Amnistía Internacional España

Una serie de muertes bajo custodia ha puesto de manifiesto la tortura y las terribles condiciones de reclusión imperantes en la comisaría de policía del distrito cairota de Mattareya, donde la semana pasada murieron al menos tres personas, ha declarado Amnistía Internacional.
Dos de los fallecimientos se produjeron el mismo día de la semana pasada y, según las autoridades forenses de El Cairo, uno de los cadáveres tenía señales compatibles con torturas u otros malos tratos. Desde abril de 2014 al menos nueve detenidos han perdido la vida en la comisaría de Mattareya, según la información recabada por Amnistía Internacional, aunque hasta ahora las investigaciones han sido poco contundentes y nadie ha rendido cuentas.
“La constante de muertes bajo custodia que puede verse en la comisaría de Mattareya es inquietante. Las autoridades no pueden seguir ocultando bajo la alfombra la existencia de abusos generalizados y las familias se sienten cada vez más frustradas ante la falta de voluntad de las autoridades de exigir responsabilidades a los perpetradores”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“En lugar de abrir investigaciones reales para arrojar luz sobre las circunstancias de las muertes, las autoridades han anunciado investigaciones con el único fin de reducir las críticas al mismo tiempo que protegen a las fuerzas de seguridad frente a las críticas, por no mencionar la responsabilidad. Los responsables de tortura u otros delitos deben rendir cuentas de sus actos ante la justicia.”
El director de la Autoridad Médica Forense de El Cairo confirmó a Amnistía Internacional que la semana pasada la morgue había recibido los cuerpos de tres hombres que habían muerto en la comisaría de Mattareya.
Hace tiempo que la impunidad arraigada y la ausencia de rendición de cuentas casi total por los abusos que cometen las fuerzas de seguridad egipcias representan un desafío.

“Los años de impunidad han envalentonado a las fuerzas de seguridad egipcias, que han recibido  luz verde efectiva para seguir torturando y maltratando a los detenidos sin sufrir las consecuencias”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.

Según una lista recopilada por activistas locales y la organización Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, desde principios de 2014 se han producido como mínimo 121 muertes bajo custodia en Egipto. Las causas de las muertes varían entre la privación de atención médica, las causas naturales y la tortura.
El director de la Autoridad Médica Forense de El Cairo afirma que han aumentado las muertes en las comisarías de policía debido a que muchas personas condenadas a un año de cárcel o menos cumplen la pena en comisarías en lugar de en prisiones debido al hacinamiento crónico que padecen éstas. Las comisarías de policía no están preparadas para recluir a un número elevado de personas, que como consecuencia padecen unas condiciones de reclusión precarias. Entre los fallecidos, añadió, había tanto detenidos por cargos penales como por cargos políticos.
Las leyes y normas internacionales exigen que la prisión preventiva antes del juicio sea la excepción y no la norma. Deben considerarse otros medios, como la libertad bajo fianza, para garantizar que las personas imputadas y no declaradas culpables aún comparecerán en el juicio. Además, las personas detenidas deben estar recluidas separadas de las condenadas.
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU habían pedido a Egipto que protegiera a los detenidos de la tortura y otros malos tratos durante el examen periódico universal a que fue sometido este país el pasado mes de noviembre. Egipto negó que hubiera tortura “en las prisiones”, y manifestó también que los perpetradores de torturas habían respondido de sus actos.
“Cuando Egipto vuelva a comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos este mes de marzo y se comprometa a hacer reformas en materia de derechos humanos, no podrá negar los terribles abusos que se están cometiendo en sus comisarías de policía”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.
“Al no abordar estos abusos, las autoridades egipcias se están burlando de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.”
Egipto es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Casos

La semana pasada, el abogado de 28 años Karim Hamdy murió en la comisaría de Mattareya sólo 48 horas después de su detención. Al parecer, fue torturado hasta la muerte durante un interrogatorio a cargo de dos funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad realizado en la comisaría.
El director de la Autoridad Médica Forense confirmó a Amnistía Internacional que su cadáver tenía señales compatibles con torturas, como costillas rotas. Un testigo presencial que vio el cuerpo de Karim Hamdy en la morgue dijo que estaba cubierto de hematomas rojos y marrones, y que tenía marcas azules alrededor de los ojos y el brazo derecho roto. Sus abogados han insistido en que se haga una autopsia para determinar la causa de la muerte después de que la morgue les ofreciera permitirles llevarse el cadáver sin autopsia. Según los medios de comunicación, el informe forense enviado al fiscal decía que el cuerpo tenía diez costillas rotas y una hemorragia cerebral. El fiscal abrió una investigación y ordenó la detención de dos funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad en relación con esta muerte, pero se ha dictado el secreto de sumario.
Karim Hamdy había sido detenido el 22 de febrero en un asalto a su casa realizado por las fuerzas de seguridad. Un amigo que presenció la detención describió así la escena a Amnistía Internacional:
“Alrededor de ocho miembros armados de las fuerzas de seguridad entraron en el edificio rompiendo la puerta. Dieron golpes en la puerta de su apartamento. Cuando la madre de Karim abrió la puerta, los hombres armados irrumpieron en la vivienda y capturaron a Karim, que aún iba descalzo. Su madre trató de preguntar por qué lo detenían, pero no respondieron. Intentó impedirles que se lo llevaran, pero la apartaron de un empujón y la amenazaron apuntándole con una pistola en la cara.”
Aunque los hombres armados dijeron que se llevaban a Karim Hamdy a la comisaría de policía de Marg para implicar a otros detenidos, sus amigos y el abogado no lo encontraron allí. Tras una larga búsqueda, finalmente averiguaron que se lo habían llevado a la comisaría de Mattareya.
Karim Hamdy fue acusado de pertenecer a un grupo terrorista, protestar sin autorización, poseer armas y usarlas contra la policía durante protestas. Hamdy negó las acusaciones y dijo al fiscal durante el interrogatorio que lo habían torturado para obtener una “confesión” en vídeo. En lugar de investigar sus denuncias de tortura y otros malos tratos, el fiscal envió a Karim Hamdy de regreso a la comisaría de Mattareya, donde fue sometido a más torturas.
Al día siguiente, Hamdy debía regresar a la fiscalía para seguir siendo interrogado, pero nunca llegó. Cuando sus abogados acudieron a la comisaría de policía y preguntaron por él, descubrieron que había muerto.
El mismo día, 24 de febrero, también murió en la comisaría de policía de Mattareya Emad el Attar. El director de la Autoridad Médica Forense dijo a Amnistía Internacional que su muerte se debió a la falta de ventilación en una celda masificada.
Un testigo que no desea hacer público su nombre por motivos de seguridad dijo:
“Emad era una persona religiosa conservadora y por eso fueron a por él las fuerzas de seguridad. Los funcionarios lo obligaban a dormir en el aseo de la celda. Le vertían encima agua fría por la noche y le impedían ver a su familia durante las visitas. Como práctica habitual, las fuerzas de seguridad insistían en que su familia diera dinero y cigarrillos a los guardias para que les permitieran visitarlo. El día de su muerte se estaba asfixiando por la falta de ventilación y el exceso de humo de los cigarrillos en la celda. Sus compañeros de celda golpearon la puerta de ésta para avisar a las fuerzas de seguridad de que Emad estaba muy mal. Los agentes respondieron diciendo: ‘Avisad cuando esté muerto y lo sacaremos.’”
Las fuerzas de seguridad lo sacaron finalmente de la celda, después de que los demás detenidos siguieran insistiendo. Emad murió antes de llegar al hospital de Mattareya.
“Deben investigarse las denuncias de que Emad el Attar fue privado de forma tan cruel de una atención médica urgente que le habría salvado la vida, pues estos hechos podrían constituir una violación de la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Quienes sean declarados responsables de infracciones penales deben responder de sus actos ante la justicia”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.
Todos los detenidos deben tener acceso a la atención médica que necesiten con independencia de su situación legal y sin discriminación, incluso por su opinión política.
Emad el Attar había sido detenido el 30 de enero de 2015 tras una protesta contra el régimen militar. Lo llevaron a la comisaría de Mattareya, donde según informes lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas, y fue acusado de pertenecer a un grupo prohibido, convocar protestas y usar la violencia contra la policía. No comunicaron su paradero a sus abogados y su familia, que lo buscaron durante siete días hasta que finalmente averiguaron que estaba en la comisaría de Mattareya.
Según el director de la Autoridad Médica Forense, la tercera muerte en la comisaría la semana pasada fue la de Mostafa Mahmoud, de 28 años, ocurrida el 22 de febrero. Según informes médicos, había estado en una postura en tensión ocho horas antes de que lo llevaran al hospital, donde murió. Aún no se ha confirmado la causa de la muerte.
Condiciones de reclusión terribles
Según un ex detenido que estuvo 45 días en la comisaría de Mattareya hacia junio de 2014, los calabozos están gravemente masificados y los detenidos suelen estar en condiciones inhumanas y precarias, pues se encierra al menos a 70 personas en celdas mal ventiladas concebidas para albergar a un máximo de 20 reclusos. Los detenidos suelen estar vestidos sólo con la ropa interior debido al calor sofocante del calabozo.
El testigo afirma que al menos cuatro personas murieron asfixiadas cuando estaba detenido allí y que la policía no respondió con la suficiente rapidez para salvarlas. Dijo que no se informó de todas las muertes.
Además, se obligaba a los detenidos a pagar 20 libras egipcias (2,62 dólares estadounidenses) al día para disponer de un espacio en la celda para estar de pie; en caso contrario, les daban una paliza y los encerraban en el aseo o en sus proximidades. Si un detenido quería un sitio más cómodo, por ejemplo, donde pudiera apoyar la espalda contra la pared, el precio subía a 50 libras egipcias (6,56 dólares). El dinero lo recogía un cabecilla que lo pasaba a funcionarios de seguridad de bajo rango.
El testigo también dijo que había exceso de humo de cigarrillos y drogas.
Un representante de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipcio que visitó a los detenidos en la comisaría dijo que la duración de la visita se limitaba a cinco minutos. También presenció a unos agentes de policía pegando a un detenido y obligándolo a regresar a su celda gateando.
Según ex detenidos de la comisaría de Mattareya, ésta tiene tres plantas. En la segunda planta hay tres celdas de unos 2 x 3 metros cada una. Las salas de interrogatorio que los lugareños conocen como “cámaras de tortura” están en la tercera planta.
Información complementaria

