Amnistía Internacional España

Casas destruidas en la ciudad en disputa Jalawla, en el norte de Irak. En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha afirmado que fuerzas peshmerga del Gobierno Regional del Kurdistán y milicias kurdas del norte de Irak han demolido, volado e incendiado miles de casas en un intento evidente de desarraigar a las comunidades árabes como represalia por su supuesto apoyo al denominado Estado Islámico.
El informe,"Desterrados y desposeídos: desplazamiento forzado y destrucción deliberada en el norte de Irak", se basa en una investigación de campo realizada en 13 pueblos y ciudades y en testimonios de más de 100 testigos presenciales y víctimas de desplazamiento forzado. Las conclusiones del informe quedan confirmadas por imágenes de satélite que revelan la destrucción generalizada llevada a cabo por fuerzas peshmerga o, en algunos casos, por milicias yazidíes y grupos armados kurdos de Siria y Turquía coordinados con las fuerzas peshmerga.
“El ejército del Gobierno Regional del Kurdistán parece estar impulsando una campaña para desplazar a la fuerza a las comunidades árabes, destruyendo pueblos enteros en áreas arrebatadas al Estado Islámico en el norte de Irak. El desplazamiento forzado de la población civil y la destrucción deliberada de casas y propiedades sin una justificación militar pueden constituir crímenes de guerra,” afirma Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, que ha llevado a cabo la investigación sobre el terreno en el norte de Irak.
Las fuerzas del ejército del Gobierno Regional del Kurdistán también impiden a los residentes árabes que huyeron de sus hogares regresar a las zonas recuperadas.
“Decenas de miles de civiles árabes que se vieron obligados a huir de sus casas a causa de los combates luchan ahora por sobrevivir en campamentos improvisados en condiciones desesperadas. Muchos han perdido sus medios de vida y todas sus pertenencias y, al haber perdido sus casas, no tienen donde regresar. Al impedir que las personas desplazadas regresen a sus pueblos y al destruir sus casas, el ejército del Gobierno Regional del Kurdistán sigue exacerbando su sufrimiento”, sostiene Donatella Rovera.
El informe revela indicios de desplazamiento forzado y destrucción a gran escala de viviendas en pueblos y ciudades en las gobernaciones de Ninewa, Kirkuk y Diyala, que las fuerzas peshmerga recuperaron del Estado Islámico entre septiembre de 2014 y marzo de 2015.

A pesar de que representantes del Gobierno Regional del Kurdistán han justificado el desplazamiento de comunidades árabes aduciendo motivos de seguridad, parece que se está empleando para castigarlas por su supuesta simpatía hacia el Estado Islámico y para consolidar conquistas territoriales en “zonas en disputa” que las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán hace tiempo que reclaman como legítimamente suyas. Es parte de un intento de revertir abusos cometidos en el pasado por el régimen de Sadam Husein, que desplazó a la fuerza a los kurdos y colonizó la región con población árabe.
“El ejército del Gobierno Regional del Kurdistán tiene el deber de procesar en juicios con las debidas garantías a las personas sospechosas de haber instigado y secundado crímenes cometidos por el Estado Islámico. Pero no debe castigar a comunidades enteras por crímenes perpetrados por algunos de sus miembros o sobre la base de sospechas vagas, discriminatorias e infundadas de que apoyan al Estado Islámico”, sostiene Donatella Rovera.
Las imágenes de satélite confirman los indicios de destrucción masiva
Miles de residentes de pueblos árabes cercanos a Jalawla, en el este de la gobernación de Diyala, huyeron cuando los combatientes del Estado Islámico atacaron la zona en junio de 2014. Más de un año después de que las fuerzas peshmerga la recuperaran, las personas residentes no pueden regresar y los pueblos han sido prácticamente destruidos.
Maher Nubul, padre de 11 hijos que huyó de su pueblo, Tabaj Hamid, en agosto de 2014, afirma que los peshmerga lo “arrasaron” tras volver a tomarlo cuatro meses después.
“Lo único que sé es que cuando los peshmerga recuperaron el pueblo las casas estaban en pie. No podíamos regresar, pero se veía claramente desde la distancia. Y luego demolieron el pueblo, no sé por qué. No queda nada. Lo destruyeron todo sin ningún motivo”, dijo.
Los investigadores de Amnistía Internacional que visitaron la zona en noviembre de 2015 constataron que el pueblo había sido arrasado hasta los cimientos. Las imágenes de satélite obtenidas por la organización también mostraron que no quedaba una sola estructura en pie.
En Jumeili, los investigadores confirmaron que la mayor parte del pueblo había quedado reducida a escombros. Estas conclusiones también están respaldadas por las pruebas aportadas por las imágenes de satélite que muestran que el 95 % de todos los muros y estructuras bajas habían sido destruidos. Los tejados y ventanas de las estructuras que siguen en pie han resultado dañados o han sido destruidos.
Las imágenes de satélite también muestran posibles huellas de excavadoras en los dos pueblos, cerca de las pilas de escombros y cascotes que ocupan el lugar donde estaban los edificios.
Las imágenes de satélite también proporcionaron indicios de destrucción masiva en dos pueblos cercanos, Bahiza y Tubaykh.
Amnistía Internacional también halló pruebas de destrucción masiva reiterada y premeditada de casas y propiedades en pueblos árabes bajo control peshmerga en la gobernación iraquí noroccidental de Ninewa.
“Después de que nuestras casa fueran incendiadas, estábamos preparados para arremangarnos y repararlas, pero los peshmerga no nos permitieron regresar y luego las milicias yazidíes volvieron y lo demolieron y destruyeron todo, incluso nuestros huertos; no dejaron nada que pudiéramos recuperar”, afirma Ayub Salah, residente de Sibaya, en el noreste de las montañas de Sinyar.
En Sibaya y en cuatro pueblos árabes cercanos —Chiri, Sayir, Umm Khabari y Khazuqa— la mayoría de las casas fueron incendiadas en enero de 2015 por miembros de las milicias yazidíes y combatientes de grupos armados sirios y kurdos de Turquía que actuaban en la región de Sinyar. Cinco meses después, los responsables regresaron con excavadoras y las destruyeron.
Amnistía Internacional visitó la zona en noviembre de 2015 y halló los pueblos en gran parte destruidos.
En una visita previa realizada en abril de 2015, muchas casas habían sido saqueadas e incendiadas, pero seguían en pie.
Las imágenes de satélite de cuatro de los cinco pueblos también muestran que han sido casi totalmente destruidos. En Sibaya, por ejemplo, de un total estimado de 897 estructuras, más de 700 resultaron dañadas o fueron destruidas.
En el cercano pueblo árabe de Barzanke, donde prácticamente cada casa ha sido destruida, los peshmerga trataron de atribuir este hecho a los combatientes del Estado Islámico, a pesar de que no había ninguna prueba que sustentara su acusación y de que sus propios aliados admitieran haber destruido el pueblo para asegurarse de que los residentes árabes no tuvieran ningún lugar al que regresar.
Al menos en dos ocasiones, poco después de llegar a pueblos destruidos, los investigadores de Amnistía Internacional fueron aprehendidos por peshmerga, que los escoltaron fuera de la zona y les impidieron tomar fotografías.
Acabar con la destrucción ilegítima y el desplazamiento forzado
Las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán han hecho frente a desafíos humanitarios y de seguridad sin precedentes, ya que cientos de miles de personas han buscado refugio en zonas bajo su control a raíz de que en 2014 el Estado Islámico tomara gran parte del norte de Irak. No obstante, estas difíciles circunstancias no pueden servir de excusa para la destrucción premeditada y otros abusos cometidos por las fuerzas del Gobierno Regional del Kurdistán y otras milicias documentados en el presente informe.
“El Gobierno Regional del Kurdistán debe detener inmediatamente la destrucción ilegítima de casas y propiedades civiles y debe ofrecer reparación plena a todos los civiles cuyas casas hayan sido demolidas o saqueadas. Los civiles desplazados a la fuerza deben poder regresar a sus hogares lo antes posible”, declara Donatella Rovera.
“Los peshmerga no deben permitir a los grupos armados y milicias aliados en la lucha contra el Estado Islámico cometer semejantes abusos. Controlan la zona desde que la recuperaron del Estado Islámico en diciembre de 2014 y tienen la responsabilidad de garantizar la protección de todas las comunidades.
“También es vital que la comunidad internacional —incluidos los miembros de la coalición liderada por Estados Unidos que combaten al Estado Islámico, como Reino Unido, Alemania y otros países que apoyan a las fuerzas peshmerga— condene públicamente todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario de ese tipo. Asimismo, debe asegurarse de que cualquier ayuda que brinde al Gobierno Regional del Kurdistán no alimente dichos abusos.”


