Amnistía Internacional España

Panorámica de la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, un país que mantiene una fuerte represesión a la disidencia política. © AI. Tres mujeres que llevan casi tres semanas detenidas en régimen de incomunicación están expuestas a sufrir tortura y malos tratos y deben ser puestas en libertad con urgencia, ha manifestado Amnistía Internacional, calificando la situación de espeluznante muestra de represión por parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Se trata de tres hermanas que desaparecieron tras haber sido citadas en una comisaría de policía de Abu Dabi, el pasado 15 de febrero, para ser interrogadas a raíz de que hubieran hablado de su hermano, que es preso de conciencia, en las redes sociales.
“Es evidente que las autoridades están tomando medidas punitivas contra estas mujeres por haberse expresado en Twitter para llamar la atención sobre el juicio injusto de su hermano –ha señalado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Tras publicar un tuit en el que decía: “echo de menos a mi hermano”, Asma Khalifa al-Suwaidi y sus dos hermanas fueron citadas por la policía y ahora han desaparecido, como si se las hubiera tragado un agujero negro.”
“Las autoridades deben reconocer que los intentos de silenciar a quienes expresan críticas y de aplastar la libertad de expresión recurriendo a tácticas totalmente represivas resultarán contraproducentes. No pueden detener de manera arbitraria a activistas o a familiares suyos y tenerlos encerrados indefinidamente y sin cargos por capricho. Estas mujeres deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, al igual que todas las demás personas detenidas únicamente por expresarse pacíficamente.”
Las tres mujeres –Asma, Mariam y Alyaziyah Khalifa al-Suwaidi– habían emprendido una campaña pacífica online en favor de su hermano, Issa al-Suwaidi, quien forma parte de un grupo de 69 personas que fueron declaradas culpables en el denominado juicio de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, injusto proceso judicial masivo celebrado en 2013 contra detractores del gobierno y reformistas.  
Acudieron a la comisaría de policía para su interrogatorio y no regresaron ya a casa. No se han puesto nunca en contacto con su familia. Su madre recibió al día siguiente una breve llamada telefónica de alguien que dijo ser miembro de los servicios de Seguridad del Estado y que, sin darle más información, le dijo: “Sus hijas están bien”.
Se cree que se niega a las tres hermanas el acceso a un abogado. A juzgar por casos que Amnistía Internacional ha documentado, las personas bajo custodia de los servicios de Seguridad del Estado están por lo general recluidas en centros de detención secretos, donde se las mantiene en régimen de incomunicación durante semanas o meses, sin acceso a sus familias ni a abogados, y donde a menudo son torturadas o sometidas a otros malos tratos. 
Las hermanas figuran entre los diversos familiares de personas condenadas en el juicio de “los 95 de Emiratos Árabes Unidos” que  han sido objeto de hostigamiento, intimidación o detención tras haber criticado el juicio o difundido las denuncias de tortura en Twitter. A algunos de ellos les han prohibido viajar o les han confiscado el pasaporte. 
“Aunque intente venderse como uno de los Estados más abiertos y progresistas de la región, EAU tiene una oscura historia de represión implacable de la disidencia –ha afirmado Philip Luther–. Las autoridades están haciendo casi imposible expresar pacíficamente críticas online sin sufrir las consecuencias”.
EAU ha detenido arbitrariamente a decenas de detractores del gobierno y activistas que pedían reformas desde 2011, y sometido a muchos largos periodos de reclusión en régimen de incomunicación y, en algunos casos, a desaparición forzada. Para más información, véase ‘There is no freedom here’: Silencing dissent in the UAE’.


Miembros de la comunidad Porvenir frente al río del mismo nombre. Esta comunidad está empleando la Ley de Restitución de Tierras para defender sus derechos. © AI. Amnistía Internacional España ha querido expresar hoy sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia, con motivo de la visita oficial que el presidente de este país, Juan Manuel Santos, realizará entre el 1 y el 3 de marzo en España, y en la que se entrevistará con las principales autoridades españolas.
“A pesar del proceso de paz, las fuerzas de seguridad y los paramilitares, actuando en solitario o en connivencia, así como las FARC y el ELN, siguen cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos”, aseguró el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Según la organización, las principales víctimas de estos actos siguen siendo comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mujeres y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y reclamantes de tierras.
Las conversaciones de paz formales entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciadas en octubre de 2012, han suscitado expectativas de que el conflicto armado pueda tocar a su fin después de que en los últimos 20 años hayan muerto más de 70.000 personas y otras tres millones y medio de ellas se hayan convertido en desplazadas internas.
Pese a la oportunidad que supone el proceso de paz para acabar con las hostilidades, Amnistía Internacional quiere alertar del peligro que supone iniciar un camino hacia la paz sobre el suelo de la impunidad. Además, para la organización, una paz estable seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que todas las partes pongan fin de forma definitiva a las violaciones y abusos de derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario y que los responsables de tales abusos y violaciones sean enjuiciados en tribunales civiles.
