Amnistía Internacional España

La Plataforma Gaza es un proyecto piloto de nueva herramienta de mapeo y visualización de datos © Forensic Architecture/Amnesty International Amnistía Internacional y Forensic Architecture han presentado hoy una herramienta online de investigación que mapea los ataques israelíes cometidos en Gaza durante el conflicto de julio y agosto de 2014. Su finalidad es contribuir a presionar para que se rindan cuentas de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario.
La Plataforma Gaza permite al usuario explorar y analizar datos sobre la operación militar realizada por Israel en Gaza en 2014. Los datos preliminares incluidos actualmente en la Plataforma, que se actualizarán en los próximos meses, ya ponen de relieve la existencia en los ataques de las fuerzas israelíes de varias constantes que indican que se cometieron violaciones graves y sistémicas.
“La Plataforma Gaza es el registro más completo hasta la fecha de los ataques realizados durante el conflicto de 2014. Nos permite reconstituir más de 2.500 ataques, lo que ilustra la amplia escala de la destrucción causada por las operaciones militares de Israel en Gaza durante la guerra de 50 días del verano pasado”, dijo Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.  
“Al revelar las constantes en lugar de presentar sin más una serie de ataques individuales, la Plataforma Gaza tiene el potencial de exponer el carácter sistemático de las violaciones cometidas por Israel durante el conflicto. Nuestro objetivo es que se convierta en un valioso recurso para los investigadores de derechos humanos que exigen la rendición de cuentas de las violaciones cometidas durante el conflicto.”
Cómo funciona la Plataforma Gaza

La Plataforma registra la hora y el lugar de cada ataque en un mapa interactivo y lo clasifica en función de numerosos criterios, como el tipo de ataque, el lugar atacado y el número de víctimas, para poner de relieve constantes. También se incluyen fotos, vídeos y testimonios de testigos e imágenes de satélite de los ataques cuando se dispone de ellos. Con la ayuda de la nueva tecnología de visualización de datos y mapeo digital, los usuarios pueden ver y buscar esta información para detectar constantes en la conducta de las fuerzas israelíes durante el conflicto. El objetivo es identificar y divulgar constantes que puedan ayudar en el análisis de determinados ataques para determinar si constituyen violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra.
Un equipo de investigación lleva varios meses trabajando en Londres y Gaza para reunir los datos recogidos en el terreno por las organizaciones de derechos humanos de Gaza Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos, así como la información recabada por Amnistía Internacional, y alimentar la Plataforma con ellos.
La presentación de la Plataforma sólo es el comienzo del proyecto, que se actualizará con nuevos datos a medida que continúa la labor de recoger más información relacionada con el conflicto.
Constantes de las violaciones israelíes

Aunque aún se están procesando una enorme cantidad de información multimedia, como testimonios, fotos, vídeos e imágenes de satélite, la Plataforma Gaza muestra actualmente que durante el conflicto de 2014, se realizaron más de 270 ataques israelíes con fuego de artillería, que causaron la muerte de más de 320 civiles. El uso reiterado de la artillería, un arma explosiva de poca precisión, en zonas densamente pobladas por civiles, constituye ataques indiscriminados que deben investigarse como crímenes de guerra.
La Plataforma ilustra claramente asimismo una constante abrumadora de ataques contra viviendas, con más de 1.200 ataques israelíes contra casas que causaron más de 1.100 muertes de civiles. Los ataques directos contra civiles que no participan directamente en las hostilidades y contra bienes de carácter civil están prohibidos en el derecho internacional humanitario o “leyes de la guerra”. Amnistía Internacional, la Comisión de Investigación de la ONU y otras organizaciones que monitorean conflictos han dado la voz de alarma sobre el elevado número de ataques de este tipo cometidos durante el conflicto de 2014.
Los usuarios también pueden observar otras constantes inquietantes, como los ataques israelíes contra personal de primera intervención y trabajadores y centros médicos, así como el amplio uso de ataques de advertencia “golpe en el tejado”, en los que un misil lanzado desde un dron va seguido poco después de una bomba mayor. Amnistía Internacional considera que estos ataques no constituyen un aviso eficaz y que no eximen a Israel de la clara obligación de no dirigir ataques contra civiles o bienes de carácter civil.
Herramienta innovadora para la investigación en derechos humanos

“La presentación de la Plataforma Gaza hoy, un año después del comienzo del conflicto, es un paso significativo en el proceso de documentar toda la escala de las violaciones que se cometieron en Gaza el año pasado. También es una petición para que la ciudadanía y otras organizaciones envíen más fotografías, testimonios y otros tipos de prueba de ataques que hayan sufrido o documentado durante el conflicto”, declaró Eyal Weizman, director de Forensic Architecture.
La era digital ha aumentado con rapidez el ritmo y los medios para recoger información durante una crisis de derechos humanos como el conflicto del año pasado de Gaza. Las pruebas multimedia pueden desempeñar a menudo un papel fundamental para confirmar lo que sucedió después de los hechos. La Plataforma ofrece un método nuevo y eficiente para procesar y referenciar entre sí diferentes tipos de información.
“La Plataforma Gaza aprovecha el poder de las nuevas herramientas digitales para arrojar luz sobre sucesos complejos como la última guerra de Gaza. Permite a los usuarios moverse en diferentes escalas, desde los aspectos más detallados de cada incidente hasta la perspectiva general del conflicto, revelando conexiones entre sucesos dispersos”, afirmó a su vez Francesco Sebregondi, investigador de Forensic Architecture y coordinador del proyecto Plataforma Gaza.
“Consideramos que este proyecto es un primer paso hacia unos esfuerzos de monitoreo de conflictos más efectivos, respaldados por plataformas colaborativas que faciliten el intercambio de datos entre testigos en el terreno, organizaciones y ciudadanos de todo el mundo.”
Información complementaria

Forensic Architecture es un proyecto de investigación y asesoría con sede en Goldsmiths, en la Universidad de Londres.
La Plataforma Gaza es un proyecto piloto de nueva herramienta de mapeo y visualización de datos encaminada a respaldar la investigación sobre conflictos armados y violaciones de derechos humanos. Con el nombre de PATTRN, la herramienta ha sido desarrollada por Forensic Architecture y aplicada por primera vez por Amnistía Internacional en asociación con las organizaciones palestinas de derechos humanos Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos. La meta a largo plazo es crear una herramienta que pueda ser utilizada más ampliamente por investigadores de derechos humanos, otros investigadores, periodistas y ciudadanos, que les permita compartir información y monitorear conflictos y crisis de forma colaborativa.


Imagen del acto de prensentación de la campaña “Blinda Tus Derechos”. Foto: AI Los directores de Amnistía Internacional (Esteban Beltrán), