Amnistía Internacional España

Detenidos en una operación en el marco de la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte. NOEL CELIS/AFP/Getty Images La Corte Penal Internacional (CPI) debe abordar con carácter de urgencia un examen preliminar de los crímenes de lesa humanidad —incluido el asesinato de decenas de niños y niñas— perpetrados durante la mortífera “guerra contra las drogas” del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, ha dicho hoy Amnistía Internacional.La policía ha matado a miles de personas desde que Duterte subió al poder en junio de 2016, pero ni un solo agente ha rendido cuentas por ninguno de los crímenes cometidos.“Ya es hora de que entren en juego los mecanismos de la justicia internacional para acabar con la matanza que se está produciendo en las calles de Filipinas poniendo a sus perpetradores en manos de la justicia. La judicatura y la policía del país se han mostrado reacias a exigir responsabilidades a los homicidas de la ‘guerra contra las drogas’ e incapaces de hacerlo”, ha dicho James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.
“La CPI debe iniciar un examen preliminar sobre la situación y apuntar bien alto: la responsabilidad no se limita únicamente a quienes aprietan el gatillo, sino también a quienes ordenan o fomentan los asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad.”“El presidente Duterte y otros altos cargos del gobierno han defendido abiertamente los homicidios, lo cual podría hacerlos responsables penalmente en virtud del derecho internacional.”

¿Cuántos cadáveres acribillados en las calles son necesarios para que la comunidad internacional actúe?
James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía

Crímenes contra niños y niñas
La petición de Amnistía Internacional a la CPI se produce en un momento en el que cada vez son más los indicios de crímenes de lesa humanidad contra niños y niñas en la “guerra contra las drogas”. Desde junio de 2016 han muerto hasta 60 menores en operaciones antidroga.Amnistía Internacional ha oído relatos de familiares que presenciaron cómo la policía disparaba a los menores a bocajarro mientras éstos suplicaban piedad.“Me apuntaron con una pistola en la cabeza [y] me dijeron que saliera [...] Oí gritos y tres disparos, seguidos de otros tres”, contó O., la pareja de un muchacho de 17 años a quien mataron tras despertarlo en mitad de la noche.Un equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo del hacinamiento y las condiciones insalubres en que se mantenía a gran número de menores sospechosos de haber cometido delitos relacionados con las drogas en centros de retención de menores de la capital, Manila. Algunos decían que la policía los había golpeado y torturado durante su arresto, y afirmaban que les había tendido una trampa al obligarlos a posar en fotos con drogas colocadas por los agentes.En agosto, el homicidio de Kian de los Santos, de 17 años, provocó la indignación en el país. La policía afirmó que los disparos habían sido en defensa propia, pero las imágenes grabadas por cámaras de circuito cerrado de televisión y las declaraciones de testigos indicaban que unos agentes sin uniformar se habían llevado a rastras al adolescente, que estaba desarmado, y lo habían matado a tiros en un callejón.Tras la atención internacional que despertó el caso, más de 12 policías fueron investigados por el homicidio, sin que nadie haya rendido aún cuentas.La CPI indicó recientemente que investigará los crímenes contra niños y niñas y les prestará especial atención.“La policía de Filipinas ha matado a decenas de niños y niñas desde 2016. También los ha sometido a torturas, los ha detenido en terribles condiciones y ha destrozado familias”, ha afirmado James Gomez.“El caso de Kian de los Santos ha provocado una lógica indignación. Las flagrantes mentiras de los agentes para intentar ocultar su papel en el asesinato a sangre fría de un adolescente demuestran que no se puede confiar en que la policía se investigue a sí misma.”
Es hora de que actúe la CPIEn enero de 2017, Amnistía Internacional recomendó que, si las autoridades filipinas no tomaban medidas de alcance para poner fin a los homicidios relacionados con las drogas, la CPI iniciara un examen preliminar.La organización pidió que se pusiera fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales y también que las autoridades, incluido el presidente, dejaran de fomentar y estimular la comisión de tales crímenes. Amnistía instó también a que las autoridades abrieran una investigación imparcial y eficaz sobre todos los presuntos homicidios ilegítimos.Sin embargo, las autoridades filipinas han hecho oídos sordos a estos llamamientos.“¿Cuántos cadáveres acribillados a balazos deberán encontrarse tirados en las calles para que la comunidad internacional actúe?”, se pregunta James Gomez.“La CPI debe actuar ya. Creemos que la ‘guerra contra las drogas’ se ajusta a los criterios de delito de lesa humanidad del Estatuto de Roma y que es necesaria la presión internacional para persuadir a las autoridades filipinas de que cambien de rumbo.”

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