Amnistía Internacional España

Activista de Amnistía Internacional en la Marcha del Orgullo LGBTI de Madrid del año pasado. ©Francisco Ruano Todavía 72 estados siguen criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo: 33 en África, 23 en Asia, 10 en América y 6 en Oceanía, según datos de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex). Países como Indonesia, el pasado mes de mayo, daban 83 azotes públicamente con una vara a dos hombres por haber tenido relaciones sexuales. En 13 de ellos (en todo su territorio o en parte de él), como en Arabia Saudí o Sudán, podrían condenar a pena de muerte a personas adultas que tuvieran relaciones consentidas con personas de su mismo sexo. Y aunque no criminalizan la homosexualidad, todavía hay 19 estados, entre ellos la Federación Rusa o Lituania que prohiben o limitan las expresiones públicas de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales (LGBTI).Unas cifras por las que los y las activistas de Amnistía Internacional estarán en la calle en los próximos días en diferentes ciudades españolas como Barcelona, Cáceres, Gijón o Valencia. También la organización participará el próximo 1 de julio en Madrid en la marcha del World Pride 2017 con el lema: Yo decido quién soy, es mi derecho.En los últimos años se han producido algunos avances legislativos. Según datos de ILGA , 73 estados han incorporado leyes contra la discriminación en el trabajo, 9 contienen una prohibición expresa a la discriminación por orientación sexual en su Constitución, 43 contemplan el agravante por orientación sexual de las víctimas, y otros 39, entre ellos España, recogen expresamente la prohibición a la incitación al odio en sus leyes penales. Son ya 22 estados que han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo; 18 que recogen la forma de unión civil y otros 5 estados contemplan figuras similares. Taiwán podría convertirse en el 23 país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en el primer país asiático en hacerlo, después de que a finales del mes de mayo los jueces del Tribunal Constitucional resolvieron que la actual ley sobre el matrimonio es inconstitucional en tanto que discrimina a las parejas del mismo sexo. "A Amnistía Internacional le preocupa que se estén produciendo algunos retrocesos. Por ejemplo en Europa, continúa el debate en países como Georgia, Rumanía o Lituania para restringir la definición de matrimonio como la unión entre hombre y mujer dentro de sus legislaciones. O en Chechenia, más de un centenar de hombres considerados gais han sido detenidos, humillados y torturados, y no se garantiza su seguridad. En América el número de personas trans asesinadas sigue siendo muy elevado, y la mayor parte de estos crímenes quedan impunes", manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.Personas trans, especialmente vulnerablesOtra de las preocupaciones de la organización es la situación de las personas trans, tanto por tratarse de un colectivo que es objeto de las formas más graves de violencia, como por las dificultades que tienen para que se reconozca legalmente su género sentido.Según el Observatorio Trans de Personas Asesinadas, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, se registraron 2.343 homicidios de personas trans, de los que 1.834 se produjeron sólo en América Central y del Sur. El último asesinato se producía en República Dominicana, donde Jessica Rubi Mori era brutalmente asesinada el pasado 3 de junio.Por otro lado, aunque se están produciendo avances legislativos en algunos países sobre el reconocimiento del género de las personas trans, éstas siguen enfrentándose a numerosas dificultades. Es el caso de Sakris Kupila, finlandés de 21 años. La ley de Finlandia reconoce legalmente la identidad de género, sin embargo, exige que la persona sea mayor de 18 años, tenga un diagnóstico psiquiátrico y sea esterilizada o estéril. Sakris no es estéril y no quiere serlo. A causa de su trabajo de defensa de los derechos de las personas trans, ha sufrido acoso, intimidación, amenazas y hostilidad abierta.También Amnistía Internacional, el pasado mes de mayo denunciaba cómo en países como Alemania o Dinamarca, los bebés nacidos con características sexuales que no encajan en las normas de lo femenino o lo masculino (bebés intersexuales) corren peligro de ser sometidos a una serie de intervenciones médicas innecesarias, invasivas y traumáticas que violan sus derechos humanos.Chechenia y el acoso a hombres gais Especialmente preocupante es la situación que se ha vivido en Chechenia. El pasado 1 de abril, el diario ruso Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres considerados gais habían sido secuestrados, torturados y algunos incluso asesinados en el marco de una campaña coordinada destinada a purgar a las personas por su orientación sexual. Amnistía Internacional ha podido documentar y corroborar algunas de estas informaciones y habló con testigos que contaron cómo se les humilla públicamente, lo que les podría enfrentar a poder sufrir también represalias por parte de su comunidad y de sus propias familias.Amnistía Internacional ha recogido a través de una acción internacional cerca de 700.000 firmas pidiéndole a las autoridades rusas que investiguen los informes de persecución y homicidios de hombres gais en Chechenia, las amenazas a periodistas que denunciaron esta situación, y que los presuntos responsables sean llevados ante la justicia. Las autoridades rusas tienen la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas que puedan estar en peligro en Chechenia, incluidas las personas LGBTI.Perspectiva regional de los derechos de las personas LGBTISegún el último Informe Anual de Amnistía Internacional, en África las personas LGBTI continúan sufriendo abusos o discriminación en países como Botsuana, Camerún, Kenia, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. En Kenia, por ejemplo, el Tribunal Superior de Mombasa confirmó la legalidad de los exámenes anales forzados practicados a hombres que presuntamente mantuvieron relaciones homosexuales. Unas exploraciones que vulneran el derecho a la intimidad y son considerados tortura y malos tratos por el derecho internacional.En América, Brasil sigue siendo el país más mortífero del mundo para las personas trans. En países como Argentina, Bahamas, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana o Venezuela, se mantuvieron niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución contra activistas LGBTI.En Asia, en Sri Lanka y en Bangladesh las personas LGBTI sufrieron hostigamientos, discriminación y violencia. El pasado 18 de mayo, las fuerzas de seguridad de Bangladesh detuvieron a 28 jóvenes que podrían ser de la comunidad LGBTI bajo cargo de posesión de drogas; todos siguen detenidos, en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Tampoco en este país se han rendido cuentas por el brutal homicidio de Xulhaz Mannan, director de una revista LGBTI, y de su amigo Tany Mojumdar. En Oriente Medio y Norte de África, en Bahrein, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez se detenía y encarcelaba a las personas LGBTI por cargos de "actos licenciosos" o "conducta inmoral", y se las perseguía en aplicación de leyes que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En Europa, hubo avances y retrocesos. Francia aprobó una nueva legislación que suprime los requisitos médicos para conseguir el reconocimiento legal del género, y Noruega admitió el derecho  a este reconocimiento basado en la autoidentificación, uniéndose a Dinamarca, Malta e Irlanda. Como contrapunto, las relaciones homosexuales consentidas seguían siendo delito en Uzbekistán y Turkmenistán. En Kirguistán, se aprobó en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la misma línea que Georgia, Rumanía y Lituania.Preocupaciones LGBTI en EspañaLa situación en España es menos preocupante que en otros países al contener en sus leyes garantías que reconocen y protegen los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, pero existen otros retos y problemas, como la discriminación durante el periodo escolar y la realidad de las personas trans.Según datos de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, 7 de cada 10 personas LGBTI ocultan su orientación sexual y/o su identidad de género durante la etapa escolar. Para Amnistía Internacional, urge reincorporar al currículo académico obligatorio contenidos relacionados con diversidad afectivo sexual, especialmente con el acoso que sufren las personas LGBTI, de cara a la futura reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).La organización también demanda que ningún menor de edad intersexual sea sometido a intervenciones quirúrgicas no urgentes, invasivas e irreversibles, así como garantizar que estas personas tengan atención sanitaria adecuada. Por último, Amnistía Internacional pide que se tomen medidas como abolir las restricciones de edad y cualquier otro tipo de requisito psiquiátrico para los procedimientos de reconocimiento legal de género. “Es imprescindible que se tenga en cuenta la opinión libremente expresada del menor, de acuerdo con la evolución de sus capacidades para que el cambio de género le sea accesible”, asegura Esteban Beltrán.


Cinco años después de la entrada en vigor del  Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, su reforma ha dejado de estar en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra hoy 21 de junio.Aunque la mayoría de las Comunidades Autónomas han adoptado diferentes medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, Amnistía Internacional recuerda que el Real Decreto sigue vigente, que según datos del propio Ejecutivo ha provocado la retirada sanitaria a 748.853 personas, y que sigue generando situaciones de irregularidad, lo que podría provocar un potencial efecto disuasorio en la población inmigrante a la hora de acceder a un centro médico.Amnistía Internacional le ha recordado a la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que es urgente aplicar las recomendaciones que desde diferentes mecanismos internacionales se han hecho a nuestro país desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, como son la reforma del mismo y la adopción de medidas que garanticen y blinden el derecho a la salud de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, sin ningún tipo de discriminación. Por ello, esta reforma debería estar presente en la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra hoy.Los mecanismos de protección de derechos humanos, provenientes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, calificaron la adopción del Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. "Hoy hemos hecho llegar a la Ministra de Sanidad un fonendoscopio para que pueda hacerse eco de estas recomendaciones internacionales y adopte medidas urgentes. Entre ellas, volver a poner en la agenda política la reforma del Real Decreto ley, y evaluar el impacto que toda propuesta de recorte presupuestario tiene en las personas y colectivos más desfavorecidos, como es el caso de las personas migrantes en situación administrativa irregular", señaló Marta Mendiola, responsable del trabajos sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional España.Información complementariaLos mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son, entre otros, dentro de Naciones Unidas el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal de España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.///FIN


Cinco años después de la entrada en vigor del  Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, su reforma ha dejado de estar en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra hoy 21 de junio.Aunque la mayoría de las Comunidades Autónomas han adoptado diferentes medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, Amnistía Internacional recuerda que el Real Decreto sigue vigente, que según datos del propio Ejecutivo ha provocado la retirada sanitaria a 748.853 personas, y que sigue generando situaciones de irregularidad, lo que podría provocar un potencial efecto disuasorio en la población inmigrante a la hora de acceder a un centro médico.Amnistía Internacional le ha recordado a la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que es urgente aplicar las recomendaciones que desde diferentes mecanismos internacionales se han hecho a nuestro país desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, como son la reforma del mismo y la adopción de medidas que garanticen y blinden el derecho a la salud de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, sin ningún tipo de discriminación. Por ello, esta reforma debería estar presente en la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra hoy.Los mecanismos de protección de derechos humanos, provenientes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, calificaron la adopción del Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. "Hoy hemos hecho llegar a la Ministra de Sanidad un fonendoscopio para que pueda hacerse eco de estas recomendaciones internacionales y adopte medidas urgentes. Entre ellas, volver a poner en la agenda política la reforma del Real Decreto ley, y evaluar el impacto que toda propuesta de recorte presupuestario tiene en las personas y colectivos más desfavorecidos, como es el caso de las personas migrantes en situación administrativa irregular", señaló Marta Mendiola, responsable del trabajos sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional España.Información complementariaLos mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son, entre otros, dentro de Naciones Unidas el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal de España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.///FIN


La investigadora de AI, Donatella Rovera, en Sudán del Sur © AI Decenas de miles de civiles de la región sursudanesa del Alto Nilo se vieron obligados a desplazarse cuando las fuerzas gubernamentales quemaron, bombardearon y saquearon sistemáticamente sus casas entre enero y mayo de 2017; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras entrevistar a decenas de víctimas y testigos presenciales.
