Amnistía Internacional España

© Getty Images. La decisión de conceder reparaciones a miles de víctimas en la causa contra el ex presidente de Chad, Hissène Habré, supone un hito en su larga y decidida marcha en pos de la justicia, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
“La decisión de hoy es un importante paso en el camino para que las víctimas de crímenes en la causa contra Hissène Habré puedan seguir adelante con sus vidas”, ha dicho Erica Bussey, asesora jurídica principal de Amnistía Internacional para África. “También es una victoria para las víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, pues demuestra la imperiosa necesidad de que se concedan reparaciones aunque hayan pasado décadas desde que se cometieran los crímenes".

(Esta decisión) demuestra la imperiosa necesidad de que se concedan reparaciones aunque hayan pasado décadas desde que se cometieran los crímenes
Erika Bussey, asesora jurídica principal de Amnistía Internacional para África
Hoy, las Salas Africanas Extraordinarias de Dakar, en la causa contra Hissène Habré, concedieron a cada una de las víctimas civiles de violación y violencia sexual 20 millones de francos CFA (33.880 dólares estadounidenses), a cada una de las víctimas civiles de detención arbitraria, tortura, prisioneros de guerra y supervivientes, 15 millones de francos CFA (25.410 dólares), y a cada una de las víctimas indirectas, 10 millones de francos CFA (16.935 dólares). Las Salas Africanas Extraordinarias rechazaron la petición de reparaciones colectivas planteada por las partes civiles en el procedimiento.
El 30 de mayo de 2016, las Salas Africanas Extraordinarias habían declarado culpable a Habré de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos entre 1982 y 1990, y lo habían condenado a cadena perpetua.
La sentencia escrita y la decisión de conceder reparaciones estará disponible en breve en la página web de las Salas Africanas Extraordinarias.
Amnistía Internacional insta a las Salas Africanas Extraordinarias, la Unión Africana, el Gobierno de Chad y la comunidad internacional a que tomen las medidas necesarias para garantizar que se asignan los recursos necesarios a un fondo fiduciario del que probablemente saldrán las reparaciones a fin de que puedan aplicarse las decisiones de las Salas.
“Aunque se trata de un paso adelante, es preciso que se reconozca que Habré no fue el único que perpetró atrocidades. Es fundamental que se mantenga la presión sobre Chad y otros Estados, que se investigue y procese a otras personas acusadas de perpetrar graves violaciones de derechos humanos entre 1982 y 1990, especialmente los homicidios perpetrados en septiembre de 1984 en el sur del país”, ha dicho Erica Bussey.
“El Gobierno de Chad debe contribuir a los 125 millones de dólares en reparaciones que los tribunales del país concedieron el año pasado a las 7.000 víctimas en la causa contra 20 agentes del periodo de Habré condenados por asesinato, secuestro y tortura".
Información complementaria
Las Salas Africanas Extraordinarias fueron creadas en 2012 en virtud de un acuerdo entre la Unión Africana y el Gobierno de Senegal. El juicio de Hissène Habré se inició el 20 de julio de 2015, y en el curso de las actuaciones prestaron declaración 69 víctimas, 23 testigos y 10 peritos.
Entre las pruebas en que se basó la fiscalía había informes de investigación elaborados por Amnistía Internacional desde la década de 1980. Además, un miembro del personal de la organización declaró en el juicio en calidad de experto.
Fue el primer caso de jurisdicción universal en el continente y del primer ex jefe de Estado condenado por un tribunal africano por crímenes contra la humanidad. También hizo que las autoridades chadianas, tras décadas permitiendo la impunidad, investigaran por fin las denuncias de crímenes y procesaran a otros sospechosos. El resultado de todo ello fue la condena en marzo de 2015 de 20 agentes de seguridad de la época de Habré por asesinato, tortura, secuestro y detención arbitraria.
El tribunal emitió oralmente su veredicto el 30 de mayo de 2016, aunque aún debe publicar la sentencia escrita. Todas las partes pudieron presentar sus argumentos durante las actuaciones relativas a las reparaciones, aunque no se celebraron vistas orales.
Los abogados de Hissène Habré han apelado la sentencia condenatoria. Amnistía Internacional considera que deben asignarse recursos suficientes a las Salas Africanas Extraordinarias para que el recurso de apelación pueda desarrollarse plenamente y de forma efectiva.


