Amnistía Internacional España

El video parece mostrar una ejecución organizada por un grupo armado © © YouTube/Libyan Proud

El impactante vídeo de un homicidio llevado a cabo a modo de ejecución en un estadio de fútbol del este de Libia por un grupo armado pone de relieve la falta de medidas de las autoridades para impedir que varias partes del país queden sumidas en un estado de violencia y caos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Un vídeo de aficionados publicado en las redes sociales muestra la supuesta ejecución de un egipcio a manos, al parecer, de un grupo armado llamado Consejo de la Shura de la Juventud Islámica en la ciudad meridional de Derna.

“Este homicidio ilegítimo hace realidad los peores temores de la población libia, que en algunas partes del país está atrapada entre implacables grupos armados y un Estado fallido”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Tales actos no pueden más que provocar nuevos abusos contra los derechos humanos en Derna, cuyos habitantes no pueden recurrir a instituciones estatales y no tienen, por tanto, medio de pedir justicia o protección efectiva frente a los abusos.

“Las autoridades libias deben abordar con urgencia, con el apoyo de la comunidad internacional, la falta de orden público persistente en Derna y otras partes del país desde el fin del gobierno del coronel Gadafi.”

El vídeo publicado en Internet muestra a la víctima egipcia, Mohamed Ahmed Mohamed, llevada en camioneta al campo de fútbol con los ojos vendados. Unos enmascarados, armados con fusiles, lo obligan entonces a ponerse de rodillas en una camilla.

En una declaración leída antes del homicidio, se lo acusa de haber matado a puñaladas a un libio, Khalid al-Dirsi. Se afirma que admitió el asesinato y el robo al ser interrogado por el Comité Legítimo de Resolución de Disputas, órgano sujeto aparentemente a la autoridad del Consejo de la Shura de la Juventud Islámica.

Se explica que el Comité ha determinado que sea “ejecutado” si no lo perdona la familia de la víctima. Por el vídeo, parece que la familia se niega.

A continuación se ve entregar una pistola a un hombre enmascarado y vestido de civil, que se cree que es hermano de Khalid al-Dirsi, que dispara entonces a Mohamed Ahmed Mohamed por detrás, posiblemente en la cabeza o el cuello.

Amnistía Internacional ha examinado también unas fotografías del incidente publicadas en las redes sociales y que muestran a una gran multitud viendo el homicidio desde las gradas del estadio.

La organización ha confirmado con fuentes de Derna que el homicidio tuvo lugar el 19 de agosto a las afueras de la ciudad.
“Ha sido un acto ilegítimo de venganza brutal”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las autoridades libias deben hacer cuanto esté en su mano para restablecer las instituciones públicas y el Estado de derecho en Derna y otras partes del país.” El Estado no ha reafirmado su control sobre Derna desde el final del conflicto de Libia de 2011.

No hay presencia policial ni militar allí desde entonces, y el Tribunal de Apelaciones de Derna está suspendido desde junio de 2013, como consecuencia del asesinato de un alto magistrado en medio de reiteradas amenazas de grupos armados contra jueces.

Los miembros de la judicatura se niegan a ir a trabajar mientras el Estado no garantice la protección y seguridad necesarias, algo que deja continuamente de hacer.

El vacío existente en materia de seguridad ha sido aprovechado por varios grupos armados, como Ansar al-Sharia, que controlan en la práctica la ciudad.

En los dos últimos años han sido víctimas de homicidio selectivo en Derna mandos de la fuerzas de seguridad, políticos, figuras religiosas y jueces. Estos delitos tienen aún que investigarse exhaustivamente.

Numerosos grupos armados islamistas que actúan en la ciudad parecen haber aprovechado la falta de Estado de derecho para reafirmar su control, con objeto, aparentemente, de imponer su interpretación de la ley islámica, o sharia.

Los homicidios perpetrados a modo de ejecución, como el grabado en el vídeo, contravienen los principios fundamentales de humanidad proclamados en el derecho internacional humanitario.

Nota para los medios de comunicación

Se ha colgado en YouTube un videoclip del homicidio de Mohamed Ahmed Mohamed (téngase en cuenta que las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas): https://www.youtube.com/watch?v=fpMGnX-AVz8&feature=youtu.be


Ambulancia atacada en Shuja’ya el 21 de julio. El médico que iba dentro murió en el ataque. © Privado

