Amnistía Internacional España

AI En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que las fuerzas de seguridad en Camerún están torturando brutalmente a cientos de personas acusadas de apoyar a Boko Haram, a menudo sin pruebas.
Basado en decenas de testimonios, corroborados con imágenes de satélite, datos fotográficos y videográficos, el informe Cameroon’s secret torture chambers: human rights violations and war crimes in the fight against Boko Haram documenta 101 casos de detención en régimen de incomunicación y tortura entre 2013 y 2017, en más de 20 lugares diferentes.“Amnistía Internacional ha condenado de forma reiterada y sin reservas las atrocidades y los crímenes de guerra cometidos por Boko Haram en Camerún, pero nada puede justificar la práctica cruel y generalizada de la tortura por las fuerzas de seguridad contra cameruneses comunes, a quienes a menudo detienen sin pruebas y obligan a soportar dolores inimaginables”, ha dicho Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Estas terribles violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de guerra. Teniendo en cuenta el peso de la información que hemos obtenido, las autoridades deben iniciar investigaciones independientes sobre estas prácticas de detención en régimen de incomunicación y tortura, así como las posibles responsabilidades individuales y de mando.”
En abril de 2017, Amnistía Internacional escribió a las autoridades camerunesas para hacerles llegar las conclusiones del informe, pero no obtuvo respuesta y todas las solicitudes posteriores para celebrar reuniones han sido desatendidas.
Amnistía Internacional calcula que, desde 2014, Boko Haram ha matado a más de 1.500 civiles en Camerún y ha secuestrado a muchas otras personas.“Decidir sobre la vida o la muerte de cada persona detenida”Las víctimas han descrito al menos 24 métodos de tortura a los que fueron sometidas. En una postura en tensión habitual, conocida por las personas detenidas como “la cabra”, les ataban las manos y los pies a la espalda antes de golpearlas. Otra técnica, a la que las personas detenidas llamaban “el columpio”, consistía en suspenderlas en el aire con las manos y los pies atados a la espalda y golpearlas.
A la inmensa mayoría de las víctimas las torturaron en dos centros de detención no oficiales: la base del Batallón de Intervención Rápida (BIR) en Salak, cerca de la ciudad de Maroua, en el norte del país, y un centro de la capital, Yaundé, situado cerca del Parlamento del país y perteneciente a la Dirección General de Investigación Externa (DGRE), los servicios de inteligencia de Camerún.
Mediante reproducciones arquitectónicas, descripciones de personas que estuvieron detenidas, vídeos, imágenes de satélite y fotografías, un equipo de especialistas en arquitectura forense ha creado una reconstrucción en 3D del centro de Salak y de una escuela en Fotokol convertida en base militar.
En Salak hay dos celdas principales de aproximadamente nueve por cinco metros, con hasta 70 personas en cada una. Normalmente, las personas detenidas eran torturadas en una sala de interrogatorio conocida como “Sala de la DGRE”, situada cerca de la oficina de un oficial de alto rango  que, según las víctimas, daba órdenes a los interrogadores y, como describe una de las víctimas, “decidía sobre la vida y la muerte de cada persona detenida”.
Samou (nombre ficticio), que fue detenido en marzo de 2016, dijo a Amnistía Internacional sobre su interrogatorio en Salak, pocos días después de su detención:
“Me ordenaron que les dijera si conocía a algún miembro de Boko Haram. Fue entonces cuando el guardia me ató las manos y los pies a la espalda y empezó a golpearme con un cable eléctrico, al mismo tiempo que me echaba agua. Me dieron una paliza que casi me mata”.Mohamed (nombre ficticio) estuvo seis meses en detención incomunicada y fue interrogado y torturado varias veces en Salak. Dijo a Amnistía Internacional:“Los soldados nos ordenaron que confesáramos. Nos dijeron que si no confesábamos nos llevarían a Yaundé para matarnos. Les respondimos que preferíamos que nos mataran a confesar algo que no sabíamos, y nos golpearon durante cuatro días”.Presencia de personal militar estadounidense y francés en SalakEl informe también destaca la presencia de personal militar estadounidense y francés en la base del BIR en Salak y pide a ambos gobiernos que investiguen hasta qué punto su personal, estacionado o con presencia regular en Salak, podría haber sabido que se estaban realizando detenciones ilegales y actos de tortura en la base.Durante una visita a la base de Salak, la delegación de Amnistía Internacional observó directamente la presencia de soldados franceses, y más de una decena de personas que estuvieron detenidas allí entre 2015 y 2016 han dicho que vieron y oyeron a hombres blancos que hablaban en inglés en la base, entre ellos algunos con uniforme militar. Esta presencia ha sido confirmada por datos fotográficos y videográficos que muestran a personal estadounidense uniformado, que en algunos casos está estacionado allí.“Teniendo en cuenta la frecuencia y la presencia posiblemente prolongada de su personal militar, el gobierno de Estados Unidos y otros socios internacionales deben investigar hasta qué punto su personal sabía que se estaban realizando detenciones ilegales y actos de tortura en la base de Salak y si adoptaron medidas para informar a sus superiores y a las autoridades camerunesas”, ha declarado Alioune Tine.El 23 de junio de 2017, Amnistía Internacional escribió a las embajadas de Estados Unidos y Francia en Camerún para solicitar información adicional sobre lo que su personal sabía y lo que se informó. La carta de respuesta de la embajada de estadounidense, de 11 de julio, puede consultarse aquí. No se ha recibido respuesta de la embajada francesa.Uso de una escuela como base para torturarAmnistía Internacional ha identificado una escuela en la ciudad de Fotokol, en el norte del país, utilizada por el BIR como base militar desde mayo de 2014. El equipo de investigación de Amnistía Internacional ha entrevistado a seis hombres que estuvieron recluidos y fueron torturados allí entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 y ha analizado un vídeo en el que aparecen soldados uniformados del BIR torturando a personas detenidas. En una escena, varios soldados arrastran a un hombre unos 50 metros y golpean con palos de madera afilados a otros hombres que tienen los ojos vendados.A finales de 2016 la escuela reanudó la actividad docente, pero en junio de 2017 el BIR todavía la utilizaba parcialmente y al menos nueve personas estaban detenidas allí. El uso de la escuela como base militar mientras también la utilizan los niños y niñas pone en peligro al alumnado y constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Camerún en virtud del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados.Identificados oficiales de rango alto y medioAunque habitualmente la tortura la llevaban a cabo oficiales de graduación baja y media del BIR y agentes de la DGRE, muchas víctimas también han identificado a oficiales de rango alto de la DGRE que habían participado en los interrogatorios. Dada la magnitud y la frecuencia de las violaciones de derechos humanos, así como la ubicación de las salas utilizadas, es muy probable que otros oficiales de alto rango en bases como Salak tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y parece que no tomaron medidas para prevenir o castigar tales actos.
En Salak, más de 50 víctimas identificaron la misma sala en la que normalmente se llevaba a cabo la tortura. Las imágenes de satélite muestran que esta dependencia está en el mismo edificio que las oficinas de los oficiales de alto rango del BIR. Las celdas, en las que había hasta 70 personas detenidas al mismo tiempo, y donde se perpetraba la tortura, están a sólo 110 metros de las oficinas de los oficiales de alto rango del BIR.
“Debe investigarse a los oficiales de alta graduación a cargo de los centros de detención por su presunta responsabilidad de mando en las denuncias de detención en régimen de incomunicación, tortura, muerte bajo custodia y desaparición forzada”, ha dicho Alioune Tine.
La información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional indica que sigue habiendo decenas de personas detenidas en estas bases militares y en otros lugares y sometidas a actos horribles de tortura.


© Engy Imad/AFP/Getty Images La Unión Europea (UE) corre peligro de suavizar su postura respecto a las violaciones de derechos humanos en Egipto al reanudar la próxima semana las reuniones de alto nivel con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores y su delegación en Bruselas, ha declarado Amnistía Internacional.La próxima reunión del Consejo de Asociación UE-Egipto tendrá lugar el 25 de julio en Bruselas.Las reuniones se habían suspendido tras el levantamiento de 2011 pero, debido a la preocupación por la seguridad regional y el auge de la migración, se teme que los Estados miembros de la UE estén más dispuestos a cerrar los ojos ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.“Existe el peligro real de que la preocupación por el historial de Egipto en materia de derechos humanos se pase por alto en la medida en que la UE priorice la seguridad, la migración y el comercio a costa de los derechos humanos. La UE debe dejar absolutamente claro en esta reunión, y tras ella, que no va a hacer concesiones sobre el historial de Egipto en materia de derechos humanos”, ha afirmado David Nichols, director ejecutivo de Amnistía Internacional para la Política Exterior de la UE .Tras la matanza de Rabaa ocurrida en agosto de 2013, cuando las fuerzas de seguridad de Egipto mataron al menos a 900 personas en un sólo día, los Estados miembros de la UE decidieron suspender las licencias de exportación de todo material que pudiera ser empleado con fines de represión interna.Sin embargo, en el informe de la UE sobre Egipto publicado con motivo de la reunión ni siquiera se menciona la matanza de Rabaa de 2013 o el hecho de que, desde entonces, ningún miembro de las fuerzas de seguridad haya rendido cuentas ni haya sido aún investigado por los homicidios. En el documento también se ha guardado silencio sobre el uso de ejecuciones extrajudiciales, los desalojos forzosos de miles de familias en Sinaí, y el hecho de que no se haya enjuiciado a las personas responsables de los ataques sectarios cometidos contra la población cristiana copta.Las fuerzas de seguridad de Egipto gozan de total impunidad por las violaciones de derechos humanos que cometen, tales como desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. A pesar de ello, casi la mitad de los Estados miembros de la UE continuaron exportando varios tipos de armas que pueden emplearse con fines de represión interna, incumpliendo así las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.“Mientras la Unión Europea y Egipto se reúnen en Bruselas, en el país sigue teniendo lugar una oleada sin precedentes de violaciones de derechos humanos continúa. En el último año y medio, a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos les han congelado sus bienes, les han prohibido viajar o les han hecho comparecer ante jueces de instrucción por cargos falsos que podrían acarrearles la cadena perpetua y el cierre de varias organizaciones independientes.“Resulta inquietante que, a pesar de que se ha limitado más a la sociedad civil, se haya dado vía libre a las fuerzas de seguridad para cometer abusos generalizados, entre ellos detenciones arbitrarias, tortura y homicidios ilegítimos. La UE debe utilizar su influencia sobre Egipto y dejar claro que no va a permanecer en silencio sobre el siniestro historial de Egipto en materia de derechos humanos, especialmente durante la visita que el ministro egipcio de Asuntos Exteriores realizará a Bruselas la próxima semana”, ha manifestado David Nichols.La reunión se celebra casi un año y medio después del terrible asesinato del estudiante italiano de doctorado Giulio Regeni, y cuando un ciudadano irlandés y preso de conciencia, Ibrahim Halawa, cumple su cuarto año de prisión en espera de un juicio colectivo manifiestamente injusto. Ninguno de estos casos se menciona en el informe de la UE. Amnistía Internacional pide a la UE que apoye un llamamiento a que se realice una investigación efectiva, independiente e imparcial sobre la desaparición y trágica muerte de Giulio, y se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a Ibrahim Halawa.Amnistía Internacional ha abordado estos motivos de preocupación en una carta enviada a la alta representante de la UE, Federica Mogherini, el 4 de julio.


La Cámara de Diputados de Chile tiene una oportunidad histórica de poner al país del lado correcto de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional antes de un debate hoy sobre la potencial despenalización del aborto en tres circunstancias.Anoche, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es el resultado de violación o incesto, cuando la vida de la mujer está en peligro o en casos de inviabilidad fetal.“Chile se está alejando al fin del pequeño número de países que todavía exponen a mujeres y a niñas a un terrible sufrimiento a causa de leyes y políticas draconianas que violan su derecho humano a tomar decisiones con libertad sobre sus propios cuerpos, salud y vidas,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.“Este voto, aunque sigue siendo limitado, es histórico en Chile, y es testamento del incansable trabajo de activistas en cada rincón de Chile para asegurar que el país respeta y protege los derechos de las mujeres.”“La indignante prohibición del aborto no tiene lugar en Chile hoy. Está ahora en las manos de los diputados chilenos asegurarse que el proyecto se convierta en ley y que permita, en la práctica, que las mujeres puedan acceder a servicio de aborto sin restricciones indebidas, sin discriminación y sin ser castigadas por el mero hecho de ser mujeres.”Siete países en las Américas prohíben el aborto en todas circunstancias: República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Chile y Suriname.


Un tribunal declaró hoy a 23 activistas saharauis culpables en relación con los mortales enfrentamientos que tuvieron lugar en el Sáhara Occidental, tras no excluir en las vistas judiciales pruebas empañadas por denuncias de tortura, dijo Amnistía Internacional.A primera hora de esta mañana, el Tribunal de Apelaciones de Rabat impuso a los acusados penas de entre dos años de prisión y cadena perpetua en relación con los enfrentamientos desencadenados tras el desmantelamiento forzoso en 2010 de un campamento de protesta pacífica en Gdim Izik, en el Sáhara Occidental, en los que resultaron muertos 11 miembros de las fuerzas de seguridad y dos manifestantes saharauis.“En el juicio la mayoría de los acusados declararon ante el tribunal que los habían torturado para hacerlos ‘confesar’ o autoincrimisarse o incriminar a terceros. Si el tribunal realmente hubiera querido darles un juicio justo, a estas alturas ya habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de tortura o excluido las pruebas cuestionables en las vistas”, declaró Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.“El hecho de que durante más de seis años las autoridades judiciales no hayan investigado de manera adecuada las denuncias de tortura en esta causa empaña la sentencia de hoy.”El tribunal aún debe hacer público el fallo por escrito fundamentando en detalle la sentencia condenatoria de esta mañana.Personas que presenciaron el juicio en calidad de observadores contaron a Amnistía Internacional que 8 de los acusados fueron condenados a cadena perpetua y 11, a penas de entre 20 y 30 años de prisión. A dos se les impusieron penas de seis años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, y se espera que sean puestos en libertad hoy, dado que ya han pasado ese tiempo recluidos desde su detención en 2010. Otros dos fueron condenados a dos años de prisión, pena que en la práctica ya han cumplido.En 2013, un tribunal militar marroquí había impuesto a los acusados penas de igual severidad en un juicio manifiestamente injusto. En julio de 2016, el más alto tribunal de apelaciones de Marruecos, el Tribunal de Casación, anuló esta sentencia condenatoria por considerar que no había pruebas concluyentes que vincularan a los acusados con la violencia de 2010 y ordenó nuevos procedimientos ante un tribunal civil.Pese a las reformas judiciales recientes, los tribunales marroquíes han dictado reiteradas sentencias condenatorias contra los acusados basándose en sus declaraciones a la policía durante los interrogatorios, sin investigar de manera adecuada las denuncias de que los interrogadores utilizaron tortura u otros malos tratos para obligarlos a autoincriminarse.


© AI La prisión preventiva impuesta a seis defensores y defensoras de los derechos humanos es una terrible afrenta a la justicia y marca un nuevo mínimo en la campaña represiva posterior al golpe de Estado en Turquía, ha afirmado Amnistía Internacional.La directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser, que está entre las personas sometidas a prisión preventiva, fue detenida junto a otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos cuando asistía a un taller rutinario el 5 de julio. Cuatro han quedado en libertad bajo fianza a primera hora de esta mañana pero continúan sujetos a investigación. Estas 10 personas son infundadamente sospechosas de “cometer un delito en nombre de una organización terrorista sin pertenecer a ella”. Las seis que han quedado en prisión preventiva se suman al presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, que está encarcelado.“La fiscalía turca ha tenido 12 días para establecer lo evidente: que estos activistas son inocentes. La decisión de seguir adelante con su procesamiento demuestra que la verdad y la justicia se han vuelto completamente desconocidas en Turquía", ha afirmado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.“No es una investigación legítima, sino una caza de brujas por motivos políticos que augura un futuro aterrador para los derechos humanos en Turquía.”Entre otras acusaciones extravagantes, se pretende relacionar a Idil Eser con tres organizaciones terroristas opuestas y sin vinculación entre ellas a través de su trabajo con Amnistía Internacional. La petición de la fiscalía de prisión preventiva para ella se refiere a dos campañas de Amnistía Internacional, ninguna de las cuales fue obra de la Sección Turca, y una de ellas llevada a cabo cuando Idil todavía no se había unido a la organización.Una de las acusaciones formuladas contra İlknur Üstün, de la Coalición de Mujeres, era que había solicitado fondos a “una embajada” para apoyar un proyecto sobre “igualdad de género, participación en la elaboración de políticas y presentación de informes”.“Hoy hemos sabido que defender los derechos humanos ha pasado a ser delito en Turquía. Se trata de un momento crítico para Turquía y para la comunidad internacional”, ha dicho Salil Shetty.“Los dirigentes del mundo deben dejar de morderse la lengua y de actuar como si no pasara nada. Deben ejercer presión sobre las autoridades turcas para que suspendan la investigación y liberen de inmediato y sin condiciones a estos defensores y defensoras de los derechos humanos.”Información complementariaLos seis defensores y defensoras de los derechos humanos que están en prisión preventiva son: Idil Eser (Amnistía Internacional), Günal Kurşun (Asociación de la Agenda de Derechos Humanos), Özlem Dalkıran (Asamblea de Ciudadanos), Veli Acu (Asociación de la Agenda de Derechos Humanos), Ali Gharavi (asesor de estrategias TIC) y Peter Steudtner (formador sobre no violencia y bienestar).Los cuatro que han quedado en libertad bajo fianza son: Nalan Erkem (Asamblea de Ciudadanos), İlknur Üstün (Coalición de Mujeres), Nejat Taştan (Asociación de Vigilancia por la Igualdad de Derechos) y Şeyhmus Özbekli (Iniciativa por los Derechos).Taner Kiliç fue detenido el 6 de junio. Tres días después fue acusado de “pertenencia a la organización terrorista Fethullah Gülen” y puesto en prisión preventiva a pesar de que no se habían presentado pruebas verosímiles en su contra. Taner Kiliç ha sido miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Turquía durante varios periodos desde 2002, y la preside desde 2014. Durante sus decenios de trabajo para organizaciones de derechos humanos en Turquía ha demostrado sistemáticamente su inquebrantable compromiso con los derechos humanos.


FADEL SENNA/AFP/Getty Images Las autoridades judiciales marroquíes deben asegurarse de que las sentencias que se dictarán en breve en un juicio masivo no se basan en confesiones o declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos durante los interrogatorios policiales, han afirmado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional.Se espera el Tribunal de Apelaciones de Rabat haga pública su sentencia en el juicio de 24 acusados saharauis poco después de una vista fijada para el 18 de julio de 2017. A los acusados se les imputa responsabilidad en la muerte de 11 integrantes de las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos que estallaron al desmantelar las fuerzas de seguridad un extenso campamento de protesta en Gdeim Izik, Sáhara Occidental, en 2010. Los acusados fueron declarados culpables en un juicio militar, pero el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Marruecos, ordenó que se abrieran nuevos procedimientos civiles tras la promulgación de una nueva ley que prohíbe los juicios de civiles ante tribunales militares.“Marruecos dio el paso positivo de ordenar nuevos procedimientos ante un tribunal civil, pero tiene que garantizar todavía que no se declara culpable a ninguna persona sobre la base de pruebas obtenidas mediante tortura”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.En el juicio anterior, un tribunal militar de Rabat declaró culpables a todos los acusados basándose de forma casi exclusiva en su confesiones, presuntamente obtenidas mediante tortura. La mayoría de los acusados recibieron largas condenas y han cumplido ya más de seis años en prisión.En 2015, una nueva ley puso fin a los juicios de civiles ante tribunales militares, armonizando de este modo la legislación de Marruecos con las normas internacionales. El año siguiente, el Tribunal de Casación ordenó un nuevo juicio del grupo de Gdeim Izik ante la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Apelaciones de Rabat. Durante el juicio, que comenzó el 26 de diciembre de 2016, el tribunal accedió a que doctores acreditados ante el tribunal realizasen exámenes médicos a 21 acusados para evaluar sus denuncias de tortura, y rechazó la petición de los tres acusados que no están bajo custodia.Los doctores examinaron a los acusados en febrero y marzo, casi siete años después de que tuvieran lugar las presuntas torturas. Los informes de los doctores, a los que Human Rights Watch y Amnistía Internacional han tenido acceso, señalan los tipos de tortura y otros malos tratos que cada uno de los acusados afirma haber sufrido durante su detención e interrogatorio poco después del momento de su arresto a finales de 2010. Sus denuncias incluyen brutales palizas, en algunos casos mientras estaban suspendidos por las muñecas y las rodillas, agresión sexual, incluida violación con un objeto, y extracción de uñas de manos y pies. Todos los informes médicos concluyen con la misma frase o una variación de ella: “Los síntomas que manifiesta actualmente y lo que observamos durante nuestro examen no son específicos de los métodos de tortura específicos denunciados.”“La judicatura de Marruecos no debe desaprovechar la oportunidad de hacer justicia que brindan estos procedimientos civiles”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.“El tribunal debe excluir estas confesiones y declaraciones a menos que pueda argumentar de manera convincente que se hicieron de modo voluntario. No se debe penalizar a ningún acusado porque sus denuncias de tortura no se hayan investigado en años.”La Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Marruecos en 1993, exige que los Estados partes supriman la tortura u otras formas de malos tratos y también que impidan que estas prácticas menoscaben el derecho a un juicio justo. La Convención concede a las víctimas de tortura el derecho a presentar una queja ante las autoridades y a que su caso sea objeto de una investigación pronta e imparcial. También impone a las autoridades el deber de investigar cualquier denuncia de tortura aun en el caso de que no se presente una queja formal.Los países deben asegurarse de que ninguna declaración “hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”. El Subcomité de la ONU contra la Tortura también ha subrayado que los tribunales no deben interpretar erróneamente que la ausencia de pruebas médicas significa que no se llevó a cabo la tortura.La Constitución de Marruecos también prohíbe la tortura y los actos “crueles, inhumanos, degradantes, o que atenten contra la dignidad.” El Código Penal del país tipifica como delito la tortura. El Código de Procedimiento Penal afirma que las confesiones obtenidas mediante “violencia” o “coacción” no serán admisibles ante un tribunal. No obstante, los tribunales marroquíes tienen un historial de basarse en confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura o coacción como fuente principal de pruebas para sus sentencias contra los acusados.Se está juzgando a los acusados por cargos de formar una “banda delictiva” y de participación, o complicidad, en violencia contra las fuerzas de seguridad “con resultado de muerte con intención”, entre otros cargos. Los cargos guardan relación con los enfrentamientos que estallaron durante el desmantelamiento por la policía del campamento de protesta de Gdeim Izik el 8 de noviembre de 2010 y en la cercana El Aaiún, principal ciudad del Sáhara Occidental.El Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el 15 de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación uno de los acusados, Naâma Asfari, por varios motivos.Respondiendo a la queja presentada por Asfari, representado por Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia), el Comité concluyó que las autoridades no habían investigado sus denuncias de tortura y otros malos tratos, no lo habían protegido, ni tampoco a su abogado, de represalias, y le habían negado reparaciones, incluidas rehabilitación médica e indemnización. El Comité afirmó asimismo que el tribunal militar se había basado en una declaración obtenida mediante tortura u otros malos tratos para declararlo culpable.En el juicio actual, los familiares de los agentes de seguridad que murieron durante los disturbios están representados como partes civiles en la causa, aunque el tribunal no se ha pronunciado todavía acerca de si pueden ser partes en los procedimientos ya que no fueron partes en la causa anterior.“Las afligidas familias quieren que se haga justicia, pero la justicia serviría de poco si se basa en pruebas obtenidas mediante el uso de tortura o coacción”, ha afirmado Whitson.


Expresamos nuestra consternación y alarma por el arresto y detención por el gobierno turco de diez defensores y defensoras de los derechos humanos, que ahora se exponen a ser investigados por pertenencia a una “organización terrorista armada” debido a su trabajo pacífico por los derechos humanos.Como ataque contra seis de las ONG de derechos humanos más destacadas del país, las detenciones son un mazazo a la sitiada sociedad civil turca y un preocupante indicador de la dirección hacia la que se encamina Turquía.Los “Diez de Estambul” son Veli Acu, Özlem Dalkıran, İdil Eser, Nalan Erkem, Günal Kurşun, Şeymus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün (de nacionalidad turca), Ali Gharavi (sueco) y Peter Steudtner (alemán). La detención de İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía, se ha producido un mes después de la del presidente la organización, Taner Kılıç; esta es la primera vez que una directora y un presidente de Amnistía Internacional son detenidos en el mismo país al mismo tiempo. Pedimos a las autoridades turcas que dejen en libertad, inmediata e incondicionalmente, a todos ellos.Hace un año, un violento intento de golpe de Estado se cobró 249 vidas. Quienes murieron y resultaron heridos por los golpistas merecen el máximo respeto, y las personas responsables de la violencia deben responder ante la justicia.
No obstante, la represión desencadenada en el año transcurrido desde el intento de golpe en Turquía es masiva e implacable: más de 100.000 trabajadores y trabajadoras del sector público despedidos, decenas de miles de personas arrestadas arbitrariamente, cientos de periodistas detenidos y cientos de medios de comunicación y ONG clausurados.Esto se enmarca dentro de una alarmante y creciente tendencia mundial. En 2016, en al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos, y en 68 países se practicaron arrestos y detenciones por ese motivo. Quienes tratan de impedir el debate y silenciar las voces críticas creen, cada vez más, que ganan terreno.La forma en que respondan ahora los líderes es crucial. Aunque —de forma encomiable— algunos expresaron su preocupación en la cumbre del G-20, las intervenciones de carácter extraordinario no son suficientes. Ya es hora de que los líderes del mundo se alcen y defiendan de forma enérgica, resuelta e imperiosa los derechos humanos, la dignidad y la justicia, así como la necesidad de una sociedad civil fuerte y floreciente como guardianes de estos valores, tanto en Turquía como en todo el mundo.Firmado,Salil Shetty, secretario general de Amnistía InternacionalRicken Patel, presidente de AvaazKenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights WatchSharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical InternacionalRobin Hodess, directora general interna de Transparencia Internacional


En respuesta a la noticia del fallecimiento del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ha comentado:“Hoy lloramos la pérdida de un gigante de los derechos humanos. Liu Xiaobo era un hombre de intelecto, principios, ingenio y, sobre todo, humanidad férreos.“Durante decenios, luchó incansablemente por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en China. Lo hizo frente a la oposición más implacable y, a menudo, brutal del gobierno chino. Intentaron silenciarlo una y otra vez sin conseguirlo jamás. Pese a sufrir años de persecución, represión y encarcelamiento, Liu Xiaobo continuó luchando por sus convicciones.“Aunque haya muerto, todo lo que representaba perdura. El mayor homenaje que podemos hacerle es continuar con la lucha por los derechos humanos en China y reconocer el poderoso legado que nos ha dejado. Gracias a Liu Xiaobo, millones de personas de China y de todo el mundo han encontrado estímulo para salir en defensa de la libertad y la justicia frente a la opresión.“Expresamos nuestra solidaridad a su esposa, Liu Xia, y los demás miembros de su familia, que han sufrido una enorme pérdida. Debemos hacer cuanto podamos para poner fin a la detención domiciliaria y la vigilancia ilegales de Liu Xia y conseguir que las autoridades dejen ya de perseguirla.”


Copy: Amnesty International/Sergio Ortiz Borbolla La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.
Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas. Además, los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos. El informe se basa en entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de justicia.
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.“La policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las personas del país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos.” Las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. El 25 de febrero de 2016, unos policías de X-Can, una pequeña comunidad de la península de Yucatán, en el sur de México, detuvieron arbitrariamente a José Adrián, un muchacho de 14 años con discapacidad al que acusaron de arrojar piedras contra su automóvil.Los policías no dijeron a José Adrián por qué lo detenían, y no se pusieron en contacto con su familia. En lugar de eso, lo golpearon, le quitaron la camisa y lo esposaron. Luego lo llevaron a una comisaría cercana, donde lo colgaron por las esposas y, mientras estaba colgado, lo golpearon para obligarlo a confesar.Cuando los padres de José Adrián finalmente lo encontraron, descubrieron que les pedían el pago de unos 138 dólares estadounidenses por los daños en el automóvil, y 39 dólares de multa. Las autoridades locales les dijeron que, si no pagaban, José Adrián no sería puesto en libertad, así que finalmente los padres consiguieron reunir el dinero y pagar la multa.La familia presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el ministro fiscal, pero 18 meses después aún no les han informado de ningún progreso en la investigación.En junio de 2016, México implementó en todo el país un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que otorgaba a la policía poderes adicionales para llevar a cabo investigaciones. El Código pretendía acelerar las investigaciones penales.Sin embargo, en la práctica, la ley no se está implementando debidamente, y muchos policías no cuentan con formación adecuada y no respetan el principio básico de la presunción de inocencia: un derecho humano fundamental.En una escandalosa admisión, un policía dijo a Amnistía Internacional que no veía la importancia de hacer que los detenidos conocieran sus derechos. Esto refleja la actitud de un gran número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, de forma descarada y sin ningún arrepentimiento, violan los derechos humanos de las personas con las que interactúan.Los miembros del poder judicial no suelen cuestionar la fuente de las pruebas que les presenta la policía, pese a que saben que, en muchos casos, los agentes colocan pruebas para incriminar a personas, especialmente en delitos relacionados con robos, armas y tráfico de drogas. Varios miembros de la judicatura, la policía y el ministerio público se quejaron a Amnistía Internacional de la falta de recursos (por ejemplo, personal, vehículos, teléfonos y expertos forenses y periciales) para resolver los delitos. Los miembros de la judicatura admitieron que sufrían presiones de sus superiores, e incluso del poder ejecutivo, para que dictaran determinadas sentencias en casos destacados.Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario y activista de derechos humanos, se consume en una prisión federal de máxima seguridad en el estado de Jalisco desde que fue detenido ilegalmente por policías federales vestidos de civil en Ciudad de México en mayo de 2013.Desde el momento de su detención, Enrique fue golpeado y humillado. Luego lo llevaron a un lugar no identificado donde lo torturaron con palizas, asfixia y amenazas a su familia, mientras lo interrogaban sobre su trabajo de derechos humanos.Un día después lo llevaron ante la Procuraduría de Justicia, donde lo torturaron de nuevo mientras la policía intentaba obligarlo a confesar un secuestro (cosa que él se negó a hacer). Posteriormente lo interrogaron y lo acusaron de implicación en el crimen organizado y de secuestro junto con otras 12 personas que también afirmaron haber sido torturadas para obligarlas a confesar. Cuatro años después de su detención, Enrique continúa en prisión preventiva.“Esta investigación muestra que todo el mundo corre peligro de sufrir detención arbitraria en México, y que este peligro aumenta enormemente si eres pobre, si llevas la ropa indebida o si trabajas para defender los derechos humanos. El sistema en México parece estar diseñado para hacer lo que sea necesario para mantener las prisiones llenas. Esto tiene que cambiar, y deprisa.”


Activistas de AI Hungría protestan contra esta ley. Abril 2017. © Szabolcs Csaszar En respuesta a la noticia de que la Comisión Europea iniciará procedimientos de infracción para hacer rendir cuentas a Hungría por su ley que estigmatiza a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiación de otros países, Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha afirmado:
“La ley sobre ONG de Hungría se concibió para estigmatizar y desacreditar a las ONG. La acción iniciada hoy por la Comisión Europea envía una firme señal de que tales ofensivas contra la sociedad civil no son aceptables en la Unión Europea.”
“Amnistía Internacional no cumplirá la ley a menos que un tribunal obligue a la organización a hacerlo. Es una violación flagrante de las leyes de la Unión Europea y del derecho fundamental a la libertad de asociación. Hungría debe retirar la ley antes de que cause más daño a la sociedad civil y a los valiosos servicios que prestan a la sociedad húngara.”
El plazo para la inscripción en el registro de las ONG “financiadas con fondos extranjeros” expiró el 12 de julio de 2017. La membresía de Amnistía Internacional Hungría ha decidido no cumplir con la exigencia de registro; en cambio, la organización presentará un recurso constitucional.