Amnistía Internacional España

Los suministros imprudentes e ilegales de armas realizados desde Europa, África y China a las partes contendientes en Costa de Marfil durante el último decenio continúan fomentando la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y delitos violentos en el país, ha manifestado Amnistía Internacional en un detallado informe presentado en la sede de las Naciones Unidas.

En el informe, titulado Communities shattered by arms proliferation and abuse in Côte d’Ivoire, se documenta cómo unos cuantos Estados y una red de traficantes multinacionales de armas suministraron armamento y munición a ambas partes en el conflicto, que cometieron crímenes de guerra y diversos abusos contra los derechos humanos, como terribles actos de violencia contra las mujeres y las niñas.

Las transferencias de armas tuvieron lugar ante y después de que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera un embargo de armas al país en noviembre de 2004.

 “Costa de Marfil es un escalofriante recordatorio de cómo ni siquiera un embargo de la ONU puede impedir que se envíen libremente armas a las partes en un conflicto con devastadoras consecuencias para la población civil”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

 “Los gobiernos del mundo pueden impedir el fracaso de futuros embargos de armas de la ONU y que se cometan atrocidades. Deben aprobar un tratado firme, efectivo y exhaustivo sobre el comercio de armas, basado en el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario".

Un tratado sólido sobre el comercio de armas, que los Estados miembros de la ONU están negociando en la actualidad en Nueva York, regularía las transferencias internacionales de armas convencionales y de tecnología y munición conexas.

Desde que se intensificó la violencia armada a principios de 2011, tras las disputadas elecciones presidenciales, centenares de marfileños han sido víctimas de homicidio, a menudo debido a su etnia o a su filiación política; numerosas mujeres y niñas han sufrido violencia sexual, incluida violación, y centenares de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.

Amnistía Internacional y el grupo de expertos de la ONU que investigan las violaciones del embargo de armas han documentado cómo las transferencias irresponsables e ilegales de armas realizadas desde 2002 han fomentado tales atrocidades y abusos, que continúan cometiéndose todavía.

Transferencias de armas a las fuerzas de seguridad marfileñas
Tras una rebelión militar ocurrida en 2002 y que partió el país en dos, el gobierno marfileño, presidido por Laurent Gbagbo, emprendió un frenético programa de adquisición de armas.

De septiembre de 2002 a diciembre de 2003, el gasto en armamento ascendió a 175 millones de dólares estadounidenses, más de la décima parte del presupuesto nacional de 2004-2005.

Amnistía Internacional cree que esas transferencias de armas fueron sumamente irresponsables, pues se llevaron a cabo en el contexto de una frágil tregua. Violaron también una moratoria voluntaria de las importaciones de armas establecida por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) en 1998.

Entre los países que suministraron armas y municiones al gobierno marfileño durante ese periodo figuraban Angola (vehículos blindados y tanques), China (armas pequeñas y armas ligeras), Bielorrusia (aviones, vehículos blindados, morteros y lanzacohetes), Bulgaria (aviones, morteros y armas ligeras, incluidos fusiles de asalto de tipo Kalashnikov), Ucrania (vehículos blindados) e Israel (aviones no tripulados).

Según un informe de abril de 2012 del grupo de expertos de la ONU, incluso una vez impuesto el embargo, las fuerzas de seguridad marfileñas recibieron suministros ilegales de armas hasta 2009. Los investigares de la ONU encontraron indicios de la existencia de una compleja red de tráfico de armas, de la que formaban partes empresas y particulares de varios países, como Senegal, Guinea, Túnez y Letonia.

Amnistía Internacional tiene claros indicios de que las armas suministradas desde 2002 no sólo tuvieron un efecto inmediato en las hostilidades en ese momento, sino que también se utilizaron posteriormente para atacar a civiles cuando el conflicto estalló de nuevo a principios de 2011.

Este uso incluyó el empleo contra manifestantes de munición real, granadas de fragmentación y granadas propulsadas por cohetes en varias zonas de la capital económica, Abiyán, en enero y febrero de 2011. El blanco principal fueron las personas pertenecientes a la comunidad dioula del norte del país, considerada en general contraria a Gbagbo.

En febrero y marzo de 2011, en la zona de Abodo de la ciudad, las fuerzas de seguridad partidarias de Gbagbo bombardearon con morteros lugares densamente poblados y dispararon de modo temerario contra civiles desarmados. El bombardeo de un mercado de Abodo el 17 de marzo de 2011 mató al menos a 20 personas e hirió a otras 60, en su mayoría mujeres.

Transferencias de armas a las Fuerzas Nuevas
Las investigaciones sobre las transferencias de armas a las Fuerzas Nuevas, alianza de grupos armados de oposición que controlaban el norte del país tras la rebelión militar de 2002, son menos claras.

Todas las armas que se vieron en manos de las Fuerzas Nuevas tenían el número de serie quitado, por lo que era difícil extraer conclusiones sobre su procedencia y ruta de suministro.

Se sabe que los combatientes de las Fuerzas Nuevas utilizaron diversos fusiles de asalto chinos, rusos y polacos de distinta procedencia y calibre. Y se cree que Burkina Faso desempeñó una destacada función en la transferencia de armas a ellos, tanto antes como después del embargo de 2004.

La gran cantidad de munición de 7.62 x 39 milímetros fabricada en Rumania en 2005 que circulaba en el país en 2011 y 2012 tenía su origen en el desvío ilícito de este tipo de munición desde Burkina Faso.

Hay cada vez más indicios de que las fuerzas contrarias a Gbagbo, incluidas las Fuerzas Nuevas, fueron responsables de homicidios ilegítimos, en muchos casos de hombres y niños perseguidos debido a su etnia o su filiación política.

Tales homicidios parecen haber continuado tras la integración de las Fuerzas Nuevas en las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil, creadas en marzo de 2001 por el actual presidente, Alassane Outtara. 

Algunos de los peores casos de homicidio arbitrario fueron perpetrados por las Fuerzas Republicanas en la ciudad occidental de Duékoué y sus alrededores en marzo de 2011, con la ayuda de una milicia de cazadores tradicionales conocidos como los Dozos.

Los grupos responsables llevaron a cabo una persecución de presuntos seguidores de Gbagdo en la zona de Quartier Carrefour de la ciudad: rodearon a la gente de etnia guérés –considerada partidaria de Gbagbo– y ejecutaron sumariamente a centenares de hombres de todas las edades.

Amnistía Internacional ha recogido más de 100 testimonios de habitantes de Duékoué y los pueblos de arlrededor que sobrevivieron a las matanzas y todo ellos apuntan a la naturaleza sistemática y selectiva de los homicidios perpetrados por las Fuerzas Republicanas y los Dozos.

“En varias visitas realizadas a Costa de Marfil desde la violencia de principio de 2011, Amnistía Internacional ha podido identificar una relación clara entre los abusos cometidos por todas las partes y las armas almacenadas años antes gracias a  transferencias irresponsables y, en algunos casos, ilegales”, ha explicado Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control de Amnistía Internacional.

Nuestro mensaje a los líderes del mundo es muy sencillo: pongan freno al flujo libre de armas que destroza a las comunidades en Costa de Marfil y en todo el mundo. La forma de detenerlo es aprobar un tratado firme sobre el comercio de armas, para bloquear las transferencias internacionales cuando exista un riesgo sustancial de que las armas se utilicen para facilitar o cometer violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra”.

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