“El 25 de julio nos encargaron a mi colega Mohammad Al-Abadlah y a mí ir a por un hombre herido a Qarara…. Comunicábamos todo el tiempo con la Cruz Roja, como hacemos siempre que entramos en zonas bajo control militar israelí. En determinado momento, informamos que la carretera estaba bloqueada con cables eléctricos y no podíamos pasar. Cruz Roja se puso en contacto con los israelíes, a los que informó de nuestra situación. Nos respondieron que el ejército decía que saliéramos del vehículo y fuéramos a pie. Salimos, anduvimos unos 10 o 12 metros y, de pronto, dispararon directamente contra nosotros. Mi colega gritó: “Me han dado”. Los disparos continuaban por todas partes, así que no podía sacarlo de allí. Conseguí llegar a la ambulancia y llamé a la base. Enviaron dos ambulancias para intentar salvar a nuestro colega, pero dispararon también contra ellos. Conseguimos traerlo, pero por desgracia, murió”.
Este es parte del relato que Hassan Al-Attal, personal sanitario, contó a Amnistía Internacional, tras el ataque que él y Mohammad Al-Abadlah sufrieron por parte del ejército israelí cuando intentaban rescatar a un hombre herido el pasado 25 de julio.

Desde que comenzó la operación “Margen Protector” el pasado 8 de julio, Israel ha atacado ambulancias, personal sanitario y centros médicos en toda la Franja de Gaza. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, hasta el 2 de agosto, al menos cinco hospitales y 34 centros médicos habían tenido que cerrar por haber sufrido daños o como consecuencia de las hostilidades en sus inmediaciones. Además, al menos 15 miembros de los servicios médicos y de urgencias han muerto cumpliendo su deber y decenas más han resultado heridos.

En toda la Franja de Gaza los hospitales carecen del combustible y la electricidad necesarios, no reciben suministro suficiente de agua y tienen escasez de equipo médico y medicamentos esenciales, problemas debidos a los siete años de bloqueo israelí y que eran ya graves antes de las actuales hostilidades. Decenas de personas heridas de gravedad pueden morir si no son trasladados con urgencia a hospitales fuera de Gaza.

Roto el alto el fuego, Amnistía Internacional se dirige al Primer Ministro Israelí,  Benjamin Netanyahu para que cumpla con el derecho internacional humanitario y proteja los hospitales, el personal médico y los pacientes. Hasta el momento 18.000 personas han apoyado esta acción.

A través de esta ciberacción, Amnistía Internacional pide también a Netanyahu que:

  • Garantice que los centros médicos, ambulancias y personal médico y de urgencias están protegidos durante las hostilidades, que reconozca de antemano la condición de civiles a todo el personal y centros médicos.
  • Garantice el acceso seguro de las ambulancias y el personal médico y de urgencias a todas las zonas de la Franja de Gaza para facilitar el traslado de las personas heridas y muertas.
  • Facilite el traslado urgente de las personas enfermas o heridas de gravedad a hospitales de fuera de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento especializado indispensable.

Además, desde el comienzo de las hostilidades, Amnistía Internacional ha puesto en marcha otras acciones internacionales en las que ha pedido, entre otros, al Gobierno de España y al de Estados Unidos que paralicen el envió de armas a Israel. Sólo en España, más de 160.000 personas han apoyado las acciones que la organización ha puesto en marcha sobre la situación en Gaza.

/// FIN


Decenas de niños han sido reclutados para luchar por las milicias pro-gubernamentales y los grupos armados de oposición en Malí © AFP / Getty Images

Menores acusados de pertenencia a grupos armados en el conflicto de Malí languidecen en cárceles para adultos mientras que los abusos contra los derechos humanos continúan, afirmó Amnistía Internacional en un breve informe publicado hoy.

El informe Malí: Todas las partes en el conflicto deben poner fin a las continuas violaciones de derechos humanos reúne las conclusiones de una visita de investigación para examinar la situación de los derechos humanos en el país.

“Los menores han sufrido durante todo el conflicto. Se ha reclutado como niños y niñas soldados a menores con apenas 16 años, y los que están acusados de pertenencia a grupos armados están siendo recluidos junto con adultos, sin acceso a sus familiares ni asistencia letrada”, afirmó Gaëtan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

El informe pone de relieve los nuevos casos de menores detenidos y acusados de pertenencia a grupos armados y de posesión ilícita de armas de fuego y munición entre mediados de 2013 y 2014. En la actualidad, los menores permanecen recluidos junto con adultos, lo cual infringe las obligaciones internacionales de Malí en materia de derechos humanos, así como el memorando de entendimiento entre el gobierno maliense y las Naciones Unidas.

Desde el estallido del conflicto en enero de 2012, tanto las milicias progubernamentales como los grupos armados de oposición han reclutado a decenas de niños y niñas como combatientes. Las autoridades malienses han detenido a varios de ellos por presunta pertenencia a grupos armados y, actualmente, los mantienen bajo custodia tanto en la prisión civil de Bamako como en el campamento I de la gendarmería de esta misma ciudad. Los menores detenidos no reciben visitas de abogados ni de familiares, lo cual se debe, en parte, a que se encuentran recluidos lejos de sus domicilios.

