Amnistía Internacional España

Manifestación a favor del acceso a servicios de aborto en Dublín, julio 2013 © Demotix

Más del 75 por ciento de la población británica adulta piensa que es inaceptable que las mujeres de Irlanda del Norte tengan que desplazarse hasta Inglaterra para someterse a un aborto y que tengan que pagar un servicio que en el resto del país es gratuito, según una nueva encuesta realizada por Amnistía Internacional y YouGov.

También según la encuesta, realizada el mes pasado sobre una muestra de más de 2.000 personas, dos tercios de los encuestados pensaban erróneamente que la legislación no se aplica por igual en todo Reino Unido, o simplemente no lo sabían, y casi tres cuartas partes opinaban que la legislación debería ser la misma con independencia del lugar del país donde vivas.

La legislación vigente en Irlanda del Norte sólo permite el aborto en circunstancias muy limitadas, concretamente en los casos de riesgo a largo plazo para la salud física y mental de la mujer. Pero no hay acceso a los servicios legales de aborto para una mujer si se ha quedado embarazada como consecuencia de violación o incesto, y tampoco si el feto presenta alguna anomalía que no le permitirá sobrevivir fuera del útero. La publicación de los resultados de esta encuesta tiene lugar cuando el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte está revisando su legislación sobre el acceso al aborto.

En el resto de Reino Unido es posible someterse a una operación de aborto en las primeras 24 semanas de gestación, siempre que dos médicos estén de acuerdo en que un aborto sería menos perjudicial para la salud física o mental de la gestante que la continuación del embarazo.

El aborto es posible en una fase posterior cuando es necesario para salvar la vida de la gestante, para prevenir secuelas permanentes en su salud física o mental o si existe un riesgo considerable de que nazca un bebé con graves discapacidades físicas o mentales.

Según las conclusiones de una encuesta parecida que realizó Millward Brownat simultáneamente en Irlanda del Norte para Amnistía Internacional, existe un abrumador apoyo comunitario a los cambios en la actual legislación que permitirían mayor acceso al aborto en casos extremos.

Según la encuesta, más de dos tercios de la población adulta de Irlanda del Norte piensa que las mujeres deben tener acceso al aborto en los casos de violación e incesto. Tres de cada cinco personas encuestadas piensan que se debe tener acceso a los servicios de aborto en el caso de anomalías mortales del feto (es decir, que no tiene posibilidades de sobrevivir).

Naomi McAuliffe, jefa de proyecto de campañas de Amnistía Internacional Reino Unido, ha dicho:

“Es escandaloso que se aplique una norma a las mujeres de Irlanda del Norte y otra distinta a las del resto de Reino Unido. Los resultados de esta encuesta demuestran que la legislación sobre el aborto en Irlanda del Norte está obsoleta y que los políticos están lejos de sintonizar con la mayoría del electorado.

“La inmensa mayoría de los habitantes de todas las comunidades de Irlanda del Norte necesitan que se reforme la legislación para que las mujeres tengan derecho a decidir si interrumpen un embarazo no deseado en circunstancias extremas. Como mínimo, serviría para que Irlanda del Norte cumpliera los requisitos básicos de las leyes y normas internacionales.

“Reino Unido se ha adherido a acuerdos internacionales destinados a proteger el derecho a la vida y a la salud de mujeres y niñas. Todas las mujeres y niñas de Reino Unido deben estar incluidas en esa protección, no sólo una parte.”

Nota para periodistas

Todos los datos relativos a Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) son de YouGov Plc. La muestra total fue de 2.106 adultos. El trabajo sobre el terreno se llevó a cabo los días 29 y 30 de septiembre de 2014. La encuesta se realizó por Internet. Los datos se han ponderado y son representativos de toda la población británica adulta (más de 18 años).

Las encuestas demostraron que existe un apoyo abrumador en todo Reino Unido al acceso al aborto en los casos de violación (89% en Gran Bretaña, 69% en Irlanda del Norte), incesto (85% en Gran Bretaña, 68% en Irlanda del Norte) y anomalías mortales en el feto (86% en Gran Bretaña, 60% en Irlanda del Norte).

En Inglaterra, Escocia y Gales, el 72 por ciento de la población adulta opina que la legislación relativa al aborto debería ser la misma en todo Reino Unido. El 76 por ciento afirma que es inaceptable que las mujeres de Irlanda del Norte tengan que viajar para tener acceso al aborto y que tengan que pagar por un servicio de salud pública que es gratuito para las mujeres del resto de Reino Unido.

El 46 por ciento pensaba erróneamente que la legislación relativa al aborto se aplicaba por igual en todo Reino Unido. El 19 por ciento no sabía si la legislación era la misma o no.

Campaña “Mi cuerpo, mis derechos” y presentación de la encuesta de Irlanda del Norte

La publicación de los resultados marca el inicio de la campaña de Amnistía Internacional “Mi cuerpo, mis derechos” en Irlanda del Norte para conseguir que cambien las leyes, políticas y prácticas sobre el acceso al aborto. La campaña y los resultados de la encuesta realizada en Irlanda del Norte se presentarán en una conferencia de prensa en Belfast el martes, 21 de octubre.


Activistas de Amnistía Internacional en Madrid pidiendo la liberación de Dilorom Abdukadirova. ©Amnistía Internacional

Activistas de Amnistía Internacional en diferentes partes del mundo se dirigen hoy, 21 de octubre, a las embajadas de Uzbequistán para entregar casi 200.000 firmas en las que piden la liberación de Dilorom Abdukadirova. Dilorom fue detenida en 2010 por haber participado en una protesta sobre la situación económica de su país.

En un acto simbólico, Amnistía Internacional sale a la calle en 11 países con el lema: Stop tortura en Uzbequistán. Los países en los que se realizan este tipo de actos son: Alemania, Austria, Bégica, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido y Suiza.

