Botes de gas lacrimógeno recogidos por investigadores de Amnistía Internacional en Bahréin en abril de 2011. © Amnestía Internacional

Bahréin debe investigar más de una decena de muertes ocurridas tras haber hecho las fuerzas de seguridad uso indebido de gas lacrimógeno, ha manifestado Amnistía Internacional al saber que esta semana ha resultado gravemente herida en Manama una persona más debido a un bote de gas lacrimógeno.

El martes pasado, Mohammad al-Muwali, de 20 años, resultó herido de gravedad y tuvo que ser hospitalizado tras ser golpeado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno lanzado por la policía antidisturbios en una manifestación contra el gobierno convocada en el barrio de Karrana de la capital bahreiní.

Un grupo de derechos humanos de Bahréin ha informado de al menos 13 muertes provocadas por el uso por parte de las fuerzas de seguridad de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, así como dentro de viviendas, desde febrero de 2011, lo que revela un aumento del número de muertes por esta causa en los últimos meses.

“El aumento del número de víctimas mortales y los relatos de testigos indican que las fuerzas de seguridad de Bahréin están utilizando de manera indebida el gas lacrimógeno, que lanzan incluso en viviendas y otros lugares cerrados”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades bahreiníes deben investigar las más de 12 muertes ocurridas, según informes, tras haberse utilizado gas lacrimógeno y dar explicaciones por ellas. Es preciso indicar a las fuerzas de seguridad cómo deben utilizar el gas lacrimógeno de acuerdo con las normas internacionales relativas al mantenimiento del orden público.”

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de muchos países utilizan el gas lacrimógeno como agente de control de disturbios con el que disolver concentraciones violentas que amenacen el orden público.

Pero si se utiliza el gas lacrimógeno de manera indebida -lo que incluye emplearlo en zonas cerradas o contra manifestantes desarmados que no hagan más que ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión- , su uso puede constituir una violación de derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades bahreiníes que hagan públicas las instrucciones dadas a las fuerzas de seguridad participantes en operaciones de control de manifestaciones.

Testigos presenciales han contado a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad de Bahréin han disparado deliberadamente botes de gas lacrimógeno en el interior de viviendas particulares, a menudo con terribles consecuencias para quienes se encontraban en ellas.

La abogada bahreiní Fatima Khudair ha contado que la policía antidisturbios utilizó gas lacrimógeno cuando se presentó en su casa, en el pueblo de Sitra, al sur de la capital, el 5 de enero. Afirma que había en la casa alrededor de 12 personas, todas ellas mujeres y niños, cuando unos 30 agentes irrumpieron en ella y comenzaron a golpearlas.

Fatima Khudair ha explicado que uno de los agentes arrojó un bote de gas lacrimógeno en una de las habitaciones antes de lanzar otros cinco en un patio adyacente. El gas afectó gravemente a la hija de siete años de la abogada, Maryam ‘Issam Ghanem, que padece asma y no se ha recuperado aún.

Zaynab ‘Ali Ghanim, cuñada de Fatima Khudair, también fue hospitalizada debido a una inflamación ocular provocada por el gas, entre otras lesiones que le causó la policía.

Informes de activistas de los derechos humanos y recientes noticias aparecidas en los medios de comunicación indican que se han producido varias muertes como consecuencia del uso de gas lacrimógeno dentro de viviendas por parte de las fuerzas de seguridad de Bahréin.

Salma Mohsin Abbas, de 81 años, murió tras arrojar un agente de seguridad un bote de gas lacrimógeno en su casa, en el pueblo de Barbar, el 13 de enero. Según su hijo, el bote entró por la puerta, que estaba abierta, tras haber dispersado ya las fuerzas de seguridad una manifestación que se había organizado en el pueblo.

El 20 de enero, Yaseen AlAsfoor, de 14 años, murió tras pasar tres semanas hospitalizado por haber disparado las fuerzas de seguridad tres botes de gas lacrimógeno contra su casa, en el pueblo de Ma’ameer, al sur de Manama. Padecía asma, y tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos del complejo médico de Salmaniya, en Manama, debido a una insuficiencia pulmonar.

Sayyed Hashem Saeed, de 15 años, murió al ser golpeado por un bote de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa al responder a una manifestación celebrada en Sitra, al sur de Manama, el 31 de diciembre de 2011. Posteriormente, las fuerzas de seguridad utilizaron también gas lacrimógeno para dispersar a los asistentes a su funeral.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Estados Unidos que suspenda las transferencias de gas lacrimógeno y demás material antidisturbios a las autoridades bahreiníes. Se encontraron botes de gas lacrimógeno y balas de goma de fabricación estadounidense tras el asalto efectuado por la policía de seguridad el 17 de febrero de 2011 contra las protestas pacíficas de la entonces llamada glorieta de la Perla de Manama.

Estados Unidos detuvo en octubre de 2011 un envío de armas pendiente de salir para Bahréin, en medio de la indignación suscitada por los abusos contra los derechos humanos que estaban cometiéndose.

Mientras tanto, el gobierno de Brasil ha abierto, según informes, una investigación sobre la presunta venta de gas lacrimógeno a las autoridades bahreiníes por parte de empresas brasileñas.

Amnistía Internacional pide también que el gas lacrimógeno y otras armas, municiones y material utilizados en operaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se incluyan entre las armas convencionales reguladas por el tratado internacional sobre el comercio de armas que va a negociarse este año.