Eltaf es un niño afgano de 7 años que vive atrapado en el campo de refugiados de Malakasa, a 40 kilómetros de Atenas (Grecia). No hay escuela, pero él está intentando aprender inglés con la ayuda de voluntarios y organizaciones. © Giorgos Moutafis/Amnesty International La Cumbre de la ONU sobre Personas Refugiadas y Migrantes, que se celebrará el próximo 19 de septiembre, ha sido convocada para hacer frente a uno de los mayores desafíos globales de nuestra época: proteger y prestar asistencia a millones de personas en movimiento que buscan seguridad y dignidad.
Más de 20 millones de hombres, mujeres, niños y niñas se han visto obligados a cruzar fronteras internacionales por causa de los conflictos, la violencia y la persecución.
Junto a ellos, millones de personas también se ven obligadas a desplazarse por falta de medios de vida, alimentos, agua o seguridad en sus lugares de origen, y también, cada vez con más frecuencia, por el cambio climático y los desastres medioambientales. Muchas de estas personas son vulnerables en su desplazamiento: se ahogan en el mar, mueren o son víctimas de brutalidad y explotación. Y aunque las personas refugiadas y migrantes logren desplazarse o llegar en condiciones de seguridad, a menudo son recibidas con miedo, xenofobia, violencia y criminalización, y sufren graves violaciones de sus derechos humanos, incluidos malos tratos a manos de funcionarios del Estado, detención arbitraria y negación de acceso a servicios básicos. Al mismo tiempo, muchos países, en particular países de ingresos medios y bajos, han acogido a millones de personas refugiadas que huían de la violencia, y en todo el mundo hay innumerables actos de solidaridad y apoyo hacia las personas en movimiento.
La comunidad internacional ya ha asumido antes su responsabilidad de proteger a las personas, y debe hacerlo de nuevo ahora.
En el pasado, el mundo se esforzó para cooperar en busca de soluciones concretas.
El 28 de julio se conmemora el 65 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Refugiados de 1951 para proteger a las personas refugiadas después de la Segunda Guerra Mundial.
El mundo necesita más cooperación y soluciones, no menos, para todas las personas en movimiento.
La Cumbre de la ONU es una oportunidad para que el mundo encuentre soluciones efectivas y duraderas. Esta semana tienen lugar las negociaciones para los documentos finales de la Cumbre, y los líderes mundiales deben aprovechar esta oportunidad única para mostrar un liderazgo basado en principios y acordar un documento final digno de esta causa.
Decenas de miles de personas en todo el mundo quieren que sus gobiernos así lo hagan, y todas las grandes religiones abrazan la tradición de conceder protección a quienes están en peligro. El 80 por ciento de las personas que respondieron al Índice de Bienvenida a los Refugiados de Amnistía Internacional dijeron que aceptarían en su país a las personas que huyen de la guerra o la persecución. Muchos miles de personas se han unido al llamamiento de Oxfam a los gobiernos para que compartan de manera justa la responsabilidad, en un mundo en el que los países en desarrollo acogen al 86 por ciento de las personas refugiadas del mundo, y la petición de Save the Children de un nuevo acuerdo sobre las personas refugiadas, en particular que ningún niño o niña refugiado debe estar sin recibir educación durante más de un mes.
Las soluciones son posibles, tanto para las personas refugiadas y migrantes como para sus sociedades. El mundo debe intensificar el reparto de la responsabilidad, no el traspaso de la responsabilidad.
Nosotros, las ONG abajo firmantes, creemos que la Cumbre sobre Personas Refugiadas y Migrantes puede aportar cambios fundamentales para los millones de personas y las sociedades que los necesitan. Sin embargo, nos preocupa profundamente el hecho de que los líderes no estén mostrando la voluntad política necesaria.
La prueba del éxito será si el Documento Final de los gobiernos:
Promueve e implementa el derecho y las normas de derechos humanos y de derecho de los refugiados existentes en lo relativo a la protección de todas las personas en movimiento, con especial atención a las necesidades y vulnerabilidades específicas de los niños y niñas, y los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes, sin tener en cuenta su situación ni, en el caso de los menores de edad, la situación migratoria de sus progenitores. Se compromete a desarrollar un sistema global que garantice que los gobiernos comparten la responsabilidad de acoger, proteger y prestar asistencia a las personas refugiadas, una proporción justa de tales admisiones para cada país, y establece acciones concretas para lograrlo y se compromete a ponerlas en práctica. Respalda el desarrollo de principios y directrices para la protección y asistencia esenciales a las personas migrantes vulnerables, en movimiento y en las fronteras. Reconoce explícitamente las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos en lo relativo a proteger los mejores intereses de los niños y niñas y poner fin a la práctica de detener a menores debido a su situación migratoria o la de sus progenitores. Establece una hoja de ruta clara, para un proceso inclusivo, a fin de elaborar un marco basado en normas sobre migración segura, ordenada y regular que habrá de adoptarse en 2018, y que incluya la ampliación de los canales para la migración laboral en todos los niveles de cualificación, la reagrupación familiar, la educación y programas de regularización.
Las organizaciones de la sociedad civil también deben estar más a la altura del desafío de este movimiento sin precedentes de personas, en asociación con los gobiernos y con las personas refugiadas y migrantes y las sociedades en todo el mundo. Esto es lo que queremos conseguir.
Un resultado que no haga más que repetir compromisos ya existentes –o peor, rebajarlos– no podrá considerarse un éxito. Instamos a los Estados miembros a aprovechar esta oportunidad sin precedentes.