Dilorom Adbukadirova, a quien Amnistía Internacional considera presa de conciencia, está condenada por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de reunión y expresión pacífica. Dilorom estuvo cinco años en el exilio tras huir de una manifestación en la que participaba en 2005. En ese acto las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron e hirieron a cientos de manifestantes. A su regreso a Uzbekistán fue detenida, privada de cualquier tipo contacto con su familia, y acusada de intentar derrocar al gobierno.

El 30 de abril de 2012, tras un juicio injusto, fue condenada a cumplir 10 años y 2 meses de cárcel. El Tribunal Penal Regional de Andiyán declaró a Dilorom culpable de intento de derrocar el orden constitucional, y de salir y entrar ilegalmente del país. Durante su juicio, Dilorom tenía aspecto demacrado y contusiones en el rostro. En 2012 le aumentaron la pena otros ocho años por "infringir deliberadamente las normas de la prisión". Pese a haber denuncias verosímiles de que ha sufrido tortura y otros malos tratos, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación.

Con estas firmas Amnistía Internacional pide al presidente de Uzbequistán que tome las medidas necesarias para que se retiren los cargos contra Dilorom Abdukadirova, que sea liberada de forma inmediata y sin condiciones. Además se reclama que se investiguen sin dilaciones y de forma imparcial las denuncias sobre el hecho de haber sido torturada bajo custodia.

La tortura se ha convertido en una práctica rutinaria en el país. Amnistía Internacional lleva años denunciando y continúa recibiendo informes de personas que han sufrido tortura o malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad uzbecas mientras estaban detenidas o encarceladas. La organización también pide también la investigación de denuncias de torturas de otros cinco prisioneros: Azam Farmonov, Erkin Musaev, Murad Dzhuraev, Muhammad Bezkzhanov y Muhammad Bekzhanov.

Más información sobre estos casos


Los soldados, al parecer prorrusos, en vehículos militares blindados en una carretera cerca de la ciudad portuaria de Sebastopol, marzo de 2014 © REUTERS / Baz Ratner

Una investigación de Amnistía Internacional sobre denuncias de homicidios deliberados y tipo ejecución perpetrados por los separatistas prorrusos y las fuerzas favorables a Kiev ha hallado indicios de incidentes aislados atribuibles a ambas partes, pero no de la magnitud que informan los medios de comunicación y las autoridades de Rusia.

En el documento Summary killing during the conflict in eastern Ukraine, (Ejecuciones sumarias en el conflicto en el este de Ucrania) se recogen los resultados de la investigación llevada a cabo en el este de Ucrania (Donbass) a finales de agosto y finales de septiembre de 2014 y las entrevistas con víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familiares, testigos, autoridades de las regiones de Luhansk y Donetsk, personal médico y combatientes de ambas partes.

“No hay duda de que tanto los separatistas prorrusos como las fuerzas favorables a Kiev están llevando a cabo ejecuciones sumarias y cometiendo atrocidades en el este de Ucrania, pero es difícil hacerse una idea exacta de la magnitud de estos abusos. Es probable que muchos aún no hayan salido a la luz y que sobre otros se haya informado mal deliberadamente. También está claro que algunos de los casos más terribles que han aparecido en los medios de comunicación –especialmente en los rusos– se han exagerado enormemente”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“En vez de acusarse mutuamente a partir de conjeturas, ambas partes deberían concentrarse en investigar y eliminar los homicidios tipo ejecución realizados por las fuerzas bajo su control.”

El descubrimiento de “fosas comunes” en la región de Donetsk

El 23 de septiembre, los medios de comunicación rusos informaron sobre el descubrimiento de “fosas comunes” en Komunar y Nyzhnya Krynka, dos poblaciones colindantes de la región de Donetsk, que hasta dos días antes habían estado en manos de las fuerzas controladas por Kiev. Las informaciones describieron el hallazgo del cadáver de una mujer embarazada y de otras con señales de tortura, y más tarde reprodujeron las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmando que en la zona se habían descubierto fosas comunes con más de 400 cadáveres y pidiendo una investigación internacional.

Una delegación de Amnistía Internacional visitó la zona el 26 de septiembre y halló claros indicios que implicaban a las fuerzas controladas por Kiev en las ejecuciones extrajudiciales de cuatro hombres enterrados en dos fosas cerca del pueblo de Komunar. Otros cinco cadáveres enterrados en una misma fosa cercana resultaron ser de combatientes separatistas. Amnistía Internacional habló con miembros de su unidad, que firmaron que habían muerto en el transcurso de las hostilidades.

“La realidad que se esconde tras la afirmación rusa de la existencia de ‘fosas comunes’ en Nyzhnya Krynka es bastante oscura y apunta a la ejecución extrajudicial de cuatro residentes de la localidad a manos del ejército regular ucraniano o de batallones de voluntarios que operan en la zona, algo que debe investigarse exhaustivamente. Pero también revela hasta qué punto las acusaciones de abusos se han exagerado –especialmente por parte de las autoridades rusas– en una guerra de propaganda paralela”, ha afirmado Dalhuisen.

Homicidios de detenidos a manos de grupos de insurgentes prorrusos

Amnistía Internacional recibe cada vez más denuncias de homicidios tipo ejecución y otros homicidios deliberados en el este de Ucrania a manos de fuerzas separatistas desde que comenzó el conflicto en abril de 2014. Las víctimas han sido activistas proucranianos y presuntos simpatizantes, delincuentes locales y combatientes detenidos.

La primera confirmación aparente de estas denuncias fue el descubrimiento de los cadáveres de dos personas el 19 de abril de 2014, cerca de la localidad de Raigorodok, en la región de Donetsk, identificadas más tarde como Volodymyr Rybak, activista proucraniano y parlamentario del partido Batkivshchyna (Patria), y Yury Popravko, estudiante de Kiev. Los cuerpos tenían señales de tortura.

