Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional pide que se respete el derecho de manifestación pacífica tras la decisión sobre Fergusson. © 2014 Getty Images

Las fuerzas de seguridad no deben hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que salgan a la calle para protestar por la decisión del jurado acusatorio en Fergusson. El jurado ha decidido que no sea procesado el agente de policía acusado de disparar contra el adolescente Michael Brown; así lo afirma hoy Amnistía Internacional.

“No se pueden repetir los abusos cometidos durante el control policial de las manifestaciones en agosto. El derecho de protesta pacífica es un derecho humano y debe ser celosamente protegido. Los agentes tienen el deber de respetar y facilitar el ejercicio de ese derecho, no de coartarlo”, ha dicho Steven W. Hawkins, director ejecutivo de AI Estados Unidos.

“La población debe tener la seguridad de que se tomarán medidas para prevenir el uso innecesario o excesivo de la fuerza. La actuación de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en los próximos días será absolutamente decisiva para transmitir la confianza necesaria en que se han aprendido las lecciones. Amnistía Internacional, y por supuesto el mundo entero, estarán observando.”

Hace unos meses estallaron protestas tras el episodio de los disparos. La policía empleó tácticas de mano dura y métodos represivos para sofocar unas manifestaciones en gran medida pacíficas.

AI Estados Unidos expuso sus motivos de preocupación sobre las manifestaciones en el informe On the Streets of America: Human Rights Abuses in Ferguson. En él detallaba sus observaciones sobre el terreno, incluido un análisis de los métodos policiales, como negarse a permitir que la gente se congregara pacíficamente.

También subrayaba la preocupación de Amnistía Internacional en relación con la legislación estatal de Misuri, que aparentemente autoriza un amplio uso de medios letales. Amnistía Internacional señala que esta legislación no se ajusta a las normas internacionales ya que va mucho más allá del requisito de que sólo se recurra a la fuerza letal cuando sea absolutamente imprescindible para proteger la vida.

Amnistía Internacional dará seguimiento a las protestas y la reacción de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.


Activistas de Amnistía Internacional y No somos delito en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. ©AI

Madrid.- Con motivo de la votación del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) en la Comisión de Interior, Amnistía Internacional, junto con la plataforma No Somos Delito, ha llevado a cabo este martes un acto de protesta en la proximidades del Congreso de los Diputados. Bajo el lema “Más poder a la policía, menos derechos humanos” activistas de ambas organizaciones han mostrado su desacuerdo con este Proyecto de Ley que amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugar de proteger los derechos humanos. Tras esta votación, el Proyecto de Ley pasará al Pleno y de ahí se enviará al Senado, por lo que las organizaciones consideran que este martes es un día clave. 

“No existe un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Por eso estamos hoy aquí, para exigir a la Comisión de Interior que defienda el derecho a la protesta y rechace con su voto aquellos artículos que la pongan en riesgo”, ha afirmado María Serrano, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional España.

"Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión. Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no habría reformado la Ley.”, ha asegurado Alejandro Gámez Selma, portavoz de la Plataforma No Somos Delito.

Éstas son algunas de las preocupaciones que las organizaciones han denunciado sobre el Proyecto de Ley:

  • Limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones “no autorizadas” de los agentes en el ejercicio de sus funciones “cuando puedan ponerse en riesgo una operación” podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar abusos policiales;
  • Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
  • Falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos.
  • Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
  • Menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo.
  • Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos.

 

Además, aunque la redacción final ha sido modificada, el Gobierno ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, es decir, las devoluciones sumarias de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que finalmente se ha añadido una disposición que precisa que los intentos de entrada en territorio español han de producirse “en grupo”, Amnistía Internacional y No Somos Delito recuerdan que el número de personas no justifica la no aplicación de las garantías y salvaguardas jurídicas a cada una de ellas de manera individual. Con este portazo a las personas migrantes y refugiadas, España estaría vulnerando sus obligaciones internacionales.

Ninguna modificación sustantiva

Las organizaciones han señalado además que el texto final que se vota hoy en la Comisión de Interior no ha introducido modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil y los grupos parlamentarios. A pesar del rechazo de los grupos parlamentarios, que se opusieron en bloque al Proyecto de Seguridad Ciudadana, así como de diversas organizaciones y de la sociedad civil, el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las preocupaciones ni sugerencias expresadas. Así, ha mantenido los artículos polémicos, como el que sanciona la falta de notificación, sin exceptuar las manifestaciones espontáneas en las que no ha sido posible notificar; el que sanciona el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el que atribuye la responsabilidad a aquellos a quienes se identifique como organizadores o promotores de las manifestaciones, y aquellos artículos que limitan la protesta y los lugares donde pueden tener lugar las reuniones pacíficas.

Amnistía Internacional ha recogido casi 40.000 firmas de personas que muestran su oposición a una reforma que castiga la disconformidad.


En 2009, en Kawama, República Democrática del Congo, se produjeron demoliciones de casas, centros de salud e infraestructuras. © Action contre l’impunité pour les droits humains

La empresa minera belga Groupe Forrest International ha mentido sistemáticamente sobre el derribo de cientos de viviendas en la República Democrática del Congo (RDC) y negado justicia a las personas afectadas, revela hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Bulldozed: How a mining company buried the truth about forced evictions in the Democratic Republic of the Congo, ofrece imágenes por satélite y otras pruebas nuevas que revelan que la filial de la empresa belga, Entreprise Général Malta Forrest (EGMF), suministró excavadoras que se utilizaron para el derribo ilegítimo de viviendas y el desalojo forzoso de cientos de personas que vivían junto a la mina Luiswishi propiedad de la empresa, en Kawama, Katanga, en 2009. También detalla cómo las empresas y el gobierno congoleño obstruyen desde entonces los intentos de los lugareños por obtener justicia.

“Ahora hay pruebas contundentes e irrefutables que demuestran que se llevaron a cabo realmente los desalojos forzosos cuya existencia Groupe Forrest International niega desde hace años”, dijo Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Es una vergüenza que un gigante de la minería mienta y niegue justicia a la gente. Ya es hora de que diga la verdad e indemnice a los lugareños por sus pérdidas.”

Cinco años después, los lugareños no han recibido ninguna compensación. EGMF se retiró de la concesión minera en 2012. En los últimos meses, las personas que viven en las proximidades de la mina Luiswishi, de la que es ahora propietaria la compañía estatal Gécamines, se han visto bajo la amenaza de volver a ser desalojadas.

Los derribos de 2009 se produjeron durante una operación policial para despejar la zona de Kawama de mineros a pequeña escala que supuestamente robaban de la mina de cobre y cobalto.

Las excavadoras, pertenecientes a EGMF y manejadas por los conductores de la empresa, destruyeron casas y negocios en los tres barrios más próximos a la mina Luiswishi.

Algunas personas perdieron sus medios de subsistencia además de sus casas. Todavía hoy se aprecian los efectos de esa operación. Una mujer cuyo restaurante fue derribado nos dijo que no tiene dinero para comprar comida para alimentarse y que había tenido que sacar a sus hijos de la escuela. Una indemnización adecuada a los lugareños habría aliviado mucho el sufrimiento”, añadió Audrey Gaughran.

Nuevas pruebas
Groupe Forrest International ha afirmado reiteradamente que las excavadoras sólo destruyeron viviendas temporales pertenecientes a mineros a pequeña escala y que los derribos fueron legales, pero Amnistía Internacional ha obtenido imágenes por satélite, vídeos y los archivos de la investigación penal realizada por un fiscal que contienen pruebas irrefutables de que no fue así.

Las imágenes por satélite muestran que se derribaron 387 estructuras en los barrios afectados entre el 31 de mayo de 2009 y el 15 de mayo de 2010
. Estas estructuras existían antes de la llegada de mineros a pequeña escala a Kawama que desencadenó la operación policial del 24 de noviembre de 2009.

Los vídeos grabados ese día muestran la destrucción de casas de ladrillo permanentes, y a policías armados sacando a los habitantes, niños incluidos, de sus viviendas. Esta información fue corroborada por testimonios prestados al equipo de investigación de Amnistía Internacional por residentes de los tres barrios afectados.

Groupe Forrest International dice que no participó voluntariamente en los derribos y desalojos. Sin embargo, los conductores de las excavadoras de EGMF entrevistados por el fiscal declararon que sus superiores les habían ordenado ir a Kawama y seguir las instrucciones de la policía.

Los derribos se realizaron en dos días; la empresa sabía que se estaban produciendo y tuvo tiempo para protestar contra el uso de su personal y sus equipos en los desalojos forzosos; no lo hizo.

Encubrimiento oficial
Un fiscal realizó una investigación sobre los derribos y trató de formular cargos penales contra los responsables. Sin embargo, las autoridades de Kinshasa y del gobierno provincial le ordenaron que no lo hiciera.

“Esto es un encubrimiento por parte de las autoridades congoleñas.
El Estado ha fallado a su propio pueblo al no hacer comparecer a nadie ante la justicia por estos desalojos forzosos y no garantizar que se pagara una indemnización”, dijo Audrey Gaughran.

Amnistía Internacional expuso sus motivos de preocupación y sus pruebas a Groupe Forrest International antes de la publicación del informe, pero la empresa negó toda responsabilidad por los sucesos de Kawama, de los que culpó a la actuación unilateral de la policía. Los intentos de un grupo de ONG congoleñas e internacionales para obtener una resolución judicial en Bélgica para los residentes de Kawama fueron infructuosos; el Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales declaró que no tenía capacidad para investigar.

“Los habitantes de Kawama llevan años intentando encontrar un proceso que simplemente reconozca la verdad de lo que ocurrió en su comunidad. Sus voces han sido sofocadas por las negativas de Groupe Forrest International. Tanto las autoridades congoleñas como las belgas les han fallado”, concluyó Audrey Gaughran.

El informe pide a las autoridades congoleñas y a Groupe Forrest International que garanticen una reparación adecuada para los habitantes de Kawama, incluida una compensación completa por todas las pérdidas ocasionadas por los derribos y los desalojos forzosos. Las autoridades deben formular cargos contra todos los responsables de actos ilegales que causaron violaciones de derechos humanos.

El informe pide asimismo a Bélgica que revise su marco legal y político para garantizar que puede regular debidamente las actividades de las empresas multinacionales
belgas tanto en la propia Bélgica como en otros países.


Acto contra la violencia de género en España. © APGraphicsBank

En lo que va de 2014,  según datos a 18 de noviembre, 44 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas). 14 de ellas habían puesto denuncia y sólo 3 contaban con orden de protección. En ese mismo periodo, 32 menores se han quedado huérfanos por la violencia de género. Desde el 1 de enero de 2003 hasta esa fecha, según los datos oficiales, 756 mujeres han sido asesinadas.

