Amnistía Internacional España

Buque de la Armada italiana, Virginio Fasan, durante las actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, durante la operación de Mare Nostrum, agosto de 2014 © AI

Un año después de los naufragios de Lampedusa, en los que perdieron la vida más de 500 personas, un nuevo informe de Amnistía Internacional pone de relieve cómo la vergonzosa pasividad de los países de la Unión Europea (UE) ha contribuido a una espiral de muertes, con miles de refugiados y migrantes que han perdido la vida en su desesperado intento por llegar a las costas europeas.

El informe de Amnistía Internacional Vidas a la deriva. Personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo central expone los resultados de las recientes visitas de Amnistía Internacional a Italia y Malta, incluido un viaje de investigación en una embarcación de la Armada italiana.  En entrevistas con supervivientes de naufragios, expertos y autoridades sale a la luz la realidad de los peligros a los que se enfrentan las personas que huyen de la guerra, la persecución y la pobreza, y la lamentable respuesta de la mayoría de los Estados europeos.

“Mientras la UE eleva sus muros, cada vez son más los refugiados y migrantes que se lanzan al Mediterráneo intentando desesperadamente llegar a las costas europeas. Traficantes sin escrúpulos hacen que todas las semanas cientos de ellos se jueguen la vida en desvencijadas embarcaciones, entre la esperanza y la desesperación”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central.

“Desde comienzos de año, más de 2.500 personas han perecido ahogadas o han desaparecido en el Mediterráneo procedentes del norte de África. Europa no puede ignorar la tragedia que se desarrolla ante sus puertas. La UE y sus miembros deben desplegar urgentemente más embarcaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, con órdenes claras de salvar vidas en alta mar y con recursos adecuados para llevar a cabo esta tarea.”

Para poner fin a esta situación, la organización tiene en marcha una ciberacción accesible en su centro de activismo on line desde julio pasado con casi 20.000 firmas recogidas en España.

Los conflictos y las persecuciones en Oriente Medio y África, las privaciones económicas y el cierre de las fronteras terrestres del sureste de Europa han empujado al mar a estas personas desesperadas.

En 2014, más de 130.000 refugiados y migrantes han cruzado irregularmente por mar las fronteras meridionales europeas. Casi todos ellos –en su inmensa mayoría procedentes de una Libia asolada por la guerra– han sido rescatados por la Armada italiana. 

El informe señala fallos estructurales en los servicios de búsqueda y salvamento del Mediterráneo central y pide más rutas seguras y legales para las personas que se dirigen a Europa huyendo del conflicto y la persecución. Esto puede conseguirse mediante los programas de reasentamiento y admisión humanitaria y facilitando la reunificación familiar. El documento plantea también la revisión del Reglamento de Dublín que rige la tramitación de las solicitudes de asilo en la UE.

Peligros en el mar

Amnistía Internacional habló en Italia y Malta con más de 50 refugiados y migrantes. Lo que contaban respecto a los peligros que arrostraron durante su viaje, incluidos golpes y hacinamiento, era casi siempre parecido. Algunos sobrevivieron al naufragio de sus embarcaciones o a otros incidentes que podrían haberles costado la vida.

Mohammed, un joven de 22 años de Damasco (Siria), dijo a Amnistía Internacional: “Cuando salimos de Libia, éramos 400 personas con unos 100 niños. Tuvimos que remar en barcas hasta la embarcación que nos llevaría. Cuando la vi, me di cuenta de que era un desastre. Yo no quería subir, pero el traficante me obligó a hacerlo a punta de pistola. Tardamos dos horas en embarcar. A eso de las dos de la mañana oí disparos. [Una embarcación con hombres armados] se colocó delante de la nuestra y estuvo intentando detenerla durante aproximadamente cuatro horas. Disparaban desde muchos sitios. Al amanecer se fueron. El barco se balanceaba, dañado. Arrojamos por la borda todas nuestras bolsas, incluso los chalecos salvavidas. ¡Queríamos sobrevivir!” 

La falta de coordinación entre los Estados ribereños, especialmente Malta e Italia, agrava aún más los peligros del viaje. La disputa que mantienen desde hace tiempo Malta e Italia respecto a sus obligaciones de búsqueda y salvamento puede haber costado la vida a cientos de refugiados y migrantes el 11 de octubre de 2013, cuando un barco arrastrero que transportaba a más de 400 personas se hundió en la zona de búsqueda y salvamento maltesa.

Los dirigentes de la UE no tomaron ninguna medida significativa tras las protestas internacionales exigiendo más esfuerzos para salvar vidas en el mar. El único país de la UE que reaccionó fue Italia con la Operación Mare Nostrum, desplegando a una importante parte de su Armada para operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central. 

Sin embargo, ni siquiera los esfuerzos de Italia –que además ha declarado recientemente que la operación no es sostenible a largo plazo– han sido suficientes para impedir la dramática pérdida de vidas que tuvo lugar durante el verano de 2014. 

“La Operación Mare Nostrum ha salvado decenas de miles de vidas en el mar, pero no es una solución a largo plazo. Es preciso un esfuerzo concertado de los países de la UE para hacer frente a una responsabilidad que es de la UE”, Ha dicho John Dalhuisen.

“La reciente propuesta de intervención de Frontex, el organismo de gestión de fronteras de la UE, será un paso positivo sólo si los Estados miembros de la UE despliegan suficientes medios en alta mar y si su mandato subraya claramente las funciones de búsqueda y salvamento”.

La necesidad de reformar el sistema de asilo de la UE

Amnistía Internacional argumenta también que el Reglamento de Dublín, en virtud del cual el primer Estado miembro de la UE al que llega el solicitante es el responsable de tramitar su solicitud de asilo, impone una injusta presión sobre los países implicados en las operaciones de salvamento, responsables de cubrir sus necesidades a más largo plazo.

El hecho de que no haya un reparto de responsabilidades entre los países de la UE disuade a los países meridionales, especialmente a Malta, de traer a sus puertos a refugiados y migrantes. La Operación Mare Nostrum es un parche temporal a este problema, pero si se cancela sin sustituirla adecuadamente, los retrasos y las disputas sobre las obligaciones de búsqueda y salvamento volverán a poner en peligro vidas.

“Independientemente de los peligros y de las medidas que tome la UE para mantenerlos fuera de sus fronteras, refugiados y migrantes continuarán arriesgando sus vidas y las de sus hijos para huir de las guerras, las violaciones de derechos o la pobreza de sus países de origen. Los Estados de la UE no pueden dirigirlos hacia una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo y luego abandonarlos a su suerte”, ha dicho John Dalhuisen.


Participante en manifestación contra los recortes en sanidad. © Juan C. Hidalgo/ EFE

Más de 60 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico de todo el país, suscriben el Manifiesto, Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal. Un manifiesto que coinciden con el segundo aniverario de la entrada en vigor del RDL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

 

 

CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA SANIDAD UNIVERSAL

Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y tres organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte de l Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.

En Abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo:

 

  • Tras la aplicación del RDL, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.