Amnistía Internacional halló pruebas concluyentes del homicidio, el 22 de julio, de dos personas retenidas por combatientes separatistas en el centro de detención de la policía que habían tomado en Severodonetsk, en la región de Luhansk.

Un empresario de Severodonetsk detenido por las mismas fechas en el centro por su presunta vinculación con el partido Batkivshchyna, contó a Amnistía Internacional:

A las 4.30 de la madrugada, un combatiente nos despertó gritando: “¡Arriba, hay que evacuar!”. Abrieron las puertas de tres o cuatro celdas y escuché en total entre seis y ocho disparos. Era como una lotería: a algunos les disparaban, a otros los dejaban en libertad y a otros se los llevaban.

“Amnistía Internacional no ha recibido ni hallado indicios claros de matanzas o fosas comunes. Lo que sí ha visto son incidentes aislados de ejecuciones sumarias que en algunos casos constituyen crímenes de guerra. Estos abusos deben terminar. Todos los presuntos casos deben ser investigados eficazmente y los responsables de ambas partes deben ser procesados”, ha dicho John Dalhuisen.

Información complementaria

El conflicto en el este de Ucrania comenzó tras la ocupación por parte de separatistas prorrusos de edificios oficiales e instalaciones de los servicios de seguridad en diferentes localidades de las regiones de Donetsk y Luhansk en abril y mayo de 2014, tras la anexión de la península de Crimea por la Federación Rusa. Las autoridades ucranianas respondieron embarcándose en una “operación contraterrorista”. El conflicto se intensificó cuando las fuerzas separatistas salieron de la ciudad de Slavyansk a comienzos de julio y las fuerzas ucranianas comenzaron a recuperar territorio.

A finales de agosto, el avance perdió fuerza y se dieron algunos pasos atrás debido a los sucesivos contraataques de las fuerzas separatistas, al parecer con ayuda del ejército ruso. El 5 de septiembre se firmó un acuerdo de alto el fuego, pero los combates continuaron.


Buque de la armada italiano Virginio Fasan, durante la realización de actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, como parte de la operación de Mare Nostrum, agosto de 2014 © Amnistía Internacional

La propuesta de Italia de poner fin a su operación Mare Nostrum de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo pondría en peligro las vidas de miles de migrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

El ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, ha propuesto que la operación Mare Nostrum, lanzada hoy hace un año y que ha salvado decenas de miles de vidas en el mar, termine el 1 de noviembre, fecha en que comenzará la nueva operación de Frontex, denominada Tritón.

“La operación Tritón de Frontex no se inicia para cubrir las necesidades de miles de migrantes y refugiados, incluidos los que se ven obligados a huir de la guerra y de la persecución en Oriente Medio y África. Sugerir que podría sustituir a Mare Nostrum podría tener consecuencias catastróficas y letales en el Mediterráneo", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Tritón es una operación de protección de fronteras, sin mandato de búsqueda y salvamento, que sólo funcionará junto a las aguas italianas, no más allá, donde más se necesita. Incluso Frontex ha declarado que Tritón no cuenta con los recursos necesarios para realizar la labor de Mare Nostrum."

“Italia debe continuar con la operación de búsqueda y salvamento Mare Nostrum hasta que haya una alternativa mejor dotada apoyada por otros países europeos, algo que sin duda no es Tritón."

“Si Italia continúa con su propuesta de finalización, existe el peligro de que se haga realidad la perturbadora perspectiva de que ‘Frontex más’ se convierta en ‘Mare Nostrum menos’".

La decisión de poner fin a Mare Nostrum estará en la agenda de una de las próximas reuniones del consejo de ministros del gobierno italiano.


Manifestación de estudiantes en Egipto. © AFP/Getty

Testimonios recogidos por Amnistía Internacional indican que las fuerzas de seguridad egipcias hicieron un uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones estudiantiles de la Universidad de Alejandría de esta semana, hiriendo al menos a 35 estudiantes y dejando a otros tres en estado crítico. Según las cifras oficiales, dos agentes de seguridad resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Estudiantes entrevistados por Amnistía Internacional describieron cómo las protestas, que comenzaron pacíficamente en el campus de la universidad, degeneraron en violencia. Efectivos de las fuerzas de seguridad situados fuera de la puerta principal de la universidad lanzaron gas lacrimógeno y dispararon perdigones contra la multitud de estudiantes, algunos de los cuales les arrojaron piedras y cócteles Molotov y dispararon cohetes (hmarich). No está claro cómo comenzaron los enfrentamientos, pero a medida que se fueron intensificando, las fuerzas de seguridad derribaron la puerta principal y entraron en las instalaciones de la universidad, persiguiendo a los estudiantes y disparándoles.

“Las fuerzas de seguridad egipcias tienen un desolador historial de uso abusivo y arbitrario de la fuerza contra manifestantes, incluidos estudiantes. La falta de rendición de cuentas por tales violaciones, entre las que figuran homicidios ilegítimos, les da luz verde para seguir maltratando a los manifestantes”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Las manifestaciones de la Universidad de Alejandría comenzaron a primeras horas de la tarde del 14 de octubre, cuando unos 500 estudiantes se reunieron para protestar contra las medidas de seguridad introducidas por la nueva agencia de seguridad de la universidad, ‘Falcon’, contratada por el Ministerio de Educación Superior para mantener la seguridad en 15 universidades de Egipto. Entre las nuevas medidas de seguridad figuran registros en las puertas de entrada y endurecimiento de las normas sobre asistencia de hombres y mujeres a las aulas. Además, los agentes pueden dar el alto y registrar a los estudiantes en los campus universitarios en cualquier momento. Los estudiantes también protestaban contra los juicios sin garantías y la detención prolongada de otros estudiantes en manifestaciones previas.

Uno de los estudiantes dijo a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad apostadas ante la entrada principal habían disparado a los estudiantes que protestaban en el campus. “Comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y después a disparar perdigones, que nos alcanzaron e hirieron a varios de los estudiantes que estaban a mi alrededor. El gas lacrimógeno nos asfixiaba y nos adentramos corriendo en el campus de la universidad”, afirmó.

Otro estudiante relató que las fuerzas de seguridad que habían roto la puerta de entrada principal persiguieron a los estudiantes que se intentaban refugiar en el edificio del departamento de Ingeniería Técnica.

“Llegaron a seguirnos con sus vehículos acorazados dentro del campus. Empezaron a disparar perdigones y vi cómo alcanzaban en la boca y en un ojo a mi amigo Abdel Rahman Abdel Aziz. Con la ayuda de otros estudiantes lo llevé al edificio de Ingeniería Técnica para buscar protección, pero las fuerzas de seguridad nos siguieron y continuaron arrojando gas lacrimógeno y perdigones dentro del edificio”.

Otro estudiante que se encontraba dentro del edificio dijo a Amnistía Internacional: “Estábamos en la planta baja del edificio de Ingeniería Técnica. Las fuerzas de seguridad disparaban perdigones y gas lacrimógeno hacia el interior. Rompieron los cristales de las ventanas de la planta baja y siguieron lanzando gas lacrimógeno. También disparaban perdigones entre los barrotes de hierro de la puerta de entrada al edificio”.

Según los testimonios e indicios recogidos por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno dentro del edificio y utilizaron armas de fuego para disparar perdigones contra los estudiantes al azar y sin necesidad. Uno de los estudiantes heridos durante el incidente, Omar Abdelwahab, está en estado crítico tras ser alcanzado por perdigones en el cuello y los ojos.

“El gobierno debe actuar urgentemente para controlar a las fuerzas de seguridad”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Todo uso de la fuerza en la actuación policial durante las manifestaciones, incluso cuando éstas hayan degenerado en violencia o las autoridades las consideren ilegales, debe ajustarse al derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad salvo que sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para cumplir con su obligación. Las armas de fuego sólo pueden emplearse como último recurso en defensa propia o para proteger a terceros contra una amenaza inminente contra su vida o contra graves lesiones. No debe lanzarse gas lacrimógeno en el interior de edificios.

Las protestas estudiantiles generalizadas contra las prácticas represivas del actual gobierno sacuden Egipto desde el 11 de octubre, fecha de comienzo del año académico. La respuesta de las autoridades ha sido feroz: se ha detenido al menos a 200 estudiantes en todo el país durante las manifestaciones y 90 han resultado heridos, según el Observatorio de la Libertad Estudiantil (Marsad Tolab Horreya), grupo estudiantil egipcio que ha documentado violaciones durante las protestas universitarias.

Durante las protestas de la Universidad de Alejandría fueron detenidos al menos 150 estudiantes, y 22 siguen en detención por cargos vagos o sin fundamento, como participar en protestas sin autorización.

Todas las personas detenidas por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica deben quedar inmediatamente en libertad sin condiciones, y todos los cargos contra ellas deben retirarse.

En todo el mundo, las universidades son un fértil terreno de debate y discrepancia. Esto debe elogiarse, pues es señal de un activismo juvenil vibrante, no reprimirse”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Si hay pruebas suficientes de que algún manifestante ha cometido actos criminales violentos, deberá ser juzgado sólo por delitos comunes reconocibles en actuaciones que se ajusten a las normas internacionales sobre garantías procesales.

Un total de 16 estudiantes detenidos han sido acusados de intentar asesinar a dos estudiantes que resultaron heridos durante las protestas. Todos ellos también se enfrentan a cargos tales como lesionar a dos policías, protestar sin autorización, destruir bienes públicos y pertenecer a un grupo prohibido, todos ellos considerados por las leyes egipcias delitos que pueden ser castigados con hasta 15 años de cárcel.

Los otros seis estudiantes detenidos están acusados de pertenecer a un grupo prohibido, protestar sin autorización, portar armas y destruir bienes públicos, que son faltas punibles con hasta tres años de cárcel. La fiscalía ordenó el 16 de octubre que ambos grupos pertenecieran detenidos 15 días.  


Los soldados, al parecer prorrusos, en vehículos militares blindados en una carretera cerca de la ciudad portuaria de Sebastopol, marzo de 2014 © REUTERS / Baz Ratner

Una investigación de Amnistía Internacional sobre denuncias de homicidios deliberados y tipo ejecución perpetrados por los separatistas prorrusos y las fuerzas favorables a Kiev ha hallado indicios de incidentes aislados atribuibles a ambas partes, pero no de la magnitud que informan los medios de comunicación y las autoridades de Rusia.

En el documento Summary killing during the conflict in eastern Ukraine, (Ejecuciones sumarias en el conflicto en el este de Ucrania) se recogen los resultados de la investigación llevada a cabo en el este de Ucrania (Donbass) a finales de agosto y finales de septiembre de 2014 y las entrevistas con víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familiares, testigos, autoridades de las regiones de Luhansk y Donetsk, personal médico y combatientes de ambas partes.

“No hay duda de que tanto los separatistas prorrusos como las fuerzas favorables a Kiev están llevando a cabo ejecuciones sumarias y cometiendo atrocidades en el este de Ucrania, pero es difícil hacerse una idea exacta de la magnitud de estos abusos. Es probable que muchos aún no hayan salido a la luz y que sobre otros se haya informado mal deliberadamente. También está claro que algunos de los casos más terribles que han aparecido en los medios de comunicación –especialmente en los rusos– se han exagerado enormemente”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“En vez de acusarse mutuamente a partir de conjeturas, ambas partes deberían concentrarse en investigar y eliminar los homicidios tipo ejecución realizados por las fuerzas bajo su control.”