Firmantes:
Alianza Americas
Amnistía Internacional
Asylum Access
Care International
Caritas Internationalis
Center for Migration Studies
Church World Service
Consejo Danés para los Refugiados
HIAS, Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados
Human Rights Watch
Comisión Internacional Católica de Migraciones
Coalición Internacional sobre la Detención de Refugiados, Solicitantes de Asilo e Inmigrantes
Comité Internacional de Rescate
Kids in Need of Defense
National Network for Immigrant and Refugee Rights
NGO Committee on Migration
Consejo Noruego para los Refugiados
Oxfam
Save the Children
Red Internacional de Migración Scalabrini
Aldeas Infantiles SOS
Federación Luterana Mundial


© Save the children El ataque aéreo de esta tarde que ha destruido parcialmente una maternidad de la provincia rural de Idlib, en el noroeste de Siria, parece formar parte de una deleznable pauta de ataques ilegítimos dirigidos contra instalaciones médicas, ha dicho Amnistía Internacional.
Aún no se sabe con certeza el número de víctimas del ataque de hoy, pero un portavoz de Save the Children, que presta apoyo al hospital, ha dicho a los medios de comunicación que había al menos dos víctimas mortales. No se conoce con certeza la autoría del ataque, pero se ha producido en una zona que está bajo el control de grupos armados en la que las fuerzas armadas sirias y rusas han estado lanzando ataques aéreos.
“Los ataques deliberados contra hospitales y centros médicos son graves violaciones de las leyes de la guerra y nunca pueden justificarse. Los hospitales, que gozan de protección especial en virtud del derecho internacional humanitario, deben ser lugares seguros para las madres, sus recién nacidos y los trabajadores médicos, incluso en medio de un brutal y largo conflicto”, ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Las fotos y el material de vídeo tomados tras el ataque mostraban parte del hospital en ruinas, con los escombros esparcidos tanto dentro como fuera del edificio. En otras fotos tomadas más o menos en el momento del ataque aéreo se veían recién nacidos en incubadoras. Según Save the Children, ésta es la única maternidad de la zona y en ella nacen 700 bebés al mes.
Los días 23 y 24 de julio, cuatro hospitales y un banco de sangre de la ciudad de Alepo, en el oeste de Siria, sufrieron ataques aéreos. Según UNICEF, uno de estos centros, un hospital pediátrico, fue atacado dos veces en menos de 12 horas.
Los últimos ataques parecen inscribirse en una pauta documentada por Amnistía Internacional de ataques aparentemente deliberados de las fuerzas armadas sirias y rusas contra hospitales e infraestructuras médicas de Siria, que parecen forman parte de su estrategia militar. El ataque deliberado a instalaciones médicas puede constituir crimen de guerra. Los ataques indiscriminados, en los que no se distingue entre edificaciones civiles, tales como hospitales, y objetivos militares, están prohibidos y también pueden constituir crímenes de guerra.
“Siria y Rusia deben poner fin a los ataques contra hospitales e instalaciones médicas. Todos estos ataques deben ser investigados, y los responsables de graves violaciones de las leyes de la guerra deben ser puestos a disposición judicial”, ha dicho Philip Luther. La ONG Physicians for Human Rights ha estado haciendo el seguimiento de los ataques contra profesionales de la salud e infraestructuras médicas en el conflicto sirio. Antes del ataque de hoy, el grupo ya había documentado 373 ataques contra centros médicos, en los que habían muerto 750 miembros del personal. La inmensa mayoría de estos ataques habían sido obra de las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados.


Serge Sivyavugha durante un acto en Madrid, diciembre 2015. Copy: AI La liberación ayer martes de seis activistas juveniles en la República Democrática del Congo, en aplicación de sendos indultos presidenciales, se entenderá como poco más que un mero ejercicio de imagen a menos que se libere a todos los presos y presas de conciencia y a las demás personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional. Rebecca Kavugho, Serge Sivyavugha, Justin Kambale Mutsongo, Melka Kamundu, John Anipenda y Ghislain Muhiwa fueron liberados de la prisión de Munzenze cuando les quedaba por cumplir menos de un mes de las condenas de seis meses impuestas por cargos de “intento de incitar a la desobediencia”. “Aunque es una buena noticia que los seis están por fin libres para reunirse con sus familias, no hay nada que celebrar por su liberación en el tramo final de una condena de prisión injusta derivada de cargos falsos. Nunca deberían haber sido encarcelados”, ha afirmado Christian Rumu, responsable de campañas de Amnistía Internacional para la región de los Grandes Lagos. “Para que el indulto presidencial pueda considerarse una muestra de buena voluntad, las autoridades de la República Democrática del Congo deben dar un paso más y liberar a todos los demás activistas detenidos y recluidos arbitrariamente por expresar su opinión contraria a las demoras en las elecciones.” Los seis, que forman parte del movimiento juvenil Lucha por el Cambio (Lutte pour le Changement, LUCHA), fueron detenidos el 16 de febrero mientras preparaban materiales en apoyo de una huelga de ámbito nacional convocada por la oposición para protestar por las demoras en los preparativos electorales, que a juicio de los activistas tienen como objetivo prolongar de forma inconstitucional la permanencia del presidente Joseph Kabila en el poder a la conclusión de su segundo mandato. Los seis tuvieron que ser sacados por la fuerza de la prisión tras rechazar los indultos presidenciales en solidaridad con otras personas recluidas injustamente. De acuerdo con la Constitución, las elecciones deberían tener lugar en noviembre, pero hasta ahora no se ha fijado fecha alguna para los comicios. La Constitución no permite que el presidente Kabila opte a un tercer mandato. Decenas de activistas juveniles han sido detenidos y recluidos durante los últimos 16 meses, y muchos de ellos siguen consumiéndose en la cárcel. Entre éstos figuran Fred Bauma e Yves Makwambala, detenidos el 15 de marzo de 2015 en Goma, y Bienvenu Matumo, Marc Heritier Kambale y Victor Tesongo, detenidos los días 15 y 16 de febrero en Kinshasa. 