 

  • La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.
  • Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
  • El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva.
  • La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.

 

  • A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva.
  • En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.
  • Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quien es se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica.
  • Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones.
  • Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas…, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual Ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ningún cálculo al respecto.

 

Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:

  • Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas

 

  • Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente.

 

  • Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.

Suscriben el manifiesto:

ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals — AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid.) — Alianza por la solidaridad. — AMaSaP (Asociación Madrileña de Salud Pública.) — Amnistía Internacional.— APDHA (Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía).— Apoyo Positivo.— Asociación Cultural Candela — Asociación de Ayuda contra la Drogadicción "SILDAVIA" — Asociación de Usuarios de la Sanidad Región de Murcia.— AEDIDH (Asociación Española para el derecho internacional de los derechos humanos) — ARI Perú — Asociación Patim.— Asociación Salud y Familia. —ASTI (Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes) —
Attac España — Bolo-Bolo Castilla-La Mancha. — Cáritas Española.— CALCSICOVA — CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).— Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos— CESIDA. — COGAM.— Colectivo Feminista Las Tejedoras. — Comisión General de Justicia y Paz. — Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat — Comité Ciudadano Antisida de Salamanca. — EAPN España — EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública). — Echeverria Abogados.— Farmacéuticos Mundi. — FAUDAS (Federación Estatal de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH) Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español — Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública. — Federación Trabajando en Positivo. — FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). — Foro Galego de
inmigración. — FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal). — Fundación 26 de Diciembre — Fundació Migra Studium – Servei Jesuita a Migrants. — Fundación ACOBE. — Fundación Atenea. — Fundación Bachue. — Fundación Lucia — Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI) –- HOAC (Hermandad obrera de Accion Católica). — INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación). – — JEC (Juventud Estudiante Católica). — JOC (Juventud Obrera Cristiana).— Médicos del Mundo. — Medicus Mundi. — MPDL (Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad). — POAS (Plataforma de Organizaciones de Accion Social). — Plataforma en Defensa Sanidad Pública del Sureste de Madrid. — Proyecto Esperanza-Adoratrices. — PTS (Plataforma del Tercer Sector). — Red Acoge. — Salud por Derecho. — SARE (Prevención y apoyo a personas que viven con vih de Pamplona). — SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria). — SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.) — Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya — UNAD.


Sala de consulta en un centro de salud de la provincia de Maniema, en República Democrática del Congo © AI

Además de la necesidad de movilizar los recursos económicos y técnicos que sean precisos, la organización pone de relieve las siguientes cuestiones que requieren una atención especial, tanto en los planes de respuesta nacionales como en el marco de las iniciativas de asistencia internacionales:

  • Proteger a los trabajadores de atención de la salud y a los proveedores de servicios
  • Abordar el impacto desproporcionado sobre las mujeres
  • Aplicar un marco de derechos humanos para proteger la seguridad, la dignidad y las libertades de las comunidades afectadas
  • Garantizar el apoyo para la recuperación a largo plazo de los Estados afectados

Se ha informado de casos de ébola en los Estados de África occidental de Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Senegal, así como en la República Democrática del Congo. Un total de 14 de los 15 condados de Liberia han informado ya de casos confirmados. Los datos actuales indican que al menos 2.600 personas han muerto a causa del ébola y más de 5.000 están infectadas. Sin embargo, la recopilación de datos es deficiente, y el director general de la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que estas cifras son “muy inferiores a las reales”.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido de un aumento exponencial del número de personas infectadas con la enfermedad en África occidental y de la necesidad de ampliar de forma considerable la respuesta internacional. Los informes indican que los centros de salud están desbordados de pacientes, y que las personas que sufren la enfermedad tienen que trasladarse a otros lugares para buscar tratamiento o regresan a sus hogares y comunidades, lo que aumenta el riesgo de propagar aún más la infección. El 18 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró que el brote de ébola en África occidental constituye una amenaza para la paz y la seguridad.

La respuesta internacional

Los derechos humanos no pueden realizarse plenamente sin cooperación y asistencia internacional. Esto se refleja en el hecho de que la inmensa mayoría de los Estados del mundo han reconocido que las obligaciones en materia de derechos humanos incluyen la obligación de cooperación y asistencia internacional, incluso en lo relativo al derecho a la salud. En el contexto de una emergencia de salud como la crisis del ébola, esta obligación se activa mediante las peticiones de ayuda de los países afectados o de las Naciones Unidas (ONU). Todos los países que puedan responder deben hacerlo con la mayor prontitud posible. La respuesta debe respetar los derechos y tener en cuenta las necesidades a largo plazo además de las inmediatas.

Aunque en las últimas semanas ha aumentado la atención internacional hacia la situación en África occidental, hay demasiados aspectos de las crisis que no se han abordado todavía. El 5 de septiembre, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, hizo una petición de rescate internacional, diciendo que las semanas siguientes serían “cruciales” en la lucha contra la enfermedad. Desde esa fecha, aunque se han movilizado algunos recursos, éstos han sido en gran medida insuficientes para satisfacer las necesidades de los países afectados por la crisis. El 16 de septiembre, Médicos Sin Fronteras advirtió que el mundo estaba perdiendo la batalla para contener el ébola y que la respuesta seguía siendo "peligrosamente inferior” a la que se necesitaba. El mismo día, el secretario general de la ONU pidió 1.000 millones de dólares estadounidenses para la acción de respuesta.

Movilizar recursos económicos y técnicos es vital; además, debe prestarse atención a las cuestiones siguientes, tanto en los planes de respuesta nacionales como en la asistencia económica y técnica internacional.

Protección de los trabajadores de atención de la salud y de los proveedores de servicios

En primera línea de esta epidemia están los trabajadores y trabajadoras de la salud, el personal funerario y los trabajadores y trabajadoras comunitarios, que siguen prestando sus servicios con valentía a pesar de los riesgos personales y de haber perdido a colegas, familiares y amigos.

Más de 300 trabajadores y trabajadoras de la salud se han infectado, según la Organización Mundial de la Salud, y al menos 144 han muerto hasta ahora a causa de la enfermedad. El 14 de septiembre, un cuarto profesional de la medicina, una doctora, murió en Sierra Leona tras contraer la enfermedad en el desempeño de sus deberes profesionales.

Liberia y Sierra Leona, cuyos sistemas de salud estaban ya sobrecargados por años de conflicto, se esforzaron para prestar servicios de atención de la salud en los mejores momentos; ahora se derrumban bajo la presión que supone responder a la epidemia. No hay suficiente personal para atender a todos los pacientes. Aunque muchos profesionales sanitarios continúan trabajando heroicamente, lo hacen –en algunos casos– sin equipo de protección personal, o tienen que reciclar las escasas prendas protectoras de que disponen.

El apoyo de la comunidad médica internacional es vital, y personal médico extranjero se ha unido a sus colegas en primera línea, a veces con gran costo personal. Sin embargo, hace falta mucho más para apoyar a los equipos de respuesta médica nacionales e internacionales.