Civiles pertenecientes a la minoría shilluk contaron a Amnistía Internacional cómo las tropas gubernamentales y sus milicias aliadas robaron todo lo que pudieron tras los ataques, desde provisiones alimentarias hasta muebles, e incluso las puertas de entrada de las casas. El jefe de un poblado describió la destrucción como si la zona hubiera sido “arrasada por una inundación”.
Aun teniendo en cuenta el historial de hostilidad étnica en Sudán del Sur, es absolutamente escandaloso.
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“Aun teniendo en cuenta el historial de hostilidad étnica en Sudán del Sur, es absolutamente escandaloso el desplazamiento masivo, casi completo, de la minoría étnica shilluk”, ha dicho Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.
“Amplias zonas del territorio habitado por los shilluk han sido devastadas, con incendio de viviendas de civiles y saqueo de sus bienes y provisiones de alimentos, por lo que sus perspectivas de volver a sus hogares son escasas, en vista de la creciente crisis humanitaria en la región y su miedo a nuevos episodios de violencia.”
La ofensiva llevada a cabo por el gobierno en el Alto Nilo entre enero y mayo de 2017, con la ayuda de milicias de etnia dinka, le permitió reconquistar territorio que en los últimos años había estado controlado por un grupo armado de oposición formado por combatientes shilluk agwelek bajo el mando de Johnson Olony. Causó el desplazamiento de decenas de miles de civiles shilluk, incluida casi toda la población de numerosas ciudades y pueblos de la ribera occidental del Nilo Blanco.
Amnistía Internacional ha reunido imágenes de satélite que muestran la destrucción de casas y otros bienes de carácter civil en la zona central de Wau Shilluk, incluido un templo tradicional (radd). La mayoría de la gente que vive en la región reside en un tukul, caseta con techo de paja, que es altamente inflamable.
A finales de mayo y principios de junio, investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a 79 víctimas y testigos presenciales de los abusos en un campo específico para personas desplazadas establecido en Aburoc y en el centro de protección de civiles (POC) de la ONU en Malakal, ambos en la región del Alto Nilo. Hablaron también con múltiples trabajadores humanitarios, funcionarios de la ONU y personalidades políticas y de la sociedad civil en Aburoc, Malakal y Yuba.
La organización documentó varios homicidios de civiles a manos de las tropas del gobierno en el curso de la ofensiva. Algunos de los homicidios fueron claramente deliberados, ya que se disparó contra las víctimas cuando estaban cautivas o por la espalda cuando intentaban escapar.
Víctimas y testigos presenciales describieron también ataques indiscriminados de artillería e incendios selectivos (y hasta un bombardeo desde un avión Antonov) que destruyeron viviendas de civiles. En unos cuantos casos, personas ancianas o indefensas que no pudieron escapar murieron quemadas en sus casas.
Algunos shilluks han regresado a sus casas tras la ofensiva, pero la inmensa mayoría continúa desplazada. Decenas de miles han huido al norte y han pasado a ser refugiadas en Sudán, y unas 10.000 más sobreviven en condiciones muy precarias en un campo específico instalado en el pueblo de Aburoc, asolado por situaciones de escasez extrema y casos de cólera.
Situado en un enclave controlado por las fuerzas de oposición agwelek, aliadas del Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición, Aburoc está patrullado por un pequeño contingente de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU enviado allí para facilitar el reparto de la ayuda humanitaria. Dado que carece de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas, el campo no está preparado para servir de refugio a largo plazo a gran cantidad de personas desplazadas.
“Privados de alimentos y enseres, los civiles shilluk van a necesitar ayuda humanitaria para volver a casa. Pero, sobre todo, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU deben estar preparadas y dotadas de los recursos necesarios para garantizar que se protegerá su seguridad”, ha dicho Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.


En respuesta al ataque perpetrado anoche en el parque Finsbury de Londres, Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado lo siguiente:“Los informes sobre este ataque terrorista selectivo son profundamente tristes. Los pensamientos de todas las personas que forman Amnistía Internacional están con todos los afectados.”“Debemos permanecer unidos como nación a pesar de las acciones de quienes intentan dividirnos.”“El odio no tiene cabida.”“Este fin de semana, en el multitudinario acto ‘Great Get Together’, millones de británicos se sumaron a una importante declaración de rechazo al odio y la división.”“Hay que seguir desafiando al odio y demostrando mutuamente compasión y comprensión estas circunstancias difíciles.”


Los países ricos no cumplen con su obligación de ayudar a los miles de personas refugiadas que han llegado a Uganda huyendo de la muerte, las violaciones y otros abusos contra los derechos humanos que se comenten en Sudán del Sur, ha manifestado Amnistía Internacional en un abrumador informe presentado en vísperas de la cumbre de la donantes de alto nivel convocada en la capital ugandesa, Kampala.
Mas de 900.000 personas han huido del conflicto brutal de Sudán del Sur y han buscado refugio en Uganda, pero la falta de financiación hace que muchas de ellas no reciban servicios básicos como alimentos, agua y cobijo.  Al menos el 86% son mujeres y niños y niñas.
“Uganda ha seguido mostrándose receptiva y generosa en un momento en que muchos países están cerrando sus fronteras a las personas refugiadas, pero está sometida a increíble tensión, porque los fondos se están agotando y siguen llegando a diario miles de personas de Sudán del Sur”, ha explicado Muthoni Wanyeki, director de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Los donantes, en especial Estados Unidos, los países de la UE, Canadá, China y Japón, deben intensificar su apoyo a Uganda garantizando la llegada a tiempo de los fondos necesarios para atender las necesidades a corto y largo plazo de la población refugiada. Las personas refugiadas no deben convertirse en las últimas víctimas de una vergonzosa falta colectiva de cooperación internacional.”Una delegación de Amnistía Internacional ha realizado visitas de investigación a asentamientos de personas refugiadas de cuatro distritos del norte de Uganda –Adjumani, Moyo, Yumbe y Arua– y ha visto por sí misma los efectos de estos problemas de financiación. Las personas refugiadas y los organismos de ayuda humanitaria hablan de una falta desesperada de comida, agua, cobijo y otros servicios básicos debida a la financiación insuficiente. Hay también una grave falta de apoyo a grupos vulnerables como los menores no acompañados, las personas con discapacidad y las personas ancianas.Nunu, mujer de 24 años y con un hijo, con quien Amnistía Internacional habló en el asentamiento de personas refugiadas de Bidi Bidi, distrito de Arua, explicó: “Conseguir agua es un problema. Y hay también problemas con la comida [...] No comemos comida de verdad en esta casa.”Amina, que vive con su esposo y sus hijos en el asentamiento de Pagyrina, distrito de Adjumani, contó: “Lo peor aquí es el agua y la falta de comida. Antes daban comida, pero ya se ha acabado. El agua en un gran problema [...] La población en enorme, pero sólo traen una vez al día.”Tortura , homicidios y violaciones en Sudán del SurLas personas refugiadas de Sudán del Sur huyen de una de las peores situaciones de violencia que sufre el sur de la región de Ecuatoria desde que el país quedó sumido en un conflicto armado en diciembre de 2013. Han muerto miles de personas, y cerca de 1,8 millones se han visto obligadas a exiliarse.La delegación de Amnistía Internacional habló en Uganda con más de 80 personas refugiadas, todas las cuales contaron historias terribles de tortura, homicidios indiscriminados, violaciones y saqueos generalizados.
Joyce, de 37 años, vio a unos soldados asestar múltiples puñaladas a su esposo, hasta matarlo. “Después de detenerlo, no gastaron una sola bala, sino que utilizaron cuchillos para apuñalarlo hasta que murió”, explicó.
Jane, de 28 años, fue violada por tres hombres de uniforme que irrumpieron en su casa y mataron a tiros a su esposo. “El motivo de que me fuera es que [...] mataron a mi esposo. Entraron en la casa, le dispararon y empezaron a violarme” , dijo.Patrick, de 19 años, contó a Amnistía Internacional que a su hermano y a él los habían encerrado en un contenedor junto con otros dos hombres en un cuartel militar de la localidad de Nyepo. “Todas las noches nos sacaban uno a uno con los ojos vendados, nos interrogaban y nos golpeaban. Tenían pinzas [...] para pellizcarnos y retorcernos los dedos”,  explicó.Patrick consiguió al final escapar, pero no ha averiguado aún si su hermano continúa vivo.
Debido a la falta de fondos, no se presta en general ayuda a largo plazo a estas personas refugiadas sometidas a altos niveles de trauma, ni siquiera apoyo psicosocial.