Aunque Amnistía Internacional reconoce que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Integral) supuso un gran avance, estas cifras hacen difícil celebrar con optimismo el décimo aniversario de esta Ley. Otros datos preocupantes son: que desde la creación de los Juzgados de Violencia en 2005 hasta 2013, el número de sobreseimientos provisionales (archivos del procedimiento por no quedar acreditados los hechos) se ha incrementado un 158%; que el número de denuncias y el de órdenes de protección ha ido cayendo año tras año; o que el porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido hasta situarse en el 50% en el 2012, diez puntos por debajo del porcentaje registrado en 2006. Es necesario que tras 8 años de funcionamiento de este tipo de juzgados se hagan evaluaciones que intenten aclarar el significado de estas cifras.

Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir, pero Amnistía Internacional considera que además es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia. A lo largo de estos años, la organización ha denunciado la persistencia de obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a la justicia como son: las deficiencias en las investigaciones de oficio, la falta de protección adecuada a las víctimas o incluso los prejuicios a los que se enfrentan cuando deciden denunciar. 

Principales preocupaciones
Amnistía Internacional vuelve a recordar que la formación de profesionales de la abogacía o la judicatura en igualdad de género, no discriminación y violencia de género es insuficiente e insatisfactoria, lo que contribuye a que persistan prejuicios discriminatorios en el sistema de justicia penal,  y eso se traduce en la creencia de la "denuncia falsa".

El propio Consejo General del Poder Judicial en 2013 alertaba en los Criterios de actuación judicial para la violencia de género de que "con demasiada frecuencia se alude a que muchas de las denuncias presentadas ante los Juzgados de Violencia de Género se presentan para conseguir una posición ventajosa en la separación o el divorcio. Afirmación que no responde a la realidad y que cuestiona el derecho de las mujeres que la sufren a tener una tutela judicial efectiva".

Amnistía Internacional recuerda que el número de condenas por denuncias falsas es insignificante. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2013, se presentaron un total de 657.084 denuncias, de las que sólo 33 terminaron con una condena de denuncia falsa, lo que equivale al 0,005% de las denuncias. 71 denuncias más están en trámite, lo que podría situarlas en un 0,01% como máximo.

Recientemente, organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), se han pronunciado sobre actuaciones judiciales en España y han mostrado su preocupación sobre la falta de protección a las víctimas y su reparación.

El pasado 4 de agostó, este Comité condenó al Estado español por no actuar diligentemente en relación al caso de Ángela González, en el que pese a haber más de 30 denuncias por maltrato contra ella y contra su hija Andrea, los jueces las desoyeron y obligaron a la menor a cumplir el régimen de visitas. Durante una de estas visitas, la menor de siete años fue asesinada.

El Comité ahondó en la existencia de estos esteriotipos que dejan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad a la hora de solicitar justicia y señaló que es necesario tomar en cuenta los antecedentes de violencia de género en los procedimientos de determinación de la custodia y del régimen de visitas de los niños y las niñas. Además el Comité dió seis meses al Estado español para tomar las medidas necesarias para reparar a la víctima. Hasta el momento, no se ha hecho nada al respecto.

Todo esto podría verse agravado con el Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito. A  Amnistía Internacional le preocupa especialmente el artículo 35 de dicho Proyecto de Ley, donde se contempla la "obligación de reembolso" de cualquier tipo de ayuda recibida, y donde se equipara el sobreseimiento o la sentencia absolutoria a la "denuncia falsa", lo que podría dejar a muchas más mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

"Creemos que de no modificarse este artículo del Proyecto de Ley, se revictimizaría aún más a las víctimas que no sólo no obtendrán justicia, sino que además se verán perseguidas por el Estado para devolver las ayudas recibidas", señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también lamenta que este Proyecto, que no recoge los compromisos internacionales adquiridos por España, no se haya convertido en una oportunidad para abordar las dificultades que las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran tanto en la protección como en la reparación. .

Recomendaciones de Amnistía Internacional

El reto fundamental que debe acometer sin dilación el Estado español es garantizar la implementación efectiva de lo establecido en la Ley Integral y paliar los vacíos legales detectados en materia de justicia y reparación.

Concretamente, la organización recomienda:

  • Desarrollar procesos de evaluación de las medidas establecidas en la Ley Integral, entre ellas el funcionamiento de los Juzgados de Violencia, acordes con los parámetros internacionales y hacer públicos sus resultados.
  • Garantizar la especialización del personal judicial que accede a estos juzgados.
  • Asegurar que el Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito aborda de forma adecuada la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y mejora su protección y su reparación.
  • Promover mecanismos legales para garantizar el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada, también en el caso de que haya habido falta de diligencia por instituciones o agentes del Estado.

La periodista Gao Yu, fotografiada en Hong Kong en 2007. © AFP/Getty

Los juicios, que se celebrarán el viernes, de dos destacados activistas –un hombre y una mujer– pondrán de manifiesto la duplicidad de las autoridades chinas respecto a la aplicación del Estado de derecho. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Gao Yu, periodista muy respetada de 70 años, está acusada de compartir secretos de Estado y podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable en su juicio, que se celebra en Pekín a puerta cerrada.