Las muertes de Karim Hamdy y Emad el Attar no son las primeras debidas presuntamente a torturas, otros malos tratos o condiciones de reclusión precarias en la comisaría de policía de Mattareya.
Ezzat Abdel Fattah, funcionario de 46 años del Ministerio de Economía, murió en la comisaría de Mattareya en mayo de 2014 tras ser torturado por agentes de policía. Su familia dijo a Amnistía Internacional que el cuerpo tenía hematomas y quemaduras de cigarrillo. Le habían arrancado las uñas de las manos y tenía al menos seis costillas rotas. Un informe forense concluyó que había muerto debido a una hemorragia cerebral, rotura de costillas y otras lesiones consecuencia de golpes. Su hijo dijo a Amnistía Internacional que lo habían detenido tras discutir con sus vecinos, que tienen estrechos lazos con agentes de la comisaría de Mattareya.
Mostafa Al Aswany, estudiante de 25 años, también murió en la comisaría de Mattareya como consecuencia de tortura y palizas en abril de 2014. Mostafa fue detenido en un cibercafé junto a otras personas y fue acusado de crear una página de Facebook que incitaba a la violencia contra la policía y el ejército. Su madre dijo que vio hematomas en la cara y el cuerpo cuando lo visitó en detención y que Mostafa se había quejado de que lo habían pegado otros presos que no le dejaron dormir. También dijo que fue torturado durante el interrogatorio. Mostafa murió unos días después de su detención; su madre dijo que tenía marcas de golpes en todo el cuerpo.
Ahmed Ibrahim murió en la comisaría de Mattareya en junio de 2014, tras ser trasladado desde la prisión de Borg Al Araba a la comisaría para ser puesto en libertad. Se había quejado varias veces a su padre de las malas condiciones en las que estaba recluido, diciendo que la celda estaba demasiado masificada y llena de humo de cigarrillos, por lo que no podía respirar. El día que murió, Ahmed Ibrahim llamó a su padre y le dijo que se asfixiaba y que necesitaba ayuda urgente. Su padre trató de que lo trasladaran a otra comisaría, pero las autoridades se negaron y lo obligaron a salir de la comisaría. Entonces trató de llamar a una ambulancia para su hijo, pero los agentes de policía se negaron a permitir la entrada de nadie alegando que la ambulancia no había sido llamada por la policía.


Manifestación por el derecho a decidir. Febrero 2014 (AP Photo/Andres Kudacki) Amnistía Internacional ha acogido con preocupación el intento del Grupo Parlamentario Popular de limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad.

El pasado 18 de febrero, el Grupo Popular presentó una iniciativa legislativa cuyo objeto es exigir el consentimiento parental para las mujeres de 16 y 17 años que deseen acceder a un aborto legal, y el consentimiento expreso de sus representantes legales en el caso de mujeres con discapacidad. Para ello pretende reformar la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años. A partir de esa edad cualquier persona puede decidir sobre una operación de vida o muerte, pero de aprobarse esta reforma, paradójicamente, las adolescentes no podrán acceder por sí mismas a un aborto legal y seguro. Según Amnistía Internacional, el establecer esta diferenciación, que no está basada en criterios médicos, puede constituir un elemento de discriminación para las menores de 16 y 17 años que quieran acceder a él.

De espalda a las recomendaciones internacionales

Esta proposición de ley es contraria a las recomendaciones a España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 2012, en las que se le insta a garantizar la plena aplicación de la Ley del Aborto de 2010, prestando especial atención a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes.

Otros organismos de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, han recordado que exigir el consentimiento de los progenitores para las mujeres adolescentes merma la autonomía de la mujer y puede desalentar a la mujer de buscar servicios legales y sin riesgos. Este organismo recomienda que las políticas alienten, pero no exijan, el consentimiento de los padres, con el objetivo de proteger a las menores.

Otros organismos, como el Comité de Derechos del Niño, alienta que los Estados respeten estrictamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas adolescentes, incluso en lo relativo al asesoramiento y las consultas sobre cuestiones de salud.

Por su parte, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Personas con Discapacidad, ha destacado que los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad, y de no permitir que el consentimiento sea otorgado por personas que, en su nombre, sustituyan a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones.

