Amnistía Internacional España

Primer ministro de Japón, Shinzo Abe. © AP

La ejecución de tres condenados a muerte supone un paso ominoso y regresivo por parte del nuevo gobierno del Partido Liberal Democrático de Japón. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional este jueves.

Estas ejecuciones son las primeras que se llevan a cabo desde que el gobierno ocupó el poder en diciembre, y hacen temer que el ritmo de ejecuciones pueda incrementarse durante el mandato del primer ministro Abe.

Masahiro Kanagawa, de 29 años, fue ahorcado en el Centro de de Detención de Tokio el jueves, al igual que Kaoru Kobayashi, de 44 años, ahorcado en el Centro de Detención de Osaka, y Keiki Kano, de 62, ahorcado en el Centro de Detención de Nagoya. Kobayashi y Kano fueron ejecutados a pesar de que ambos estaban preparando su solicitud de un nuevo juicio.

Roseann Rife, directora del trabajo de Amnistía Internacional sobre el este de Asia, ha manifestado:

Estas ejecuciones, llevadas a cabo bajo un velo de secreto, son un acto cruel de homicidio premeditado. Las autoridades ya se mostraron alarmantemente implacables en su decisión de llevar a cabo ejecuciones durante el anterior mandato de Shinzo Abe como primer ministro. El temor es que este sea el comienzo de una nueva oleada de homicidios a sangre fría por parte del Estado, y suscita serias dudas sobre si estas ejecuciones se están llevando a cabo por una mera conveniencia política.”

“En lugar de firmar más órdenes de ejecución, instamos al ministro de Justicia Sadakazu Tanigaki a recapacitar y considerar los datos. Más de dos tercios de los países del mundo han dejado de utilizar la pena capital, refutando los argumentos de que es necesaria. Japón forma parte de una aislada minoría respecto a esta cuestión, e instamos al ministro a tomar medidas para iniciar un debate público sobre el uso futuro de la pena de muerte”.

Durante el mandato anterior de Shinzo Abe como primer ministro, entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, diez personas fueron ejecutadas en menos de un año: el índice de ejecuciones más alto de cualquier gobierno del Partido Liberal Democrático. Ahora que el actual ministro de justicia, Sadakazu Tanigaki, ha expresado públicamente su apoyo a la pena de muerte, el temor es que esta cifra se supere.

El número de condenados a muerte –134– es uno de los más altos que ha tenido Japón en más de medio siglo. Normalmente, a los presos se les notifica la ejecución con unas horas de preaviso, aunque hay algunos a los que ni siquiera se les notifica de antemano. A sus familias normalmente sólo se les notifica la ejecución cuando ya se ha llevado a cabo.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

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