Varios detenidos han muerto tras ser sometidos a tortura en Libia en las últimas semanas y meses en un contexto de torturas y malos tratos generalizados contra presuntos combatientes y seguidores de Gadafi, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La delegación de Amnistía Internacional que está actualmente en Libia se ha reunido con detenidos en Trípoli, Misrata y Gheryan y sus alrededores, que mostraban señales visibles de torturas infligidas en los últimos días y semanas. Sus lesiones incluían heridas abiertas en la cabeza, extremidades, espalda y otras partes del cuerpo.

La tortura es infligida por entidades militares y de seguridad reconocidas oficialmente, así como por multitud de milicias armadas que actúan fuera de cualquier marco legal.

“Después de todas las promesas de poner bajo control los centros de detención, es horroroso descubrir que no ha habido ningún avance para poner fin al uso de la tortura”, ha declarado desde Libia Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a la crisis de Amnistía Internacional.

“No sabemos de ninguna investigación adecuada sobre casos de tortura, y ni los supervivientes ni los familiares de quienes han muerto en detención han tenido ningún recurso a la justicia ni recibido reparación alguna por lo que han sufrido.”

“Aunque muchos detenidos nos han contado sus experiencias de tortura, algunos estaban demasiado asustados para hablar —por temor a sufrir torturas peores si denunciaban— y se limitaron a enseñarnos sus heridas.”

Los detenidos, tanto ciudadanos libios como de otros países del África Subsahariana, dijeron a Amnistía Internacional que les habían suspendido en posturas forzadas; les habían golpeado durante horas con látigos, cables, mangueras de plástico, cadenas y barras metálicas y palos, y que les habían aplicado descargas eléctricas con cables y con armas de electrochoque tipo Taser.

Los patrones de las lesiones que ha observado la organización eran compatibles con sus testimonios. Los informes médicos que ha visto Amnistía Internacional confirmaban también el uso de la tortura en varios detenidos, algunos de los cuales murieron bajo custodia.

La mayoría de los detenidos son libios sospechosos de haber sido leales al coronel Gadafi durante el reciente conflicto. También se sigue deteniendo al azar a ciudadanos extranjeros, en su mayoría del África Subsahariana, incluido en relación con su condición jurídica irregular, y algunos son torturados.

La organización ha hallado que los detenidos solían ser torturados inmediatamente después de ser aprehendidos por milicias armadas locales y después, en los interrogatorios, incluso en centros de detención oficialmente reconocidos. Hasta la fecha no se ha permitido a los detenidos el acceso a un abogado. Varios detenidos dijeron a Amnistía Internacional que habían confesado delitos que no habían cometido para que dejaran de torturarlos.

En Misrata, se sigue torturando a los detenidos en un centro de interrogatorio de la Seguridad Militar Nacional (Amn al Jaysh al Watani) y en los cuarteles generales de milicias armadas.

El 23 de enero, la delegación de Amnistía Internacional entrevistó a varios detenidos en Misrata que habían sido torturados apenas unas horas antes. Un hombre, aún bajo custodia, dijo a la organización:

“Esta mañana me llevaron arriba a interrogarme. Cinco hombres vestidos de civil se turnaron para pegarme y flagelarme […] Me colgaron de las muñecas de la parte de arriba de la puerta durante casi una hora y siguieron pegándome. También me dieron patadas.”

Otro detenido dijo a Amnistía Internacional que le habían pegado en las heridas que había sufrido el mes anterior a manos de la milicia: "Ayer me pegaron con un cable eléctrico cuando tenía las manos esposadas a la espalda y los pies atados. Me amenazaron con devolverme a la milicia que me había capturado, que me mataría.”

Muertes bajo custodia
Varios detenidos han muerto bajo custodia de milicias armadas en Trípoli y Misrata y en sus alrededores, en circunstancias que indicaban que hubo torturas.

Los familiares de un ex agente de la policía y padre de dos hijos de Tajura, al este de Trípoli, dijeron a Amnistía Internacional que una milicia armada local le detuvo en octubre de 2011 y que no pudieron obtener ninguna información sobre su paradero durante casi tres semanas, hasta que le permitieron llamar a su esposa. Unos días después, un hospital de Trípoli informó a la familia de que les habían llevado su cadáver.

Las imágenes del cuerpo que ha visto Amnistía Internacional muestran numerosas contusiones profundas en el cuerpo y las extremidades, así como heridas abiertas en las plantas de los pies, causadas aparentemente por la falaqa (golpes en las plantas de los pies), método de tortura denunciado con frecuencia en Libia.

La muerte bajo custodia por torturas más reciente de la que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional es la de Ezzeddine al Ghool, coronel militar de 43 años y padre de siete hijos, que fue detenido el 14 de enero por una milicia armada con base en Gheryan, a 100 km al sur de Trípoli.

Su cadáver fue devuelto a la familia al día siguiente, lleno de contusiones y heridas. Los médicos confirmaron que había muerto como consecuencia de las lesiones sufridas. Según informes, varios hombres más que fueron detenidos al mismo tiempo que él fueron también torturados. Ocho de ellos sufrieron lesiones graves que requirieron tratamiento hospitalario.

Amnistía Internacional afirma que ha recibido informes de otros casos similares, que está investigando.

Ausencia de investigaciones
Pese a las reiteradas peticiones que ha hecho Amnistía Internacional desde mayo de 2011, la organización ha declarado que las autoridades de transición libias —tanto nacionales como locales— no han realizado investigaciones efectivas sobre casos de tortura y muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas.

La policía y el poder judicial de todo el país siguen funcionando deficientemente. Según Amnistía Internacional, aunque en algunas zonas los informes indican que los tribunales están tramitando casos civiles, no se están abordando los presuntos casos “delicados” relacionados con cuestiones de seguridad y políticas.

