Amnistía Internacional España

© Particular En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que en Benín los condenados a muerte viven en una situación incierta y cruel desde que el año pasado, por decisión judicial, se abolió en la práctica la pena capital, pero sin conmutar las condenas de muerte ya impuestas.
Los 14 condenados a muerte que quedan han sido informados por las autoridades penitenciarias de que no serán ejecutados, pero se hallan recluidos todavía en terribles condiciones, separados de los demás presos, en la prisión de Akrpo-Missérété, próxima a la capital beninesa, Porto Novo.

Estos hombres han sufrido ya casi 20 años de reclusión condenados a muerte, con la incertidumbre de despertar cada día sin saber si será el último
Oluwatosin Popoola, asesor de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.
“Se enfrentan a un destino incierto en condiciones de detención espantosas, sin alimentación ni atención médica adecuadas”, ha explicado Oluwatosin Popoola, asesor de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.

“Las autoridades de Benín deben proceder con urgencia a conmutarles oficialmente la pena de muerte y garantizar que sus condiciones de reclusión cumplen las normas internacionales mínimas. De este modo pondrán fin a la cruel incertidumbre con que estos hombres llevan viviendo casi dos decenios y demostrarán que Benín ha asumido el compromiso de eliminar los últimos vestigios de la pena de muerte en el país.”
Azonhito Yaovi, de 54 años, lleva 28 condenado a muerte, desde que se dictó su sentencia en agosto de 1998. Ha explicado a Amnistía Internacional:
“El temor a la muerte es a menudo peor que la muerte misma. Llevo años preguntándome al despertar: ¿me ejecutarán hoy, mañana, en los próximos meses o dentro de unos años?”
Según el nuevo informe de Amnistía Internacional, los condenados a muerte tienen un contacto muy limitado con el mundo exterior. Sólo se les permite salir de sus celdas cinco veces a la semana, cuando pueden acceder a un pequeño patio, separado del otro de mayor tamaño que utilizan el resto de los reclusos. Reciben sólo dos exiguas comidas al día, que tienen que complementar si pueden con los alimentos que les lleven sus familiares.
Si se sanciona a alguno de ellos por mala conducta, se deja a todos los demás encerrados en sus celdas durante varios días a modo de castigo colectivo.
Fueron condenados a muerte por diversos delitos, como agresión y robo a mano armada, que no cumplen el criterio de “los más graves delitos”, los únicos por los que el derecho internacional permite la pena de muerte.
Asimismo, muchos de ellos afirman que no pudieron apelar debidamente contra su sentencia condenatoria, porque no tenían medios para pagarse un abogado o que jamás les comunicaron el resultado de su recurso de apelación. Todos fueron condenados en 1998 o 1999. Las autoridades deben garantizar que cuentan con asistencia letrada para continuar con cualquier recurso de apelación que tengan pendiente o pedir una revisión judicial de su sentencia condenatoria.
En el informe se pone también de relieve que los presos han padecido enfermedades potencialmente mortales, como malaria y tuberculosis, y que tres condenados a muerte murieron por falta de atención médica adecuada en la prisión de Cotonou, donde estuvieron recluidos antes de su traslado a la de Akrpo-Missérété en 2010.
Los condenados a muerte afirman que dependían de las medicinas que les llevaban sus familiares. Las autoridades de la prisión han reconocido que la atención médica que reciben los reclusos es limitada.
Fataï Bankole, de 52 años, contó a Amnistía Internacional:
“Cuando estamos enfermos dependemos de la ayuda del exterior que podamos conseguir. Si tienes dinero y familia que te consiga el tratamiento, sobrevives. Si no, mueres.”
Además de la conmutación de la pena a todos los condenados a muerte, Amnistía Internacional pide a la Asamblea Nacional de Benín que apruebe las medidas necesarias para eliminar de las leyes las disposiciones sobre la pena de muerte.
“Con Benín son ya 104 los países del mundo, y 19 los países del África subsahariana, que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, y aplaudimos que haya tomado la iniciativa”, ha señalado Oluwatosin Popoola.
“No obstante, tiene que formalizar la abolición en sus leyes para asegurarse totalmente de que no hay ningún riesgo de retroceso en este logro.”