El documento, que contiene las conclusiones de la visita de investigación que Amnistía Internacional llevó a cabo en Malí en junio de 2014, también ha sacado a la luz indicios de muertes bajo custodia y de los continuos actos violentos perpetrados contra la población civil por los grupos armados.

Amnistía Internacional investigó los enfrentamientos ocurridos en mayo del 2014 en Kidal, en el norte de Malí, y documentó la inseguridad reinante y los ataques continuos contra civiles por parte de grupos armados de oposición como el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (Mouvement national de libération de l’Azawad, MNLA), el Alto Consejo para la Unidad de Azawad (Haut conseil pour l’unité de l’Azawad, HCUA) y el Movimiento Árabe de Azawad (Mouvement arabe de l’Azawad, MAA).

La ciudad permanece bajo el control efectivo de los grupos armados de oposición desde que estalló el conflicto. La administración pública aún no ha reanudado su actividad, las escuelas permanecen cerradas y los órganos judiciales siguen fuera de servicio.

La delegación de Amnistía Internacional ha confirmado con varias fuentes, incluidos varios testigos presenciales, los homicidios intencionales perpetrados en la sede de gobernación de Kidal por miembros de grupos armados que, el 17 de mayo, allanaron el edificio y mataron intencionadamente a ocho civiles, incluidos seis representantes gubernamentales.

Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales y efectivas de todas las denuncias de delitos de derecho internacional, y que se ponga a los presuntos autores a disposición de la justicia en juicios con las debidas garantías.

“Ya es hora de que las autoridades malienses pongan fin a las continuas violaciones de derechos humanos. Los grupos armados de oposición que controlan el norte del país deben interrumpir inmediatamente los secuestros y los homicidios intencionales de civiles, así como la toma de rehenes”, afirmó Gaëtan Mootoo.

“Se debe transferir a los menores que se encuentran recluidos en cárceles para adultos a organismos gubernamentales o a organizaciones que les garanticen la protección especial que exige el derecho internacional.”


Olas de humo después de un ataque militar israelí contra la ciudad de Gaza el 19 de agosto © AFP / Getty Images

“Las autoridades israelíes parecen jugar a la burocracia con nosotros en lo que se refiere al acceso a Gaza, al condicionarlo a criterios nada razonables aun cuando el número de víctimas mortales en la región aumenta”, ha afirmado Anne FitzGerald, directora del Programa de Investigación y Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

Israel debe permitir con carácter inmediato el acceso a Gaza de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de derechos humanos para que puedan investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto, han afirmado hoy miércoles Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

“El derecho de las víctimas y de la opinión pública a saber lo ocurrido durante las hostilidades exige que las autoridades israelíes garanticen una total transparencia acerca de sus acciones y que se abstengan de dificultar la investigación independiente e imparcial de todas las violaciones denunciadas.”

Desde el comienzo de la operación militar israelí en Gaza llamada “Margen Protector”, el 8 de julio de 2014, las autoridades israelíes han rechazado las reiteradas solicitudes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch para entrar en Gaza por el paso fronterizo de Erez, controlado por Israel. Los dos grupos también han solicitado el acceso a las autoridades egipcias, que hasta la fecha no lo han autorizado.

“Se han perdido ya un tiempo precioso y es fundamental que las organizaciones de derechos humanos puedan entrar en la Franja de Gaza para iniciar el vital trabajo de verificar las denuncias de crímenes de guerra”

Si Israel está convencido de su afirmación de que Hamás es responsable de la muerte de civiles en Gaza, ¿por qué impide que las organizaciones de derechos humanos lleven a cabo investigaciones in situ”, ha manifestado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Los argumentos de una parte en el conflicto no determinan si los ataques violaron las leyes de la guerra, pero las investigaciones sobre el terreno sí podrían hacerlo.”

Desde el 7 de julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha solicitado en tres ocasiones a la Administración Civil de Israel, que actúa bajo la autoridad del Ministerio de Defensa de Israel, que se autorice su entrada en Gaza por el paso fronterizo de Erez. En cada caso, la Administración Civil afirmó que no podía tramitar las solicitudes, y que el paso fronterizo de Erez estaba cerrado. Periodistas, personal de la ONU, personal de ayuda humanitaria y otras personas con permisos han podido entrar y salir por Erez durante este periodo.

Amnistía Internacional solicitó la asistencia en este asunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y varios gobiernos de terceros países han planteado la cuestión a sus homólogos israelíes en nombre de Amnistía Internacional, pero ninguna de estas iniciativas ha tenido éxito.

Human Rights Watch ha recibido respuestas similares de la Administración Civil a su solicitud de permiso para entrar en Gaza desde la reciente intensificación de las hostilidades. Las autoridades israelíes del paso fronterizo de Erez también dijeron que Human Rights Watch no tenía derecho a recibir permisos para entrar en Gaza porque no era una organización registrada. Sin embargo, las autoridades israelíes reconocieron que disponían de facultades discrecionales para hacer una excepción. El 17 de agosto, Human Rights Watch pidió que se hiciera esa excepción lo antes posible. Hasta el año 2006, las autoridades israelíes permitieron en repetidas ocasiones el acceso de Human Rights Watch a Gaza sin exigir que el grupo estuviera registrado o pidiera una excepción especial.

