Amnistía Internacional España

Copy: AI Madrid.- Amnistía Internacional entrega hoy en Moncloa un puzzle con el rostro de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saéz de Santamaría, creado creado con cien piezas, una por cada mil de las 100.000 firmas recogidas por la organización, para exigir a las autoridades españolas que cumplan con las cuotas de acogida de personas refugiadas y que amplíen las que hasta ahora han incumplido. Hasta el momento el gobierno no ha alcanzado ni siquiera sus compromisos en materia de reasentamiento: de las 1.449 personas que tenían que llegar por esa vía antes del 26 de septiembre de 2017 todavía faltan 319. Lo mismo, aunque todavía con peores resultados, sucede con la reubicación: han llegado 1.301 personas (1.096 desde Grecia y 205 desde Italia) del total de 15.888 comprometidas.
Tal y como señala la organización, si no se establecen rutas legales y seguras, las personas migrantes y refugiadas seguirán muriendo en viajes peligrosos. “Este año, hasta el pasado 15 de octubre, habían muerto al menos 138 personas en el mar que rodea las costas españolas y 2.776 en total en el Mediterráneo”, recuerda Verónica Barroso, Responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior. “Pero el gobierno sigue escatimando con cifras de acogida que ni siquiera cumple. Está llegando el frío y las condiciones que enfrentan las personas refugiadas en los campos van a ir a peor”, añade Verónica Barroso.
En Grecia, la situación en las islas está llegando a su límite una vez más: los centros de Lesbos, Samos y Chios acogen a un total de 10.925 personas, cuando la capacidad es de 3.924. Miles de personas, incluidas mujeres cabezas de familia solas y menores, están siendo obligadas a dormir en tiendas de campaña y o incluso en el suelo, mientras las temperaturas  son cada vez más bajas. Algunas mujeres tienen que compartir tienda con hombres que no son de sus familias, poniendo en peligro su derecho a la privacidad y su seguridad.
“No hay nada que justifique que las personas refugiadas tengan que pasar otro invierno en estas terribles condiciones”, asegura Barroso. Por eso, Amnistía Internacional ha reiterado a las autoridades españolas que es necesario que, además de la reubicación y el reasentamiento, se fomenten otras vías legales y seguras, como la reunificación familiar, para evitar que quienes huyen de la guerra y la persecución se enfrenten a una situación de desprotección en Europa. Para ello, ha denunciado la organización, es imprescindible que se flexibilicen los requisitos para hacer efectiva la reunificación familiar.
En estos días, además, se celebran en Madrid y en La Rioja unas jornadas organizadas por ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) junto con la Iniciativa Global sobre Patrocinio de Refugiados, y en las que también participa Amnistía Internacional, con el objetivo de impulsar el patrocinio comunitario como una nueva iniciativa de acogida complementaria a las ya existentes. Un ejemplo de ello es el proyecto piloto para la creación de un corredor humanitario que están promoviendo las autoridades del País Vasco.
Aumento de llegadas a la Frontera Sur españolaA pesar de que España es uno de los países con menos solicitudes de asilo, un total de 20.205 presentadas en 2017, el número de llegadas a través de la ruta de la frontera sur española (tanto por tierra como por mar) casi se ha duplicado este año: 21.304 personas han arribado hasta el 31 de octubre de 2017, en comparación con las 11.109 durante los mismos meses de 2016. De estas cifras, 13.546 han llegado a Andalucía: un número muy elevado en un momento en el que los centros de internamiento para extranjeros (CIEs) se encuentran saturados, algo que ha obligado a las autoridades españolas a recolocar a las personas migrantes y potenciales solicitantes de asilo en una cárcel vacía de presos.
“Amnistía Internacional ha reiterado en numerosas ocasiones que los CIEs deben ser la última alternativa, y ha insistido en que las personas que llegan a España deben recibir una acogida digna, que no es la que están teniendo”, asegura Barroso.
La organización también ha mostrado su preocupación por el hecho de que en Ceuta y Melilla sigan produciéndose expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas devoluciones en caliente, como la que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en la que algunos medios de comunicación mostraban como algunas personas eran devueltas directamente a través de la puerta de la valla en Ceuta, sin poder tener acceso a procedimientos de asilo individualizados. Amnistía Internacional lamenta que a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 3 de octubre, que determina que las “devoluciones en caliente” son ilegales, el gobierno sigue manteniendo esta práctica.

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