En otro caso diferente en el otro extremo del país, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, está previsto que el destacado intelectual uigur Ilham Tohti, de 45 años, conozca el resultado de su apelación contra una cadena perpetua por “separatismo” dictada el 23 de septiembre. Los dos casos se han caracterizado por los graves defectos legales, incluido el uso de tortura y otros malos tratos.

“Si Gao Yu e Ilham Tohti tuvieran un juicio realmente justo, los cargos contra ellos se rechazarían por ser una flagrante persecución política”, ha manifestado William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.

“El presidente Xi ha subrayado la importancia del Estado de derecho, pero esa actitud no es más que una fachada cuando se trata de casos que el gobierno considera políticamente ‘delicados’. Las autoridades siguen decidiendo de manera selectiva cuándo aplicar el Estado de derecho.”

Según la información publicada en los medios de comunicación, Gao está acusada de compartir con un sitio de noticias extranjero un documento ideológico interno del Partido Comunista, conocido como Documento nº 9. La información contenida en él no merece en modo alguno ser clasificada como secreto de Estado. El documento en cuestión ataca fuertemente la libertad de prensa y “valores universales” tales como la libertad, la democracia y los derechos humanos.

En mayo, la emisora estatal de televisión CCTV retransmitió una “confesión” de Gao. Sin embargo, los abogados de la periodista afirman que esa confesión se obtuvo de forma ilegal, ya que Gao se sintió amenazada y estaba sometida a una fuerte presión psicológica. Además, no sabía que se iba a televisar.

“Gao es la víctima más reciente de la ley de secretos de Estado china, una ley arbitraria y de texto muy impreciso que las autoridades siguen utilizando para atacar a activistas. Su ‘confesión’ televisada no demuestra nada, pero socava seriamente sus posibilidades de tener un juicio justo”, ha manifestado William Nee.

El uso de la tortura y otros medios de coacción para obtener una “confesión” es ilegal en China, al igual que lo es según el derecho internacional, y estos testimonios no deben admitirse como prueba en un juicio. Sin embargo, en la práctica esta norma rara vez se cumple.

El Estado de derecho fue el tema central de una reciente reunión anual clave del Partido Comunista chino. Las autoridades se comprometieron a aplicar salvaguardas para impedir que las confesiones obtenidas mediante tortura fueran utilizadas como prueba en los tribunales. El Tribunal Supremo Popular ha dado pasos para redactar una normativa al respecto.

“En el mejor de los casos, la actuación de las autoridades es contradictoria. Por un lado, subrayan la importancia del Estado de derecho, mientras que por el otro animan a los tribunales a apartar la vista en casos ‘delicados’”, ha manifestado William Nee.

Apelación de Ilham Tohti

Mientras tanto, las autoridades se han negado a permitir que la familia de Ilham Tohti asista a su apelación. Según sus abogados, a Tohti le negaron el alimento durante 10 días y lo tuvieron con los pies encadenados durante más de 20 días mientras estuvo detenido antes de su juicio inicial en septiembre.

Gran parte de las pruebas presentadas contra Tohti en aquel juicio procedían de las declaraciones de siete de sus antiguos estudiantes, detenidos junto con Tohti en enero de 2014 y que se enfrentan a cargos similares de “separatismo”.

Existen motivos sólidos para creer que los estudiantes uigures, que permanecen detenidos, hicieron sus declaraciones bajo coacción y siguen sometidos a formas de tortura y otros malos tratos similares a las que sufrió Tohti.

“El trato recibido por Ilham Tohti pone una vez más de manifiesto la hipocresía de las autoridades chinas en lo que se refiere a la aplicación del Estado de derecho. Ilham Tohti es un preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha manifestado William Nee.


Detekt es la primera herramienta que se pone a disposición del público que detecta spyware © Private

Amnistía Internacional y una coalición de organizaciones tecnológicas y de derechos humanos han presentado hoy una nueva herramienta que permite a periodistas y defensores de los derechos humanos rastrear sus ordenadores en busca de los conocidos programas espía de vigilancia.

Detekt es la primera herramienta que se pone a disposición del público que es capaz de detectar en ordenadores los programas espía de vigilancia más conocidos, algunos de ellos utilizados por gobiernos.

“Los gobiernos recurren cada vez más a tecnología peligrosa y sofisticada que les permite leer correo privado de activistas y periodistas y activar a distancia la cámara o el micrófono de sus ordenadores para registrar clandestinamente sus actividades. Usan la tecnología en un cobarde intento de impedir que los abusos salgan a la luz”, ha asegurado Marek Marczynski, director de asuntos militares, de seguridad y policiales de Amnistía Internacional. 

Detekt es una herramienta sencilla que avisará a los activistas de esas intromisiones para que puedan tomar medidas. Representa un revés para los gobiernos que están utilizando la información obtenida a través de la vigilancia para someter a detención arbitraria, arresto ilegal e incluso tortura a defensores de los derechos humanos y periodistas.”

Desarrollado por Claudio Guarnieri, experto en seguridad alemán, Detekt se presenta en asociación con Amnistía Internacional, Digitale Gesellschaft,Electronic Frontier Foundation y Privacy International.
La adopción de tecnologías de vigilancia de las comunicaciones y su comercialización han crecido de manera exponencial en años recientes.

La red Coalición contra las Exportaciones destinadas a la Vigilancia Ilegal, a la que pertenece Amnistía Internacional, calcula que el comercio anual de tecnologías de vigilancia en todo el mundo mueve 5.000 millones de dólares estadounidenses, y va en aumento.