En cambio, hay diversas entidades, en su mayor parte no oficiales y sin condición jurídica, incluidos los llamados “comités judiciales”, que están realizando interrogatorios en varios centros de detención, fuera del control del poder judicial.

“Hasta ahora, quienes están en el poder no han hecho nada para adoptar medidas concretas para poner fin a la tortura y otros malos tratos a detenidos y hacer que los responsables de estos delitos rindan cuentas”, declaró Donatella Rovera.

“No subestimamos los desafíos que afrontan las autoridades de transición libias a la hora de establecer el control sobre la multitud de milicias armadas que actúan en todo el país, pero debemos ver que toman medidas resueltas sobre la tortura. Para construir una nueva Libia basada en el respeto a los derechos humanos, no se puede dejar que esta cuestión sea la última prioridad.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades libias que, con carácter urgente:

    * ordenen la clausura de todos los centros de detención no oficiales y establezcan mecanismos para poner todos los centros de detención bajo el control de las autoridades y para garantizar una supervisión efectiva sobre los procedimientos y prácticas relativos a la detención;
    * garanticen que se realizan investigaciones inmediatas sobre todos los casos conocidos o denunciados de tortura y otros malos tratos; separen de inmediato a los presuntos perpetradores de cualquier función relacionada con las detenciones pendiente del resultado de las investigaciones; y, cuando existan suficientes pruebas admisibles, hagan comparecer a los sospechosos ante la justicia en juicios justos y sin posibilidad de que se imponga la pena de muerte;
    * garanticen que todos los detenidos tienen acceso a un abogado;
    * garanticen que los detenidos son sometidos a exámenes médicos periódicos y que se entreguen a los detenidos y a las autoridades judiciales certificados médicos en los que se describan las lesiones posiblemente derivadas de torturas.

Protestas de la minoría tibetana sobre cómo la represión cultural y religiosa de China en Tíbet está empeorando © Gerardo Angiulli/Demotix

China debe evitar el uso de fuerza excesiva en su respuesta a las protestas, y debe permitir observadores independientes en las zonas de protestas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego, según informes, en la provincia de Sichuan contra manifestantes tibetanos por segundo día consecutivo.

Las autoridades chinas han restado importancia, calificándolos de “revuelo publicitario”, a los informes basados en los relatos de testigos presenciales sobre enfrentamientos mortales entre policías y manifestantes tibetanos.

“Las autoridades chinas están respondiendo únicamente con represión y operaciones severas de seguridad a una situación ya de por sí inestable, en lugar de abordar las quejas, que vienen ya de largo, manifestadas por los tibetanos sobre la situación de los derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“La situación no ha mejorado en las regiones tibetanas desde 2008, cuando las tensiones estallaron en una oleada de violencia. Las quejas sobre las restricciones de la libertad religiosa y cultural han aumentado, en lugar de disminuir”.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, las fuerzas de seguridad chinas abrieron fuego contra los manifestantes en la comarca de Drango (en chino, Luhuo) el lunes, y mataron al menos a una persona.

Cinco policías y varios manifestantes resultaron heridos, según los informes. Asimismo, parece ser que los manifestantes destrozaron comercios de la zona.

Fuentes tibetanas independientes han dicho a Amnistía Internacional que al menos 36 manifestantes resultaron heridos, y varios de ellos se encuentran en situación crítica. Además, hoy se han recibido nuevos informes sobre protestas en otras zonas de la provincia de Sichuan, y sobre disparos de la policía.

Según informes no confirmados, las fuerzas de seguridad abrieron hoy fuego contra manifestantes tibetanos en la comarca de Sherthar (Seda, en chino), en la provincia de Sichuan, y causaron la muerte a dos personas y heridas a varias más.

Es el tercer incidente del que se tiene noticia de disparos de la policía contra manifestantes tibetanos en menos de dos semanas, aunque Amnistía Internacional no ha podido confirmar de forma independientes estos informes.

No se ha permitido la entrada de observadores ni medios de comunicación extranjeros en la zona, por lo que resulta difícil confirmar los sucesos. Las autoridades han manifestado que investigarán el incidente del lunes.

“El gobierno chino debe garantizar que la investigación es independiente, imparcial y efectiva. También debe investigar sin demora los demás informes de uso excesivo de la fuerza”, ha manifestado Sam Zarifi.

Amnistía Internacional ha reiterado su petición de que el gobierno chino permita el acceso al país a observadores internacionales, como por ejemplo el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

“El gobierno chino ha mostrado un comportamiento cada vez más represivo en zonas de minorías étnicas como Tíbet. Por eso nos preocupa la posibilidad de que continúen la violencia y el derramamiento de sangre”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Las fuerzas de seguridad chinas deben actuar con moderación y utilizar las armas de fuego sólo cuando sea absolutamente necesario, y como último recurso. La fuerza letal sólo puede usarse intencionadamente con el fin estricto de proteger la vida”.

Desde marzo del año pasado, 16 personas de origen étnico tibetano se han prendido fuego para protestar por la represión religiosa y cultural ejercida por el gobierno chino.

En una carta conjunta enviada al gobierno chino en noviembre, Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron a las autoridades que abordaran las causas subyacentes de las protestas. 

Dos fuerzas emblemáticas que han tenido un gran impacto en los últimos 50 años -el activismo en pro de los derechos humanos de Amnistía  Internacional, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y el arte incomparable de Bob Dylan– son homenajeadas por 80 músicos que han aportado grabaciones nuevas o inéditas al disco Chimes of Freedom: The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International.

