Amnistía Internacional España

Miles de personas se manifiestan sobre la ley del aborto en Dublín, julio 2013 © Demotix

Las últimas directrices de Irlanda sobre el aborto son meras medidas para la galería que confundirán a los profesionales de la salud y ponen en peligro las vidas y los derechos de las mujeres y las niñas, ha dicho Amnistía Internacional.

“Lo único que realmente ponen en claro estas directrices es el carácter increíblemente restrictivo e impracticable de la actual ley”, ha dicho Elisa Slattery, investigadora sobre derechos sexuales y reproductivos de Amnistía Internacional.

“Elaborar onerosas directrices para aplicar una ley sumamente restrictiva que está desfasada con relación a las normas internacionales de derechos humanos es un ejercicio de futilidad. No basta con dictar directrices para una ley deficiente: se necesita un enfoque totalmente distinto.”

Las directrices emitidas hoy por el Departamento de Salud pretenden garantizar que una mujer o una niña embarazada pueda acceder a un aborto legal cuando hay un “peligro real y sustancial” para su vida.

Ésta es la única excepción que permite la ley irlandesa conocida como Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013. 

Pero en lugar de aclararles la Ley a los profesionales de la salud encargados de su aplicación, las directrices reflejan y agravan sus muchas deficiencias.

Fracasan estrepitosamente a la hora de abordar el problema más acuciante que plantea esta ley: cómo deben evaluar exactamente los profesionales de la medicina si un embarazo supone un peligro “real y sustancial” para la vida de una mujer o una niña.

“Las directrices relegan literalmente el bienestar de las mujeres y las niñas a una nota a pie de página”, ha dicho Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.

“Y siguen exigiendo que los profesionales de la salud se embarquen en un ejercicio de equilibrio constitucional cuando deciden si una mujer es candidata a abortar.”

“En lugar de medidas deslavazadas que proporcionan un acceso ilusorio al aborto para salvar la vida de una mujer o una niña, Amnistía Internacional pide a Irlanda que despenalice plenamente el aborto.”

La Ley, y el marco jurídico irlandés sobre el aborto en el que se inscribe, han sido condenados en reiteradas ocasiones por no ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos sobre el aborto.

La última fue la mordaz crítica del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la legislación de Irlanda sobre el aborto. El Comité se mostró particularmente preocupado por la penalización que la Ley hace del aborto, incluso en casos de violación, incesto, grave peligro para la salud de la embarazada y anomalías mortales del feto.

También expresó su preocupación por la forma en que el excesivo escrutinio de las mujeres embarazadas y en riesgo de suicidio que exige la Ley aumenta la angustia de las mujeres.

Más información

Información para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentada por Amnistía Internacional, donde la organización planteaba varias de estas cuestiones.

“Mi cuerpo, mis derechos” es una campaña global de Amnistía Internacional para poner fin al control y la penalización de la sexualidad y la reproducción que ejercen los gobiernos y otros actores. Durante 2014 y 2015, la campaña intentará cambiar la vida de las personas en varios países, entre ellos Irlanda. El objetivo de esta campaña es recordar a los dirigentes mundiales su obligación de respetar, proteger y hacer realidad derechos sexuales y reproductivos. En este enlace puedes encontrar más información.


Una mujer del campamento de protesta en la Puya les suplica a los policías que se retiren © James a. Rodriguez/mimundo.org

El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El informe, titulado La minería en Guatemala: Derechos en peligro y publicado hoy, señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.

La legislación propuesta esquiva de hecho las cuestiones que preocupan a las comunidades. No aborda de forma significativa la cuestión de la consulta. Si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades siguen sin tenerse en cuenta. Es una gran oportunidad perdida”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

En la actualidad se encuentran ante el Congreso unas reformas a la Ley de Minería que se redactaron en 2012. Sin embargo, las reformas propuestas reproducirán las lagunas actuales, al dar un plazo de tan sólo 10 días para impugnar solicitudes de licencia, lo cual agravará el problema de la falta de consulta.

Las tensiones por la falta de un proceso justo y una consulta adecuada ya han dado lugar en el pasado a confrontaciones violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y guardias de seguridad y policías en torno al emplazamiento propuesto para una mina.

Las normas internacionales de derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos.

"El analizar las consecuencias de un proyecto minero lleva tiempo, y 10 días para responder a una solicitud de licencia no es un plazo realista para las comunidades que pueden verse afectadas y que, por tanto, necesitan examinar la propuesta con cuidado”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

“Nos preocupa que la violencia que se ha vivido en el pasado continúe si no se introduce un proceso de consulta justo y equilibrado. También somos conscientes de que no se están respetando los derechos de los pueblos indígenas.”

