Amnistía Internacional España

La organización entrega en el Ministerio de Interior más de 237.000 firmas de su manifiesto #YoAcojo para recibir al menos a las 17.337 personas refugiadas comprometidas. ©AI Madrid.- Amnistía Internacional se ha reunido esta semana con los Ministros de Interior y Asuntos Exteriores, Juan Ignacio Zoido y Alfonso Dastis, así como con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para presentarle sus recomendaciones y exigir compromisos en materia de derechos humanos de cara a la nueva legislatura, que espera que sean recogidos en el futuro Plan Nacional de Derechos Humanos que han asegurado elaborar. Anna Neistat, Directora General de Investigación de AI, ha trasladado al Gobierno español la extrema preocupación de la organización ante las tendencias mundiales en derechos humanos y ha pedido a España que asuma verdaderos compromisos al respecto.
La organización ha presentado una agenda de derechos humanos en la que, entre otros temas, ha pedido al gobierno que espera que España no siga la línea que otros países han marcado con políticas anti-refugiados y restricciones a algunos derechos como la libertad de expresión y reunión, en nombre de la seguridad nacional, tal y como AI ha denunciado en su último informe anual. Las autoridades han indicado a la organización que cumplirán con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Hasta el momento España solo ha acogido a 1.141 personas refugiadas de las 17.337 comprometidas antes de septiembre de este año. AI, que ha entregado en Interior más de 237.000 firmas de su manifiesto #YoAcojo, ha pedido al gobierno que su compromiso no sea sólo de discurso sino real, para que quienes huyen de la guerra y la persecución puedan encontrar la protección a la que tienen derecho en España. “Aunque nos han mostrado su compromiso con las personas refugiadas, hemos recordado a los Ministros de Interior y de Asuntos Exteriores que si seguimos a este ritmo España tardaría casi 23 años en cumplir con las cifras de acogida de personas refugiadas, mientras la gente sigue muriendo en viajes peligrosos o permanece estancada en campos insalubres durante años”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
Tras la reunión con el Ministro de Interior Amnistía Internacional ha valorado positivamente la propuesta de establecer un diálogo con la organización para la revisión del sistema de asilo, que no tiene las suficientes garantías para las personas refugiadas; así como de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que limita injustificadamente derechos como la libertad de expresión y de reunión y manifestación.
Política InteriorSobre España, una de las principales preocupaciones de Amnistía Internacional es la falta de compromiso del gobierno para terminar con las llamadas “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, prohibidas por el derecho internacional.
Por otra parte, la organización mantiene su preocupación por la falta de investigaciones adecuadas de los casos de tortura y malos tratos en España. Amnistía Internacional ha sugerido a las autoridades el estudiar el  establecimiento de un mecanismo independiente de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“Damos la bienvenida a que España participe activamente en órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para 2018-2020. Pero en coherencia con esta participación, debería cumplir todas las recomendaciones de estos mismos organismos a España, por ejemplo, en los relativo a la investigación de casos de tortura y malos tratos”, ha señalado Esteban.
Asimismo, en el Día Internacional de la Mujer, la organización ha reclamado a las diferentes autoridades españolas que se garantice el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género y que este derecho se incluya en la revisión de la Ley Integral. “Desde el año 2004 no hemos conocido ningún caso en el que la víctima o sus familiares hayan tenido acceso a la adecuada reparación, según los estándares internacionales, que merecen por parte del Estado por la falta de diligencias del mismo para protegerlas”, ha lamentado Esteban Beltrán. Uno de los casos más destacados es el de Ángela González, en el que pese a haber más de 30 denuncias por maltrato contra ella y contra su hija Andrea, los jueces las desoyeron y obligaron a la menor a cumplir el régimen de visitas. Durante una de estas visitas, la menor de siete años fue asesinada. El propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) condenó al Estado español por no actuar diligentemente e instó al gobierno a reparar adecuadamente a la víctima.
Política exteriorEn relación a la política exterior del gobierno, Amnistía Internacional ha insistido en su reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en la necesidad de no enviar armas a un país como Arabia Saudí, que lidera una coalición que ha perpetrado ataques indiscriminados sobre la población civil en Yemen y que mantiene un bloqueo naval desde marzo de 2015 sobre el puerto yemení de Aden. En opinión de AI la posible venta de corbetas de la empresa Navantia a Arabia Saudí es ilegal de acuerdo al derecho interno y a las leyes internacionales.  
En su reunión con  Alfonso Dastis, Amnistía Internacional ha valorado positivamente las iniciativas de derechos humanos impulsadas por el gobierno en los foros multilaterales, como la protección a defensores de derechos humanos, o la lucha por la abolición de la pena de muerte. “Sin embargo, España debe apostar por una defensa firme de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con algunos países como Marruecos, Arabia Saudí, México, Colombia, Irán, Egipto o Turquía”, ha asegurado Anna Neistat, directora general de investigación de Amnistía Internacional.
Por otra parte, España ha apoyado firmemente en proceso de paz en Colombia. Amnistía Internacional valora positivamente estos pasos, pero mantiene su preocupación por el repunte de homicidios a líderes, defensores y defensoras de derechos humanos que ha habido en el país, al menos  80 en el año 2016. España se ha comprometido a priorizar en su agenda ante las autoridades colombianas a promover se brinde  la protección que estas personas en riesgo necesitan.

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