, usando de forma creciente leyes de excepción, muchas de las cuales son incompatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos.‘We want an end to the fear’: Abuses under Tunisia’s state of emergency detalla cómo las fuerzas de seguridad han impuesto estas medidas de un modo arbitrario, represivo y discriminatorio. Estos abusos podrían poner en peligro los avances realizados en los últimos seis años, que han logrado que la ciudadanía del país disfrute de una mayor libertad de expresión, reunión y asociación, derechos consagrados en la Constitución de 2014.“No hay duda de que las autoridades tienen la obligación de contrarrestar las amenazas para la seguridad y proteger a la población de ataques mortales, pero pueden hacerlo respetando al mismo tiempo las protecciones de los derechos humanos previstas en la Constitución tunecina y en el derecho internacional, así como garantizando la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que cometan los agentes de seguridad”, ha afirmado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
Dar a los organismos de seguridad vía libre para actuar por encima de la ley no sirve a la seguridad.
Heba Morayef Directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
El informe detalla el impacto de las medidas de excepción en la vida cotidiana de quienes están sometidos a ellas, e incluye casos de tortura, detención y reclusión arbitrarias, registros domiciliarios sin orden judicial, órdenes de asignación de residencia arbitrarias y restricciones de viaje (conocidas como órdenes S17). Muestra cómo en algunos casos estas medidas se imponen de forma discriminatoria basándose en el aspecto, las creencias religiosas o condenas penales anteriores, y sin respetar el debido proceso.
Amnistía Internacional transmitió estos motivos de preocupación a las autoridades tunecinas y en diciembre de 2016 recibió una respuesta por escrito del Ministerio del Interior. Dicha respuesta, que se incluye en el informe, expone el marco jurídico que permite la adopción de estas medidas, pero no aborda los motivos de preocupación sobre el modo en que las fuerzas de seguridad las están aplicando y el impacto que están teniendo en los derechos y la vida de las personas.
El comienzo de las vistas públicas de la Comisión de la Verdad y la Dignidad en noviembre de 2016 ha abierto un debate público sobre la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado y la reforma del sector de la seguridad. Sin embargo, la Comisión tiene ante sí una ardua batalla, pues la rendición de cuentas por los abusos cometidos es hasta ahora muy limitada y su mandato no va más allá de 2013.
“El hecho de que se estén cometiendo abusos en nombre de la seguridad significa que hasta ahora las autoridades no han abordado la escala actual de las violaciones de derechos humanos en Túnez”, afirmó Heba Morayef. “Las autoridades tunecinas que han declarado, en público y en privado, su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la ruptura con el pasado deben ordenar que se ponga fin a estas prácticas y garantizar que se investigan efectivamente.”Reanudación del uso de tácticas represivasLos escalofriantes relatos que se exponen en este informe indican un inquietante aumento del uso de tácticas represivas contra personas sospechosas de terrorismo en los últimos dos años, que recuerdan al régimen del ex presidente Zin el Abidín Ben Alí.En el informe se detallan 23 casos de tortura y otros malos tratos perpetrados por la policía, la Guardia Nacional y brigadas antiterroristas desde enero de 2015, y el hostigamiento y la intimidación que han sufrido las víctimas tras su liberación. Las víctimas contaron a Amnistía Internacional que las habían golpeado brutalmente con palos y mangueras de goma, las habían obligado a mantener posturas en tensión como la del “pollo asado” o a permanecer de pie durante periodos prolongados, las habían sometido a descargas eléctricas o privado de sueño o habían vertido agua fría sobre ellas.El informe también destaca dos incidentes de violencia sexual: sendas violaciones cometidas en la comisaría de Ben Guerdane en marzo de 2016 y en la prisión de Mornaguia en enero de 2015.“Ahmed” (nombre ficticio para proteger su identidad), que fue detenido en marzo de 2016 en Ben Guerdane, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían irrumpido violentamente en la vivienda de su familia y habían golpeado a su esposa, lo que le provocó un aborto, y detenido a dos de sus hermanos. Cuando lo detuvieron a él, cinco días después, lo torturaron y lo violaron con un palo en la comisaría de policía.“Me golpearon hasta que perdí el conocimiento [...] Me pegaron en las piernas y los pies y en los brazos hasta que se llenaron de hematomas y se inflamaron. Todavía tengo pesadillas de la tortura que soporté. Me pegaron hasta que se me cayeron algunas uñas de los pies”, dijo, explicando que el hostigamiento continúa, pues las fuerzas de seguridad le dan el alto periódicamente para interrogarlo.Desde que se reinstauró el estado de excepción en noviembre de 2015, tras el atentado mortal con explosivos dirigido contra la Guardia Presidencial en la ciudad de Túnez, han sido detenidas miles de personas. Amnistía Internacional ha documentado al menos 19 casos de detención arbitraria. Al menos 35 testigos describieron redadas y registros domiciliarios en los que las fuerzas de seguridad habían irrumpido en las casas sin orden judicial, aterrorizando a los residentes. Algunos familiares también sufrieron intimidación o detención arbitraria y tortura y otros malos tratos para coaccionarlos a fin de que dieran detalles sobre seres queridos presuntamente implicados en ataques armados.El informe pone de relieve asimismo el trauma emocional y el impacto psicológico de estas reiteradas redadas. Más de una docena de personas dijeron que tuvieron que recibir tratamiento médico debido a la conmoción; en algunos casos, contaron que el hostigamiento constante las había llevado al borde del suicidio.