Durante las recientes hostilidades, las fuerzas israelíes han bombardeado de forma intensiva la Franja de Gaza desde el aire, la tierra y el mar, y estos bombardeos han afectado gravemente a la población civil que vive en el territorio. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, han perdido la vida 1.976 palestinos, 1.417 de ellos civiles, de los que 459 eran menores de edad y 239 mujeres. Miles de restos de material bélico sin explotar están dispersos por todo el territorio de la Franja de Gaza. Cientos de miles de personas se han visto desplazadas. Han muerto 67 israelíes, de ellos tres civiles.

Los grupos armados palestinos han disparado de forma indiscriminada miles de cohetes hacia núcleos de población israelíes; según los informes, han almacenado cohetes en edificios escolares vacíos; y presuntamente no han tomado todas las precauciones posibles para impedir que la población civil sufra daños, lo cual viola el derecho internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch tienen algunos miembros del personal sobre el terreno en Gaza, pero no han podido verificar muchos informes de violaciones al haber negado las autoridades israelíes el acceso de investigadores.

El gobierno israelí debe permitir la verificación independiente de todas las denuncias de crímenes de guerra y otras violaciones y que las víctimas obtengan justicia. La observación activa de la situación de los derechos humanos sobre el terreno puede ayudar a prevenir que se cometan nuevos abusos, por todas las partes. Impedir el acceso de las organizaciones internacionales de derechos humanos sugiere desprecio por el derecho a buscar, recibir y difundir información.

Las autoridades israelíes permitieron por última vez el acceso de Human Rights Watch a Gaza por el paso fronterizo de Erez en 2006, y el de Amnistía Internacional en junio de 2012.

Desde esas fechas, se ha dicho en repetidas ocasiones a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que sólo registra a diplomáticos y personal de la ONU, o en el Ministerio de Bienestar Social. El registro en el Ministerio de Bienestar Social es una opción para las organizaciones humanitarias y de desarrollo que tienen oficinas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, pero es prácticamente imposible que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, como organizaciones internacionales de derechos humanos, cumplan las condiciones exigidas para el registro.

Información complementaria

La última vez que se concedió permiso a Amnistía Internacional para entrar en Gaza por el paso fronterizo de Erez fue en junio de 2012, cuando una delegación visitó Gaza para realizar investigación sobre el terreno. Antes de esa fecha, investigadores de Amnistía Internacional recibieron permisos para entrar por el paso fronterizo de Erez en muchas ocasiones a lo largo de los años, aunque a veces con una considerable demora. Durante la operación militar israelí “Plomo Fundido”, en 2008/2009, delegados de Amnistía Internacional solicitaron permisos a las autoridades israelíes, pero (al igual que otras organizaciones que lo solicitaron en esas fechas) no recibieron los permisos durante el conflicto, y entraron finalmente en Gaza por el paso fronterizo de Rafá en los últimos días de las hostilidades.

Amnistía Internacional no disponía de permisos para entrar en Gaza por Erez cuando Israel lanzó la operación “Pilar de la Defensa” en noviembre de 2012, y presentó solicitudes para varios miembros de una delegación al Departamento de Organizaciones Internacionales y Relaciones Exteriores de la Administración de Coordinación y Enlace en Erez poco después de comenzar las hostilidades. A pesar de las intensas gestiones telefónicas de seguimiento ante la Administración de Coordinación y Enlace, la delegación de Amnistía Internacional no recibió los permisos y finalmente entró en Gaza por el paso fronterizo de Rafá el 21 de noviembre de 2012. El 6 de diciembre de 2012, Amnistía Internacional recibió un correo electrónico que decía que la Administración de Coordinación y Enlace permite y coordina el acceso “de organismos registrados en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí (principalmente agencias de la ONU, CICR, Unión Europea y misiones diplomáticas) o en el Ministerio de Asuntos Sociales israelí (ONG internacionales)”. 


Un manifestante palestino herido es trasladado a la sala de emergencias del hospital de Ramallah, julio de 2014 © AP Photo/Nasser Nasser

La reanudación de los ataques aéreos israelíes y del lanzamiento de cohetes desde Gaza pone de relieve la imperiosa necesidad de permitir con carácter inmediato el acceso de grupos de derechos humanos que actúen como observadores de la situación, ha afirmado Amnistía Internacional hoy martes.

Desde el comienzo de la operación militar israelí en Gaza, el 8 de julio de 2014, las autoridades israelíes han rechazado las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional de entrar en Gaza por el paso fronterizo de Erez, controlado por Israel. La organización también ha solicitado el acceso a las autoridades egipcias, que hasta la fecha no lo han autorizado.