Parte de la tecnología de vigilancia está ampliamente disponible en Internet, mientras que alternativas más sofisticadas son desarrolladas por empresas privadas con sede en países desarrollados y vendidas a agencias de inteligencia y organismos encargados de hacer cumplir la ley de países que cometen persistentes violaciones de derechos humanos.

FinFisher, empresa alemana que antes pertenecía a Gamma International, radicada en Reino Unido, desarrolló el spyware FinSpy, que puede utilizarse para vigilar conversaciones por Skype, extraer archivos de discos duros, grabar el uso del micrófono y el correo electrónico y hasta hacer capturas de pantalla y fotografías usando una cámara del dispositivo.

Según la investigación realizada por Citizen Lab y la información publicada por Wikileaks, se utilizó Finfisher para espiar a destacados activistas y abogados de derechos humanos de Bahréin.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a establecer estrictos controles comerciales que obliguen a las autoridades nacionales a evaluar el riesgo de que esos dispositivos de vigilancia se utilicen para cometer violaciones de derechos humanos antes de autorizar su transferencia.

“Detekt es una gran herramienta que puede ayudar a los activistas a mantenerse a salvo pero, en definitiva, la única manera de impedir que se utilicen esas tecnologías para cometer abusos o violaciones de derechos humanos es establecer controles estrictos sobre su uso y comercialización y hacerlos cumplir”, ha dicho Marek Marczynski.

Amnistía Internacional usará sus redes para contribuir a que activistas de todo el mundo conozcan Detekt y rastreen sus aparatos para detectar la presencia de spyware. También contactará con redes y asociados locales para comprobar quiénes consideran que tienen un alto riesgo de ser víctimas de ese spyware.


Una familia de refugiados kurdos procedentes de Kobani, Siria, caminan junto al campamento en el que viven, al sureste de la ciudad turca de Suruc. © 2014 Getty Images

La inacción de la comunidad internacional respecto al creciente número de personas refugiadas sirias que huyen a Turquía ha generado una crisis de proporciones sin precedentes, en la que los refugiados son recibidos con disparos de munición real para impedirles cruzar la frontera, mientras cientos de miles viven en la miseria. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey
, documenta los graves riesgos en materia de derechos humanos a los que se enfrentan las 1,6 millones de personas que han buscado refugio en el país durante los últimos tres años y medio. También pone de manifiesto la deplorable reticencia de la comunidad internacional a la hora de asumir una responsabilidad económica significativa respecto a la crisis de refugiados.

 “Turquía está luchando claramente para cubrir siquiera las necesidades más básicas de cientos de miles de personas refugiadas sirias. El resultado es que muchas de las que consiguen cruzar la frontera se ven abocadas a una vida de miseria. La ayuda humanitaria ofrecida por la comunidad internacional ha sido lastimosamente lenta, pero Turquía también debe hacer más por pedirla y facilitarla”, ha manifestado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.

“Aunque Turquía ha abierto oficialmente sus puestos fronterizos a las personas refugiadas sirias, la realidad para muchos de los que intentan escapar del azote de la guerra es muy diferente. Muchos son devueltos a la zona de conflicto, algunos incluso mediante disparos de munición real.”

Turquía ha dado cobijo a la mitad de los 3,2 millones de mujeres, hombres, niñas y niños que han huido de la violencia, la persecución y otras violaciones de derechos humanos en Siria. Hasta el momento, Turquía afirma que ha gastado 4.000 millones de dólares estadounidenses en la crisis de refugiados. Mientras tanto, hasta final de octubre de 2014, los donantes internacionales sólo se habían comprometido a aportar el 28 por ciento de los 497 millones de dólares asignados a Turquía en el llamamiento de financiación regional de la ONU de 2014 para la población siria.

Turquía y los demás países vecinos –Líbano, Jordania, Irak y Egipto– dan cobijo al 97 por ciento de las personas refugiadas sirias.

“Turquía ha asumido a solas una parte considerable de la carga económica. La reticencia de los países ricos a asumir una mayor responsabilidad económica respecto a la crisis de refugiados en su conjunto, y las escasísimas ofertas de reasentamiento, son deplorables”, ha manifestado Andrew Gardner

Disparos en la frontera
Aunque Turquía mantiene una política de fronteras abiertas para las personas refugiadas sirias en los puestos fronterizos oficiales, sólo hay dos puestos totalmente abiertos a lo largo de los 900 kilómetros de frontera. Incluso en esos puestos, las personas que no tienen pasaporte son devueltas sistemáticamente a menos que tengan necesidades médicas o humanitarias urgentes.

Además, la distancia que las personas refugiadas tienen que recorrer hasta los puestos fronterizos es peligrosamente larga. Muchas personas no tienen más opción que recurrir a cruzar por puntos irregulares difíciles y a menudo peligrosos en las zonas de conflicto, dependiendo en muchos casos de contrabandistas. En esos puntos, a menudo son recibidas con la fuerza.

Amnistía Internacional ha registrado los casos de al menos 17 personas muertas por guardias fronterizos que utilizaban munición real en cruces de frontera no oficiales entre diciembre de 2013 y agosto de 2014. Además, muchas personas han sufrido palizas u otros malos tratos y han sido devueltas al territorio sirio azotado por el conflicto.