En 1961, Amnistía Internacional empezó como una campaña de un año de duración para liberar a los presos políticos y pronto se convirtió en un movimiento mundial que luchaba por la justicia, la libertad y la dignidad humana. Hoy, la organización cuenta con más de 3 millones de simpatizantes en 150 países. En marzo de ese mismo año, se lanzó el disco debut de Bob Dylan, que marcó el comienzo de una carrera discográfica inigualable.

Chimes of Freedom está producido por el legendario ejecutivo de la industria discográfica Jeff Ayeroff y Julie Yannatta, que lanzaron Instant Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur, un álbum recopilatorio de 2007 de composiciones en solitario de John Lennon interpretadas por destacados artistas como U2, Green Day, y R.E.M.

"Este álbum es una poderosa muestra del respeto que siente la comunidad musical por el imprescindible trabajo de Amnistía Internacional y por la genialidad de Bob Dylan”, afirmaron Ayeroff y Yannatta. “Nos sentimos orgullosos de haber trabajado con Amnistía Internacional en este extraordinario proyecto.” 

Los productores ejecutivos de Amnistía Internacional son Helen Garrett, directora de proyectos especiales, y Karen Scott, responsable de relaciones con la industria musical.

El cuádruple álbum estará disponible en todas las tiendas físicas y plataformas digitales el próximo 7 de febrero a través de la tienda virtual de Amnistía Internacional España: www.actuaconamnistia.org/tienda y de Fontana/Universal Music Spain.

Chimes of Freedom cuenta con un grupo diverso de artistas reconocidos que abarcan un amplio espectro musical y generacional. Entre ellos, muchos que llevan años apoyando la labor de Amnistía Internacional. Desde la estrella del pop juvenil Miley Cyrus, de 19 años, a la leyenda de la música folk, Pete Seeger, que a sus 92 años interpreta la conmovedora Forever Young acompañado por un coro de niños y niñas.

La variedad de músicos y géneros musicales –rock, rap, pop, folk, country, jazz y blues– dan fe del gran apoyo del que goza Amnistía Internacional en la comunidad musical, del alcance universal del mensaje fundamental de los derechos humanos, y del profundo impacto que ha tenido Dylan sobre la cultura.

Casi todos los temas del álbum se comercializan por primera vez excepto el tema central, la grabación original de Dylan de Chimes of Freedom, de 1964. Setenta de las canciones se han grabado especialmente para esta edición, y se han incorporado algunas otras grabaciones inéditas.

“A lo largo de medio siglo, Dylan ha explorado y expresado, a través de su arte, la angustia y la esperanza de la condición humana en la sociedad moderna ", comenta Sean Wilentz, el renombrado historiador, en el pequeño cuaderno que acompaña al álbum.

“La música de Bob Dylan perdura porque plasma de manera genial nuestro dolor y nuestra alegría, nuestra fragilidad, nuestro desconcierto, nuestra valentía y nuestras luchas", manifestó Karen Scott, responsable de relaciones con la industria musical de Amnistía Internacional.

“Sus palabras transmiten una profunda sensibilidad, como pocos artistas saben transmitir, nos inspiran y siempre van más allá de nuestras expectativas. En Amnistía Internacional, estamos profundamente agradecidos a este músico legendario y a todos los artistas que han contribuido a este proyecto.”

Todos los artistas, músicos de estudio, arreglistas, ingenieros de sonido, productores y estudios de grabación trabajaron pro bono para apoyar la causa de los derechos humanos.

Lista de temas de Chimes of Freedom: The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International:

Autor Foro Económico Mundial bajo licencia cc by-sa 2.0

La actitud de los gobiernos al no regular de manera efectiva las actividades empresariales está teniendo un impacto devastador en los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional, en vísperas del Foro Económico Mundial que se celebrará esta semana en Davos.

“La crisis económica, y la manera en que los gobiernos han optado por abordarla, constituye un peligro claro e inequívoco para los derechos de las personas en muchos países”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Davos no puede permitirse ser un club congratulatorio para los ricos y poderosos. Debemos aprovechar esta oportunidad para rebatir la ortodoxia de las políticas que se están aplicando y para hacer que los gobiernos cumplan con sus responsabilidades”.

Las políticas gubernamentales de desregulación y la escasa supervisión han permitido que prospere la falta de ética profesional por parte de las empresas. En la búsqueda de beneficios, las instituciones financieras han dado luz verde a la creación de sistemas que exponen a los grupos más vulnerables a la explotación a medida que la codicia empresarial se impone a la rendición de cuentas y la transparencia.

“La mayoría de los gobiernos no ve la relación entre los sistemas financieros, la política económica y los derechos humanos. Sin embargo, donde quiera que vayas hoy día, encuentras gente que ha perdido su empleo y su hogar y lucha por conseguir siquiera comida. No dejas de ver el devastador impacto en los derechos fundamentales de las personas”, ha manifestado Salil Shetty.

“En lugar de garantizar que su política protege los derechos humanos, los gobiernos están retrocediendo hacia viejos enfoques y relaciones cómodas que afianzarán las desigualdades a largo plazo durante generaciones. Esta crisis la ha creado el hombre, y las soluciones que ofrecen los dirigentes amenazan con repetir los graves errores del pasado”.

Los gobiernos están legalmente obligados a considerar cómo afectan a los derechos humanos las políticas y los programas que aplican. Sin embargo, la realidad es que muchos gobiernos no realizan ni siquiera una evaluación rudimentaria del impacto potencial que su política económica tiene sobre los derechos.