“La aparente reanudación en el día de hoy de los ataques aéreos israelíes y del lanzamiento de cohetes viene a recordar una vez más que nuestro acceso a la Franja de Gaza no puede esperar. Se han perdido ya un tiempo precioso y es fundamental que las organizaciones de derechos humanos puedan iniciar ya el vital trabajo de examinar las denuncias de crímenes de guerra”, ha afirmado Anne FitzGerald, directora del Programa de Investigación y Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

Las autoridades israelíes parecen jugar a la burocracia con nosotros en lo que se refiere al acceso a Gaza, al condicionarlo a criterios nada razonables aun cuando el número de víctimas mortales en la región ha aumentado.” 

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se disponen a emitir una declaración conjunta en la que pedirán a las autoridades israelíes que permitan el acceso inmediato de los grupos de derechos humanos a Gaza.  


Awad Saleh Abdullah al-Mutlaq, Hadi Saleh Abdullah al-Mutlaq, Mifrih Jaber Zayd al-Yami y (en el extremo derecho) Ali Jaber Zayd al-Yami © Particular

Las autoridades saudíes deben suspender todas las ejecuciones, ha dicho Amnistía Internacional tras la ejecución, hoy, de cuatro personas de una misma familia, en el contexto del “preocupante” incremento del uso de la pena de muerte observado recientemente en el país.

Esta mañana se llevó a cabo en la ciudad suroriental de Najran la ejecución de dos parejas de hermanos de una misma familia que habían sido declarados culpables de “recibir grandes cantidades de hachís”; según informes, su condena se basó en confesiones forzadas que habían sido obtenidas mediante tortura.

Por tanto, el número de homicidios cometidos por el Estado saudí en las dos últimas semanas ya se eleva a 17 (una tasa de más de una ejecución al día).

“El deterioro que representa este reciente aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí causa profunda inquietud.  Las autoridades deben actuar de inmediato para detener esta práctica cruel”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La pena de muerte siempre es un error, y aplicarla en causas por delitos sin resultado de muerte o donde las pruebas para declarar culpable a la persona estén basadas en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura es contrario al derecho internacional.”

Estas cuatro personas emparentadas fueron finalmente ejecutadas pese a los intentos desesperados de sus familiares en el último momento para alertar al mundo de su difícil situación.

Varios miembros de la familia se pusieron en contacto con Amnistía Internacional el jueves para pedir ayuda ante el temor de que las ejecuciones fueran inminentes.

El equipo de Arabia Saudí respondió tratando de obtener más información sobre el caso, pero a las pocas horas fue informado de que la familia de los cuatro hombres había recibido una llamada telefónica de representantes del Ministerio del Interior saudí para advertirles que suspendieran el contacto con Amnistía Internacional.

Esta mañana se anunció oficialmente que los cuatro habían sido ejecutados.

“La intimidación y vigilancia a la que aparentemente son sometidos activistas y víctimas de violaciones de derechos humanos añade otro aspecto siniestro al uso de la pena de muerte en Arabia Saudí. Evidencia claramente que las autoridades están dispuestas a tomar medidas extremas para impedir que salgan al exterior los informes sobre violaciones graves de derechos humanos en el país”, ha afirmado Said Boumedouha.

“En este caso, la familia merece transparencia total en cuanto a los motivos de que no se investigaran las denuncias de tortura de sus seres queridos.”

Los cuatro hombres ejecutados –los hermanos Hadi bin Saleh Abdullah al Mutlaq y Awad bin Saleh Abdullah al Mutlaq y los hermanos Mufrih bin Jaber Zayd al Yami y Ali bin Jaber Zayd al Yami– habían sido detenidos y puestos bajo custodia por miembros de la Dirección General de Investigaciones del Ministerio del Interior (Al Mabahith) en varias ocasiones tras su presunto delito en 2007.

Según informes, fueron torturados durante el interrogatorio –a base de palizas y privación del sueño, entre otras cosas– para que hicieran confesiones falsas.

A continuación los remitieron a juicio, y su sentencia de muerte se basó en gran medida en estas “confesiones”.

Se ha observado un aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí desde que terminó el ramadán el 28 de julio, con 17 ejecuciones anunciadas entre el 4 y el 18 de agosto, en comparación con las 17 confirmadas entre enero y julio.

Información complementaria

Arabia Saudí es uno de los principales verdugos del mundo, que ha ejecutado a más de 2.000 personas entre 1985 y 2013.

En 2013 ejecutó al menos a 79 personas, tres de las cuales tenían menos de 18 años en el momento de cometerse los delitos por los que fueron condenadas a muerte, lo que supone una violación flagrante de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. En 2014, de momento han sido ejecutadas al menos 34 personas.