Ali Özdemir, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza la noche del 18 al 19 de mayo de 2014 cuando se aproximaba a la frontera turca. Su padre dijo a Amnistía Internacional que Ali estaba con otros nueve refugiados. A unos 10 metros de la frontera turca, oyeron a personas que hablaban en turco. Ali se asustó. Justo cuando decidió darse la vuelta, recibió un disparo en un lado de la cabeza. No hubo ninguna advertencia verbal, ni tampoco disparos de advertencia al aire. Ali quedó ciego de ambos ojos.

El disparar a personas que huyen del conflicto y buscan refugio desesperadamente es despreciable. Se trata de una violación clara del derecho internacional, que no debe quedar impune”, ha manifestado Andrew Gardner.

“La obligación más básica de los Estados es abrir sus puertas a las personas refugiadas que huyen de la persecución o la guerra. Las autoridades turcas deben tomar medidas exhaustivas para garantizar la máxima seguridad y el acceso a los refugiados que huyen del conflicto en Siria.”

Dentro de la frontera
De las 1,6 millones de personas refugiadas sirias en Turquía, sólo 220.000 viven en los 22 campos dotados de recursos adecuados, que actualmente operan a plena capacidad. Más de 1,3 millones de refugiados tienen que valerse por sí mismos. Según fuentes gubernamentales turcas, sólo el 15 por ciento de las personas refugiadas sirias fuera de los campos oficiales reciben ayuda de agencias y organizaciones humanitarias.

La necesidad de conseguir cobijo y alimentos básicos obliga a las familias a recurrir a medidas desesperadas para tratar de sobrevivir: incluso poner a los niños y niñas a trabajar.

“Ibrahim”, de 10 años, y su familia huyeron de Alepo hace dos años y se trasladaron a la localidad fronteriza turca de Kilis, donde viven en un búnker de cemento. Para sobrevivir, padre e hijo recogen plástico de los cubos de basura, y obtienen una libra turca (50 centavos) por cada ½ kg de plástico. El joven Ibrahim dijo a Amnistía Internacional que se despierta cada día a las seis de la mañana y termina de trabajar hacia las cuatro de la tarde. Algunos días tiene tiempo de aprender a leer y escribir con el imán local. Ninguno de los otros nueve niños de la familia va a la escuela.

“La realidad a la que se enfrentan la mayoría de las personas refugiadas sirias una vez que escapan del azote de la guerra es sombría y desesperada. La comunidad internacional las ha abandonado. Las naciones más ricas del mundo se muestran reacias a ofrecer ayuda económica y reasentamiento”, ha manifestado Andrew Gardner.

“Turquía no aclaró la situación jurídica y los derechos de las personas refugiadas sirias hasta octubre, cuando el Parlamento adoptó una Directiva de Protección Temporal. Esta directiva debe implementarse plenamente y comunicarse claramente tanto a las personas refugiadas sirias como a los funcionarios públicos.”
 


Un ordenador portátil muestra un mensaje de denegación de acceso a un sitio web bloqueado en Beijing © STF / AFP / Getty Images

Los crecientes intentos del gobierno chino de promover unas normas cibernéticas globales es otra señal de que la libertad en Internet sufre un ataque permanente; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación a la primera Conferencia Mundial sobre Internet organizada por China.

La conferencia, que se celebra del 19 al 21 de noviembre en la provincia oriental de Zhejiang, congregará a altos cargos públicos chinos y líderes cibernéticos globales para debatir sobre el futuro de Internet. Muchos ciberexpertos consideran que este acto forma parte del intento de China de tener mayor influencia en las normas que regulan Internet.

“La libertad en Internet está amenazada por gobiernos de todo el mundo. Ahora parece que China está impaciente por promover sus propias normas nacionales sobre Internet como modelo de regulación mundial. Es algo que debería producir escalofríos a cualquiera que valore la libertad en línea”, ha dicho William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

El modelo de Internet en China es un modelo de prohibición y control extremos. Las autoridades emplean un ejército de censores para actuar selectivamente contra individuos y encarcela a numerosos activistas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de Internet.”

Desde que el presidente Xi llegó al poder, cientos de personas han sido detenidas sólo por expresar sus opiniones en línea. Las autoridades siguen abusando del derecho penal para reprimir la libertad de expresión, lo que incluye detener y encarcelar a activistas por publicaciones en línea que los censores consideran antirreglamentarias.

Muchos miembros del Movimiento Nuevos Ciudadanos, una red difusa de activistas cuyo fin es promover la transparencia del gobierno y sacar a la luz la corrupción, como Liu Ping, han sido detenidos en parte debido a las fotografías y las opiniones que han publicado en Internet.

En septiembre, Ilham Tohti, destacado intelectual uigur y fundador del sitio web Uighur Online, fue condenado a cadena perpetua por “separatismo” en un juicio de motivación política. La prueba principal que aportaron las autoridades fueron los artículos publicados en su sitio web.

Las autoridades chinas siguieron bloqueando el acceso a miles de sitios web, entre ellos Facebook, Instagram y Twitter. También estaban prohibidos importantes sitios web internacionales como los de la BBC y el New York Times.

En los medios sociales están censuradas decenas de frases, incluidas todas las alusiones a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989 o a las protestas en curso en favor de la democracia en Hong Kong. 

