Amnistía Internacional España

María Guadalupe Fernández y su hijo José Antonio Robledo, desaparecido en Monclova (México) en 2009. ©Amnistía Internacional El uso de la desaparición forzada por parte de los Gobiernos para silenciar críticas y aterrorizar a la ciudadanía continúa sin erradicarse en ninguna región del planeta, denuncia Amnistía Internacional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el próximo 30 de agosto.

43.250 casos registrados de personas desaparecidas, la mayoría de décadas pasadas, siguen siendo investigados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, según sus últimos datos.

Amnistía Internacional está trabajando en estos momentos por más de 500 casos y continúa presionando a los gobiernos para que se investiguen todos los casos de desaparición forzada del pasado y del presente.

"Hay gobiernos en cada región del mundo, desde Siria a México, de Sri Lanka a Mali, sospechosos de mantener a cientos e incluso miles de personas en detención secreta. La dificultad para localizarlos y ponerlos en libertad no cesa", señaló Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.

En general, las desapariciones forzadas siguen un patrón: una vez arrestadas, las víctimas no son llevadas ante un tribunal, no se registra ni su detención, ni el "delito" por el que las ha detenido. En estas circunstancias, es cuando mayor riesgo corren de sufrir malos tratos, tortura, e incluso muerte.

En este día, Amnistía Internacional quiere recordar a las víctimas y a sus familiares y pide a la comunidad internacional que presione a los Estados para que se comprometan para acabar con esta terrible práctica.


Siria y México, puntos calientes de un crimen contra la humanidad

En Siria casi 85.000 personas han sido sometidas a desaparición forzada entre 2011 y 2015, según  datos de Syrian Network for Human Rights. Tal y como ha podido documentar Amnistía Internacional, la mayoría son civiles: activistas pacíficos, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, profesores, cooperantes e incluso menores de edad.

El matrimonio de Abdulrahman Yasin y Rania Alabassi y sus seis hijos con edades comprendidas entre los tres y los 15 años fueron arrestados por las fuerzas de seguridad siria en marzo de 2013. Desde entonces no se sabe nada de ellos. Las autoridades no han revelado ninguna información sobre qué les había pasado, dónde estaban o por qué fueron detenidos.

Naila Alabassi, hermana de Rania, le contó a Amnistía Interancional: "Cuando empezó la primavera árabe, ella no quería participar. Pensaba que estaría segura porque ni ella, ni su familia habían participado en ninguna actividad política, ni pertenecian a ningún partido de la oposición. Nunca fueron a manifestaciones. Pensaba que nada les podía pasar".

Amnistía Internacional se está dirigiendo al presidente sirio, Bachar al Asad para pedirle que permita que observadores independientes entren en el país para examinar las prisiones y los centros de detención en los que se retiene a miles de civiles, y garantice que se informará a las familias de los detenidos sobre su situación legal y su paradero.

Según fuentes oficiales, en México más de 22.000 personas sufren desaparición forzada o están en paradero desconocido desde 2007, y casi la mitad de de ellas han desaparecido durante el Gobierno de Peña Nieto.

El 27 de septiembre de 2014, el descubrimiento del cuerpo torturado del estudiante Julio César Mondragón de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, fijó la atención internacional en este problema. Un día antes, Julio César y otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se dirigiía a una protesta contra las reformas educativas del gobernador. Fueron atacados por la policía y hombres armados en Iguala. Tres estudiantes fueron asesinados. Testigos presenciales vieron como policías se llevaron al resto.

Pese a la presión internacional, las autoridades mexicanas han fallado a la hora de investigar este caso, especialmente, en lo referente a la complicidad de las fuerzas de seguridad. Uno de los padres de los desaparecidos, contó a Amnistía Internacional como muchos de ellos, en su mayoría agricultores, se han convertido en investigadores y activistas. "Si las autoridades no impulsan investigaciones imparciales, lo haremos nosotros". Estudiantes mexicanos, familiares y ciudadanos han salido a la calle pidiendo verdad y justicia.

La situación en España
En España, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen denegados. De los más de 114.000 crímenes presentados ante la Justicia, la mayoría son desapariciones fozadas.

En julio de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió a las autoridades españolas que redoblaran los esfuerzos para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas durante el franquismo.

Durante este último año, cuatro organismos de Naciones Unidas (Presidente del Grupo de Trabajo de desapariciones forzadas, los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros malos tratos, crueles, inhumanos y decradantes; y sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantían de no repetición) han cuestionado a España sobre su falta de colaboración con la justicia argentina, y sobre su decisión de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.