En muchos casos, las autoridades no han investigado a fondo las muertes y lesiones de quienes protestan contra proyectos mineros.

El 13 de junio de 2012, la activista Yolanda Oquelí resultó herida de gravedad por los disparos realizados por dos atacantes no identificados. Yolanda Oquelí regresaba a su casa de una protesta en torno a una mina cuando dos hombres en una motocicleta le cortaron el paso y le dispararon con una pistola. Una bala la alcanzó y se le alojó cerca del hígado. Sobrevivió al ataque, y optó por esconderse junto con su familia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno guatemalteco que brindara protección a Yolanda Oquelí y su familia. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación sobre el ataque, hasta el momento no se ha llevado a nadie ante la justicia.

“La violencia y la represión que han arraigado en torno a la minería en Guatemala no pueden continuar. El gobierno guatemalteco debe garantizar que aplica y respeta legislación para facilitar el diálogo y la toma de decisiones entre las empresas mineras, las autoridades estatales y la población afectada. A las comunidades se les debe proporcionar información completa y objetiva sobre los beneficios y riesgos de la minería, de una manera clara y culturalmente adecuada”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

“También pedimos a los gobiernos de los países en los que tienen su sede las empresas de propiedad extranjera que actúan en Guatemala que vigilen y hagan rendir cuentas a sus empresas por el impacto de sus actividades en los derechos humanos, actúen donde actúen.”

Información complementaria

Muchas de las empresas más destacadas que operan actualmente en Guatemala son filiales de empresas canadienses.

Guatemala sigue luchando por hacer frente al legado de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), un periodo en el cual murieron más de 200.000 personas, entre ellas unas 40.000 que fueron víctimas de desaparición forzada.

Hoy día, los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación económica y social. La tenencia de tierras es un problema especialmente importante, en el que las comunidades indígenas sufren la fuerte desigualdad respecto a la distribución de la tierra.

En Guatemala, aproximadamente el 30 por ciento de la población vive en una pobreza extrema.

Amnistía Internacional presenta hoy su informe La minería en Guatemala: Derechos en peligro con una delegación compuesta por Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá, Sebastián Elgueta, investigador sobre Centroamérica, y Tara Scurr, responsable de campaña sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Canadá.


El ministro de justicia marroquí recibiendo las firmas de AI © Amnistía Internacional

Rabat.- Hoy, Amnistía Internacional se une para pedir justicia para Ali Aarrass y otras víctimas de tortura y otros malos tratos en Marruecos y el Sáhara Occidental. La organización entregó ayer a las autoridades marroquíes más de 216.500 firmas, procedentes de 120 países de todo el mundo, en favor de Ali Aarrass.

El 17 de septiembre, una delegación de Amnistía Internacional compuesta por representantes de Amnistía Internacional Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos y Marruecos se reunió con el ministro de Justicia y Libertades marroquí, Mustafa Ramid, para pedir justicia para Ali Aarrass. Ali Aarrass, que en la actualidad cumple una pena de 12 años en la prisión de Salé II, ha afirmado que fue torturado repetidamente mientras permaneció recluido durante 12 días en detención secreta bajo custodia de los servicios de inteligencia marroquíes en diciembre de 2010.

Los miembros de la delegación de Amnistía Internacional se reunieron también con sus respectivos representantes diplomáticos y con la delegación de la Unión Europea en Marruecos para exponer el caso de Ali Aarrass y las preocupaciones de Amnistía Internacional. 

La organización de derechos humanos insta a las autoridades marroquíes a garantizar que la investigación sobre la tortura de Ali Aarrass es independiente e imparcial e incluye un examen médico forense que sea conforme con el Protocolo de Estambul. Amnistía Internacional pide asimismo que se atienda a la petición del grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria, que solicitó la liberación inmediata de Ali Aarrass y una indemnización adecuada.

“A las autoridades marroquíes se les brinda una oportunidad única de demostrar su compromiso de erradicar la tortura y hacer realidad sus palabras. Ali Aarrass, y todas las víctimas de tortura, merecen justicia. Se requieren hechos, no sólo palabras”, ha manifestado Mohamed Sektaoui, director de Amnistía Internacional Marruecos. 

Amnistía Internacional ha llevado hoy a cabo un acto de denuncia en Rabat frente al parlamento marroquí mediante una cadena humana para exigir justicia para Ali Aarrass, en el contexto de la campaña global “Stop Tortura”.