El cobalto se extrae de forma manual en las minas de la RDC y a menudo participan en el trabajo menores. Copy: AI y Afrewatch Hay grandes marcas de aparatos electrónicos, como Apple, Samsung y Sony, que no hacen comprobaciones básicas para asegurarse de que en sus productos no se utilice cobalto extraído con mano de obra infantil, han manifestado Amnistía Internacional y Afrewatch en un informe publicado hoy.
En el informe, titulado “This is what we die for: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt”, se rastrea la venta del cobalto, utilizado en las baterías de iones de litio, que se extrae de minas donde trabajan en peligrosas condiciones niños de hasta tan sólo siete años, además de adultos.
“Los fascinantes escaparates y anuncios de las tecnologías de vanguardia contrastan acusadamente con los niños cargados con bolsas llenas de piedras y los mineros que desfilan por estrechos túneles excavados artificialmente, expuestos a sufrir daños pulmonares permanentes”, señala Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

“Millones de personas disfrutan de las ventajas de las nuevas tecnologías, pero raras veces se preguntan cómo están hechas. Es hora de que las grandes marcas asuman parte de la responsabilidad de la extracción de las materias primas con que se hacen sus lucrativos productos.”

En el informe se documenta cómo se compra el cobalto en zonas donde el trabajo infantil está muy extendido y se vende a Congo Dongfang Mining (CDM), filial en propiedad exclusiva del gigante chino del comercio de minerales Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt).