Principales preocupaciones
En primer lugar, Amnistía Internacional muestra su preocupación por los intentos del gobierno de Santos de reforzar el sistema militar de justicia, un hecho que podría acrecentar la impunidad existente, ya que permitiría juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos en tribunales militares, en lugar de civiles.
Por otro lado, a pesar de que la reciente Ley de Víctimas y Restitución de Tierras  ha supuesto un paso positivo, este proceso  de tierras ha defraudado a las comunidades expulsadas de sus hogares. Las amenazas y homicidios de quienes defienden la restitución de las tierras, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación defectuosa, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente.
Hasta el momento, casi seis millones de personas han sido desplazadas por el conflicto. Sin embargo, a 30 de junio de 2014 sólo se habían registrado cerca de 65 mil solicitudes de restitución, que afectaban a 43.922 personas. Además, de estas solicitudes, sólo 22.469 estaban en zonas que se podían incluir en el proceso de restitución.
“Con millones de personas desplazadas, y ocho millones de hectáreas abandonadas o expoliadas a sus legítimos propietarios, resolver el conflicto de las tierras es fundamental en el desarrollo del proceso de paz”, ha declarado  Esteban Beltrán. 
Finalmente, aunque es una buena noticia que Colombia ratificase en 2012 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es de lamentar que no reconociese la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para considerar casos individuales, negando de este modo a las víctimas y sus familias un importante recurso para reclamar justicia. Es difícil establecer la cifra exacta pero se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.
Cartas con recomendaciones
Con motivo de la  inminente visita del presidente colombiano, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo para trasladarles este conjunto de preocupaciones, como representantes de un país que está jugando un papel clave en las negociaciones de paz.
Amnistía Internacional confía en que tanto el presidente español como el ministro de Exteriores transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia. Éstas son las recomendaciones que la organización les ha trasladado:
•    Pida al Presidente Santos que reconozca que el respeto a los derechos humanos y el fin de la impunidad deben ocupar un lugar central en las conversaciones de paz.
•    Inste al Presidente Santos a garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos se mantengan en los tribunales civiles y no sean transferidos al sistema de justicia militar, y que derogue o retire su apoyo a la legislación que protege de la acción de la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos, como la reforma del sistema de justicia militar y el Marco Legal para la Paz.
•    Pida al Presidente Santos que tome las medidas para que se identifique, investigue y procese ante tribunales civiles ordinarios a todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
•    Inste al Presidente Santos a abordar con urgencia las graves deficiencias en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y en su aplicación.
•    Asegure que los programas de ayuda españoles no apoyen proyectos económicos agro-industriales u otros, situados en terrenos adquiridos ilegalmente mediante abusos y violaciones de los derechos humanos, así como informe a las empresas para que eviten invertir en áreas que puedan derivar beneficios a los autores de abusos y violaciones de derechos humanos.
Firma la petición ¡Devuelvan las tierras robadas en Colombia! dirigida al presidente colombiano Juan Manuel Santos.


Una refugiada siria de origen kurdo espera un medio de transporte en la frontera turco-siria durante una tormenta de arena en septiembre de 2014. © MURAD SEZER/Reuters/Corbis. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y proteger a la población civil de la horrenda violencia de Estados y grupos armados. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
“El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz. Mientras la gente sufría una escalada de brutales ataques y represión, la comunidad internacional ha dejado mucho que desear”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado estrepitosamente a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época.”
Previsión para 2015/16
El Informe Anual de Amnistía Internacional ofrece una panorámica completa de la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2014. A menos que los dirigentes del mundo tomen medidas inmediatas para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y aborden otras deficiencias que se identifican en el informe, las perspectivas para los derechos humanos durante el próximo año son sombrías:

grupos armados brutales que ejercen un control similar al de un Estado sobre cada vez más poblaciones civiles, sometidas a ataques, persecución y discriminación;
- agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y otros derechos, como las violaciones de derechos causadas por nuevas leyes antiterroristas draconianas y por la vigilancia masiva injustificada;
-  empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados, con un número cada vez mayor de personas desplazadas a causa de los conflictos, en tanto que los gobiernos continúan cerrando fronteras y la comunidad internacional sigue sin proporcionar auxilio ni protección.
Suscita especial preocupación el aumento del poder de los grupos armados no estatales, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico.
Los grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países en 2014, más de uno de cada cinco países investigados por Amnistía Internacional.
“A medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, similar al de un Estado, sometidos a abusos, persecución y discriminación”, ha afirmado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos deben dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance, y ayudar a reducir el sufrimiento de millones de personas. Los dirigentes mundiales deben asumir un cambio fundamental en su manera de responder a las crisis en todo el mundo.”
Veto del Consejo de Seguridad de la ONU
En los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil– debido a intereses creados o conveniencias políticas.
Amnistía Internacional pide ahora que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas.
“Esto podría suponer un punto de inflexión para la comunidad internacional y los instrumentos de que dispone para ayudar a proteger la vida de los civiles. Con la renuncia a su derecho de veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgarían a la ONU más posibilidades de actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo, y enviarían a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades masivas”, ha afirmado Salil Shetty.
Comercio de armas
El sangriento legado del ingente flujo de armas a países donde Estados y grupos armados las utilizan para cometer graves abusos se cobró decenas de miles de vidas de civiles en 2014.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados –incluidos Estados Unidos, China, Canadá, India, Israel y Rusia– que ratifiquen o acepten y se adhieran al Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el pasado año después de decenios de campaña de Amnistía Internacional y otras instituciones.
“En 2014 se entregaron enormes remesas de armas a Irak, Israel, Rusia, Sudán del Sur y Siria, a pesar de las altísimas probabilidades de que estas armas fueran utilizadas contra poblaciones civiles atrapadas en los conflictos. Cuando el Estado Islámico se hizo con el control de extensas zonas de Irak, encontró grandes arsenales, listos para ser recogidos. El flujo irresponsable de armas a quienes cometen abusos contra los derechos humanos debe acabar ya”, ha afirmado Anna Neistat.
Armas explosivas
Amnistía Internacional pide a los dirigentes mundiales que impongan nuevas restricciones para hacer frente al uso de armas explosivas –como bombas lanzadas desde aeronaves, proyectiles de mortero y artillería, cohetes y misiles balísticos– en zonas pobladas, que dieron lugar a innumerables muertes de civiles en 2014.
“La imposición de nuevas restricciones al uso de armas explosivas que no pueden dirigirse con precisión o que tienen efectos sobre amplias zonas en áreas pobladas podría haber ayudado a salvar miles de vidas que se perdieron en conflictos recientes, como los de Israel, Gaza y Ucrania. La comunidad internacional puede y debe hacer más para proteger a los civiles cuyos hogares se han convertido en el campo de batalla de primera línea de las partes beligerantes”, ha afirmado Anna Neistat.
Respuestas draconianas
Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que su respuesta a las amenazas contra la seguridad no menoscaba derechos humanos fundamentales ni fomenta más violencia.
El Informe Anual detalla cuántos gobiernos  reaccionaron a las amenazas contra la seguridad con tácticas draconianas y represivas en 2014, como por ejemplo:
- Afganistán: reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la Dirección Nacional de Seguridad, incluidas denuncias de tortura y desapariciones forzadas.
- Kenia: promulgación del proyecto de Ley sobre Leyes de Seguridad (Enmienda), una disposición legal represiva en materia de seguridad que podría dar lugar a restricciones generalizadas de la libertad de expresión y de circulación.
- Nigeria: comunidades ya aterrorizadas desde hacía años por Boko Haram se volvieron cada vez más vulnerables a violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que con frecuencia respondieron con homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y tortura.
- Pakistán: las autoridades levantaron la suspensión de las ejecuciones y comenzaron a ejecutar a presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo.
- Rusia y Asia Central: las personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, o sospechosas de pertenecer a grupos islamistas, sufrieron tortura a manos de las fuerzas de seguridad nacionales.
- Turquía: continuó el uso de legislación antiterrorista de redacción imprecisa para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
“Desde Baga hasta Bagdad, los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de derechos humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo ‘seguro’”, ha afirmado Salil Shetty.
“Observamos indicios preocupantes de que los dirigentes seguirán reprimiendo con dureza las protestas, introduciendo leyes antiterroristas draconianas y usando técnicas de vigilancia masiva injustificada para responder a las amenazas contra la seguridad. Pero las reacciones impulsivas no funcionan. Por el contrario, crean un entorno de represión en el que puede ganar terreno el extremismo.”
Personas refugiadas
Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse del nuevo rostro de los conflictos es una de las crisis de refugiados más graves que el mundo ha conocido, mientras millones de personas –4 millones sólo de Siria– siguen huyendo de la violencia y la persecución.
“Es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas. La crisis de refugiados global se agravará con toda probabilidad, a menos que se tomen medidas urgentes”, ha afirmado Salil Shetty.
“Los dirigentes tienen en sus manos la posibilidad de aliviar el sufrimiento de millones de personas, asignando recursos políticos y económicos a la ayuda y protección de quienes huyen del peligro, prestando ayuda humanitaria con generosidad y reasentando a los más vulnerables.”
La situación en España
En España, el Gobierno sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas. Una de ellas, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para la organización también han sido de especial preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión, incluido la imposición de multas a manifestantes pacíficos, algo que puede disuadir la protesta.
La reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, de manera tan amplia y vaga que resultan incompatibles con las normas de derecho internacional. Además, esta reforma sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura. Otro de los grandes retrocesos de 2014 ha tenido lugar en la lucha contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes más graves, mediante la reforma de la jurisdicción universal, que limita las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España.
También las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. Amnistía Internacional ha seguido denunciando uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal. Además, lejos de cambiar esta política, las autoridades pretenden, mediante una enmienda introducida en la LOSC, legalizar esta práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional.