En mayo de 2017 sólo se habían recibido el 18% de los fondos que necesita la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, para atender a la población refugiada sursudanesa de Uganda. El ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 57 agencias de ayuda humanitaria han hecho posteriormente un llamamiento para que se entreguen más 1.400 millones de dólares con que prestar asistencia esencial, incluidos alimentos y cobijo, antes del final de 2017.
“A pesar de haber una necesidad tan grande de fondos y de los múltiples llamamientos de Uganda y la ONU para que se aumenten, los donantes siguen sin responder. Al no asumir la responsabilidad junto con Uganda, los países donantes no están protegiendo la vida de miles de personas refugiadas, algo que tienen la obligación de hacer según el derecho internacional. La Cumbre de la Solidaridad de Uganda es una oportunidad para cambiar esta situación”, ha afirmado Muthoni Wanyeki.Información complementariaLa política sobre refugiados de Uganda es una de las más progresistas del mundo, pues concede a las personas refugiadas libertad relativa de circulación, acceso a servicios básicos como educación y atención de la salud, y libertad para trabajar y tener un negocio.
Del 22 al 23 de junio tendrá lugar en Kampala la Cumbre de Solidaridad con los Refugiados de Uganda, convocada por la ONU y Uganda para movilizar apoyo mundial a la población refugiada sursudanesa.
El conflicto de Sudán del Sur comenzó en diciembre de 2013, tras acusar el presidente Salva Kiir al vicepresidente, Riek Machar, de tramar un golpe de Estado. Todas las iniciativas tomadas posteriormente para encontrar una solución diplomática al conflicto han fracasado, por lo que se han producido nuevos estallidos bélicos.El conflicto ha tenido efectos devastadores en la población civil, incluida hambruna, violencia étnica y, según informes, posible genocidio. También ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados de África y a la tercera mayor del mundo tras las de Siria y Afganistán.


Las autoridades egipcias deben detener de inmediato la ejecución inminente de siete hombres que fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos, ha afirmado Amnistía Internacional tras pedir que se remita el asunto a los magistrados supremos de la más alta instancia judicial de Egipto, el Tribunal de Casación. La organización ha advertido recientemente de que las reformas jurídicas aprobadas por el presidente Abdel Fattah al Sisi, que limitan el proceso de apelación judicial, pueden contribuir a que se produzca un repunte de las condenas de muerte y las ejecuciones en el país.
Al menos seis de estos hombres fueron sometidos a desaparición forzada y torturados para obtener “confesiones”, que un tribunal penal de Mansoura utilizó luego para declararlos culpables de asesinar a un agente de policía y de establecer una organización “terrorista”. El Tribunal de Casación confirmó la sentencia la semana pasada. En una causa aparte, otro hombre corre riesgo inminente de ejecución tras haber perdido su recurso definitivo ante el mismo tribunal. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre durante una protesta en Alejandría.
“Con independencia de los hechos en los que estos hombres puedan estar implicados, someter a desaparición forzosa a presuntos delincuentes y torturarlos para hacerlos confesar no es justicia. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Nadie debe ser privado del derecho a la vida, por horrible que sea el delito del que haya sido acusado”, ha señalado Najia Bounaim, directora de Campañas para el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Se está agotando ya el tiempo para salvar la vida de estos hombres, que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Las autoridades egipcias deben detener de inmediato estas ejecuciones y ordenar que los siete hombres sean sometidos a un nuevo juicio, que sea justo, en el que no se recurra a la pena de muerte y que no este basado en pruebas obtenidas presuntamente mediante tortura.
El 7 de junio, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó las condenas de muerte de Bassem el-Khereby, Ahmed Meshaly, Ibrahim Azab, Mahmoud Wahba, Khaled Askar y Abd el-Rahman Atteia tras un juicio lleno de irregularidades. El hombre de cuyo asesinato están acusados era guardia policial de un juez que formó parte un tribunal ante el que fue juzgado el presidente Mohamed Morsi. El presidente egipcio dispone de 14 días para reducir la condena antes de que se fije la fecha definitiva de la ejecución.
Los abogados de los condenados presentaron el 15 de junio un recurso final ante la Fiscalía para solicitar un nuevo juicio, por considerar que en el anterior había habido errores que afectaron al debido proceso. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.
De acuerdo con sus familias y sus abogados, los hombres fueron detenidos por la Agencia de Seguridad Nacional en marzo de 2014 y estuvieron sometidos a desaparición forzada por periodos de entre tres días y tres meses, en los que no tuvieron acceso a sus familiares y abogados ni al mundo exterior y fueron torturados para obtener de ellos “confesiones” grabadas en vídeo . Los tuvieron recluidos en distintos lugares de todo el país, incluida la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo.
Los padres de al menos tres de ellos dijeron a Amnistía Internacional que no supieron que habían sido detenidos  hasta que los vieron “confesando” en la televisión, con contusiones en la cara. Cuando se permitió por fin a sus familias ir a verlos a prisión, los hombres les dijeron que habían sido torturados con métodos como violarlos analmente con un palo en reiteradas ocasiones, aplicarles descargas eléctricas en los genitales y en otras partes del cuerpo y tenerlos hasta cuatro días colgados en posturas en tensión. Explicaron que los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional les habían hecho quemaduras en el cuello con colillas de cigarrillos y habían amenazado con violar a sus madres y sus hermanas para obligarlos a confesar.