Aunque Marruecos ha firmado y ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sigue surgiendo información sobre tortura y muertes bajo custodia en el país.

La tortura se sigue infligiendo durante la prisión preventiva y los interrogatorios que siguen a la detención por parte de la policía o la gendarmería. Entre los métodos utilizados se encuentran las palizas, meter la cabeza a los detenidos en el retrete o amordazarlos con materiales empapados en orina, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la violación.


Distrito financiero de Dohat, Qatar. © Amnesty International

Qatar ha introducido una nueva y controvertida ley sobre ciberdelincuencia que castiga la difusión de “noticias falsas” en Internet y constituye una grave amenaza para la libertad de expresión en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

En virtud de esta nueva ley, las autoridades pueden prohibir los sitios web de los que consideren que amenazan la “seguridad” del país, y pueden castigar a cualquier persona que publique o comparta contenido online que “mine” los “valores sociales” o el “orden general” de Qatar, aunque la ley no define el significado de estos términos.

“La nueva ley sobre ciberdelincuencia supone un fuerte retroceso para la libertad de expresión en Qatar”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Contiene disposiciones amplias y vagamente redactadas que son totalmente contrarias a las normas internacionales. En la práctica, esas disposiciones otorgan al gobierno amplios poderes para castigar a cualquier persona que publique o comparta contenido que las autoridades consideren perjudicial para los ‘valores sociales’ de Qatar o sus intereses nacionales.”

“Existe un peligro real de que esta nueva ley socave seriamente la expresión legítima y pacífica al facilitar la represión arbitraria de la disidencia pacífica.”

La ley aborda la piratería informática, la falsificación, la violación de los derechos de propiedad intelectual y otros actos reconocibles como delito según el derecho internacional, pero también dispone que los proveedores de telecomunicaciones deben bloquear el acceso a sitios web o proporcionar datos o registros a petición de las autoridades.

La libertad de expresión está sometida a un estricto control en Qatar, y la prensa local ejerce habitualmente la autocensura.

El caso de Mohammed Rashid al-Ajami, conocido poeta qatarí, demuestra hasta qué punto las autoridades atenazan la libertad de expresión. Mohammed Rashid al-Ajami cumple una condena de 15 años de prisión por escribir y recitar un poema que se consideró que criticaba a la familia gobernante. El poema no incitaba al odio, el sectarismo o la violencia. Amnistía Internacional considera a Mohammed Rashid al-Ajami preso de conciencia, y ha pedido repetidamente su libertad inmediata e incondicional.

“El caso de Mohammed al-Ajami es un ejemplo perfecto de cómo las autoridades de Qatar han burlado a su antojo las normas sobre libertad de expresión en el pasado”, ha manifestado Said Boumedouha.

“Pese a los intentos de Qatar por presentarse como un país progresista comprometido con el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, vemos cómo las autoridades hacen retroceder las libertades, en lugar de tomar medidas para garantizar que se protege la libertad de expresión."

En los últimos años, el gobierno también ha tratado de reforzar su control sobre la libertad de expresión a través de un nuevo proyecto de ley de medios de comunicación. Si se aprueba, esta ley exigiría que todas las publicaciones sean aprobadas por una “autoridad competente” designada por el gobierno y facultada para eliminar contenidos o impedir la impresión de publicaciones.

El derecho a la libertad de expresión en Qatar está restringido también por la Convención para la Represión del Terrorismo de 2004, adoptada por los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (GCC) en noviembre de 2012.

Sobre la base de legislación deficiente relativa a la expresión y la asociación en cada uno de los seis Estados del GCC, una de las 20 disposiciones de la Convención es un compromiso vagamente formulado de reprimir la “injerencia en los asuntos internos” de otros países del GCC. Esto podría utilizarse para castigar las críticas a las acciones de otros Estados del GCC o de figuras públicas. Otras disposiciones establecen que los Estados del GCC pueden compartir datos personales de ciudadanos y residentes sin que ese intercambio pueda ser objeto de acciones judiciales.


Dos sospechosos de pertenecer al grupo islamista Boko Haram, detenidos por militares en Bukavu Barracks, en el estado de Kano, Nigeria. © AP Photos/Salisu Rabiu-file

El ejército y la policía de Nigeria torturan por sistema a mujeres, hombres y menores de edad –de hasta 12 años incluso– con métodos muy diversos que incluyen palizas, disparos y violación, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.