Este proyecto de ley aleja a España de la mayoría de países de la Unión Europea, y nos equipara a legislaciones como las de Bulgaria, Chipre, República Checa, Turquía, Georgia, Grecia, Macedonia o Hungría.

Medida injustificada e innecesaria
“La reforma de la ley es injustificada, y su resultado más probable es un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos inseguros, clandestinos e ilegales para abortar, poniendo en riesgo su salud, bienestar y hasta su vida”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Se trata, además, de una medida innecesaria, ya que según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), más del 87% de las menores que abortaron entre enero y septiembre de 2014, lo hicieron acompañadas de sus padres.

Menores víctimas de violencia, especialmente vulnerables
Los datos sobre menores en situaciones de especial vulnerabilidad por haber sido víctimas de violencia de género deberían suscitar la reflexión del Gobierno:

  • En 2013, un total de 499 mujeres menores de 18 años fueron víctimas de violencia de género y contaron con orden de protección o medidas cautelares. (INE 2013)
  • A lo largo de 2014, se ha producido un incremento de solicitudes de órdenes de protección para menores de edad. Los Juzgados de Violencia sobre las mujeres han registrado un total de 772, pasando del 2 al 4% del total de las órdenes de protección a lo largo del año. Por su parte, los juzgados de guardia han registrado un total de 63 órdenes de protección a menores, con una evolución del 1 al 2% anual del total de las órdenes. (Consejo General del Poder Judicial, 2015).
  • En los últimos años ha aumentado la violencia contra los hijos e hijas, según la Memoria de la Fiscalía de 2014.
  • En el tramo de 12 a 17 años, el tipo de maltrato intrafamiliar que más se reitera es también el abuso sexual. (Observatorio de la Infancia 2011).
  • El 4,25% de los menores de 8 a 17 años fueron maltratados en el ámbito familiar durante 2006 (última investigación disponible). El 4,54% de las niñas y el 3,94% de los niños. (Observatorio de la Infancia 2011).

“Exigir el consentimiento de los progenitores en estos casos coloca a las adolescentes que pudieran estar siendo víctimas de violencia en una situación de mayor vulnerabilidad, y las aboca a abortos clandestinos que pongan en riesgo incluso su vida” ha manifestado Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional lamenta que se haya puesto en marcha esta iniciativa sin evaluar el impacto que esta medida puede tener en los derechos humanos de las menores, especialmente en las que están en una situación de extrema vulnerabilidad. La organización también ve con preocupación la escasez de datos existentes sobre violencia sexual fuera del ámbito familiar.

La organización ha lanzado a través de su plataforma www.actuaconamnistia.org una petición al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular para que no lleven adelante dicha reforma legislativa. También pide al resto de grupos parlamentarios que la rechacen, y a todos ellos que atiendan y respeten las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y las niñas, y presten especial atención a las adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad.

///FIN


Barcos de la Guardia Costera italiana empleadas en las misiones de rescate en el sur del Mediterráneo atracadas en el puerto de la isla de Lampedusa. © AI. La muerte de al menos otros 10 refugiados y migrantes en el Mediterráneo pone de manifiesto la manera en que los gobiernos europeos siguen sin proporcionar recursos adecuados para una operación coordinada de búsqueda y rescate que podrían salvar innumerables vidas. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Una vez más, los buques mercantes y los guardacostas nacionales han respondido valerosamente al inmenso y creciente desafío de salvar la vida a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo vulnerables ante las costas meridionales de Europa”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Pero eso dista de ser suficiente, habida cuenta de esta crisis humanitaria cada vez más grave. Sin una operación europea de búsqueda y rescate, el enfoque de la Unión Europea parece cada vez más desorganizado y negligente.”
La angustia de casi un millar de personas refugiadas y migrantes
El 3 de marzo, en un plazo de 24 horas, ocho operaciones diferentes de búsqueda y rescate en el estrecho de Sicilia salvaron la vida de al menos 941 migrantes. En uno de los casos, una embarcación volcó cuando los refugiados –entre los que, según los guardacostas italianos, había numerosos sirios– vieron a lo lejos un remolcador y se agolparon en un costado de la embarcación. Aunque se rescató a 121 personas, se recuperaron 10 cadáveres.
Las llamadas de socorro más recientes se recibieron desde unas 50 millas náuticas (92km) al norte de Libia, mucho más allá de las aguas patrulladas por la operación Tritón, la operación de la UE para la gestión de fronteras. A la llamada de socorro respondieron buques mercantes, y también guardacostas italianos y tunecinos. También participó un barco de la operación Tritón, para ayudar a los esfuerzos nacionales.
El “sentido de urgencia” de la UE
En una conferencia de prensa celebrada hoy en Bruselas, la Comisión Europea manifestó que la UE necesita un “sentido de urgencia” colectivo sobre su respuesta a la migración en Europa.
Está previsto que en mayo se publique una nueva Agenda Europea de Migración que incluirá el aumento de rutas seguras y legales de migración a Europa. Sin embargo, no se espera que esta agenda prepare el camino a una misión coordinada de búsqueda y rescate con la que responder al creciente número de muertes en el mar.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente una misión de búsqueda y rescate de toda la UE que tenga al menos el mismo mandato y los mismos recursos que la operación Mare Nostrum, que salvó más de 170.000 vidas antes de cancelarse a finales del año pasado.
“La Comisión Europea ha reconocido hoy públicamente que la operación Tritón no sustituye a la operación Mare Nostrum emprendida por Italia. Sin duda, la implantación de un sentido de urgencia debería incluir la eliminación de todos los obstáculos para llenar el vacío dejado por la cancelación de esta operación fundamental de búsqueda y rescate”, ha manifestado Iverna McGowan, directora en funciones de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
Otros órganos internacionales se han hecho eco de esta petición. En un comunicado de prensa hecho público en vísperas de una reunión clave de la Organización Marítima Internacional, de la ONU, que se celebrará hoy en Londres, la Cámara Naviera Internacional (ICS) ha pedido a los Estados miembros de la UE que “actúen con urgencia para evitar la pérdida de miles de vidas más”.


Policías paramilitares chinos patrullan una calle en la ciudad de Kashgar, en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, noroeste de China, julio de 2014 (Imaginechina vía AP Images) La propuesta de nueva ley antiterrorista en China sería un ataque selectivo contra la libertad de religión y de expresión, así como contra los derechos de las minorías étnicas, ha advertido Amnistía Internacional.
Pese a las recientes revisiones, el proyecto de ley carece prácticamente de salvaguardias para impedir que quienes practican pacíficamente su religión o simplemente critican las políticas del gobierno sean perseguidos con la imputación de cargos generales relacionados con el “terrorismo” o el “extremismo”.
Se prevé que la Asamblea Nacional Popular (Parlamento) dé el visto bueno al último borrador de la ley en el periodo de sesiones anual que comienza el jueves.
“China tiene la obligación de proteger a las personas de los ataques violentos, pero esta draconiana ley no es la respuesta. Se está utilizando la seguridad nacional como pretexto para atacar más la libertad religiosa y silenciar a quienes critican al gobierno”, dijo por su parte William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
También se podrá restringir gravemente la libertad de circulación de cualquier persona sospechosa de actividades “terroristas”, que podrá ser sometida a medidas denominadas de “educación” u a otras formas de detención arbitraria.
“Las revisiones no son suficientes; las autoridades chinas deben abandonar este borrador, de formulación imprecisa, y comenzar de nuevo. Hacen falta salvaguardias adecuadas para equilibrar la seguridad con los derechos de las personas”, declaró Nee.
Las normas internacionales exigen que en cualquier legislación de seguridad nacional estén protegidos los derechos humanos, como la libertad de expresión.
“La libertad de expresión, incluidas las críticas pacíficas a las políticas del gobierno o al propio gobierno, debe estar expresamente protegida en cualquier ley”, añadió Nee.
La libertad religiosa en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