Se necesita equipo de protección personal, información, capacitación y apoyo psicosocial para apoyar al personal médico y de enfermería y al resto del personal de respuesta. Es necesario redoblar los esfuerzos para que el equipo y el apoyo técnico lleguen a los lugares donde se necesita. Los Estados deben asegurarse también de que se introducen mecanismos que garanticen el apoyo a las familias de los trabajadores de la salud y otras personas que han muerto o enfermado por haber atendido a víctimas del ébola.

Aunque la asistencia internacional debe conceder prioridad a las necesidades urgentes, también debe llegar para la reconstrucción a largo plazo de los sistemas de salud. Las comunidades de salud de los países afectados necesitan saber que recibirán apoyo para reconstruir sus sistemas de atención de la salud cuando la crisis haya pasado.

Abordar el impacto sobre las mujeres

La mujeres parecen correr un riesgo desproporcionado de contraer el ébola. Según UNICEF, las mujeres representan más del 50 por ciento del número total de personas fallecidas a causa de este brote de ébola, los niños y niñas el 22% y los hombres en torno al 25%. En Liberia, informes atribuidos al gobierno afirman que entre el 55% y el 75% de las personas que han muerto en ese país son mujeres.

Son varias las razones que explican por qué las mujeres son más vulnerables a contraer la enfermedad; en muchas zonas afectadas, son las mujeres y las niñas quienes soportan el peso de cuidar a los familiares enfermos y de lavar los cuerpos para los entierros tradicionales. El personal de enfermería de la región está integrado mayoritariamente por mujeres, y este personal constituye la mayoría del personal médico en la mayor parte de las instalaciones.

Además, las mujeres son especialmente vulnerables a la infección durante el embarazo porque, entre otras cosas, tienen más contacto con las instalaciones de salud. También pueden carecer de información relevante sobre la manera de protegerse. Por ejemplo, los hombres que se han recuperado del ébola siguen segregando el virus en su semen durante varias semanas después de la recuperación. Sin embargo, los expertos médicos han señalado que este hecho no es debidamente conocido.

Es preciso realizar evaluaciones adecuadas para identificar las dimensiones de género concretas de esta epidemia. Las mujeres deben participar en el desarrollo de estrategias, y deben recibir ayuda para abordar cualquier obstáculo concreto que se les oponga para seguir procedimientos de protección, debido a las actitudes dominantes acerca de los papeles asignados a los géneros, a la falta de acceso a información o a otra desigualdad existente con anterioridad.

La comunidad internacional tiene un papel importante que cumplir a la hora de garantizar que se toma en cuenta el género, y que las mujeres y expertos en los derechos de las mujeres participan en el diseño de programas a corto y a largo plazo para responder a la epidemia. Deben desarrollarse planes de acción específicos para abordar los riesgos relacionados con el género, y aportarse recursos para aplicar las medidas que se determinen. La cooperación y asistencia internacional serán vital en este sentido.

Aplicar un marco de derechos humanos para proteger la seguridad, la dignidad y las libertades de las comunidades afectadas

Contener y controlar la propagación del ébola es vital, y los países afectados hacen frente a importantes desafíos a ese respecto. Aunque reconociendo la complejidad de los desafíos, ciertas medidas de contención son motivo de preocupación.

Por ejemplo, en Sierra Leona, las Ordenanzas para la Prevención del Ébola y otras Enfermedades, de 2014, introducen penas de hasta seis meses de prisión para toda persona que albergue a alguien que haya, o pueda haber, contraído el ébola. Estos usos del derecho penal pueden ser contraproducentes, pues acrecientan el miedo y la desconfianza en el seno de las comunidades y entre las comunidades y las autoridades.

Los profesionales de la medicina han planteado preocupaciones semejantes en relación con algunas de las medidas de cuarentena que se han aplicado. El "cierre" de Sierra Leona durante tres días, del 19 al 21 de septiembre, fue criticado por Médicos sin Fronteras. Esta organización afirmó: “Nuestra experiencia ha sido que los cierres y las cuarentenas no ayudan a controlar el ébola ya que acaban por impulsar a la gente a esconderse y poniendo en peligro la confianza entre la gente y los proveedores de salud".

Las cuarentenas, que restringen el derecho a la libertad de circulación, sólo pueden estar justificadas en virtud del derecho internacional si son proporcionadas, tienen límites temporales, se imponen con fines legítimos, son estrictamente necesarias, voluntarias siempre que sea posible y se aplican de forma no discriminatoria. Este enfoque es necesario para mantener la confianza de la población, que es una parte esencial de la respuesta con éxito a las enfermedades infecciosas.

Han trascendido también informes de que se ha dejado sin alimentos y otros artículos de primera necesidad a personas en cuarentena y de uso de la fuerza por la policía al hacer cumplir cuarentenas. La comunidad internacional debe ayudar a los Estados afectados a garantizar que, al aplicar medidas de cuarentena y aislamiento, se hace de manera segura y respetuosa y se respetan y protegen los derechos de las personas en cuarentena.

La policía tiene un papel importante que desempeñar a la hora de controlar la propagación de la enfermedad y de garantizar la seguridad pública. La gestión policial de la cuarentena y otras medidas de contención debe ajustarse a las normas internacionales relativas a la labor policial, como el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Estos principios, que son de aplicación en todo momento, incluidas las situaciones de emergencia pública, estipulan que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, y que, en la medida de lo posible, deben usar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, que sólo debe usarse si otros medios son ineficaces. No deben utilizarse armas de fuego salvo en defensa propia o en defensa de otras personas contra la amenaza inminente de muerte o lesión grave.

Garantizar el apoyo para la recuperación a largo plazo

Además del apoyo médico, la comunidad internacional debe adquirir el compromiso de apoyar la recuperación a largo plazo de los países afectados por el ébola y de considerar las repercusiones más amplias. EL Banco Mundial, por ejemplo, ha señalado que las restricciones relacionadas con el ébola de la libertad de circulación de las personas “dan lugar a crisis alimentarias en las zonas en cuarentena y las más afectadas [...] y que: “un millón de personas en la región se enfrentan a una crisis alimentaria en los próximos meses”. El Banco ha advertido también que la enfermedad tendrá un impacto potencialmente “catastrófico” sobre las ya frágiles economías de Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Aun siendo vital el apoyo internacional para la respuesta médica, deben abordarse también las repercusiones más amplias en las economías y el desarrollo de los países afectados. Esto significa que deben llegar nuevos recursos de la comunidad internacional –a través de las agencias de la ONU y del compromiso debidamente coordinado de los donantes– y no sólo una reasignación de los fondos para ayuda existentes. Cuando la crisis haya pasado, no debe dejarse que las personas que sobrevivan soporten la miseria absoluta y penalidades cuando la atención internacional se dirija a otro lugar: deben adquirirse ahora compromisos de apoyo continuo de acuerdo las obligaciones jurídicas de los Estados.

