Amnistía Internacional España

Una superviviente de la violencia, en su casa al norte de Bosnia © Ziyah Gafić Un cuarto de siglo después de que comenzara el conflicto, se sigue negando la justicia a más de 20.000 sobrevivientes de violencia sexual en tiempo de guerra de Bosnia y Herzegovina, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
“We need support, not pity:” Last chance for justice for Bosnia’s wartime rape survivors revela las devastadoras consecuencias físicas y psicológicas de estos crímenes y los injustificables obstáculos que impiden que las mujeres accedan a la ayuda que necesitan y al resarcimiento legal al que tienen derecho.

“Más de dos decenios después de la guerra, decenas de miles de mujeres de Bosnia siguen recomponiendo sus vidas destrozadas con apenas acceso a la ayuda médica, psicológica y económica que tanto necesitan”, ha declarado Gauri van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.

“Con cada año que pasa se aleja la posibilidad de lograr justicia alguna vez o de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Estas mujeres no pueden olvidar lo que les ha ocurrido y tampoco debemos hacerlo nosotros.”

El informe, basado en investigaciones llevadas a cabo durante dos años, revela los obstáculos sistémicos que, combinados con la falta de consenso político, han relegado a una generación de sobrevivientes —violadas durante la guerra de 1992-1995— a la penuria y el sufrimiento.

Durante el conflicto, miles de mujeres y niñas fueron violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. Muchas fueron esclavizadas, torturadas e incluso embarazadas forzosamente en lo que se conoce como “campos de violación”.
Elma estaba embarazada de cuatro meses cuando la llevaron a uno de estos campos, donde sufrió violaciones colectivas todos los días. Contó a Amnistía Internacional: “Llevaban pasamontañas y me preguntaban si podía adivinar cuál de ellos estaba encima de mí. Todos eran muchachos del lugar.”

Como consecuencia de la violencia física, perdió a su bebé y sufrió lesiones duraderas en la columna. Casi 25 años después, Elma, que no tiene trabajo, no ha recibido ninguna ayuda económica significativa del Estado y necesita con urgencia asistencia médica y psicológica.

Retrasos interminables de la justicia

Desde que comenzaron los juicios por crímenes de guerra en Bosnia en 2004, menos del 1% del número total estimado de víctimas de crímenes de guerra de violencia sexual ha acudido a los tribunales. En todo el país, los tribunales han juzgado sólo 123 casos de violencia sexual y, aunque el número de procesamientos ha aumentado en los últimos años, hace falta tomar más medidas para garantizar que los perpetradores responden de sus actos ante la justicia.

Tras la guerra, Sanja, que permaneció cautiva y fue violada en reiteradas ocasiones por un soldado y sus camaradas, denunció a éste a las autoridades. La policía y las autoridades judiciales no tomaron medidas contra el perpetrador y los servicios sociales no reconocieron la situación de Sanja ni le proporcionaron asistencia. Sanja contó a Amnistía Internacional: “Ya no confío en nadie, especialmente en el Estado. Todos me han fallado.”

Aunque ha habido avances significativos en la protección y el apoyo a testigos, esto podría verse menoscabado por el elevado número de absoluciones en varias jurisdicciones y las penas, a menudo reducidas, impuestas a los culpables. Mientras tanto, el aumento del número de casos enjuiciados no puede ocultar el enorme número de asuntos pendientes.

La lentitud y las deficiencias de la justicia han desalentado a las sobrevivientes de denunciar, han debilitado la confianza en el sistema de justicia penal y han creado una sensación abrumadora de impunidad.

Una mujer que fue violada múltiples veces por paramilitares en su casa y en una comisaría de policía afirma: “La mayoría de las sobrevivientes no vivirá lo suficiente para ver que se hace justicia. En unos años, los tribunales se quedarán sin casos; no habrá sobrevivientes, perpetradores ni testigos con vida para los juicios.”

Mujeres privadas de apoyo

Aunque se han producido algunos cambios recientes destinados a reforzar el acceso a la ayuda y mejorar los servicios para las sobrevivientes, éstos siguen siendo irregulares y varían enormemente en función de cada región del país. Si no se institucionalizan totalmente estos cambios en todas las regiones del país, su repercusión será limitada y aleatoria.

Las mujeres víctimas de violencia sexual tienden a experimentar tasas elevadas de desempleo y pobreza, y constituyen uno de los grupos económicos más vulnerables de Bosnia. Aun así, sólo alrededor de 800 sobrevivientes han podido tener acceso a subsidios mensuales y otras ayudas básicas. La inexistencia de un programa formal de resarcimiento obliga a las sobrevivientes a sortear un complejo entramado de diversos subsidios sociales y actuaciones judiciales en tribunales civiles y penales para reclamar sus derechos.

Dado que las ayudas y servicios no están garantizados universalmente ni armonizados en todo el país, el acceso a ellos varía dependiendo del lugar de residencia. Por ejemplo, la República Serbia (Republika Srpska) no reconoce a las sobrevivientes de violencia sexual relacionadas con el conflicto como una categoría especial de víctimas de crímenes de guerra, y restringe estrictamente su acceso a cualquier reparación o apoyo. Estas disposiciones han impedido a la mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual que viven allí el acceso a un subsidio mensual, así como a atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico y social gratuitos.

Obstáculos como estos disuaden a muchas víctimas de denunciar y obligan a otras a hacer acrobacias administrativas, cambiando un derecho por otro, para acceder a las ayudas. Varias mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían tenido que cambiar su lugar de residencia oficial para obtener el subsidio mensual, lo que había conllevado la pérdida del derecho a acceder a servicios públicos, como la atención médica y social que tanto necesitan, en los lugares donde viven realmente.

“Las autoridades deben eliminar estos obstáculos discriminatorios que impiden el acceso a reparaciones y sustituirlos por medidas que garanticen la protección y el apoyo iguales a todas las sobrevivientes con independencia de su lugar de residencia”, afirma Gauri van Gulik.

“Ha habido importantes mejoras en los últimos años, pero queda aún mucho por hacer. Aunque nunca se puede des-vivir el trauma del pasado, no es demasiado tarde para garantizar que estas mujeres tienen un futuro en el que puedan recuperar por fin sus derechos y su dignidad.”

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