Amnistía Internacional España

Activistas a favor del “Sí” en el referedum irlandés sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. © YesEquality Facebook. Hoy Irlanda se ha convertido en el primer país del mundo que introduce la plena igualdad respecto al matrimonio civil para toda su ciudadanía, independientemente de su orientación sexual, a través de una votación popular.
En el histórico plebiscito un 62,1% del electorado irlandés votó a favor de modificar la Constitución del país para incluir la siguiente frase: “Pueden contraer matrimonio de acuerdo con la ley dos personas sin distinción de su sexo”, frente al 37,9% que se declaró en contra. Irlanda se convierte así en el 19 país del mundo que aprueba la libertad de matrimonio para parejas del mismo sexo, y el primero en hacerlo mediante referéndum.
Amnistía Internacional Irlanda hizo campaña a favor del sí. Amnistía Internacional, como organización mundial, viene pidiendo desde 2007 a todos los Estados que pongan fin a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género en las leyes sobre matrimonio civil.
Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda ha dicho: “La decisión tomada por el pueblo irlandés en referéndum nacional tiene una enorme importancia. Sin duda tendrá una profunda repercusión para las personas de este país, pero también resonará en todo el mundo, puesto que transmite a las personas LGBTI de todas partes el mensaje de que ellas, sus relaciones y sus familias importan. Que tienen derecho a los mismos derechos humanos que sus hermanos y hermanas heterosexuales, y a una protección plena e igualitaria ante la ley.
“El resultado del referéndum envía una clara señal a los gobiernos y Estados que siguen discriminando a las personas LGBTI y violan sus derechos humanos. Y lo que es más importante, transmite un mensaje de esperanza a todas las personas que en todo el mundo luchan por la justicia, la libertad y la igualdad”.
El referéndum se celebró a los dos años de que la Convención Constitucional, una asamblea de ciudadanos creada por el gobierno irlandés, recomendara que se modificara la Constitución para permitir el matrimonio civil de parejas del mismo sexo.
La victoria del sí en el referéndum es resultado de muchos años de actividad de campaña por parte de grupos de la sociedad civil como Marriage Equality, Irish Council for Civil Liberties y GLEN (Gay and Lesbian Equality Network).
Colm O’Gorman ha declarado: “Amnistía Internacional Irlanda se enorgullece de haber formado parte de esta campaña y está encantada con el resultado. Nos parece especialmente alentador el tono y el enfoque de la campaña, que en la mayoría de los casos ha sido afirmativa, positiva e incluso gozosa. Esto se hizo especialmente evidente en la energía y el compromiso demostrado por los muchos miles de personas que se agruparon bajo el lema del sí a la Igualdad (Yes Equality) en las grandes y pequeñas ciudades y pueblos de toda Irlanda para hacer campaña puerta a puerta y calle a calle. Ellas lo hicieron posible y suya es la victoria.”
"Ante una sencilla pregunta sobre justicia, igualdad y respeto, Irlanda ha dicho sí. El pueblo irlandés ha hecho  historia al elegir la solidaridad por encima de los prejuicios, y con ello enviar una positiva señal a quienes aún luchan por la igualdad de derechos en todo el mundo”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.