Imagen de un mossos d’Esquadra en una manifestación en Barcelona, 2007 vía flickr (https://www.flickr.com/photos/8789112@N07/562246411/in/dateposted/) Tras la aprobación en Catalunya del uso de pistolas eléctricas por parte de la policía, Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, para mostrarle su preocupación por los riesgos del uso de este armamento sobre la salud y la vida de las personas.. En la carta, la organización pide la suspensión o la limitación del uso de las pistolas eléctricas mediante salvaguardias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas que han muerto tras recibir una descarga de estos dispositivos y cree que estas armas son potencialmente letales.
La organización valora positivamente algunas de las conclusiones aprobadas por el Parlament, que pueden contribuir a evitar un mal uso de las pistolas eléctricas y reducir su potencial lesivo, como la formación especifica, continúa y según estándares de derechos humanos; la limitación del tiempo de descarga o garantizar un reconocimiento médico a todas las personas que reciban una descarga.
Sin embargo, AI señala que el Grupo de Trabajo del Parlament no ha tenido en cuenta algunas de las recomendaciones del Comité Europeo de Prevención de la Tortura y de las directrices derivadas de los «Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
“Consideramos que las actuales conclusiones sobre el uso de las pistolas eléctricas en Catalunya no establecen todas las garantías necesarias para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos”, ha afirmado Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya.
Amnistía Internacional pide al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya que, antes y durante la incorporación de las pistolas eléctricas como arma de uso policial, cumpla las siguientes salvaguardas:
Realizar una evaluación independiente de su carácter lesivo. Creación de un organismo independiente de expertos científicos, jurídicos y de otros ámbitos que investigue posibles daños y sufrimiento que pueden causar las pistolas eléctricas. El resultado de la investigación debe ser público y utilizarse para elaborar las normas de uso.
Equiparar las normas de uso a las de armas de fuego. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) recomienda equiparar los criterios de uso de las armas de electrochoque a los que rigen para armas de fuego. AI considera que el cuerpo normativo que debe regir el uso de pistolas eléctricas debe equipararse al de la «Instrucción 5/2008 sobre el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios del cuerpo de la policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra» y cumplir con los mismos requisitos de presentación de informes y rendición de cuentas.
No utilizar contra personas vulnerables. El carácter lesivo de las pistolas eléctricas puede aumentar cuando se utilizan con personas con enfermedades cardiorespiratorias, mentales, en estado de delirio exacerbado o bajo los efectos de alcohol y drogas. Los agentes policiales deben recibir formación sobre los riesgos de aplicar una descarga contra estas personas vulnerables y elaborar protocolos específicos de uso.
Prohibir su uso bajo custodia o en manifestaciones. AI cree que las directrices de las pistolas eléctricas en Catalunya deben recoger la prohibición expresa de su uso contra personas bajo custodia que no representen amenaza de muerte. También preocupa que las conclusiones del Parlament contemplen la posibilidad de dotar con pistolas eléctricas a los mandos de operativo de la Brigada Móvil (BRIMO) o de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y que tan sólo se desaconseje su uso en grandes manifestaciones o concentraciones. AI pide un uso restrictivo de estos dispositivos y por ello las normas deben prohibir expresamente su utilización en operativos policiales de mantenimiento del orden público, manifestaciones o concentraciones.
Establecer un periodo de prueba. Una vez elaboradas las instrucciones y los programas de formación, el Govern de la Generalitat debe establecer un periodo de prueba de su uso. El dispositivo tiene que ser objeto de un estricto seguimiento y evaluación para determinar si satisface las necesidades operativas y los requisitos técnicos, y si la formación y las instrucciones son las adecuadas. Las evaluaciones deben realizarse de forma continua y sus resultados tienen que ser públicos.
Crear un mecanismo independiente de investigación. El uso de las pistolas eléctricas tiene que estar sujeto a mecanismos exhaustivos y rigurosos de presentación de informes, supervisión y control. Para garantizar la rendición de cuentas, AI pide la creación de un mecanismo independiente con capacidad para investigar las denuncias por un posible uso inadecuado o abusivo de las pistolas eléctricas por parte de los agentes policiales.


Una mujer desplazada y sus hijos viajan en una canoa de madera a través de un pantano, huyendo de la isla de Kok, en Leer (Sudán del Sur), en octubre de 2015. © AP Photo/Jason Patinkin. En medio de los enfrentamientos armados que han vuelto a estallar en Sudán del Sur, Amnistía Internacional revela en un nuevo informe el verdadero alcance del horror que vive la población civil a manos de las fuerzas gubernamentales tras la firma del acuerdo de paz en agosto de 2015.

En “We are still running”: War crimes in Leer, South Sudan, la organización describe con detalle cómo las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur y milicias aliadas han perseguido y matado a civiles, han violado y secuestrado a mujeres y han robado ganado e incendiado pueblos en bastiones de la oposición en el condado de Leer, estado de Unity, entre agosto y diciembre de 2015.

Estos crímenes de guerra y otros abusos cometidos en el país son el resultado de una impunidad continua que sigue avivando el conflicto en Sudán del Sur
Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis
“Estos crímenes de guerra y otros abusos cometidos en todo el país son el resultado de una impunidad continua que sigue avivando el conflicto en Sudán del Sur, como se ha visto con la reanudación de los combates en las últimas semanas”, ha dicho Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis.