En Arabia Saudí, los procedimientos judiciales no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Las causas judiciales por delitos punibles con la muerte suelen celebrarse en secreto. A los acusados rara vez se les permite contar formalmente con un abogado y en muchos casos no se les informa de la marcha del procedimiento.

Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que “confesiones” obtenidas con tortura, otros malos tratos o engaño. En algunos casos, la ejecución no se comunica con antelación a la familia del condenado.

Arabia Saudí aplica la pena de muerte por una amplia variedad de actos no reconocidos como “los más graves delitos” que definen el derecho y las normas internacionales relativas a la aplicación de la pena capital.

Entre tales actos figuran el “adulterio”, el robo a mano armada, la “apostasía”, delitos relacionados con drogas, la violación, la “brujería” y la “hechicería”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. Es una violación del derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una pena cruel, inhumana y degradante en grado máximo.


Más de 700 personas fueron asesinadas por la policía entre 2011 y 2013, según las cifras recopiladas por la Oficina del Fiscal General © Amnistía Internacional.

El número de homicidios perpetrados por la policía va de nuevo en aumento en la República Dominica, mientras la legislación elaborada para intentar solucionar el problema continúa atascada y paralizada en el Congreso, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En los últimos seis meses, el número de personas muertas a manos de la policía ha aumentado un 13 por ciento con respecto al año anterior: 87 personas han muerto entre enero y junio de este año, según cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

“En la República Dominicana mueren 14 personas al mes a manos de la policía –ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América–. Muchos de estos homicidios parecen ser ilegítimos. Es evidente que el gobierno tiene que intensificar sus esfuerzos y tomar medidas concretas para poner fin a estos abusos de una vez por todas.”

“Resulta trágico que sea la policía, las mismas personas encargadas de proteger los derechos humanos de la ciudadanía, la que comete tan terribles delitos, agravando aún más la situación del país en materia de seguridad pública.”

La delincuencia es un fenómeno generalizado en la República Dominicana y la seguridad pública constituye un importante motivo de preocupación para la población. Sin embargo, los datos disponibles indican que, en vez de contribuir a solucionar el problema, los métodos policiales de mano dura están intensificando la violencia y la comisión de delitos.

La noticia del aumento del número de homicidios policiales se conoce en un momento en que el presidente Danilo Medina celebra el cumplimiento de la mitad de su mandato. La reforma de la policía era un elemento clave de su programa electoral, pero tras los dos años que lleva en la presidencia, no se ha llevado aún a cabo, y mientras continúan proliferando las denuncias de homicidio ilegítimo y tortura a manos de la policía.

Entre las personas a quienes han matado este año figura Walder Sánchez. Según la versión policial, murió en un tiroteo el 30 de mayo, pero hay testimonios de testigos que indican que dispararon deliberadamente contra él varias veces a pesar de que estaba desarmado. Al parecer, se encontraba en su dormitorio con su novia, que estaba embarazada, y rogó a la policía que no disparara. De acuerdo con la información disponible, durante la operación la policía golpeó, además, a su casera y a su novia. El fiscal de la provincia de Santo Domingo ha abierto ahora una investigación sobre lo sucedido.

Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias no sólo de homicidio ilegítimo, sino también de tortura y malos tratos policiales.

En abril, la policía detuvo a Luis Manuel Lember Martínez y Eduardo Luis Cruz tras haber intentado extorsionarlos. Luis Manuel recibió un tiro en la pierna antes que llevaran a ambos a la comisaría, donde los golpearon brutalmente. Afirma que a él le aplicaron descargas eléctricas en las piernas. Los dejaron en libertad al cabo de dos días. Los agentes de policía implicados están siendo objeto de investigación.

Aunque algunos de los casos documentados por Amnistía Internacional están siendo investigados, otros se encubren sin más. Hay numerosos casos de impunidad policial sobre los que la organización lleva años haciendo campaña. Sin embargo, la Procuraduría General guarda sistemáticamente silencio frente a las solicitudes de información sobre ellos.

La legislación de reforma de la policía está a la espera de su aprobación en el Congreso desde mayo de 2013. El hecho de que no se dé prioridad al proyecto de ley, sumado a los intereses contrarios a la reforma, impide que siga adelante.

Si no se aprueba una legislación acorde con los principios de derechos humanos es muy poco probable que lleguemos a ver alguna vez a la policía nacional trabajando de manera efectiva para que se respeten los derechos humanos”, ha añadido Erika Guevara.

“Hace dos años teníamos grandes esperanzas depositadas en el presidente Medina y sus promesas de reforma policial, pero, lamentablemente, la policía continúa perpetrando homicidios ilegítimos y tortura con impunidad mientras el tan loado proyecto de ley del presidente continúa estancado en el Parlamento.”

“No hay tiempo que perder. El presidente Medina tiene todavía la oportunidad de cumplir su promesa electoral y “hacer lo que no se ha hecho nunca”, a saber, dar al país la policía que se merece.”