La localidad de Bentiu, en Sudán del Sur, tras sufrir un devastador ataque, en un imagen tomada en marzo de 2014. © Amnesty International. Nuevas investigaciones realizadas por Amnistía Internacional sobre el aumento de la actividad militar en Sudán del Sur durante las últimas semanas revelan claramente que los esfuerzos regionales e internacionales por poner fin al sufrimiento humano que causa el conflicto armado del país han fracasado.
Los investigadores de la organización acaban de regresar de Bentiu, estado de Unity, donde han documentado violaciones de derechos humanos, como homicidios, secuestros y violencia sexual contra civiles.
“El repunte de los combates entre las partes en el conflicto es una indicación clara de que los líderes de Sudán del Sur tienen poco interés en que cesen las hostilidades, mientras que la región y el resto de la comunidad internacional son reacios a tomar medidas decididas para abordar las reiteradas atrocidades”, ha señalado Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía Internacional.
Millares de personas han huido a la base de la ONU en Bentiu debido a la intensificación de los combates en el Estado de Unity entre el Ejército/Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición y las fuerzas de gobierno y sus grupos de jóvenes y milicias aliados.
Quienes huyen de la violencia en los condados de Rubkona, Guit, Koch y Leer hablan constantemente de elementos de las fuerzas del gobierno, unos con uniforme del SPLA y otros vestidos de civil, en su mayoría de la rama bul del grupo étnico nuer, que atacan sus poblados blandiendo hachas, machetes y armas de fuego.
Las personas entrevistadas hicieron estremecedores relatos sobre elementos de las fuerzas del gobierno que incendiaban poblados enteros, mataban y golpeaban a sus habitantes, robaban el ganado y otros bienes, cometían actos de violencia sexual y secuestraban a las mujeres y los niños.
Una mujer de 45 años contó a Amnistía Internacional que el 8 de mayo por la mañana llegaron a Panthap, condado de Rubkona, las fuerzas del gobierno y, tras ordenar a los habitantes sacar todos sus bienes, se llevaron todo lo de valor. Explicó que a ella la golpearon con un palo, pero que no mataron a nadie. Huyó con alrededor de 200 personas más y llegó al campo de la ONU para desplazados de Bentiu el 12 de mayo.
Una mujer de Chatchara, condado de Rubkona, describió así el ataque que un grupo de jóvenes, aliados, creía, con el gobierno, había llevado a cabo contra su pueblo el 7 de mayo: “Vinieron y dijeron: ‘sacad vuestras cosas’. Luego quemaron nuestro tukul [estructura de barro y techo de paja]. Nos golpearon con palos y barras de metal, mientras decían: ‘¿dónde están los niños y los jóvenes?’. Se llevaron nuestras cosas, el maíz y la ropa, y nos obligaron a llevarlos a Mayom. Íbamos muchas mujeres del poblado. Una mujer estaba muy cansada y la mataron. Dispararon también contra su hija de dos años”. Al final, la mujer quedó libre. También ella consiguió llegar al campo de la ONU de Bentiu.
Un hombre de 70 años, también de Chatchara, describió similares palizas, incendios y saqueos de las fuerzas del gobierno: “Cuando llegó el SPLA, me golpearon y quemaron mis tres tukuls y todos los tukuls del poblado. Se llevaron las vacas y las cabras. Dispararon a algunos niños en el tiroteo. Mataron a muchas mujeres y niños. Vi llevarse a mujeres y niños pequeños para obligarlos a cuidar de las vacas y las cabras. Se llevaron a mi nieta, una niña de 13 ó 14 años.”
Una mujer de 20 años del condado de Guit contó que un grupo de soldados del SPLA y jóvenes armados atacaron su poblado el 7 de mayo: “Mataron incluso a los niños de corta edad y a los ancianos. Prendieron fuego a los graneros, donde teníamos el maíz. Fueron a mi casa y dispararon a mi sobrino, que tenía alrededor de 20 años. Azotaron a mi madre con una cuerda de atar a la vacas. Le decían: ‘¿dónde están los jóvenes? Queremos matarlos. Se han unido a la oposición’. Me marché corriendo con mis tres hijos y mis dos hermanos. Corrimos hasta el río, mientras nos disparaban. Desde el río, los vi quemar la casa. También se llevaron nuestras vacas y nuestras cabras; teníamos 15 vacas y 30 cabras”.
La mujer dijo que cuatro hombres habían violado a su prima, de 23 años y madre de dos hijos. “La vi cuando eché a correr. Estaba gritando”, explicó. Dijo también que los atacantes habían secuestrado a su hermana de 13 años y a su hermano de 15. No sabía qué había sido de su esposo, su madre y un familiar discapacitado, que se habían quedado en la casa. “Toda mi familia está perdida”, dijo a los investigadores de Amnistía Internacional.
Nyanaath, madre de tres hijos, contó que las fuerzas del gobierno habían atacado su poblado, en el condado de Guit, el 10 de mayo a mediodía. Dijo que los atacantes, algunos de los cuales llevaban uniforme, robaron las vacas y otros bienes e incendiaron todos los tukuls.
Nyanaath dijo que los atacantes habían violado luego a tres mujeres, incluida ella. Explicó que los soldados se la llevaron, la empujaron por la espalda y le bajaron la ropa interior. Uno comenzó a violarla, mientras el otro le apuntaba con su arma. Dijo también que había visto a los soldados secuestrar a 10 niños y niñas de entre 10 y 13 años.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU afirma que unas 100.000 personas se han visto desplazadas como consecuencia de los recientes combates en el estado de Unity. Alrededor de 2.300 civiles, en su mayoría mujeres y niños y niñas de corta edad, han buscado refugio en la base de la ONU en Bentiu desde el 20 de abril, sumándose a los más de 50.000 que han huido también allí desde el comienzo del conflicto en diciembre de 2013. Siguen llegando más.
Las fuerzas de gobierno han cortado el paso a otros en puestos de control, impidiéndoles alcanzar la seguridad de la base. Millones de personas han huido a zonas agrestes o pantanosas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado de que en el curso de dos semanas, entre el 29 de abril y el 12 de mayo, fueron atacadas al menos 28 localidades del estado de Unity. Las víctimas eran civiles, a quienes robaron sus bienes.
“Estos ataques contra civiles perpetrados en el estado de Unity y el desplazamiento consiguiente reproducen los documentados por Amnistía Internacional a principios de 2014. El hecho de que algunas de esas mismas localidades estén siendo sometidas a una reiterada sucesión de atrocidades pone de relieve la necesidad de que la Unión Africana, la ONU y otros organismos internacionales traduzcan su sonora retórica en medidas concretas para reducir el coste humano del conflicto”, ha afirmado Michelle Kagari.
“Tiene que haber una amenaza creíble de rendición de cuentas para disuadir a quienes continúan cometiendo atrocidades con total impunidad, un embargo exhaustivo para detener el flujo de armas que agravan el conflicto y sanciones específicas que tengan un efecto disuasorio sobre quienes siguen violando el derecho internacional”, ha añadido Michelle Kagari.
Amnistía Internacional pide lo siguiente:
- El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo exhaustivo de armas a todas las partes en el conflicto de Sudán del Sur.
- El Consejo de Seguridad de la ONU debe proceder de inmediato a imponer congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a las personas y entidades que hayan participado en violaciones del derecho internacional humanitario y en abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
- El Consejo de Seguridad debe publicar un documento donde se expongan las opciones de rendición de cuentas que sus miembros examinaron, según informes, el 12 de mayo y actuar en consecuencia.
- El Consejo de Paz y Seguridad de la UA debe retractarse de su decisión de posponer el informe de la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur en espera de la firma de un acuerdo de paz, a fin de examinar el informe durante la cumbre de la UA de junio y hacerlo público.
- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) debe reunir de nuevo a las partes en el conflicto y recalcarles que tienen el compromiso de cumplir el derecho internacional humanitario, incorporado al acuerdo de cesación de las hostilidades del 23 de enero y contraído en numerosas ocasiones durante los últimos 12 meses, y poner en prácticas sus reiteradas amenazas de imponer sanciones específicas y un embargo de armas.


Cartel a favor de la libertad de expresión con motivo del Festival de Arte Edimburgo en 2010. Amnesty International UK. La retirada por el Tribunal Provincial de Luanda de los cargos penales por difamación presentados contra el periodista angoleño Rafael Marques de Morais es una victoria para la libertad de expresión y los derechos humanos en el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional. El tribunal retiró todos los cargos tras la comparecencia del periodista el 21 de mayo de 2015. Amnistía Internacional pide al gobierno de Angola que deje de atacar a Marques de Morais por realizar su trabajo.
“La retirada de los cargos contra Rafael Marques de Morais demuestra a las claras que no había motivo para acusarlo, como dijimos desde el principio. Como periodista cuyo único delito había sido documentar violaciones de derechos humanos en el país, creemos que siempre ha sido inocente”, ha dicho Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para la Región del África Austral.
Rafael Marques de Morais se enfrentaba a 24 cargos penales por difamación por publicar en 2011 un libro en Portugal en el que se ponían de relieve la corrupción y las violaciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por generales del ejército de Angola y empresas que operan en las comunidades del país dedicadas a la extracción de diamantes.
Amnistía Internacional siempre sostuvo que los cargos presentados contra él eran una burla de la libertad de expresión y que debían ser retirados incondicionalmente.
Rafael Marques de Morais ha recibido numerosos premios internacionales de prestigio por su labor de periodista, y su valor a la hora de realizar su trabajo es bien reconocido. El periodista ha sido detenido varias veces en Angola. Amnistía Internacional ha seguido su juicio desde que comenzara en marzo.