“Deben investigarse con prontitud, imparcialidad y eficacia todos los casos de asesinato, violación y secuestro de civiles, y los presuntos responsables penales deben ser llevados ante un tribunal para ser juzgados con las debidas garantías y sin que se recurra a la pena de muerte".

El informe contiene impactantes relatos sobre la violencia ejercida contra personas y pueblos enteros por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas, en flagrante incumplimiento del acuerdo de paz firmado en agosto de 2015 por el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar. Leer es el condado natal de Machar.

Muchas de las 71 personas entrevistadas identificaron a hombres y mujeres que habían muerto por disparos cuando huían de sus agresores y a otras personas que habían sido ejecutadas mediante disparos a quemarropa. También describieron cómo se había quemado vivos a niños y a ancianos en sus casas, y cómo múltiples soldados habían secuestrado y violado una y otra vez a niñas y mujeres, y a otras las habían matado por resistirse. Nyamile, una mujer que había presenciado el asalto a Adok Payam perpetrado el 28 de octubre, había visto cómo ataban, violaban y luego secuestraban a seis niñas. Dijo lo siguiente: “Nosotros elegimos al presidente y ahora nos está matando [...] después de esto, ahora pedimos a la comunidad internacional que le diga a Kiir que deje de matarnos. Las mujeres están sufriendo mucho. Una mujer fue usada [violada] por seis hombres”.

Entre las personas entrevistadas había 26 mujeres y niñas a las que habían liberado o que habían conseguido escapar, muchas de las cuales habían sufrido reiterados actos de violencia física y sexual durante su cautividad.

En particular, mujeres y niñas fueron secuestradas para servir de porteadoras, transportando las provisiones saqueadas por los soldados en los pueblos atacados, y para cocinar y realizar otras tareas domésticas en los campamentos de los combatientes. Algunas de las que intentaron escapar fueron asesinadas por sus captores, otras lo consiguieron, y varias continúan en cautividad.

Todas las personas entrevistadas que habían sobrevivido y presenciado los hechos afirmaron que los soldados que las habían atacado llevaban ropa militar de camuflaje. Una mujer dijo: “El uniforme era de los leales a Salva Kiir”.

Nyangun, una de las mujeres que había sufrido el asalto a Adok Payam en noviembre de 2015, contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Vinieron de noche [...] Corrí hacia el pantano con los niños y mis parientes [...] Un hombre [comerciante] murió detrás de nosotros [...] le dispararon por la espalda”.

Maluth, padre de tres hijos que sobrevivió al asalto a Gondor Payam en noviembre de 2015, dijo: “Vinieron los enemigos. Echamos a correr hacia el río. Dispararon [y mataron] a mi hermano en el río. Y dispararon [y mataron] a mi madrastra en su casa. Luego agarraron a mi hermana y a mi esposa y se las llevaron al río, donde las violaron. Después quemaron las casas”.

Nyewutda, mujer de 31 años que había perdido a cinco de sus amigas en el asalto a la isla de Toch Reah en septiembre, contó lo siguiente: “Cuando vinieron las fuerzas del Gobierno, salimos huyendo con nuestro ganado hacia Bul. El Gobierno se quedó con mis reses. Pasamos cuatro días de pie en el agua; por eso se me cayeron las uñas de los pies”.

Nyamot, una mujer de avanzada edad que había sobrevivido al asalto de Gondor Payam, dijo: “Los soldados encontraron a mi esposo oculto en la maleza. Le dispararon en la cabeza, el pecho y la espalda [...] Vi cómo mataban a mi marido pero seguí escondida”.

Hasta la fecha no se ha dedicado ningún esfuerzo a identificar a los responsables de estos ataques abominables contra civiles y obligarlos a rendir cuentas.

“El Gobierno de Sudán del Sur debe garantizar la liberación inmediata de las mujeres y niñas secuestradas y que regresan sanas y salvas a sus comunidades, y asimismo apoyar que se establezca cuanto antes el tribunal híbrido para Sudán del Sur, destinado a enjuiciar a las personas que tienen la mayor responsabilidad en los delitos”, ha dicho Lama Fakih.

“Si no lo hace, todos los Estados deberían considerar la posibilidad de invocar el principio de la jurisdicción universal para garantizar la rendición de cuentas por estos y otros crímenes de derecho internacional".

Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas entrevistadas.

Información complementaria

El informe se basa en la investigación realizada por Amnistía Internacional en enero y febrero de 2016 en el estado de Unity, Sudán del Sur.

En marzo de 2016, Amnistía Internacional publicó un documento en el que exponía con detalle la muerte deliberada por asfixia de más de 60 hombres y muchachos en contenedores de carga en Leer, estado de Unity, en octubre de 2015, y pidió el fin de los homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas armadas.

Sudán del Sur se convirtió en país independiente el 9 de julio de 2011 tras varios decenios de guerra, negociaciones prolongadas y un referéndum sobre la secesión respecto a Sudán. Dos años más tarde se sumió en una guerra civil, cuando el presidente Salva Kiir acusó a su influyente vicepresidente Riek Machar de tramar un golpe de Estado.