En “Welcome to hell fire”: Torture and other ill-treatment in Nigeria, la organización describe con detalle la frecuencia con que se detiene a personas en extensas operaciones “de barrido” y después se las tortura como medida de castigo, de extorsión para conseguir dinero o de obtención de “confesiones” como atajo para “resolver” casos pendientes.

“Esto va mucho más allá de las atroces torturas y homicidios de presuntos miembros de Boko Haram. El alcance y la gravedad de las torturas infligidas a mujeres, hombres y niños nigerianos en todo el país por las mismas autoridades que se supone que deben protegerlos horrorizan hasta a los observadores de derechos humanos más encallecidos”, ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional.

La tortura ni siquiera es delito en Nigeria. El Parlamento nacional debe dar este paso largamente postergado y aprobar legislación que penalice la tortura. No hay excusa para seguir demorándolo.”

Basado en cientos de testimonios y pruebas recopilados a lo largo de más de 10 años, el informe pone al descubierto el uso institucionalizado de cámaras de tortura por la policía y abusos sistemáticos por parte del ejército en un país cuya Constitución prohíbe la tortura pero que aún no ha promulgado legislación que la tipifique como delito.

En el informe también queda de manifiesto cómo la mayoría de los detenidos son recluidos en régimen de incomunicación, sin posibilidad de contacto con el exterior, incluidos abogados, familiares e instancias judiciales.

La tortura es parte integrante de la actuación policial en Nigeria hasta tal punto que en muchas comisarías existe el puesto no oficial de “responsable de torturas”. Para aplicarla, utilizan una alarmante diversidad de técnicas, que incluyen arrancar uñas o dientes, causar asfixia, aplicar descargas eléctricas o emplear la violencia sexual.

Un caso representativo es el de la joven Abosede, de 24 años, quien contó a Amnistía Internacional cómo los terribles abusos a los que fue sometida por la policía le causaron una lesión permanente:

“Una mujer policía me llevó a un cuarto pequeño y me ordenó que me quitara toda la ropa. Me separó las piernas del todo y me roció gas lacrimógeno en la vagina [...] Querían que confesara que era una atracadora [...] Empecé a sangrar [...] todavía hoy tengo dolor en el útero.”

El ejército de Nigeria está cometiendo las mismas violaciones de derechos humanos, deteniendo a miles de personas en su búsqueda de miembros de Boko Haram.

Mahmood, adolescente de 15 años del estado de Yobe, fue detenido por soldados junto a otro medio centenar de personas, en su mayoría varones de entre 13 y 19 años. Según contó a Amnistía Internacional, el ejército lo había mantenido tres semanas privado de libertad, durante las cuales los soldados lo habían golpeado reiteradamente con porras, machetes y culatas de fusil, habían derramado plástico derretido sobre su espalda y lo habían obligado a caminar y rodar sobre botellas rotas y a presenciar ejecuciones extrajudiciales de otros detenidos. Finalmente fue liberado en abril de 2013.

En el estado de Yobe, los militares llegaron a arrestar a un chico de 12 años, al que golpearon, pisotearon, derramaron alcohol por encima y obligaron a limpiar vómitos con sus manos.

“Los soldados capturan a cientos de personas en su búsqueda de individuos relacionados con Boko Haram, luego torturan a los sospechosos en un proceso de ‘criba’ que recuerda a las cazas de brujas de la Edad Media”, ha afirmado Netsanet Belay.

“La tortura alcanza estas proporciones en parte porque no se exige rendición de cuentas a nadie, en ningún nivel de la escala de mando. Nigeria necesita un cambio de planteamiento radical, apartar del servicio a todos los miembros contra los que existan denuncias verosímiles de tortura, investigar exhaustivamente todas esas denuncias y garantizar que los presuntos torturadores comparecen ante un tribunal.”

En la mayoría de los casos de denuncia por tortura contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado nigeriano documentados por Amnistía Internacional no se llevaron a cabo investigaciones adecuadas ni se tomaron medidas para procesar a los presuntos autores.

Cuando se han llevado a cabo investigaciones en el seno de la policía o el ejército, no se han hecho públicas las conclusiones y rara vez se han aplicado las recomendaciones formuladas. De los cientos de casos investigados por Amnistía Internacional, ni una sola víctima de tortura u otros malos tratos ha sido indemnizada o resarcida de otra manera por el gobierno nigeriano.

El gobierno de Nigeria es consciente del problema y en el último decenio ha constituido al menos cinco grupos, entre comités presidenciales y grupos de trabajo, para reformar el sistema de justicia penal y erradicar la tortura. Sin embargo, la aplicación de las recomendaciones de estos grupos ha sido exasperantemente lenta.