Amnistía Internacional utiliza en su investigación documentos de inversores para mostrar cómo Huayou Cobalt y su filial CDM procesan el cobalto antes de venderlo a tres fabricantes de componentes para baterías en China y Corea del Sur. Éstos lo venden a su vez a fabricantes de baterías que aseguran abastecer a empresas de tecnología y automóviles, entre ellas Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen.
Amnistía Internacional se puso en contacto con 16 multinacionales que figuraban en la lista de clientes de los fabricantes de baterías que se abastecían de mineral procesado de Huayou Cobalt. Una empresa admitió la relación, mientras que otras cuatro no supieron decir con seguridad si compraban  cobalto de la República Democrática del Congo (RDC) o Huayou Cobalt. Seis afirmaron que estaban investigando el asunto. Cinco negaron abastecerse de cobalto a través de Huayou Cobalt, pese a que figuran como clientes en los documentos comerciales de los fabricantes de baterías. Dos multinacionales negaron abastecerse de cobalto de la RDC.
Un aspecto decisivo es que ninguna proporcionó datos suficientes con que verificar de manera independiente de dónde procedía el cobalto de sus productos.
Es una gran paradoja de la era digital es que algunas de las empresas más ricas e innovadoras del mundo puedan vender aparatos increíblemente avanzados sin tener que demostrar dónde adquieren la materia prima para sus componentes”, ha añadido Emmanuel Umpula, director ejecutivo de Afrewatch (Africa Resources Watch).
“Los abusos que se cometen en las minas son como el dicho de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, porque en el mercado global de nuestros días los consumidores no tienen ni idea de las condiciones existentes en la mina, la fábrica y la cadena de montaje. Hemos comprobado que se compra el cobalto sin hacer preguntas acerca de cómo y dónde se ha extraído.”
Minas mortales y trabajo infantil
La RDC produce al menos el 50 por ciento del cobalto del mundo. Uno de los mayores procesadores de mineral del país es la filial CDM de Huayou Cobalt. Más del 40 por ciento del cobalto que adquiere Huayou Cobalt es de la RDC.
Los mineros que trabajan en las zonas donde CDM compra el cobalto corren riesgos para la salud a largo plazo y un alto riesgo de sufrir accidentes mortales. Al menos 80 mineros artesanales murieron en los túneles en el sur de la RDC sólo entre septiembre de 2014 y diciembre 2015. Se desconoce la verdadera cifra, pues muchos accidentes no se registran, y se dejan los cadáveres enterrados bajo las rocas.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional comprobó también que la gran mayoría de los mineros pasan a diario largas horas trabajando con cobalto sin el equipo de protección más básico, como guantes, ropa de trabajo o mascarillas para prevenir enfermedades de pulmón o de piel.
Los niños entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que trabajaban hasta 12 horas diarias en la mina, llevando pesadas cargas, para ganar entre uno y dos dólares al día. En 2014 había alrededor de 40.000 niños trabajando en minas en todo el sur de la RDC, muchas de ellas de cobalto, según UNICEF.
Paul, huérfano de 14 años, comenzó a trabajar en la minería a los 12. Dijo al equipo de investigación que, como pasaba tanto tiempo bajo tierra, estaba constantemente enfermo:
Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente [...] Tenía que hacer mis necesidades allí abajo [...] Mi madre adoptiva quería que fuera al colegio, pero mi padre adoptivo estaba en contra y me explotaba haciéndome trabajar en la mina.”
“Los riesgos para la salud y la seguridad convierten la minería en una de las peores formas de  trabajo infantil. Unas empresas cuyas ganancias globales ascienden a 125.000 millones de dólares no pueden afirmar con credibilidad que les resulta imposible comprobar de dónde proceden los minerales esenciales para sus productos”, ha manifestado Mark Dummett.
“La extracción de los materiales básicos que ponen en funcionamiento un automóvil eléctrico o un teléfono inteligente debería llevar prosperidad a los mineros de la RDC. Pero lo cierto es que llevan una vida miserable, trabajando hasta el agotamiento para no ganar casi nada. Las grandes marcas pueden cambiar esta situación.”
Siguiendo la cadena de suministro: vergüenza empresarial
El equipo de investigación de Amnistía Internacional y Afrewatch habló, en abril y mayo de 2015, con 87 mineros y ex mineros del cobalto, 17 de ellos niños, de cinco explotaciones mineras del sur de la RDC. Entrevistó también a 19 comerciantes de cobalto y siguió los vehículos de los mineros y comerciantes que llevan el mineral de cobalto de las minas a los mercados donde lo compran empresas más grandes.  La mayor de éstas es la filial congolesa CDM de Huayou Cobalt.
Huayou Cobalt suministra cobalto a tres fabricantes de componentes de baterías de iones de litio, Ningbo Shanshan y Tianjin Bamo, de China, y L&F Materials, de Corea del Sur. En 2013, estos tres fabricantes de componentes de baterías compraron cobalto a Huayou Cobalt por valor de 90 millones de dólares estadounidenses.
Amnistía Internacional se puso luego en contacto con 16 marcas comerciales multinacionales que figuran en la listas de clientes directos o indirectos de los tres fabricantes de componentes de baterías. Ninguna dijo haber tratado con Huayou Cobalt ni rastreado el origen del cobalto de sus productos antes de que Amnistía Internacional contactara con ella.
El informe recién publicado muestra que las empresas de la cadena de suministro de cobalto no tienen en cuenta los riegos de está para los derechos humanos.
No hay ninguna regulación en la actualidad del comercio global de cobalto. Al cobalto no se le aplican las actuales normas sobre los “minerales de zonas de conflicto” de Estados Unidos, que abarcan, el oro, el coltán/tantalio, el estaño y el tungsteno extraídos en la RDC.
“Muchas de estas multinacionales afirman que tienen una política de tolerancia cero con el trabajo infantil. Pero esta promesa no tienen ningún valor si las empresas no investigan a sus proveedores. Sencillamente, su afirmación no es creíble”, ha señalado Mark Dummett.
Sin leyes que las obliguen a comprobar dónde consiguen los minerales y a desvelar públicamente la información sobre ello y sobre sus proveedores, las empresas pueden seguir beneficiándose de los abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos deben poner fin a esta falta de transparencia, que permite a las empresas sacar provecho de la miseria”.
Amnistía Internacional y Afrewatch piden a las empresas multinacionales que utilicen la baterías de iones de litio de sus productos para ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos, investigar si el cobalto se extrae en condiciones peligrosas o con trabajo infantil y ser más más transparentes con respecto a sus proveedores.
Las organizaciones piden también a China que exija a las empresas chinas del sector extractivo con operaciones en el extranjero que investiguen sus cadenas de suministro y aborden los abusos contra los derechos humanos en sus operaciones. Las organizaciones afirman que Huayou Cobalt debe confirmar quiénes participan en la extracción y el comercio de su cobalto (y dónde) y asegurarse de que no compra cobalto extraído con trabajo infantil o en condiciones peligrosas.
“Las empresas no deben limitarse a interrumpir la relación comercial con el proveedor o imponer un bloqueo al cobalto de la RDC una vez identificados los riesgos  para los derechos humanos en la cadena de suministro. Deben también tomar medidas de reparación por el daño sufrido por las personas contra cuyos derechos humanos se han cometidos abusos”, ha añadido Mark Dummett.


Moabit Hilft es una ONG que proporciona comida, ropa y asistencia sanitaria a las personas refugiadas mientras esperan para registrarse en Berlín © Julia Weiss Gobiernos y organismos de ayuda humanitaria no proporcionan ni siguiera las garantías básicas de protección a las mujeres refugiadas que viajan desde Siria e Irak. Según nuevas investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, las mujeres y las niñas refugiadas sufren violencia, agresiones, explotación y acoso sexual en todas las etapas de su viaje, también en territorio europeo.
La organización entrevistó el pasado mes en el norte de Europa a 40 mujeres y niñas refugiadas que habían ido de Turquía a Grecia para después cruzar los Balcanes. Todas ellas dijeron haberse sentido amenazadas e inseguras durante el viaje. Muchas denunciaron que, en casi todos los países por los que habían pasado, los traficantes, el personal de seguridad u otros refugiados las habían sometido a malos tratos físicos y explotación económica, las habían manoseado o las habían presionado para que tuvieran relaciones sexuales con ellos.
“Tras vivir los horrores de la guerra en Irak y Siria, estas mujeres lo han arriesgado todo con tal de conseguir seguridad para ellas y para sus hijos. Pero desde el mismo momento en que comienzan su viaje vuelven a verse expuestas a sufrir violencia y explotación, sin recibir apenas apoyo o protección”, afirma Tirana Hassan, directora del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
Las mujeres y las niñas que viajan solas y las que lo hacen sólo acompañadas por sus hijos se habían sentido especialmente amenazadas en las zonas de tránsito y los campamentos de Hungría, Croacia y Grecia, donde se habían visto obligadas a dormir junto a cientos de hombres refugiados. Algunas habían salido de las zonas designadas para pernoctar a la intemperie en la playa, porque allí se sentían más seguras.
Las mujeres también dijeron que habían tenido que usar los mismos aseos y duchas que los hombres. Una de ellas dijo a Amnistía Internacional que en un centro de recepción de Alemania algunos refugiados las espiaban cuando iban al baño. Algunas habían adoptado medidas extremas, como no comer ni beber para evitar ir al servicio, donde se sentían inseguras.
“Si esta crisis humanitaria se desarrollara en cualquier otro lugar del mundo, esperaríamos que se tomaran de inmediato medidas prácticas para proteger a los grupos que corren más peligro de sufrir abusos, como las mujeres que viajan solas y las familias monoparentales cuya cabeza de familia es una mujer. Como mínimo, estas medidas incluirían aseos bien iluminados y separados para hombres y mujeres, así como zonas separadas y seguras para dormir. Estas mujeres y sus hijos han huido de algunas de las zonas más peligrosas del mundo, y es una vergüenza que sigan en peligro en suelo europeo”, ha dicho Tirana Hassan.
“Aunque los gobiernos y quienes proporcionan servicios a los refugiados han empezado a tomar medidas para ayudarlos, deben intensificar sus esfuerzos. Es necesario tomar más medidas para garantizar que se localiza a las refugiadas, especialmente a las que corren más peligro, y se ponen en marcha procesos y servicios especiales para garantizar la protección de sus derechos básicos y su seguridad.”
Los investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a  siete mujeres embarazadas que hablaron de la falta de comida y de atención médica básica, y también denunciaron que habían sufrido empujones y aplastamientos en las fronteras y los puntos de tránsito del viaje.
Una mujer siria, que estaba embarazada y amamantaba a su hija menor cuando realizó el viaje con su marido, afirmó que en los campamentos de Grecia no lograba dormir sabiendo que estaba rodeada de hombres. También contó que había pasado varios días sin comer.
Una docena de las mujeres entrevistadas dijeron que en los campamentos de tránsito europeos las habían tocado, acariciado o mirado lascivamente. Una mujer iraquí de 22 años dijo a Amnistía Internacional que cuando estaba en Alemania un guardia de seguridad uniformado le había ofrecido ropa a cambio de “estar a solas” con él.    
“Para empezar, nadie debería tener que hacer estos peligrosos viajes. La mejor forma de evitar los abusos y la explotación a manos de los traficantes de personas es que los gobiernos europeos permitan que las rutas sean seguras y legales desde el comienzo. Es completamente inaceptable que la travesía por Europa exponga a quienes no tienen elección a más humillaciones, incertidumbres e inseguridades”, ha dicho Tirana Hassan.
OTROS TESTIMONIOS

Explotación sexual a manos de los traficantes
Los traficantes de personas eligen a las mujeres que viajan solas sabiendo que son más vulnerables. Cuando no tienen recursos económicos para pagar su viaje, a menudo intentan coaccionarlas para que tengan relaciones sexuales con ellos.
Al menos tres mujeres dijeron que los traficantes y quienes colaboran con ellos las acosaron a ellas o a otras mujeres, y les ofrecieron reducciones de precio en el viaje o en los tiempos de espera para embarcar y cruzar el Mediterráneo a cambio de sexo.
Hala, una mujer de 23 años natural de Alepo, dijo a Amnistía Internacional:

“En el hotel de Turquía, uno de los hombres que trabajaba con el traficante, un sirio, me dijo que si me acostaba con él no pagaría o pagaría menos. Por supuesto que me negué, era algo repugnante. Lo mismo nos pasó a todas en Jordania.”

“Una amiga que vino conmigo desde Siria se quedó sin dinero en Turquía y el ayudante del traficante le ofreció que se acostara con él [a cambio de una plaza en la embarcación]. Ella se negó, claro, y no pudo salir de Turquía, en donde sigue.”
Nahla, una mujer siria de 20 años, dijo a Amnistía Internacional:
“El traficante me acosaba. Intentó tocarme varias veces. Cuando estaba mi primo no se acercaba. Yo estaba muerta de miedo, sobre todo porque habíamos oído historias por el camino de mujeres que no tenían dinero para pagar a los traficantes y les daban la opción de acostarse con ellos a cambio de un descuento en el precio.”
Acoso y constante miedo
Todas las mujeres dijeron a Amnistía Internacional que durante el viaje por Europa estaban constantemente asustadas. Las que viajaban solas no sólo estaban en el punto de mira de los traficantes, sino que se sentían físicamente amenazadas cuando tenían que dormir en centros con cientos de hombres que no tenían pareja. Varias dijeron también que los agentes de seguridad de Grecia, Hungría y Eslovenia las habían golpeado o insultado.
Reem, mujer siria de 20 años que viajaba con su primo de 15 años, afirmó:
“Nunca quise dormir en las instalaciones. Tenía demasiado miedo de que alguien me tocara. Las tiendas eran mixtas y fui testigo de escenas de violencia. Me sentía más segura mientras nos desplazábamos, especialmente en autobús, el único lugar donde podía cerrar los ojos y dormir. En los campamentos hay muchas probabilidades de que te toquen, y las mujeres realmente no pueden quejarse, porque, además, no quieren causar problemas que perturben el viaje.”
Violencia a manos de la policía y condiciones en los campamentos de tránsito
Las mujeres y las niñas denunciaron que varios campamentos estaban muy sucios, había escasez de comida y las embarazadas, en concreto, recibían poca o ninguna ayuda. También dijeron que los aseos solían ser muy precarios y que se sentían inseguras, pues en ocasiones las instalaciones sanitarias no estaban separadas por sexos. Por ejemplo, al menos en dos casos las mujeres habían sido espiadas por los hombres del centro cuando iban a los baños. Algunas mujeres habían sufrido también la violencia directa de otros refugiados y de la policía, especialmente al aumentar las tensiones en condiciones de hacinamiento e intervenir las fuerzas de seguridad.
Rania, embarazada siria de 19 años, hablo a Amnistía Internacional sobre su experiencia en Hungría:
“Las policía nos trasladó entonces a otro lugar, aún peor. Estaba lleno de jaulas y no corría el aire. Allí nos encerraron y nos tuvieron dos días. Nos daban de comer dos veces al día. Los aseos eran peores que en los otros campamentos. Yo tenía la sensación de que los mantenían así para hacernos sufrir.
“En nuestro segundo día allí, la policía golpeó a una mujer siria de Alepo porque suplicó a los agentes que la dejaran salir [...] Su hermana, que hablaba inglés, trató de defenderla, y le dijeron que, si no se callaba la golpearían a ella también. Algo parecido le pasó a una iraní al día siguiente por pedir más comida para sus hijos.”
Maryam, mujer siria de 16 años:
“[En Grecia] [L]a gente empezó a gritar y la policía nos agredió, golpeando a todo el mundo con palos. A mí me dieron en un brazo. Golpeaban incluso a los niños pequeños. A todo el mundo, incluso en la cabeza. Me mareé y me caí, y la gente me pisoteó. Lloraba y me separé de mi madre. Me llamaron y me reuní con ella. Les enseñé el brazo y un agente que lo vio se rió. Pedí un médico y nos dijeron a mi madre y a mí que nos fuéramos.”