Desde que estalló la guerra civil, miles de personas han resultado muertas y ciudades y pueblos enteros han quedado reducidos a escombros. Más de 2,3 millones de sursudaneses han huido de sus hogares, de los que alrededor de 1,7 millones son desplazados internos y otros 600.000 viven como refugiados en países vecinos.

Después de dos años de conversaciones de paz intermitentes, ambos dirigentes aceptaron firmar un acuerdo de paz en agosto de 2015 y formaron posteriormente un gobierno provisional de unidad con el presidente Kiir a la cabeza y Machar como uno de sus dos vicepresidentes.

En julio de 2016 se reanudaron los enfrentamientos, con intensos combates en la capital, Yuba, y en otras partes del país, incluido el condado de Leer, donde las fuerzas gubernamentales asaltaron pueblos una vez más.


©Felipe Varanda / Anistia Internacional En el marco de una protesta pacífica, activistas de Amnistía Internacional mostraron 40 bolsas de cadáveres en la puerta principal del Comité Organizador Local de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que representaban el número de personas que perdieron la vida a manos de la policía en mayo de 2016 en Río de Janeiro.Los activistas entregaron también una petición firmada por 120.000 personas de más de 15 países en la que se reclaman políticas de seguridad pública que respeten los derechos humanos durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.“El Comité Organizador Local está a cargo del gran evento deportivo y comparte la responsabilidad en las operaciones de seguridad y las consiguientes violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de los Juegos Olímpicos”, ha afirmado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.“El mandato del Comité Organizador Local incluye garantizar que las prácticas de seguridad se ajustan a los valores olímpicos de amistad, respeto y excelencia y que se respetan plenamente los protocolos internacionales relativos al uso de la fuerza y a los derechos humanos.”Desde abril, Amnistía Internacional viene planteando sus motivos de preocupación en relación con el aumento del riesgo de violaciones de derechos humanos en el contexto de los Juegos Olímpicos de Río 2016, como ya ocurrió en otros grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Panamericanos de 2007. Desde 2009, cuando Río de Janeiro fue designada sede de los Juegos Olímpicos, más de 2.600 personas han perdido la vida a manos de la policía en la ciudad.“Brasil no ha aprendido de los errores cometidos en el pasado. Sólo en el mes de mayo, 40 personas fueron víctimas de homicidios cometidos por la policía, lo que representa un aumento del 135 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. Estas cifras son inaceptables y ponen en peligro el legado olímpico”, ha afirmado Renata Neder, asesora en derechos humanos de Amnistía Internacional.


En respuesta a la noticia del 26 de julio de 2016 de que se han presentado formalmente cargos contra tres destacados defensores de los derechos humanos de Tailandia —entre ellos la actual presidenta y un ex presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia— a los que se acusa de “delitos informáticos” y “difamación criminal” por publicar un informe sobre torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del país, Amnistía Internacional ha manifestado:
“Las autoridades tailandesas deben retirar de inmediato todos los cargos contra Somchai Homla-or, Anchana Heemmina y Pornpen Khongkachonkiet. Investigar violaciones de derechos humanos no es delito. La verdadera injusticia es que se sancione a tres valientes activistas de los derechos humanos por informar de la tortura, mientras que a los militares que perpetran tan terribles actos se los protege para que no tengan que rendir cuentas”, ha señalado Champa Patel, asesora general de investigación de Amnistía Internacional para el sureste asiático y Oceanía.
"La verdadera injusticia es que se sancione a tres valientes activistas de los derechos humanos por informar de la tortura, mientras que a los militares que perpetran tan terribles actos se los protege para que no tengan que rendir cuentas." 


Copy: AI Las autoridades tailandesas deben suspender de inmediato la investigación criminal contra tres de los activistas de derechos humanos más destacados del país —incluida la presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia—, que mañana podrían ser acusados formalmente de documentar y publicar un informe sobre tortura a manos de las fuerzas de seguridad tailandesas, según ha advertido la organización.Somchai Homla-or, Anchana Heemmina y Pornpen Khongkachonkiet, nombrada presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia el mes pasado, se enfrentan a una posible condena a cinco años de prisión y al pago de una multa de 4.800 dólares estadounidenses en caso de que se los declare culpables de los cargos de “difamación” y “delitos informáticos” que se les imputan. Los tres deben personarse en la comisaría de policía de Pattani el 26 de julio.
En un momento en que el gobierno tailandés ha prometido adoptar legislación contra la tortura, es una paradoja cruel que esté hostigando a activistas por poner al descubierto esta práctica aborrecible
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
“En un momento en que el gobierno tailandés ha prometido adoptar legislación contra la tortura, es una paradoja cruel que esté hostigando a activistas por poner al descubierto esta práctica aborrecible”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“Las autoridades tailandesas deben suspender de inmediato la investigación criminal, retirar los cargos contra estos tres activistas y ordenar una investigación independiente e imparcial de las gravísimas violaciones de derechos humanos que han sacado a la luz. El Estado tiene el deber de proteger a los activistas de derechos humanos, y no a las fuerzas de seguridad para evitar que rindan cuentas.”Somchai Homla-or, Porpen Khongkaconkiet y Anchana Heemmina son miembros de las organizaciones Cross Cultural Foundation (Fundación para la Diversidad Cultural) y Duay Jai Group (Grupo de Apoyo Sincero). En febrero de 2016, publicaron un informe conjunto en el que documentaban 54 casos de tortura y otros malos tratos a manos de la policía tailandesa y el Real Ejército Tailandés en las inestables provincias del sur, donde tuvieron lugar los actos de tortura denunciados.Las denuncias fueron interpuestas el 17 de mayo de 2016 por el Mando de Operaciones de Seguridad Interna de la Región 4, responsable de la operación de seguridad en las provincias meridionales, en las que se centra el informe de tortura.La acusación formal contra los tres activistas constituye el caso más reciente de una constante bien establecida de intentar intimidar a quienes defienden los derechos humanos, lo que constituye un claro incumplimiento de las obligaciones internacionales de Tailandia de respetar sus derechos.   
El Estado tiene el deber de proteger a los activistas de derechos humanos, y no a las fuerzas de seguridad para evitar que rindan cuentas.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
Desde el golpe de Estado de 2014, el gobierno militar de Tailandia ha intensificado sus esfuerzos para acallar todas las formas de disidencia, con métodos como imponer amplias restricciones del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sólo en los últimos tres meses, las autoridades han formulado cargos contra más de 100 personas por oponerse a un proyecto de Constitución que se someterá a referéndum nacional el 7 de agosto.“El hecho de que esto pueda ocurrir a tres activistas sobradamente conocidos significa que el gobierno militar está enviando el mensaje de que ninguna persona está a salvo ni fuera de su alcance”, afirmó Salil Shetty.Amnistía Internacional considera presa de conciencia a toda persona encarcelada exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y pide su liberación inmediata e incondicional.Información complementariaSomchai Homla-or es asesor general y ex presidente de Cross Cultural Foundation, organización que documenta violaciones de derechos humanos. Pornpen Khongkachonkiet es directora de esa misma organización.El mes pasado, Pornpen Khongkachonkiet fue elegida presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia, cargo de desempeña con independencia del trabajo que realiza en la Cross Cultural Foundation.Amnistía Internacional no participó en la elaboración ni en la publicación de su informe sobre tortura.El 17 de diciembre de 2015, Tailandia fue uno de los 128 Estados miembros de la ONU que apoyó la resolución que pide a las autoridades que se abstengan de realizar actos de intimidación y represalia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.


©AFP/Getty Images Las restricciones al envío de ayuda humanitaria esencial para la población civil de Yemen están exacerbando la crisis humanitaria del país y ponen en peligro vidas, ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha pedido a todas las partes en el conflicto que permitan el acceso pleno y sin impedimentos de las organizaciones que suministran productos decisivos.
Una delegación de la organización visitó en mayo de 2016 varias zonas de Yemen controladas por los huzíes y habló con 11 organizaciones locales e internacionales del ayuda humanitaria, que denunciaron restricciones ilícitas al envío de ayuda, tanto por parte de los huzíes como de las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí. Amnistía Internacional insta a que, antes de concluyan, esta semana, las conversaciones de paz que se están manteniendo en Kuwait, se dé máxima prioridad en ellas a la eliminación de los impedimentos al envío de ayuda humanitaria.

Los impedimentos ilícitos impuestos a la ayuda humanitaria en Yemen están causando un sufrimiento terrible e impiden a la población satisfacer sus necesidades básicas en medio de un conflicto activo
Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de las crisis
“Los impedimentos ilícitos impuestos a la ayuda humanitaria en Yemen están causando un sufrimiento terrible e impiden a la población satisfacer sus necesidades básicas en medio de un conflicto activo. Es absolutamente necesario que los negociadores den prioridad a este asunto y tomen medidas para garantizar que la ayuda llega a quienes más la necesitan y que los trabajadores humanitarios y sus operaciones no son objeto de ataques ni hostigamiento”, ha señalado Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis.
“Todas las partes en el conflicto armado tienen la obligación de permitir y facilitar el envío de asistencia humanitaria imparcial a los civiles que la necesitan. Bloquear tal ayuda es una violación del derecho internacional humanitario. Se debe permitir la llegada sin impedimentos de asistencia humanitaria a todas las personas que necesitan desesperadamente en Yemen alimentos, agua y saneamiento, y todas las partes tienen que dejar a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo sin intromisiones ni obstáculos".
Durante los días del Eid que siguieron al Ramadán al principio de este mes y precedieron a la reanudación de las conversaciones de paz el 15 de julio, se intensificaron en varias partes del país los ataques aéreos y las hostilidades por tierra, dando lugar a más desplazamientos y al empeoramiento de una situación en que la mitad de los niños de Yemen padecen malnutrición crónica y menos de uno de cada 10 de esos niños viven hasta los cinco años de edad.
Los trabajadores humanitarios que hablaron con Amnistía Internacional describían constantemente obstáculos ad hoc e ilícitos al envío de asistencia humanitaria al país. Entre ellos figuraban los excesivamente complicados procedimientos establecidos por la coalición dirigida por Arabia Saudí para prevenir los ataques a las organizaciones humanitarias, en virtud de los cuales éstas debían informar a la coalición de todos sus movimientos y proporcionarles las coordenadas de sus operaciones.
Otros obstáculos identificados eran las amenazas y la intimidación a los trabajadores humanitarios, la obstrucción de sus actividades, la injerencia de las agencias de seguridad huzíes en las operaciones de ayuda y el cierre forzoso de programas humanitarios, así como la restricción excesiva y arbitraria de la circulación de productos y personal por el país y de su entrada a él y las injerencias destinadas a intentar comprometer la independencia de las operaciones de ayuda humanitaria.
Fracaso de la coalición a la hora de proteger al personal y las operaciones de ayuda humanitaria
En Yemen, los trabajadores humanitarios se enfrentan a diario a multitud de amenazas y riesgos por los combates constantes y los restos bélicos explosivos cuando intentan llegar a la población en situación de necesidad. A sus dificultades se suman la falta de receptividad y cooperación que muestra hacia ellos la coalición dirigida por Arabia Saudí, que supone una traba innecesaria, como consecuencia de la cual se producen retrasos en el envío de ayuda esencial, porque hace que resulte costoso y lento.
“Las organizaciones humanitarias tienen que superar ya las dificultades que plantea la destrucción de la infraestructura y las peligrosas condiciones de trabajo, por lo que es absurdo que el envío de ayuda tenga que depender de las normas ad hoc de la coalición, porque son vidas lo que está en juego”, ha añadido Lama Fakih.