Un ex prisionero muestra las radiografías de sus costillas rotas en Donetsk, en marzo 2015. Desea permanecer en el anonimato ya que su familia permanece en Ucrania occidental. Amnistía Internacional. Los abrumadores indicios de que se están perpetrando crímenes de guerra, como torturas y homicidios sumarios de presos, ponen de relieve las prácticas brutales que se cometen a diario en el conflicto del este de Ucrania, afirma Amnistía Internacional en un nuevo y completo documento publicado hoy.
Breaking Bodies: Torture and summary killings in eastern Ukraine expone pruebas incontestables de malos tratos frecuentes y generalizados a presos a manos de un amplio abanico de captores de las dos partes del conflicto.
Los ex presos denunciaron haber sido sometidos a palizas hasta que les rompían un hueso, torturas con descargas eléctricas, puntapiés, puñaladas, ser colgados del techo, privación de sueño durante días, amenazas de muerte, denegación de atención médica urgente y simulacros de ejecución.
“En las sombras del conflicto que aún arde en el este de Ucrania, nuestra investigación en el terreno demuestra que los relatos de torturas de detenidos son tan habituales como impactantes. Más de 30 ex presos de ambas partes nos ofrecieron testimonios coherentes y desgarradores de los malos tratos infligidos por sus captores”, dijo John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Presos de las dos partes han sufrido palizas y simulacros de ejecución. También hemos documentado homicidios sumarios de personas bajo custodia de grupos separatistas. Torturar o matar deliberadamente a cautivos aprehendidos durante el conflicto es un crimen de guerra.
Tanto las fuerzas pro Kiev como las separatistas deben poner fin a estos crímenes y asegurarse de que todos los combatientes controlados por ellas conocen las consecuencias, en virtud del derecho internacional, de maltratar a presos en un conflicto armado. Las autoridades ucranianas deben investigar todas las denuncias de crímenes de guerra y otros abusos, abrir expedientes y reunir pruebas de abusos cometidos por fuerzas separatistas, y hacer comparecer ante la justicia a todos los responsables de perpetrar tan abyectos actos.”
De los 33 ex presos entrevistados por Amnistía Internacional, 32 describieron palizas brutales u otros malos tratos graves infligidos por grupos separatistas y pro Kiev por igual. Todos ellos estuvieron cautivos entre julio de 2014 y abril de 2015, y la organización realizó la mayoría de las entrevistas en marzo, abril y mayo de este año.
Amnistía Internacional corroboró los testimonios de las víctimas con pruebas adicionales, como radiografías de huesos rotos, historiales de hospitales, fotografías de hematomas y otras lesiones, cicatrices y ausencia de dientes. Dos de las víctimas estaban aún recibiendo tratamiento en un hospital cuando se realizaron sus entrevistas.
Estas torturas y malos tratos son supuestamente obra de un amplio abanico de captores alineados con las dos partes del conflicto. De los ex presos a los que entrevistó Amnistía Internacional, 17 habían estado en manos de separatistas y 16 en las de militares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pro Kiev, incluido el Servicio de Seguridad de Ucrania.
Basándose en testimonios de testigos presenciales, archivos de hospitales, pruebas publicadas en redes sociales e informaciones de medios de comunicación, Amnistía Internacional ha identificado también al menos tres incidentes recientes en los que combatientes separatistas mataron sumariamente en total al menos a ocho combatientes pro Kiev. En una entrevista con un periodista, el líder de un grupo armado separatista reconoció abiertamente que mataba a soldados ucranianos cautivos, lo que constituye un crimen de guerra.
La mayoría de los peores abusos se cometen en centros de detención informales. Esto suele ocurrir durante los primeros días de cautiverio, y los grupos que están fuera de la cadena de mando oficial o de facto suelen ser especialmente violentos e incontrolados. La situación en el lado separatista es especialmente caótica, pues hay diversos grupos que tienen prisioneros en al menos una docena de lugares conocidos.
En el lado pro Kiev, fue especialmente preocupante el testimonio de un ex preso que estuvo bajo custodia de la milicia nacionalista Sector Derecho. Usando un campamento juvenil abandonado como prisión, Sector Derecho ha retenido, según los informes, a decenas de prisioneros civiles como rehenes, torturándolos brutalmente y extorsionando grandes cantidades de dinero a ellos y a sus familias. Amnistía Internacional ha alertado a las autoridades ucranianas de estas denuncias concretas, pero no ha recibido respuesta.
Amnistía Internacional ha concluido que ambas partes están reteniendo arbitrariamente a civiles que no han cometido ningún delito, pero simpatizan con el bando contrario. La organización habló con civiles que estuvieron detenidos y fueron objeto de palizas sólo por tener fotografías de las protestas del EuroMaydan en sus teléfonos móviles o por tener números de teléfono de contactos separatistas.
“En algunos casos, estos civiles están detenidos para ser utilizados en intercambios de presos, aunque también podría ser simplemente para castigarlos por sus opiniones. Esta es una práctica preocupante e ilegal que debe terminar inmediatamente”, concluyó John Dalhuisen.
Amnistía Internacional pide a las agencias y expertos de la ONU pertinentes que envíen una misión urgente a Ucrania para visitar todos los centros de detención para presos recluidos en relación con el conflicto, incluidos los no oficiales. Deberán formar parte de la misión el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; los Grupos de Trabajo sobre detención arbitraria y desapariciones forzadas, y el relator especial sobre la tortura.


Una mujer pasa junto a un café con un cartel indicando SÍ al referéndum sobre el matrimonio de personas del mismo sexo en Dublín, Irlanda en mayo de 2015 EPA / AIDAN CRAWLEY En menos de 24 horas, Irlanda irá a la urnas en un referéndum que es verdaderamente histórico, pues es la primera vez que una nación pide a su ciudadanía que vote “sí” y ponga fin a la discriminación contra las personas LGBTI en su legislación sobre el matrimonio civil. Si gana el ‘sí’, Irlanda se convertirá en el primer país del mundo que garantizará a sus ciudadanos y ciudadanas el mismo derecho constitucional a casarse con la persona a quien aman, cualquiera que sea su orientación sexual, tras una votación popular.
Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda, ha manifestado:
El amor no discrimina, y tampoco deben hacerlo nuestras leyes. Si un Estado decide reconocer, proteger y valorar en sus leyes las relaciones basadas en el amor, la intimidad y el compromiso, no debe negarse este reconocimiento a algunas personas simplemente por su orientación sexual. Pedimos a los ciudadanos y ciudadanas de Irlanda que den comienzo a una nueva era de igualdad en el matrimonio civil. Ahora les toca decidir.”
“Cuando la campaña está llegando a su fin y quedamos a la espera de la decisión del pueblo irlandés, me gustaría rendir homenaje a quienes han participado en este trabajo por su dedicación, compromiso y extraordinaria energía. En toda Irlanda, muchas comunidades locales han aunado sus fuerzas para formar grupos por el ‘Sí a la Igualdad’, con el apoyo del compromiso incansable de la campaña nacional del ‘Sí a la Igualdad’. Ha sido un honor asociarnos con la campaña.”
“Ha habido momentos difíciles. Para muchas personas es un asunto muy personal. Para quienes pertenecemos a la comunidad LGBTI y para nuestras familias y nuestros amigos y amigas, ha sido necesario salir a la calle y hablar con nuestros conciudadanos y conciudadanas, yendo de puerta en puerta y calle por calle, para pedirles que voten ‘sí’ y hagan que se nos reconozca la libertad de casarnos con la persona a quien amamos.”