Amnistía Internacional pide a la República Dominicana que impulse estas reformas a fin de mejorar la Policía Nacional e investigar y enjuiciar a todos los responsables de homicidios ilegítimos, tortura y otras violaciones de derechos humanos.

Información complementaria

Los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana muestran que el número de homicidios a manos de la policía se redujo en 2013, pero ha aumentado de nuevo en los primeros seis meses de 2014.

La policía mató a más de 700 personas entre 2011 y 2013, según cifras de la Procuraduría General de la República.

Aquí puedes ver la Carta abierta al presidente Danilo Medina


Varios policías españoles conducen a dos inmigrantes subsaharianos a la frontera de Melilla para entregárselos a las autoridades marroquíes. 13 de agosto de 2014. EFE/Francisco G. Guerrero

Ante los últimos intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas y a Melilla, Amnistía Internacional denuncia una vez más la persistencia de expulsiones ilegales por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, como las que se están produciendo en Melilla, están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España señala: “Lamentamos que las autoridades sigan primando la protección de las fronteras por encima de la protección de las personas. Y recordamos que no es válida la argumentación de las autoridades españolas, que señalan que el espacio entre la doble valla no es territorio español y por tanto no es necesario aplicar la legislación española, para justificar este tipo de expulsiones”. Además de Amnistía Internacional, otras organizaciones y el Defensor del Pueblo también lo han reconocido así.

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia como en los últimos días han llegado a las costas españolas centenares de personas, entre las que podría haber personas con necesidad de protección internacional, al proceder de países en conflicto, con grave inestabilidad política, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como República Centroafricana, Sudán del Sur, Chad, República Democráctica del Congo, Mali, Camerún o Nigeria.

La mayor parte de estas personas han sido alojadas provisionalmente en dos polideportivos de Tarifa. Y aunque están recibiendo asistencia humanitaria, no reciben información sobre sus derechos, no cuentan con traductores o asesoramiento legal desde el primer momento que les pueda aclarar cuál es su situación, no existen mecanismos adecuados para identificar a solicitantes de asilo, y tampoco se ha facilitado el acceso de organizaciones especializadas a las instalaciones que puedan hacerlo.

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:

  • Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen la legislación de la ley de extranjería y las normas internacionales, también en el espacio entre las dos vallas. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.
  • Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.

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Desplazados internos en un campo provisional en Kalak, Irak. © AI

Amnistía Internacional está documentando sobre el terreno la situación de los cientos de miles de desplazados por el conflicto de Iraq, procedentes de comunidades minoritarias, ahora abandonadas a su suerte en condiciones terribles. Estas personas, que no pueden regresar a sus hogares mientras ISIS controle sus ciudades y poblaciones, necesitan asistencia humanitaria urgente.

La respuesta internacional ha sido deplorablemente inadecuada hasta la fecha. Incluso los lanzamientos de ayuda desde aviones a miembros de la comunidad yazidí, atrapados en el monte Sinjar y rodeados por extremistas de ISIS, han resultado en gran medida ineficaces.

El gobierno central iraquí, el gobierno regional kurdo, los países donantes y los organismos internacionales deben emprender acciones concertadas para proporcionar refugio seguro y asistencia humanitaria a hombres, mujeres, niños y niñas de todos los orígenes que se han visto obligados a huir ante la brutalidad de los miembros de ISIS.

ISIS ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra comunidades minoritarias en el norte de Irak, como las comunidades turcomana y chií shabak, así como contra los cristianos y los yazidíes, con el objetivo de expulsar a las poblaciones no suníes de las zonas que están bajo su control.

Amnistía Internacional también teme por la seguridad de los civiles que permanecen en zonas controladas por ISIS y que pueden estar sufriendo ataques aéreos por parte de Estados Unidos y del Ejército iraquí.

Por ello, Amnistía Internacional lanza una acción internacional, dirigida tanto al gobierno de Irak, como al gobierno regional kurdo y a la comunidad internacional para que:

  • Garanticen protección adecuada y asistencia humanitaria, incluido refugio, alimentos, agua, saneamiento y asistencia médica a las personas desplazadas por el conflicto.
  • Se aseguren de que toda acción militar cumpla con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y que todas las violaciones graves se investigan a fondo y de manera imparcial y los culpables son llevados ante la justicia.
  • Los Estados directa o indirectamente involucrados en los ataques aéreos y otras acciones militares contra ISIS se aseguren de que los ataques sólo están dirigidos a objetivos militares y toman todas las precauciones posibles para evitar muertes o lesiones de civiles.