Notas:

Más info en: http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/8-september-2014/en/
Véase el discurso pronunciado por la Dr Margaret Chan, Directora General de la OMS al Consejo de Seguridad , 18 de septiembre de 2014

WHO Director-General addresses UN Security Council on Ebola, 18 September 2014. Véase: http://www.who.int/dg/speeches/2014/security-council-ebola/en/
Véase: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-roadmap/en/ 

Véase: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-roadmap/en/

Véase por ejemplo: http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/overview-august-2014/en/
Véase:  http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/8-september-2014/en/" http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/8-september-2014/en/
Véase: UN News Centre, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48746
El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” El artículo 12 del Pacto garantiza el derecho el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Pacto ha sido ratificado por 162 Estados.

 http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3531

Por ejemplo, China y Estados Unidos han realizado aportaciones
http://www.msf.org.uk/ebola
http://www.nytimes.com/2014/09/18/world/africa/ebola-world-bank-west-africa-economy.html

http://www.nytimes.com/2014/09/18/world/africa/ebola-world-bank-west-africa-economy.html

WHO: Ebola Response Roadmap Situation Report 3, 12 September 2014 See pages 4 and the table on page 5.

http://www.theguardian.com/society/2014/sep/14/ebola-outbreak-fourth-doctor-dies-sierra-leone 

WHO, ‘Unprecedented number of medical staff infected with Ebola’, 25 August 2014. Véase: http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/25-august-2014/en/

The WHO Ebola Response Roadmap makes many suggestions along these lines, including on remuneration, training, equipment and medical care for health workers, and the need for personal protective equipment. See pages 10 & 11, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131596/1/EbolaResponseRoadmap.pdf?ua=1

Véase: VOA News, ‘Ebola Has Devastating Impact on Children in Liberia’, 12 September 2014, at

http://www.voanews.com/content/ebola-has-devastating-impact-on-children-in-liberia/2448520.html  http://www.voanews.com/content/ebola-has-devastating-impact-on-children-in-liberia/2448520.html

The figure of 75% is attributed to the Liberian Ministry of Health,. Véase: VOA News, ‘Ebola Has Devastating Impact on Children in Liberia’, 12 September 2014, at http://www.voanews.com/content/ebola-has-devastating-impact-on-children-in-liberia/2448520.html

http://www.voanews.com/content/ebola-has-devastating-impact-on-children-in-liberia/2448520.html A report by UN Women noted that the Liberian Ministry of Health and Social Welfare had put the figure at between 55 and 60%

Véase: http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/news1/ebola-toll-on-women-appalling The different percentages were given at different times, with 75% referred to in an early August briefing and the lower percentages (but still majority of those affected) referenced by officials in September.   

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women This statement by UN women puts the figure of women dying in Sierra Leone at 59% http://www.independent.co.uk/news/world/africa/ebola-virus-outbreak-this-is-why-75-of-victims-are-women-9681442.html

There is little data available for the current crisis. The gendered vulnerabilities to infectious diseases, including Ebola, are discussed in World Health Organization, Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases’, 2007, ISBN 978 92 4 159534 6.
World Health Organization, Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases’, 2007, ISBN 978 92 4 159534 6.
Véase: http://www.parliament.gov.sl/Portals/0/BILLS/PUBLIC%20EMERGENCY%20REGULATIONS%2020%20%20AUGUST%202014.pdf" http://www.parliament.gov.sl/Portals/0/BILL/PUBLIC%20EMERGENCY%20REGULATIONS%2020 %20AUGUST%202014.pdf

www.dw.de/msf-sierra-leone-lockdown-will-not-stem-ebola-spread/a-17906558" http://www.dw.de/msf-sierra-leone-lockdown-will-not-stem-ebola-spread/a-17906558 

See ICESCR General Comment 14 which describes the legitimate contexts in which states can take measures which may limit the exercise of other fundamental rights. “Issues of public health are sometimes used by States as grounds for limiting the exercise of other fundamental rights. The Committee wishes to emphasize that the Covenant’s limitation clause, article 4, is primarily intended to protect the rights of individuals rather than to permit the imposition of limitations by States. Consequently a State party which, for example, restricts the movement of, or incarcerates, persons with transmissible diseases such as HIV/AIDS, refuses to allow doctors to treat persons believed to be opposed to a government, or fails to provide immunization against the community’s major infectious diseases, on grounds such as national security or the preservation of public order, has the burden of justifying such serious measures in relation to each of the elements identified in article 4. Such restrictions must be in accordance with the law, including international human rights standards, compatible with the nature of the rights protected by the Covenant, in the interest of legitimate aims pursued, and strictly necessary for the promotion of the general welfare in a democratic society. http://allafrica.com/stories/201408151535.html

UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, Article 3
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms, principles 5 and 9.
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/09/16/ebola-world-bank-group-approves-grant-faster-epidemic-containment-guinea-liberia-sierra-leone

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/09/17/ebola-economic-impact-serious-catastrophic-swift-response-countries-international-community-world-bank

This has been emphasised by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment 3 on the nature of States Parties Obligations when it notes in particular the importance of the Declaration on the Right to Development adopted by the General  Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986 and the need for States parties to take full account of all of the principles recognized therein. It emphasizes that, in the absence of an active programme of international assistance and cooperation on the part of all those States that are in a position to undertake one, the full realization of economic, social and cultural rights will remain an unfulfilled aspiration in many countries.


La policía se enfrenta con los estudiantes manifestándose en favor de la democracia en Hong Kong. Los estudiantes utilizan los paraguas como escudos a los aerosoles de pimienta © Lam Yik Fei / Getty Images

La rapidez con que la policía de Hong Kong ha recurrido al uso de aerosoles de pimienta y a la detención durante las manifestaciones de anoche y de hoy en favor de la democracia hace temer de nuevo que las autoridades no respeten el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión en las manifestaciones de mayor tamaño aún previstas  para la semana próxima, ha manifestado Amnistía Internacional.

El viernes por la noche culminó una sentada de una semana de duración en la que participaban miles de estudiantes, al entrar un grupo de manifestantes en la Plaza Cívica, que estaba vallada, para protestar ante la sede del gobierno, mientras millares más se manifestaban fuera.

La policía reaccionó utilizando aerosoles de pimienta dentro y fuera de la plaza y efectuando detenciones. Retuvo a alrededor de 70 personas en la plaza durante toda la noche y se las llevó detenidas el sábado por la tarde.

"La respuesta policial a los sucesos del viernes por la noche es una alarmante señal de que las autoridades de Hong Kong van a adoptar una postura estricta contra toda manifestación pacífica que bloquee la zona financiera”, ha explicado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.

“La rapidez con que se ha hecho uso de aerosoles de pimienta, el despliegue de policía antidisturbios perfectamente equipada y las detenciones practicadas ante la sede del gobierno no auguran nada bueno a las manifestaciones potencialmente multitudinarias previstas para esta semana. Todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.”

Las organizaciones de movimiento Occupy Central han convocado a una multitud de hasta 10.000 manifestantes para bloquear el distrito financiero del centro de Hong Kong el 1 de octubre, Día Nacional de China. Los manifestantes están indignados con lo decidido recientemente por Pekín acerca de cómo se ejercerá el “sufragio universal” en el territorio, pues temen que impida celebrar una elecciones totalmente democráticas en 2017.