Por otro lado, la definición de desaparición forzada, sigue sin ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos en la última reforma del Código Penal. Algo que para Amnistía Internacional es una oportunidad perdida.

Otros países
En otros países como Libia, Sri Lanka, Bosnia Herzegovina o Mali, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que aborda el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2012 y el 16 de mayo de 2014 señala que el grupo ha recogido desde su creación, en 1980, un total de 54.405 casos, de los que más de 43.000 siguen abiertos.  

Los 10 países con mayor número de casos de desaparecidos investigados por este grupo de trabajo son: Iraq (16.555), Sri Lanka (12.536), Argentina (3.449), Guatemala (3.155), Argelia (3.074), Perú (3.010), El Salvador (2.668), Colombia (1.258), Chile (908), Filipinas (786).

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Behrouz Alkhani © Private Behrouz Alkhani, de 30 años y perteneciente a la minoría kurda iraní, fue ejecutado esta mañana temprano, hora local, a pesar de que estaba esperando la decisión del Tribunal Supremo sobre su recurso de apelación; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Además, la organización ha sabido que, hasta ahora, las autoridades han rehusado devolver el cadáver de Behrouz Alkhani a su familia.
“Ejecutar hoy a Behrouz Alkhani cuando estaba esperando la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de apelación contra su condena ha sido un acto de despiadada crueldad por parte de las autoridades iraníes, y una burla de la legislación iraní y del derecho internacional.
Es desolador que hayan infligido más dolor y sufrimiento a la familia de Behrouz Alkhani negándose a devolverle el cuerpo para darle sepultura", ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Que las autoridades lo hayan ejecutado a pesar de que estaba pendiente de resolución un recurso contra su condena, impuesta en un juicio manifiestamente injusto, y a pesar de los llamamientos internacionales para detener la ejecución, demuestra su desprecio absoluto por la justicia.
Su ejecución no es sino otra prueba de la determinación de las autoridades para seguir con su implacable campaña de ejecuciones, en la que más de 700 personas han perdido la vida en Irán en lo que va de año."