Por último, Amnistía Internacional recuerda que durante los próximos dos años España tendrá un asiento temporal en el Consejo de Seguridad. La organización hace un llamamiento para que el Estado español aproveche su posición para instar a los cinco miembros permanentes a comprometerse a que dejen de usar el veto en casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. También le pide a España que tenga un papel proactivo para que se establezca una mayor protección a los derechos humanos en situaciones que afectan a la paz y seguridad internacionales.

Llamada a la acción
“El panorama global de la situación de los derechos humanos es sombrío, pero hay soluciones. Los dirigentes mundiales deben tomar medidas inmediatas y enérgicas para evitar una inminente crisis global y acercarnos un paso más a un mundo más seguro en el que los derechos y libertades estén protegidos”, ha afirmado Salil Shetty.


Las fuerzas aéreas egipcias no tomaron las precauciones necesarias en el ataque que provocó 7 civiles fallecidos en la ciudad libia de Derna. © Demotix. Nuevos testimonios de testigos presenciales reunidos por Amnistía Internacional indican que la Fuerza Aérea egipcia no tomó todas las precauciones necesarias al perpetrar un ataque que causó la muerte de siete civiles en un barrio residencial de la ciudad libia de Derna el 16 de febrero.
Es una más de una cadena de atrocidades  –algunas constitutivas de crímenes de guerra– cometidas en las últimas semanas que demuestran que, con la escalada de violencia en Libia, los civiles están siendo los más perjudicados por los ataques de represalia.
Según las autoridades libias, en el último de estos episodios, el 20 de febrero, murieron 42 personas, incluidos civiles, en bombardeos dirigidos contra objetivos militares y civiles en la ciudad oriental de Gubba. Un grupo autodenominado “Provincia de Barqa del Estado Islámico” reivindicó la autoría de los ataques de represalia por los bombardeos aéreos egipcios.
La población civil de Libia corre peligro de muerte en medio de la espiral de ataques de represalia cometidos por todas las partes, más descontrolada si cabe tras el atroz asesinato de los 21 coptos egipcios”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Los ataques que no distinguen entre civiles y combatientes constituyen crímenes de guerra. El asesinato, cuando se perpetra como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, es un crimen contra la humanidad.”
El ejército egipcio realizó ataques aéreos con aviones de combate F-16 en la ciudad portuaria del este del país como medida de represalia por los asesinatos ampliamente divulgados de los 21 hombres –en su mayoría cristianos coptos egipcios– a manos de un grupo autodenominado “Provincia de Trípoli del Estado Islámico”. Los asesinatos, que fueron un crimen de guerra, llevaron a Egipto y al gobierno de Libia reconocido por la ONU a pedir el levantamiento de un embargo sobre el suministro y la transferencia de armas a las fuerzas libias.
Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional indica que el ejército egipcio no tomó las precauciones necesarias para evitar causar incidentalmente daños a civiles, o minimizarlos, durante sus ataques aéreos sobre Derna el 16 de febrero.
Egipto acaba de engrosar las filas de quienes ponen en peligro la vida de la población civil de Libia. Es preciso que se investigue la muerte de siete civiles, seis de ellos en su propio hogar, ya parece haber sido un ataque desproporcionado”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
“Las autoridades egipcias deben dar a conocer públicamente información detallada sobre todos los ataques aéreos efectuados en Derna el 16 de febrero, incluidos los objetivos, así como las medidas adoptadas para evitar causar incidentalmente daños a civiles.” 
“Aunque el ejército egipcio pensara que había combatientes presentes en la vivienda o sus alrededores, tenía que haber tomado las precauciones necesarias para detectar la presencia de otras personas en la casa y en el vecindario y así evitar causar muertes civiles, o al menos minimizar ese riesgo.”


Una mujer africana en el centro para migrantes en Sicilia. © Giles Clarke/Getty Images Report. El anuncio de la Comisión Europea sobre la gestión de la crisis de migración del Mediterráneo contiene un acertado análisis de la situación general, pero no ofrece ninguna solución concreta con que proteger y salvar vidas ha manifestado Amnistía Internacional.
“Estamos de acuerdo en que hace falta con urgencia una solución europea a la crisis de búsqueda y salvamento, pero aquí no se ofrece ninguna –ha señalado Iverna McGowan, directora en funciones de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas–. Los Estados miembros tienen que intensificar sus esfuerzos y su aportación. Prolongar la operación Tritón sin aumentar sus activos ni su zona de operaciones no cambia absolutamente nada.”
Durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, ha reconocido que la Unión Europea (UE) necesita responder de manera más eficiente a la realidad “cada vez más cruda” del creciente número de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo.