Manifestación de la oposición en Caracas el 27 de julio de 2016. JUAN BARRETO/AFP/Getty Images) Las más recientes detenciones de líderes y miembros de un partido de la oposición apuntan a un patrón sistemático de abusos contra quienes se atreven a expresar una opinión contraria a la del gobierno, dijo hoy Amnistía Internacional. Entre el 11 y 12 de enero, el Diputado Gilber Caro, del partido político de oposición Voluntad Popular, junto con los concejales Roniel Farias, Jorge González y los activistas políticos Stacy Escalona e Irwin Roca, fueron privados de libertad bajo acusaciones públicas de altas autoridades quienes vinculan a estos líderes junto a Lilian Tintori, esposa del prisionero de conciencia Leopoldo López, de llevar a cabo “actividades terroristas”. 
El gobierno de Maduro continúa con su cacería de brujas contra quien se atreva a emitir una opinión contraria a sus políticas
Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
"Al parecer el gobierno del Presidente Maduro continúa con su cacería de brujas contra cualquiera que se atreva a emitir una opinión contraria a sus políticas. La utilización de absurdos argumentos conspirativos para justificar detenciones irregulares demuestran la falta de compromiso de Venezuela con la promoción y  protección de los derechos humanos básicos de todas las personas en el país,”  dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Las autoridades venezolanas deben garantizar los derechos procesales de las personas detenidas, en particular la presentación ante jueces civiles con cargos y pruebas fehacientes en un tiempo expedito, así como el acceso inmediato a sus familiares y representantes legales.
“En vez de perseguir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debe enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas y justas para superar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población”.Amnistía Internacional exige a las autoridades venezolanas garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pública y pacífica, sin discriminación de ninguna índole.


