Amnistía Internacional España

Vereda La Union en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia, Marzo 2007. © Particular La oleada ininterrumpida de amenazas, homicidios y desplazamientos forzados contra cientos de residentes pacíficos de veredas en el noroeste de Colombia es una muestra brutal de que el conflicto armado dista de haber concluido, meses después de la firma de un acuerdo de paz. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en el 20º aniversario de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.“Resulta alarmante contemplar cómo, en grandes zonas de Colombia, el conflicto armado está más vivo que nunca. En todo el país hay cientos de miles de personas que aún no han notado ninguna diferencia en sus vidas desde que se firmaron los acuerdos de paz”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“La Comunidad de Paz de San José de Apartadó muestra la manera en que, durante décadas, la población colombiana, prácticamente sola, ha luchado valientemente por la justicia. Sus miembros son un ejemplo de la lucha para proteger los derechos humanos, tan fundamentales para todas las personas en Colombia.”Durante los dos decenios transcurridos desde su fundación en el departamento de Antioquia, el 23 de marzo de 1997, los miembros de la comunidad han intentado distanciarse del conflicto negándose formalmente a permitir que el ejército, la guerrilla y los grupos paramilitares entren en su territorio.Pese a su intento de mantenerse neutrales, los residentes de San José de Apartadó han sido víctimas de ataques, tortura, abusos sexuales y desplazamiento forzado a manos de todas las partes enfrentadas. Más de 300 de sus miembros han sido asesinados o se han visto obligados a abandonar sus hogares en las últimas dos décadas.Desde finales de 2016, la comunidad ha informado de un incremento en la actividad paramilitar en la zona — especialmente por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia—, pese a las declaraciones de las autoridades colombianas que aseguran que los grupos paramilitares ya no están activos.“Ya es hora de que las autoridades colombianas se enfrenten a la realidad y reconozcan que el conflicto sigue causando estragos a cientos de miles de personas vulnerables. Cuanto más se demore la acción, más vidas se perderán”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.


Ahmed Mansoor © Martin Ennals Foundation Ante la detención del activista de derechos humanos Ahmed Mansoor, practicada a las 3.15 de la madrugada, hora local, tras un prolongado y exhaustivo registro de su vivienda, la directora de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, Lynn Maalouf, ha dicho:“Amnistía Internacional ve con horror y consternación la incursión nocturna por sorpresa que ha dado lugar a la detención de Ahmed Mansoor, valiente y destacado defensor de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.”“Pensamos que Ahmed Mansoor ha sido detenido por la expresión pacífica de sus convicciones profundas, y solicitamos su libertad inmediata e incondicional.”Alrededor de la medianoche, 10 agentes de seguridad uniformados, hombres y mujeres, irrumpieron en la vivienda de la familia y llevaron a cabo un prolongado registro de todos los cuartos, incluido el dormitorio de los hijos. Confiscaron aparatos electrónicos y se llevaron a Ahmed Mansoor hacia las 3.15 de la madrugada, hora local. No dijeron a su esposa adónde se lo llevaban.
Ahmed Mansoor no tiene representación letrada y, de acuerdo con el derecho emiratí, la renovación de las órdenes de detención es una mera formalidad. Amnistía Internacional teme que pueda sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia.Ahmed Mansoor fue galardonado con el Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos en 2015.


Ibrahim Sharif. MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images Una vez más, las autoridades bahreiníes han demostrado su implacable determinación de silenciar a los activistas y reprimir toda expresión de disidencia al acusar al destacado político Ebrahim Sharif de “incitar al odio al régimen” en una serie de tuits, ha afirmado Amnistía Internacional.Ebrahim Sharif, ex secretario general de la Sociedad de Acción Democrática Nacional (Waad), partido de oposición de carácter laico, estaba citado esta mañana para ser interrogado por la fiscalía especial para delitos terroristas. Quedó en libertad al poco tiempo, tras ser informado de que sería acusado de “incitación al odio al régimen” por una serie de tuits que había publicado. Uno de ellos incluía un documento gráfico para los medios sociales elaborado por Amnistía Internacional sobre 20 personas que permanecen encarceladas en violación de sus derechos humanos desde la sublevación de 2011.

Ebrahim Sharif está siendo injustamente castigado sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión
Lynn Maalouf
“Una vez más, Ebrahim Sharif está siendo injustamente castigado sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El cargo presentado en su contra es absurdo y debe retirarse inmediatamente”, ha dicho Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de la oficina de Amnistía Internacional en Beirut.“Las autoridades bahreiníes han intentado en repetidas ocasiones hostigar e intimidar a todo el que se atreve a alzar la voz sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Bahréin. En lugar de perder el tiempo tratando de acallar a críticos y activistas pacíficos, las autoridades deberían estar protegiendo y obligando a respetar los derechos humanos en el país.”En los otros tuits que ha publicado, Ebrahim Sharif denuncia la ausencia de democracia real en Bahréin, critica al gobierno tunecino y cuestiona las circunstancias de la muerte de un hombre que cayó por una ventana, supuestamente tras una persecución policial.Ebrahim Sharif lleva entrando y saliendo de prisión como preso de conciencia desde 2011. En junio de 2015, después de pasar más de cuatro años en la cárcel por participar en la sublevación de 2011, fue liberado antes de tiempo en virtud de un indulto real. Al mes volvió a ser detenido tras pronunciar un discurso en el que reivindicaba una reforma pacífica. En relación con esto, cumplió un año de cárcel por “incitación al odio y al desacato al régimen”.El 13 de noviembre de 2016, la fiscalía volvió a acusarlo de “incitación al odio y al desacato al régimen” por una entrevista que Associated Press había publicado dos días antes, sobre la visita del príncipe Carlos de Reino Unido al país. La acusación se retiró el 23 de noviembre de 2016.“La persecución implacable de Ebrahim Sharif y otros activistas pacíficos de Bahréin forma parte de una campaña evidente del gobierno para consolidar su férreo control del país silenciando todas las voces críticas que hay en él”, ha dicho Lynn Maalouf.


Trabajadores de la construcción en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, Qatar. Photo by Warren Little/Getty Images El órgano de gobierno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe continuar examinando el historial de Qatar en materia de abusos contra la mano de obra migrante, ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la crucial decisión que se tomará el 21 de marzo sobre una queja presentada por los sindicatos contra el Estado del Golfo.La semana pasada, el gobierno afirmó que había “revocado” su controvertida ley de patrocinio, incluido el requisito de que los trabajadores tengan el permiso de sus empleadores para salir del país. Amnistía Internacional cree que no es así y considera que no hay en la actualidad motivos suficientes para archivar la queja contra Qatar. La organización pide que continúe el proceso de queja de la OIT, de acuerdo con el proyecto de decisión presentado de cara a la sesión del martes.“Es un momento decisivo para los trabajadores migrantes de Qatar. El gobierno ha contraído algunos compromisos públicos en respuesta a la presión de la OIT, pero, sencillamente, su afirmación de que ha abolido el sistema de patrocinio no cuadra”, ha señalado James Lynch, subdirector del Programa sobre Asuntos Globales de Amnistía Internacional.“Si el órgano de gobierno de la OIT aprueba las insuficientes reformas de Qatar archivando esta queja, las consecuencias de ello para los derechos de los trabajadores migrantes de Qatar y de toda la región podrían ser muy perjudiciales.”La OIT está examinado la cuestión de los abusos laborales en Qatar desde 2014, prestando especial atención al trabajo forzoso y a la inspección de trabajo. El martes, el órgano de gobierno examinará un proyecto de decisión en el que se propone conceder a Qatar ocho meses más para que demuestre que ha llevado a cabo las debidas reformas en materia de mano de obra migrante.El gobierno qatarí ha hecho una serie de anuncios de índole laboral en el periodo previo a la reunión del órgano de gobierno de la OIT, lo que indica que el proceso de queja está teniendo algún impacto. Sin embargo, estos anuncios no han dado lugar aún a reformas sustantivas, por lo que es necesaria más presión a fin de que se cumpla lo prometido.