El proyecto de ley representa un ataque específico a la libertad religiosa: cualquier persona que facilite un lugar para celebrar actos religiosos podría ser penalizada y calificada de “terrorista” o “extremista”, incluso si dichas prácticas son totalmente pacíficas.
El año pasado las autoridades chinas endurecieron sus ya onerosas restricciones al islam en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, con el objetivo declarado de combatir el “terrorismo violento y el extremismo religioso”.
Las autoridades han elevado al máximo las restricciones a las exhibiciones públicas del islam: se han prohibido las barbas largas, así como los velos, los hiyabs y las camisetas con la media luna y la estrella islámicas. Durante el mes del Ramadán, las autoridades prohibieron el ayuno a algunos grupos.
En mayo de 2014 se lanzó una campaña de “mano dura” en la Región Autónoma y las autoridades dieron prioridad a las detenciones rápidas, los juicios rápidos y las condenas multitudinarias. El gobierno pidió más “cooperación” entre fiscales y tribunales, lo que suscitó preocupación adicional por la posibilidad de que los acusados no recibieran juicios justos.
Los medios de comunicación del Estado han informado de que, seis meses después de iniciarse la campaña de “mano dura”, en el otoño de 2014 se había detenido al menos a 238 presuntos “predicadores religiosos ilegales” y personas que habían facilitado lugares para celebrar actos religiosos, y “eliminado” 171 lugares para “actividades religiosas ilegales”. Además, se confiscaron un total de 23.000 “artículos religiosos ilegales”, incluidos más de 18.000 libros y 2.600 CD y DVD.
En enero, el Comité del Partido Comunista de la Región Autónoma declaró 2015 “año de mano dura” y anunció que la campaña se ampliaría hasta finales de año.
“Es aterrador que el gobierno considere la campaña de ‘mano dura’ en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang como un ensayo de futuras medidas antiterroristas a nivel nacional”, dijo William Nee.
En un peligroso precedente, Ilham Tohti, destacado estudioso uigur y fundador del sitio web Uighur Online, fue condenado a cadena perpetua en septiembre de 2014 tras ser declarado culpable de “separatismo” en un juicio en el que las principales pruebas contra él fueron artículos publicados en el sitio web. Su caso se considera un modelo de la campaña de “mano dura”. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional como preso de conciencia encarcelado sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.


Amenazas, agresiones y cárcel para quienes critican al gobierno son las señas de identidad del régimen azerbaiyano cuando el país se prepara para albergar los primeros Juegos Europeos; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy, cuando faltan 100 días para la ceremonia inaugural.
En Guilty of Defending Rights: Azerbaijan’s human rights defenders and activists behind bars se pone de relieve la persecución creciente de críticos del gobierno, que son detenidos por cargos falsos, golpeados, amenazados y privados de asistencia letrada y atención médica urgente.
“Nadie debería dejarse embaucar por los brillos y oropeles del espectáculo internacional que está organizando Azerbaiyán para proyectar una imagen internacional inmaculada y atraer inversión extranjera. Sus autoridades están entre las más represivas de Europa y sin duda estarían en el podio de los ganadores si se concedieran medallas por el número de activistas y defensores de los derechos humanos encarcelados”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.  
Al menos 22 presos de conciencia se consumen actualmente en prisión o bajo custodia en espera de juicio en Azerbaiyán tras la presentación de cargos falsos que van desde el fraude y la malversación de fondos hasta el abuso de drogas e incluso la traición.
En junio de 2014, en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el presidente Aliyev afirmó que la libertad de expresión, de asociación y de reunión estaban garantizadas en Azerbaiyán.
Sin embargo, destacados defensores de los derechos humanos hablaron de una realidad diferente, ofreciendo detalles sobre más de 90 casos de hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y cargos de motivación política contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas que se han atrevido a criticar al gobierno azerbaiyano. La reacción de las autoridades no se hizo esperar: en cuestión de semanas, todos los que habían prestado declaración ante la Asamblea Parlamentaria fueron detenidos, uno tras otro.
“Estas últimas detenciones han paralizado en la práctica a la sociedad civil y amordazado la libertad de expresión, y marcan la peor etapa de la trayectoria del país en materia de derechos humanos desde que proclamó su independencia”, ha afirmado John Dalhuisen.
Leyla Yunus, defensora de los derechos humanos de 60 años y una de las más destacadas e influyentes críticas del gobierno, fue detenida en julio de 2014, a los pocos días de hacer un llamamiento al boicot de los Juegos Europeos como medida de protesta por el atroz historial de derechos humanos del régimen.  
Leyla Yunus contó a su abogado que un guardia la había arrastrado desde su celda hasta una sala vacía donde la habían arrojado al suelo y le habían dado patadas. En otra ocasión, un grupo de hombres le habían hecho gestos amenazadores de carácter sexual. Ha pasado los últimos seis meses en prisión en espera de juicio, donde las duras condiciones han agravado sus problemas de salud. Sufre diabetes y hepatitis C.
Leyla Yunus fue acusada de traición, actividad empresarial ilícita, evasión fiscal, abuso de autoridad, fraude y falsificación. Estos cargos, falsos y basados en motivos políticos, fueron el resultado de la nueva normativa aprobada por el gobierno para poder cerrar sedes de ONG arbitrariamente y encarcelar a sus dirigentes.
Campaña represiva de periodistas

Las autoridades han intensificado su campaña represiva contra periodistas que critican al gobierno. Khadija Ismayilova, galardonada periodista de investigación, fue detenida el 5 de diciembre de 2014 por el cargo inverosímil de incitar al suicidio a un ex compañero.
Khadija había publicado una lista de presos políticos y además estaba investigando denuncias que vinculaban a la familia del presidente Aliyev con un lucrativo proyecto de construcción en Bakú.  Anteriormente había sido amenazada de manera anónima con la publicación de unas fotografías íntimas de ella –que presuntamente habían tomado agentes del gobierno a escondidas en su casa– si no renunciaba a su trabajo.
Cargos falsos contra activistas juveniles por drogas y vandalismo

Las autoridades persiguen también a los activistas juveniles que destacan y ejercen la crítica, acusándolos de delitos relacionados con drogas o de vandalismo. Las acusaciones utilizadas para proceder a su detención son muy cuestionables, y el interrogatorio de la policía gira en torno a sus ideas políticas.
El conocido bloguero Faraj Karimov aseguró que la policía lo había golpeado para obligarlo a admitir delitos relacionados con drogas. Lo amenazaron diciéndole que, si no firmaba una “confesión”, la policía causaría “problemas a sus padres” colocando armas en su casa.
La violencia también es práctica común bajo custodia. Orkhan Eyyubzade, activista en favor de la democracia de 19 años que estaba cumpliendo 20 días de detención administrativa por participar en una concentración pacífica “no autorizada”, sufrió una brutal agresión a manos de dos agentes de policía. Contó a su abogado que la policía lo había obligado a tenderse boca abajo, le había esposado las manos a la espalda, desgarrado la ropa interior, propinado patadas y puñetazos y amenazado con violarlo con una botella. No se ha llevado a cabo una investigación eficaz sobre estas denuncias. En cambio, él mismo fue acusado de agresión a agentes de policía y condenado a dos años de prisión.
“Con la mirada puesta en los petrodólares de Azerbaiyán, la comunidad internacional ha guardado un llamativo silencio sobre las violaciones de derechos humanos y las represivas tácticas del país. Es una actitud tremendamente corta de miras que hace un flaco servicio a las personas que actualmente se consumen entre rejas”, ha dicho John Dalhuisen.
Amnistía Internacional solicita a las autoridades azerbaiyanas que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia y que investiguen exhaustiva e imparcialmente todas las denuncias de malos tratos infligidos por agentes estatales y no estatales. Además, la organización les pide que dejen de amenazar a personas y de presentar cargos en su contra por ejercer su libertad de expresión y asociación.