Irán debe detener de inmediato la ejecución de 12 hombres declarados culpables de delitos de drogas, prevista para el 14 de enero en la prisión central de Karaj, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional hoy. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por que, a pesar de las reiteradas promesas del gobierno, Irán no haya hecho avances tangibles en la reducción de su alarmante índice de ejecuciones.El domingo 8 de enero de 2017, las autoridades de la prisión, situada en la provincia de Alborz, al oeste de Teherán, recluyeron al menos a 12 hombres condenados a muerte por cargos de drogas en régimen de aislamiento y les notificaron que su ejecución era inminente. Sin embargo, las ejecuciones se aplazaron debido a la muerte del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemí Rafsanyaní. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han podido confirmar la identidad de cuatro de los condenados: Ali Mohammad Lorestani, Mohammad Soleimani, Ali Ebadi y Majid Badrlou. Fuentes que conocen bien los casos han dicho que estos hombres no tuvieron acceso a un abogado durante sus interrogatorios y que las sentencias contra Lorestani, Soleimani y Ebadi se basaron en confesiones de otros presos.“Las autoridades iraníes deben poner fin a todas la ejecuciones y proscribir el uso de la pena de muerte por delitos de drogas, que no cumple las normas jurídicas internacionales”, ha señalado Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch para Oriente Medio. “Llenar las prisiones de personas acusadas de delitos de drogas y condenarlas precipitadamente a muerte, sin el debido proceso y en juicios donde abundan las irregularidades, no hará más que empeorar los problemas de Irán en materia de justicia, sin servir en absoluto, además, para solucionar los problemas de drogas del país.”La legislación sobre drogas de Irán prescribe la pena de muerte por tráfico, posesión o venta de tan sólo 30 gramos de drogas sintéticas, como heroína, morfina, cocaína o sus derivados químicos. Irán ejecutó a centenares de personas en 2016, en la mayoría de los casos por delitos de drogas. Según Hassan Noroozi, miembro del Parlamento, hay 5,000 personas condenadas a muerte por delitos de drogas en Irán, y la mayoría tienen entre 20 y 30 años.Las autoridades iraníes detuvieron a Mohammad Soleimani, que es de la ciudad de Kermanshah y tiene tres hijos, en Karaj, en marzo de 2015, por presunta posesión de entre 700 y 800 gramos de heroína. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se han comunicado con una fuente bien informada que afirma que Soleimani no estaba en posesión de ninguna droga en el momento de su detención. Según la fuente, su condena se basó en las confesiones de dos hombres que lo implicaron en el delito tras ser detenidos estando ellos en posesión de drogas.Otra fuente bien informada ha dicho que el Tribunal Supremo anuló la condena de muerte de Soleimani en julio de 2016 y ordenó que fuera sometido de nuevo a juicio. Sin embargo, volvieron a condenarlo a muerte en un nuevo juicio, sumario, pues consistió en una breve vista, ante un tribunal revolucionario de Karaj. En una segunda revisión de la causa contra Soleimani, el Tribunal Supremo rechazó su recurso y confirmó la condena de muerte.Fuentes próximas a Ali Mohammad Lorestani han contado a Human Rights Watch que las autoridades de la provincia de Alborz lo detuvieron en octubre de 2012 y que lo tuvieron recluido durante al menos 18 días en un centro de detención policial y lo interrogaron sin que tuviera acceso a un abogado. “Su familia no tenía ni idea de adónde lo habían llevado las autoridades”, ha explicado una fuente. “Cuando lo trasladaron a la prisión tenía un dedo roto.”Las autoridades detuvieron a Majid Badrlou, taxista de 29 años, el 15 de julio de 2011, cuando decomisaron 990 gramos de heroína en su vehículo. Una fuente que conoce su caso ha dicho a Human Rights Watch que Badrlou no representó ningún recurso porque temía que empeorara el resultado del juicio. Ha explicado también que “las autoridades golpearon brutalmente a Badrlou cuando estuvo recluido con fines de integración en el centro de detención de la Oficina de Control de Drogas”.“La pena de muerte es una condena cruel, inhumana y degradante y viola el derecho a la vida. Su uso es detestable en todas las circunstancias, pero llevar a cabo estas ejecuciones sería especialmente trágico ahora que en el Parlamento iraní se ha entablado un debate que podría comportar la abolición de la pena de muerte para los delitos de drogas no violentos”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“En vez de condenar a estas 12 personas a la horca, Irán debe declarar de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones y centrarse en abolir definitivamente la pena de muerte en el país”, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.En diciembre de 2015, miembros del Parlamento formularon una propuesta de eliminación de la pena de muerte para los delitos de drogas, excepto en el caso de contrabando armado, pero no prosperó. El 23 de noviembre de 2016, 100 parlamentarios presentaron un nuevo anteproyecto de ley que es de menor alcance que la propuesta de 2015, pues sólo prohíbe el uso de la pena de muerte en el caso de los delitos de drogas no violentos y mantiene varias tipos de delitos de drogas que comportan todavía la pena de muerte. El nuevo anteproyecto de ley se está examinando en la actualidad en varias comisiones parlamentarias.Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado reiteradamente graves incumplimientos del debido proceso y de las garantías de juicio justo –como uso de tortura y otros malos tratos y juicio sumario– en causas por delitos de drogas punibles con la muerte en Irán.El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que las condenas a muerte impuestas tras unas actuaciones injustas vulneran tanto el derecho a la vida como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Incluso en los países que mantienen la pena de muerte, el derecho internacional de los derechos humanos dispone que su uso debe estar limitado a los “más graves delitos” –los que implican homicidio intencional–, entre los que no figuran los delitos de drogas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todas las circunstancias, porque es irreversible por naturaleza y es la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante.Irán debe anular las condenas de muerte de estos 12 hombres y abolir definitivamente la pena capital, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.