“La respuesta ha sido verdaderamente extraordinaria. La campaña ha puesto de manifiesto la abrumadora dignidad, compasión y generosidad de la mayoría del pueblo irlandés. El apoyo que hemos recibido en los últimos meses en esas conversaciones diarias ha sido, sencillamente, maravilloso.”

“Por supuesto, nada de esto valdrá si no se sale a expresar ese apoyo en las urnas mañana. Además, aunque también las papeletas pongan de manifiesto un alentador apoyo a la reforma propuesta, es evidente que el resultado lo decidirá probablemente la participación. Sencillamente, un baja participación podría  dar la victoria al ‘no’.”
“Es bien sencillo, si queremos ganar este referéndum, tenemos que ir a votar. Contará hasta el último voto. Si queremos que Irlanda diga ‘sí’ a la igualdad en el matrimonio civil para sus ciudadanos y ciudadanas LGBTI, debemos votar ‘sí’.”
“Que ese ‘SÌ’ se oiga en todo el mundo. Que lo oigan los líderes y los gobiernos que persiguen a sus comunidades LGBTI y violan sus derechos humanos, quienes con sus leyes y sus actos desprecian y deshumanizan a las personas y sus relaciones. Será una poderosa señal para la Rusia de Putin y para la Uganda de  Museveni, y un mensaje de esperanza para quienes, en todo el mundo, luchan por la justicia, la libertad y la igualdad.”
Nota para los medios de comunicación

Todas las personas tienen derecho a no sufrir discriminación en el disfrute de sus derechos humanos, incluido el derecho a casarse y fundar una familia. Lo reconocen así el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 26 de éste garantiza a todas las personas igual protección ante la ley. Desde hace más de un decenio, la orientación sexual es un motivo prohibido de discriminación según el derecho internacional de los derechos humanos.  
Amnistía Internacional aprobó en 2007 una política global en la que se pide el fin de la discriminación en las leyes sobre el matrimonio civil en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Nuestra membresía de Irlanda decidió por votación en su asamblea general anual de 2009 aprobar y apoyar una campaña en favor de la igualdad en el matrimonio civil en Irlanda.
Véase www.letsmakehistory.ie
Amnistía Internacional Irlanda se ha inscrito en el registro de la comisión de ética de los cargos públicos (Standards in Public Office Commission) para todo el periodo de campaña del referéndum.


Un joven rohingya reza durante una protesta contra la discriminación hacian esta minoría en la embajada de Myanmar en Kuala Lumpur, Malasia, el pasado 21 de Mayo.
La decisión de Indonesia, Malaisia y Tailandia de modificar su atroz política de obligar a dar la vuelta a embarcaciones que transportan a refugiados y migrantes vulnerables es un paso en la dirección correcta, pero dista mucho de abarcar las medidas que se necesitan urgentemente para salvar a miles de personas que siguen en peligro en el mar, o para abordar las causas fundamentales de la crisis. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
“No cabe duda de que se trata de una buena noticia para las personas que van a bordo de las embarcaciones que consiguen llegar a la seguridad de la costa, pero no hace nada por las miles de personas que siguen a la deriva en el mar, con una provisión de comida y agua cada vez más escasa, o por las que puedan seguirlas”, ha manifestado Richard Bennett, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Indonesia, Tailandia y Malaisia no pueden eludir su deber, como Estados Partes en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de realizar operaciones de búsqueda y salvamento marítimo para salvar vidas.”
En una declaración conjunta, Indonesia y Malaisia han declarado que proporcionarán cobijo temporal a hasta 7.000 personas que continúan en el mar, de las que se cree que son principalmente refugiados rohingyas que huyen de la persecución en Myanmar, y también bangladeshíes. Ese cobijo se proporcionará únicamente por un periodo de hasta un año, y a condición de que la comunidad internacional ayude a la repatriación o el reasentamiento.
“El cobijo temporal es un primer paso, y es mejor que nada”, ha declarado Richard Bennett. “Sin embargo, dista mucho de ser adecuado, y amenaza con minar el sistema de protección internacional. Las personas que piden asilo deben poder acceder a procedimientos de determinación de la condición de refugiado, de manera segura y digna. Los refugiados y los migrantes vulnerables no deben ser criminalizados por entrar irregularmente en un país, y tampoco pueden ser devueltos a países en los que su vida o sus derechos corran peligro.”
Esta declaración vino precedida por las conversaciones de emergencia sobre la crisis regional que tuvieron lugar el miércoles y a las que asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia, Malaisia y Tailandia. Había habido fuertes críticas a raíz de la información que indicaba que se había devuelto al mar, con el consiguiente peligro de muerte para quienes viajaban en ellas, a embarcaciones que trataban de alcanzar sus costas.
Tailandia no se sumó al compromiso de proporcionar cobijo temporal, alegando limitaciones derivadas de la legislación nacional, pero se ha comprometido a no devolver a las embarcaciones que se encuentren en sus aguas, y a proporcionar ayuda humanitaria a quienes viajan a bordo.
“Las personas a bordo de esas embarcaciones están atrapadas por una crisis humanitaria. El obligarlas a dar la vuelta no sólo constituía una afrenta a la integridad humana, sino que violaba el principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el derecho internacional consuetudinario”, ha manifestado Richard Bennett.
El 29 de mayo, Tailandia acogerá una cumbre regional que reunirá a partes interesadas clave –incluidos los gobiernos de Indonesia, Malaisia y Tailandia, así como representantes de Myanmar y organismos de la ONU– para debatir la crisis regional.
“La conferencia de la semana próxima brinda una importante oportunidad de abordar las causas fundamentales de esta crisis, incluida la discriminación sistémica en la ley, la política y la práctica contra los rohingyas y otras poblaciones minoritarias de Myanmar”, ha manifestado Richard Bennett.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En las últimas semanas, un número cada vez mayor de personas procedentes de Myanmar y Bangladesh han llegado por mar a Malaysia e Indonesia. La represión de las llegadas irregulares a Tailandia parece haber obligado a los contrabandistas y traficantes de personas a buscar nuevas rutas. La Organización Internacional para las Migraciones cree que aún puede haber 6.000 personas en embarcaciones cerca de Tailandia.
Entre las miles de personas que han huido de Bangladesh y Myanmar se encuentran migrantes vulnerables, personas refugiadas –por ejemplo, musulmanes rohingyas que huyen de la discriminación y la violencia en Myanmar– y víctimas de tráfico de personas.
Muchas están lo bastante desesperadas como para arriesgar su vida enfrentándose a peligrosos viajes por mar para escapar de las insoportables condiciones en su lugar de origen.