Aunque ha prometido prolongar Tritón, operación de gestión de fronteras de la UE, hasta el final del año y ha anunciado 13 millones de euros en nueva financiación de emergencia para ayudar a Italia con la recepción de migrantes rescatados, no se ha comprometido a reforzar las operaciones de búsqueda y salvamento. Antes de su clausura, al final del año pasado, la operación de búsqueda y salvamento Mare Nostrum de Italia salvó miles de vidas, a un coste de 9,5 millones de euros al mes. La operación Tritón, considerablemente más pequeña, cuesta entre 1,5 y 2,9 millones al mes.
A pesar de la clausura de Mare Nostrum, la guardia costera italiana ha seguido dirigiendo operaciones de salvamento en el Mediterráneo central, con las que sólo el último fin de semana contribuyó a rescatar a más de 2.800 personas, con el despliegue también de activos de Frontex. La pérdida de más de 300 vidas este mismo mes cerca de la isla italiana de Lampedusa puso de relieve la absoluta falta de medios suficientes de búsqueda y salvamento.
La última tragedia de Lampedusa ha dejado una vez más al descubierto la lamentable incapacidad de la UE para hacer frente con su actual enfoque del control de fronteras a la creciente crisis humanitaria del Mediterráneo –ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central–. El anuncio de hoy no cambia la manifiesta realidad de que, sin más medios de los Estados miembros para búsqueda y salvamento, seguirán muriendo personas en alta mar.”


Se desconoce actualmente el paradero joven iraní condenado a muerte, Saman Naseem. © Private. La negativa de las autoridades iraníes a proporcionar a la familia de Saman Naseem –condenado a muerte por presuntos delitos cometidos cuando era menor edad y cuya ejecución estaba prevista para esta mañana– información sobre su suerte y su paradero hace temer que pueda ser torturado o ejecutado en secreto, ha manifestado Amnistía Internacional.
Saman Naseem, que estaba recluido en la prisión central de Urmía, fue trasladado el 18 de febrero de 2015 a un lugar desconocido. Las autoridades de la prisión dijeron a su familia que fueran a buscar sus pertenencias el sábado.
La falta de noticias sobre la suerte o el paradero de Saman Naseem como consecuencia de la negativa de los funcionarios de la prisión a informar a su familia es cruel e inhumana”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraníes no deben seguir jugando con los familiares de Saman Naseem. Tienen que revelar de inmediato su paradero, detener su ejecución e iniciar una revisión judicial exhaustiva  de su caso.”
Saman Naseem fue condenado a muerte en abril de 2013, tras un juicio manifiestamente injusto ante un tribunal penal de Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental. Lo declararon culpable de “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra” por su presunta pertenencia al grupo armado kurdo de oposición Partido por una Vida Libre en Kurdistán y por participar en actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria. En aquel momento tenía 17 años.
En una carta publicada por Amnistía Internacional, Saman Naseem, que tiene ahora 22 años, ofrece un estremecedor relato de la tortura que sufrió al principio de las investigaciones, cuando lo tuvieron recluido en una celda de dos metros de largo por medio de ancho y, teniendo los ojos vendados, lo obligaron a poner la huella dactilar en un documento de “confesión”.
Para más información:
Irán: Desgarrador relato de tortura de joven que será ejecutado en una semana por presuntos delitos cometidos siendo menor de edad.


Un joven egipcio sostiene un cartel en árabe que dice: “Musulmanes y coptos están en la misma tragedia”, en protesta en El Cario contra el sucuestro y asesinato de cristianos coptos egipcios por parte de una rama del Estado Islámico en Libia. (AP Photo/Amr Nabil). El espantoso homicidio que supuso la ejecución de 21 cristianos coptos en Libia por el grupo autodenominado Provincia de Trípoli del Estado Islámico constituye un crimen de guerra, y es un ataque a los principios fundamentales de humanidad. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.  
Un vídeo publicado online por la sección de medios de comunicación del grupo armado muestra supuestamente la decapitación de 21 coptos, en su mayoría egipcios, en una playa de un lugar no identificado en la provincia de Trípoli. La atrocidad se perpetró como represalia por el presunto secuestro de Camilia Shehata, cristiana egipcia cuya conversión al islam desató una oleada de protestas en 2010.
No hay nada que pueda justificar el asesinato a sangre fría de estos hombres, que parecen haber sido tomados como objetivo a causa de su religión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El vídeo, titulado “Mensaje firmado con sangre a la nación de la cruz”, muestra a un grupo de hombres vestidos con monos naranjas que son conducidos en fila por la playa por unos hombres enmascarados; luego son obligados a arrodillarse y, a continuación, son decapitados.
Según la archidiócesis de Samalut, las familias han identificado a 20 víctimas como cristianos coptos procedentes del distrito de Samalut, en la gobernación de El Minya. La identidad de la víctima número 21, que se cree que es un copto del África subsahariana, aún no se ha determinado.