“Los líderes empresariales que van a acudir a Zhejiang deberían defender públicamente la libertad en Internet y cuestionar el vergonzoso historial del gobierno chino. Los derechos humanos no deben ser un tabú”, ha afirmado William Nee.

Internet ha tenido un peso incalculable en el desarrollo de los derechos humanos al revolucionar el acceso a la información y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, gobiernos de todo el mundo siguen socavando la libertad en la red. Las autoridades utilizan cada vez más la tecnología web para reprimir la libertad de expresión, censurar información sobre violaciones de derechos humanos y llevar a cabo actividades de vigilancia masiva e indiscriminada en nombre de la seguridad, a menudo en colaboración con las empresas.

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido han socavado la libertad en Internet con los programas de vigilancia masiva e indiscriminada dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional y la Jefatura de Comunicaciones, que invaden la intimidad a escala mundial.

Empresas con sede en países occidentales como Reino Unido, Alemania e Italia están exportando programas informáticos que permiten a los gobiernos acceder a los ordenadores de activistas de derechos humanos, blogueros y periodistas y que pueden dar lugar a la persecución selectiva de individuos.


Este es el atentado con mayor número de víctimas mortales civiles cometido en Jerusalén en los últimos seis años. © Ilia Yefimovich/Getty Images.

Los hombres armados que han atacado esta mañana a los fieles de una sinagoga de Jerusalén Occidental, causando la muerte de cuatro israelíes y heridas a ocho, han mostrado un desprecio total a los principios básicos de humanidad, ha declarado Amnistía Internacional.

Este es el atentado con mayor número de víctimas mortales civiles cometido en Jerusalén en los últimos seis años.  

“Nada puede justificar nunca un atentado abominable contra los fieles de una sinagoga. El homicidio deliberado de civiles debe ser condenado totalmente”, afirmó Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Al parecer, el atentado ha sido cometido por unos primos residentes en Jerusalén Oriental. Ningún grupo ha reivindicado aún su autoría, pero tanto Hamás como el grupo armado palestino Yihad Islámica lo han alabado. El presidente palestino Mahmoud Abbas lo ha condenado.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido responder “con mano dura” al ataque, en una señal preocupante de que empeorarán las violaciones contra los palestinos en Cisjordania, como los derribos de viviendas y otros castigos colectivos.

En los últimos meses se ha producido un aumento de los atentados contra civiles y personal militar israelíes en Israel, así como en la Cisjordania ocupada: varios palestinos han embestido con vehículos a peatones o han atacado con armas blancas a civiles que esperaban el autobús.

El 10 de noviembre, Maher al Hashlamoni, de Hebrón, intentó embestir con un coche a un grupo de civiles israelíes en un asentamiento de Cisjordania y luego acuchilló a tres personas. Ese mismo día, Nur al Din Abu Hashiya, de 18 años, de Nablus, mató a puñaladas a un soldado en una estación de tren de Tel Aviv.

Las autoridades israelíes han cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en sus respuestas a estos ataques, como los derribos de viviendas como castigo a las familias de quienes participaron en los ataques.

“Castigar a las familias de los presuntos autores destruyendo sus casas es un castigo colectivo y está prohibido por el derecho internacional. Las tensiones en Cisjordania están al rojo vivo tras el conflicto en Gaza de este verano. Las autoridades no deben pisotear los derechos de los palestinos mediante castigos colectivos y otras medidas estrictas para restaurar la seguridad”, prosiguió Philip Luther.

También se ha producido un aumento de homicidios ilegítimos de palestinos durante manifestaciones a manos de la policía, cuando las vidas de los agentes no corrían peligro, mientras los colonos israelíes han realizado ataques contra palestinos que cosechaban olivas.

“Las fuerzas de seguridad israelíes tienen la obligación de proteger a toda la población civil, con independencia de si son palestinos o israelíes. En lugar de intensificar sus tácticas de represión, las autoridades israelíes deben garantizar que cualquier persona que ataque a la población civil en cualquiera de los dos lados rinde cuentas de sus actos. No hacerlo sólo envalentonará a los agresores y empeorará el ciclo de derramamiento de sangre”, concluyó Philip Luther.


Mohammed al-Roken, preso de conciencia y destacado abogado de derechos humanos, víctima durante años del hostigamiento del gobierno por criticar el historial de Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos y propugnar reformas democráticas. © Private

Decenas de activistas han sufrido hostigamiento, detención y, en algunos casos, tortura bajo custodia en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un nuevo informe de Amnistía Internacional que saca a la luz las represivas tácticas que utiliza el gobierno para silenciar a quienes lo critican.

El informe, “There is no freedom here”: Silencing dissent in the UAE, pone al descubierto el clima de miedo imperante desde 2011 en el país, donde las autoridades están llegando a los peores extremos para suprimir toda muestra de disidencia, crítica o petición de reforma desde los levantamientos populares masivos de Oriente Medio y el norte de África.

“Se está viendo que, tras la fachada de ostentación y glamour de EAU, se oculta la cara mucho más siniestra de un Estado sumamente represor, en el que los activistas que critican al gobierno pueden ir a parar a la cárcel por el simple hecho de publicar un tuit”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Entre las personas que sufren hostigamiento figuran abogados, profesores universitarios, estudiantes y activistas de la sociedad civil, algunos de ellos afines a la Asociación para la Reforma y la Guía Social ( Al Islah), organización popular pacífica, que el gobierno considera vinculada a la Hermandad Musulmana de Egipto. La represión ha ido dirigida también contra miembros de sus familias.