Trabajados inmigrantes de la construcción esperan el autobús que les llevará al campo de Doha en Qatar, donde están alojados. 19 de noviembre de 2013. EPA/STR Más de un año después de que el gobierno de Qatar prometiera acometer reformas limitadas para mejorar la situación de los derechos laborales de las personas migrantes, las esperanzas depositadas en un verdadero avance se desvanecen a toda velocidad; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento que ha publicado hoy.

Con el título Promising little, delivering less: Qatar and migrant labour abuse ahead of the 2022 Football World Cup, el documento presenta una "tabla de puntuación" donde se califica la respuesta de las autoridades a los problemas relacionados con nueve derechos laborales fundamentales de los migrantes identificados por Amnistía Internacional. Ha pasado un año y sólo ha habido progresos limitados en cinco de estos asuntos; en las cuatro áreas restantes, las autoridades no han avanzado nada.

“El gobierno de Qatar está defraudando a los trabajadores migrantes. El año pasado, el gobierno se comprometió a mejorar los derechos laborales de los migrantes en Qatar pero, en la práctica, no se han observado avances significativos en la protección de esos derechos", ha afirmado Mustafa Qadri, investigador de Amnistía Internacional sobre los derechos de las personas migrantes en el Golfo Pérsico.

En los últimos 12 meses prácticamente no ha habido cambios en las leyes, políticas y prácticas para los más de 1,5 millones de trabajadores migrantes en Qatar, que siguen estando a merced de sus empleadores y patrocinadores. Sobre los asuntos fundamentales del permiso de salida, las restricciones para cambiar de empleador según el sistema qatarí de patrocinio laboral (kafala), la protección de los trabajadores domésticos y la libertad para constituir sindicatos o afiliarse a ellos, no ha habido el más mínimo avance.

“La ausencia de una hoja de ruta clara con los objetivos y parámetros de referencia para la reforma suscita importantes dudas sobre el compromiso de Qatar para abordar los abusos contra los derechos laborales de los migrantes. Si no se actúa con rapidez, las promesas formuladas por Qatar en 2014 corren grave riesgo de ser descartadas como mero ejercicio de relaciones públicas para que este Estado del Golfo Pérsico siga siendo anfitrión del Campeonato Mundial de Fútbol 2022”, dijo Mustafa Qadri.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) se dispone a elegir nuevo presidente la semana que viene, el 29 de mayo. El órgano rector del fútbol mundial tiene la responsabilidad clara de dar prioridad al asunto de la explotación de los trabajadores migrantes en Qatar y deben hacer un llamamiento a las autoridades qataríes, en público y en privado, para que adopten reformas eficaces destinadas a proteger los derechos de los trabajadores migrantes.

“La FIFA ha dedicado mucho tiempo, dinero y capital político a investigar la presunta corrupción en las licitaciones a Rusia y Qatar para ser sedes del Mundial de Fútbol, y ha dudado sobre la programación de la competición. Pero la organización aún no ha demostrado un compromiso real para garantizar que Qatar 2022 no se construye sobre cimientos de explotación y abuso”, ha afirmado Mustafa Qadri.  

“La FIFA debe trabajar en estrecha colaboración con el gobierno, el Consejo Supremo de Qatar 2022 –órgano responsable de la organización del Mundial de Fútbol de Qatar–, las principales empresas asociadas y otros responsables del campeonato para prevenir los abusos asociados a la organización del Mundial."

La reforma más notable que el gobierno propuso el año pasado fue la introducción de un sistema electrónico de salarios para cambiar la forma de pago a los inmigrantes, continúa en proceso de implementación. Muchos migrantes entrevistados por Amnistía Internacional en los últimos meses se seguían quejando de impagos o retrasos en el cobro del salario.  

Qatar tampoco ha cumplido su objetivo de que hubiera 300 inspectores de trabajo operativos antes del fin de 2014. Sólo se han hecho avances limitados en cuanto a la adopción de medidas dirigidas a mejorar la seguridad en las obras, a regular la actividad de las explotadoras agencias de contratación y a mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de explotación laboral.

Aunque se hubieran implementado todas las reformas que Qatar anunció en mayo de 2014, tales medidas no bastarían para abordar las causas fundamentales de la explotación generalizada de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

En noviembre de 2013, un informe publicado por Amnistía Internacional reveló que el abuso y la explotación de trabajadores migrantes de la construcción eran prácticas generalizadas y en algunos casos constituían trabajo forzado. Aunque Qatar ha expresado desde entonces su firme deseo de poner fin a esta forma de abuso, para muchos migrantes apenas han cambiado las cosas.

A Ranjith, trabajador migrante srilankés entrevistado este año por Amnistía Internacional, no le han pagado todavía desde que llegó a Qatar, hace cinco meses. No tiene documento de identidad ni contrato. Su alojamiento, en un campamento de trabajadores ubicado en la zona industrial, está abarrotado y sucio.

"Sólo quiero trabajar y ganar algo de dinero para mi esposa y mis hijos; pero, por culpa de mi patrocinador, no puedo cambiar de trabajo. Si acudo a la policía, me detendrán y expulsarán del país, porque no tengo documento de identidad", contó a Amnistía Internacional.

“La realidad es que ha transcurrido más de un año y medio desde que Amnistía Internacional señaló la explotación incontrolada de las personas migrantes y apenas se han tomado medidas para abordar las causas originarias de estos abusos. Estamos un año más cerca del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022; se acaba el tiempo para implementar los cambios", ha afirmado Mustafa Qadri.

“Dado que continúa el auge de la construcción en Qatar y está previsto que la población de trabajadores migrantes aumente hasta los 2,5 millones, la necesidad de una reforma urgente es más apremiante que nunca."

La actitud reciente de las autoridades qataríes, en lugar de adoptar las medidas necesarias para combatir la explotación laboral, suscita dudas sobre si están más interesadas en encubrir los abusos que en ponerles fin.

Periodistas y trabajadores de derechos humanos que investigan las condiciones de los trabajadores migrantes en Qatar son objeto de detención e interrogatorio por parte de las autoridades. Sólo en el pasado mes se ha detenido a periodistas que investigaban por separado la explotación de trabajadores migrantes para la BBC y la emisora alemana WDR.

“Al intentar amordazar a quienes documentan las condiciones de los trabajadores migrantes mediante la detención y la intimidación, el gobierno transmite el mensaje de que le preocupa más su imagen que terminar con la terrible realidad de las decenas de miles de hombres y mujeres que sufren abusos en Qatar”, dijo Mustafa Qadri.


El Gobierno de Zimbabue debe dar licencia a más de una treintena de iniciativas de radio comunitaria independientes que están en espera.© AI El gobierno de Zimbabue sigue controlando la radio comunitaria, y su negativa a conceder licencias salvo a operadores comerciales vinculados a empresas estatales o que tienen relaciones con el gobierno es una estratagema para reprimir la libertad de expresión, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe que publica hoy.
Beyond Tokenism: The need to license community radio stations in Zimbabwe (Más allá del formulismo: La necesidad de obtener licencias para las emisoras de radio comunitarias en Zimbabue) expone también la represión que sufren quienes hacen campaña en favor de que se concedan licencias a las emisoras de radio comunitarias, conforme a la Constitución del país. Estas personas han sido detenidas por la policía y sometidas a vigilancia, acoso e intimidación por los agentes de seguridad del Estado.
“A pesar de las promesas y de leyes que llevan más de 14 años en vigor para liberar las ondas en favor de servicios radiofónicos muy necesarios, el gobierno de Zimbabue no ha cumplido sus promesas y sus compromisos”, ha dicho Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para el África Austral
“Los simpatizantes del gobierno han sido los únicos a los que se han concedido licencias, y además quienes han intentado organizar servicios independientes han sido detenidos y atacados por el mero hecho de tratar de educar, informar y ofrecer plataformas de debate. Todo esto viola la libertad de expresión.”
Durante los últimos 14 años, el gobierno de Zimbabue se ha embarcado en un insidioso ataque para bloquear las radios comunitarias independientes, y lo ha hecho desde dos flancos: primero, negándose a conceder licencias, y segundo, atacando, acosando e intimidando a quienes desean proporcionar servicios.
Favoritismos en la concesión de licencias de radio
La Ley sobre Servicios de Radiodifusión acabó en 2001 con el monopolio de la cadena estatal, Zimbabwe Broadcasting Holdings (ZBH), lo cual se consideró una medida positiva. El texto legal dio vía libre a un sistema de emisión de tres niveles, estableciendo los criterios y el proceso de concesión de licencias, y facultó al Órgano Regulador de Radiodifusión de Zimbabue (BAZ) para conceder licencias de emisión.
Sin embargo, la práctica de conceder todas las licencias de emisión comerciales a empresas propiedad del partido gobernante o muy cercanas a él ha hecho que se cuestionen la independencia y la imparcialidad de este organismo.
Hasta la fecha se han concedido licencias de emisión comercial a 10 emisoras de radio, dos de ámbito nacional y ocho de ámbito local. Sin embargo, estas licencias se han concedido a cinco empresas propiedad de Zimbabwe Newspapers Private Limited –cuyo accionista mayoritario es el gobierno– o bajo su control, y a Kingstons Limited, empresa de propiedad estatal, así como a otras empresas vinculadas al partido gobernante.  
Hay al menos 28 iniciativas de radio comunitaria independientes en espera de que se les conceda una licencia, cosa que nadie ha conseguido en los últimos 14 años. En esta línea, activistas comunitarios de todo el país han dicho a Amnistía Internacional que los precios de las licencias resultan prohibitivos para comunidades con pocos recursos.
“En Zimbabue hay una clara demanda de servicios de radio comunitarios. La radio comunitaria puede aportar la savia que supone para las comunidades rurales y urbanas un debate con fundamento sobre asuntos de interés público y temas que les afectan directamente de forma cotidiana, sean de índole social, económica o cultural”, ha dicho Deprose Muchena.

Al no conceder licencias a emisoras de radio comunitarias se viola el derecho a la libertad de expresión. El gobierno de Zimbabue debe abrir procesos de licitación para la concesión de licencias a emisoras de radio comunitarias cuya propiedad no suponga injerencias políticas y que sean asequibles para las áreas más marginalizadas del país.

Ataque a las iniciativas de radio comunitaria
Muchas iniciativas de radio comunitarias han sido constantemente atacadas por las autoridades.
Para salvar la imposibilidad de emitir, muchas utilizan discos compactos para difundir información a sus comunidades sobre temas de desarrollo, tales como sida/VIH, prestación de servicios, planificación familiar y formas de mejorar los medios de vida de la comunidad.
El 17 de junio de 2014, agentes de seguridad del Estado, entre los que había soldados, asaltaron las oficinas de Radio Kwelaz en la localidad de Kwekwe. Tenían una orden de registro basada en que la organización comunitaria estaba emitiendo ilegalmente, vulnerando con ello la Ley sobre Servicios de Radiodifusión “u otras leyes en vigor en Zimbabue”.
Los agentes de la seguridad del Estado confiscaron ordenadores portátiles y 1.223 discos compactos en los que se hablaba de cáncer, violencia sexual, educación y otros temas que afectan a la comunidad, cuyos activistas dijeron a Amnistía Internacional que durante el registro los agentes de seguridad no sabían exactamente cuál era el delito que habían cometido. Los cargos contra ellos se retiraron posteriormente.
El 1 de marzo de 2013, la policía asaltó las oficinas de Radio Dialogue en Bulawayo y confiscaron 180 aparatos de radio. Además, detuvieron e interrogaron al director de producción, Zenzele Ndebele, al que posteriormente dejaron en libertad bajo la custodia de sus abogados.  
“Estos ataques constantes tienen la clara intención de silenciar mediante la intimidación a quienes tratan de crear servicios de radio comunitaria independientes. Estas personas están siendo hostigadas deliberadamente por el mero hecho de intentar ejercer un efecto positivo en las vidas de otras personas, especialmente de grupos con pocos ingresos en zonas urbanas y rurales que tradicionalmente han sido marginados por los medios de comunicación generalistas”, ha dicho Deprose Muchena.

En lugar de atacar a estos potenciales prestadores de servicios, el gobierno de Zimbabue debe aceptarlos como facilitadores del desarrollo y el libre intercambio de información e ideas sobre temas de interés público.