STR/AFP/Getty Images La situación en las islas griegas se está complicando para las personas refugiadas allí atrapadas ante la llegada de las bajas temperaturas. Así lo ha advertido Amnistía Internacional, que ha lanzado una nueva ciberacción para pedir al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que trabaje con otros gobiernos de la UE para que se dé inicio de forma agilizada al traslado de las personas refugiadas al continente para ser de allí reubicadas a otros países europeos.
La organización recuerda que hombres, mujeres, niños y niñas están actualmente sobreviviendo en tiendas cubiertas de nieve a temperaturas bajo cero y que deben ser evacuadas urgentemente. Desde la adopción del tratado entre la Unión Europea y Turquía el pasado mes de marzo, los líderes europeos han hacinado a los solicitantes de asilo en las islas griegas con la intención de enviarlos de nuevo a Turquía, bajo la falsa presunción de que sus derechos serán respetados allí.
Sin embargo, las devoluciones no se están produciendo de la manera en que los dirigentes europeos esperaban, lo que ha generado que en la práctica las personas quedan atrapadas de manera indefinida. Así, los centros están saturados, lo que aumenta la ansiedad entre las personas que allí se encuentran. Ante la difícil situación, Amnistía Internacional también ha pedido que se facilite un apoyo adecuado a las autoridades griegas para que se realice de forma adecuada el registro de las personas y se puedan procesar las solicitudes de asilo.


Corbeta Avantia 2200 patrol © http://www.navantia.es Madrid/Barcelona.-Las ONG de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) han reiterado su oposición a la venta de cinco corbetas del tipo Avante 2200 para la armada saudí que fabricaría la empresa española Navantia. Durante la próxima visita del Rey Felipe VI a Arabia Saudí del 14 al 16 de enero se podría facilitar la firma del contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de estos barcos de guerra, equipados con cañones de diverso calibre, misiles, torpedos y que pueden transportar un helicóptero de combate.
Las ONG advierten al Gobierno que, de realizarse esta operación, España podría convertirse en cómplice de la comisión de atrocidades en el conflicto de Yemen, debido al riesgo manifiesto de que las corbetas puedan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval -que impide el acceso de la ayuda humanitaria- al que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, violaciones todas ellas graves del derecho internacional. Según la ONU, hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen ha provocado la muerte a más de 7.000 personas, la mitad de ellas civiles, y heridas a más de 38.000.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, “Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán reclama al Gobierno que “no autorice ventas de armas a este país mientras exista un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.
Jose María Vera, director de Oxfam Intermón destaca la “catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen”. La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y ha reconocido haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados como presuntos crímenes de guerra.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace, denunció que “en la última década España ha vendido armas a Arabia Saudí, que es el segundo importador mundial de armas entre 2011 y 2015, por valor de casi 1.400 millones de Euros”. Pide al gobierno que investigue “si las municiones, granadas de mortero, bombas, torpedos, cohetes, misiles, aviones y vehículos blindados españoles exportadas a Arabia Saudí se han utilizado para matar civiles inocentes en Yemen” y recuerda las denuncias sobre la presencia en manos de los rebeldes huzíes en Yemen de granadas Alhambra y lanzagranadas C90-CR fabricados por la empresa española Instalaza.
Según Jordi Armadans, director de FundiPau, “el debate no puede reducirse a puestos de trabajo a costa de la vida de civiles inocentes yemeníes” y reclama al Gobierno y al Parlamento “valentía y visión a largo plazo para afrontar un debate serio sobre las consecuencias de las exportaciones de armas y un compromiso real con la paz y el respeto al derecho internacional”. También pide que adopten medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas para garantizar que España cumple sus obligaciones según el derecho internacional y la legislación española y europea, que prohíben la venta de armas para cometer atrocidades.
En enero de 2016, las cuatro ONG ya se dirigieron a Navantia y al entonces Presidente del Gobierno en funciones para manifestarles su oposición a esta operación, que es ilegal en virtud del derecho español e internacional. También en noviembre de 2016, antes del fallido viaje del Rey a Arabia Saudí, enviaron una carta con sus preocupaciones al monarca y al Gobierno español.
Según el artículo 8.1. de la Ley española sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…)ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”. Por su parte, el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas –ratificado por España en 2013- prohíbe la venta de armas si, en el momento de autorizar la operación, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”.