Información sobre la nueva legislación laboral de QatarLa semana pasada, el gobierno de Qatar dijo a la OIT que su nueva legislación laboral (Ley 21 de 2015) “revocaba el sistema de kafala (patrocinio)” y que una reforma posterior (Ley 1 de 2017) había “revocado el permiso de salida”.Aunque la nueva legislación laboral de Qatar contiene un cambio potencialmente significativo, al eliminar la disposición que impide a los trabajadores migrantes volver a trabajar en Qatar durante dos años si su patrocinador anterior no accede a ello, es poco lo que ha cambiado para los trabajadores en general. Se han eliminado las palabras “patrocinador” y “patrocinio”, pero los elementos básicos del sistema de patrocinio que da lugar a los abusos laborales persisten. En concreto:
Los trabajadores necesitan aún el permiso del empleador para buscar otro trabajo durante el periodo de vigencia de su contrato, que puede ser de hasta cinco años. Si cambian de trabajo sin permiso pueden ser acusados del delito de “fuga”, detenidos y expulsados.Los trabajadores necesitan todavía el permiso de su empleador para salir del país. Según la Ley 1 de 2017, para salir del país los trabajadores tienen ahora que “notificárselo” a su empleador. El proceso de “notificación” reproduce el sistema de permiso de salida establecido.Lamentablemente, la nueva legislación laboral de Qatar crea un vacío legal que facilita a los empleadores abusivos confiscar el pasaporte los trabajadores. El incremento de la cuantía de la multa impuesta por confiscar el pasaporte se ve menoscabado ahora por el hecho de que se permita a los empleadores retener legalmente el pasaporte a los trabajadores con su consentimiento escrito. Esta medida aumenta el riesgo de que los empleadores abusivos retengan a los trabajadores el pasaporte contra su voluntad.


El acuerdo UE-Turquía, que ha provocado el sufrimiento de miles de personas refugiadas y migrantes, constituye una mancha en la conciencia colectiva de Europa. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en el primer aniversario del acuerdo.
El acuerdo para devolver a Turquía a las personas solicitantes de asilo, bajo la premisa de que Turquía es un lugar seguro para ellas, ha fracasado en sus propios términos, y ha dejado a miles de personas expuestas a unas condiciones míseras e inseguras en las islas griegas.“Hoy se conmemora un día en la historia de la protección a las personas refugiadas: el día en que los líderes europeos trataron de comprar su exención de sus obligaciones internacionales, haciendo caso omiso de su coste en sufrimiento humano”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.“Hace un año, las islas griegas se transformaron de hecho en calabozos, mientras las costas europeas pasaban de ser lugares de refugio a lugares de peligro. Desde hace un año, miles de personas permanecen varadas en un limbo peligroso, desesperado y aparentemente interminable.”A la mayoría de las personas solicitantes de asilo que se encuentran en los campos no se les permite abandonar las islas. Están acorraladas en condiciones de hacinamiento y miseria y, en ocasiones, han sido víctimas de violentos crímenes de odio. Cinco personas refugiadas en Lesbos, una de ellas menor de edad, han muerto por circunstancias fuertemente vinculadas a estas condiciones.Aunque los líderes europeos mantienen la ficción de que Turquía es un tercer país seguro para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, los tribunales griegos, hasta el momento, han bloqueado sobre esta base la devolución a Turquía de solicitantes de asilo sirios.No obstante, Amnistía Internacional ha documentado la devolución a Turquía de algunos solicitantes de asilo sirios sin darles acceso al asilo y sin permitirles apelar contra dicha devolución, lo cual es contrario al derecho internacional. Otros han regresado “voluntariamente” a Turquía a causa de la miseria existente en las islas griegas.El aniversario del acuerdo coincide con el plazo límite para que los abogados presenten pruebas adicionales en una causa que está examinando el tribunal administrativo de más alta instancia de Grecia y que determinará si puede considerarse a Turquía un “país seguro” para las personas refugiadas.Se trata de la causa relativa a “Noori”, solicitante de asilo de 21 años que lleva más de seis meses detenido ilegalmente después de que los tribunales griegos declararan inadmisible su solicitud de asilo por considerar que Turquía es un “tercer país seguro” para él. Dependiendo de la decisión del tribunal, “Noori” podría ser enviado inmediatamente de vuelta a Turquía. La sentencia, que se espera para este mes, podría sentar un precedente y podría abrir las compuertas a más devoluciones.En lugar de tratar de devolver a solicitantes de asilo y refugiados a Turquía, donde no tienen protección efectiva, la UE debería estar trabajando con las autoridades griegas para transferir urgentemente a las personas solicitantes de asilo a territorio continental griego con el fin de que se procesen sus casos. Los gobiernos europeos deberían proporcionar a los solicitantes de asilo acceso a la reubicación y a otras vías seguras y legales para llegar a otros países europeos, como la reagrupación familiar o los visados por razones humanitarias.Pese a sus deficiencias manifiestas y sus flagrantes violaciones del derecho internacional, algunos líderes europeos han promocionado el acuerdo UE-Turquía como un modelo que se podría copiar en acuerdos con otros países.