Recomendaciones
El plazo fijado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que Zimbabue empiece a emitir en digital expira el 17 de junio de este año. Amnistía Internacional pide al gobierno que aproveche este cambio para permitir el pluralismo en el sector de la radiodifusión concediendo licencias a emisoras de radio comunitarias de zonas rurales y urbanas. Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional pide al gobierno de Zimbabue que:
- garantice que todo el mundo en Zimbabue disfruta del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
- permita un acceso suficiente a las licencias de emisión, especialmente en el ámbito comunitario, para garantizar el pluralismo en los debates.
- respete plenamente la independencia de línea editorial y programación de las emisoras de radio comunitarias.
La organización pide al Órgano Regulador de Radiodifusión de Zimbabue que:
- adopte un mecanismo abierto de concesión de licencias para servicios de radiodifusión comunitaria aceptando solicitudes a lo largo de todo el año.
- rebaje los precios de las licencias para reducir la presión económica de los solicitantes de servicios de radiodifusión comunitaria.
La comunidad internacional debe instar al gobierno de Zimbabue a cumplir de forma plena y real sus obligaciones respecto al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Información complementaria
Este informe es un estudio cualitativo llevado a cabo entre agosto de 2014 y mayo de 2015. Se centra en la práctica del gobierno de Zimbabue de no ofrecer o negarse a conceder licencias de emisión para emisoras de radio comunitarias desde 2001, a pesar de la existencia de un marco legal para ello. Examina la Constitución de Zimbabue y la Ley sobre Servicios de Radiodifusión, los dos marcos legales clave para la concesión de licencias de emisión.  
En el informe también se examinan las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, así como las experiencias de personas que han intentado conseguir licencias comunitarias, y se identifican las lagunas existentes entre la normativa y la práctica.
Este informe se presentará antes del 17 de junio de 2015, fecha en que expira el plazo fijado por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones para que Zimbabue empiece a emitir en digital. En 2006, los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  acordaron por consenso migrar de la emisión analógica a la digital, y fijaron el 17 de junio de 2015 como fecha límite para diversos países de Europa, África y Oriente Medio.


Escombros y casa derruidas junto a tiendas de campaña en el pueblo Kawama, en la República Democrática del Congo, tras un desalojo forzoso apoyado por la empresa minera Forrest International. © Action contre l’impunité pour les droits humains. Europa parece disponerse a dar preferencia a las grandes empresas sobre quienes sufren las consecuencias del mortífero comercio de minerales de zonas de conflicto, han advertido Amnistía Internacional y Global Witness la víspera de una votación histórica con la que se pretende empezar a trabajar resueltamente sobre la cuestión del comercio europeo.
El próximo miércoles se someterá a votación entre los miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo la legislación preliminar,  con la que por primera vez podría exigirse legalmente a las empresas europeas que garanticen que los minerales que compran no contribuyen a mantener conflictos ni abusos contra los derechos humanos en otros países.
Sin embargo, el intenso cabildeo de las grandes empresas amenaza con suavizar la ley hasta convertirla en una propuesta de escasa utilidad para abordar un comercio que financia conflictos en algunas partes de África y en otras regiones. Si no se reforma la propuesta, sólo se exigirá legalmente abastecerse de manera responsable a alrededor de 20 importadores de materias primas minerales. A las empresas europeas que venden y fabrican productos que contienen esos minerales se les aplicará sólo un sistema voluntario.
“Es una oportunidad histórica para abordar el comercio de minerales de zonas de conflicto –ha señalado Lucy Graham, de Amnistía Internacional–. Pero la propuesta que se presenta no tiene en absoluto en cuenta a algunos de los agentes más importantes de la industria.”  
“Si es cierto que el Parlamento Europeo está dispuesto a abordar el comercio de minerales de zonas de conflicto, se debe exigir legalmente a estas grandes marcas controlar sus cadenas de suministro. Lamentablemente, parece que la Unión Europea da más valor a la voz de las empresas poderosas que a la de quienes sufren a diario las secuelas de este comercio.”
El comercio de minerales de zonas de conflicto, que pueden ir a parar a productos cotidianos como los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, ha financiado violencia y a grupos armados brutales en todo el mundo. En la República Centroafricana, Colombia y la República Democrática del Congo, el comercio de minerales contribuye a mantener mortales conflictos que han desplazado a 9,4 millones de personas.
Las empresas, en su mayoría del sector del automóvil, la aeronáutica y la electrónica, están ejerciendo presión entre bastidores para asegurarse de que no tendrán que investigar los minerales de sus productos ni que informar de ellos.  
“No debe permitirse a ninguna empresa europea sacar provecho de un comercio que llena los bolsillos a grupos responsables de violencia y abusos”, ha afirmado Michael Gibb, del grupo organizador de campañas Global Witness.  
“Es esencial que los miembros del Parlamento hagan frente mañana a las grandes empresas. Deben votar a favor de una ley vinculante, que anime a las empresas a continuar abasteciéndose en regiones de alto riesgo o afectadas por conflictos, pero de manera responsable. El comercio debe beneficiar a la población local, no a los grupos armados.”
Amnistía Internacional y Global Witness piden a los miembros del Parlamento Europeo que refuercen la propuesta cuando se someta a votación el miércoles exigiendo a las empresas comprobar si sus compras de minerales financian la violencia y los abusos contra los derechos humanos.
Los consumidores europeos han enviado más de 200.000 mensajes a los parlamentarios europeos para pedirles que refuercen la ley. Más de 150 organizaciones de la sociedad civil, así como el Dr. Denis Mukwege, galardonado con Premio Sájarov 2014 de la UE para los derechos humanos, se han hecho eco de este llamamiento, al igual que lo han hecho políticos, inversores, voces empresariales y líderes religiosos.  
Información complementaria
1. En marzo de 2014, la Comisión Europea presentó un proyecto de regulación con que abordar el comercio de minerales de zonas de conflicto. Abarca cuatro minerales: estaño, tantalio, tungsteno y oro. Es totalmente voluntario, pues deja al arbitrio de los entre 300 y 400 importadores de estos minerales abastecerse de manera responsable  e informar públicamente de sus esfuerzos por hacerlo, mediante un proceso conocido como “diligencia debida de la cadena de suministro”. La propuesta deja fuera a los cuatro minerales que entran en la UE en productos cotidianos, como los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles.
2. La Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo tiene por objeto orientar la respuesta de éste a la propuesta de la Comisión Europea. En abril de 2015 propuso varios requisitos de obligado cumplimiento. Sin embargo, también éstos se aplican sólo a una pequeña parte de la industria —unas 20 empresas europeas que funden o refinan los cuatro minerales anteriormente mencionados, según cifras de la Comisión Europea–. La gran mayoría de las empresas que comercian –entre ellas algunas que importan dichos minerales directamente de zonas de alto riesgo y afectadas por conflictos– no tendrán ninguna obligación de abastecerse de manera responsable.
3. Está previsto que la ley se someta a votación en sesión plenaria del Parlamento Europeo el 20 de mayo de 2015. El resultado definirá el mandato del Parlamento para las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea sobre el texto final de la regulación.
4. Estados Unidos y 12 países africanos han aprobado medidas que exigen a las empresas abastecerse de minerales de manera responsable. China ha introducido directrices que promueven el comercio limpio.