“El mensaje que queremos transmitir hoy a las autoridades nigerianas es claro: penalizar la tortura, poner fin a la detención en régimen de incomunicación e investigar exhaustivamente las denuncias de abusos”, ha dicho Netsanet Belay.

“Con ello las autoridades nigerianas darían un paso importante para acabar con esta abominable práctica. Es hora de que demuestren que pueden ser tomadas en serio en relación con este asunto.”


Palacio de Gobierno – Plaza MurilloCC BY-SA 3.0

Los candidatos presidenciales deben aprovechar la oportunidad de poner de relieve los derechos humanos y abordar las violaciones que siguen afectando a los ciudadanos de Bolivia, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de una carta abierta dirigida a los cinco candidatos que se presentan a las elecciones del 12 de octubre.

En su carta, Amnistía Internacional expone cinco motivos de preocupación clave en relación con los derechos humanos y 12 recomendaciones. La organización pide a los candidatos que se centren en medidas concretas para abordar los puntos débiles del sistema de justicia; que revelen la verdad, hagan justicia y concedan una reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares; que respeten los derechos sexuales y reproductivos; que mejoren las condiciones de reclusión y que garanticen los derechos de los pueblos indígenas.

“Estas elecciones ofrecen al nuevo gobierno una gran oportunidad para profundizar en las reformas que se han realizado hasta ahora y comprometerse a hacer los cambios en materia de derechos humanos que hacen falta con tanta urgencia”, afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“El respeto a los derechos humanos debe ser la piedra angular de toda las políticas que formulen los candidatos presidenciales en Bolivia.”

Aunque en los últimos años se han dado algunos pasos positivos para superar la discriminación y promover los derechos económicos, sociales y culturales de las personas más marginadas en Bolivia, queda mucho más por hacer para garantizar que se respetan los derechos humanos de todas las personas en el país.

“Los cinco partidos políticos deberían aprovechar esta oportunidad para proponer cómo abordarán exactamente los numerosos retos en materia de derechos humanos que existen hoy en Bolivia”, dijo Guadalupe Marengo.

Los problemas que hace tiempo aquejan al sistema de justicia, como la limitación de recursos, obstaculizan la lucha de Bolivia contra la impunidad. Los casos del pasado no han sido abordados. Muchas de las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante los regímenes militares que gobernaron el país entre 1964 y 1982 siguen esperando verdad, justicia y reparación. Amnistía Internacional pide la creación de un mecanismo independiente y dotado de recursos que arroje luz sobre estas violaciones y trabaje junto a las actuaciones judiciales.

El índice de mortalidad materna en Bolivia siguen siendo uno de los más altos de la región, y el de embarazos no deseados, especialmente entre adolescentes, sigue aumentando, lo que afecta sobre todo a las mujeres y niñas de los sectores más pobres de la sociedad.

“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de cambiar esta situación abordando las desigualdades y la discriminación actuales, lo que incluye promulgar nueva legislación sobre derechos sexuales y reproductivos, reforzar las instituciones y dedicar partidas presupuestarias a estas medidas. Todos los candidatos deben garantizar que lucharán contra la cultura de la discriminación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres y niñas”, concluyó Guadalupe Marengo.

“Cuando falta un mes para las elecciones, es hora de que los candidatos expliquen cómo van a abordar los retos en materia de derechos humanos de Bolivia. Todos estos motivos de preocupación pueden resolverse con la voluntad política adecuada y este es el momento de hacerlo.”


Miles de migrantes cruzan cada año desde el Norte de África a Europa. © GIUSEPPE LAMI/ANSA/Corbis

Los líderes europeos deben hacer más para proporcionar a las personas refugiadas y migrantes maneras seguras y legales de acceder a la protección internacional en la Unión Europea (UE); así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras el hundimiento de un barco que se dirigía a Italia frente a las costas de Libia, y ante el temor de que muchos hayan muerto ahogados.

“La respuesta de los Estados miembros de la UE a la crisis de refugiados en Oriente Medio y Norte de África ha sido vergonzosa”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“El número creciente de vidas malogradas en el mar Mediterráneo pone en evidencia la ineficacia de las actuales políticas y prácticas de la UE en materia de asilo y migración.”

“Los dirigentes europeos tratan de impedir a toda costa que la gente llegue a Europa y, como consecuencia, obligan a unas personas desesperadas a tomar rutas más peligrosas.”

“Los países europeos han ofrecido un número ridículo de plazas de reasentamiento para refugiados que huyen de conflictos, como la guerra de Siria. Un aumento significativo del número de plazas ofrecidas sería una tabla de salvación para los refugiados y contribuiría a reducir la cantidad de personas que se ven obligadas a emprender esta peligrosa ruta.”

“Los dirigentes de la UE son reacios a abrir vías seguras y legales de acceso a Europa para los refugiados y migrantes y, mientras no cambien de postura, continuará la pérdida de vidas en el mar.”

La armada libia ha informado del rescate de 36 personas tras el naufragio de un barco anoche cerca de Tayura, al este de Trípoli; según informes, a bordo iban 250 refugiados y migrantes.

Los informes recibidos indican que otros dos barcos podrían haberse hundido en el centro del Mediterráneo en días recientes, con el resultado de varios centenares de ahogados.

Según el ACNUR, más de 2.500 personas han perecido ahogadas o han desaparecido este año cuando intentaban cruzar el Mediterráneo.

Debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre milicias y la inseguridad en Libia, que es el principal punto de partida hacia Europa, el número de refugiados y migrantes que buscan la manera de salir del país ha crecido mucho.

Amnistía Internacional pide a los mandatarios de la UE que garanticen rutas seguras y legales hasta Europa para los refugiados que intentan llegar a sus fronteras, mediante programas de reasentamiento y de admisión por razones humanitarias y medidas que faciliten la reunificación familiar.

Amnistía Internacional tiene previsto publicar este mes un informe sobre las peligrosas rutas marítimas para cruzar de Libia a Italia.


La última ejecución de civiles en Pakistán tuvo lugar en 2008. © Orla 2011/Shutterstock.com

Pakistán debe desechar de inmediato sus planes aparentes de llevar a cabo la primera ejecución civil en un periodo de casi seis años y, en su lugar, declarar la suspensión de la pena de muerte como primer paso hacia la abolición; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Según informes, Shoaib Sarwar, condenado a muerte por cargos de asesinato en 1998, será ahorcado en una cárcel de Rawalpindi el 18 de septiembre de 2014.  Si se lleva a cabo, será la primera ejecución civil en Pakistán desde 2008 y la primera ejecución en el país desde 2012.

“Deben detener esta ejecución de inmediato”, ha dicho David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“La suspensión de las ejecuciones que hemos observado en años recientes es uno de los escasos ámbitos relacionados con los derechos humanos en que Pakistán puede anotarse un tanto positivo. El Estado se ha comprometido a hacer progresos en materia de derechos humanos –como beneficiario del estatus comercial preferente del Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP+) de la UE, por ejemplo–  y la reanudación de las ejecuciones sería un retroceso grave. En lugar de actuar para reanudar las ejecuciones, las autoridades deben formalizar la suspensión de la pena de muerte como primer paso hacia la abolición completa.”

Shoaib Sarwar ha agotado el proceso de apelación, en el que el Tribunal Superior de Lahore y el Tribunal Supremo desestimaron sus recursos contra la condena de muerte en 2003 y 2006, respectivamente.

La última ejecución civil en Pakistán se llevó a cabo a finales de 2008, y un soldado fue ejecutado por las autoridades militares en noviembre de 2012. El 30 de julio de 2012 estaba prevista la ejecución de un civil, Behram Khan, pero se suspendió.

El gobierno del primer ministro Nawaz Sharif amenazó con reanudar las ejecuciones al tomar posesión en 2013, pero rectificó tras recibir presiones de los grupos de derechos humanos y otros.

Hay más de 8.000 personas en espera de ejecución en Pakistán –una de las mayores poblaciones de condenados a muerte del mundo–, la mayoría de las cuales han agotado todas las vías de apelación y podrían ser ejecutadas.

Existe profunda preocupación por la falta de imparcialidad de los juicios en los que se siguen dictando sentencias de muerte. Los acusados a menudo no disponen de representación letrada adecuada y, según informes, algunos no tenían 18 años en el momento de cometerse los delitos por los que están condenados a muerte en la actualidad, en incumplimiento de las obligaciones contraídas por Pakistán en virtud del derecho internacional.

Mientras exista la pena de muerte es imposible descartar por completo el riesgo de ejecutar a inocentes. Las violaciones sistémicas del derecho a un juicio justo en el país no sólo agravan ese riesgo, sino que además suponen el quebrantamiento de las obligaciones internacionales de Pakistán”, ha afirmado David Griffiths.

“No hay pruebas concluyentes de que la amenaza de ejecución tenga un efecto disuasorio especial frente al delito. La pena de muerte es, simple y llanamente, una violación del derecho a la vida y no tiene cabida en una sociedad que respeta los derechos humanos. Pakistán debe sumarse a la mayoría de los países del mundo y declarar su abolición absoluta.”