Los hombres se retractaron posteriormente de sus confesiones ante un fiscal de los servicios de Seguridad del Estado de El Cairo, explicando que los habían torturado. Sin embargo, los llevaron de nuevo a la Agencia de Seguridad Nacional, donde volvieron a torturarlos para castigarlos por haber retirado sus declaraciones y los llevaron por segunda vez al fiscal, ante el que “confesaron” tener miedo de sufrir más represalias.
Los abogados de los hombres han dicho también a Amnistía Internacional que les negaron el acceso a asistencia letrada durante el interrogatorio y que las sentencias estuvieron basadas totalmente en pruebas obtenidas por medio de tortura y en investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional llenas de irregularidades. El tribunal ignoró además pruebas periciales según las cuales al menos dos de los hombres presentaban en el cuerpo contusiones y quemaduras causadas bajo custodia, y se negó reiteradamente a remitir a los acusados la Autoridad Médico Forense para que se investigaran sus denuncias de tortura.
Aunque el Tribunal de Casación admitió el recurso y revisó los incidentes de la causa, no fijo una fecha para un juicio donde los abogados pudieran presentar sus argumentos. Además, el tribunal aplicó unas draconianas reformas jurídicas del sistema de apelación judicial aprobadas recientemente, que anulan el derecho de los acusados a un nuevo juicio y limitan la presentación de recursos a una etapa, en vez de dos, lo que prepara el terreno para más condenas de muerte y ejecuciones aún.
La causa de Alejandría
El Tribunal de Casación ha confirmado también la condena de muerte impuesta a Fadl Abdel Mawla en abril de  2017 en una causa aparte. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre copto durante una protesta celebrada en Alejandía el 15 de agosto de 2013, y corre también riesgo inminente de ejecución. Su abogado ha dicho que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional lo sometieron a malos tratos en la dirección de seguridad de Alejandría para intentar, en vano, hacerle confesar.
Abogados que conocen el caso han explicado a Amnistía Internacional que, para declararlo culpable, el tribunal se basó por completo en el testimonio de un testigo que, según abogados y grupos locales de derechos, fue presionado por un agente de la Agencia de Seguridad Nacional para que prestara declaración.  Sus abogados presentaron también al tribunal documentos oficiales donde se afirmaba que Fadl Abdel Mawla estaba en el trabajo en el momento de la protesta. Han presentado un recurso en la Fiscalía solicitando un nuevo juicio. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.
Información complementaria
El uso de la pena de muerte en Egipto ha aumentado enormemente desde 2013, año en que no se registró ninguna ejecución y se condenó a muerte a 109 personas. El número de ejecuciones aumentó de 15 en 2014 a 22 en 2015, y se duplico hasta alcanzar las 44 en 2016. El número de personas condenadas a muerte aumentó a 509 en 2014 y a 538 en 2015, antes de descender a 237 en 2016.


Madrid.- El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, ha presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre su visita a Australia y al centro de tramitación de personas migrantes y refugiadas de Nauru. En él recomienda, entre otras medidas, el cierre, lo antes posible, de los centros para refugiados situados en Nauru y Papúa Nueva Guinea, “para acabar con la sistemática violación de derechos humanos que está provocando este tipo de políticas del gobierno australiano”.
Asimismo, también pide que los menores y las familias sean trasladadas al continente, donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Amnistía Internacional, que ha denunciado la situación en la que se encuentran las personas refugiadas en estos centros, gestionados por la empresa Broadspectrum, propiedad de la española Ferrovial, ha valorado positivamente este informe.
Detenciones arbitrarias, separaciones indefinidas de sus familiares, restricciones de servicios sociales, falta de acceso a procesos de asilo, así como malos tratos (que incluyen abusos verbales y físicos) y condiciones duras e inadecuadas que producen en las personas refugiadas ansiedad, enfermedades mentales, estrés postraumático y depresión, son algunas de los abusos que denuncia Naciones Unidas, tal y como advirtió Amnistía Internacional en varios informes. El Relator hace especial hincapié en las circunstancias en las que se encuentran los menores en Nauru, algunos de los cuales han llegado hasta a intentar suicidarse y muestran signos de autolesiones y de problemas de desarrollo, tal y como había descrito AI.
El informe del relator es una prueba más de que persisten estos abusos, a pesar de que Ferrovial, propietaria de Broadspectrum, aseguraba en su carta de respuesta a las denuncias presentadas por AI que “muchas de las denuncias surgieron antes de que Broadspectrum comenzara a prestar servicios”. “Además, si es cierto, tal y como afirmaba en su carta, que Ferrovial trabaja en cooperación con organismos independientes e internacionales para revisar sus servicios, debería tener en cuenta estas recomendaciones de Naciones Unidas, que coinciden con las hechas por nuestra organización”, asegura Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional.  