El descubrimiento de “fosas comunes” en la región de Donetsk

El 23 de septiembre, los medios de comunicación rusos informaron sobre el descubrimiento de “fosas comunes” en Komunar y Nyzhnya Krynka, dos poblaciones colindantes de la región de Donetsk, que hasta dos días antes habían estado en manos de las fuerzas controladas por Kiev. Las informaciones describieron el hallazgo del cadáver de una mujer embarazada y de otras con señales de tortura, y más tarde reprodujeron las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmando que en la zona se habían descubierto fosas comunes con más de 400 cadáveres y pidiendo una investigación internacional.

Una delegación de Amnistía Internacional visitó la zona el 26 de septiembre y halló claros indicios que implicaban a las fuerzas controladas por Kiev en las ejecuciones extrajudiciales de cuatro hombres enterrados en dos fosas cerca del pueblo de Komunar. Otros cinco cadáveres enterrados en una misma fosa cercana resultaron ser de combatientes separatistas. Amnistía Internacional habló con miembros de su unidad, que firmaron que habían muerto en el transcurso de las hostilidades.

“La realidad que se esconde tras la afirmación rusa de la existencia de ‘fosas comunes’ en Nyzhnya Krynka es bastante oscura y apunta a la ejecución extrajudicial de cuatro residentes de la localidad a manos del ejército regular ucraniano o de batallones de voluntarios que operan en la zona, algo que debe investigarse exhaustivamente. Pero también revela hasta qué punto las acusaciones de abusos se han exagerado –especialmente por parte de las autoridades rusas– en una guerra de propaganda paralela”, ha afirmado Dalhuisen.

Homicidios de detenidos a manos de grupos de insurgentes prorrusos

Amnistía Internacional recibe cada vez más denuncias de homicidios tipo ejecución y otros homicidios deliberados en el este de Ucrania a manos de fuerzas separatistas desde que comenzó el conflicto en abril de 2014. Las víctimas han sido activistas proucranianos y presuntos simpatizantes, delincuentes locales y combatientes detenidos.

La primera confirmación aparente de estas denuncias fue el descubrimiento de los cadáveres de dos personas el 19 de abril de 2014, cerca de la localidad de Raigorodok, en la región de Donetsk, identificadas más tarde como Volodymyr Rybak, activista proucraniano y parlamentario del partido Batkivshchyna (Patria), y Yury Popravko, estudiante de Kiev. Los cuerpos tenían señales de tortura.

Amnistía Internacional halló pruebas concluyentes del homicidio, el 22 de julio, de dos personas retenidas por combatientes separatistas en el centro de detención de la policía que habían tomado en Severodonetsk, en la región de Luhansk.

Un empresario de Severodonetsk detenido por las mismas fechas en el centro por su presunta vinculación con el partido Batkivshchyna, contó a Amnistía Internacional:

A las 4.30 de la madrugada, un combatiente nos despertó gritando: “¡Arriba, hay que evacuar!”. Abrieron las puertas de tres o cuatro celdas y escuché en total entre seis y ocho disparos. Era como una lotería: a algunos les disparaban, a otros los dejaban en libertad y a otros se los llevaban.

“Amnistía Internacional no ha recibido ni hallado indicios claros de matanzas o fosas comunes. Lo que sí ha visto son incidentes aislados de ejecuciones sumarias que en algunos casos constituyen crímenes de guerra. Estos abusos deben terminar. Todos los presuntos casos deben ser investigados eficazmente y los responsables de ambas partes deben ser procesados”, ha dicho John Dalhuisen.

Información complementaria

El conflicto en el este de Ucrania comenzó tras la ocupación por parte de separatistas prorrusos de edificios oficiales e instalaciones de los servicios de seguridad en diferentes localidades de las regiones de Donetsk y Luhansk en abril y mayo de 2014, tras la anexión de la península de Crimea por la Federación Rusa. Las autoridades ucranianas respondieron embarcándose en una “operación contraterrorista”. El conflicto se intensificó cuando las fuerzas separatistas salieron de la ciudad de Slavyansk a comienzos de julio y las fuerzas ucranianas comenzaron a recuperar territorio.

A finales de agosto, el avance perdió fuerza y se dieron algunos pasos atrás debido a los sucesivos contraataques de las fuerzas separatistas, al parecer con ayuda del ejército ruso. El 5 de septiembre se firmó un acuerdo de alto el fuego, pero los combates continuaron.


Ángel Colón fue detenido y torturado por la policía en Tijuana, norte de México en marzo de 2009 © Amnistía Internacional.

Ángel Amílcar Colón Quevedo, preso de conciencia y víctima de tortura, ha sido puesto en libertad tras cinco años de prisión preventiva, positiva medida que hace mucho tiempo que debería haberse tomado, ha manifestado Amnistía Internacional.

Ángel Colón fue detenido por la policía en Tijuana, en norte de México, cuando viajaba desde su país, Honduras, a Estados Unidos en marzo de 2009. Sufrió entonces tortura a manos de policías y militares, que lo golpearon y lo sometieron a asfixia y a insultos racistas. Lo obligaron a firmar una declaración falsa, que se utilizó para implicarlo en actividades delictivas. Se retractó de la declaración cuando lo llevaron ante un juez y denunció la tortura a las autoridades, que no hicieron nada.

El procurador general federal de México ha decidido ahora retirar los cargos contra Ángel Colón, que ha sido puesto en libertad sin condiciones.

“Ángel Colón sufrió tortura a manos de las autoridades mexicanas y ha visto su vida truncada por años de prisión preventiva. Es indignante”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

“Las autoridades mexicanas pueden y deben tomar aún más medidas para garantizar que ni la policía ni el ejército recurren a la tortura y que todas las denuncias de tortura se investigan con rapidez y exhaustividad. No pueden permitir que injusticias como las cometidas contra Ángel Colón vuelvan a repetirse.”

Ángel Colón es miembro de la comunidad afrodescendiente garífuna, y Amnistía Internacional cree que su tortura, detención y procesamiento fueron el resultado de discriminación basada en su origen étnico y su condición de migrante indocumentado.

Cuando la policía se lo llevó en 2009, lo golpearon en las costillas, lo obligaron a caminar de rodillas, le propinaron patadas y le dieron puñetazos en el estómago. Luego le vendaron los ojos y lo llevaron a una base militar, donde oía los gritos de otras personas también detenidas. Lo amenazaron con hacerle lo mismo que a ellas y lo golpearon reiteradamente. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarlo. Lo desnudaron y lo obligaron a limpiar con la lengua los zapatos de otros detenidos y a realizar actos humillantes, a la vez que, según la información recibida, lo llamaban “pinche negro”.

“Me gustaría que las personas que cometieron estos actos fueran llevadas ante la justicia”, dijo Ángel Colón a representantes de Amnistía Internacional que fueron a verlo a la prisión.

“Mi mensaje a todas las personas que me están mostrando su solidaridad y que están en contra de la tortura y la discriminación es que no bajen la guardia. Se está abriendo un nuevo horizonte. Me alegra lo que está pasando.”

“La puesta en libertad de Ángel es la primera medida que ha tomado el gobierno mexicano para devolverle su dignidad, su libertad y su vida. Ahora reconocen que es inocente, pero en 2009 lo exhibieron como un delincuente ante las cámaras de televisión. Merece justicia y reparación”, ha afirmado Mario Ernesto Patrón, jefe del equipo jurídico de Ángel y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) de México.

Aunque la Procuraduría General federal tuvo constancia de la denuncia de tortura de Ángel en 2009, no se hizo nada para investigarla. Los exámenes médico forenses oficiales, que son obligatorios según la legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos, no se realizaron hasta cuatro años después, y se dejaron sin terminar.

Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano que, además de investigar las denuncias de tortura y garantizar que Ángel Colón puede interponer recursos efectivos y recibe reparación, revise el enfoque que aplica a los exámenes médico forenses de presuntas víctimas de tortura a fin de hacerlos totalmente compatibles con las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul de 1999. En el caso de Ángel, la participación de peritos médicos independientes fue decisiva para demostrar que había sufrido tortura.

“El caso de Ángel es un claro ejemplo de la falta de medidas de la Procuraduría General federal para documentar debidamente los casos de tortura. En la mayoría de los casos jamás se llevan a cabo exámenes médico forenses oficiales. Cuando se realizan, es ya demasiado tarde. Tienden a traumatizar de nuevo a las víctimas y a desanimarlas de insistir en sus denuncias. Además, los peritos médicos oficiales presentan a menudo conclusiones infundadas, que los fiscales utilizan para encubrir la tortura, en vez de realizar investigaciones efectivas”, ha explicado Erika Guevara.

“Las autoridades mexicanas tienen que reconocer de manera más general el valor probatorio de los exámenes realizados por peritos independientes. Con ello darían un primer paso para mejorar el sombrío historial de impunidad del país con respecto a la tortura y los malos tratos.”

Información complementaria

Amnistía Internacional llevaba haciendo campaña para conseguir que Ángel Colón fuera puesto en libertad desde julio de 2014, cuando lo declaró preso de conciencia.

El 4 de septiembre, la organización publicó un informe, Fuera de control: Tortura y malos tratos en México, en el que señaló que las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos por agentes de policía y militares habían aumentado un 600 por ciento en un decenio.

El 64 por ciento de los mexicanos y mexicanas afirman tener miedo de sufrir tortura si son detenidos por la policía u otras autoridades, según una encuesta realizada por Amnistía Internacional.


En España no existe un Plan de lucha contra la explotación laboral, ni un mecanismo adecuado de derivación específico para mujeres, niños y niñas víctimas de la trata. (AP Photo/Alberto Di Lolli)

Con ocasión del Día Europeo de lucha contra la trata de personas, que se celebra el 18 de octubre, la Red Española contra la Trata de Personas vuelve a recordar las obligaciones que el Estado español tiene pendientes de cumplir para proteger de manera integral a las víctimas.

Tras casi dos años desde la finalización del I Plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, las entidades miembro de la Red lamentan que a día de hoy no se disponga de un nuevo instrumento político que permita avanzar y mejorar las actuaciones de prevención y protección, a pesar de las aportaciones realizadas por la Red a finales de 2013 para la elaboración de un nuevo plan integral.

Pese a los esfuerzos legislativos iniciados sobre la materia, como son el Proyecto de Ley del Estatuto Jurídico de la Víctima o la reforma del Código Penal, la Red Española contra la Trata recuerda que tales iniciativas, que están aún en el trámite parlamentario para su aprobación, no cumplen con todos los objetivos en materia de protección de víctimas y prevención de la trata. Por lo tanto, la transposición de la Directiva europea 2011/36 no se ha producido aún, habiendo transcurrido más de un año desde la fecha límite otorgada por la Comisión Europea.

En estos años tampoco se ha aprobado un Plan de lucha contra la explotación laboral como se venía pidiendo desde distintos ámbitos. Asimismo falta todavía definir un mecanismo adecuado de derivación específico para niños y niñas víctimas de la trata, necesario para tener en cuenta sus necesidades especiales y su interés superior. A ello se une la reiterada preocupación ante la negativa del gobierno de considerar la trata de personas como causa de concesión de protección internacional.

Por ello la Red Española contra la Trata de Personas sigue proponiendo la adopción de una Ley Integral contra la Trata que incluya todos los fines de explotación y que se realice desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de edad.


Sobre la Red Española contra la Trata de Personas
. Es una red compuesta por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de personas en España. La Red trabaja desde una perspectiva de derechos humanos de acuerdo a los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables en España.