"Sólo como último recurso debe tomarse la decisión de disolver una manifestación pacífica –ha añadido Mabel Au–. Detener a personas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica constituye una violación del derecho internacional.”.

"Todo uso de la fuerza por parte de la policía es innecesario si la manifestación es pacífica y no hay razones legítimas evidentes para ello. Es importante recordar que una manifestación no pierde su carácter pacífico por que algunas personas se comporten de manera ilegal.”

La policía tiene la responsabilidad de facilitar realmente las manifestaciones pacíficas, no de hostigar a quienes están en todo su derecho a participar en ellas."

Amnistía Internacional insta a las autoridades a que cumplan con la obligación que han contraído en virtud del derecho internacional y de la legislación nacional de respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, las autoridades deben garantizar que todas las personas detenidas tienen con prontitud acceso a abogados y a los servicios médicos que puedan necesitar.

Hong Kong está obligado a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de la “mini Constitución” de Hong Kong, la norma fundamental, garantiza la “libertad de opinión, de prensa y de publicación; la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de protesta."

La protesta pública representa uso legítimo del espacio público, sea en un parque o un distrito financiero.

“Las autoridades no tienen derecho a tachar de ‘ilegal’ una manifestación pacífica sólo por que se interrumpa el tráfico de vez en cuando o porque no la hayan autorizado con antelación”, ha señalado Mabel Au.

La legislación de Hong Kong obliga a los organizadores de una manifestación a solicitar permiso para celebrarla. Según el derecho internacional, no hace falta la aprobación de las autoridades para celebrar protestas, aunque puede ser necesario notificarlas con antelación.

Información complementaria

De acuerdo con el derecho internacional, imponer restricciones a manifestaciones pacíficas sólo es permisible si resulta necesario para proteger intereses públicos legítimos o derechos ajenos. Toda restricción legítima ha de ser proporcional y lo menos restrictiva posible. La policía ha de evitar hacer uso de la fuerza, pero si tiene que recurrir a ella ha de hacerlo contra un objetivo legítimo, reconocido como tal por el derecho internacional de los derechos humanos, y en el grado mínimo necesario para alcanzar su fin.

El 1 de julio de este año se celebró en Hong Kong una de las mayores concentraciones de los últimos años, en la que participaron centenares de miles de personas. Tras la concentración, en la madrugada el 2 de julio, una organización estudiantil concovó una sentada en favor de la democracia en el centro del distrito financiero de Hong Kong, a la que asistieron millares de personas.

La policía detuvo a más de 500 de estas personas por cargos de “reunión ilegal” y “obstrucción de un lugar público”. De ellas, 25 han sido puestas en libertad bajo fianza, pero siguen siendo objeto de investigaciones criminales.

Según la policía, a primera horas del sábado se encontraban bajo custodia, tras su detención durante las manifestaciones del 26 y el 27 de septiembre, 13 personas de entre 16 y 35 años, acusadas formalmente de “entrar por la fuerza en establecimientos gubernamentales”, “obstruir un lugar público” y ”ofrecer resistencia y oposición a un funcionario público o a otra persona que desempeñe legalmente una función pública”, y habían resultado heridas al menos 28 personas, entre manifestantes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.


Graffiti en San Salvador “La criminalización del aborto es violencia del estado” © AI

Madrid.- América Latina y Caribe es una región que navega a contracorriente en relación a la legislación sobre el derecho al aborto. El 98% de los países del mundo permiten el aborto al menos cuando la vida de la mujer corre peligro y dos tercios lo permiten cuando la salud física o mental de la mujer está en riesgo. Sin embargo, siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones expresas están en América Latina y Caribe.

El Salvador, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional esta misma semana, tiene una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo. Las mujeres y las niñas no pueden acceder a un aborto, incluso si llevan adelante su embarazo puede acabar con sus vidas, o puede provocarles una incapacidad permanente. Ni siquiera una niña de nueve años, embarazada como resultado de una violación, puede abortar. Cada día, las mujeres y niñas de El Salvador se enfrentan a la prohibición total del aborto, una ley que acaba con la muerte de cientos de mujeres cada año al someterse a abortos clandestinos, y que criminaliza a las mujeres que se enfrentan a largas penas de cárcel, sólo porque exista la sospecha de que se han sometido a un aborto.

En Nicaragua ni siquiera se reconoce el aborto en caso de violación. En este país, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años, mayoritariamente niñas de entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas a causa de una violación y tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y no seguro, corriendo el riesgo de ser encarceladas si las descubren.

Otros países como Chile, han anunciado que va a revisar esta situación. En su programa de gobierno la actual Presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido expresamente que va a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto. El Salvador, así como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y Haití deberían seguir su ejemplo.

Pero incluso en los demás países de la región, que tienen leyes más o menos restrictivas, la falta de regulación del aborto no punible hace que haya un permanente manto de dudas sobre la legalidad de esta práctica y un estigma contra quienes buscan y practican estos abortos permitidos por ley.

En Argentina por ejemplo, si bien un fallo de la Suprema Corte de Justicia aclaró las excepciones a la criminalización del aborto y sus requisitos en 2012, muchas jurisdicciones provinciales siguen sin aplicarlo. En Perú, tras 90 años de haberse despenalizado el aborto terapéutico, en julio de este año se aprobó un protocolo para regularlo, pero sigue sin tener regulados los casos de aborto por violación o por riesgos a la salud psicológica de la mujer.

Despenalizar el aborto: un imperativo de derechos humanos
Este 28 de septiembre, Día internacional por la despenalización del aborto en América Latina, Amnistía Internacional pide a todos los Estados de esta región que deroguen las leyes que penalizan el aborto y garanticen que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de aborto al menos en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud física o mental, donde hay malformación fetal grave, y en casos de violación o incesto.

Hace 20 años, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, los Gobiernos se comprometieron a “modificar las leyes (…) sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”. También en el 2014 se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Para, donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Despenalizar el aborto es un compromiso con el derecho a la igualdad de las mujeres y un imperativo de derechos humanos.

Algunas cifras en el mundo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una clara correlación entre la penalización del aborto y la muerte de mujeres por esta causa. La mortalidad materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto.

Todos los años mueren a causa de su embarazo 70.000 adolescentes (Fuente: UNFPA – Fondo de Población de Naciones Unidas).

Se calcula que todos los años se producen 22 millones de abortos no seguros (Fuente: OMS).

El aborto no seguro es una de principales causas de muerte materna, pues alrededor del 13 por ciento de las que se producen en el mundo se deben a él. ( Fuente: OMS).

 

47.000 mujeres embarazadas mueren todos los años por complicaciones derivadas de abortos no seguros. (Fuente: OMS, 2003)

40% de las mujeres en edad de procrear viven en países donde el aborto ésta prohibido o restringido o es inaccesible. (Fuente: OMS, 2003).