Este asesinato atroz, y el vídeo cuidadosamente orquestado, es un brutal acto de crueldad dirigido a aterrorizar a la población de Libia, Egipto y el resto del mundo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Resulta especialmente devastador para las familias de las víctimas, que sufren una conmoción total. Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que garanticen que las familias reciben el apoyo psicológico y social que necesiten, tanto inmediatamente después de esta atrocidad como durante todo el tiempo que sea preciso. Las autoridades egipcias deben cumplir su promesa de conceder indemnización económica a las familias de las víctimas, que proceden de comunidades pobres del Alto Egipto y pueden haber perdido al sostén económico de la familia. Los cristianos coptos egipcios llevan decenios sufriendo discriminación, especialmente en que se refiere a construir y mantener sus lugares de culto, y las autoridades egipcias no han protegido a la comunidad frente a los numerosos ataques sectarios.
Según las familias de los 20 migrantes coptos egipcios, éstos fueron secuestrados en dos incidentes distintos en la zona de Sirte, en el noroeste de Libia, donde vivían y trabajaban. El 29 de diciembre de 2014, un grupo de siete coptos egipcios fue interceptado en un control cuando viajaba en automóvil hacia la frontera egipcia, y fue secuestrado por hombres armados. El 3 de enero de 2015, un grupo de hombres armados irrumpió en una casa de Sirte que se utilizaba como residencia para trabajadores egipcios, entre ellos los siete secuestrados inicialmente, y allí secuestraron a otros 13 coptos egipcios, utilizando para ello una lista de nombres donde sólo aparecían cristianos.
El paradero de los trabajadores migrantes egipcios secuestrados se desconocía hasta el 12 de enero de 2015, cuando el grupo autodenominado Provincia de Trípoli del Estado Islámico difundió una serie de fotografías de los hombres, asegurando que su grupo era el responsable de su secuestro. El 13 de febrero de 2015, una revista online publicada por el grupo armado afirmó que el secuestro era una represalia por la presunta persecución a que la iglesia copta sometía a las mujeres musulmanas, entre ellas Camilia Shehata, en Egipto. Camilia Shehata desapareció en 2010, entre rumores que afirmaban que había sido secuestrada. Fue encontrada más tarde por la policía egipcia y entregada a la iglesia.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de otros siete egipcios, en su mayoría coptos, que han desaparecido en la zona de Sirte y Misrata en los últimos meses. El 25 de agosto de 2014, tres hermanos –Jamal Matta Hakim, Ra’if Matta Hakim y Rumana Matta Hakim– y su primo, Adel Siddiq Hakim, fueron secuestrados en un control en Sirte. Según otro hermano, entrevistado por Amnistía Internacional, trabajaban en Trípoli, pero decidieron regresar a Egipto cuando el conflicto de Libia se intensificó. Se dirigían de vuelta a Egipto cuando su automóvil fue interceptado por un grupo de hombres armados y enmascarados en un control. Al inspeccionar sus pasaportes, los hombres obligaron a los cuatro coptos a salir del vehículo y los llevaron a un lugar desconocido, mientras que a los pasajeros musulmanes les permitieron continuar su viaje. La suerte y el paradero de los cuatro secuestrados se desconoce desde entonces.
Al día siguiente, 26 de agosto de 2014, Mina Shahat ‘Awad, otro copto egipcio, fue secuestrado en un control en Sirte cuando regresaba también a Egipto. Se desconocen su suerte y su paradero. El 15 de septiembre de 2014, otros dos egipcios, uno musulmán y otro copto, desaparecieron en la zona de Misrata tras abandonar su lugar de trabajo en automóvil hacia las cuatro de la tarde.
Amnistía Internacional pide a todos los grupos armados y las autoridades pertinentes que intensifiquen sus esfuerzos por determinar la suerte y el paradero de los siete egipcios secuestrados. Todos los civiles retenidos a causa de su identidad religiosa, política o tribal deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.
Información complementaria
En la Libia posterior a Gadafi, las minorías religiosas se han convertido en víctimas crecientes de ataques, y sus miembros han sufrido secuestros, tortura y otros malos tratos, y homicidios ilegítimos, especialmente en Bengasi y Sirte.  
Desde que se inició el actual conflicto entre coaliciones más o menos estructuradas de grupos armados afiliados a dos gobiernos y parlamentos contrincantes con sede, respectivamente, en Tobruk y Trípoli, los secuestros de civiles a causa de su origen, identidad o actividades se han convertido en suceso habitual en Libia. Amnistía Internacional ha documentado varias ejecuciones sumarias y otros homicidios ilegítimos a manos de grupos armados en Bengasi, Derna y Zawiya, al menos uno de ellos por decapitación. La información de que dispone Amnistía Internacional sugiere que puede haber habido más decapitaciones de combatientes capturados o civiles secuestrados en Bengasi.
Desde que concluyó el conflicto armado de 2011, Sirte se ha convertido en baluarte de grupos armados islámicos, como Ansar al Sharia, cuyo objetivo es hacer cumplir su propia interpretación de la ley islámica y que ha sido acusado de graves abusos contra los derechos humanos.