Las organizaciones que pertenecen a la Red Española contra la Trata son: Antena Sur contra la Trata, AIETI, APRAMP, CEAR, Fapmi-Ecpat, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Cruz Blanca, Fundación Tierra de hombres, Fundación APIP-ACAM, Fundación Askabide, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Proyecto Esperanza, Red Cántabra, Xarxa Catalana sobre la trata de persones y Women’s Link Worldwide. Las organizaciones colaboradoras de la Red contra la Trata son: ACCEM, ACNUR, Amnistía Internacional, Cáritas Española, CONFER, Cruz Roja Española, OIM, Save the Children y Villa Teresita.


Una manifestante del Daily Monitor in Kampala el 20 de mayo de 2013. Manifestación contraria a las leyes que recortan la libertad de expresión en Uganda. AFP PHOTO/Michele Sibiloni (Photo credit should read MICHELE SIBILONI/AFP/Getty Images)

La legislación represiva y discriminatoria promulgada en los últimos 18 meses en Uganda ha desembocado en el aumento de la represión, la violencia y la discriminación homófoba y de género por parte del Estado, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

El informe, titulado “Rule by Law” – Discriminatory Legislation and Legitimized Abuses in Uganda, que se presenta hoy en Kampala, la capital de Uganda, detalla cómo tres leyes concretas violan derechos humanos fundamentales, alimentan los abusos discriminatorios e impiden que las personas afectadas reclamen justicia.

“La represión en Uganda está cada vez más sancionada por el Estado mediante el uso de leyes abiertamente discriminatorias que menoscaban derechos garantizados en la Constitución del país”, declaró Sarah Jackson, directora adjunta del Programa para África Oriental de Amnistía Internacional.

“El gobierno debe actuar ya para revisar estas leyes tóxicas que amenazan la esencia de los derechos humanos en Uganda.”

En su informe, Amnistía Internacional documenta el impacto acumulativo en los derechos humanos de la Ley de Gestión del Orden Público, la Ley contra la Pornografía y la ya derogada Ley contra la Homosexualidad, aprobadas por el Parlamento de Uganda y promulgadas entre agosto de 2013 y febrero de 2014.

Libertad de reunión y de asociación

En el informe se detalla cómo se está atacando el derecho a la libertad de reunión mediante la Ley de Gestión del Orden Público, que impone amplias restricciones a las reuniones públicas.

La ley ha contribuido a que la policía disuelva reuniones en las que participaban grupos políticos de la oposición y reprima a activistas.

Aunque el uso por la policía de la Ley de Gestión del Orden Público ha disminuido desde principios de 2014, los efectos de ésta son generales y negativos.

“La Ley de Gestión del Orden Público ha tenido un efecto devastador en la capacidad de organización de la sociedad civil, obstaculizando incluso los intentos de cuestionar las propias leyes”, añadió Sarah Jackson.

“Básicamente invierte la premisa básica sobre la que se asienta el derecho a la libertad de reunión. En lugar de facilitar las manifestaciones pacíficas, les impone amplias restricciones .”

Legitimar los abusos

Mientras estuvo en vigor la Ley contra la Homosexualidad, las personas identificadas o percibidas como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) fueron detenidas arbitrariamente, incluso cuando acudían a denunciar delitos cometidos contra ellas. Algunas fueron golpeadas y manoseada por la policía y otros detenidos mientras estaban bajo custodia.

En los días que siguieron a la promulgación de la Ley contra la Pornografía, la policía acosó a mujeres, y una abogada fue amenazada con ser detenida debido a la ropa que vestía.

La Ley contra la Homosexualidad también propició los desahucios y los despidos de personas LGBTI.

Varias personas LGBTI y mujeres sufrieron ataques de la población en la calle mientras estuvo en vigor la Ley contra la Homosexualidad e inmediatamente después de la promulgación de la Ley contra la Pornografía.

“La redacción poco precisa de estas leyes ha hecho que la ciudadanía las interpretara de un modo peligroso. Muchas personas se han tomado la justicia por su mano mediante la venganza popular y cometiendo abusos contra mujeres y personas LGBTI”, prosiguió Sarah Jackson.

“El hecho de que el gobierno no aclarase adecuadamente las leyes lo convierte en cómplice de los abusos que se están cometiendo.”

Después de que la multitud atacara y desnudara en la  calle a varias mujeres que “vestían impúdicamente”, la policía declaró públicamente que la Ley contra la Pornografía no daba a la ciudadanía “autoridad para desvestir mujeres”. Sin embargo, las autoridades no emitieron ninguna declaración en respuesta a los ataques homófobos.

Aunque el gobierno se comprometió a revisar la Ley contra la Pornografía,  ocho meses después no se ha realizado aún la revisión.

Impacto en la atención de salud

La Ley contra la Homosexualidad se invocó también para limitar la asistencia a las personas refugiadas. Las autoridades suspendieron la mayoría de los servicios de Proyecto Ley para Refugiados (RLP), organización que apoya a solicitantes de asilo y refugiados, a partir de marzo de 2014, tras falsas acusaciones de que “promovía la homosexualidad”.

La Ley contra la Homosexualidad también puso en peligro el acceso a la atención de salud. El asalto de la policía contra el Water Reed Project, proyecto de investigación sobre el VIH, en abril de 2014, hizo que algunas personas LGBTI tuvieran demasiado miedo para acceder a la atención sanitaria.

En junio de 2014, el Ministerio de Salud emitió una directiva en la que confirmó la no discriminación en el acceso a la atención sanitaria. Pese a estos compromisos positivos, en general, la Ley contra la Homosexualidad ha afectado negativamente la capacidad de las organizaciones para ofrecer atención sanitaria.

Nadie a quien recurrir

Las víctimas de abusos de la ciudadanía están demasiado asustadas para denunciarlos a la policía, lo que las deja sin posibilidad de pedir una reparación.