Presos de conciencia en los Emiratos Árabes Unidos © Amnistía Internacional

En el segundo aniversario del comienzo del multitudinario juicio contra los "94 de Emiratos Árabes Unidos" que envió a prisión a decenas de críticos del gobierno y activistas prorreforma de este país, entre los que había destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, jueces, académicos y líderes estudiantiles, una coalición de 12 organizaciones pide al gobierno de EAU la libertad inmediata e incondicional de todas aquellas personas encarceladas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación tras este juicio gravemente injusto, así como la de quienes permanecen detenidas o encarceladas por expresar públicamente su preocupación al respecto. Las organizaciones piden también a las autoridades que garanticen que las denuncias de tortura y otros malos tratos a los que fueron sometidas las personas encausadas antes y después del juicio sean investigadas sin dilación y de forma independiente, imparcial y exhaustiva; que los responsables rindan cuentas de sus actos y que las víctimas tengan acceso a un remedio efectivo y a una reparación. 
Las organizaciones comparten los serios motivos de preocupación expuestos desde 2011 por varios órganos de derechos humanos de la ONU y organizaciones de derechos humanos en relación con el uso reiterado por el gobierno de EAU del hostigamiento, la detención secreta, arbitraria y prolongada en régimen de incomunicación; la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y los juicios injustos contra los activistas y quienes critican a las autoridades, así como el uso creciente de la seguridad nacional como pretexto para reprimir el activismo pacífico y las peticiones de reforma.
El espacio para la disidencia en EAU se reduce cada vez más. La represión se ha consolidado con la promulgación en 2012 de la ley sobre delitos informáticos, que el gobierno viene empleando para silenciar a los activistas en las redes sociales y a otras personas que apoyan y defienden la libertad de expresión en Internet, y la promulgación de la ley contra el terrorismo de 2014. La definición vaga y demasiado amplia de terrorismo de la ley de 2014, que considera que constituye terrorismo un gran abanico de actividades, incluidas las protegidas por las normas de derechos humanos, podría utilizarse para condenar a defensores de derechos humanos y críticos del gobierno a largas penas de prisión e incluso a la pena de muerte.
Las organizaciones piden al gobierno de EAU, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que cumpla sus obligaciones de defender los derechos humanos en el país, que incluyen respetar los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y la libertad de asociación y de reunión pacífica. 
El aniversario del multitudinario juicio conocido como el juicio de "los 94 de EAU" coincide con el de la petición presentada en marzo de 2011 por un grupo de 133 personalidades (hombres y mujeres) al presidente de EAU pidiéndole la reforma democrática. La petición desencadenó una represión implacable por parte de las autoridades del país y muchos de los firmantes y sus familias han sufrido hostigamiento, detención arbitraria o prisión en los cuatro años transcurridos desde que suscribieron el llamamiento a favor de la reforma. 
En el juicio de los "94 de EAU", que comenzó el 4 de marzo de 2013 ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal, fueron juzgadas un total de 94 personas, ocho de ellas acusadas y juzgadas en ausencia, por fundar una organización que tenía como fin derrocar al gobierno, cargo que todos negaron. El juicio, en el que no se respetaron las normas internacionales de imparcialidad procesal, fue condenado por numerosas organizaciones de derechos humanos y órganos de la ONU, como su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. El tribunal aceptó pruebas de la acusación consistentes en gran medida en "confesiones" realizadas por los procesados cuando estaban en prisión preventiva. El tribunal no exigió, antes de admitir estas pruebas, que la acusación demostrara más allá de toda duda razonable que las "confesiones" se habían obtenido por medios legítimos y habían sido realizadas voluntariamente por los acusados. Tampoco adoptó medidas para investigar u ordenar que se investigaran sin demora y de forma independiente, imparcial y exhaustiva, las afirmaciones de los procesados de que los interrogadores de los servicios de seguridad del Estado los habían obligado bajo tortura y otros malos tratos a hacer declaraciones falsas en las que se autoincriminaban o incriminaban a otros en los meses en los que estuvieron incomunicados en centros secretos y sin acceso a sus abogados y al mundo exterior. Además, los procesados tampoco tuvieron derecho a apelar ante un tribunal superior; en virtud de las leyes de EAU, las sentencias del Tribunal Supremo Federal son definitivas y no cabe recurso contra ellas. 
El 2 de julio de 2013, el Tribunal declaró culpables a 69 de los 94 procesados, incluidos a los ocho juzgados en ausencia, y absolvió a 25. Entre los procesados había muchas personas que habían alcanzado notoriedad en EAU en sus respectivos campos dentro del derecho, la educación y el ámbito académico, los negocios y como asesores del gobierno. El tribunal impuso condenas de entre siete y 15 años de prisión a numerosas personalidades, entre ellas al destacado abogado defensor de los derechos humanos y catedrático de Derecho, doctor Mohammed Al Roken, autor de varios libros y artículos en revistas especializadas sobre derechos humanos, libertad de expresión y leyes antiterroristas; a los conocidos abogados doctor Mohammed Al Mansoori y Salem Al Shehhi; al juez Mohammed Saeed Al Abdouli; al catedrático de Derecho y ex juez doctor Ahmed Al Zaabi; al abogado y catedrático de la universidad doctor Hadef Al Owais; al miembro de la familia gobernante Ras Al Khaimah sheij doctor sultán Kayed Mohammed Al Qassimi; al empresario Khalid Al Shaiba Al Nuaimi; al profesor de Ciencias Hussain Ali Al Najjar Al Hammadi; al bloguero y ex profesor Saleh Mohammed Al Dhufairi; al líder estudiantil Abdulla Al Hajri; y al estudiante y bloguero Khalifa Al Nuaimi que, antes de ser detenido, mantenía un activo blog donde criticaba la situación de los derechos humanos en EAU y la torpeza de las actuaciones del aparato de la Seguridad del Estado.
También fueron condenados en el juicio siete activistas conocidos como los "7 de EAU", a quienes se les había retirado arbitrariamente la nacionalidad en 2011 y que fueron conminados a salir del país. Estos siete activistas son el economista Ahmed Ghaith Al Suwaidi; el profesor Hussein Al Jabri; el ex veterano empleado del Ministerio de la Presidencia Hassan Al Jabri; el profesor Ibrahim Hassan Al Marzouqi; el ex profesor sheij Mohammed Al Sadeeq; el doctor Shahin Abdullah Al Hosni y el doctor Ali Hussain Al Hammadi.
