Amnistía Internacional España

Inmigrantes tunecinos en Lampedusa, Italia, 30 de marzo de 2011. Copyright: AI

Londres/Madrid.- Hace unas semanas se encontraron los cadáveres de 150 personas frente a las costas de las islas Kerkennah, pertenecientes a Túnez. Eran personas que habían huido del conflicto de Libia  buscando seguridad en Europa. Su muerte pasó a engrosar la cifra de personas refugiadas y migrantes que han perdido la vida tratando de llegar a Europa: más de 1.400 en lo que va de año.

No es un problema nuevo. Desde hace años, refugiados y migrantes emprenden esta misma travesía. Sin embargo, mientras que Egipto y Túnez, en medio de su propia agitación política, admitieron sin titubeos a cientos de miles de refugiados procedentes de Libia, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) no tomaron medidas creíbles para tratar de impedir que miles de personas que huían de este país murieran en el mar”, asegura Sherif Elsayed Ali responsable del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“Los Estados miembros de la UE deberían haber aumentado la vigilancia aérea y las operaciones de rescate marítimo para ampliar su capacidad de ir al rescate de embarcaciones en peligro. Incluso tenían a su disposición para ello los recursos de la OTAN y de la agencia FRONTEX (la agencia de seguridad de fronteras de la UE). También podrían haber reasentado a refugiados vulnerables de Túnez y Egipto. En lugar de eso, los gobiernos de la Unión se centraron en sus asuntos domésticos y adoptaron una actitud de pánico frente a las personas que habían sobrevivido tras atravesar el Mediterráneo y habían conseguido llegar hasta Europa”, continúa Sherif Elsayed Ali.

En los últimos diez años se ha producido una erosión gradual de la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Europa. Las políticas de seguridad que se aplicaron tras los atentados del 11-S se han utilizado para dejar de lado las preocupaciones sobre derechos humanos y las políticas de inmigración sensatas en respuesta a consignas populistas atemorizadoras. Las reacciones discriminatorias contra refugiados y migrantes se han convertido en instrumento habitual de algunos políticos, que los culpan de aumento de la criminalidad, amenazas para la salud pública y problemas económicos.

Europa, que en su día jugó un papel esencial en la protección de los refugiados, el continente cuya crisis de refugiados tras la 2ª Guerra Mundial dio lugar al régimen internacional de protección para estas personas, desvirtúa ahora esta protección”.

Las personas refugiadas se ven obligadas a abandonar sus hogares para escapar de la persecución y el conflicto y arriesgar su vida en busca de libertad y seguridad, mientras que las migrantes dejan tras de sí pobreza y situaciones económicas desesperadas, y buscan una vida mejor para ellos y sus familias en Europa. Representar a refugiados y migrantes como personas indignas, avariciosas o delincuentes no sólo es falso, sino que fomenta la xenofobia y la violencia.


La doble moral de Europa
Llevada fundamentalmente por intereses económicos y políticos, a lo largo de los años, la UE se ha llenado la boca con los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes; pero a la vez ha apoyado y financiado políticas abusivas de control migratorio en países como Libia, donde se detenía a refugiados y migrantes durante años en circunstancias inhumanas, a menudo sometiéndolos a tortura, y en los cuales los refugiados se enfrentaban a un peligro real de persecución al devolverlos a sus países de origen”.

En octubre de 2010, la Comisión Europea firmó un programa de cooperación con Libia sobre la gestión de los flujos migratorios y el control de fronteras, con un desembolso de 50 millones de euros hasta 2013 por este servicio. Unos cuantos meses más tarde, los gobiernos europeos expresan su indignación por las numerosas violaciones de derechos humanos y ataques contra la población civil perpetrados por el régimen libio en el actual conflicto. Aunque hacen bien en indignarse, esta actitud pone de manifiesto la hipocresía intrínseca a las políticas de migración y asilo de la UE, que pretenden promover los derechos de las personas refugiadas y migrantes cuando de hecho aprueban prácticas abusivas para impedirles que lleguen a Europa.

El hecho de que no actúen eficazmente para ayudar a las embarcaciones que están en peligro en el Mediterráneo prueba que los Estados miembros de la UE están dispuestos a poner sus intereses políticos por encima de los derechos de las personas que huyen de las crisis del Norte de África.

La falta de respuesta europea y del Gobierno español
España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, también ha apostado por políticas cada vez más restrictivas en relación a la protección internacional, dando la espalda a sus obligaciones de derechos humanos, y siendo además uno de los países de la Unión que menos decisiones de asilo concede.

Amnistía Internacional se ha dirigido al Gobierno español para llamar su atención sobre la preocupación de la organización ante la falta de respuesta adecuada de Europa, incluida España, tanto ante el conflicto que está ocurriendo actualmente en el Norte de África, como ante otras crisis humanitarias prolongadas en el tiempo. Es el caso de miles de personas somalies que se han visto obligadas a abandonar su país, víctimas del conflicto en el que Somalia está atrapada desde hace dos décadas; muchas de ellas llevan más de 20 años viviendo en campos de refugiados donde existen graves amenazas para su seguridad, incluyendo violencia sexual.

Existen enormes dificultades para poder llegar a España y pedir asilo, relacionadas con el fortalecimiento de las fronteras europeas y su externalización, trasladando a terceros países el control migratorio, e impidiendo la llegada de los refugiados a Europa. Los que consiguen llegar, una vez aquí, también se encuentran con muchas dificultades para acceder a los procedimientos de asilo con todas las garantías.

A esto hay que añadir el incumplimiento de España de las promesas realizadas, como por ejemplo la de poner en práctica un programa de reasentamiento para aquellos refugiados cuya única salida es asentarse en un tercer país, como es el caso de los miles de refugiados somalies, cuando el retorno a su país es imposible, algo que ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha urgido a los Estados a establecer y que reconoce la última reforma de la Ley de Asilo de 2009.

Amnistía Internacional pide un compromiso claro con las personas que necesitan protección internacional por parte del Gobierno español y le insta a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, dando prioridad a los casos más vulnerables, y recuerda que, en relación con la crisis del Norte de Africa, tanto la Unión Europea como los Estados miembros, entre ellos España, tienen la responsabilidad de proteger a los refugiados y migrantes que vienen a nuestras costas, y rescatar a aquellos cuyas vidas están en riesgo.

 

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