Dylann Roof. © gtresonline Ante el anuncio de la condena a muerte de Dylann Roof tras ser declarado culpable del homicidio de nueve personas en la iglesia episcopal metodista africana de Emanuel, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha emitido la siguiente declaración:
“En el curso del juicio y de la imposición de condena de Dylann Roof hemos visto el terrible sufrimiento que causó y la repugnante animadversión racista que motivó sus actos. Sin embargo, condenarlo a muerte no es hacer justicia. La pena de muerte es un castigo ineficaz que despoja a todas las personas de sus derechos humanos, e incorpora a su vez el racismo en el sistema de justicia penal. No curará las profundas heridas raciales que siguen sembrando la violencia en nuestra nación.” Desde hace más de dos décadas, las condenas a muerte y ejecuciones han disminuido constantemente en Estados Unidos porque es un castigo caro, ineficaz e injusto. En 2015 se llevó a cabo el menor número de ejecuciones desde que se reinstauró la pena capital en 1976. La condena de hoy es un paso en la dirección errónea, que se aleja de los derechos humanos y de la auténtica justicia. Amnistía Internacional se opone en todos los casos sin excepción a la pena de muerte por considerarla la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. En la actualidad, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Estados Unidos fue uno de los sólo nueve países del mundo que llevaron a cabo ejecuciones todos los años entre 2009 y 2013.


Photo: Gallo Images / Nation Media / Stephen Mudiari En respuesta al homicidio de Madalitso Pensulo, un hombre de 19 años con albinismo, cometido el 10 de enero de 2017 en el poblado de Mlonda, bajo la Autoridad Tradicional de Sabwe, en el distrito de Thyolo, Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional  para África Austral, ha declarado:
“Las autoridades de Malawi deben investigar de manera exhaustiva y sin demora el terrible homicidio de Madalitso Pensulo, y tomar medidas inmediatas para abordar la mala actuación policial y las deficiencias del sistema de justicia penal que han conducido a un clima de impunidad para los delitos cometidos contra personas con albinismo.”
“La policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben redoblar sus esfuerzos y llevar sin demora al presunto asesino, conocido por la comunidad del poblado de Mlonda, ante un tribunal competente en un juicio justo. El mensaje debe ser que los ataques contra personas con albinismo no se tolerarán.”
“Las personas albinas viven con miedo en sus propias comunidades. Este último homicidio pone de manifiesto la urgente necesidad de que las autoridades de Malawi garanticen un sistema de justicia penal efectivo para llevar ante la justicia a los presuntos autores de delitos de este tipo cometidos en el pasado. Las autoridades deben garantizar una estrategia de seguridad coordinada que proteja a todas las personas albinas de Malawi y ponga fin a su secuestro y homicidio.”


Imagen de algunos detenidos rezando en Guantánamo. Maren Hennemuth/picture-alliance/dpa/AP Images Cuando se cumple el 15 aniversario de la creación de la prisión de Guantánamo, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha publicado la siguiente declaración:
“Hace ocho años, el presidente Obama comenzó su mandato presidencial comprometiéndose a cerrar el campo de detención de la bahía de Guantánamo. Debería terminarlo cumpliendo esa promesa. Hoy, Guantánamo sigue siendo un símbolo vivo de los abusos contra los derechos humanos cometidos por Estados Unidos. La inmensa mayoría de las personas que permanecen recluidas allí no han sido acusadas y menos aún juzgadas por ningún delito. El presidente electo Trump ha indicado que, en lugar de cerrar Guantánamo, es partidario de ampliar su población o intentar el retorno a un uso sistemático y en gran escala de la tortura. El apremio es evidente: el presidente Obama no debe dejar Guantánamo en manos de Trump."Más información:Carta abierta al presidente Obama: http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/pdfs/170103guantanamoletterfinal.pdfCampaña publicitaria: http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/amnesty-international-usa-launches-aggressive-guantanamo-closure-campaign-in-obama-s-final-day 