En noviembre de 2014, un grupo armado libio declaró su lealtad al grupo armado autodenominado Estado Islámico, y anunció la creación del grupo Provincia de Trípoli, que abarca varias ciudades del oeste del país, como Sirte, Trípoli, Misrata y Zawiya.


Los activistas contra la esclavitud detenidos Brahim Bilal Ramdane, Djiby Sow y Biram Dah Abeid. Fuente http://www.flere.fr/. El 15 de enero de 2015, el tribunal de Rosso, localidad del sur de Mauritania, condenó a dos años de prisión a tres activistas contra la esclavitud y defensores de los derechos humanos por pertenecer a una organización no reconocida y dirigirla, participar en una reunión no autorizada y cometer delitos contra las fuerzas del orden.
Brahim Bilal Ramdane, Djiby Sow y Biram Dah Abeid, ex candidato presidencial y presidente  de la organización contra la esclavitud Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania (IRA), fueron detenidos el 11 de noviembre de 2014 mientras dirigían una campaña pacífica contra la esclavitud y para dar a conocer a la población local el derecho a la tierra de las personas descendientes de esclavos.
La práctica de la esclavitud persiste en Mauritania. Organizaciones como SOS Esclavos o IRA condenan regularmente casos de esclavitud. Además, muchas personas descendientes de esclavos siguen trabajando en tierras sobre las que no se les ha otorgado ningún derecho y, por tanto, se ven obligadas a entregar parte de sus cosechas a sus aspirantes a amos tradicionales.
La esclavitud se abolió oficialmente en Mauritania en 1981, y su práctica se reconoció como delito de derecho internacional en 2007. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Mauritania es parte, prohíbe también la esclavitud. Pese a todo ello, desde 2010 se han presentado a la fiscalía al menos 32 casos de esclavitud, y la mayoría de las investigaciones sufren largas demoras. En 2011, el único propietario de esclavos que ha llegado a ser enjuiciado por el delito de “prácticas análogas a la esclavitud contra un menor” fue condenado a dos años de prisión. Sin embargo, tras permanecer encarcelado tan sólo unos meses, fue puesto en libertad provisional en espera de la vista de apelación. Esa vista todavía no se ha celebrado y, a día de hoy, este hombre continúa libre.
Las autoridades mauritanas a menudo restringen la libertad de expresión de las organizaciones y los defensores de los derechos humanos que hacen campaña contra la esclavitud. Sin embargo, el artículo 19 del PIDCP protege la libertad de expresión, que incluye “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. La condena de estos tres defensores de los derechos humanos por actividades de concienciación sobre la esclavitud relacionada con la tierra es contraria a los compromisos formulados por el actual gobierno mauritano en su hoja de ruta para la lucha contra el legado de la esclavitud, adoptada en marzo de 2014, y, en concreto, es contraria a la promesa de “crear las condiciones para el acceso igualitario a la tierra”.
Las organizaciones firmantes consideran que Brahim Bilal Ramdane, Djiby Sow y Biram Dah Abeid son presos de conciencia, encarcelados exclusivamente por sus actividades pacíficas de lucha contra la esclavitud.
Pedimos a las autoridades mauritanas que pongan en libertad inmediata e incondicional a estos activistas contra la esclavitud y defensores de los derechos humanos, que permanecen recluidos arbitrariamente en contra de la legislación mauritana y de los instrumentos internacionales ratificados por Mauritania.
LISTA DE ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACATBF) – Burkina Faso; Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) – Francia; Africtivistes – Senegal; Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme – Francia; Asociación de Mujeres Cabezas de Familia – Mauritania; Asociación Mauritana de Derechos Humanos – Mauritania; Asociación SEMFILMS- Burkina Faso; Asociación de Víctimas de la Tortura en Togo – Togo; Amnistía Internacional; Anti-Slavery International- Gran Bretaña; Balai Citoyen – Burkina Faso; Centro de Información y Formación sobre Derechos Humanos en África; Comité Nacional por la Memoria y la Historia de la Esclavitud – Francia; Comité de Solidaridad con las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos– Mauritania; Foro de Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos en Mauritania – Mauritania; Free the Slaves – Estados Unidos; Front Line Defenders – Irlanda; IRA – Mauritania; IRA – Estados Unidos; Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África – Gambia; Confederación Sindical Internacional; Liga por la Defensa de la Justicia y la Libertad– Burkina Faso; Minority Rights Group International – Gran Bretaña; Movimiento Burkinés de Derechos Humanos y de los Pueblos – Burkina Faso; Movimiento “Y en a marre” – Senegal; Fundación Quilliam – Gran Bretaña; Agrupación Africana por la Defensa de los Derechos Humanos – Senegal; SOS Esclavos- Mauritania; Sociedad para los Pueblos Amenazados – Alemania; The Abolition Institute – Estados Unidos; Organización de Naciones y Pueblos No Representados – La Haya; Walk Free.