Se calcula que unos 50 millones de personas han traspasado el umbral de la pobreza en el mundo a causa de la actual crisis. Al terminar 2011, se creía que otros 64 millones más estaban en peligro de hacerlo.

Los gobiernos están optando sistemáticamente por no regular el sector empresarial, y por confiar en sus falsas promesas de autorregulación, y así están creando un entorno tóxico que ya da señales de desbordarse a medida que la gente sale a las calles para exigir el fin de la corrupción, la codicia empresarial y la injusticia.

“Una y otra vez, la ausencia de autorregulación de las empresas ha dado lugar a casos escandalosos de abusos, falta de ética y corrupción. Si la crisis actual ilustra algo, es lo mal que pueden ir las cosas cuando no existe una supervisión efectiva”, ha manifestado Salil Shetty.

Grandes sectores de la sociedad de todo el mundo han recurrido a las protestas, las manifestaciones y la agitación social para expresar su descontento con los gobiernos y las empresas, pero la respuesta a las protestas ha sido variada. En muchos casos, se ha centrado más en ponerles fin, por cualquier medio, que en abordar los problemas legítimos subyacentes.

“En un país tras otro, las acciones gubernamentales provocan que la gente corriente sea la que soporta las consecuencias de la crisis”, ha declarado Salil Shetty. “Sin embargo, la gente se está uniendo para protestar, para exigir unos gobiernos que rindan más cuentas: que regulen de forma efectiva las actividades empresariales, que respeten los derechos humanos y que proporcionen acceso a la justicia cuando se cometan abusos contra los derechos.”

Para recuperar su legitimidad como dirigentes, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que sus respuestas a las protestas respetan los derechos humanos y abordan los problemas subyacentes que plantean los manifestantes.

“Las empresas y los dirigentes políticos deben reconocer la necesidad de un nuevo enfoque que sea justo e inclusivo”, ha manifestado Salil Shetty. “En lugar de afianzar la brecha entre ricos y pobres, deben adoptar nuevos planes de crecimiento para abordar esa brecha. Deben poner los derechos de las personas en el centro de cualquier solución. De lo contrario, la reciente agitación social que está surgiendo en países de todo el mundo puede no ser más que el principio”.

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Marcha de mujeres en Talat Harb el pasado 20 de enero. Autor: Bora S. Kamel bajo licencia cc by nc-sa 2.0

La mayoría de los grandes partidos políticos egipcios se han comprometido a llevar a cabo una ambiciosa reforma de derechos humanos en la transición del país, pero se han mostrado contradictorios a la hora de comprometerse a terminar con la discriminación, proteger los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte o han rechazado de pleno estos compromisos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Antes de las elecciones parlamentarias que comenzaron en noviembre, la organización pidió a los partidos políticos que concurrían a los comicios que firmaran un “manifiesto de derechos humanos” con 10 medidas clave para indicar que se tomaban en serio la realización de una reforma significativa en el ámbito de los derechos humanos.

Amnistía Internacional escribió a 54 partidos políticos y trató de reunirse con 15 de los principales; nueve de estos firmaron el manifiesto, bien completo o bien alguno de sus puntos, mientras que otros tres contestaron verbalmente.

El Partido de la Libertad y la Justicia, que obtuvo el mayor número de escaños en la nueva Asamblea del Pueblo, fue uno de los tres que no dieron una respuesta significativa, a pesar de los considerables esfuerzos realizados por Amnistía Internacional para conseguir su opinión.

“Esta semana se celebra la primera sesión del nuevo Parlamento y resulta alentador el hecho de que tantos de los principales partidos colaboraran con nosotros y estuvieran dispuestos a firmar ambiciosos compromisos de cambio en la lucha contra la tortura, la protección de los derechos de quienes viven en asentamientos precarios y la garantía de juicios justos”, ha dicho Philip Luther, director interino del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Sin embargo –ha añadido Luther– es preocupante que varios partidos se negaran a comprometerse con la igualdad de derechos para las mujeres. Son pocas las mujeres que van a ocupar un escaño en el nuevo Parlamento y sigue habiendo enormes obstáculos para que las mujeres desempeñen una función plena en la vida política de Egipto.”

“Desafiamos al nuevo Parlamento a que aproveche la oportunidad de redactar una nueva Constitución que garantice todos estos derechos para todas estas personas en Egipto. La piedra angular debe ser la no discriminación y la igualdad de género.”

Si bien los únicos partidos que aceptaron todos los compromisos del manifiesto fueron el Partido Socialdemócrata de Egipto y el Partido de Alianza Popular Socialista, prácticamente todos los 12 partidos que respondieron estuvieron de acuerdo con los siete primeros puntos del manifiesto.

Estos puntos incluían compromisos con derechos civiles y políticos. Entre las principales promesas figuraban terminar con las casi tres décadas de estado de excepción, combatir la tortura, defender la libertad de expresión y asociación, garantizar los juicios justos e investigar los abusos perpetrados bajo el régimen de Hosni Mubarak.

Amnistía Internacional también consiguió que casi todos los partidos se comprometieran a abordar el problema de los derechos de las personas que viven en asentamientos precarios y a procurar que los derechos económicos sociales y culturales sean una realidad para todos los Egipcios.

Reservas
El octavo compromiso, poner fin a la discriminación, fue aceptado por la mayoría de los partidos, pero varios dijeron no poder comprometerse a cumplir la petición de Amnistía Internacional de terminar con la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Los comentarios de al menos dos de los partidos indicaban que la cuestión de la discriminación de los Coptos, incluida la construcción de lugares de culto, ha sido sobredimensionada.

Varios partidos expresaron sus reservas ante el noveno compromiso, que pedía la protección de los derechos de las mujeres, e incluía la igualdad de derechos de las mujeres en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Varios partidos invocaron la ley islámica para explicar por qué no podían aceptar este compromiso.

La mayoría de los partidos expresaron sus reservas con respecto al décimo punto –abolición de la pena de muerte–, bien afirmando que esta medida se oponía a las enseñanzas islámicas o bien que seguirían estudiando el tema. Incluso los dos partidos inclinados hacia la abolición de la pena capital señalaron que se trata de un objetivo a largo plazo, que no podrá conseguirse en los próximos años.

"La verdadera prueba para los partidos políticos será trasladar estos compromisos a iniciativas parlamentarias para abolir las leyes represivas del régimen de Mubarak, reformar la policía y los servicios de seguridad y aprobar leyes que protejan los derechos humanos y rompan con la trayectoria de abusos”, ha dicho Philip Luther. "Una de las primeras medidas debe ser el levantamiento del denostado estado de emergencia.”

“Las mujeres participaron codo con codo junto a los hombres en las protestas y han sido fundamentales en el movimiento que derrocó al presidente Mubarak y condujo a estas elecciones. Negarles la igualdad truncaría las esperanzas de que Egipto entre en una nueva era de respeto de los derechos y la dignidad de todos.”

Los 10 compromisos del Manifiesto de Amnistía Internacional para Egipto son:

1. Poner fin al estado de excepción y reformar las fuerzas de seguridad
2. Terminar con la detención en régimen de incomunicación y combatir la tortura
3. Garantizar juicios justos
4.  Defender el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión
5. Investigar los abusos cometidos en el pasado
6. Hacer efectivos los derechos económicos sociales y culturales para todas las personas
7. Defender los derechos de las personas que viven en asentamientos precarios  
8. Poner fin a la discriminación
9. Proteger los derechos de las mujeres
10. Abolir la pena de muerte

Encontrarán todos los detalles aquí 

Respuestas de los partidos políticos egipcios al Manifiesto por los Derechos Humanos en Egipto:

• Partido Socialdemócrata de Egipto: aceptó los 10 compromisos, pero afirmó que era prematuro esperar la abolición de la pena de muerte sin el apoyo popular.
• Partido de Alianza Popular Socialista: aceptó los 10 compromisos, pero afirmó que era prematuro esperar la abolición de la pena de muerte sin el apoyo popular.
• Partido de la Juventud de Egipto: envió una carta con el manifiesto firmado, afirmando su compromiso con los derechos humanos en general, pero sin dar más detalles sobre los 10 compromisos.
• Nuevo Partido Al Wafd: aceptó todos los compromisos con excepción de la abolición de la pena de muerte.
• Partido Frente Democrático: aceptó todos los compromisos con excepción de la abolición de la pena de muerte.  
• Partido de Reforma y Desarrollo: aceptó todos los compromisos con excepción de la abolición de la pena de muerte.  
• Partido Al Karama: aceptó verbalmente todos los compromisos con excepción de la abolición de la pena de muerte.  
• Partido Al Nour: aceptó verbalmente todos los compromisos con excepción de la abolición de la pena de muerte y la protección de los derechos de las mujeres.
• Partido de los Guardianes de la Revolución: envió una carta aceptando el manifiesto, con excepción de la abolición de la pena de muerte y la protección de los derechos de las mujeres, afirmando que el partido sigue las directrices de las instituciones religiosas de Al Azhar sobre estas cuestiones.
• Partido de la Liberación Egipcio: aceptó todos los compromisos con excepción de la abolición de la pena de muerte y la protección de los derechos de las mujeres, subrayando su oposición a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; se comprometió a garantizar la no discriminación, salvo por motivos de orientación sexual.
• Partido Al Wasat (de Centro): aceptó los compromisos, pero expresó firmes reservas a la abolición de la pena de muerte, la protección de los derechos de las mujeres y la garantía de no discriminación. También expresó reservas sobre la discriminación por motivos de orientación sexual y la igualdad de derechos de musulmanes y coptos respecto a la construcción de lugares de culto.
• Partido de la Revolución Egipcia: sus representantes plantearon en una reunión sus motivos de preocupación sobre la necesidad de “seguridad” y la obligación de respetar los “valores islámicos”, justificando que continuara el estado de excepción, aunque se comprometieron a luchar contra la tortura. También dijeron que la libertad de expresión, asociación y reunión eran importantes siempre que no “amenazaran la seguridad pública”. Afirmaron que los derechos de las mujeres no deben entrar en contradicción con la religión y que la discriminación contra los coptos era una cuestión que estaba sobredimensionada. El partido no planteó reservas sobre los otros compromisos.
• Partido de los Egipcios Libres: no respondió a la petición de reunión ni expresó comentarios sobre el manifiesto.
• Partido de la Libertad y la Justicia: no respondió a la petición de reunión ni expresó comentarios sobre el manifiesto. Amnistía Internacional no recibió ninguna respuesta significativa a su último intento por contactar con ellos en enero de 2012.
• Partido de la Justicia: no respondió a la petición de reunión ni expresó comentarios sobre el manifiesto. 

Manifestantes tunecinos reaccionan ante la victoria del partido Enhanda en las pasadas elecciones de octubre. Autor: Magharebia bajo licencia cc by 2.0

Las acciones penales entabladas contra el propietario de una televisión tunecina que emitió la película Persépolis constituyen un atentado contra la libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del juicio, que comienza el lunes.