“El hecho de que los líderes europeos estén presentando como un éxito un acuerdo que ha causado un sufrimiento tan inconmensurable pone de manifiesto que el acuerdo UE-Turquía no tiene nada que ver con la protección a las personas refugiadas, sino que su finalidad es mantener a estas personas fuera de Europa”, ha manifestado John Dalhuisen.“El acuerdo UE-Turquía es una mancha en la conciencia colectiva de Europa. Ahora que entra en su segundo año, no debería verse como un modelo para otros acuerdos, sino como un modelo para provocar la desesperación a millones de personas ya de por sí desesperadas que han huido de la guerra y los conflictos en busca de seguridad.El acuerdo UE-Turquía se alcanzó el 18 de marzo de 2016 y entró en vigor el 20 de marzo de 2016.Consulten nuestro reciente informe A Blueprint for Despair: The human rights impact of the EU-Turkey deal


Mineros artesanos cogen en sus manos el cobalto con el que se fabrican muchos productos electrónicos © AI El papel de Europa en la limpieza del comercio global de minerales de zonas de conflicto es más importante que nunca, ha declarado Amnistía Internacional, mientras el Parlamento Europeo se dispone a votar mañana una nueva legislación que exige a las empresas la extracción responsable de minerales.  La legislación garantizará que los minerales que entren en la UE no hayan fomentado la violencia ni abusos contra los derechos humanos.“Ante la propuesta del presidente Trump de retractarse de las reformas destinadas a frenar las prácticas empresariales irresponsables en Estados Unidos, el papel de Europa en la limpieza del comercio global de minerales procedentes de zonas de conflicto es ahora más importante que nunca”, afirmó Nele Meyer, directora ejecutiva de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.Según la nueva legislación de la UE, por primera vez se exigirá legalmente a las empresas que asuman la responsabilidad de sus cadenas de suministro de minerales y tomen medidas para prevenir que su comercio esté ligado a conflictos o a abusos contra los derechos humanos.Los minerales procedentes de zonas de conflicto, como el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro, se utilizan en una enorme variedad de productos que se fabrican y se venden en Europa, como teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles. El comercio de estos minerales financia la violencia y a grupos armados brutales de la República Democrática del Congo y otros países.Una vez aprobada, la nueva legislación europea se aplicará a las empresas que importen minerales en bruto —en forma de menas y metales—, aunque no afectará a las importaciones de los mismos minerales que formen parte de piezas o de productos acabados.“Aunque esta legislación es un paso positivo, se ve debilitada por varias lagunas que eximen a muchas empresas, como las que importan minerales de zonas de conflicto contenidos en teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y otros productos”, dijo Nele Meyer.“La Unión Europea debe reforzar esta legislación en el futuro.”Información complementariaHoy (15 de marzo), a las 4 de la tarde, se celebrará en el Parlamento Europeo un debate sobre la legislación de la UE; la votación se celebrará la mañana del 16 de marzo.La UE es el mayor bloque económico y comercial del mundo, y un importante destino de minerales Las empresas importan minerales a Europa en bruto y también como parte de productos de uso cotidiano, desde ordenadores portátiles y teléfonos móviles hasta motores y joyas.La propuesta de legislación europea exige que las empresas que importen minerales garanticen la transparencia en sus cadenas de suministro y que identifiquen, prevengan y mitiguen los riesgos de que el comercio de sus minerales pueda fomentar conflictos o violaciones de derechos humanos.En Estados Unidos, una disposición similar —el artículo 1502 de la Ley Dodd Frank— exige que las empresas que cotizan en la Bolsa estadounidense comprueben si determinados minerales utilizados en sus productos han servido para financiar a grupos armados que participan en el conflicto en República Democrática del Congo y los países vecinos.En un borrador de orden ejecutiva elaborado el mes pasado, el gobierno de Trump citó endebles razones de “seguridad nacional” cuando el presidente Trump propuso suspender dicho artículo 1502 de la Ley Dodd Frank.