La detención de 19 profesores universitarios en Turquía supone una nueva agresión contra el derecho a la libertad de expresión © AFP/Getty Images La detención de 19 profesores universitarios en Turquía supone una nueva agresión contra el derecho a la libertad de expresión, ya en peligro, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

La oleada de detenciones comenzó el viernes y se dirigió contra profesores universitarios que habían firmado una petición pidiendo la paz y criticando las operaciones del ejército turco en el sudeste. Los firmantes también han recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, y el presidente Recep Tayip Erdoğan los ha comparado hoy con terroristas.
“Las operaciones del ejército, que se producen en un contexto de toques de queda de 24 horas, están generando un enorme sufrimiento y numerosas violaciones de derechos humanos. Las autoridades turcas deberían escuchar a las personas que expresan su opinión, no detenerlas”, ha dicho Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.

“La detención y el acoso de estos profesores es un preocupante indicador del precario estado de los derechos humanos en Turquía. Tienen tanto derecho como cualquiera a ejercer su derecho a la libertad de expresión sin ser calificados de terroristas y amenazados con ser detenidos.”

“Estas detenciones, unidas a los comentarios del presidente Erdoğan, indican que la campaña de represión del sudeste kurdo se está extendiendo a cualquiera que se atreva a criticar las operaciones del gobierno.
“Instamos a las autoridades turcas a que dejen de acorralar a los profesores universitarios que dicen lo que opinan, abandonen las investigaciones contra ellos y garanticen su seguridad. La manera en que los están tratando es una mancha sobre la conciencia de Turquía”.
Las investigaciones tienen por objeto a más de 1.000 profesores universitarios turcos, conocidos como “Académicos por la Paz”, que firmaron una petición titulada “No seremos cómplices de este crimen” (refiriéndose a la ofensiva en el sudeste).
Se les está investigando en aplicación de las leyes que prohíben “hacer propaganda en favor de una organización terrorista” y “denigrar a la nación turca”.
En un discurso pronunciado hoy (viernes), el presidente Erdoğan se refirió a ellos como “lo peor de lo peor”, añadiendo que “cometen el mismo delito que quienes llevan a cabo las matanzas”. Esta misma semana, el presidente había calificado la petición de “traición”, y afirmado que los profesores eran “la quinta columna” de los terroristas.
Desde entonces, varios profesores han denunciado amenazas en las redes sociales o por teléfono, y en mensajes recibidos en sus universidades. El líder de la mafia nacionalista Sedat Peker también amenazó al grupo, afirmando: “Haremos que corra su sangre” y “los bañaremos en su propia sangre”.
Información complementaria
En varias zonas del sudeste de Turquía se han impuesto Toques de queda de 24 horas desde diciembre, mientras el ejército y la policía llevan a cabo operaciones contra el Movimiento de las Juventudes Revolucionarias Patrióticas, las juventudes del grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).
Más de 200.000 personas viven en las zonas afectadas, que incluyen las ciudades de Cizre y Şırnak y el distrito meridional de la ciudad de Diyarbakır. Algunas no tienen acceso a alimentos ni atención médica, y sufren grave escasez de agua y electricidad. Según los informes, más de 150 residentes y al menos 24 soldados y agentes de policía han perdido la vida desde que se iniciaron los toques de queda, en agosto de 2015.


El profesor y blogero, Ilham Tohti © AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images) Cuatrocientos intelectuales de todo el mundo han pedido al presidente de China, Xi Jinping, que ponga de inmediato en libertad al profesor uigur Ilham Tohti, cuando se cumple el segundo aniversario del día en que fue puesto bajo custodia por las autoridades.
En una carta abierta al presidente Xi, intelectuales de instituciones académicas mundialmente reconocidas –la Universidad de Harvard, la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Oxford, entre muchas otras– han escrito que la libertad inmediata e incondicional del profesor Ilham Tohti sería “una importante manera de demostrar el compromiso de China para con la libertad de cátedra”.
Ilham Tohti cumple cadena perpetua exclusivamente por expresar ideas que entran dentro de los límites de la libertad de expresión como escritor e intelectual. El 15 de enero de 2014 se lo llevaron de su casa de Pekín, y el 23 de septiembre de ese mismo año lo declararon culpable de “separatismo”, después de un juicio politizado enturbiado por numerosas irregularidades de procedimiento.

“Ilham Tohti es un preso de conciencia, que está sufriendo un cruel castigo por desafiar pacíficamente las políticas del gobierno chino respecto a las minorías étnicas”, ha manifestado Nicholas Bequelin, director del trabajo sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional.

“El hecho de que tantos intelectuales de todo el mundo se hayan unido para pedir su liberación inmediata subraya el fuerte sentimiento de injusticia que su prolongado encarcelamiento despierta en la gente. El presidente Xi Jinping debería atender las peticiones de estos intelectuales.”
Perry Link, catedrático de la Universidad de California en Riverside y renombrado experto en derechos humanos y política china, ha manifestado: “Mientras buena parte del mundo se preocupa por los ‘terroristas islámicos radicales’, el gobierno chino ha impuesto una cadena perpetua a un musulmán que no es ni radical ni terrorista. ¿Por qué lo hace? ¿Es su finalidad intimidar a todo un grupo étnico, del que la inmensa mayoría de sus integrantes no son radicales, ni mucho menos terroristas? ¿Quién, exactamente, está sembrando el terror en este caso?”
En la carta, los intelectuales manifiestan que la liberación de Ilham Tohti demostraría que las autoridades chinas tienen “un compromiso renovado respecto a incrementar la comprensión mutua entre grupos étnicos y reducir la tensión étnica”.
Las autoridades chinas han intensificado sus ya de por sí fuertes restricciones de la práctica del Islam en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. La expresión de disidencia por parte de los uigures se retrata a menudo como extremismo religioso, terrorismo internacional o delitos contra la seguridad nacional.
El juicio de Ilham Tohti en 2014 se celebró entre una oleada de violentos ataques y represión de las protestas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. Tras una oleada previa de violencia que tuvo lugar en 2009, la entonces alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, instó a las autoridades a “reflexionar sobre las causas subyacentes de esos incidentes, que incluyen discriminación y falta de protección de los derechos de las minorías”.
Ilham Tohti ha criticado abiertamente las políticas gubernamentales en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, donde la población uigur sufre una discriminación generalizada en materia de empleo, educación y vivienda, ve limitada su libertad de religión y padece marginación política. El profesor Tohti se ha opuesto sistemáticamente a la violencia, y ha trabajado de forma pacífica para tender puentes entre comunidades étnicas de acuerdo con las leyes chinas.
Durante el juicio se presentaron fragmentos seleccionados de conferencias universitarias de Ilham Tohti, grabadas por una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en su sala de conferencias, y se retransmitieron después en la televisión nacional, todo ello en un intento de presentarlo como un separatista que había incitado a las tensiones étnicas.
Otras pruebas contra Ilham Tohti eran las declaraciones de siete ex alumnos detenidos junto con él. Existen fuertes motivos para creer que los estudiantes realizaron sus declaraciones bajo coacción. Los estudiantes fueron condenados en diciembre de 2014 a entre tres y ocho años de prisión por los mismos cargos que Ilham Tohti.
El profesor Tohti permaneció recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a sus abogados, durante casi seis meses al inicio de su detención preventiva. Según sus abogados, le negaron la comida durante 10 días y lo mantuvieron durante más de 20 días con grilletes en los pies.


Los ataques contra periodistas y medios de comunicación no son hechos aislados. © Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) El atentado con granadas perpetrado contra las oficinas de ARY TV en Islamabad representa un ataque más a la libertad de expresión en Pakistán, que pone de relieve el creciente peligro que corren los profesionales de los medios de comunicación en el curso de su trabajo, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El miércoles a última hora, dos personas montadas en una motocicleta lanzaron una granada y, según la información disponible, efectuaron disparos contra las oficinas de ARY TV. Una persona que realizaba labores de edición de vídeo en la cadena resultó herida por la metralla de la explosión.

Este atentado es la última muestra de una lamentable serie de ataques dirigidos sin ningún disimulo contra los profesionales de los medios de comunicación de Pakistán por hacer su trabajo.

Champa Patel, directora de la Oficina Regional para el Sur de Asia de Amnistía Internacional

“Este atentado es la última muestra de una lamentable serie de ataques dirigidos sin ningún disimulo contra los profesionales de los medios de comunicación de Pakistán por hacer su trabajo”, ha señalado Champa Patel, directora de la Oficina Regional para el Sur de Asia de Amnistía Internacional.

En unas octavillas arrojadas en el lugar del atentado se afirma que es obra del Estado Islámico Provincia de Jurasán, organización afiliada al grupo armado que se da en llamar Estado Islámico, y que se ha perpetrado como represalia contra ARY TV por informar sobre ofensivas militares paquistaníes.

“Los profesionales de los medios de comunicación paquistaníes pueden añadir ahora los atentados con explosivos contra sus oficinas a su lista de riesgos laborales, que incluye ya el secuestro, la detención arbitraria, la intimidación, el homicidio y el hostigamiento de agentes estatales y no estatales”, ha añadido Champa Patel.

“Estos atentados tienen por objeto intimidar y censurar a la prensa en su conjunto, reprimiendo la libertad de expresión.”

En los dos últimos meses, el Estado Islámico Provincia de Jurasán se ha responsabilizado de atentados contra las oficinas de Dunya TV en Faisalabad, en noviembre de 2015, y de Din News en Lahore, en diciembre de 2015. En total, en 2015 murieron al menos dos profesionales de los medios de comunicación y resultaron heridos otros seis en ataques perpetrados contra ellos debido a su trabajo.

Los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación sufren también hostigamiento e intimidación por parte de agentes del Estado en Pakistán.

El atentado contra las oficinas de ARY se ha producido un día después de que la policía paramilitar de Pakistán irrumpiera en el domicilio de un periodista del New York Times en Islamabad y efectuara un registro sin orden judicial . El gobierno explicó que se había irrumpido en la vivienda de Salman Masood en el marco de una operación más general de registros efectuada en la zona, pero posteriormente se ha sabido que sólo se han registrado un par de casas más allí.

El ministro del Interior ordenó ese mismo día abrir una investigación sobre la operación de registro. Pero, aun así, el incidente no sólo supuso una violación del derecho del periodista a la privacidad, sino que cabría también considerarlo como una táctica de intimidación dirigida contra él por su trabajo, gran parte del cual ha consistido en escribir sobre las actuales políticas del gobierno y el ejército.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a que lleven a cabo con prontitud una investigación exhaustiva y transparente sobre este atentado y otros ataques contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación y hagan rendir cuentas a los responsables. Las autoridades deben también prestar a los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación, así como a sus familiares, protección adecuada contra las amenazas y ataques dirigidos contra ellos por su trabajo legítimo, a la vez que garantizan su independencia.


Homenaje en recuerdo de las víctimas de la masacre de El Calabozo, en El Salvador. © Guillermo Martínez Las autoridades Salvadoreñas deben abolir la ley de Amnistía y llevar a la justicia a los responsables de las ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante el brutal conflicto armado o se arriesgan a convertirse en cómplices de aquellos crímenes, dijo Amnistía Internacional en el 24 aniversario de la firma de los acuerdos de paz.

“Al ignorar los compromisos firmados durante los históricos acuerdos de paz, las autoridades de El Salvador se están burlando cruelmente de las decenas de miles de víctimas de ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas y de sus familiares — quienes no piden más que su derecho a la verdad, justicia y reparación,” Dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La determinación del Estado salvadoreño de garantizar impunidad para estos criminales envía un mensaje de que estos hechos son aceptados y tolerados, y que nadie será castigado. En un país que hoy sufre una horrorosa ola de violencia, el comportamiento de las autoridades salvadoreñas debe reflejar una condena a cualquier actuación que perpetúe la impunidad de crímenes del pasado y el presente.”
Información adicional
Los Acuerdos de Paz de El Salvador dieron fin a una guerra civil de 12 años (1979-1992). Se estima que unas 75,000 personas fueron brutalmente asesinadas y que 8,000 desaparecieron durante el conflicto.
En 1993, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley de amnistía que previene el enjuiciamiento de los sospechosos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el sangriento conflicto.
Recientemente, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España reiteró la orden de detención internacional, librada en el 2011, en contra de casi 20 militares acusados de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una trabajadora doméstica y su hija, ocurrido en 1989. Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no reportan el cumplimiento de la orden de detención emitida hace más de cuatro años.
En los últimos nueve meses, dos ex militares que fungieron como Ministros de Defensa durante el conflicto armado han sido deportados de Estados Unidos a El Salvador por su rol en la comisión de violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno salvadoreño. Hasta el momento, Ninguno de los requerimientos de justicia ha avanzado en El Salvador.


Escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, en Guerrero, donde 43 estudiantes han desaparecido © AI/Sergio Ortiz Borbolla La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En “Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, la organización de derechos humanos expone cómo se reflejan en el estado septentrional de Chihuahua y el resto del país las graves deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Según datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de más de 27.000 personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada.
“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo.”
Incompetencia
En muchos casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.
Cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
El equipo investigador de Amnistía Internacional descubrió casos análogos de incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en el estado septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi 1.700 personas han desaparecido en todo Chihuahua.
En la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció.
Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta.
Normalmente, la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles.
José Rosario Hernández fue víctima de desaparición forzada la tarde del 23 de octubre de 2011: una patrulla de policía municipal lo detuvo cuando iba en coche con dos amigos por la Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Sigue sin conocerse su paradero.
En los días que sucedieron a su desaparición, las autoridades se negaron a facilitar información de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de policía municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido detenido, a pesar de que una grúa se había llevado el automóvil de José Rosario por orden de las autoridades y había testigos de su detención.
La familia identificó al agente que había detenido a José Rosario y lo desafió a contar lo que había pasado, pero él se negó. Finalmente se detuvo al agente, gracias al empeño y las reiteradas peticiones de la familia y sus representantes letrados. Está previsto que su juicio comience en enero de 2016. Con todo, la investigación no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener información que ayude a esclarecer el paradero de José Rosario.
La madre de Brenda Karina Ramírez, joven de 22 años desaparecida el 19 de julio de 2011 después de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes en Ciudad Cuauhtémoc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija después de que las autoridades no investigaran debidamente el trágico suceso.
Cuando al fin tuvo acceso al expediente oficial del caso, se encontró con que estaba prácticamente vacío.
Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Lo que hay en el expediente de mi hija es lo que he entregado yo, nada más.”
El poder y la influencia de los carteles de la droga también tienen mucho que ver en los retrasos de las investigaciones.
Los familiares de otra persona que había desaparecido contaron que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a investigar en cierta zona del estado aduciendo que tenían miedo y no podían ir allí.
Falta de recursos

Los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades están sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del personal.
“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones. Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas.”
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un proyecto de ley al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales. El Congreso de México debe mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones.


Una de las primeras manifestaciones de la revolución de los jazmines en Túnez. FETHI BELAID/AFP/Getty Images Los nuevos datos sobre muertes bajo custodia y torturas recabados por Amnistía Internacional indican que la brutal represión aumenta de nuevo en Túnez exactamente cinco años después del derrocamiento del anterior régimen autoritario por la "revolución jazmín" que desencadenó una oleada de levantamientos en todo Oriente Medio y el Norte de África.
Durante la visita a Túnez realizada en diciembre del pasado año, Amnistía Internacional recogió información sobre muertes bajo custodia policial, así como denuncias de torturas infligidas en el curso de los interrogatorios policiales.

“Hace cinco años los tunecinos y las tunecinas se levantaron y se sacudieron las cadenas del autoritarismo. La tortura y la represión eran características del régimen del ex presidente Ben Ali; no se debe permitir que se conviertan en rasgos definitorios del Túnez posterior al levantamiento”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, desde 2011 se han producido al menos seis muertes bajo custodia en circunstancias que no se han investigado efectivamente o en las que las investigaciones no han desembocado en un enjuiciamiento criminal.
Sofiene Dridi fue detenido a su llegada al aeropuerto de Túnez el 11 de septiembre de 2015, tras ser expulsado de Suiza. Las autoridades tunecinas tenían una orden judicial de detención contra él por cargos de agresión con violencia que databa de 2011.
Dridi compareció ante un tribunal el 15 de septiembre en buen estado de salud y tras la vista fue trasladado a la prisión de Mornaguia. El 18 de septiembre se informó a su familia de que lo habían llevado al hospital. La familia acudió a visitarlo, pero el personal médico negó todo conocimiento sobre él, tras lo cual regresó al tribunal para tratar de obtener más información; allí les dijeron que Sofiene había muerto de una parada cardiaca. Después de ver su cadáver en la morgue, la familia denunció que tenía hematomas en la cara y el cuerpo. El certificado de defunción de Dridi estaba fechado el 17 de septiembre. Hasta la fecha, la familia sigue esperando conocer todos los detalles de la causa de la muerte.
Amnistía Internacional también recibió información sobre torturas y malos tratos a detenidos y detenidas mientras estaban en prisión el año pasado, tras ser arrestados por terrorismo.
Según algunos de los testimonios, las víctimas eran sometidas a descargas eléctricas, incluso en los genitales, y a una postura en tensión conocida como "pollo asado" en la que se las esposa de pies y manos a un palo. Algunas también fueron abofeteadas y obligadas a desnudarse, y recibieron amenazas contra sus familias para tratar de que firmasen una confesión falsa.
Amnistía Internacional pide que todas estas denuncias sean investigadas de forma independiente, que los resultados se hagan públicos y que toda persona contra la que existan pruebas admisibles suficientes sea enjuiciada. En el caso de las muertes bajo custodia, la investigación debe incluir una autopsia adecuada realizada por un patólogo forense independiente e imparcial.
“Demasiado poco se ha hecho para reformar las fuerzas de seguridad y exigir cuentas a los responsables de este tipo de actos”, añadió Said Boumedouha.
“Aunque es comprensible que, tras los sangrientos atentados que han sacudido Túnez en los últimos 12 meses, la seguridad sea una prioridad para el gobierno, ésta no puede ser el pretexto para hacer retroceder los modestos avances en materia de derechos humanos alcanzados desde el levantamiento.”
En los últimos cinco años, Túnez ha adoptado una nueva Constitución que contiene importantes garantías de derechos humanos, ha ratificado tratados internacionales clave de derechos humanos, ha celebrado elecciones presidenciales y parlamentarias democráticas y ha vivido el fortalecimiento de los grupos de la sociedad civil tras años de represión bajo el régimen de Ben Ali.
No obstante, el año pasado las autoridades adoptaron una serie de preocupantes medidas so pretexto de la seguridad que podrían poner en peligro estos logros.
La nueva ley antiterrorista aprobada por el Parlamento en julio de 2015 define el terrorismo en términos excesivamente generales, confiere a las fuerzas de seguridad amplias facultades de supervisión y vigilancia, y extiende el periodo en el que las fuerzas de seguridad pueden mantener incomunicados a los detenidos de seis a 15 días, lo que aumenta significativamente el riesgo de tortura.
En noviembre se declaró el estado de excepción por segunda vez durante el año, tras un atentado mortal contra la Guardia Presidencial en la capital. Bajo sus auspicios, las autoridades realizaron miles de registros y detenciones, y sometieron a cientos de personas a arresto domiciliario.
Familiares de personas buscadas como sospechosas de terrorismo contaron a Amnistía Internacional el hostigamiento casi continuo a que los someten las fuerzas de seguridad. Un hombre de 65 años cuyo hijo es un fugitivo buscado por terrorismo dijo que los agentes de seguridad rompían la puerta de la vivienda de su familia casi todas las noches y contó lo aterradoras que son estas visitas para sus habitantes, entre los que figuran sus otros dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad mental, y dos nietos de corta edad. Añadió que los familiares han sido citados en reiteradas ocasiones para ser interrogados y que la policía ha pegado a sus otros dos hijos durante los interrogatorios.
Otras personas hablaron a Amnistía Internacional de visitas diarias de agentes que rompen la puerta y a veces roban pertenencias e impiden que los familiares trabajen y tengan una vida normal.
Varias personas contaron también que los agentes las paraban reiteradamente en la calle. Un hombre dijo que lo habían interrogado o detenido varias veces debido a su barba y contó que una vez lo bajaron de un autobús y lo interrogaron sobre sus creencias y prácticas religiosas.
Las leyes que limitan arbitrariamente la libertad de expresión siguen en vigor en Túnez, y las personas críticas —sobre todo las que critican a las fuerzas de seguridad— son enjuiciadas por difamación e "indecencia". Las informaciones de los medios de comunicación independientes se han visto restringidas en aplicación de la nueva legislación antiterrorista. Los periodistas también han sufrido respuestas violentas de los agentes de seguridad cuando informaban sobre protestas o después de un atentado. En noviembre, el Ministerio de Justicia tunecino hizo pública una declaración en la que advertía a los periodistas de que serían enjuiciados si menoscababan los esfuerzos del país para luchar contra el terrorismo.
Las organizaciones de derechos humanos y los abogados han recibido también ataques por defender los derechos de presuntos terroristas y son considerados obstáculos para la lucha antiterrorista en el discurso público, que enfrenta erróneamente los derechos humanos y la seguridad.
“Los logros de Túnez en materia de derechos humanos son cada vez más frágiles en este contexto de retroceso”, concluyó Said Boumedouha. “Existe el riesgo real de que esta mal planteada reacción adversa lleve de nuevo a Túnez al oscuro lugar en el que estaba hace cinco años.”
Información complementaria
En 2011, Amnistía Internacional puso de relieve las áreas prioritarias de reforma necesarias en Túnez. Hoy, estas reformas clave siguen sin haberse acometido. Aunque Túnez aprobó varias leyes nuevas, incluidas sobre la tortura y los medios de comunicación, aún no se han modificado las leyes represivas que permiten que se sigan cometiendo violaciones. La rendición de cuentas por los homicidios ilegítimos de manifestantes cometidos en respuesta al levantamiento de 2011 ha sido escasa y no se ha reformado el aparato policial y de seguridad. Como consecuencia, siguen llegando denuncias de torturas, especialmente en la detención en espera de juicio y durante los interrogatorios, y jueces y fiscales han hecho poco para que las autoridades rindan cuentas de las torturas y agresiones contra manifestantes y periodistas. Los esfuerzos de la justicia transicional son lentos y deficientes. Continúa la discriminación en la ley y en la práctica de las mujeres y niñas, y las autoridades no ofrecen protección efectiva frente a la violencia de género. Se niegan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales los derechos humanos básicos.