En el documento, el Relator también lamenta que no sea suficientemente adecuado el mecanismo interno para hacer reclamaciones o denunciar abusos que tienen lugar en los centros, a pesar de que Ferrovial aseguraba que mantenía unos “procedimientos estrictos con respecto a la prestación de servicios de Broadspectrum, que incluyen procesos de prevención y respuesta”. El Relator incluso pone el ejemplo de que cuando existen casos de agresiones sexuales, la respuesta ha sido simplemente la de transferir a los perpetradores a otros centros. “La empresa española Ferrovial es cómplice de estos abusos y debe dejar de mirar hacia otro lado y excusarse en que no renovará su contrato en octubre: ¿o es que mientras tanto las personas refugiadas no tienen derechos humanos?”, denuncia Eva Suárez-Llanos.  
Por último, Naciones Unidas ha recordado también en su informe que los proveedores de servicios en los centros de detención, entre los que se encuentran Broadspectrum, filial de Ferrovial, tienen la obligación de respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus actividades.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para exigir a Ferrovial que ponga fin a sus operaciones en Nauru y Manus lo antes posible, y ha hecho llegar el informe de Naciones Unidas a la empresa.


© AI Tras ordenar un tribunal de apelación húngaro celebrar un nuevo juicio en la causa contra Ahmed H., sirio condenado a 10 años de prisión por cometer un “acto de terror” durante unos enfrentamientos con los guardias de fronteras ocurridos en la frontera serbio-húngara, Todor Gardos, investigador de Amnistía Internacional sobre Hungría , ha manifestado:
“Es un paso importante en el camino de la justicia para un hombre cuya absurda sentencia condenatoria estuvo basada en la aplicación manifiestamente indebida de disposiciones sobre terrorismo.
“La decisión de hoy es una clara indicación de que el tribunal de primera instancia no examinó bien las pruebas contra Ahmed H y sugiere que podría haber sido declarado culpable erróneamente.
“Arrojar piedras no puede equiparse en realidad a un acto de terrorismo, y el nuevo juicio brindará la oportunidad de garantizar que la legislación contra el terrorismo deja de utilizarse de forma indebida como en este caso.
“No hay razón para que Ahmed H continúe en prisión preventiva. Debe ser puesto en libertad y sometido a un juicio justo sin demora.”
Amnistía Internacional hace campaña por este caso desde febrero de 2017. La presión para lograr su liberación continúa: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/hungria-ahmed-may17/
Información complementaria
En agosto de 2015, Ahmed dejó a su familia en Chipre para ir a ayudar a sus ancianos padres y a otros seis familiares a huir de Siria y buscar seguridad en Europa. Un mes después se encontraron atrapados junto con cientos de personas refugiadas más en la frontera húngara, al haber vallado la policía el paso fronterizo con Serbia.
Al intentar algunas personas refugiadas cruzarlo, estallaron enfrentamientos. La policía húngara respondió con gas lacrimógeno y un cañón de agua, causando lesiones a decenas de personas. Algunas personas lanzaron piedras, entre ellas Ahmed. No obstante, las imágenes aparecidas en las noticias muestran también claramente que Ahmed utilizó un megáfono para pedir a ambos bandos que mantuvieran la calma.
Por este incidente, un tribunal húngaro lo declaró culpable de un “acto de terror”, en aplicación de la extremadamente imprecisa legislación húngara contra el terrorismo, y lo condenó a 10 años de prisión.


Imagen de un zapato de una persona migrante entre las vías de un tren en México // Amnesty International/Lene Christensen El viaje, ya de por sí peligroso, de decenas de miles de personas refugiadas se ha vuelto aún más mortal gracias a la orden ejecutiva sobre control fronterizo e inmigración dictada por el presidente Trump, así como por las arraigadas e imprudentes prácticas de México. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe basado en investigaciones intensivas llevadas a cabo a ambos lados de la frontera.Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México explora el catastrófico impacto de una serie de nuevas políticas y prácticas en curso que dan lugar a la devolución forzada ilegal de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y amenazan con encerrar ilegalmente a miles de familias más, incluidos bebés, niños y niñas, en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos.
Estados Unidos y México son socios en el crimen
Erika Guevara-Rosas Amnistía Internacional
“Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“La estrategia del muro fronterizo del presidente Trump no reconoce que, si quieren vivir, estas personas no tienen más opción que huir de sus hogares. El muro de Trump, sus cuestionables órdenes y sus centros (cada vez más numerosos) de detención para inmigrantes no impedirán que la gente trate de entrar en Estados Unidos. Al contrario: para lo único que servirán es para obligar a esas personas a tomar rutas mortales a través del desierto, el río y el mar.”“En este enfermizo juego del ratón y el gato, las únicas que pierden son los cientos de miles de personas que huyen desesperadas de la violencia extrema y mortal de los países centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En lugar de empujar a la gente a una muerte probable, Estados Unidos debe anular su orden ejecutiva de seguridad fronteriza y replantear desde el principio su control de la inmigración.”Devoluciones forzadas y detenciones ilegalesTras una intensa investigación sobre el terreno llevada a cabo desde febrero de este año en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, Amnistía Internacional concluyó que la serie de medidas tomadas por el presidente Trump para “hacer frente a la inmigración” violan el derecho internacional. Entre esas medidas se encuentra la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017 sobre “Mejoras a la Seguridad Fronteriza y el Control de la Inmigración”, y otras medidas que permiten la devolución forzosa de personas a situaciones que amenazan su vida, así como un incremento de la detención obligatoria ilegal, durante meses, de solicitantes de asilo y familias.En la frontera entre Estados Unidos y México Amnistía Internacional encontró solicitantes de asilo que le dijeron que las nuevas medidas les obligaban a correr el riesgo de sufrir extorsión o violencia al tener que pagar a traficantes de personas para entrar en Estados Unidos. En algunas zonas del desierto de Arizona se han duplicado las muertes de personas migrantes desde que Trump fue elegido.Según un gran número de abogados, organizaciones no gubernamentales, migrantes y defensores y defensoras de los derechos humanos, los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense han negado ilegalmente la entrada a solicitantes de asilo en puntos fronterizos de aduana a lo largo de la frontera.Un matrimonio que había huido de Honduras junto con su hija después de que el esposo fuera agredido, tiroteado y perseguido por una poderosa mara, contó a Amnistía Internacional que los habían rechazado en el paso fronterizo de McCallen, Texas, en seis ocasiones durante un periodo de tres días en enero de 2017, pese a que se habían presentado ante los funcionarios de la CBP para pedir asilo.Nicole Ramos, abogada estadounidense que, entre diciembre de 2015 y abril de 2017, acompañó a 71 solicitantes de asilo al paso fronterizo de San Diego-Tijuana, contó a Amnistía Internacional que, en casi todas las ocasiones, los funcionarios de la CBP intentaron negar la entrada a las personas solicitantes de asilo o les dieron instrucciones incorrectas, como remitirlas al Consulado de Estados Unidos en México.La orden ejecutiva de seguridad fronteriza del presidente Trump también incluye un aumento de la capacidad de los centros existentes de detención de personas migrantes y solicitantes de asilo.Según el Departamento de Seguridad Nacional, existen planes para asignar hasta 33.500 plazas más en los centros de detención para inmigrantes, lo que podría multiplicar por dos la capacidad diaria de detención del país. Esta cifra es muy superior a las 34.000 plazas diarias impuestas por el Congreso, y refuerza la crueldad que subyace tras lo que ya es el sistema de detención por motivos de inmigración más grande del mundo.Amnistía Internacional ha documentado casos de familias con bebés y niños que han permanecido encerradas más de 600 días. En los próximos meses, el Congreso estadounidense debatirá si financia semejante crueldad en el presupuesto de 2018. Se calcula que mantener a una persona en un centro de detención cuesta al gobierno estadounidense entre 126 y 161 dólares al día, mientras que las medidas alternativas a la detención cuestan tan sólo 6 dólares diarios por persona.México, ¿el portero de Estados Unidos?Amnistía Internacional también ha concluido que México está incumpliendo su responsabilidad de proteger al creciente número de personas centroamericanas que buscan protección en el país.Según cifras oficiales, en 2016 se presentaron en México una cifra récord de 8.788 solicitudes de asilo, en comparación con las 1.296 de 2013. El 35% de los solicitantes recibieron el reconocimiento de la condición de refugiado.El 91% de las solicitudes procedían de ciudadanos y ciudadanas del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), una zona asolada por la violencia, y la agencia de la ONU para los refugiados prevé que el número de solicitudes pueda llegar hasta 20.000 en 2017.En lugar de brindar protección, México está devolviendo gente a situaciones extremadamente peligrosas. En 2016, el Instituto Nacional de Migración mexicano detuvo a 188.595 personas migrantes en situación irregular, de las que el 81% procedían de Centroamérica, y deportó a 147.370 a sus países de origen. El 97% de las personas deportadas procedían de El Salvador, Honduras y Guatemala.A muchas no se las informó de su derecho a pedir protección mediante una solicitud de asilo.Un hondureño de 23 años dejó su país hace cinco años porque temía por su vida y ha sido deportado desde México más de dos docenas de veces. Tras haber sido reclutado a la fuerza a por una mara los 13 años, siendo huérfano, la mara quiere matarlo por haber huido de sus filas. “Yo he sido deportado 27 veces. A los agentes del INM no les importa por qué sales de tu país. Se burlan de ti.”Cuando Amnistía Internacional planteó la cuestión a las autoridades, un funcionario del Instituto Nacional de Migración mexicano en el estado meridional de Chiapas dijo: “Tratamos que el retorno a sus países sea lo más rápido posible”.NOTA PARA PERIODISTAS:Enfrentando muros se publica mientras los gobiernos estadounidense y mexicano celebran en Miami una conferencia de alto nivel sobre seguridad y gobernanza en El Salvador, Honduras y Guatemala, los países de los que huyen la mayoría de los solicitantes de asilo.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para pedir a Ivanka Trump que muestre su compromiso con los menores migrantes.