Imágen de las primeras manifestaciones que se celebraron en Siria en marzo de 2011 y que desencadenaron en el conflicto que lleva ya seis años. AP Photo/Bassem Tellawi. Mientras los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad siguen quedando impunes en Siria, una campaña de Amnistía Internacional que marca el sexto aniversario de la crisis pide a los líderes mundiales que emprendan acciones inmediatas para ofrecer justicia, verdad y reparación a los millones de víctimas del conflicto.
La campaña Justicia para Siria pide a los gobiernos que pongan fin a la impunidad y hagan realidad la rendición de cuentas para el pueblo sirio, brindándole apoyo, financiando el mecanismo de investigación sobre Siria votado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2016 y aplicando el principio de jurisdicción universal para investigar y enjuiciar, en sus propios tribunales, a los presuntos autores de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en Siria.

 

No hay excusa para que los crímenes que se cometen en Siria queden impunes
Samah Hadid
“Tras seis terribles años, no hay excusa para permitir que los horrendos crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en Siria queden impunes”, ha afirmado Samah Hadid, directora de Campañas de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos ya cuentan con las herramientas legales para poner fin a la impunidad que ha permitido matar a miles de personas sirias y desplazar a millones. Ha llegado la hora de utilizarlas.”
Cualquier Estado puede ejercer jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Dicho de otro modo, el principio de jurisdicción universal permite investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio y desapariciones forzadas en Siria, con independencia del lugar donde se cometieron los crímenes y de la nacionalidad de los sospechosos o de las víctimas.
Hasta hoy, más de 147 países han previsto la jurisdicción universal para uno o más crímenes de derecho internacional. Actualmente, países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza están investigando crímenes cometidos en Siria.
La resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2016 también ha ofrecido al pueblo sirio un atisbo de esperanza de que la justicia es posible. Dicha resolución pedía el establecimiento de un mecanismo internacional independiente para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los más graves crímenes de derecho internacional cometidos en Siria desde marzo de 2011.
La resolución transmitió un firme mensaje al sortear a un Consejo de Seguridad de la ONU en punto muerto, que se ha mostrado incapaz de poner fin a la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en Siria. El mecanismo necesita ahora obtener de los Estados miembros de la ONU los fondos necesarios para empezar a funcionar.
“Al adoptar esta resolución, la comunidad internacional ha enviado un mensaje de esperanza al pueblo de Siria: una promesa de que el mundo no los ha olvidado, de que los responsables de su sufrimiento no quedarán impunes”, ha declarado Samah Hadid.
“Ahora es imperativo que los gobiernos que votaron a favor de este mecanismo adopten las medidas necesarias para conseguir los fondos y la cooperación que se precisan para que el mecanismo ofrezca justicia a las víctimas del conflicto en Siria.”
Información complementaria
Según el Enviado Especial de la ONU para Siria, la cifra de muertos desde que comenzó la crisis ha superado los 400.000, lo que significa que al menos 1 de cada 100 personas sirias ha muerto a causa del conflicto.
Más del 20% de la población siria vive como refugiada fuera del país, mientras que la mitad de la población que vive en Siria necesita ayuda humanitaria.
Desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos y las agencias de la ONU han documentado ampliamente los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto de Siria.
Entre estos crímenes figuran ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles, y ataques deliberados contra la población civil, casas, centros médicos e infraestructuras civiles, así como ataques indiscriminados y desproporcionados, desapariciones forzadas, exterminio y toma de rehenes.