Durante el juicio, las autoridades tomaron medidas para impedir que se informara de forma independiente de las actuaciones, prohibiendo el acceso a la sala a los medios de comunicación internacionales y a los observadores independientes. Las autoridades de seguridad se negaron asimismo a permitir la entrada en EAU de un observador independiente delegado de Amnistía Internacional inmediatamente antes del inicio del juicio. Además, unos agentes de seguridad vestidos de civil dos impidieron el paso de dos observadores independientes enviados por la Comisión Internacional de Juristas antes de que llegaran al edificio del Tribunal Supremo Federal.
Otra observadora internacional enviada por la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos del Golfo Pérsico, el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos y la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos tampoco pudo acceder a la vista final del juicio, el 2 de julio de 2013, a pesar de que las autoridades de EAU habían indicado con anterioridad que se le permitiría asistir.
En noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió una opinión sobre el caso de los "94 de EAU" y concluyó que el gobierno de este país había privado a los encausados de su derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo declaró que la detención y reclusión de las personas se había derivado del ejercicio por éstas de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, garantizados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal, y afirmó que no cabía considerar proporcionadas ni justificadas las restricciones impuestas a dichos derechos. El Grupo de Trabajo declaró que la detención y reclusión de los 61 procesados que fueron encarcelados tras el juicio multitudinario eran arbitrarias y pidió a las autoridades de EAU que los pusiera en libertad  y les diera una reparación adecuada.
Las autoridades también prohibieron la entrada en la sala del juicio a algunos familiares de los procesados y hostigaron, detuvieron o encarcelaron a otros que sí pudieron asistir a las vistas después de que criticaran las actuaciones y difundieran las denuncias de tortura de los procesados en la red social Twitter. 
En abril de 2013, un tribunal condenó a 10 meses de prisión a Abdullah al Hadidi, hijo de Abdulrahman al Hadidi, uno de los condenados en el juicio de los "94 de EAU", por difundir detalles del juicio "sin probidad y de mala fe", después de criticar las actuaciones judiciales en Twitter. Quedó en libertad en noviembre de 2013. 
El bloguero e internauta Obaid Yousef al Zaabi, hermano de Ahmed al Zaabi, fue detenido en julio de 2013 y, nuevamente, en diciembre de 2013 y juzgado por varios cargos relacionados con sus posts en Twitter sobre el juicio, entre ellos difundir “calumnias sobre los gobernantes emiratíes con frases que los rebajan de condición y acusaciones de opresión” y propagar “ideas y noticias que tienen por objeto ridiculizar a una institución gubernamental y perjudicar su reputación”. En junio de 2014, Obaid Yousef al Zaabi fue absuelto de todos los cargos, pero, a pesar de ello, las autoridades lo mantienen recluido arbitrariamente, sin que exista ninguna base legal para privarlo de libertad. Está en el ala de presos del Hospital Municipal Sheikh Khalifa de Abu Dabi, pues padece artritis reumatoide avanzada y le cuesta caminar. 
Osama al Najjar, internauta e hijo de Hussain Ali al Najjar al Hammadi, fue detenido en marzo de 2014 y procesado por cargos basados en unos mensajes que había publicado en Twitter en defensa de su padre, uno de los "94 de EAU". En noviembre de 2014 fue condenado a tres años de prisión y al pago de un cuantiosa multa por cargos como “diseñar y administrar un sitio web en redes sociales con el fin de publicar información e ideas inexactas, satíricas y difamatorias, que son perjudiciales para la estructura de las instituciones del Estado”, “ofender al Estado”, “instigar al odio contra el Estado" y "contactar con organizaciones extranjeras y presentar información inexacta" sobre el juicio de los "94 de EAU" y las condiciones de vida en la prisión de Al Razeen. No tuvo derecho a apelar y está recluido en la prisión de Al Wathba, en Abu Dhabi.
El juicio de los "94 de EAU" resultó ser el eje central de la represión general desatada por las autoridades del país contra la expresión de la disidencia y de la defensa de una mayor participación pública en el gobierno del país y otras reformas. De un solo plumazo, las autoridades eliminaron del ámbito público a sus críticos más destacados y a los principales defensores de la reforma del país, al mismo tiempo que daban a entender a los disidentes en potencia que no tolerarán un debate político abierto en EAU ni ninguna forma de crítica al gobierno.
A la coalición le preocupan enormemente la falta de espacio para que las organizaciones defensoras de derechos desempeñen su legítima labor y los reiterados intentos de las autoridades de EAU o sus partidarios de eliminar la libertad de expresión para sus residentes, no sólo en los medios de comunicación tradicionales, sino también en las redes sociales. El 28 de octubre de 2014, por ejemplo, fue hackeada la cuenta en Twitter del destacado defensor de los derechos humanos y bloguero Ahmed Mansoor, en la que éste publica sus reflexiones personales y opiniones. El 15 de febrero de 2015, las hermanas Asma Khalifa Al Suwaidi, Maryam Khalifa Al Suwaidi y Alyaziyah Khalifa Al Suwaidi fueron víctimas de desaparición forzada y existe gran preocupación por su seguridad. Las tres hermanas Al Suwaidi hacían campaña pacífica en Internet por la libertad de su hermano, uno de los "94 de EAU" presos, el doctor Issa Al Suwaidi, divulgando su juicio injusto y las violaciones de derechos humanos de las que fue objeto a manos de las autoridades de EAU. El doctor Issa Al Suwaidi es un respetado académico y fue secretario general de la Media Luna Roja en EAU entre 1996 y 1998.
La coalición expresa su satisfacción por una información publicada recientemente por el diario gubernamental The National, según la cual el gobierno de EAU había adoptado 36 recomendaciones formuladas por el departamento de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU tras un estudio de varios informes internacionales sobre la situación de los derechos humanos en el país. El diario afirmaba que una de las recomendaciones era la creación de un comité independiente para estudiar todas las denuncias de tortura. Sin embargo, la información desapareció del sitio web de The National al día siguiente de publicarse. 
La coalición pide urgentemente a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que pongan en práctica las siguientes recomendaciones formuladas por los órganos de la ONU y las organizaciones internacionales de derechos humanos:

  • Poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas o encarceladas exclusivamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación;
  • prohibir la práctica de la detención secreta;
  • instituir salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos, y garantizar que todas las quejas o denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan sin dilación y de forma independiente y exhaustiva; 
  • garantizar que las víctimas de la tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos tienen acceso a un recurso efectivo;
  • garantizar que todas las personas privadas de libertad reciben un juicio justo y público ante un tribunal independiente e imparcial, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen el derecho de recurrir la sentencia ante un tribunal superior; 
  • modificar cualquier ley que limite de forma inadmisible los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, y hacer que en última instancia todas estas leyes sean totalmente compatibles con las obligaciones contraídas por EAU en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos; y
  • ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La presa de conciencia y artista iraní, Atena Farghadani, se encuentra en riesgo de muerte al ser hospitalizada después de tres semanas en huelga de hambre. Amnistía Internacional reclama a las autoridades iraníes su liberación inmediata e incondicional. © Particular. Atena Farghadani, artista y presa de conciencia iraní, podría estar al borde de la muerte tras ser hospitalizada cuando llevaba tres semanas en huelga de hambre. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes su liberación inmediata e incondicional.
Según su abogado, la pintora y activista de 28 años fue trasladada desde la prisión de Gharchak hasta un hospital el 26 de febrero tras sufrir un ataque al corazón, y anteriormente en la semana perdió brevemente el conocimiento. El 9 de febrero dejó de ingerir toda clase de alimentos, azúcar y sal para protestar su detención prolongada y los malos tratos que sufría en la prisión de Gharchak, en Varamin, 50 kilómetros al sur de Teherán, donde estaba recluida junto a personas condenadas por graves delitos. En el hospital ha rechazado un goteo intravenoso.
“Atena no tendría que haber sido encarcelada, para empezar. Sus reiteradas detenciones y reclusiones arbitrarias por su obra artística es un atentado manifiesto contra su libertad de expresión”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Ahora su vida está literalmente en manos de las autoridades iraníes. Debe recibir la asistencia médica urgente que necesita, y las autoridades iraníes deben liberar de inmediato y sin condiciones tanto a ella como a todos los demás presos de conciencia.”
Ha prometido no abandonar la huelga de hambre hasta que las autoridades iraníes acepten trasladarla a la prisión de Evín, en la capital.
Atena Farghadani fue detenida por segunda vez el 10 de enero de 2015 tras ser citada a declarar ante un tribunal revolucionario, posiblemente como medida de represalia por un mensaje de vídeo que había publicado tras su liberación en el que describía su experiencia en la cárcel. Sus progenitores contaron a periodistas que la habían sometido a palizas en la sala del tribunal antes de su traslado a la prisión de Gharchak.
Los cargos en su contra incluían “difundir propaganda contra el sistema”, “insultar a miembros del Parlamento a través de obras pictóricas” e “insultar al líder supremo”, y se basaban en sus exposiciones de arte, sus pinturas críticas y otras actividades pacíficas, como reunirse con familiares de presos políticos. A su abogado todavía no le han permitido leer el expediente de su causa.
Detenida anteriormente
La Guardia Revolucionaria de Irán detuvo por primera vez a Atena Farghadani el 23 de agosto de 2014. Registraron su vivienda, confiscaron sus pertenencias y se la llevaron con los ojos vendados.
En aquella ocasión estuvo cinco días recluida en régimen de aislamiento en la Sección 2A de la Prisión de Evín, controlada por la Guardia Revolucionaria, y a continuación fue trasladada a una celda compartida con Ghoncheh Ghavami, presa de conciencia de doble nacionalidad iraní y británica detenida tras protestar por la exclusión de las mujeres del voleibol. Atena Farghadani estuvo otros 10 días en aislamiento tras declararse en huelga de hambre por su detención.
Más tarde contó a los medios de comunicación que la habían interrogado durante nueve horas cada día a lo largo de un mes y medio en la prisión de Evín. Los interrogatorios giraban en torno a una viñeta que había dibujado y publicado en Facebook y a sus reuniones con familiares de personas que habían muerto en el contexto de los disturbios desatados tras las controvertidas elecciones presidenciales de Irán en 2009.
La ilustración, de unos parlamentarios emitiendo su voto, era una crítica a los miembros del Parlamento por considerar un proyecto de ley destinado a penalizar la esterilización voluntaria como parte de un plan general para restringir el acceso a las medidas anticonceptivas y los servicios de planificación familiar.
Además, las autoridades presentaron también el cargo de “reunirse y actuar en connivencia con elementos antirrevolucionarios y sectas desviadas” contra Atena Farghadani por su exposición de arte, titulada “Parandegan-e Khak” (“Pájaros de la tierra”), referida a las personas que habían muerto en los violentos sucesos posteriores a la disputada elección de 2009 y a la que habían asistido familiares de presos políticos así como miembros de la comunidad bahaí.
En todo este tiempo no había tenido acceso a un abogado ni a su familia. Tras declararse en huelga de hambre para protestar por su detención, las autoridades la pusieron en libertad previo pago de una elevada fianza el 6 de noviembre.
Testimonios en vídeo sobre los malos tratos en la Prisión de Evín
Según un mensaje de vídeo que Atena Farghadani publicó a finales de diciembre tras ser liberada, mujeres guardias de la prisión de Evín la habían golpeado y sometido a humillantes registros corporales y otros malos tratos por intentar seguir pintando en prisión, usando vasos de papel desechados y flores de la zona destinada al ejercicio.
Dijo también que las autoridades penitenciarias habían instalado cámaras de vigilancia en los servicios de la Sección 2A de la Prisión de Evín, que habían usado para grabarla recogiendo vasos de papel de un cubo de basura. En su mensaje de vídeo decía:
Las [guardias de la prisión] murmuraban [...] “¿para qué quiere esos vasos?” Una de ellas estaba diciendo: “rebobina la cinta” [...]  Una de las guardias abrió la puerta de golpe [...] y gritó: “quítate la ropa”. Le dije que lo que estaban haciendo era ilegal [...] una de las guardias que decía muchas palabrotas me sujetó las manos en alto, porque yo me resistía al registro [...] Mi mano derecha chocó contra la pared y noté que la muñeca se hinchaba y me dolía [...] Les dije que estaba en huelga de hambre y sed, y que iba a presentar una denuncia. Una de ellas me dijo: “Calla la boca o te pego tan fuerte que se te va a llenar de sangre”.
“La historia de Atena Farghadani es un escalofriante vistazo a los horrores de la vida tras los barrotes de la cárcel para los presos de conciencia de Irán. Debe ser un toque de atención a las autoridades, para que sepan que la verdad saldrá a la luz por más que intenten silenciarla”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.


