Amnistía Internacional España

En los 36 años de conflicto hubo cientos de miles de homicidios y desapariciones. © AP GraphicsBank

Londres.- Un tribunal condenó ayer en la ciudad de Guatemala a cuatro ex soldados de una unidad de élite del ejército a más de 6.000 años de prisión por su papel en una masacre cometida en 1982 en la localidad de Dos Erres, en el norte del país.

“Esta condena histórica transmite el mensaje de que por fin Guatemala podría estar acercándose más a la justicia para los cientos de miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra civil”, ha declarado Sebastian Elgueta, investigador sobre Centroamérica de Amnistía Internacional.

“La masacre de Dos Erres de 1982 fue un incidente especialmente brutal, aunque no es más que la punta del iceberg, pues quedan por resolver en Guatemala numerosos crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves, incluidos algunos casos que todavía no se han abierto.”

El 5 de diciembre de 1982, una unidad de élite del ejército guatemalteco entró en Dos Erres, en la región septentrional de Petén, y torturó y mató a alrededor de 250 hombres, mujeres y niños durante tres días, antes de arrasar el pueblo. Muchas de las mujeres y niñas fueron violadas, y numerosos habitantes, niños incluidos, fueron arrojados al pozo del pueblo.

Los ex soldados —Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y el teniente Carlos Carías— han sido condenados a penas de 30 años de prisión por cada asesinato y a 30 años más por un crimen de lesa humanidad. La resolución es en gran medida simbólica, pues en virtud de la legislación guatemalteca, los condenados pueden cumplir un máximo de 50 años de cárcel.   

Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU concluyó que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala, cerca de 200.000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición forzada, y las fuerzas de seguridad cometieron más de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.

En 1994 se abrió una investigación sobre la masacre de Dos Erres, pero las decenas de apelaciones formuladas por la defensa hicieron que el caso languideciera años en los tribunales.

En el juicio testificaron sobrevivientes de la masacre, que previamente habían declarado a Amnistía Internacional que un oficial de la base militar local había ordenado la operación para encubrir la violación de una mujer de la localidad a manos de un oficial del ejército.

Los ex soldados siguen manteniendo que son inocentes.

“Aunque esta sentencia es un paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad en Guatemala, los soldados no cometieron estos crímenes por iniciativa propia, y las autoridades deben hacer comparecer ante la justicia a todos sus superiores en la cadena de mando que planearon y ordenaron los crímenes”, afirmó Sebastian Elgueta.

El año pasado fue detenido en Estados Unidos otro ex soldado que participó en la masacre de Dos Erres. Gilberto Jordán confesó a las autoridades estadounidenses que había participado en la masacre y que incluso había arrojado a un bebé al pozo de la localidad. Jordán será devuelto a Guatemala cuando cumpla la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por infracciones de las leyes sobre migración.

En otro orden de cosas, las autoridades guatemaltecas detuvieron en junio al ex general Héctor Mario López Fuentes, que está acusado de planear y ordenar actos de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas mayas en 1982-1983.
 
Por otro lado, un tribunal español tramita unas actuaciones judiciales contra el ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y otros abusos graves cometidos como parte de una política de “tierra quemada” encaminada a combatir a los grupos armados de oposición.