Las organizaciones humanitarias tienen que superar ya las dificultades que plantea la destrucción de la infraestructura y las peligrosas condiciones de trabajo, por lo que es absurdo que el envío de ayuda tenga que depender de las normas ad hoc de la coalición, porque son vidas lo que está en juego
Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de las crisis
La coalición dirigida por Arabia Saudí exige información sobre el personal y los vehículos y mapas excesivamente detallados. Estos onerosos requisitos consumen considerables recursos y tiempo. Como consecuencia de ello, algunas ONG no pueden proporcionar esa información u optan por no hacerlo, con lo que su personal y sus suministros corren grave peligro.
“La coalición tiene la obligación de garantizar que no ataca a civiles ni bienes civiles, incluidos trabajadores humanitarios y suministros de ayuda. Se debe permitir a los trabajadores humanitarios el acceso sin restricciones para que distribuyan asistencia humanitaria independiente a la población atrapada en medio del sangriento conflicto de Yemen. La coalición y los huzíes deberían estar haciendo todo lo posible para facilitar las operaciones de socorro, no para que dificultarlas”, ha afirmado Lama Fakih.
Hostigamiento de los huzíes a trabajadores humanitarios
Las organizaciones humanitarias también han informado que han sido objeto de amenazas verbales o físicas, detenciones e interrogatorios de diversos comités huzíes y entidades alineadas con los huzíes. En algunos casos se ha detenido o intimidado a su personal a punta de pistola y se ha obligado a las organizaciones humanitarias a detener sus actividades sobre el terreno por no acceder a peticiones irrazonables, como facilitar los nombres de los beneficiarios de su ayuda.
Restricciones burocráticas
La agobiante sucesión de procedimientos burocráticos impuestos por los ministerios controlados por los huzíes también retardan el proceso de aprobación del envío de ayuda. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación ha pedido a organizaciones humanitarias que presenten planes de viaje para periodos de tres meses, lo que puede resultar sumamente difícil en el inestable contexto de un conflicto armado donde los planes pueden cambiar con muy poca antelación.
Las autoridades huzíes de facto han impuesto también diversas restricciones a los trabajadores humanitarios internacionales, como negarles arbitrariamente el acceso, retrasar la concesión de visados e imponer permisos de circulación interna excesivamente onerosos tanto al personal nacional como al internacional. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en febrero, el Ministerio del Interior, que tiene su sede en Saná, denegó el permiso de viaje a tres misiones distintas organizadas bajo la dirección de la ONU desde Saná a Ibb y Taiz –el 79% de la población de Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, necesita ayuda humanitaria–.
Injerencia en la independencia de las operaciones de ayuda
En algunos casos, las autoridades locales huzíes, entre ellas el Ministerio de Planificación, han retrasado y, a veces, impedido la evaluación de las necesidades humanitarias y el seguimiento de los programas. También han intentado influir en las decisiones de las organizaciones humanitarias sobre a quién contratar y a quién distribuir la ayuda. Esta actitud va en contra de los principios humanitarios de independencia e imparcialidad, así como de la buena práctica aceptada internacionalmente. También dificulta las operaciones humanitarias efectivas, desde la planificación hasta el envío.
El plan de respuesta humanitaria para Yemen de 2016 solicita 1.800 millones de dólares estadounidenses, pero al final de junio sólo se habían recibido el 25% de los fondos.

Yemen se enfrenta a una crisis humanitaria desesperada y los fondos para las organizaciones de ayuda son esenciales. Es fundamental que se lleven a cabo sin injerencias las debidas evaluaciones de las necesidades
Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de las crisis
”Yemen se enfrenta a una crisis humanitaria desesperada y los fondos para las organizaciones de ayuda son esenciales. Es fundamental que se lleven a cabo sin injerencias las debidas evaluaciones de las necesidades”, ha añadido Lama Fakih.
Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en el conflicto deben garantizar a los trabajadores humanitarios la libertad de circulación y protegerlos de los ataques, el hostigamiento y la detención arbitraria. Deben también garantizar el envío rápido y sin impedimentos de ayuda humanitaria imparcial a la población civil que la necesita.