El UNFPA ha determinado que el uso de anticonceptivos podría prevenir 187 millones de embarazos no deseados, 105 millones de abortos inducidos y 215.000 muertes maternas al año. Sin embargo, según el Centro Internacional de Investigación de la Mujer, se calcula que, en todo el mundo, 215 millones de mujeres desean dejar de tener hijos o retrasar el momento de tenerlos, pero no utilizan –o no pueden utilizar– anticonceptivos.


Graffiti en una calle de San Salvador.

San Salvador.- La represiva y desfasada prohibición total del aborto por parte del gobierno destroza las vidas de mujeres y niñas en El Salvador, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos embarazos, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las que ponen fin a sus embarazos, además, se arriesgan a pasar años en la cárcel.

El reciente informe de Amnistía Internacional titulado Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos. La criminalización de esta práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel.

"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en el lanzamiento del informe hoy en San Salvador.

“Lo terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir". Debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel.

Amnistía Internacional documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas. Según las leyes sobre homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel.

Así le ocurrió a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo. María Teresa Rivera, madre de un niño de 5 años, no sabía que había vuelto a quedarse embarazada hasta que la sacaron en ambulancia de la fábrica de prendas de vestir donde trabajaba y la ingresaron en un hospital. Su suegra la había encontrado sangrando tendida en el suelo del aseo de la fábrica. Un miembro del personal del hospital informó a la policía sobre el caso. Ésta llegó y empezó a interrogar a María Teresa sin la presencia de un abogado.

En julio de 2012 la juzgaron y declararon culpable de homicidio agravado, a pesar de existir graves deficiencias en las pruebas presentadas contra ella. Su hijo tendrá 45 años cuando ella salga de la cárcel.

María Teresa Rivera es una de tantas mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo, incluidos abortos inducidos y espontáneos. Algunas ya han pasado más de 10 años en prisión. Ella, como la mayoría de las mujeres del informe de Amnistía Internacional, proceden de los sectores más pobres de la sociedad.

La prohibición del aborto incluso se extiende a niñas que han sido violadas. La ley obliga a todas las mujeres a llevar a término el embarazo, aunque esto pueda tener efectos devastadores sobre ellas, tanto física como psíquicamente.

Un médico que trató a una niña de 10 años que había sido violada contó a Amnistía Internacional: "Fue un caso bien difícil […] porque ella no entendía lo que le estaba pasando […] Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos partió el alma a todos [...] [d]ijimos: ‘¡Si es una niña! Es una niña’. Y ella al final no entendía que estaba esperando.” A esta niña la obligaron a continuar con su embarazo.

La represiva legislación contra el aborto en El Salvador es reveladora de una discriminación mucho más amplia contra las mujeres y las niñas en el país. Los estereotipos de género llegan incluso a las decisiones judiciales, y los jueces en ocasiones cuestionan la credibilidad de las mujeres. Las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las niñas significan también que el acceso a la educación sexual y los métodos anticonceptivos es casi imposible.

“La inacción del gobierno salvadoreño a la hora de abordar la discriminación contra las mujeres limita gravemente las vidas de las mujeres y las niñas. Al negarse a resolver adecuadamente las infranqueables barreras existentes para acceder a métodos anticonceptivos y a una verdadera educación sexual, condenan a generaciones de mujeres jóvenes a un futuro determinado por la desigualdad, la discriminación, la limitación de sus opciones y la restricción de sus libertades", ha dicho Salil Shetty.

“El mundo no puede permanecer pasivo observando cómo las mujeres y las niñas de El Salvador sufren y mueren. Amnistía Internacional pide al gobierno de El Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. El gobierno debe proporcionar a las mujeres y las niñas acceso a servicios de aborto seguros y legales cuando el embarazo represente un riesgo para su vida o su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos grave malformación del feto."  

Para apoyar esta petición, la organización ha puesto en marcha una ciberacción a través de su centro de activismo en Internet: www.actuaconamnistia.org que busca la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas de El Salvador. Esta acción se enmcarca en la campaña global de Amnistía Internacional: #MiCuerpoMisDerechos lanzada en marzo pasado.

Información complementaria
El Salvador es uno de los siete países de América Latina donde el aborto está totalmente prohibido por ley, junto con Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Algunos de estos países, como es el caso de Chile, ya están tomando medidas para modificar sus leyes.

El caso de Beatriz, una joven de 22 años procedente de una zona rural de El Salvador, tuvo gran difusión el año pasado. Beatriz padecía lupus y otros problemas graves de salud. Se quedó embarazada, pero quedó patente que el feto era anencefálico (carecía de una gran parte del cerebro y del cráneo), una malformación mortal que no le permitiría sobrevivir más que unas horas o días tras el nacimiento. Se le negó la posibilidad de abortar a pesar de que el caso llegó hasta la Corte Suprema. El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa internacional, el gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana. El recién nacido murió horas después.


Un edificio destruido en Yarmouk, Siria, en mayo 2014 como consecuencia de los bombardeos del gobierno © Rame Alsayed

Cualquier intervención adicional en Oriente Medio debe incluir planes para abordar el sufrimiento de la población civil siria, ha afirmado hoy martes una coalición global de 39 destacadas organizaciones humanitarias y de derechos humanos.

En vísperas de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la coalición #WithSyria, de la que forman parte, entre otras organizaciones, Save the Children y Amnistía Internacional, insta a los líderes mundiales, al margen de a quién apoyen en el conflicto, a dejar claro que están del lado de la población civil. Esto incluye usar su poder para garantizar que se respeta el derecho internacional y se pone fin a los ataques contra la población civil, incluidas escuelas, hospitales y refugios. De acuerdo con la ONU, los ataques directos, indiscriminados y desproporcionados de grupos de todas las partes son responsables de la mayoría de las muertes de civiles, así como de impedir que en algunas zonas las agencias humanitarias lleguen a quienes las necesitan con urgencia.

“Es preciso que esta semana los líderes mundiales expliquen cómo cumplirán su promesa de febrero, y trabajen juntos para poner fin a los ataques contra civiles y garanticen que la ayuda llega a las personas que la necesitan”, ha manifestado David Miliband, presidente y director gerente de Comité Internacional de Rescate, miembro de la coalición #WithSyria. “El mundo no debe dar la espalda al pueblo de Siria, que está siendo atacado de forma indiscriminada y directa desde hace más de tres años”, ha agregado David Miliband.

En febrero de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU, del que forman parte algunos de los países más poderosos del mundo, aprobó por unanimidad poner fin a los ataques directos e indiscriminados contra la población civil de Siria y garantizar que la ayuda humanitaria llega a los millones de personas que la necesitan. Seis meses más tarde, el país está más sumido en el caos que nunca; más de 1.500 grupos armados operan en todo el país y los combates se han propagado hasta el norte de Irak. Desde febrero, sólo en la ciudad de Alepo se han producido más de 650 ataques con impactos considerables.