Información complementaria
Toda medida adoptada por Pakistán para reanudar las ejecuciones va en contra de la tendencia mundial a alejarse progresivamente de la pena de muerte. En 2013, sólo 22 países del mundo llevaron a cabo ejecuciones, frente a los 25 que lo hicieron en 2004 y los 37 de 1994. En 1945, cuando se creó la ONU, solamente 8 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos; en la actualidad, 140 naciones son abolicionistas en la ley o en la práctica. En el último decenio, 18 países han abolido completamente la pena de muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.


Amnistía Internacional pide a la ONU que permita a la misión de mantenimiento de la paz desplegar lo antes posible toda su capacidad acordada: unos 12.000 efectivos entre tropas y policía © Amnistía Internacional

La nueva misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana debe desplegarse íntegramente para poder garantizar la protección de una población civil vulnerable a graves violaciones de derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional coincidiendo con el despliegue de la misión.

La misión de la ONU toma el relevo de la fuerza para el mantenimiento de la paz de la Unión Africana (UA), y a Amnistía Internacional le preocupa que, con un despliegue inicial de sólo un 65 por ciento de su capacidad aproximadamente, tenga problemas para cumplir su mandato ampliado, que incluye proteger a la población civil y conseguir la estabilización y la seguridad del país.

“El paso de la fuerza de mantenimiento de la paz de la UA a la de la ONU no debe ser un mero cambio cosmético de boinas verdes a cascos azules, sino un nuevo punto de partida para la operación de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana", ha dicho Steve Cockburn, director regional adjunto de Campañas de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “Apoyamos a la nueva misión de mantenimiento de la paz, pero nos preocupa que sólo pueda proteger eficazmente a la población civil de la amenaza de violencia física una vez que esté plenamente desplegada por todo el país”.

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), que sustituye a la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), tiene la obligación de proteger a la población civil de la amenaza de violencia física, y concretamente a las mujeres y los niños y niñas afectados por el actual conflicto armado. Para cumplir esta obligación, la MINUSCA debe demostrar a la población de la República Centroafricana que su presencia supone una diferencia tangible sobre el terreno.

El despliegue inicial de la MINUSCA es de unos 7.600 efectivos. Amnistía Internacional pide a la ONU que permita a la misión de mantenimiento de la paz desplegar lo antes posible toda su capacidad acordada: unos 12.000 efectivos entre tropas y policía. Además, la organización pide que el resto del personal esencial, como los observadores de derechos humanos, sean desplegados sin demora.

“La diferencia entre el número de efectivos prometidos y desplegados debe salvarse urgentemente. Sólo cuando toda la fuerza esté sobre el terreno, patrullando y protegiendo la población civil de la República Centroafricana, la MINUSCA podrá cumplir adecuadamente su mandato de protección”, ha dicho Stephen Cockburn.

Amnistía Internacional ha documentado toda una serie de graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, cometidos por algunas tropas de la MISCA.

La organización pide a la ONU que se asegure de que a los integrantes de la MISCA sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana no se les permita formar parte de la MINUSCA y que sean investigados y ,en los casos en que haya suficientes pruebas, rindan cuentas de sus actos.

“Todos los presuntos incidentes en los que están implicados tropas de la UA deben ser investigados, y el deficiente sistema de examen de antecedentes actual debe mejorarse para garantizar que en la misión de la ONU no hay sitio para personas sospechosas de cometer violaciones de derechos humanos”, ha dicho Stephen Cockburn.

Al mes siguiente de un incidente sucedido en Bangui el 29 de marzo de 2014, en el que murieron unos 30 civiles y resultaron heridos cientos más por tropas de mantenimiento de la paz chadianas, Chad retiró unilateralmente sus tropas de la MISCA. El 24 de marzo de 2014 el contingente aportado por República del Congo se vio implicado en la desaparición forzada de al menos 11 personas. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, ningún integrante de la fuerza de mantenimiento de la paz de la MISCA ha sido procesado por violaciones de derechos humanos.

Es fundamental que haya procesos de criba para garantizar que no se incorporan a la MINUSCA soldados y policías sospechosos de graves violaciones de derechos humanos”, ha dicho Stephen Cockburn.

“La ONU debe garantizar que su propia política sobre el examen de antecedentes de su personal en materia de derechos humanos se aplica en todas las ocasiones y que los historiales de soldados, policías y personal civil a este respecto están limpios, tanto en sus países como en el extranjero”.