La investigadora de Amnistía Internacional recogiendo información sobre el caso de Fátima. 9 de enero de 2015. ©Amnistía Internacional/ Carlos Alonso El Gobierno español ha mantenido a tres menores sirios junto a sus madres de origen marroquí fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, durante casi dos meses. Ambas mujeres y sus hijos fueron expulsados tras la inadmisión a trámite sus solicitudes de asilo. Con esta medida no se ha tenido en cuenta el interés superior de los menores y se han violado normas del derecho internacional como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.  

“Tras conversación mantenida con el director del centro a lo largo del día, éste ha confirmado a Amnistía Internacional que se ha readmitido a ambas familias, una noticia que valoramos positivamente desde la organización. Sin embargo, lamentamos que estas dos familias hayan tenido que estar cerca de dos mes viviendo en la calle”, declaró Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.

Antecedentes
El pasado sábado 9 de enero, un equipo de Amnistía Internacional visitaba el centro para recabar información sobre la situación de las personas solicitantes de asilo y beneficiaras de protección internacional de este tipo de centros. Frente al centro y en tiendas de campaña, Amnistía Internacional se encontró con el caso de Fátima Gascoi y Latifa Batach. Estas dos mujeres, de nacionalidad marroquí cuyos maridos son de origen sirio, fueron expulsadas del CETI el pasado mes de noviembre junto a sus hijos e hijas menores de edad. Las dos mujeres y los tres menores desde entonces han vivido en una tienda de campaña sin agua, sin comida y a la intemperie en pleno invierno, sin que las autoridades españolas les hayan ofrecido en ningún momento algún tipo de alternativa habitacional, lo que viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Fátima Gascoi, es una mujer de origen marroquí, viuda de un ciudadano sirio. Tuvo que salir de Siria junto a su hijo nacido en 2005 en Alepo, por lo tanto con nacionalidad y pasaporte sirio. Ambos dejaron el país en 2012 en busca de protección y seguridad. Tras un largo viaje, llegaron a Melilla donde solicitaron asilo. Durante 16 días permanecieron en el CETI hasta que se les denegó la solicitud de asilo en contra del criterio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

Según su testimonio, a pesar de haber recurrido la denegación de asilo, varios miembros del servicio de seguridad del CETI cogieron sus pertenencias y les expulsaron, sin facilitarles ningún tipo de información para recurrir esta decisión y dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por otro lado, Latifa Batach es una mujer marroquí con dos hijos menores de edad, una niña de 11 años y un niño de 8 años, ambos de nacionalidad siria, casada con un ciudadano sirio y padre de sus hijos. A principios de noviembre llegó sola a Melilla junto con sus dos hijos y solicitó asilo. Igualmente, transcurridos unos días de estancia en el CETI, ella y sus dos hijos han sido expulsados del mismo. En estos momentos, su marido y su segunda esposa están viviendo en el CETI junto con su bebé de tres meses.


Preocupaciones de Amnistía Internacional
“Nos preocupa que se haya podido producir la expulsión del CETI de estas dos mujeres junto a sus hijos menores de edad, al inadmitirse a trámite su solicitud de asilo basándose en la nacionalidad de las madres, sin tener en cuenta que los menores son de nacionalidad siria”, manifestó Virginia Álvarez.

Para Amnistía Internacional se ha dado un trato discriminatorio a estas mujeres, madres de menores de nacionalidad siria, que llegan a España sin la compañía de sus esposos.  En el centro, como ha podido constatar la organización, existen otros casos de matrimonios mixtos a los que se les ha denegado la solicitud de asilo y sin embargo permanecen en el mismo. Igualmente, la organización lamenta que no se haya tenido en cuenta el interés superior del menor como establece el derecho internacional.

Amnistía Internacional se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Inmigración y Migración, Marina del Corral para pedirle que tome medidas para poner fin a este tipo de prácticas discriminatorias y evite que en el futuro se produzcan nuevas violaciones de derecho humanos de personas solicitantes de asilo especialmente vulnerables como son las mujeres y los niños y las niñas.

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