Un coche sospechoso de pertener a las fuerzas de seguridad marroquíes sigue a la delegación de Amnistía Internacional durante su entrevista con la familia del prisionero Abdessalam Loumadi en su casa en El Aaiún (Sahara Occidental). en junio de 2014. Palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual, estas son algunas de la variadas técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener "confesiones" de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia, según un nuevo informe que Amnistía Internacional publica hoy.
El informe, La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental, pone de manifiesto la oscura realidad de la imagen liberal que presentaron los líderes de Marruecos cuando, en 2011, respondieron a los levantamientos populares de la región con la promesa de innumerables reformas progresistas y una nueva Constitución que prohibía la tortura.
“Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los derechos humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura.”
El informe se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014. Entre las víctimas figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.
El informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Con demasiada frecuencia, los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura.
A veces incluso se procesa por "calumnia " y "denuncia falsa" a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia. Sigue imperando la impunidad, pese a las promesas de las autoridades de hacer valer los derechos humanos.
Personas torturadas bajo custodia y obligadas a "confesar"
En el informe se documentan brutales técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, como obligarlas a permanecer en posturas en tensión como la denominada el "pollo asado" o colgarlas por las muñecas y las rodillas de una barra de hierro.
Al igual que otros saharauis, Mohamed Ali Saidi, de 27 años, explicó que la policía lo había torturado bajo custodia tras detenerlo en relación con unas manifestaciones celebradas días antes, en mayo de 2013, en El Aaiún, Sáhara Occidental. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:
“Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Era una botella de Pom’s [popular refresco marroquí]. Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada [...] Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones."
Abdelaziz Redaouia, francoargelino de 34 años, dijo que los agentes lo habían torturado por negarse a firmar un informe de interrogatorio en el que se incriminaba de delitos de drogas tras su detención en diciembre de 2013. Explicó:
“Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel.”
Dijo que los agentes le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y le golpearon en las plantas de los pies estando colgado.
Abusos contra manifestantes y simples viandantes
En el informe se afirma que las fuerzas de seguridad dan muestra sin ningún reparo de la impunidad de la que parecen gozar golpeando a manifestantes a plena vista para enviar así un mensaje de advertencia a quienes lo ven. Se documentan en él decenas de casos de brutalidad policial, cometida contra manifestantes y simples viandantes a plena luz del día y en vehículos.
Abderrazak Jkaou, estudiante que participó en manifestaciones, contó que la policía lo había golpeado hasta hacerle perder el conocimiento en la universidad la víspera de una manifestación convocada en Kenitra. Explicó:
“Algunos llevaban largos palos. Me golpearon de la cabeza a los pies. Luego, un agente vestido de civil agarró una esposa con el puño y me golpeó entre los ojos. Perdí el sentido y me desplomé. Luego llegaron los demás y me pisotearon en la vejiga, hasta que me oriné. Me golpearon hasta que me desmayé, y entonces me arrojaron fuera de la universidad, como advertencia a otros estudiantes. Los estudiantes pensaron que estaba muerto."
Aunque entre las personas que contaban que habían sido detenidas y torturadas había activistas conocidos, otras eran simples viandantes. Khadija, cuyo nombre se ha modificado a fin de protegerla, contó que la policía la había agredido cuando pasaba por la universidad en Fez en 2014. Dijo:
“La policía antidisturbios se me acercó por detrás y me hizo tropezar. Me caí, y me arrancaron el pañuelo de la cabeza y me golpearon. Luego me arrastraron por las piernas, boca abajo, hasta su furgoneta. Dentro había alrededor de 10 agentes más esperando. Fue entonces cuando más me golpearon.”
Un sistema que protege a los torturadores, no a las víctimas
En el informe se advierte también de una novedad alarmante: el uso de leyes que penalizan la "denuncia falsa" y la "calumnia", para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de estas leyes, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura.
Según la legislación marroquí, la "denuncia falsa" puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses; y la "calumnia", con hasta cinco años de cárcel. Mientras tanto, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por "calumnia" y "difamación".
En 2014, dos jóvenes activistas, Wafae Charaf y Oussama Housne, fueron declarados culpables de hacer "denuncias falsas" y de difamación y condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, tras haber denunciado que habían sufrido tortura. No habían identificado a los presuntos torturadores.
Cuatro de las personas llevadas a juicio por las autoridades marroquíes habían presentado denuncias ante tribunales franceses porque tenían doble nacionalidad o estaban casadas con ciudadanos franceses. Podría resultar imposible entablar este tipo de pleitos si el Parlamento francés aprueba una medida con la que se pretende poner fin a la competencia de los tribunales de Francia sobre abusos cometidos en Marruecos.
"Marruecos se encuentra en una encrucijada: puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos. El gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en hacer cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Para que cambien las cosas es a los torturadores a quienes hay que ver ante los tribunales, no a las víctimas. Se debe proteger, no procesar, a quienes denuncian", ha señalado Salil Shetty.
La respuesta del gobierno
Al presentarle una evaluación preliminar de las conclusiones del informe, el gobierno marroquí publicó una larga respuesta en la que las rechazaba categóricamente. En la respuesta se exponían los esfuerzos oficiales por combatir la tortura, incluidas la reformas jurídicas previstas. Sin embargo, no se trataban en ella cuestiones clave planteadas por Amnistía Internacional acerca de denuncias específicas de tortura, como la falta abrumadora de investigaciones adecuadas sobre ellas.
“El gobierno afirma que la tortura es cosa del pasado. Y ha adoptado algunas medidas, pero es que incluso un solo caso de tortura representa negligencia grave. Hemos documentado 173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de personas de toda condición", ha manifestado Salil Shetty.
“La legislación marroquí prohíbe la tortura, pero para que esta prohibición tenga significado en la práctica, la autoridades deben investigar debidamente las denuncias, en vez de descartarlas sin más."
Información complementaria
Este informe forma parte de la campaña "Stop Tortura" de Amnistía Internacional, emprendida en mayo de 2014 con objeto de combatir la tortura como crisis global, y es continuación de otros que se han publicado sobre la tortura en México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán.
En el Informe anual 2014/15 de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en 160 países se informa de tortura y otros malos tratos en 131 de ellos, que suponen el 82 por ciento.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para pedir la liberación de dos activistas falsamente acusados de difamación.
En este enlace puedes ver el informe completo sobre tortura en Marruecos y Sáhara Occidental.