Nabil Karoui, propietario de Nessma TV, va a ser sometido a juicio en Túnez capital el 23 de enero por los cargos de "violar valores sagrados" y "alterar el orden público", presentados a raíz de que su cadena emitiera Persépolis, película animada francesa, tachada de blasfema debido a una escena en que aparece una representación de Dios. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta a tres años de prisión.

“Resulta muy preocupante que se lleve a Nabil Karoui a juicio simplemente por emitir una película con escenas fantásticas de Dios", ha manifestado Philip Luther, director interino del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades tunecinas deben hacer valer el derecho de Nabil Karoui a la libertad de expresión y retirar estos cargos inmediatamente”, ha añadido.

Persepolis, película premiada sobre la revolución de Irán de 1979 contada desde la perspectiva de una niña, provocó airadas reacciones cuando Nessma TV la emitió en octubre. 

El 14 de octubre lanzaron bombas incendiarias contra la casa de Nabil Karoui tras una manifestación frente a la sede de Nessma TV. Se cree que el ataque fue obra de activistas salafistas. Se presentó una demanda, firmada por 144 abogados, entre otras personas, contra el propietario y dos empleados de Nessma TV.

Algunos periódicos tunecinos han sufrido numerosos ataques en los últimos meses, perpetrados, según informes, por agentes de seguridad, entre otros.

Mohamed Ali Ltifi, del periódico Al Oula, fue golpeado por la policía y obligado a apearse de un tren tras mostrar su carnet de prensa cuando viajaba en transporte publico en Túnez capital el miércoles pasado. No le dieron ninguna explicación.

El reportero de Nessma TV Sofiene Bin Hamida fue agredido el 11 de enero, cuando informaba de una manifestación ante el Ministerio del Interior.

Se trataba de una manifestación organizada por la policía para protestar contra la suspensión de un agente presuntamente implicado en muertes de manifestantes durante el alzamiento.

Sofiene Ben Hamida ha contado a Amnistía Internacional que cree que sus agresores formaban parte de un grupo extremista que participaba en una contramanifestación simultánea.

Días antes, agentes de policía vestidos de civil agredieron a dos periodistas, Sanaa Farhat, del diario en lengua francesa Le Temps, y Maha Ouelhezi, escritora del sitio de noticias Web Manager Center, cuando informaban de una manifestación ante el Ministerio de Educación Superior.

Los agentes agarraron a Sanaa Farhat del cabello y la arrastraron y golpearon.

“Aunque Túnez está haciendo avances en algunos aspectos en materia de derechos humanos, es evidente que tiene aún mucho camino por delante en lo que se refiere al respeto del derecho a la libertad de expresión", ha señalado Philip Luther.

El reciente informe de Amnistía Internacional Año de rebelión: El estado de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África documenta cómo, en lo que respecta a los derechos humanos,  el gobierno provisional de Túnez tiene todavía que llevar a cabo la reforma exhaustiva que los manifestantes llevan un año demandando.

Un año después de la huida del ex presidente Zin el Abidín ben Alí del país, las autoridades han tomado algunas medidas iniciales positivas, como firmar importantes tratados de derechos humanos y, en general, permitir mayor libertad a la prensa y las organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país siguen en gran medida sin tener que rendir cuentas, y las víctimas de violaciones de derechos humanos están todavía esperando que se haga justicia, afirma Amnistía Internacional en su informe.

En marzo de 2011, el temido Departamento de Seguridad del Estado, responsable de años de abusos durante el gobierno de Ben Alí, fue abolido. No obstante, se cree que sus miembros se han integrado sin más en otras fuerzas de seguridad igualmente opacas y exentas de rendir cuentas.

Desde al caída de Ben Alí, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de sentadas y otras manifestaciones pacíficas que han sido disueltas por la fuerza y en las que se ha golpeado a los participantes. 

Activistas de Amnistía Internacional en un acto junto a las Damas de Blanco por los presos de conciencia cubanos. Madrid 2007 @ AI España

La muerte bajo custodia de un preso de conciencia cubano tras una huelga de hambre es un trágico recordatorio de la intolerancia del gobierno de Raúl Castro con la disidencia, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Wilman Villar Mendoza, de 31 años, falleció esta mañana en el hospital Juan Bruno Zayas, de la ciudad de Santiago, al que había sido trasladado desde la cárcel el pasado 13 de enero por problemas de salud presuntamente ocasionados por la huelga de hambre que había iniciado para protestar por su juicio y encarcelamiento injustos.

Wilman estaba cumpliendo una condena de cuatro años de cárcel por cargos relacionados con su participación en una manifestación pública en contra del gobierno.

“La responsabilidad por la muerte bajo custodia de Wilman Villar Mendoza recae directamente en las autoridades cubanas, que lo habían juzgado y encarcelado de forma sumaria por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha expresado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Su trágica muerte pone de relieve la honda desesperación en la que están sumidos otros presos de conciencia cubanos que siguen consumiéndose en las cárceles del país y que deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional”.

“Las autoridades cubanas deben poner fin al acoso, persecución y encarcelamiento de manifestantes pacíficos y de activistas políticos y de derechos humanos”.

El 14 de noviembre de 2011, la policía arrestó a Wilman Villar Mendoza y a otros ocho miembros de la Unión Patriótica Cubana, un grupo disidente de la ciudad de Contramaestre, al este del país, por participar en una manifestación contra el gobierno de Cuba.