“El hecho de que la policía no investigue los abusos es causa de que el Estado tolere y propague la impunidad”, dijo Sarah Jackson.

“A pesar de que se ha derogado la Ley contra la Homosexualidad, aún se notan sus efectos y no se han abordado las cuestiones fundamentales. Se ha estigmatizado y silenciado a personas que normalmente hablarían en defensa de otras.

El Tribunal Constitucional de Uganda anuló la Ley contra la Homosexualidad en agosto de 2014 porque el Parlamento la había aprobado sin quórum. Los recursos sobre la constitucionalidad de la Ley contra la Pornografía y la Ley de Gestión del Orden Público están aún tramitándose.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno ugandés que derogue las leyes discriminatorias y garantice que el gobierno no es cómplice de abusos contra los derechos humanos. Las autoridades deben proteger a todos los ugandeses, incluidas las mujeres, las personas LGBTI y los activistas políticos, de la discriminación, el hostigamiento y la violencia.


Manifestación en Londres a favor de la extradición de Pinochet, enero de 1999. Copyright: AP Photo/Robin Nowacki

Madrid.- Amnistía Internacional publica hoy un nuevo informe en el que explica qué es, qué significa y por qué es importante la aplicación de la jurisdicción universal en España. Aporta además importante jurisprudencia que defiende y promueve su aplicación para investigar graves violaciones de derechos humanos.

Entre las conclusiones del informe destaca que con la aprobación de la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2014 de marzo pasado, España incumple diversas normativas y tratados internacionales aprobados y ratificados por España que obligan a investigar los crímenes de derecho internacional.

Además, en el informe queda reflejado que España se aparta de la tendencia mundial de perseguir estos crímenes. Actualmente, un total de 163 Estados (más del 80%) tienen una legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional.

La organización hace un llamamiento a los jueces en España para que no apliquen las disposiciones de la Ley Orgánica que contradicen el derecho internacional y hagan valer el principio de jurisdicción universal, vigente por encima de cualquier ley nacional.

En opinión de la organización, el Poder Judicial debería en primer lugar aplicar los tratados internacionales de los que España es parte para perseguir los crímenes de derecho internacional, entre los que destacan la Convención contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra. Estos son algunos de los instrumentos legales a los que puede acogerse la justicia española para seguir ejerciendo su competencia para investigar los más graves crímenes. En virtud de estos acuerdos, los Estados están obligados a investigar estos crímenes o, en su defecto y cuando corresponda, a extraditar a los presuntos responsables.

Este informe se presenta en el 16º aniversario de la detención en Londres de Augusto Pinochet gracias a una orden de extradición firmada por un juez español, en lo que se considera uno de los hitos recientes en la lucha contra la impunidad en el mundo.

“Hace 16 años, España era un faro de esperanza para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina y en otras regiones. Hoy, camina en contramano de la tendencia mundial de reconocer el principio de jurisdicción universal en sus legislaciones”, asegura Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional en España.

Jurisdicción Universal en España
En marzo pasado entró en vigor la reforma exprés de la jurisdicción universal impulsada por el Grupo Parlamentario Popular. La aprobación de la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2014 supone un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir que algunas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas fuera de España puedan ser investigadas en tribunales españoles.

La reforma llevada a cabo en España es un retroceso sustancial en la obligación de investigar, perseguir y sancionar las más graves violaciones de derechos humanos. Además, viola expresamente obligaciones contraídas por España”, explica Jovtis.

El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto.

Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. Bajo el principio de jurisdicción universal es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva reforma de la Ley Orgánica, la labor de los jueces españoles queda fuertemente limitada.

Así de restringida queda la facultad para investigar crímenes de derecho internacional cometidos fuera de España:

  • Para delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad se exige que el presunto autor sea español o extranjero residiendo en España o cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.
  • Para delitos de tortura y desaparición forzosa se exige que el presunto autor sea español o que la víctima fuera de nacionalidad española en el momento de la comisión del delito y que el presunto autor esté en territorio español en el momento en el que el juez investigue los hechos.

“Esta nueva Ley Orgánica plantea cuestiones graves de incompatibilidad con el derecho internacional y la Constitución española; y contradice una vasta jurisprudencia emitida por tribunales internacionales”.

Antecedentes
En noviembre de 2009, el Parlamento español aprobó una reforma que ya menoscababa el principio de jurisdicción universal. Amnistía Internacional junto con más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones, sindicatos, así como 12.000 particulares, denunció esta reforma y la falta de transparencia y debate con la que se llevó a cabo. Sin embargo, la nueva reforma aprobada va más allá, eliminando entre otras, la disposición actual del artículo 23.4 que permitía investigar casos en los que "existiese algún vínculo de conexión relevante con España", un precepto que daba cierto margen para que los jueces de la Audiencia Nacional pudieran investigar estos delitos.

Reconocimiento internacional que se desvanece
España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces no son "intocables", que sus actos pueden y deben ser castigados y que no hay paraísos seguros para éstos.

Investigaciones por parte de España de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, eran algunos de los ejemplos positivos.

Entre ellos, destaca ahora por cumplirse su 16º aniversario, la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, a partir de un auto oficial emitido por un juez español a las autoridades británicas para interrogar al general chileno por los graves crímenes cometidos durante su mandato. La batalla legal para extraditar a Pinochet había empezado en 1996 con la presentación ante la Audiencia Nacional española de las querellas iniciales contra él. Las investigaciones judiciales se iniciaron en España en 1997. El proceso a Pinochet ha quedado recogido en los libros de historia como un hito en la lucha contra la impunidad y España fue señalada como protagonista.

Ahora -y hasta que no se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial-, las víctimas de genocidio, tortura, desapariciones forzadas, crímenes de guerra y contra la humanidad que quieran buscar justicia fuera de sus países porque en ellos no la encuentran, tampoco lo harán en España.