Amnistía Internacional España

© Sven Dauphin Ante la revelación hecha hoy de que los líderes europeos han bloqueado las acciones contra Italia por discriminación contra la población romaní, Amnistía Internacional ha advertido de que el desalojo forzoso inminente de los residentes romaníes del asentamiento informal de Gianturco, en Nápoles, dejará sin hogar a cientos de personas, entre ellas niños, ancianos, enfermos y discapacitados.
Según lo previsto, el desalojo de más de 1.000 personas se llevará a cabo sin consulta previa, sin notificación y sin que se proporcione alojamiento alternativo, y es ilustrativo de la discriminación sistémica contra la población romaní en Italia. El desalojo se va a producir mientras el Financial Times revela hoy que los intentos de iniciar procedimientos de infracción contra Italia fueron bloqueados en las más altas instancias.“Mientras las excavadoras están listas para ponerse en marcha, cientos de personas romaníes de Gianturco perderán no sólo su hogar, sino también su medio de vida”, ha manifestado Catrinel Motoc, encargada regional de campañas de Amnistía Internacional.“El desalojo forzoso de familias sin proporcionarles alojamiento alternativo o apoyo es un acto cruel que viola las obligaciones internacionales contraídas por Italia en materia de derechos humanos. Ilustra la discriminación sistémica contra la población romaní en Italia, que la Comisión Europea, pese a su deber de hacerlo, no está combatiendo."En el asentamiento han estado viviendo hasta 1.300 personas. Muchas de las que se espera que sean desalojadas forzosamente llevan hasta seis años viviendo allí. A lo largo del año pasado les dijeron repetidamente que las iban a trasladar, pero no les informaron de a dónde iban a llevarlas o cuándo.Aunque ahora a unas 200 personas les han dicho que las van a reasentar en un campamento de segregación étnica, cuyas viviendas son contenedores, cientos de personas más siguen sin saber dónde irán.Una persona residente en Gianturco dijo a Amnistía Internacional la semana pasada que la policía les había dicho que se marcharan “antes del 10 de abril, o de lo contrario os ahuyentaremos”. Otra mujer dijo a Amnistía Internacional: “Hace un mes me operaron dos veces. ¿A dónde pretenden que vaya? Mi hijo también está enfermo. Tiene problemas de corazón, y mi nuera tiene diabetes. Nos van a dejar en la calle, como a perros”.En los últimos meses, los habitantes de Gianturco han denunciado acoso policial, con frecuentes controles y registros. Este acoso ha dado lugar a la confiscación de alimentos, automóviles, motocicletas y carros de distinto tipo que las familias utilizan para transportar materiales reciclables recogidos de toda la localidad. Además, al haber cerrado las autoridades un mercadillo informal de artículos de segunda mano en la plaza del asentamiento, la capacidad de subsistencia de la comunidad se ha visto considerablemente reducida.El desalojo forzoso y la reubicación de algunos residentes en un campamento de segregación étnica ponen de manifiesto el hecho de que las autoridades italianas no respetan los derechos humanos de la población romaní y están poniendo en marcha una denominada estrategia de inclusión adoptada hace más de cinco años.También ponen de manifiesto las consecuencias de que la Comisión Europea no actúe respecto a las reiteradas violaciones de la legislación de la Unión Europea contra la discriminación. Pese a haber iniciado hace casi cinco años una causa preliminar contra Italia por discriminación contra la población romaní, la Comisión Europea aún no ha iniciado procedimientos de infracción. El Financial Times ha revelado hoy que esos procedimientos de infracción están siendo bloqueados en las más altas instancias. En ese tiempo, miles de romaníes han sufrido desalojo forzoso y otras violaciones de su derecho a acceder a vivienda.“El desalojo de Gianturco es sólo el más reciente de una larga y vergonzosa lista de desalojos forzados de romaníes en toda Italia. Vaya donde vaya, la población romaní de Italia se encuentra con las formas más virulentas de discriminación”, ha manifestado Catrinel Motoc.“La Comisión Europea es plenamente consciente de la segregación y la injusticia generalizadas que sufre la población romaní en Italia. La revelación de hoy demuestra que, tras cinco años de absoluta inacción, las barreras se encuentran en lo más alto. La Comisión debe dejar de arrastrar los pies y debe iniciar procedimientos de infracción contra Italia por violar la legislación de la UE contra la discriminación.”
Información complementariaSe calcula que en Italia viven unas 170.000 personas romaníes, unas 40.000 de ellas en condiciones indignas en campamentos. En todo el país, miles de romaníes siguen enfrentándose a los prejuicios, a la segregación en campamentos de infraviviendas, al desalojo forzoso y a la discriminación en el acceso a una vivienda adecuada, todo lo cual viola el derecho tanto internacional como de la UE.

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