El informe, publicado en vísperas de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi esta semana, saca a la luz el enorme abismo que existe entre la imagen pública que intenta dar EAU, de potencia dinámica, moderna y próspera, con lujosos hoteles, rascacielos y centros comerciales de diseño, y la cruda realidad de los activistas que son perseguidos y sometidos de manera habitual a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos.

“Se espera que este fin de semana se conecten para ver el Gran Premio Fórmula 1 de Abu Dabi millones de espectadores de todo el mundo, pero la mayoría de ellos apenas tendrán idea de la cruda realidad de la vida de los activistas en EAU”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui.

“La magnitud de la represión ha sido escalofriante, pero lo cierto es que el mundo ha hecho en gran medida caso omiso del terrible trato que reciben en EAU los activistas críticos con el gobierno y sus familias. Es hora de que los aliados internacionales de EAU dejen de cerrar los ojos a los abusos incontrolados de las autoridades y antepongan firmemente los derechos humanos a los intereses comerciales.”

La represión de la disidencia tiene su origen en una petición que un grupo de 133 personas dirigió a las autoridades en marzo de 2011, reclamando reformas políticas y el derecho a elegir democráticamente un parlamento.

Desde entonces, más de 100 activistas pacíficos y personas críticas con el gobierno han sido procesados o encarcelados, acusados por motivos políticos de ciberdelitos o delitos contra la seguridad nacional. De ellos, más de 60 continúan en prisión, cumpliendo penas de hasta 14 años.

En el informe de Amnistía Internacional se describe cómo las autoridades han intimidado o detenido arbitrariamente y encarcelado a estos hombres y a sus familias.

Entre ellos figura el preso de conciencia Mohammed al-Roken, destacado abogado de derechos humanos, víctima durante años del hostigamiento del gobierno por criticar el historial de EAU en materia de derechos humanos y propugnar reformas democráticas. Cumple una condena de 10 años de prisión que le fue impuesta en un juicio masivo y lleno de irregularidades de 94 activistas ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal Supremo –conocido en todas partes como el juicio de los “94 de EAU”–.

Otro caso emblemático es el del activista de 25 años Osama al-Najjar, detenido en marzo de 2014, a raíz de que expresara preocupación en unos comentarios en Twitter por los malos tratos a que eran sometidos su padre, Hussain Ali al-Najjar al-Hammadi, y otros presos políticos de la prisión de Al Razeen, en Abu Dabi. Tras su detención, fue recluido en régimen de aislamiento, situación en la que afirma que le propinaron reiterados puñetazos y golpes en la cara y el cuerpo y lo amenazaron con aplicarle descargas eléctricas.

Su padre está cumpliendo un total de 11 años de prisión por haber sido declarado culpable de imprecisos cargos contra la seguridad nacional en dos juicios masivos injustos. Tras su detención, en 2012, pasó ocho meses recluido en régimen de aislamiento, en condiciones que constituían desaparición forzada.

Las autoridades de EAU deben poner fin a estas detenciones arbitrarias, así como a las desapariciones forzadas –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui–. En este caso, tanto el padre como el hijo son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, junto con todas las demás personas recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.”

Amnistía Internacional pide a las autoridades de EAU que revisen con urgencia las leyes que criminalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de asociación, incluida la ley sobre ciberdelitos y una nueva y represiva ley antiterrorista aprobada en agosto de 2014.

Algunas de las personas encarceladas han dicho que fueron torturadas y sometidas a otros malos tratos por sus interrogadores, con prácticas como arrancarles las uñas, golpearlas brutalmente y dejarlas mucho tiempo colgadas boca abajo, arrancarles el pelo de la barba y del pecho y amenazarlas con aplicarles descargas eléctricas, violarlas y matarlas.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de EAU a que condenen públicamente la tortura y tomen medidas efectivas para prohibir y prevenir todas las formas de tortura y otros malos tratos, y a que ordenen realizar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tales prácticas y hagan rendir cuentas a los responsables.

“EAU no puede afirmar ser una nación progresista ni enorgullecerse de pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y participar en empresas comerciales en ningún escenario internacional mientras siga encarcelando a los disidentes por el mero hecho de expresar pacíficamente sus opiniones”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

El juicio de los “94 de EAU” estuvo plagado de irregularidades y se desarrolló de manera manifiestamente deficiente e injusta. El sistema de justicia de EAU no es independiente ni imparcial. Los tribunales parecen a menudo no servir más que para rubricar las decisiones del poder ejecutivo emiratí: se suele negar a los acusados el acceso a abogados y el derecho a apelar contra la sentencia, y, en muchos casos, se utilizan “confesiones” forzadas para declararlos culpables, lo que contraviene el derecho internacional de los derechos humanos.

Entre las tácticas de hostigamiento e intimidación de las autoridades figuran también medidas como retirar la nacionalidad a los activistas y sancionar a sus familiares, privándoles de oportunidades profesionales o educativas.

Las autoridades emiratíes han respondido a los motivos de preocupación expuestos por Amnistía Internacional en este informe diciendo que la promoción de los derechos humanos es un “proceso en curso”.

“Lo que hace falta ver ahora es que se dan prisa en tomar medidas concretas para demostrar que el gobierno está comprometido realmente con la protección de los derechos humanos, no más adornos con que ocultar la represión despiadada que ejercen en casa”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.