AP Photo/Christophe Ena Tras las resoluciones de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que se afirma que dos empleadores no infringieron la legislación antidiscriminación de la UE al despedir a sendas mujeres de sus respectivos trabajos en Francia y Bélgica por llevar hiyab, John Dalhuisen, director del programa regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, ha declarado:
"Las decepcionantes sentencias dictadas hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dan más margen a los empleadores para discriminar a las mujeres —y a los hombres— en razón de sus creencias religiosas. En un momento en el que la identidad y la apariencia se han convertido en un campo de batalla político, las personas necesitan más protección frente a los prejuicios, no menos."
"El Tribunal sí ha declarado que los empleadores no tienen libertad para someterse a los prejuicios de sus clientes. Pero al resolver que las políticas de las empresas pueden prohibir símbolos religiosos por motivos de neutralidad, han abierto una puerta trasera a estos mismos prejuicios. Ahora son los gobiernos nacionales quienes deben dar un paso adelante y proteger los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.”
Información complementaria
El 12 de junio de 2006, G4S Secure Solutions NV (G4S), empresa privada de Bélgica, despidió a Samira Achbita, que trabajaba para ella como recepcionista desde febrero de 2003, por haber informado a la empresa de su intención de empezar a llevar el hiyab en el centro de trabajo. Los empleados y empleadas de G4S estaban sometidos a una prohibición no escrita, y desde el día siguiente escrita, de llevar símbolos religiosos y filosóficos en el centro de trabajo.
En otro caso, el 22 de junio de 2009, Micropole SA, empresa privada con sede en Francia, despidió a Asma Bougnaoui, que trabajaba como ingeniera de diseño para ella desde el 15 de julio de 2008, porque quería seguir llevando el hiyab cuando prestaba servicios a los clientes de la empresa. Micropole SA indicó en la carta de despido que los empleados y empleadas tenían que respetar una política de “neutralidad” en su relación con sus clientes.
Amnistía Internacional, junto con la Red Europea contra el Racismo, alegó ante el Tribunal que las medidas impuestas por G4S Solutions NV y Micropole SA a sus empleados y empleadas constituyen discriminación basada en la religión o las creencias.


AFP/Getty Images La muerte de más de 60 personas a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido este fin de semana en un inmenso vertedero situado a las afueras de la capital etíope es un caso evidente de negligencia grave de las autoridades etíopes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.Varias decenas siguen en paradero desconocido desde que el 11 de marzo tuvo lugar el deslizamiento en el vertedero municipal de Repi, de 36 hectáreas, en Addis Abeba, y muchas familias se han quedado sin hogar porque sus viviendas improvisadas han quedado sepultadas bajo toneladas de basura.“El gobierno etíope es totalmente responsable de esta catástrofe, que era absolutamente evitable. Era consciente de que el vertedero estaba saturado y a pesar de ello siguió utilizándolo. Además, permitió que cientos de personas siguieran viviendo muy cerca de él”, ha dicho Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.“Estas personas, entre las que hay muchas mujeres y menores de edad, no podían hacer otra cosa que vivir y trabajar en ese entorno tan peligroso porque el gobierno no protege su derecho a una vivienda adecuada y a un trabajo decente.”Repi —también llamado Koshe, que significa “polvo”— ha entrado en su quinto decenio y es el vertedero más antiguo de Addis Abeba, ciudad con más de 3,6 millones de habitantes. Había más de 150 personas en el lugar cuando se produjo el deslizamiento de tierra. Muchas buscaban artículos para vender, mientras que otras vivían allí con carácter permanente, en alojamientos improvisados e inseguros.“El gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano para dar explicaciones sobre todas las personas que han desaparecido, proporcionar alojamiento alternativo adecuado a los sobrevivientes y ofrecerles condiciones seguras y saludables de trabajo”, ha declarado Muthoni Wanyeki.“Asimismo debe garantizar que se lleva a cabo una investigación completa para determinar las causas específicas del deslizamiento de tierra y obligar a las autoridades particulares responsables a rendir cuentas.”