Mientras estuvo bajo custodia, la policía intimidó a Wilman Villar Mendoza diciéndole que lo harían desaparecer o que lo encarcelarían por cargos penales derivados de un arresto anterior si no cesaba en sus protestas y abandonaba el grupo disidente.

Fue puesto en libertad después de permanecer tres días bajo custodia de la policía, pero fue citado el 24 de noviembre ante el Tribunal Municipal de Contramaestre. Los jueces lo juzgaron a puerta cerrada y desestimaron el testimonio de la esposa de Wilman y de otros testigos de la defensa.

El activista fue condenado a cuatro años de cárcel y lo trasladaron inmediatamente a la prisión de Aguadores, en Santiago, la capital de provincia. Ese mismo día, Wilman inició una huelga de hambre en protesta por la sentencia dictada contra él.

Con motivo del deterioro de la salud de Wilman durante los últimos días, los miembros de la Unión Patriótica Cubana y del grupo de oposición las Damas de Blanco organizaron una vigilia a las puertas del hospital. El 18 de enero, los funcionarios de seguridad disolvieron la concentración y detuvieron a más de una docena de personas.

Wilman Villar Mendoza no es el primer preso de conciencia que muere bajo custodia en Cuba.

Orlando Zapata Tamayo, un preso de conciencia que fue encarcelado en marzo de 2003 tras las medidas represivas de la Primavera Negra contra los grupos de la oposición, murió en la cárcel el 23 de febrero de 2010 tras permanecer varias semanas en huelga de hambre. 

Baltasar Garzón, 6 de mayo de 2010 © Casa de América bajo licencia cc by-nc-nd 2.0

Madrid.- El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.

Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas  la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.

Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.

Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.

Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias. 

Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..

En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.

Información adicional

Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.

Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes. 

La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.

/// FIN

Autor PP Castilla y León bajo licencia cc by-nc-sa 2.0

Un total de 75 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, se han dirigido mediante una carta abierta al Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, para instarle a que apruebe un II Plan de Derechos Humanos para la X Legislatura, que dé continuidad y consolide el Plan anterior, puesto en marcha en 2009. 

Esta solicitud enlaza con la petición de Naciones Unidas para que los diferentes Estados adopten Planes Nacionales de Derechos Humanos, y con la resolución adoptada en junio pasado en el Congreso de los Diputados en el transcurso del Debate del Estado de la Nación, con la que la mayoría de los partidos políticos, incluida la totalidad del Grupo Popular, se comprometieron a adoptar un nuevo Plan para la X Legislatura. 

Para las organizaciones firmantes, el Plan debe garantizar medidas concretas tanto de política exterior como de política interior. Igualmente debe incorporar objetivos claros, estrategias de acción y plazos de aplicación que permitan contribuir a la consecución de resultados. El Plan debe avanzar también hacia una mayor transparencia con la sociedad civil y el Congreso de los Diputados, a quien el Gobierno deberá informar anualmente sobre el cumplimiento de dicho Plan. 

Para Amnistía Internacional los derechos humanos deben considerarse un interés nacional y deben estar en el centro de las políticas que se lleven a cabo, de ahí la importancia del II Plan de Derechos Humanos. Sólo así se conseguirán avances que beneficien a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos que hay en todo el mundo, incluidas las del propio país. La pena de muerte, la pobreza, la impunidad, el racismo, el derecho a la vivienda, a la salud, entre otros, deben ser temas prioritarios en la adopción de este Plan. 

Organizaciones firmantes
Acció dels cristians per l´Abolició de la Tortura (ACAT), Acción para el Desarrollo y la Igualdad, Acción Verapaz, ACSUR – Las Segovias, AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos), ALEGA Cantabria – Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria, Amnistía Internacional, Arcopoli, Asociación Grupo de Acción y Desarrollo Social “GADES”, Asociación Hetaira, Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa, Asociación para las Naciones Unidas en España, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA, Associació Altraitalia – Barcelona, Ayuda en Acción, Brigadas Internacionales de Paz, Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), CEPAC (Asociación Col.lectiu d’Educació en Drets Humans i de Prevenció Activa de Conflictes), CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH / sida), COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid), Colectivo Gamá, Col·lectiu de Dones en l’Església, Col·lectiu Lambda, Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Comitè Català de l’ACNUR, CONGDE (Coordinadora de ONGD-España), Coordinadora ONGD Castilla y León, Dones Juristes, Down España, Federació ACAPS – Federació d’Associacions Catalanes amigues del poble Sahrauí, Federació Catalana d’Ongs pels Drets Humans, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación de Asociaciones Médicos Mundi, Federación de Mujeres Progresistas, Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), FELGTB (Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), Fons Menorquí de Cooperació, Fórum de Política Feminista, Fundació Alfonso Comín, Fundació per la Pau, Fundació Universitat Internacional de la Pau, Fundación Calala Fondo de Mujeres, Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Fundación Proclade, Fundación Triángulo, Fundeso (Fundació Desenvolupament Sostingut), ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo), IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Institut de Drets Humans de Catalunya, Intermón-Oxfam, Lliga dels Drets dels Pobles, Mans Unides-Delegació Barcelona, Médicos del Mundo, Movimiento Contra la Intolerancia, Observatori DESC, Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Psicólogos sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, SAHANDREU, Sant Andreu Solidari amb el poble Sahrauí, Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras, SETEM Madrid y Castilla-La Mancha, SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar), Solidaridad Internacional, Sonrisas de Bombay, SOS Racisme Catalunya, SOS Racismo PV de Valencia, Stop Sida, Sustentia, Transformando, UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco, UNRWA-ce (Comité Español de la UNRWA), Veïns Sense Fronteres, Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització. 

/// FIN