Imagen del Parlamento de Irlanda del Norte, situado en la ciudad de Belfast. © PETER MUHLY/AFP/Getty Images. Las leyes de Irlanda del Norte sobre el aborto son draconianas y necesitan urgentemente una reforma, ha afirmado hoy, martes 26 de febrero, Amnistía Internacional coincidiendo con la publicación de un nuevo informe.
Irlanda del Norte impone la pena más severa de toda Europa por abortar: cadena perpetua tanto para la mujer que se someta a un aborto ilegal como a cualquier persona que le preste ayuda. La condena se aplica incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal.
El informe advierte de que las restrictivas leyes de Irlanda del Norte sobre el aborto son una violación flagrante de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben a Reino Unido.
La investigación de Amnistía Internacional también ha revelado que, debido a la legislación restrictiva, a las severas penas y a la falta de orientación del Departamento de Salud, los profesionales de la salud temen practicar incluso abortos legales, lo cual genera una “lotería del código postal” para las mujeres que intentan obtener acceso a asesoramiento sobre el aborto y servicios relacionados en Irlanda del Norte. A resultas de ello, las mujeres de ciertos distritos del sistema nacional de salud, como la zona oeste y áreas rurales, no pueden acceder a servicios de interrupción del embarazo.
Grainne Teggart, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Irlanda del Norte, afirmó lo siguiente:
“La draconiana legislación de Irlanda del Norte sobre el aborto es la más dura de Europa. Esta nefasta distinción debería alertar a los políticos".
“La vergonzosa falta de acción política sobre este asunto crucial ha contribuido a crear un clima de miedo entre la profesión médica. Cada año, cientos de mujeres se ven obligadas a salir de Irlanda del Norte simplemente para acceder a la atención de la salud a la que deberían tener derecho, lo cual no hace sino aumentar el trauma que sufren", continuó.
“Los políticos norirlandeses llevan demasiado tiempo eludiendo sus responsabilidades para con la salud de las mujeres. El Departamento de Salud tiene que cumplir su deber respecto a las mujeres y niñas de Irlanda del Norte publicando directrices adecuadas para el personal médico que trata directamente estos casos, y la Asamblea debe actuar sin demora para reformar la legislación sobre el aborto.”
Por su parte, Dawn Purvis, director de programas de la clínica Marie Stopes en Irlanda del Norte, declaró:
“La Asamblea de Irlanda del Norte obliga a toda mujer embarazada como resultado de violación o incesto y que quiera abortar a continuar con el embarazo contra su voluntad. Esto es un trato degradante e inhumano.
“Los políticos tienen el poder de cambiar la situación y de demostrar a las mujeres que realmente se preocupan por ellas, que las valoran como ciudadanas en pie de igualdad y que confían en que ellas tomarán las decisiones que más las benefician. Hasta que eso ocurra, las mujeres de Irlanda del Norte seguirán siendo ciudadanas de segunda en Reino Unido.”
Donagh Stenson, de la organización British Pregnancy Advisory Service, dijo: “Desde 1970, un total de 59.614 mujeres de Irlanda del Norte no han tenido más remedio que desplazarse a Inglaterra para someterse a abortos.
“Ningún político de un país civilizado debería obligar a una mujer a alejarse de su familia y de sus seres queridos para desplazarse a otra jurisdicción con el fin de recibir servicios de aborto. Tomar la decisión de interrumpir el embarazo ya es un viaje suficientemente duro para las mujeres.”
Para saber más, consulta el informe: Nothern Ireland Barriers to accessing abortion services.


Cientos de personas asisitieron al día siguiente al lugar donde el líder opositor ruso Boris Nemtsov fue asesinado en el centro de Moscú el 27 de febrero. © DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images. La muerte de Boris Nemtsov, uno de los activistas políticos rusos más destacados, debe ser investigada sin demora de forma imparcial y eficaz.
Boris Nemtsov fue abatido a tiros a última hora de la noche del 27 de febrero en el centro de Moscú. Su asesino, que escapó, no ha sido identificado.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado que supervisará personalmente los avances de la investigación.
“En medio del actual clima de represión de las libertades de expresión, reunión y asociación, se produce este asesinato a sangre fría de una de las voces libres que las autoridades han intentado acallar activamente”, ha dicho Denis Krivosheev, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Ya hay en Rusia una lista de asesinatos y agresiones por motivos políticos sin resolver cuyas investigaciones quedaron bajo la ‘supervisión personal’ de destacados políticos rusos. No podemos permitir que el nombre de Boris Nemtsov pase a engrosar esa lista.”
Boris Nemtsov, que había sido preso de conciencia al ser detenido por protestar pacíficamente en las calles, fue uno de los activistas más destacados y valientes de Rusia. Era uno de los organizadores de una gran manifestación de oposición que se celebró en Moscú este domingo.
“Si la muerte de Boris Nemtsov no se investiga eficazmente sin demora para llevar a su autor ante la justicia en un juicio con garantías, esto supondrá una inculpación simbólica de las autoridades rusas por no respetar los derechos humanos fundamentales”, ha dicho Denis Krivosheev.
Hasta que se determine toda la verdad sobre el homicidio de Boris Nemtsov, persistirán los numerosos rumores que ya corren sobre el tema, que pueden ser utilizados por todo tipo de elementos sin escrúpulos para provocar actos de violencia en torno a los próximos actos de protesta. Es responsabilidad de las autoridades rusas garantizar que se localiza sin demora a quienes están tras los homicidios y que se garantizan y protegen plenamente los derechos a la libertad de reunión y de expresión de todas las personas afines a Boris Nemtsov.”


Panorámica de la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, un país que mantiene una fuerte represesión a la disidencia política. © AI. Tres mujeres que llevan casi tres semanas detenidas en régimen de incomunicación están expuestas a sufrir tortura y malos tratos y deben ser puestas en libertad con urgencia, ha manifestado Amnistía Internacional, calificando la situación de espeluznante muestra de represión por parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Se trata de tres hermanas que desaparecieron tras haber sido citadas en una comisaría de policía de Abu Dabi, el pasado 15 de febrero, para ser interrogadas a raíz de que hubieran hablado de su hermano, que es preso de conciencia, en las redes sociales.
“Es evidente que las autoridades están tomando medidas punitivas contra estas mujeres por haberse expresado en Twitter para llamar la atención sobre el juicio injusto de su hermano –ha señalado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Tras publicar un tuit en el que decía: “echo de menos a mi hermano”, Asma Khalifa al-Suwaidi y sus dos hermanas fueron citadas por la policía y ahora han desaparecido, como si se las hubiera tragado un agujero negro.”
“Las autoridades deben reconocer que los intentos de silenciar a quienes expresan críticas y de aplastar la libertad de expresión recurriendo a tácticas totalmente represivas resultarán contraproducentes. No pueden detener de manera arbitraria a activistas o a familiares suyos y tenerlos encerrados indefinidamente y sin cargos por capricho. Estas mujeres deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, al igual que todas las demás personas detenidas únicamente por expresarse pacíficamente.”
Las tres mujeres –Asma, Mariam y Alyaziyah Khalifa al-Suwaidi– habían emprendido una campaña pacífica online en favor de su hermano, Issa al-Suwaidi, quien forma parte de un grupo de 69 personas que fueron declaradas culpables en el denominado juicio de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, injusto proceso judicial masivo celebrado en 2013 contra detractores del gobierno y reformistas.  
Acudieron a la comisaría de policía para su interrogatorio y no regresaron ya a casa. No se han puesto nunca en contacto con su familia. Su madre recibió al día siguiente una breve llamada telefónica de alguien que dijo ser miembro de los servicios de Seguridad del Estado y que, sin darle más información, le dijo: “Sus hijas están bien”.
Se cree que se niega a las tres hermanas el acceso a un abogado. A juzgar por casos que Amnistía Internacional ha documentado, las personas bajo custodia de los servicios de Seguridad del Estado están por lo general recluidas en centros de detención secretos, donde se las mantiene en régimen de incomunicación durante semanas o meses, sin acceso a sus familias ni a abogados, y donde a menudo son torturadas o sometidas a otros malos tratos. 
Las hermanas figuran entre los diversos familiares de personas condenadas en el juicio de “los 95 de Emiratos Árabes Unidos” que  han sido objeto de hostigamiento, intimidación o detención tras haber criticado el juicio o difundido las denuncias de tortura en Twitter. A algunos de ellos les han prohibido viajar o les han confiscado el pasaporte. 
“Aunque intente venderse como uno de los Estados más abiertos y progresistas de la región, EAU tiene una oscura historia de represión implacable de la disidencia –ha afirmado Philip Luther–. Las autoridades están haciendo casi imposible expresar pacíficamente críticas online sin sufrir las consecuencias”.
EAU ha detenido arbitrariamente a decenas de detractores del gobierno y activistas que pedían reformas desde 2011, y sometido a muchos largos periodos de reclusión en régimen de incomunicación y, en algunos casos, a desaparición forzada. Para más información, véase ‘There is no freedom here’: Silencing dissent in the UAE’.