Fuerzas palestinas de seguridad en una protesta en Ramallah, 12 de marzo de 2017. © Edmée van Rijn Las pruebas fotográficas y las declaraciones de testigos recopiladas por Amnistía Internacional en el lugar de los hechos sugieren que las fuerzas de seguridad palestinas usaron fuerza excesiva para reprimir violentamente una protesta pacífica celebrada el 12 de marzo de 2017 ante el Tribunal de Distrito de Ramala, en Cisjordania.Diez minutos después de que comenzara ante el tribunal de la zona de Al Bireh la protesta contra el procesamiento de seis palestinos, entre los que se encontraba el activista asesinado Basil al Araj, el equipo de investigación de Amnistía Internacional vio llegar a miembros fuertemente armados de las fuerzas de seguridad, equipados con porras y escudos. Inmediatamente empezaron a cargar contra los manifestantes: los golpearon violentamente con las porras de madera, los rociaron con pulverizadores de pimienta y arrojaron gas lacrimógeno contra la multitud. Al menos 21 personas (13 hombres y 8 mujeres) resultaron heridas, entre ellas cuatro periodistas que informaban sobre el suceso. Diecisiete fueron hospitalizadas.“No hay justificación posible para cargar violentamente contra una protesta pacífica. Las grabaciones de vídeo obtenidas por Amnistía Internacional muestran a las fuerzas de seguridad palestinas recurriendo a medios brutales y alarmantes para sofocar la protesta, lo cual constituye una flagrante violación de su obligación de defender, respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África.

No hay justificación posible para cargar violentamente contra una protesta pacífica
Magdalena Mughrabi
A causa de la indignación pública, el primer ministro Rami Hamdallah ha anunciado hoy la formación de un comité para investigar las acciones de la policía en el tribunal.“Las autoridades palestinas deben garantizar que la investigación anunciada sobre este incidente es independiente, exhaustiva e imparcial, y que todas las personas de las que se concluya que son responsables rinden cuentas de sus actos”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.Las normas internacionales de derechos humanos disponen que la policía y las fuerzas de seguridad deben evitar usar la fuerza para dispersar una reunión pacífica.El personal de Amnistía Internacional presente en el lugar de los hechos no observó violencia por parte de los manifestantes antes de que la policía los atacara con porras, gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta. Las personas heridas sufrieron contusiones a causa de los fuertes golpes con porras de madera o tras recibir el impacto de botes de gas lacrimógeno. Cuatro periodistas de Wattan TV, Roya TV y Palestine Today fueron golpeados también en lo que parecía ser un intento deliberado de impedirles informar sobre la protesta. No se informó de ninguna lesión entre los miembros de las fuerzas de seguridad.Khader Adnan, manifestante hospitalizado por sus lesiones, dijo a Amnistía Internacional: “Yo estaba allí de pie, pacíficamente, cuando decenas de soldados blandiendo porras me atacaron y me arrojaron al suelo a golpes. Una vez en el suelo [...] uno de ellos me dio un pisotón en la cabeza mientras otros seguían golpeándome y desgarrándome la ropa. Tengo heridas en la espalda, los hombros y la pierna”.A Khader Adnan lo llevaron junto con otros seis al Departamento de Investigaciones Criminales, donde, según afirma, lo insultaron antes de dejar en libertad a cinco de ellos. Los otros dos permanecieron detenidos.Farid al Atrash, abogado, defensor de los derechos humanos y director de la oficina en Belén de la Comisión Independiente por los Derechos Humanos, que estaba presente en la protesta, dijo que lo habían arrojado al suelo golpeándolo con porras de madera. Según contó a Amnistía Internacional, también presenció cómo unos policías golpeaban al padre de Basil Al Araj, palestino muerto a manos de soldados israelíes la semana pasada. “Intenté protegerlo y entonces los agentes me atacaron; me arrojaron al suelo a golpes y me golpearon en las piernas”, dijo.Bassem Tamimi, conocido activista palestino de Nabi Saleh y ex preso de conciencia, también