Amnistía Internacional España

Activistas de Amnistía Internacional protestan contra la pena de muerte en Japón. YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images El uso persistente de la pena de muerte por el gobierno de Japón es una demostración de desprecio por el derecho a la vida, ha afirmado Amnistía Internacional tras la ejecución el jueves de dos hombres.Estas ejecuciones, las primeras que se llevan a cabo en Japón en 2017, elevan a 19 el número de personas ejecutadas con el gobierno actual desde 2012.Masakatsu Nishikawa, que fue declarado culpable del asesinato de cuatro personas en 1991 y 1992, fue ejecutado en el Centro de Detención de Osaka. Mantuvo su inocencia en alguno de los cargos que se le imputaban, y el periódico Asahi informó de que intentaba obtener un nuevo juicio. Koichi Sumida, que fue declarado culpable de asesinato en 2011, fue ejecutado en el Centro de Detención de Hiroshima.“Las ejecuciones de hoy muestran el grave desprecio del gobierno de Japón por el derecho a la vida. La pena de muerte no hace justicia en ningún caso, y es la forma más extrema de pena cruel e inhumana”, ha afirmado Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia oriental.“Las ejecuciones continúan envueltas en secreto en Japón, pero el gobierno no puede ocultar el hecho de que va a contracorriente de la historia, pues la mayoría de los Estados del mundo han vuelto la espalda a la pena de muerte.”El 1 julio, Mongolia ha sido el último país del mundo (el número 105) que ha abolido la pena de muerte para todos los delitos.En Japón hay 124 personas recluidas en espera de ejecución, según las últimas cifras del Ministerio de Justicia.
Ejecuciones secretasEn Japón es habitual que las ejecuciones se lleven a cabo avisando a los condenados sólo unas horas antes, o sin advertírselo siquiera en algunos casos. Normalmente no se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace tampoco pública hasta que se ha producido.Las ejecuciones secretas contravienen las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Su existencia, así como la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas para las personas condenadas a muerte en Japón, ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.Entre otras cosas, se niega a los acusados la debida asistencia letrada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

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