 

El último informe de la organización sobre la situación en República Centroafricana es del pasado mes de julio.


Manifestación en El Cairo contra la ley sobre manifestaciones, junio 2014. © EPA/MOHAMMED SABER

Las autoridades egipcias deben liberar a los activistas que fueron detenidos simplemente por desafiar la represiva legislación sobre manifestaciones del país y cuyo juicio está previsto para el 13 de septiembre, ha dicho Amnistía Internacional.

La destacada defensora de los derechos humanos Yara Sallam y la conocida activista de derechos humanos Sanaa Seif están entre las 22 personas que van a ser juzgadas por participar en una concentración destinada a poner en peligro la “paz pública” y causar daños materiales, entre otros delitos.

“Aparentemente, se trata de otro juicio espectáculo basado en dudosas y escasas pruebas, cuyo fin es advertir claramente a cualquiera que desafíe la ley sobre manifestaciones de Egipto”, ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Este caso es la prueba más reciente de que las autoridades egipcias están decididas a acallar la protesta pacífica y sofocar toda forma de disidencia. Ninguna persona debe ser detenida por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y reunión.”

“Los cargos contra Yara Sallam, quien ni siquiera participó en la manifestación, son completamente absurdos. Permanece detenida y va a ser juzgada debido a su labor como defensora de los derechos humanos. Es presa de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.”

Según los testimonios y la información de que dispone Amnistía Internacional, los cargos son infundados casi con toda seguridad y los acusados probablemente son presos de conciencia, detenidos exclusivamente por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional ha pedido la liberación de todas las personas detenidas el 21 de junio simplemente por participar en la manifestación. Los individuos contra quienes existan pruebas suficientes de actividad delictiva violenta sólo podrán ser juzgados por delitos comunes reconocibles y en procesos plenamente conformes con las normas internacionales sobre juicios justos.

A última hora de la tarde del 21 de junio, Yara Sallam paseaba con una prima suya por el barrio residencial cairota de Heliópolis, donde estaba teniendo lugar la manifestación. Estaban comprando agua en un quiosco cuando las detuvieron a ambas. A su prima la liberaron al día siguiente, pero Yara Sallam permaneció bajo custodia porque las fuerzas de seguridad descubrieron que trabajaba en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Amnistía Internacional considera que es presa de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.

En su marcha hacia el palacio presidencial, los manifestantes habían sufrido reiterados ataques de grupos de hombres vestidos de civil. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas en el proceso de dispersar a la multitud. Una fue liberada posteriormente y otra –un niño llamado Islam Tawfik Mohamed Hassan– será juzgada por un tribunal de menores en una causa distinta.

En una vista anterior, celebrada el 29 de junio, el juez rechazó las reiteradas solicitudes presentadas por la defensa para que ordenara dejar a todos los acusados en libertad provisional. Asimismo rechazó las solicitudes presentadas para que los acusados varones no estuvieran esposados durante el juicio. A continuación se aplazó la fecha del juicio al 13 de septiembre para dar tiempo a presentar las pruebas audiovisuales, lo que suponía prolongar innecesariamente la reclusión de los acusados más de dos meses. Los abogados presentaron numerosas solicitudes para adelantar la fecha de la vista, pero todas fueron rechazadas.

El infatigable abogado de derechos humanos Ahmed Seif al Islam, padre de Sanaa Seif, falleció el mes pasado. El 28 de agosto, Sanaa se declaró en huelga de hambre para protestar por la negativa de las autoridades a permitirle estar unos momentos con su padre en sus últimos días. Otros 11 activistas, entre ellos la hermana de Sanaa, Mona Seif, también conocida activista, están en huelga de hambre para oponerse a la política de detener a los defensores de los derechos humanos en el país.

Información complementaria

Yara Sallam y otras siete mujeres procesadas en esta causa permanecen recluidas en la prisión de Al Qanater. Los hombres están en la de Tora.

Los 23 procesados están acusados de causar daños materiales, hacer demostraciones de fuerza dirigidas a atemorizar a los transeúntes y poner sus vidas en peligro, y participar en una concentración de más de cinco personas para poner en peligro la “paz pública” y cometer delitos.

De acuerdo con la Ley Reguladora del Derecho a las Concentraciones Públicas, las Procesiones y las Protestas Pacíficas (Ley 107 de 2013) de Egipto, los organizadores de una manifestación deben presentar sus planes a las autoridades, que están facultadas para anularla o modificar su recorrido. El presidente Adly Mansour firmó esta ley el 24 de noviembre de 2013.