resultó herido en la manifestación. “No puedo creer que nos hicieran eso. Yo estaba hablando con el jefe de la unidad de policía [...] diciéndole que nos dispersaríamos en 15 minutos. Casi habíamos terminado cuando vi un montón de policías que se lanzaban contra nosotros y empezaban a atacarnos con crueldad. Utilizaban porras de madera y empezaron a golpear a la gente a derecha e izquierda; yo estaba retrocediendo cuando me dispararon un bote [de gas lacrimógeno] directamente a la parte baja de la espalda, y me alcanzaron en el coxis. No me esperaba ese comportamiento.”A la esposa de Bassem Tamimi, Nariman, también activista de Nabi Saleh, la golpearon después de que interviniera para decir a las fuerzas de seguridad que dejaran de golpear y arrastrar a un joven. “¿Qué hicimos? ¡No hicimos nada malo! Ahora tengo lesionados el hombro y el brazo. No podía creer que nos hicieran algo así”, dijo.Un testigo presencial, Hafez Omar, contó que los manifestantes estaban de pie pacíficamente cuando la policía les dijo que abandonaran la zona. Cuando se negaron, los policías empezaron a darles empujones y a golpearlos con las porras. Vio cómo otros dos hombres eran golpeados antes de que la policía lo arrastrara y lo golpeara con porras en los brazos, la espalda y las piernas.Entre 100 y 150 personas se habían reunido ante el tribunal en Al Bireh para protestar contra el procesamiento de seis palestinos acusados de posesión de armas de fuego. Cuatro de los acusados –Haitham Siyaj, Muhammad Harb, Muhammad al Salameen y Saif Idrisi– permanecen recluidos sin cargos ni juicio en detención administrativa en manos de las autoridades israelíes. El quinto, Basil al Araj, murió a manos del ejército israelí la semana pasada. El sexto, Ali Dar al Shaikh, no fue detenido por Israel y estaba presente ayer en el tribunal.En una entrevista concedida a los medios de comunicación el lunes, Adnan al Dmeir, portavoz de las fuerzas de seguridad de las autoridades palestinas, acusó a los manifestantes de ser “mercenarios” y “agentes extranjeros” que, según afirmó, intentaban “sembrar el caos”.En los raros casos en los que las autoridades palestinas han tomado medidas para garantizar la rendición de cuentas en el pasado, han recurrido a medidas disciplinarias en lugar de a procesamientos penales para hacer rendir cuentas a los miembros de la policía o las fuerzas de seguridad, incluso en los casos en los que el uso de la fuerza fue abusivo o arbitrario.“Las autoridades palestinas deben garantizar que sus fuerzas de seguridad no hacen un uso de la fuerza excesivo, abusivo, arbitrario o ilegal de alguna otra manera. Toda persona sospechosa de ser responsable de uso arbitrario o abusivo de la fuerza debe ser procesada en un juicio justo”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.“Dado el deficiente historial de las autoridades palestinas respecto a llevar a las fuerzas de seguridad ante la justicia después de represiones violentas de protestas, es aún más crucial que las autoridades transmitan un mensaje que indique claramente que el uso de fuerza excesiva no se tolerará y que los abusos no quedarán impunes.”Información complementariaEn los últimos años, la policía y las fuerzas de seguridad palestinas han usado reiteradamente fuerza innecesaria o excesiva contra manifestantes pacíficos, tanto hombres como mujeres.En un incidente reciente documentado por Amnistía Internacional, el abogado de derechos humanos Mohannad Karajah describió cómo 10 miembros de las fuerzas de seguridad palestinas vestidos de civil le propinaron puñetazos y patadas y le golpearon con palos por todo el cuerpo en una manifestación celebrada el 4 de octubre de 2016. Al menos otras cinco personas fueron agredidas también. No se ha procesado a nadie por esos hechos.En febrero de 2016, las fuerzas de seguridad palestinas respondieron con la fuerza a las huelgas y protestas masivas por el bajo salario de los docentes, detuvieron a 22 maestros y cortaron carreteras en torno a Ramala para impedir que otros docentes se unieran a las manifestaciones.Las fuerzas de seguridad palestinas también utilizaron fuerza excesiva para dispersar protestas en años anteriores.