Refugiados y solicitantes de asilo en Gevgelija, Macedonia, cruzan la frontera con Grecia, agosto de 2015 © Amnesty International (Photo: Richard Burton) Con motivo de la Cumbre de la UE y los Balcanes Occidentales los días 26 y 27 de agosto, con sus dirigentes reunidos en Viena, Amnistía Internacional ha solicitado que, con carácter urgente, recapaciten y vuelvan a redactar las políticas y prácticas europeas en materia de asilo. Los dirigentes debatirán la actual crisis de refugiados en los Balcanes Occidentales en la segunda jornada de la Cumbre; en la primera habrá reuniones sobre cooperación regional y un partido de fútbol. Los debates tienen lugar en medio de llegadas de refugiados cada vez más frecuentes a las zonas fronterizas de los Balcanes europeos, informes de hoy que indican que la policía húngara está empleando gas lacrimógeno contra refugiados y migrantes, el deterioro de las condiciones de recepción en Grecia (uno de los Estados miembros de la UE fronterizos) y el cierre progresivo de las fronteras de la Fortaleza Europa para quienes necesitan protección internacional.
“Lo que estamos presenciando en las zonas fronterizas de Europa es sintomático del absurdo del sistema de concesión de asilo europeo –ha dicho Gauri van Gulik, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central–. Tras huir del miedo y la desesperación, los refugiados se enfrentan a una elección imposible: quedarse y solicitar asilo en el país de llegada, donde, en el caso de Grecia, deben soportar atroces condiciones de recepción y reclusión, o seguir viajando, embarcándose de nuevo en un viaje potencialmente clandestino y peligroso."
Según el Reglamento Dublín, los refugiados están obligados a presentar su solicitud de asilo en el primer país al que llegan. En el caso de los que llegan a Grecia, dado el acceso limitado o nulo a asistencia médica o a ayuda humanitaria, y las penosas condiciones que suelen imperar en centros de detención o campos abiertos superpoblados, muchos deciden continuar su viaje hacia el norte atravesando Macedonia y Serbia, para volver a entrar finalmente en la Unión Europea por Hungría. Pero su tránsito por la ruta de los Balcanes Occidentales (cruzando Grecia, Macedonia, Serbia y Hungría) está plagado de obstáculos para solicitar asilo. Macedonia y Serbia cada vez tienen menos capacidad para hacer frente al número creciente de refugiados que, debido a las políticas de asilo de la UE, se ven impelidos a cruzar sus territorios, y posteriormente apenas reciben apoyo de la UE.
Muy recientemente, el 19 de agosto, Macedonia declaró el estado de crisis y cerró su frontera meridional durante dos días, y la policía paramilitar y fuerzas militares emplearon fuerza excesiva y armas de fuego para impedir la entrada de refugiados en el país. En Serbia, las condiciones de acogida siguen siendo inadecuadas y solicitar asilo es sumamente difícil. En julio, Amnistía Internacional documentó malos tratos, devoluciones "en caliente" y detenciones ilegales a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales.
Hungría está en proceso de terminar la colocación de una valla de 175 km a lo largo de la frontera con Serbia, otra barrera más para los refugiados que buscan protección. El gobierno húngaro tiene asimismo previsto penalizar el cruce irregular de fronteras en las próximas semanas. En julio, Hungría reformó su legislación  para que se pudiera denegar el acceso al procedimiento de concesión de asilo a los solicitantes que hubieran atravesado alguno de la lista de países que las autoridades húngaras consideran "seguros", entre ellos Serbia y Macedonia.
“El hecho de que los refugiados estén atrapados en tierra de nadie en los Balcanes sin protección ni apoyo mientras los Estados de la UE les dan la espalda suscita verdadera preocupación. Así quedan expuestos a sufrir más abusos contra sus derechos humanos”, ha afirmado Gauri van Gulik.
Pero, como siguen llegando barcos con refugiados a bordo a las costas griegas y la alta comisionada de la ONU para los refugiados ha anunciado unas previsiones de hasta un total de 3.000 refugiados y migrantes que cruzarán diariamente a Macedonia a lo largo de los próximos meses, las autoridades de los Estados balcánicos occidentales aún tienen que cumplir con sus obligaciones respecto a los solicitantes de asilo, que incluyen permitirles solicitar asilo sin demora y de manera efectiva.
“Es cierto que los territorios fronterizos europeos se enfrentan a unos índices sin precedentes de llegada de refugiados. Pero también es cierto que sólo representan una mínima parte de la cantidad ingente de refugiados que están siendo acogidos por países en vías de desarrollo, mientras el mundo se enfrenta a la peor crisis de refugiados de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. El aumento de las llegadas no exime de sus obligaciones jurídicas a los países situados a lo largo de la ruta de los Balcanes –ha afirmado Gauri Van Gulik––. “Ante la ausencia manifiesta de rutas suficientes, seguras y legales hacia Europa, la gente no tiene más alternativa que embarcarse en viajes irregulares y plagados de peligros, ya sea atravesando el Mediterráneo o, cada vez más, los Balcanes Occidentales. Ya es hora de mostrar una tarjeta roja a Europa por su respuesta a la crisis de los refugiados y apremiar a sus Estados para que recapaciten.”


La policía colombiana ayuda en el traslado de pertenencias a través del río Táchira. Se cree que desde el 21 de agosto se podrían haber deportado al menos a 1.000 personas desde Venezuela a Colombia © AP Photo / Eliécer Mantilla Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que se estarían produciendo en la zona fronteriza con Colombia, en el contexto de un operativo de las autoridades venezolanas para combatir la inseguridad y el contrabando en la zona.
El 21 de agosto se decretó un estado de excepción en 5 municipios del Estado Táchira, como medida para combatir el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando en esta zona fronteriza. Previamente, el 19 de agosto se habría producido un enfrentamiento entre fuerzas del orden y supuestos contrabandistas en el que habrían resultado heridos 3 miembros de la Fuerza Armada y un civil.
Desde el 21 de agosto y hasta el día de ayer se habrían deportado a al menos 1.000 personas a Colombia, de acuerdo a las declaraciones recogidas en la prensa del Gobernador del Estado Táchira.
Según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, las personas deportadas habrían sido detenidas en operativos conjuntos de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias. En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías.
De especial preocupación son los informes que indicarían que grupos familiares habrían sido separados y que habría resultado en algunos casos en niños y niñas abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia.
Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, incluido en las zonas fronterizas y que en algunas circunstancias extraordinarias y previstas en la ley, pueden decretar estados de excepción por un período limitado. Sin embargo, estas acciones no pueden resultar en violaciones de derechos humanos.
Los procedimientos de expulsión o deportación deben contener todas las salvaguardias previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Para ello el estado venezolano debe asegurarse de que los casos de todas las personas cuya expulsión o deportación se está considerando son examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr que se revisen sus casos.
Además se deben tomar medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones, deportaciones o expulsiones con el debido respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho y que todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente e imparcial.
Asimismo, es imperativo que la suspensión de garantías constitucionales durante el estado de excepción no abra el camino a la violación de derechos humanos.
Según sus obligaciones internacionales de derechos humanos, Venezuela está obligada a proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción, y las disposiciones en un estado de excepción no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, origen nacional, idioma, religión u origen social. Cada medida tomada bajo el estado de excepción debe ser evaluada por su proporcionalidad frente al contexto, la intensidad, profundidad y carácter de la emergencia.


El general Efraín Ríos Montt © APGraphicsBank La decisión de una corte de Guatemala de juzgar al ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt bajo cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad por medio de su abogado y a puertas cerradas abre una nueva avenida para la justicia pero subraya las profundas fallas del sistema de justicia del país, que hasta ahora ha fallado en brindar justicia a sus víctimas, dijo Amnistía Internacional.
Las condiciones de su juicio se decidieron en base al frágil estado de salud del ex mandatario de 89 años, según informes de prensa. El Juicio comenzará en enero de 2016.
“La decisión de hoy claramente demuestra que cuando la justicia se demora por tanto tiempo, hay un alto riesgo de que las personas responsables de asesinatos masivos y desapariciones no serán castigados,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Si las autoridades de Guatemala se hubieran ocupado del alarmante catálogo de crímenes cometidos bajo el mando de Ríos Montt, como deberían haberlo hecho, en vez de demorar el proceso en repetidas ocasiones, el país no se encontraría en esta situación.”
“Las autoridades Guatemaltecas deben aprender una importante lección y no dejar ninguna piedra sin remover para asegurarse que todas las personas sospechosas de responsabilidad criminal por los miles de brutales asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar durante los años más oscuros del país compadezcan ante las cortes. Estas demoras han causado demasiado sufrimiento. Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber qué pasó, ver que se haga justicia y recibir reparaciones.”
En el año 2013, Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión bajo cargos de crímenes contra la humanidad y genocidio por su responsabilidad en el asesinato y tortura de 1,771 Indígenas Mayan-Ixil y el desplazamiento forzado de decenas de miles más cuando fue Presidente y Comandante en Jefe del ejército de Guatemala (1982-1983).
En una decisión que fue devastadora para las víctimas, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la decisión bajo argumentos procesales.
Según datos de una Comisión de la Verdad respaldada por Naciones Unidas, unas 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 36 años de conflicto civil en Guatemala (1960-1996). Más del 80 por ciento eran Indígenas Mayas.
A pesar de esfuerzos recientes para fortalecer la justicia y responsabilidad por los abusos, el ejército se ha rehusado a proveer información a las investigaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y otros crímenes sexuales y otros crímenes cometidos durante el conflicto.


Momento del veredicto © AI @goddan Las largas penas de hasta dos décadas de cárcel impuestas hoy por un tribunal militar ruso a dos activistas ucranianos son una flagrante injusticia después de un juicio manifiestamente injusto ensombrecido por denuncias creíbles de tortura, ha declarado Amnistía Internacional.
El tribunal militar de la ciudad rusa de Rostov del Don condenó al director de cine Oleg Sentsov a 20 años de prisión y al activista ecologista y antifascista Aleksandr Kolchenko a 10 por cargos de "terrorismo" que ambos niegan y dicen tener motivación política. Los dos presos fueron acusados de ataques incendiarios contra grupos prorrusos tras la ocupación por Rusia de Crimea el año pasado.
"Todo este juicio estaba concebido para transmitir un mensaje. Es parte de la guerra de propaganda de Rusia contra Ucrania y evoca los juicios mediáticos de disidentes de la era estalinista”, dijo Heather McGill, investigadora sobre Eurasia de Amnistía Internacional.
“Este juicio estaba fatalmente viciado y el tribunal ha ignorado las denuncias de tortura y otros malos tratos. Tanto Oleg Sentsov como uno de los principales testigos de la acusación denunciaron que habían sido torturados.
“Cualquier testimonio obtenido mediante tortura y otros malos tratos debe ser descartado, deben retirarse los cargos de "terrorismo" y Oleg Sentsov y Aleksandr Kolchenko deben ser puestos en libertad o sometidos a un juicio justo ante un tribunal civil."
El derecho internacional humanitario exige que Rusia, como potencia ocupante de Crimea, enjuicie a todos los procesados ante tribunales civiles en aplicación de la ley ucraniana.


El 18 de agosto de 2014, dos grupos de hermanos de una misma familia fueron ejecutados en la ciudad suroccidental de Najran tras ser declarado culpable de “recibir grandes cantidades de hachís ” © Private Cientos de personas han sido condenadas a muerte tras ser declaradas culpables en juicios sin garantías en virtud del sistema judicial de Arabia Saudí, que adolece de profundas deficiencias, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
‘Killing in the Name of Justice’: The Death Penalty in Saudi Arabia pone al descubierto el uso terriblemente arbitrario de la pena de muerte en ese país, donde la pena capital se impone en juicios que atentan abiertamente contra las normas internacionales.
“Condenar a muerte a cientos de personas después de procedimientos judiciales que adolecen de profundas deficiencias es absolutamente vergonzoso. El uso de la pena de muerte es horrendo en todas las circunstancias, y especialmente deplorable cuando se aplica arbitrariamente después de juicios manifiestamente injustos”, ha afirmado Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El defectuoso sistema de justicia de Arabia Saudí facilita las ejecuciones judiciales a escala masiva. En muchos casos, se niega a los acusados el acceso a un abogado, y en algunos se los condena sobre la base de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en flagrantes injusticias.”
Uso de la pena de muerte en Arabia Saudí
Entre agosto de 2014 y junio de 2015, al menos 175 personas fueron ejecutadas, un promedio de una persona cada dos días.
Un tercio del total de ejecuciones desde 1985 se llevaron a cabo por delitos que incumplen el criterio de “los más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte según el derecho internacional. Una gran proporción de las condenas a muerte en Arabia Saudí –el 28% desde 1991– se imponen por delitos relacionados con las drogas.
Casi la mitad –el 48,5%– de las personas ejecutadas en Arabia Saudí desde 1985 eran nacionales extranjeros. A muchas de ellas se les negó una asistencia adecuada en materia de traducción durante el juicio y se les obligó a firmar documentos –incluidas confesiones– que no comprendían.
La mayoría de las ejecuciones en Arabia Saudí se llevan a cabo por decapitación, o en algunos casos por fusilamiento. En ciertos casos, las ejecuciones se llevan a cabo en público y los cuerpos y las cabezas cortadas se exhiben después.
A menudo las ejecuciones no se notifican a las familias de los condenados a muerte, que sólo se enteran de la suerte de sus seres queridos cuando ya han sido ejecutados, a veces por informaciones difundidas por los medios de comunicación.

Un sistema de justicia defectuoso
El sistema de justicia de Arabia Saudí, basado en la sharia, carece de código penal, lo que deja la definición de los delitos y las penas en un terreno impreciso y susceptible de interpretaciones. El sistema también concede a los jueces atribuciones para imponer condenas a su discreción, lo que da lugar a amplias discrepancias y, en algunos casos, a sentencias arbitrarias. Para ciertos delitos punibles en virtud de tai’zir (penas discrecionales), la sola sospecha es suficiente para que un juez recurra a la pena de muerte a tenor de la gravedad del delito o del carácter del delincuente.
El sistema de justicia también carece de las precauciones más básicas para garantizar el derecho a un juicio justo. En muchos casos, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios que en ocasiones se desarrollan en secreto. A los acusados se les niega con frecuencia el acceso a un abogado, o se les declara culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. También se les niega el derecho a una apelación adecuada y  completa.
Arabia Saudí rechaza con vehemencia las críticas hacia su uso de la pena capital aduciendo que las condenas a muerte se llevan a cabo de conformidad con la sharia (ley islámica) y sólo para “los más graves delitos” y respetando las más estrictas normas y salvaguardias relativas a juicios justos.
Afirmar que la pena de muerte en Arabia Saudí se lleva a cabo en nombre de la justicia y de conformidad con el derecho internacional no puede estar más alejado de la verdad. En vez de defender el atroz historial del país, las autoridades de Arabia Saudí deberían establecer con urgencia una moratoria oficial de las ejecuciones y aplicar las normas internacionales sobre juicios justos en todas los casusas penales”, ha afirmado Said Boumedouha.
El caso de Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, clérigo del este de Arabia Saudí y crítico con el gobierno, que fue condenado a muerte en octubre de 2014, ilustra claramente estas deficiencias. Fue declarado culpable de delitos de imprecisa definición en un juicio profundamente viciado y de motivación política y se le negó la oportunidad de preparar una defensa adecuada. Algunos de los cargos no son delitos comunes reconocibles según el derecho internacional de los derechos humanos.

“El carácter profundamente viciado del sistema judicial de Arabia Saudí deja la puerta abierta a abusos. Las autoridades juegan con la vida de las personas de una manera irresponsable y atroz”, ha afirmado Said Boumedouha.

“Si las autoridades desean mostrar su compromiso con unas normas rigurosas en materia de juicios justos, deben implementar reformas que adecuen el sistema de justicia penal de Arabia Saudí al derecho y las normas internacionales.”
En tanto se procede a la abolición total de la pena de muerte, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Arabia Saudí que restrinjan el alcance de su uso para delitos que impliquen “homicidio intencionado”, de conformidad con el derecho y las normas internacionales, y que pongan fin a la práctica de imponer condenas a muerte a menores de edad y a quienes sufren discapacidad mental.


El armamento y la munición fabricados en países como la Federación Rusa, Bielorrusia, Ucrania y China ha sido usado en el conflictos de Kordofán del Sur © GIOVANNI DIFFIDENTI El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, creado para controlar unas transferencias internacionales de armamento escasamente reguladas que fomentan la comisión de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, se enfrenta esta semana a su prueba de fuego en México; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
La primera Conferencia de los Estados Partes sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas tendrá lugar en Cancún del 24 al 27 de agosto y a ella asistirán decenas de Estados, entre ellos varios que no han firmado o no han ratificado el Tratado desde su adopción en 2013. Amnistía Internacional, que hizo campaña junto a ONG asociadas durante más de dos decenios para hacer realidad el Tratado, también asistirá a la reunión.
“Cancún constituye la primera gran prueba de fuego para el Tratado sobre el Comercio de Armas, y una gran ocasión para que los Estados hagan historia persiguiendo las metas del Tratado dirigidas a salvar vidas", ha afirmado Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.

“Queremos asegurarnos de que, en estas conversaciones, los Estados no se enzarzan en aspectos burocráticos ni pierden de vista los principios rectores del Tratado, enfocados a una regulación efectiva y transparente que ponga fin al sufrimiento humano causado por la circulación irresponsable de armamento convencional."

Amnistía Internacional presionará en favor de tres áreas principales: transparencia en todos los aspectos del Tratado sobre el Comercio de Armas, incluida la presentación de informes completos de los Estados sobre la medida y el alcance de sus importaciones y exportaciones de armas; participación significativa de las ONG en todos los procesos y reuniones relativas al Tratado; y adopción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Tratado por parte de los Estados evitando que se transfieran armas cuando existe el riesgo de que se destinen a cometer violaciones graves del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos.
La transparencia es uno de los objetivos principales del Tratado, dado que hasta ahora el comercio global de las armas se ha mantenido en secreto. También es un medio fundamental de demostrar que los Estados están cumpliendo los términos del tratado, y ayudará a evaluar cómo se aplican en la práctica.
Los debates de las reuniones preparatorias de la conferencia de México se centraron en la participación actual de los grupos de la sociedad civil, y también en la cantidad de información sobre importaciones y exportaciones de armas que los Estados deben presentar y poner a disposición pública.
Algunos Estados intentan restar protagonismo a la sociedad civil restringiendo considerablemente su participación en futuras conferencias sobre el Tratado y tomando cada vez más decisiones importantes a puerta cerrada en sesiones secretas.
Amnistía Internacional también considera motivo de alarma que los Estados hayan intentado reducir a la mínima expresión los requisitos de presentación de informes del Tratado. Eso significa que podrían estar obligados solamente a informar del valor económico anual de las transferencias, sin aportar datos fundamentales sobre el volumen de los envíos, el número de artículos y una contabilidad de cada categoría de armas pequeñas y armas ligeras.
Los detalles sobre el destino y uso final de las armas también serían secretos, que es información crucial para impedir que se desvíen armas a mercados ilegales y a usuarios finales no autorizados.
“Dejar a la sociedad civil fuera de algunos de los debates más importantes y no hacer públicos informes anuales sobre importaciones y exportaciones de armas hará que "se siga actuando como siempre", es decir, que las transferencias de armas se mantengan en secreto, en detrimento del propósito del Tratado. No se debe permitir que ocurra”, ha afirmado Marek Marczynski.
“Se ha conseguido mucho gracias al esfuerzo de la sociedad civil y de los Estados para conseguir unas normas globales jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas. Nuestro afán es seguir desempeñando un papel constructivo ahora que nos adentramos en la fase de aplicación. Los Estados deben adoptar requisitos exhaustivos y transparentes sobre presentación de informes que permitan tener una visión completa del comercio global de las armas."
Información complementaria

Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional hace campaña junto a ONG asociadas en favor de que se adopten unas normas globales sobre transferencias internacionales de armas que sean sólidas y jurídicamente vinculantes, para frenar la circulación de municiones y armas convencionales que fomentan las atrocidades y los abusos contra los derechos humanos. Más de un millón de personas se sumaron a la campaña en todo el mundo.
El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el Tratado sobre el Comercio de Armas. Cobró fuerza de derecho internacional vinculante el 24 de diciembre de 2014, para todos los Estados Partes.
Cinco de los 10 principales exportadores de armas –Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido– están entre los 72 Estados del mundo que ya han ratificado el Tratado. Estados Unidos, el mayor productor y exportador de armas con diferencia, está entre los 58 Estados restantes que han firmado el Tratado pero aún no lo han ratificado. Otros grandes productores de armas, como China, Canadá y Rusia, han rehusado firmar y ratificar el Tratado.
El Tratado sobre el Comercio de Armas es un conjunto de sólidas normas dirigidas a impedir la afluencia de armas a países donde se sabe que se destinarían a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Los gobiernos que forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas ahora tendrán que realizar evaluaciones objetivas para evitar el riesgo fundamental de una exportación de armas destinadas a cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Aunque las transferencias internacionales de armas se mantienen en secreto, se calcula que el valor del comercio mundial asciende a 100.000 millones de dólares anuales.
Amnistía Internacional ha seguido documentando y poniendo al descubierto las transferencias irresponsables de armas que contribuyen o facilitan la comisión de graves abusos.
Eso incluye todo el armamento y la munición fabricados fundamentalmente en la Federación Rusa/ex Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y China y transferidos a Sudán, que posteriormente han usado todos los bandos enfrentados en los conflictos de Kordofán del Sur y Darfur, así como en el vecino Sudán del Sur. En Kordofán del Sur, Amnistía Internacional ha documentado recientemente una serie de ataques indiscriminados contra zonas civiles, incluidos hospitales y escuelas, de tal alcance y gravedad que constituyen crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad.
En Irak y Siria, donde la proliferación de armas es generalizada, se han desviado transferencias de armas al grupo armado autodenominado Estado Islámico y a otros grupos armados. Estas armas se están usando para facilitar la comisión de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, violaciones y torturas, entre otras violaciones graves de derechos humanos. La diseminación de armas y municiones –en su mayoría armas pequeñas y ligeras, vehículos blindados y piezas de artillería de la era "soviética" o del Pacto de Varsovia fabricados en las décadas de 1970 y 1980– han causado perjuicios incalculables a la población civil, provocando grandes flujos de refugiados y desplazados internos, dificultando el acceso a la ayuda humanitaria y agravando la violencia basada en el género.