Un soldado ucraniano subido a un vehículo armado en la entrada de la ciudad de Debaltseve. © MANU BRABO/AFP/Getty Images. La posible captura de Debaltseve por los separatistas prorrusos no debe desembocar en abusos generalizados contra los detenidos, ha instado Amnistía Internacional en medio de informes de que el ejército ucraniano había perdido parte del control de esta importante ciudad y nudo ferroviario de Ucrania oriental.
Ayer por la tarde se divulgó un vídeo que muestra aparentemente a decenas de soldados ucranianos rindiéndose a los grupos armados que cercaban Debaltseve. Según los medios de comunicación, podría haber en la ciudad entre 4.000 y 8.000 soldados ucranianos rodeados.
“Hay antecedentes de grupos armados separatistas que torturan o infligen otros malos tratos a los soldados partidarios de Kiev capturados. Algunos informes, muy recientes, son del 9 de febrero y proceden de las cercanías de Debaltseve. Estos actos serían crímenes de guerra”, afirma Denis Krivosheev, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Pedimos a todas las partes del conflicto que traten a los detenidos con humanidad, con arreglo a los Convenios de Ginebra.”
Amnistía Internacional ha revisado grabaciones recientes de vídeo que muestran a combatientes separatistas cometiendo actos de crueldad contra soldados ucranianos detenidos. Estas incluyen imágenes de combatientes prorrusos propinando puntapiés a soldados heridos de gravedad en el pueblo de Lohvynone, en las afueras de Debaltseve. En otras imágenes anteriores de Donetsk y otras zonas se veían palizas y otros malos tratos físicos a miembros de las fuerzas partidarias de Kiev capturados, a los que se somete a humillaciones en desfiles públicos, exponiéndolos a la violencia de los espectadores.
La organización ha documentado también abusos cometidos por fuerzas controladas por Kiev contra detenidos durante el conflicto armado. En un caso, los soldados ucranianos detuvieron a dos periodistas, un hombre y una mujer, en un pueblo de la región de Donetsk, en agosto. Varias unidades militares golpearon brutalmente al hombre y amenazaron con violar a la mujer antes de entregarlos al servicio de seguridad ucraniano (SBU).
También han aparecido con anterioridad imágenes de vídeo de combatientes separatistas capturados que muestran presuntas señales de tortura tras ser liberados por el ejército ucraniano.
La batalla por el control de la bolsa de Debaltseve ha sido especialmente intensa en las últimas semanas, incluso después de la entrada en vigor del último acuerdo de alto el fuego el 15 de febrero. La ciudad es un importante nudo ferroviario que une las ciudades principales de Donbass de Donetsk y Luhanks, ambas controladas actualmente por grupos armados separatistas prorrusos.
En una visita de investigación realizada a la zona a principios de mes, Amnistía Internacional encontró a civiles —ancianos, niños y personas con discapacidad incluidas— sitiados en Debaltseve en condiciones cada vez más penosas en medio de bombardeos indiscriminados.
Hay que permitir la entrada de investigadores independientes para evaluar la situación humanitaria de la población civil que queda en Debaltseve después de estos fuertes enfrentamientos”, dijo Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional que ha visitado recientemente la ciudad.
“La adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es un paso crucial para garantizar la rendición de cuentas de todas las partes del conflicto que sean responsables de crímenes del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra.”
Según un informe de la ONU publicado la semana pasada, más de 5.500 personas han perdido la vida y casi 10.000 han resultado heridas en el conflicto armado de Ucrania oriental.


Acto frente a la embajada de Irán en Madrid © AI El 15 de febrero, Saman Naseem, un joven iraní que va a ser ejecutado el jueves, fue brutalmente golpeado una vez más por hombres que al parecer eran agentes de inteligencia, en un intento de hacerle “confesar” de nuevo delante de una cámara, algo que se negó a hacer, ha declarado Amnistía Internacional.
“Se acaba el tiempo para Saman Naseem. El hecho de que Irán esté dispuesto a ejecutar a un hombre que fue torturado para que confiese un delito del que se le acusa haber cometido cuando era un niño muestra la situación de injusticia en el país”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Nunca se pueden corregir estos errores, pero no es demasiado tarde para detener inmediatamente la ejecución Saman Naseem e iniciar una revisión judicial exhaustiva de su caso”.
Saman Naseem fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto en abril de 2013 por un tribunal penal de Mahabad, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, por “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra” debido a su presunta pertenencia a un grupo armado de oposición kurdo, el Partido por una Vida Libre en Kurdistán, y por participar en actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria. En aquel momento tenía 17 años.
En una carta a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, Saman Naseem, que actualmente tiene 22 años, cuenta que lo encerraron en una celda de dos metros de largo por medio de ancho y lo torturaron constantemente hasta obligarle a poner la huella dactilar en un documento de confesión, mientras tenía los ojos vendados.
Amnistía Internacional España ha llevado a cabo un acto en la embajada de Irán en Madrid para pedir que se detenga la ejecución y se garantice que se lleva a cabo una revisión judicial de su caso, se investigue la presunta tortura que sufrió y se garantice que no se admiten como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura.