Amnistía Internacional España

Activistas de Amnistía Interancional contra la pena de muerte en Tokio. YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images La ejecución judicial en secreto de dos hombres el martes refleja el impenitente desprecio del gobierno de Japón por el derecho a la vida; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Teruhiko Seki, de 44 años, declarado culpable de asesinato y robo, y Kiyoshi Matsui, de 69, declarado culpable de asesinato, fueron ejecutados a primera hora del martes en el Centro de Detención de Tokio. Seki tenía 19 años en el momento de cometerse los delitos que se le imputaban. Ambos estaban intentando que se repitieran sus juicios cuando fueron ejecutados. “Las ejecuciones de hoy son una mancha aberrante y sangrienta en el historial de Japón en materia de derechos humanos. Una vez más, el gobierno japonés ha demostrado su desprecio por el derecho a la vida”, ha afirmado Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.
Este mes se cumplen 10 años desde que la Asamblea General de la ONU aprobó su quinta resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. A pesar de que el impulso global hacia la abolición continúa imparable, Japón sigue haciendo caso omiso de esta tendencia.
“El gobierno se engaña a sí mismo si piensa que la pena capital es un instrumento eficaz para impartir justicia. Es la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante, un hecho que la inmensa mayoría de los países del mundo ha reconocido”, ha dicho Roseann Rife. Estas ejecuciones elevan a cuatro el número total de personas ejecutadas en Japón en 2017. Normalmente no se comunica a los presos que van a ser ejecutados hasta pocas horas antes (en algunos casos ni siquiera se les comunica), y tampoco se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace pública hasta que se ha realizado.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, y lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición.