Amnistía Internacional España

Acto de protesta por la nueva ley sobre vigilancia en Internet, recién aprobada en Francia. Copy: AI La máxima autoridad constitucional del país ha respaldado todos los artículos salvo tres de una nueva ley sobre vigilancia que entrará en vigor en unos días, dando a las autoridades francesas amplias facultades para vigilar a las personas por Internet y fuera de Internet, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El gobierno francés se apresuró a llevar al Parlamento el proyecto de ley sobre Inteligencia tras los atentados de París de principios de año, haciendo oídos sordos a la fuerte oposición de grupos de derechos humanos, jueces, empresas de tecnología, sindicatos, abogados y parlamentarios, así como a las críticas de los órganos internacionales de derechos humanos.
La decisión de anoche elimina el último obstáculo para una ley que asestará un duro golpe a los derechos humanos en Francia. Las medidas de vigilancia que autoriza esta ley son muy desproporcionadas. Grandes sectores de la población francesa podrían encontrarse pronto bajo vigilancia por razones poco claras y sin autorización judicial previa", dijo Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Aunque se ha denunciado en todo el mundo la vigilancia masiva que realizan las agencias de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, parece que las autoridades francesas quieren imitar a sus homólogos estadounidenses y británicos al arrogarse el derecho de interceptar las comunicaciones de la ciudadanía y accedan a ellas a voluntad."
La decisión se produce apenas dos días después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de estudiar el cumplimiento por Francia de sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados, criticara la ley por conferir al gobierno francés "facultades de vigilancia excesivamente amplias". A pesar de la opinión de la ONU, el Consejo Constitucional no anuló la disposición que permite que sea el primer ministro —y no un juez— quien autorice la vigilancia, ni la legalidad de los fines contemplados en la ley para los que se permite la vigilancia.
Los problemas clave de la ley, en su redacción actual, son:

  • Permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia intrusivas para fines generales y poco definidos como "intereses de política exterior importantes", proteger los "intereses económicos, industriales y científicos" de Francia y prevenir la "violencia colectiva" y la "delincuencia organizada".
  • Permite el uso de herramientas de vigilancia masiva que captan llamadas de teléfonos móviles y de cajas negras (con fines antiterroristas) en los proveedores de servicio de Internet que recogen y analizan los datos personales de millones de usuarios de Internet.
  • Falta de supervisión independiente: En lugar de obtener la autorización de un juez, el primer ministro sólo tendría que pedir la opinión de un nuevo organismo, el Comité Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia, sin estar obligado a seguirla.
  • Será muy difícil, cuando no imposible, que una persona averigüe si se la está espiando ilegalmente o que alguien pueda denunciar desde dentro el abuso de las facultades de vigilancia.

El Consejo Constitucional anuló uno de los artículos más excesivos de la ley, relativo a la vigilancia de comunicaciones internacionales, que habría permitido la interceptación de comunicaciones "enviadas o recibidas" desde otro país. Amnistía Internacional había advertido de que esto habría incluido prácticamente todas las comunicaciones por Internet. También anuló un artículo que habría permitido que las agencias de inteligencia realizaran actividades de vigilancia sin ninguna autorización, ni siquiera del primer ministro, en caso de "amenazas urgentes".
Esta ley viola flagrantemente los derechos humanos internacionales a la intimidad y a la libertad de expresión. Cualquier persona que investigase las actividades del gobierno francés o de una empresa francesa, o que organizara siquiera una protesta, podría ser sometida a formas de vigilancia muy intrusivas. Las herramientas de vigilancia masiva, como las cajas negras, pondrían las comunicaciones por Internet de toda la población y más allá al alcance de las autoridades francesas", dijo Geneviève Garrigos, directora de Amnistía Internacional Francia.
Los grupos de derechos humanos franceses, incluido Amnistía Internacional Francia, alegaron que el proyecto de ley de Inteligencia era anticonstitucional en un escrito presentado ante el Consejo Constitucional el 10 de julio.


“Sala XX”, del Palacio de las Naciones por BriYYZ from Toronto, Canada – Room XX, Palais des NationsUploaded by russavia. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons Entre sus preocupaciones, el Comité  lamenta que España no asegure la aplicación directa del Pacto  a pesar de lo establecido en la Constitución, y no tenga mecanismos adecuados que permitan la aplicación directa de los dictámenes adoptados por el Comité. Este aspecto cuestiona el compromiso real de España con los mecanismos de Naciones Unidas, especialmente aquellos que permiten la presentación de quejas individuales, al negarles el carácter vinculante a sus dictámenes.

En este sentido, el Comité señala que no se haya avanzado en casos concretos como el de Ali Aarrass, condenado a 15 años de prisión en Rabat sobre la base de la confesión que realizó bajo tortura. Fue extraditado por España a Marruecos en 2010, pese a que existían grandes riesgos de ser detenido en régimen de incomunicación y sufrir malos tratos y tortura. En 2014, el mismo Comité calificó esta extradición de ilegal y exigió la liberación inmediata de Aarras. Pese a las recomendaciones a España para realizar las investigaciones oportunas, no ha habido avances hasta la fecha.

El Comité ha llamado la atención a España por los casos de expulsiones sumarias sin garantías legales de personas migrantes que llegan a las costas del país por parte de las autoridades españolas. Durante todo 2014, Amnistía Internacional recopiló información sobre el trato ilegal de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, incluida su expulsión ilegal a Marruecos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios en Ceuta y Melilla. También el Comité ha expresado su preocupación por la introducción de una disposición adicional en la Ley de Extranjería, mediante la modificación de la  Ley de Seguridad Ciudadana, que permite la devolución sin ningún tipo de garantías de aquellas personas que entren por la valla de Ceuta y Melilla. Algo prohibido por el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea, ya que viola el principio de no devolución a personas que podrían correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en sus países de orígen o en terceros países.

Amnistía Internacional comparte muchas de las preocupaciones contenidas en las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, especialmente:

  • Plan de Derechos Humanos. El Comité ha expresado su preocupación al Estado español de que el Segundo Plan de Derechos Humanos aún no haya sido aprobado.
  • Ley de Seguridad Ciudadana. El Comité ha destacado el efecto disuasorio que puedan tener las sanciones administrativas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, y en la reforma del Código Penal sobre las personas que quieren manifestarse pacíficamente, así como su impacto en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha documentado el uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a manifestantes pacíficos, lo que parece estar orientado a desincentivar la protesta social en España y limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica.
  • Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad. El Comité ha expresado preocupación por frecuentes informes que dan cuenta de  denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos por parte de agentes del Estado en especial en el marco de las protestas ciudadanas. También ha destacado las debilidades y deficiencias de las investigaciones de estos casos. Amnistía Internacional lleva años denunciando la falta de investigación y la impunidad que rodea los casos de malos tratos y tortura en diferentes contextos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Para la organización no se trata de una práctica generalizada, pero  tampoco de casos aislados. Y la falta de una investigación adecuada fomenta un clima de impunidad con estas prácticas.
  • Régimen de incomunicación. El Comité ha lamentado que España no haya abolido el régimen de incomunicación (hasta 13 días en casos de terrorismo o crimen organizado) con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como recomendó en diferentes ocasiones. Amnistía Internacional considera que la detención en régimen de incomunicación no sólo viola  derechos de las personas que son esenciales para garantizar un juicio justo, como son acceso a entrevistarse con un abogado, sino que facilita la tortura y otros malos tratos a personas detenidas. La organización se hace eco de las recomendaciones del Comité en este sentido para que se garantice el derecho de toda persona detenida a un abogado de su elección, a ser     examinado por un medico de su elección, y a notificar a su familia el hecho y lugar de su detención.
  • Víctimas del franquismo. El Comité se ha hecho eco de las recomendaciones de Amnistía Internacional en relación con que los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo sigan siendo denegados en España, pese a las recomendaciones de numerosos mecanismos de Naciones Unidas. Amnistía Internacional ha documentado y ha denunciado que España ni investiga, ni deja investigar estos crímenes, como demuestra la falta de colaboración con Argentina, donde se encuentra abierta la única investigación sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.
  • El Comité también ha expresado la necesidad de incrementar medidas para combatir los persistentes índices de violencia contra las mujeres. Y ha llamado la atención sobre la reforma de la ley del aborto, que pretende exigir el consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad de 16 a 18 años o personas con capacidad modificiada judicialmente. Para el Comité, ésta medida podría obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en riesgo su vida y su salud.

Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional desde hace tiempo viene expresando su preocupación por la manera en que el Estado español incumple las recomendaciones de los mecanismos internacionales. Por eso la   organización urge a España a adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las    recomendaciones del Comité y de otros órganos internacionales.

Para ello debe, entre otras:

  • No devolver a ninguna persona a un país en el que corra riesgo real de ser sometida a violaciones de derechos humanos.
  • Revisar la legislación, las políticas y prácticas relativas al control de manifestaciones para garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
  • Impulsar investigaciones rápidas y eficaces que acaben con la impunidad en casos de malos tratos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
  • Suprimir el régimen de incomunicación garantizando derecho a asistencia legal y médica de su elección a toda persona detenida.
  • Garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
  • Intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres.
  • Garantizar a las menores de 16 a 18 años y a mujeres con discapacidad el aborto legal y seguro con independencia del consentimiento parental o de sus representantes legales.

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Amnistía Internacional, con las madres de los desaparecidos en 1992. © C.J. Ripper / Imagens da Terra La persistente falta de investigaciones efectivas sobre la desaparición forzada de 11 jóvenes de una favela de Río de Janeiro hace 25 años y el brutal asesinato de la madre de uno de ellos, que buscaba justicia, muestran claramente el terrible estado del sistema de justicia penal de Brasil, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El 26 de julio de 1990, ocho menores de edad y tres jóvenes de la favela de Acari, en Río de Janeiro, fueron secuestrados por un grupo de hombres que se identificaron como agentes de policía. Nunca se ha vuelto a ver a ninguno de los 11.
“La tragedia de Acari es consecuencia de problemas profundamente arraigados en el seno de las fuerzas policiales de Brasil y de un sistema de justicia penal que no cumple su cometido. El hecho de que nadie sepa todavía lo que ocurrió, un cuarto de siglo después de que 11 personas fueran objeto de desaparición forzada, lo dice todo del estado de los derechos humanos en Brasil”, ha afirmado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
A pesar de los sólidos indicios de que integrantes de la policía militar de Río de Janeiro estuvieron implicados en el delito, la investigación inicial se cerró en 2010 tras no producir resultado alguno. La investigación había revelado que la policía había amenazado a los jóvenes de Acari antes de su desaparición forzada.
Desde que los 11 desaparecieron, sus familiares han sido blanco de incesantes ataques y amenazas de muerte. En 1993, Edméia da Silva Euzébio, madre de una de las víctimas, fue brutalmente asesinada en un estacionamiento de Río de Janeiro. Más de dos decenios después, el enjuiciamiento penal de su muerte se encuentra aún en las etapas iniciales, con el interrogatorio de siete agentes de policía.
“Al no investigar adecuadamente y no poner a disposición judicial a los responsables de la desaparición forzada de los 11 jóvenes de Acari, las autoridades están prolongando de forma cruel el sufrimiento de sus familiares, que ya dura decenios. Ha llegado la hora de que se haga justicia en este caso, y de que se revise el sistema de justicia penal del país para garantizar que esto no vuelve a ocurrir”, ha afirmado Atila Roque.
La injustificada y atroz lentitud del proceso en este caso muestra hasta qué punto la justicia puede ser selectiva en  Brasil, donde las personas con escasez de dinero y recursos casi nunca ven comparecer ante los tribunales a quienes les infligen abusos.”
“Hasta ahora, la mayoría de los familiares de las personas desaparecidas de Acari no han recibido un certificado de presunción de fallecimiento. Sin este documento no pueden recibir una pensión del Estado. Esta injusticia adicional debe abordarse inmediatamente”, ha firmado Atila Roque.
Lista completa de las personas objeto de desaparición forzada en Acari y nombres de sus madres, que han formado una organización para luchar por la justicia:

  • Rosana Souza Santos, 17 años – hija de Marilene Lima e Souza; 
  • Cristiane Souza Leite, 17 años – hija de Vera Lúcia Flores;
  • Luiz Henrique da Silva Euzébio, 16 años – hijo de la difunta Edméia da Silva Euzébio; 
  • Hudson de Oliveira Silva, 16 años – hijo de Ana Maria da Silva;
  • Edson Souza Costa, 16 años – hijo de Joana Euzilar dos Santos; 
  • Antônio Carlos da Silva, 17 años – hijo de Laudicena Oliveira do Nascimento; 
  • Viviane Rocha da Silva, 13 años – hija de Márcia da Silva;
  • Wallace Oliveira do Nascimento, 17 años – hijo de Maria das Graças do Nascimento; 
  • Hédio Oliveira do Nascimento, 30 años – hijo de Denise Vasconcelos;
  • Moisés Santos Cruz, 26 años – hijo de Ednéia Santos Cruz;
  • Luiz Carlos Vasconcelos de Deus, 32 años – hijo de Teresa Souza Costa.

Se cree que las autoridades iraníes han ejecutado nada menos que a 694 personas entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2015, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, en una intensificación de las ejecuciones sin precedentes en el país.
Este número equivale a ejecutar a más de tres personas al día. A este estremecedor ritmo, Irán superará el número total de ejecuciones en el país que Amnistía Internacional tiene registrado para todo el año pasado.
“El impactante número de ejecuciones del primer semestre del año en Irán traza un cuadro siniestro de una maquinaria del Estado que lleva a cabo homicidios premeditados y aprobados judicialmente a escala masiva”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Si las autoridades de Irán mantienen esta horrenda tasa de ejecuciones, es probable que al concluir el año haya habido más de 1.000 muertes aprobadas por el Estado.”
El aumento de las ejecuciones revela hasta qué punto Irán se aleja del resto del mundo en lo relativo al uso de la pena de muerte: 140 países de todo el mundo han rechazado ya su uso en la ley o en la práctica. En lo que va de año, tres países más han revocado completamente la pena de muerte.
Las ejecuciones no cesaron en Irán ni siquiera durante el sagrado mes del Ramadán. Apartándose de la práctica establecida, al menos cuatro personas fueron ejecutadas durante el último mes.
Aunque Amnistía Internacional se opone  al uso de la pena de muerte incondicionalmente y en todos los casos, las condenas a muerte en Irán son especialmente alarmantes porque siempre las imponen tribunales que carecen por completo de independencia e imparcialidad. Se imponen por delitos de redacción imprecisa o excesivamente amplios, o por actos que no deberían estar penalizados en absoluto, y mucho menos implicar la pena de muerte. En Irán los juicios adolecen de profundas deficiencias, en muchos casos se niega a los detenidos el acceso a abogados en la fase de investigación, y los procedimientos de apelación, indulto y conmutación son inadecuados.
Las autoridades iraníes deberían sentir vergüenza por la ejecución de cientos de personas con absoluto desprecio por las salvaguardias básicas del debido proceso”, ha afirmado Said Boumedouha.
“El uso de la pena de muerte es siempre abominable, pero suscita motivos de preocupación adicionales en un país como Irán donde los juicios son manifiestamente injustos.”
Los motivos que explican el estremecedor aumento de las ejecuciones no están claros, pero la mayoría de las personas ejecutadas en 2015 fueron condenadas por cargos relacionados con las drogas.
La Ley contra los Estupefacientes de Irán establece la condena a muerte preceptiva por varios delitos relacionados con las drogas, como el tráfico de más de 5 kilos de estupefacientes derivados del opio o más de 30 gramos de heroína, morfina, cocaína o sus derivados químicos.
Estas disposiciones vulneran directamente el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a sólo los “delitos más graves”, los que implican homicidio intencionado. Los delitos relacionados con las drogas no cumplen esta condición.
No hay ningún dato que pruebe que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos o del tráfico o consumo de drogas. Este mismo año, el subdirector del Centro de Investigación Estratégica de Irán admitió que la pena de muerte no ha sido capaz de reducir los niveles de narcotráfico.
“Durante años, las autoridades iraníes han usado la pena de muerte para propagar un clima de miedo en un intento equivocado de combatir el narcotráfico, pero no hay ni un solo dato que indique que este método sea eficaz para combatir la delincuencia”, ha afirmado Said Boumedouha.
Muchas de las personas condenadas por delitos relacionados con las drogas proceden de entornos desfavorecidos. Sus casos rara vez reciben publicidad. En una carta distribuida a través de Internet en junio, 54 presos en espera de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar, cerca de Teherán, describieron su difícil situación:
“Somos víctimas de un estado de hambre, pobreza y sufrimiento, arrojados al vacío de la perdición por la fuerza y sin nuestra voluntad. [...] Si tuviéramos un empleo, si no necesitásemos ayuda, si pudiéramos dar la vuelta a nuestras vidas e impedir que nuestros hijos pasen hambre, ¿por qué habríamos de deslizarnos por un camino que nos garantiza la muerte?”
Entre las personas ejecutadas en Irán hay también miembros de minorías étnicas y religiosas condenados por “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra”, entre ellos presos políticos kurdos  y musulmanes suníes.
Actualmente, según el trabajo de seguimiento realizado por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, se cree que hay varios miles de personas en espera de ejecución en Irán. Las autoridades iraníes han afirmado que el 80 por ciento de las personas en espera de ejecución fueron condenadas por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, no han facilitado el número exacto.
Es especialmente terrible que no se vislumbre el fin de este teatro de la crueldad cuando los patíbulos de Irán esperan a miles de presos del corredor de la muerte”, ha afirmado Said Boumedouha.
En Irán es frecuente dejar a los presos consumiéndose en espera de la ejecución, preguntándose cada día si será el último. En muchos casos se les notifica su ejecución con sólo unas horas de antelación, y a veces las familias tienen noticia de la suerte de sus seres queridos días después, incluso semanas.

Información complementaria
Cada año las autoridades iraníes reconocen cierto número de ejecuciones judiciales. Sin embargo, se llevan a cabo muchas más ejecuciones pero no se reconocen.
Hasta el 15 de julio de 2015, las autoridades iraníes habían reconocido oficialmente 246 ejecuciones en los meses transcurridos de este año, pero Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos sobre otras 448 ejecuciones realizadas en este periodo. En 2014, según fuentes oficiales fueron ejecutadas 289 personas, pero informes fidedignos indicaban que la verdadera cifra fue de al menos 743.
Cada año, Amnistía Internacional informa sobre el número de ejecuciones reconocidas oficialmente en Irán y el número de ejecuciones que la organización ha podido confirmar que han tenido lugar pero no se han reconocido oficialmente. Al calcular el número total global anual de ejecuciones, Amnistía Internacional sólo ha contado hasta ahora las ejecuciones reconocidas oficialmente por las autoridades iraníes.
La organización ha revisado este enfoque y considera que no refleja plenamente la magnitud de las ejecuciones en Irán, sobre las cuales las autoridades deben ser transparentes. En su informe anual de 2015 sobre la pena de muerte, y en todos los demás informes sobre la pena de muerte en Irán, Amnistía Internacional usará la cifra combinada de ejecuciones reconocidas oficialmente y las ejecuciones no admitidas oficialmente pero que la organización ha confirmado que tuvieron lugar.


Desde el pasado 26 de abril, fecha en la que comenzaron las manifestaciones, al menos 58 personas han perdido la vida. EPA/DAI KUROKAWA Las autoridades de Burundi reprimieron las manifestaciones como si fueran una insurrección y ahora el país parece estar al borde de un conflicto, advierte Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Braving Bullets – Excessive force in policing demonstrations in Burundi, publicado hoy.
Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en mayo y junio de 2015 concluyeron que la policía burundesa usó medios letales excesivos, incluso contra mujeres y niños, para silenciar a quienes se oponen a que el presidente Pierre Nkurunziza ocupe el cargo por tercera vez.
"Es una tragedia que los manifestantes tuvieran que enfrentarse a las balas para tratar de que se escucharan sus voces", dijo Sarah Jackson, directora adjunta del Programa Regional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos de Amnistía Internacional.
"Las autoridades burundesas deben investigar con urgencia y de forma exhaustiva y transparente el uso de medios letales excesivos contra manifestantes en su mayoría pacíficos y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia. Esto es absolutamente importante para devolver la confianza en los servicios de seguridad y reducir el riesgo de que la ciudadanía busque medios más violentos para expresar su descontento político".
A 29 de junio, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 58 personas —entre ellas dos policías, dos militares y un miembro de la rama juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure— han perdido la vida desde que comenzaron las manifestaciones el 26 de abril de 2015.
La policía disparó contra manifestantes desarmados que huían de ella y no actuó con moderación ni siquiera cuando había menores en las manifestaciones, pues usó munición real y gas lacrimógeno.
Aunque la mayoría de los manifestantes eran pacíficos, algunos usaron la violencia en respuesta al uso de la fuerza excesiva por la policía. Amnistía Internacional ha documentado que estos manifestantes lanzaron piedras que hirieron a policías, golpearon a una mujer policía, destrozaron propiedades y mataron a un miembro de los Imbonerakure.
Tratar a manifestantes en su mayoría pacíficos y zonas residenciales enteras como si fueran parte de una insurrección fue contraproducente e intensificó las protestas en lugar de desactivarlas.
Las violaciones de derechos cometidas por la policía contra los manifestantes —así como las declaraciones que hizo el gobierno antes de las protestas, calificándolas preventivamente de insurrección— muestran que las autoridades de Burundi no trataban sólo de dispersar las manifestaciones, sino que querían castigar a los manifestantes por expresar sus opiniones políticas.
El ataque contra los manifestantes fue acompañado de medidas de represión contra los medios de comunicación. Desde los primeros días de protestas, las autoridades impidieron que las emisoras de radio emitieran fuera de Bujumbura. El 13 de mayo, después de que un grupo de militares protagonizara un intento de golpe de Estado, la policía atacó físicamente instalaciones de medios de comunicación independientes que no han podido volver a emitir desde entonces.

Negación de justicia
"A pesar de la muerte de decenas de manifestantes y de las heridas causadas a miles más por la policía, las autoridades de Burundi no han hecho ninguna investigación", dijo Sarah Jackson.
"El gobierno debe suspender de funciones a los presuntos autores hasta que se abran investigaciones criminales y enjuiciamientos para poner fin a esta constante de brutalidad e impunidad policiales."
Contrariamente a las conclusiones del informe, un asesor presidencial dijo a Amnistía Internacional que algunos de los incidentes fueron obra de personas que llevaban uniforme de la policía, pero no de la propia policía. Según el portavoz adjunto de la policía, hay cinco agentes de la policía sometidos a investigación en relación con las manifestaciones.
Ninguna de las víctimas o familiares entrevistados por Amnistía Internacional había presentado denuncia contra la policía; alegaron tener miedo a las represalias tras sufrir intimidación por la policía o agentes de los servicios de inteligencia.

Una fuerza policial dividida
El 8 de julio, el portavoz de la policía, que huyó posteriormente del país, concedió una entrevista a los medios de comunicación en la que dijo que había surgido una "policía paralela" y que "algunos policías habían sido asesinados" porque tenían opiniones diferentes.
El informe incluye testimonios de policías cada vez más frustrados por las órdenes que recibían, contrarias a su formación en derechos humanos. Algunos policías se negaron directamente a obedecer las órdenes.

Testimonios de brutalidad

Un testigo de las protestas que se desarrollaron el 4 de mayo cerca del puente de Ntahangwa, en Bujumbura, dijo a Amnistía Internacional:
“[La policía] disparó contra la gente que se manifestaba pacíficamente. Fue increíble. La gente huyó por el río, la policía disparó a la gente que huía por el río."
Un periodista local contó a Amnistía Internacional:
"Una vez en Nyakabiga, vi a un agente quitándole el arma a otro policía después de que éste matara a un joven. Le dijo: ‘no has recibido la orden de disparar a la gente’. También he visto a policías impidiendo que sus colegas dispararan munición real contra los manifestantes o usaran gas lacrimógeno [...] Pero entonces llegaron tres camiones y se bajaron algunos policías que empezaron a disparar antes de marcharse de nuevo. Vi esto en Nyakabiga, Musaga y Cibitoke en varias ocasiones. […] Oí varias veces a policías diciendo sobre los manifestantes: ‘vamos a matarlos’ y otros diciendo que no. Una vez en Musaga vi a un policía que dijo llorando: ‘estoy cansado de esto, ¿cuándo va a parar?’"


Yakub Memon, vía wikipedia La desestimación hoy por el Tribunal Supremo de la petición de rectificación de Yakub Memon, que allana el camino para su ejecución inminente, es un paso desalentador y regresivo hacia el uso continuado de la pena de muerte en India, ha declarado Amnistía Internacional India.
Yakub Abdul Razak Memon fue declarado culpable de participar en una serie de explosiones de bombas en Mumbai en marzo de 1993 en las que murieron 257 personas. Fue detenido en 1994. En 2007 fue declarado culpable y condenado a muerte en aplicación de la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas, que contiene disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre juicios justos. El Tribunal Supremo confirmó la condena en marzo de 2013. La petición de indulto presentada por Yakub Memon al presidente de India fue desestimada en abril de 2014.
"El año pasado, el Tribunal Supremo conmutó más de una decena de condenas a muerte en sentencias progresistas. La sentencia de hoy, en cambio, sitúa lamentablemente a India en oposición a la tendencia mundial de alejarse de la pena de muerte", dijo Divya Iyer, directora de investigación de Amnistía Internacional India.
"Quienes afirman que con el ahorcamiento de Yakub Memon se hará justicia por las explosiones de Mumbai de 1993 están equivocados. Todavía no se ha encontrado, detenido ni juzgado a los presuntos autores intelectuales de las explosiones."
"Además, la ejecución de Yakub Memon ha suscitado serias dudas, entre ellas la posibilidad de que esté guiada por motivaciones políticas. Según los medios de comunicación, Memon estuvo un periodo en régimen de aislamiento, lo que es inconstitucional."
"Los legisladores de India suelen considerar práctico mantener la pena capital como símbolo de su determinación de poner freno a la delincuencia, y optan por ignorar soluciones más difíciles y eficaces, como mejorar las investigaciones y los enjuiciamientos, y prestar atención a las familias de las víctimas."
No existen pruebas creíbles de que la amenaza de la ejecución tenga un efecto más disuasorio respecto a la delincuencia que una pena de prisión. Este hecho ha sido confirmado en múltiples estudios realizados en numerosas regiones del mundo por autores entre los que se encuentran las Naciones Unidas. El Comité del Magistrado Verma, creado en 2012 para revisar las leyes contra las agresiones sexuales, llegó a la misma conclusión, señalando que "hay pruebas considerables de que el efecto disuasorio de la pena de muerte en delitos graves en realidad es un mito".
"Las autoridades deben garantizar certeza en la detección, detención y condena por delitos, en lugar de centrarse en la severidad de la pena, que por sí misma tiene pocos efectos disuasorios", afirmó Divya Iyer.
La pena de muerte en India es arbitraria, discriminatoria y a menudo se usa de forma desproporcionada contra los pobres. Un estudio reciente, realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi con la ayuda de la Comisión Jurídica de India, concluyó que más de tres cuartas partes de los presos condenados a muerte procedían de entornos económicamente débiles.
140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Lamentablemente, los gobiernos siguen usando la pena capital en un intento equivocado, y a menudo cínico, de atajar la delincuencia y el terrorismo. El último informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en el mundo concluyó que, en 2014, un número alarmante de países usó esta pena para hacer frente a las amenazas reales o percibidas del terrorismo, la delincuencia o la inestabilidad interna para la seguridad del Estado.


Personas que se acercan al lugar de la explosión del pasado lunes en la ciudad turca de Suruç. (AP Photo/Emrah Gurel) El atentado con explosivos se perpetró en torno a las 12 del mediodía en Suruç, localidad situada en la frontera de Turquía con Siria y próxima a la ciudad siria predominantemente kurda de Kobani/Ayn al Arab.

Según una declaración emitida por las autoridades turcas poco después de la explosión, 27 personas habían resultado muertas y cerca de 100 estaban recibiendo tratamiento por las heridas, algunas muy graves.

Amnistía Internacional ha condenado el atentado, al parecer realizado con la intención de conseguir el máximo número posible de víctimas civiles. Estos ataques reflejan desprecio por el derecho a la vida y quebrantan los principios fundamentales del derecho internacional. Ningún grupo o particular ha reivindicado aún la autoría del atentado.

Aparentemente fue un ataque selectivo contra el Centro Cultural Amara, en el centro de Suruç. En el momento del atentado, jóvenes de la Federación de Asociaciones Juveniles Socialistas que se encontraban en Suruç de camino a Kobani para entregar ayuda humanitaria allí estaban ofreciendo una declaración de prensa.

En septiembre y octubre de 2014, hasta un total de 200.000 refugiados kurdos pasaron por Suruç en su huida del asalto a Kobani por parte del grupo armado autodenominado Estado Islámico. Un gran número de refugiados kurdos procedentes de Siria siguen siendo alojados en Suruç y sus inmediaciones.

Amnistía Internacional pide a las autoridades turcas que emprendan sin demora una investigación imparcial y exhaustiva y lleven ante la justicia a todos los responsables del atentado.


Acto de la campaña SOS Europe en Barcelona, 2015. Copy: AI

Madrid.- Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que proteger a las personas y salvar vidas en el mar debe seguir estando entre las prioridades de la UE y los Estados miembros. La organización ha lanzado este mensaje con motivo de la entrega al gobierno de las más de 90.000 firmas y 7.200 barcos de papel recogidos por activistas de Amnistía Internacional en toda España desde julio de 2014 a través de la campaña #SOSEurope.

“Uno de los objetivos de esta campaña era lograr el fortalecimiento de las operaciones de salvamento y rescate, y nos propusimos hacer llegar a las autoridades, tanto europeas como españolas, una petición clara: No más muertes en el mar. Cientos de activistas de grupos locales de Amnistía Internacional comenzaron a salir a la calle a recoger firmas pidiendo ese fortalecimiento y para sensibilizar a la sociedad española en este sentido. Un año después, podemos decir que la campaña, el activismo y la movilización funcionan”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional.

Tras meses negándose a destinar más recursos para el rescate de personas migrantes y refugiadas, en abril de 2015, la Unión Europea ha adoptado varias medidas para reforzar la capacidad de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo.

Una de estas medidas es el incremento de los recursos y el área de actuación de la operación Tritón, confirmado en mayo por la Comisión Europea (CE) al presentar propuestas adicionales en torno a la Agenda Europea de Migración. Este fortalecimiento ha supuesto un avance para cerrar el vacío de búsqueda y salvamento dejado por la clausura de la operación italiana Mare Nostrum y ha contribuido notablemente a salvar más vidas en el mar.

El resultado es un descenso del número de muertes de personas migrantes y refugiadas que emprenden esta peligrosa ruta hacia Europa. En los cuatro primeros meses de 2015, unas 1.700 personas perdieron la vida en el mar -una de cada 16-. Tras la puesta en marcha de estas medidas, la cifra descendió hasta las 99 -una de cada 427- entre los meses de mayo y junio.

Aunque la cifra de muertes en el mar ha descendido, la campaña #SOSEurope continúa con más retos. Es necesario que se garantice la sostenibilidad de las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo durante el tiempo que sea necesario”, asegura Álvarez.

Amnistía Internacional solicita a los dirigentes europeos que garanticen que las personas rescatadas son desembarcadas en un lugar seguro con acceso a un sistema de asilo efectivo que garantice protección internacional a quienes la necesiten. Además, pide que se tomen medidas para acabar con los abusos de derechos humanos que se cometen en las fronteras europeas.

La organización seguirá trabajando para que se resuelvan las causas que empujan a personas refugiadas y migrantes a emprender peligrosas travesías por mar, y pide que se establezcan rutas legales y seguras para llegar a Europa.

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Amnistía Internacional da la bienvenida al Programa de reasentamiento de la UE incluido en la Agenda Europea de Migración, que establece el reasentamiento de 20.000 personas con necesidad urgente de protección. Se espera que los países hagan público su compromiso con este programa en septiembre de 2015. Si se aplica bien, se incrementan considerablemente las cantidades y se acompaña de programas nacionales de reasentamiento, este programa de toda la UE, administrado centralmente, podría reducir el número de personas refugiadas que emprenden estas peligrosas travesías.

Otra de las medidas propuestas por la CE es un programa de emergencia para apoyar a Italia y Grecia mediante la reubicación en otros Estados miembros de la UE, durante un periodo de dos años, de 40.000 de los solicitantes de asilo sirios y eritreos que han llegado desde el 15 de abril a estos dos países. Se trata de un paso que podría reducir la presión migratoria sobre estos países y contribuiría a garantizar que la carga de esta crisis mundial de refugiados se comparte de manera más equitativa entre los Estados miembros de la UE y otras regiones del mundo.

Por último, ante cualquier intervención en el Mediterráneo, Amnistía Internacional recuerda que no deben distraerse activos navales y aéreos de la misión clave, que es la búsqueda y rescate de refugiados y migrantes en el mar. Asimismo, la UE debe garantizar que cualquier operación futura que pudiera implicar el uso de la fuerza y, por tanto, poner en peligro a la población civil se lleva a cabo en el pleno respeto a los derechos humanos. Por otra parte, los líderes europeos deben garantizar que cualquier operación contra el tráfico de personas no contribuye a que migrantes y refugiados puedan ser abandonados en manos de traficantes o queden atrapados en Libia, sin los medios necesarios para escapar de la violencia.


Imagen del Congreso. © Javier Micora Madrid.- Amnistía Internacional valora positivamente la introducción de algunos aspectos relevantes de derechos humanos en la nueva ley de protección de infancia y adolescencia que se aprobó ayer en el Congreso. Pese a ello, La organización llama la atención sobre otros aspectos que aún necesitan ser mejorados para adaptarse a los estándares internacionales de derechos humanos en relación con la protección de niños y niñas.
Entre los aspectos positivos destaca la introducción de criterios que permiten identificar el interés superior del menor, así como el derecho del menor a ser escuchado en procesos que le afecten. Ambas cuestiones están en línea con las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño realizó a España en 2011.
Por otro lado, la introducción de un apartado específico dedicado a menores con trastornos de conducta supone un avance respecto a la situación anterior, recogiendo aspectos relevantes como la necesidad de que la permanencia de los/as menores en centros sea la estrictamente necesaria. También son medidas positivas la existencia de un libro de registros que recoja las medidas de seguridad aplicadas en centros y la necesidad de que sea un facultativo médico quien prescriba la medicación.  Sin embargo sigue siendo motivo de preocupación la indefinición que sigue produciéndose en relación a los/as menores que deben ingresar en este tipo de centros.

Deficiencias de la ley que deben ser subsanadas
Ante las deficiencias del texto de la ley aprobada por el Congreso, Amnistía internacional insta a las autoridades a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, tanto en el posterior desarrollo reglamentario como en futuras modificaciones del texto:

  • Deben recopilarse datos fehacientes, consolidados y actualizados de cuántos menores hay bajo el sistema de protección, ya que sólo a partir de la recogida de estos datos se podrán desarrollar medidas legislativas y políticas eficaces sobre ellos. Es positivo que dentro del proyecto se prevea un sistema de información compartido, pero debe garantizarse la producción y publicación de estadísticas que permitan cuantificar el número de menores en el sistema de protección en toda España.
  • Pese a que la organización valora positivamente la inclusión en la ley de autorización judicial para el ingreso en centros para menores con trastornos de conducta, genera preocupación la existencia de un procedimiento de urgencia que podría permitir que un/a menor sea ingresado durante cinco días sin resolución judicial. Esta urgencia tiene difícil justificación si se tiene en cuenta que la ley prevé que en este tipo de centros ingresen tan solo menores con un patrón de conducta identificado y diagnosticado.
  • Amnistía Internacional considera un avance que la nueva ley limite la adopción del aislamiento como medida de contención y le otorgue carácter excepcional. Sin embargo, preocupa que no queden especificadas otras cuestiones como por ejemplo el recinto donde debe aplicarse o qué características debe tener, pudiendo convertirse en una medida sancionadora encubierta.
  • La organización lamenta que el régimen disciplinario quede en manos de las Comunidades Autónomas, pudiendo generarse disparidades entre autonomías que supongan vulneraciones de derechos humanos. En el pasado la organización expresó su preocupación por la desprotección y vulnerabilidad generada por algunas normativas autonómicas que contradicen con claridad la normativa internacional permitiendo sanciones que se encuentran prohibidas en la misma.
  • Es un avance que el derecho de visitas no podrá restringirse por aplicación de medidas disciplinarias, pero se observa con preocupación que se prevea la posible restricción o supresión del derecho de salida y de las comunicaciones y el carácter secreto de las mismas con fines educativos. Esto es contradictorio con las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad.


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En 2009 y 2010 Amnistía Internacional publicaba dos informes “España: Menores en Centros Terapéuticos. Si vuelvo me mato (I y II) donde la organización recogía testimonios de desprotección institucional y abusos contra los derechos humanos, exigiendo la necesidad de establecer unos estándares claros sobre la situación jurídica de los menores en el caso de ingreso en este tipo de centros, y evitar así que en ningún caso, ellos o sus familiares se encuentren desprotegidos. 

En los últimos meses Amnistía Internacional ha tenido contacto con todos los grupos parlamentarios para trasladarles sus recomendaciones en relación con la Ley aprobada hoy, disponibles en el documento “Recomendaciones de Amnistía Internacional  a la Ley de infancia: Una modificación aún insuficiente”.


Imagen de Wang Yu, abogada, cuya detención marcó el inicio de esta campaña de represión. Fuente chinachange.org Las autoridades chinas han intensificado su campaña de represión contra abogados y activistas de los derechos humanos, usando cargos draconianos relacionados con la seguridad del Estado para recluir al menos a tres personas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Los abogados Xie Yang y Sui Muqing y el activista Gou Hongguo están recluidos como sospechosos de “incitar a la subversión del poder del Estado”, por lo que podrían ser condenados a un máximo de 15 años de prisión.
“El uso de cargos relacionados con la seguridad del Estado es escalofriante, y no hace más que subrayar la ferocidad del ataque contra los abogados que defienden los derechos”, ha afirmado William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
“La magnitud y la severidad de esta campaña de represión carecen de precedentes. Las autoridades parecen decididas a destruir la creciente red de abogados y activistas de los derechos humanos, y a propagar el miedo entre quienes están dispuestos a defender los derechos humanos.”
Las medidas de las autoridades suscitan el temor de que muchos de los 31 abogados y activistas que continúan recluidos o en paradero desconocido desde que comenzó la campaña de represión el jueves pasado puedan enfrentarse a cargos semejantes relacionados con la seguridad del Estado.
Casi 200 personas han sido interrogadas o recluidas por la policía durante la última semana  en la campaña de represión de ámbito nacional.
Sigue sin conocerse el paradero de Xie Yang, Sui Muqing y Gou Hongguo, tras anunciar las autoridades que habían sido puestos bajo “vigilancia domiciliaria”. En virtud de una práctica controvertida, la policía podría tener recluidos a estos hombres en lugares desconocidos durante un periodo máximo de seis meses, sin acceso a sus abogados y familiares. Los tres corren grave riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
La esposa de Sui Muqing se negó a cumplir la exigencia de la policía de escribir una carta a su esposo diciéndole que admitiera sus “crímenes”.
Campaña difamatoria
La campaña de represión está acompañada de una campaña difamatoria en los medios de comunicación del Estado, en los que se ha acusado a los abogados y activistas de formar parte de una operación delictiva para “socavar la estabilidad social”. El Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista, ha afirmado que para construir una sociedad que use la ley para resolver los problemas, la policía tiene que “actuar con dureza contra los abogados ilegales con arreglo a la ley”.
El bufete de abogados Fengrui, con sede en Pekín, ha sido señalado como el centro de una “banda delictiva”. Este estudio jurídico ha defendido a personas en casos de derechos humanos de gran repercusión, como el destacado intelectual uigur Ilham Tohti, que cumple actualmente una condena a cadena perpetua, y las víctimas del escándalo de la leche en polvo adulterada de 2008.
“Las autoridades están demostrando su desprecio por el Estado de derecho y utilizando todas las tácticas posibles para tratar de construir una acusación contra el bufete de abogados Fengrui”, ha afirmado William Nee.
“Se está castigando a estos abogados sólo por su defensa de los derechos humanos. La presunción de inocencia ha sido arrojada por la ventana.”
La detención de una de las abogadas de Fengrui, Wang Yu, el pasado jueves señaló el comienzo de esta campaña de represión. Siete integrantes de la firma jurídica están detenidos o en paradero desconocido. El esposo de Wang Yu, Bao Longjun, también está detenido, y se ha confiscado el pasaporte a su hijo de 16 años.
Muchos de los activistas y abogados interrogados por la policía en la última semana han sido preguntados por las actividades del bufete de abogados Fengrui y han recibido órdenes de no hablar en público sobre este estudio jurídico.
“La policía debe revelar el paradero de todas las personas detenidas y permitir el acceso inmediato y efectivo a sus abogados y familiares”, ha afirmado William Nee.
En virtud del derecho internacional, las autoridades deben informar con carácter inmediato a las personas detenidas de los motivos de su arresto, y brindarles la oportunidad efectiva de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal y de acceder sin demora a atención médica si así se solicita.