El ejercito egipcio controla los alrededores de la mezquita de al-Fateh en la plaza Ramsis, El Cairo, 17 agosto 2013. © EPA

Cuando ha trascendido la noticia de que tres jueces se han recusado a sí mismos en una causa judicial masiva en Egipto, Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación el hecho de que los juicios mediáticos seguidos de condenas a muerte masivas se estén convirtiendo en un sombrío sello distintivo de la justicia egipcia.

Tres jueces que formaban el tribunal ante el que debía verse hoy miércoles la causa contra 494 personas se han recusado a sí mismos debido a objeciones planteadas por los abogados de los acusados. El Tribunal de Apelación de El Cairo designará posteriormente otro tribunal penal. La mayoría de los acusados podrían ser condenados a muerte en lo que viene a ser poco más que una pantomima, advierte la organización.

El juicio estaba relacionado con las protestas que tuvieron lugar los días 16 y 17 de agosto de 2013 en Ramsis, El Cairo, donde murieron al menos 97 personas, la mayoría como consecuencia del uso temerario de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Entre los acusados hay 12 menores de edad, que han estado recluidos con adultos, lo que contraviene directamente la legislación egipcia.

“Este juicio iba a ser poco más que una pantomima. En los últimos meses los tribunales egipcios parecen haber dictado condenas a muerte masivas sobre la base de pruebas carentes de fundamento y con arreglo a procedimientos que adolecen de profundas deficiencias. Estos juicios mediáticos seguidos de condenas a muerte masivas se están convirtiendo en el sombrío sello distintivo de Egipto”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Más de 400 de los 494 enjuiciados están acusados formalmente de asesinato y tentativa de asesinato, delitos que normalmente son punibles con la muerte en virtud de la legislación egipcia. Contra los demás se han presentado cargos que van desde destruir bienes públicos hasta protestar sin autorización, pasando por atacar a las fuerzas de seguridad o dificultar el funcionamiento de las instituciones nacionales.

Entre las personas que serán juzgadas hay 12 menores de edad. Una de ellas es Ibrahim Halawa, ciudadano irlandés de origen egipcio que en el momento de su arresto tenía sólo 17 años. Ahora ya tiene 18. Amnistía Internacional ha llevado a cabo un examen exhaustivo de su caso.

Ibrahim y sus tres hermanas figuraban entre las personas arrestadas tras refugiarse en una mezquita. Recibió un disparo en una mano cuando las fuerzas de seguridad tomaron por asalto el edificio, pero no se le permitió el acceso a atención médica para curar su herida, y el único tratamiento que recibió fue el que le dispensó un compañero de celda que era médico. Estuvo recluido con adultos, en contra de lo dispuesto en la Ley de la Infancia de Egipto, que estipula que los menores de edad deben ser recluidos en centros de detención de menores y estar separados de los adultos.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que Ibrahim Halawa es un preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. La organización pide que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones y que se retiren todos los cargos presentados en su contra.

“El caso de Ibrahim no es más que uno de los muchos casos de injusticia que se están cometiendo en los tribunales de Egipto. Muestra la determinación del gobierno de incumplir abiertamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, ha afirmado Said Boumedouha.

Según informaciones de prensa, incluso el gran muftí, la personalidad religiosa más importante, se negó la semana pasada a refrendar condenas a muerte dictadas contra dirigentes de la Hermandad Musulmana argumentando que no había pruebas suficientes que respaldaran los cargos. Según los informes, el muftí agregó que los cargos presentados por el fiscal se basaban en su totalidad en investigaciones y testimonios de agentes de la seguridad nacional.

De acuerdo con el sumario de la causa que debía verse hoy, al que ha tenido acceso Amnistía Internacional, hay 100 testigos, en su mayoría agentes de policía o funcionarios del Estado.

“Todos los acusados deben disfrutar del derecho a un juicio justo en el que no pueda imponerse la pena de muerte. Deben ser juzgados en su presencia para que puedan escuchar e impugnar los argumentos de la acusación y presentar una defensa, en persona o a través de un abogado. Deben tener la posibilidad de llamar a testigos de descargo y de interrogar a los testigos de la acusación”, ha afirmado Said Boumedouha.

Información complementaria

Las protestas que tuvieron lugar los días 16 y 17 de agosto de 2013, en Ramsis, El Cairo, se llevaron a cabo en apoyo del depuesto presidente Mohamed Morsi, y en un principio fueron pacíficas. Sin embargo, después de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los manifestantes buscaron refugio en la mezquita de Al Fath, en la que estuvieron encerrados toda la noche. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos dentro de la mezquita que causaron la muerte por asfixia al menos de una mujer.

Hubo un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad desde las zonas exteriores de la mezquita, en el que las fuerzas de seguridad afirman que estuvieron implicados los manifestantes. Sin embargo, investigadores de Amnistía Internacional que estaban presentes en esa ocasión han afirmado que de ningún modo los manifestantes pudieron disparar contra las fuerzas de seguridad ya que todos estaban encerrados dentro de la parte interior de la mezquita.