La policía hizo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones de julio de 2015 Las palizas con barras de hierro y el uso de ácido para producir quemaduras son dos de las diversas técnicas de tortura que utilizan las fuerzas de seguridad burundesas para obtener "confesiones" y silenciar la disidencia, según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy.
En el informe “Just tell me what to confess to”: Torture and ill-treatment by Burundi’s police and intelligence service since April 2015, la organización documenta espeluznantes testimonios de víctimas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. Se pone de relieve en él el aumento del uso de la tortura en Burundi desde abril de 2015.
“Los testimonios que hemos recibido son tan terribles como preocupantes, pues la tortura y otros malos tratos están prohibidos por la Constitución de Burundi y por tratados internacionales y regionales en los que Burundi es Estado Parte", ha señalado Sarah Jackson, directora adjunta del Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Es preciso poner fin a tales prácticas con urgencia, y todo presunto autor de delitos de derecho internacional, como la tortura, debe ser suspendido de impedido de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para iniciar su procesamiento."
Los testimonios indican que tanto el Servicio Nacional de Inteligencia (Service National des Renseignements, SNR) como la Policía Nacional de Burundi (Police Nationale du Burundi, PNB) son responsables de actos de tortura y otros malos tratos cometidos contra personas detenidas desde abril de 2015 por su presunta participación en manifestaciones contra las pretensiones de reelección por tercera vez del presidente Pierre Nkurunziza, así como contra un activista de los derechos humanos y un periodista.
Un hombre que había sido detenido a finales de junio mostró a Amnistía Internacional las marcas de las palizas que había sufrido bajo custodia del SNR. Explicó: “Comenzaron a golpearme con barras de hierro. Luego me dijeron que me desnudara. Me ataron a los testículos un recipiente de cinco litros de capacidad lleno de arena. Me lo dejaron así más de una hora; me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, me hicieron sentarme en una pila poco profunda llena de ácido de batería [...] quemaba horriblemente."
Otro manifestante detenido dijo que lo habían torturado y obligado a hacer una confesión falsa. Todavía estaba curándose de las heridas cuando Amnistía Internacional escuchó su testimonio en julio. Contó: “Esa noche me llevaron a un pequeño cuarto. No había sitio para tumbarme; tenía que dormir sentado. Al día siguiente me llevaron a otro cuarto diminuto, que tenía piedrecitas incrustadas en el suelo. Pasé allí todo el día. El tercer día me llevaron a un cuarto donde había un motón de trozos de vidrio y amenazaron con cortarme en pedazos con ellos. Me dijeron que escribiera una lista de todas las personas que conocía y que firmara un documento donde prometía no volver a participar en manifestaciones. Lo firmé."
Los casos documentados de tortura y otros malos tratos se produjeron en uno de los centros del SNR y en un centro de detención no oficial de la policía, llamado Chez Ndadaye. La policía golpeaba a los detenidos con cables eléctricos y porras, mientras que el SNR utilizaba barras de hierro, así como la técnica de sumergir a la persona la cabeza en agua sucia.
La organización encontró también ejemplos de confesiones forzadas. Un hombre detenido y torturado por el SNR en junio contó a Amnistía Internacional: “Me dijeron: ‘Si no confiesas, te matamos’. Pero dije: ‘¿Cómo voy a confesar si no sé nada? Tendrán que decirme qué confesar’."
Un hombre detenido por la policía en junio explicó a Amnistía Internacional cómo el SNR había intentado obtener información de él: "Me dieron golpes por todas partes. Utilizaron una barra de hierro y una descarga  eléctrica en el dedo anular."
En los casos que Amnistía Internacional ha documentado, los detenidos no tuvieron acceso a abogados ni a sus familias durante su reclusión en el centro de la SNR. Hasta la fecha no parece haberse abierto ninguna investigación sobre estos casos de abusos o tortura.
“El gobierno burundés debe tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas y reparaciones por los actos de tortura y otros malos tratos infligidos por agentes de las fuerzas de seguridad e impedir nuevas violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Sarah Jackson.
“La comunidad internacional debe instar al gobierno a que cumpla sus compromisos regionales e internacionales de derechos humanos, y se debe permitir el acceso de observadores de derechos humanos de la Unión Europa, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura para que investiguen las denuncias.”
Enlaces: Informe de Amnistía Internacional Braving Bullets: Excessive Force in Policing Demonstrations in Burundi
Información complementaria:
Entre el 26 de abril y mediados de junio de 2015 se organizaron manifestaciones en la capital de Burundi, Bujumbura, para protestar contra la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de concurrir a la lecciones de julio de 2015 para un tercer mandado, que muchas personas consideraban inconstitucional y una violación del Acuerdo de Arusha.
En julio de este año, Amnistía Internacional publicó un informe donde se pone de relieve una constante de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en respuesta a  las manifestaciones. La policía hizo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluidos medios letales, contra los manifestantes, llegando incluso a disparar contra manifestantes inermes cuando huían. También utilizó gas lacrimógeno y munición real contra las manifestaciones pese a haber niños en ellas.
Burundi está obligado a cumplir varios tratados internacionales y regionales que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-
La Convención contra la Tortura define ésta como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.


Muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo © Amnesty International / Marc Silver La escandalosa falta de investigaciones sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a grupos criminales que aterrorizan y asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
El 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.

“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen,” dijo Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
No se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las victimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después,” dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo.”
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes. Las autoridades locales y federales no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos. También han habido demoras extremas en laidentificación de las victimas – y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las victimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados,desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre abril y mayo de 2011, las autoridades mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes,” dijo Carolina Jiménez.