“Queremos que se acabe el miedo. Ya no salimos [...] Siento como si viviera en una jaula y siempre tengo miedo, y ni siquiera he hecho nada”, dijo “Meriem”, hostigada reiteradamente por agentes de seguridad.“La lucha contra el terrorismo no es excusa para violar a personas. Esto es una injusticia”, declaró “Sofien”, ex detenido, a Amnistía Internacional. Su esposa, que estaba embarazada de dos meses, tuvo que ser hospitalizada porque la conmoción había afectado al feto. En al menos dos ocasiones, unos hombres contaron a Amnistía Internacional que sus esposas habían sufrido un aborto debido a la tensión y la ansiedad causadas por los registros domiciliarios forzosos o reiterados. Además de hostigar con registros domiciliarios, arrestos arbitrarios y detenciones, las autoridades tunecinas han impuesto prohibiciones de viaje locales e internacionales al menos a 5.000 personas y órdenes de asignación forzosa de residencia que restringen sus movimientos a zonas concretas al menos a 138.Han declarado que su finalidad es impedir que miles de tunecinos y tunecinas se incorporen a grupos armados que actúan en Oriente Medio y el Norte de África, y vigilar los movimientos de quienes han regresado de zonas de conflicto. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional muestra que las restricciones a la libertad de circulación se han aplicado en ocasiones de un modo arbitrario y desproporcionado. Las personas afectadas no pueden trabajar, estudiar o llevar una vida familiar normal, y no han podido impugnar las restricciones ante los tribunales.“Este informe expone cómo la impunidad arraigada ha fomentado una cultura en la que han podido prosperar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad”, añadió Heba Morayef.Sólo un puñado de agentes de las fuerzas de seguridad han rendido cuentas de sus actos a pesar de que las autoridades han expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. En su respuesta escrita a Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior afirmó que la Inspección General de Seguridad Nacional había investigado una denuncia de tortura en 2015 y 2016, y había concluido que era falsa. Los agentes de seguridad someten a víctimas y testigos presenciales a hostigamiento e intimidación para disuadirlos de presentar denuncias de tortura.Las autoridades tunecinas han hecho algunos cambios positivos, cono las reformas legales introducidas en 2016 que refuerzan las salvaguardias frente a la tortura y otros malos tratos. Entre otras, se reduce el tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos y se garantiza el acceso a familias, abogados y atención médica. Sin embargo, estos cambios no se aplican legalmente a las personas detenidas en casos de terrorismo.Las autoridades también introdujeron una nueva y deficiente ley antiterrorista en 2015 que aumenta las facultades de vigilancia de las fuerzas de seguridad, establece la pena de muerte para determinados delitos e incluye una definición tan general de terrorismo que permite los abusos. En enero de 2017, el Ministerio de Justicia anunció que había 1.647 personas detenidas por cargos de terrorismo y blanqueo de dinero.“El gobierno tunecino debe garantizar que los métodos empleados para combatir las amenazas a la seguridad no violan la prohibición de la tortura y otros malos tratos ni limitan de un modo ilegal, arbitrario, discriminatorio o desproporcionado los derechos de las personas a la libertad, la libre circulación, la privacidad, la vida familiar y el empleo”, concluyó Heba Morayef.En virtud del estado de excepción, las autoridades tunecinas pueden suspender temporalmente ciertos derechos, pero el prolongado estado de excepción de los últimos años y el abuso manifiesto de las medidas de seguridad suscita serias dudas sobre su proporcionalidad o su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Túnez. Ciertos derechos, como la prohibición de la tortura, no pueden suspenderse en ninguna circunstancia, ni siquiera durante un estado de excepción.