“El mundo está justamente horrorizado por los acontecimientos recientes en Irak y Siria. Pero una estrategia militar no pondrá fin a la angustia cotidiana de millones de sirios que siguen sufriendo dolor, pérdida y miedo en proporciones inimaginables todos y cada uno de sus días”, ha afirmado la doctora Rola Hallam, de Hand in Hand for Siria, organización benéfica médica que opera en algunas de las zonas más afectadas de Siria. “He visto la devastación causada por los bombardeos de escuelas y hospitales donde las familias buscaban refugio. Es horroroso, es inmoral y tiene que terminar.”

La situación ha llegado a ser tan atroz en parte porque “quienes matan, destruyen y torturan en Siria se han visto empoderados y envalentonados por la parálisis internacional”, según Navi Pillay, hasta este mes alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

La coalición de organizaciones de 27 países de todo el mundo ha lanzado una petición para exigir que los líderes expliquen las medidas diplomáticas adicionales que tomarán para poner fin a los ataques indiscriminados, tal como se prometió en febrero, y para recordarles que, aun cuando el final del conflicto pueda no estar a la vista, es posible salvar vidas ahora. Un vídeo publicado en YouTube para llevar la campaña a un público más amplio ha cosechado ya casi 400.000 visualizaciones desde su lanzamiento la semana pasada.

El diluvio diario de bombardeos indiscriminados o deliberados de civiles está hiriendo a una generación entera”, ha declarado Karim Lahidji, presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). “Si los líderes que se reúnen esta semana en Nueva York no tratan de contener el derramamiento de sangre y proteger de todo daño a la población civil, sembraremos las semillas de decenios más de sufrimientos y agitación. Actuar para proteger a la población civil de Siria es, lisa y llanamente, lo que se debe hacer. Pero aprendamos también de los errores del pasado y abordemos las causas más profundas de la inestabilidad de la región, no sólo sus aterradoras repercusiones.”

El acuerdo de febrero, la Resolución 2139, que simplemente exigía a las partes el cumplimiento de sus obligaciones básicas en virtud del derecho internacional, ha sido ignorado en gran medida. Fue acogido justamente como un gran avance diplomático, pero no se ha traducido en cambios suficientes para el pueblo sirio, que está pagando el precio de la inacción global. Cuando la atención del mundo se dirige ahora a la crisis política más amplia, la coalición #WithSyria hace un llamamiento a los líderes para que cumplan la promesa que el Consejo de Seguridad hizo en febrero de proteger a la población civil.

David Miliband ha concluido: “Atrapados en un conflicto del que no son responsables, los sirios mueren todos los días. Como agencias humanitarias, nuestro mandato es prestarles ayuda, pero hay personas a las que no podemos llegar debido a la continuidad de los ataques de todas las partes, que también ponen en peligro a nuestro personal.”


El proyecto de ley contra la homosexualidad fomentará la homofobia y representará un importante paso atrás para los derechos humanos en Chad si se aprueba, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Las enmiendas al Código Penal propuestas por el gobierno penalizarían las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Chad con condenas de entre 15 y 20 años de prisión y multas de entre 50.000 y 500.000 francos CFA (entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses).

“La criminalización de personas basada únicamente en su orientación sexual y su identidad de género incumple las obligaciones internacionales y regionales de Chad en materia de derechos humanos, y es un gran paso atrás para la tolerancia y el respeto a estos derechos en el país”, ha declarado Stephen Cockburn, director adjunto del Programa Regional para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional ha analizado el proyecto de ley. La imprecisión de las disposiciones propuestas es también sumamente preocupante: se podría investigar y enjuiciar a personas por homosexualidad, por una denuncia o sólo por un rumor. Las personas a las que se perciba como homosexuales o que no se someten a los estereotipos de género tradicionales no podrán vivir su vida con igualdad y dignidad.”

Si el proyecto de ley se aprueba en su forma actual, Chad tendrá un Código Penal discriminatorio que vulnerará los derechos de estas personas y fomentará la homofobia. Tanto el gobierno como el Parlamento deben garantizar que cualquier ley que se adopte respeta los principios fundamentales de los derechos humanos, incluidos los relativos a la no discriminación y la igualdad para todas las personas.”

En una preocupante tendencia, el proyecto de ley de Chad llega apenas unas semanas después de que los legisladores gambianos propusieran una ley que establecería penas de hasta cadena perpetua para lo que han calificado de “homosexualidad agravada”.


Manifestación contra la reforma sobre aborto, 8 de marzo de 2014 (AP Photo / Andres Kudacki)

Amnistía Internacional muestra su satisfacción ante las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que se confirma la decisión del Ejecutivo de no seguir adelante con el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Con esta rectificación, el Gobierno deja de poner en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres en España y se mantiene en la línea legal de la mayoría de los países de la Unión Europea.

La organización, que ha recogido más de 110.000 firmas de diferentes países para exigir la retirada del anteproyecto, ha mostrado a pesar de todo su preocupación por el anuncio del Gobierno de seguir adelante con la exigencia del consentimiento parental a las menores de 16 y 17 años para interrumpir su embarazo. Esta exigencia, asegura Amnistía Internacional, vulneraría las normas internacionales ya que merman la autonomía de la mujer.

Asimismo, la organización señala que se vulnerarían también las últimas recomendaciones de Naciones Unidas, concretamente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en la materia, que instan a garantizar una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes. Además, Amnistía Internacional recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que el requisito de la autorización parental puede desalentar a la mujer de buscar servicios legales y sin riesgos, pudiéndose incrementar el número de abortos clandestinos, con riesgo sobre la salud y la vida de las menores. El requisito de autorización de los padres puede violar el derecho a la privacidad de las adolescentes.

Por último, la organización quiere destacar también la importancia de la reacción de la sociedad civil española, y la movilización social desde diferentes ámbitos como el de salud y mujeres que se posicionaban en contra de este anteproyecto.


Un oficial, junto a la Exposición Internacional de China sobre equipo tecnológico de la Policía Antiterrorista (CIPATE) en Pekín 05 2009. © Feng Li / Getty AFP

El floreciente sector del comercio, la fabricación y la exportación de instrumentos de tortura por parte de empresas chinas está alimentando las violaciones de derechos humanos en todo África y Asia, según ha revelado una nueva investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega.

El nuevo informe, titulado China’s Trade in Tools of Torture and Repression, muestra que ya hay más de 130 empresas chinas que participan en la fabricación y el comercio de material peligroso de mantenimiento de la ley, frente a las tan sólo 28 que se dedicaban a este sector hace una década.

Algunos de los dispositivos comercializados abiertamente por estas empresas –entre los que se encuentran porras eléctricas, porras con púas de metal y grilletes con peso para las piernas– son intrínsecamente crueles e inhumanos y, por tanto, deben prohibirse de inmediato.

Otros materiales –que pueden tener un uso legítimo en la labor policial, como gas lacrimógeno, proyectiles de plástico o vehículos antidisturbios– se están exportando desde China a pesar de que existe un riesgo sustancial de que las fuerzas del orden de los países receptores los utilicen para cometer violaciones de derechos humanos.

“Cada vez hay más empresas chinas que se están beneficiando del comercio de herramientas de tortura y represión, alimentando abusos contra los derechos humanos en todo el mundo”, ha manifestado Patrick Wilcken, investigador sobre el comercio de equipo de seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.

