Amnistía Internacional España

Las autoridades de Bahréin no deben usar una fuerza excesiva contra los manifestantes; así lo afirmado Amnistía Internacional con motivo de las manifestaciones multitudinarias del 14 de febrero que conmemoran el sexto aniversario de la revuelta de 2011.Bahréin se encuentra al borde de una crisis de derechos humanos, a juzgar por el patrón de represión creciente observado en las últimas semanas, y caracterizado por violencia contra manifestantes, ejecuciones, detenciones arbitrarias y represión de la libertad de expresión .“Bahréin está en un punto crítico. Sólo en los dos primeros meses de 2017 se ha observado una alarmante escalada del uso arbitrario y excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad y se han llevado a cabo las primeras ejecuciones desde la revuelta de 2011”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora adjunta de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut. “Las autoridades deben refrenar a las fuerzas de seguridad, respetar los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica y suspender las ejecuciones; si no lo hacen, existe el riesgo de que se declare una verdadera crisis de derechos humanos.”La tarde del 12 de febrero, cientos de personas salieron a protestar a la calle en varios pueblos porque las autoridades no autorizaban la celebración de un funeral religioso por los tres hombres que habían muerto a manos de la guardia costera el 9 de febrero tras fugarse de la prisión de Yaw el 1 de enero. Líderes religiosos chiíes de Bahréin habían convocado concentraciones multitudinarias en señal de protesta. Algunas manifestaciones se tornaron violentas mientras que otras fueron pacíficas en todo momento.Amnistía Internacional obtuvo informes y fotografías de lesiones sufridas por manifestantes por el impacto de perdigones en la espalda, el oído, el pie o la pierna. En Sitra se grabaron imágenes de un gran vehículo acorazado avanzando hacia los manifestantes y, aparentemente, disparando proyectiles de gas lacrimógeno a la altura de las personas, con resultado de lesiones. A continuación, el vehículo fue bombardeado, y el grupo Al Muqawama Liwehdat al I’lam al Harbi reivindicó la autoría del ataque. Las autoridades bahreiníes no han respondido públicamente a este ataque.El 15 de enero de 2017, tres hombres fueron ejecutados en Bahréin tras una suspensión de las ejecuciones de casi siete años, y después de un juicio manifiestamente injusto. En 20 pueblos del país hubo reacciones de protesta, y varias manifestaciones se tornaron violentas: vehículos acorazados del gobierno cargaron contra los manifestantes y casi los arrollaron, y las fuerzas gubernamentales usaron gas lacrimógeno y escopetas para disparar perdigones directamente contra manifestantes.Desde entonces la tensión va en aumento; decenas de personas han sido detenidas con posterioridad al 15 de enero, entre ellas Munir Mshaima, hermano de Sami Mshaima, uno de los tres hombres ejecutados. Acusado de proferir “injurias al rey” durante el juicio, Munir fue detenido inmediatamente después del entierro de su hermano. Quedó en libertad al día siguiente.Amnistía Internacional ha visto imágenes de vídeo en las que hombres armados enmascarados con pasamontañas negros disparaban escopetas semiautomáticas Benelli durante los enfrentamientos en Diraz el 26 de enero. No se sabe con certeza si disparaban munición real o munición antidisturbios, menos letal. En las imágenes también aparecían más hombres enmascarados con pistolas semiautomáticas desenfundadas, y uno que llevaba un subfusil MP-7.En algunos casos también hubo manifestantes que emplearon la violencia contra las fuerzas de seguridad, lanzando cócteles molotov y quemando neumáticos, e hiriendo al menos a dos agentes de policía. Según el Ministerio del Interior, se ha registrado asimismo la muerte de dos policías. Dispararon contra uno de ellos en Bani Yamra el 14 de enero, y murió posteriormente a causa de las heridas, y el otro, un agente que estaba fuera de servicio, fue abatido a tiros por unos hombres armados en Bilad al Qadem el 29 de enero.Estallaron más protestas el 29 de enero, cuando miles de personas se manifestaron pacíficamente en contra de la celebración al día siguiente del juicio contra Sheikh Issa Qassem, líder espiritual del partido de oposición Al Wefaq, disuelto en julio de 2016.“El gobierno bahreiní viene afirmando desde hace seis años que ha adoptado medidas importantes encaminadas a la reforma y al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas el procesamiento de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la revuelta de 2011. Pero en las últimas semanas se ha observado un inquietante y renovado patrón de violaciones de derechos humanos, que incluyen detención arbitraria y tortura, propiciado por el clima continuado de impunidad”, ha afirmado Lynn Maalouf.A pesar de estas denuncias, el gobierno bahreiní reprime la libertad de expresión desde hace seis años imponiendo cada vez más restricciones arbitrarias a los medios de comunicación, prohibiendo las manifestaciones en Manama y encarcelando a quienes expresan públicamente sus opiniones.En 2016, por ejemplo, se volvió a encarcelar al destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab, se disolvió el principal partido de oposición, Al Wefaq, se retiró arbitrariamente la nacionalidad a su líder espiritual, Sheikh Issa Qassem, y se condenó a nueve años de prisión a su secretario general, Sheikh Ali Salman, por declarar pacíficamente la meta de su partido de llegar al poder en Bahréin, responder a las exigencias de reforma de la revuelta de 2011 y exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.El 16 de enero, el Ministerio de Información ordenó la suspensión de la edición en Internet del periódico independiente Al Wasat por sus “reiteradas emisiones incitando a la discordia en la sociedad y al espíritu de sedición, perturbación de la unidad nacional que afecta a la paz pública”. Restableció la edición en línea del periódico el 19 de enero.Además, el gobierno de Bahréin mantiene privados de libertad al doctor Ali al Ekri y a otros 11 activistas de oposición, entre ellos Abdulhadi al Khawaja y Hassan Mshaima, detenidos por oponerse pacíficamente al gobierno durante la revuelta de 2011. Muchos de los detenidos han denunciado que sufrieron torturas durante los interrogatorios. Según describen, recibieron golpes y fueron obligados a permanecer de pie durante largos periodos y amenazados con ser violados por funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional.“Ali al Ekri y los 11 activistas de la oposición son presos de conciencia que continúan encarcelados por su participación pacífica en la revuelta; las autoridades bahreiníes deben ordenar su libertad inmediata e incondicional.”

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