Familia musulmana en República Centroafricana © AI Personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra, tales como homicidios y violaciones, durante el conflicto en República Centroafricana han eludido ser investigadas y arrestadas y, en algunos casos, conviven con sus víctimas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. La organización pide una inversión cuantiosa para reconstruir el sistema de justicia del país y establecer el Tribunal Penal Especial que contribuya a llevar ante la justicia a quienes perpetraron estos crímenes. 
“Miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos en República Centroafricana continúan esperando que se haga justicia, mientras que personas que han cometido crímenes horribles, como asesinatos y violaciones, siguen libres”, ha afirmado Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central. 

El nivel de impunidad es abrumador y está minando los esfuerzos para reconstruir República Centroafricana y crear una paz sostenible
Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central
“La única solución a largo plazo a esta situación de impunidad sistemática es la reforma integral del sistema nacional de justicia de República Centroafricana, incluida la reconstrucción de sus tribunales, prisiones y fuerzas policiales. Mientras tanto, conseguir una financiación sostenible para el Tribunal Penal Especial, que incluya programas sólidos de protección de testigos, es un paso fundamental hacia la justicia.” 
The long wait for justice: Accountability in Central African Republic destaca cómo decenas de personas sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional y otras violaciones y abusos graves contra los derechos humanos han eludido ser investigadas de forma efectiva y arrestadas. Los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas se han visto obstaculizados por la falta de capacidad tanto del gobierno de República Centroafricana como de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en el país. 
El sistema de justicia de República Centroafricana, que ya era frágil antes del conflicto, se deterioró aún más en su transcurso, ya que se destruyeron documentos y el personal judicial se vio forzado a huir. Fuera de la capital, Bangui, hay pocos tribunales en funcionamiento y sólo 8 de las 35 prisiones del país están operativas. Las personas detenidas están recluidas en edificios en ruinas en condiciones de hacinamiento e insalubridad. El bajo nivel de seguridad ha dado pie a fugas de la cárcel constantes. 
En noviembre de 2016 se presentó en una conferencia de donantes internacionales celebrada en Bruselas un plan para la reconciliación nacional y la consolidación de la paz que solicitaba 105 millones de dólares estadounidenses en cinco años para fortalecer el sistema nacional de justicia y poner en marcha el Tribunal Penal Especial. Un miembro de la sociedad civil de Bangui dijo a Amnistía Internacional: “Estas personas [presuntos perpetradores] conviven con sus víctimas. Utilizan los mismos taxis, compran en las mismas tiendas y viven en los mismos barrios. Nadie ha sido arrestado ni procesado y tal clima de impunidad sólo contribuye a transmitirles seguridad.”
Entre septiembre de 2014 y octubre de 2016, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en República Centroafricana ayudaron a las autoridades nacionales a arrestar a 384 personas por crímenes vinculados al conflicto. Sin embargo, entre ellas sólo hay unas pocas con cargos destacados sospechosas de haber cometido los delitos más graves y, además, 130 de ellas escaparon de prisión en septiembre de 2015.Esta impunidad ha contribuido al aumento de la violencia desde septiembre de 2016, con ataques como el de Kaga-Bandoro en octubre, en el que ex combatientes de Seleka mataron al menos a 37 civiles, hirieron a otros 60 y obligaron a 20.000 personas a huir de sus casas. Recomendaciones para el Tribunal Penal EspecialEn los últimos meses se han hecho avances importantes para el establecimiento del Tribunal Penal Especial, un tribunal “híbrido” integrado por jueces y juezas y personal nacional e internacional que procesará a personas sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional durante el conflicto.No obstante, el informe de Amnistía Internacional incluye recomendaciones clave para garantizar el establecimiento del Tribunal Penal Especial lo antes posible y de manera tal que las investigaciones efectivas y los juicios justos estén garantizados.Si bien ya están comprometidos 5 de los 7 millones de dólares estadounidenses que se necesitan para los 14 primeros meses de puesta en marcha, es necesario hacer más para asegurar un apoyo sostenible durante los primeros cinco años de actividad del Tribunal. Los países donantes también deben ayudar designando jueces y juezas cualificados así como otro personal judicial en procesos de selección en curso y futuros.“El Tribunal Penal Especial es fundamental para garantizar que las víctimas de algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto tienen la oportunidad de ver que se hace justicia en República Centroafricana, y se le debe prestar todo el apoyo posible”, ha indicado Ilaria Allegrozzi.“También es vital desarrollar un programa sólido de protección de testigos y víctimas para garantizar que su participación en los procedimientos atiende a condiciones de seguridad. Las personas acusadas también tienen derecho al disfrute de todas las garantías de un juicio justo, tales como la asistencia letrada. Es hora de acabar con el clima de miedo en que vive República Centroafricana desde hace demasiado tiempo.”Información complementariaEl informe de Amnistía Internacional se basa en decenas de entrevistas con personas relacionadas con el sistema nacional de justicia en República Centroafricana, entre los que figuran jueces y juezas, fiscales, miembros y consejeros/as del ministro de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de República Centroafricana y profesionales del derecho.Además, la organización también ha entrevistado a víctimas de abusos contra los derechos humanos y de crímenes de derecho internacional. La información obtenida durante las entrevistas se ha corroborado con información y datos obtenidos de otras fuentes, tales como documentos judiciales, informes sobre el sistema de justicia y sobre otros asuntos políticos, sociales y humanitarios en República Centroafricana. En julio de 2014, Amnistía Internacional dio nombres de 21 personas sobre las que existían sospechas razonables de que habían cometido crímenes de derecho internacional. Sólo dos de estas personas han sido detenidas hasta la fecha y la organización no tiene conocimiento de que se hayan abierto investigaciones efectivas sobre las demás.