“Este comercio, que provoca un sufrimiento inmenso, está en auge porque las autoridades chinas no han hecho nada por impedir que las empresas suministren estos nauseabundos dispositivos o que el material policial caiga en manos de elementos de los que se sabe que cometen abusos contra los derechos humanos.”

Las empresas chinas –en su mayoría de propiedad estatal– tienen una presencia cada vez más fuerte en el mercado global de material para las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.

China es el único país del que se sabe que fabrica porras con púas: porras que tienen púas de metal a todo su largo, o bien porras de plástico con una cabeza de metal terminada en punta. Están diseñadas específicamente como herramientas de tortura, y pueden causar un dolor y un sufrimiento muy considerables.

Varias empresas chinas anuncian abiertamente estas porras inhumanas para su exportación. Según la información recibida, la policía de Camboya ha utilizado porras con púas de fabricación china, y estas porras se han exportado también a las fuerzas de seguridad de Nepal y Tailandia.

La investigación concluyó que 29 empresas chinas dedicadas a la exportación anunciaban porras eléctricas inherentemente crueles. Con estos dispositivos, a los agentes de seguridad les resulta fácil aplicar manualmente descargas eléctricas múltiples, sumamente dolorosas, en zonas sensibles del cuerpo, como los genitales, la garganta, la ingle o las orejas, sin dejar rastros físicos duraderos.

Decenas de empresas chinas fabrican y comercializan dispositivos de inmovilización abusivos, como grilletes para las piernas que llevan un fuerte peso, o sillas de inmovilización rígidas; una empresa fabrica esposas con combinación para el cuello. Estos dispositivos de cuello pueden poner en peligro la vida de una persona al limitar la respiración, la circulación de la sangre y la comunicación nerviosa entre el cuerpo y el cerebro.

El estudio de los materiales comercializados por varias de las empresas revela que estos materiales se están vendiendo a varios órganos de cumplimiento de la ley de todo el mundo, incluidos algunos que cometen abusos persistentes contra los derechos humanos.

“No existe excusa alguna para permitir la fabricación y comercialización de un material cuyo fin principal es torturar o infligir trato cruel, inhumano o degradante a personas. Estos atroces actos están totalmente prohibidos en virtud del derecho internacional, y las autoridades chinas deben prohibir de inmediato la fabricación y comercialización de esos dispositivos crueles e inhumanos”, ha manifestado Patrick Wilcken.

Una empresa –China Xinxing Import / Export Corporation, que ha hecho publicidad de materiales tales como esposas para pulgares, sillas de inmovilización, y armas y porras eléctricas– declaró en 2012 que tenía vínculos con más de 40 países africanos, y mantenía relaciones comerciales con África por valor de 100 millones de dólares estadounidenses.

Amnistía Internacional y Omega hallaron indicios de lo que parecían ser porras eléctricas de fabricación china utilizadas por la policía en Ghana, Senegal, Egipto y Madagascar.

Las empresas chinas también siguen exportando material que sólo puede tener un uso legítimo en las labores de cumplimiento de la ley si dicho uso es conforme con las normas internacionales y si los agentes cuentan con formación adecuada y rinden plena cuenta de sus actos. Sin embargo, el informe cita casos de exportación de material de cumplimiento de la ley potencialmente peligroso desde China a países en los que existe un riesgo sustancial de que ese material contribuya a violaciones graves de derechos humanos.

Un ejemplo destacado en el informe es un gran envío de material “antidisturbios” chino exportado a Uganda en febrero de 2011 pese a la preocupación por el hecho de que la tortura y los malos tratos a manos de la policía eran generalizados en el país.

Dos meses después, las fuerzas de seguridad ugandesas utilizaron material antidisturbios chino para reprimir duramente las protestas contra el aumento del coste de la vida en el país. Durante la violenta represión, en la que al menos nueve personas murieron por disparos, más de un centenar resultaron heridas y 600 fueron detenidas, se utilizaron vehículos blindados de fabricación china.

También se utilizó material antidisturbios chino para reprimir la disidencia en la República Democrática del Congo durante las elecciones de 2011, que dieron lugar a una violencia en la que al menos 33 personas murieron y 83 resultaron heridas. La exportación se llevó a cabo pese a los indicios de que las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo estaban cometiendo violaciones de derechos humanos generalizadas.

El informe muestra que los controles de China a la exportación de material para el cumplimiento de la ley son débiles y poco transparentes y no parecen evaluar el historial de derechos humanos del país receptor.

“El deficiente sistema de exportación de China ha permitido que prospere el comercio de la tortura y la represión. Es urgente que las autoridades chinas realicen una reforma fundamental de su normativa comercial para poner fin a la transferencia irresponsable de material de cumplimiento de la ley a organismos que probablemente utilizarán ese material para violar los derechos humanos”, ha manifestado Patrick Wilcken.

El sistema de exportación chino no es el único que no controla de manera efectiva la transferencia de material de cumplimiento de la ley con el fin de garantizar que respeta los derechos humanos. El comercio mundial de este tipo de material está poco controlado, e incluso los países –como algunos de la UE o Estados Unidos– que cuentan con normativas más completas deben mejorarlas y cerrar las lagunas a medida que nuevos productos y tecnologías llegan al mercado.

El crecimiento del comercio internacional chino de herramientas de tortura y represión ha tenido lugar ante un telón de fondo de violaciones constantes de derechos humanos cometidas en la propia China. La tortura y los malos tratos, al igual que el uso de la fuerza arbitraria, siguen siendo generalizados durante la detención y la represión de las protestas en el país. Amnistía Internacional ha documentado una amplia diversidad de torturas físicas en China, entre ellas algunas que entrañaban el uso de porras eléctricas.

Un superviviente chino de tortura dijo a Amnistía Internacional: “[Los policías] me pusieron una porra eléctrica en la cara; es un tipo de tortura que la policía llama ‘palomitas bengbao’, porque la cara se te abre y parece una palomita. El olor era espantoso, a piel quemada”.

El informe destaca también el uso indebido generalizado de dispositivos mecánicos de inmovilización contra personas detenidas en China. Muchos detenidos denunciaron que los habían atado por las muñecas y los tobillos, los habían colgado del techo o los habían obligado a permanecer en posturas en tensión.

Amnistía Internacional y Omega instan a las autoridades chinas y a las de todos los demás países a:

  • dictar una prohibición inmediata de la fabricación y comercialización de material inherentemente abusivo;
  • suspender inmediatamente o denegar las licencias comerciales para el suministro de otros materiales a los organismos y fuerzas encargados de hacer cumplir la ley cuando exista un riesgo sustancial de que esos materiales se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos;
  • establecer normativas y prácticas para el control de las exportaciones de material policial y de seguridad que pueda tener un uso legítimo pero pueda utilizarse fácilmente para cometer abusos;
  • poner fin a todos los actos de tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, así como al uso arbitrario de la fuerza, e investigar todas las denuncias de esos actos para llevar a los responsables ante la justicia.