Donald Trump y James Matis by Aude Guerrucci/picture-alliance/dpa/AP Images Anticipándose a las audiencias de ratificación en el Senado de los candidatos del presidente electo Donald Trump para formar su gabinete, que se celebrarán esta semana, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha hecho la siguiente declaración:“Si estas personas son ratificadas en los cargos para los que han sido elegidas, sus decisiones afectarán a los derechos humanos de millones de personas, en Estados Unidos y en todo el mundo. Algunas han expresado opiniones muy preocupantes sobre la tortura, la discriminación y los gobiernos represivos. Es preciso preguntarles enérgicamente, y que se comprometan con la protección de los derechos humanos.“La campaña del presidente electo Trump se ha caracterizado por una peligrosa retórica, y estos candidatos podrían recibir el encargo de transformar esa retórica en realidad. No podemos permitir que suceda.”La Sección Estadounidense de Amnistía Internacional ha expresado sus dudas sobre varios de los candidatos:
Rex Tillerson, candidato a secretario de Estado, quien, como director ejecutivo de Exxon Mobile, ha mantenido estrechas relaciones comerciales con gobiernos represivos como los de Rusia, China y Guinea Ecuatorial. No ha aclarado si su relación con gobiernos que violan los derechos humanos refleja su filosofía empresarial o su visión del mundo.
Mike Pompeo, candidato a director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien ha defendido la tortura y afirmado que el antiguo programa de detención secreta y tortura de la CIA estaba “dentro de la ley”.
El general James Mattis, candidato a secretario de Defensa, quien se ha manifestado a favor de mantener indefinidamente en Guantánamo a los detenidos que quedan allí.
El general John Kelly, candidato a secretario de Seguridad Nacional, quien podría rechazar —o aplicar— las políticas dirigidas a establecer un registro de musulmanes estadounidenses o a prohibir la admisión de refugiados que resulten ser musulmanes.
El senador Jeff Sessions, candidato a fiscal general, quien se ha posicionado en el lado equivocado en multitud de asuntos que reflejan el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y el derecho internacional y, entre otras cosas, ha afirmado que está dispuesto a considerar prohibir la inmigración musulmana, oponerse a la igualdad en el matrimonio y combatir los esfuerzos dirigidos a mejorar los derechos de voto.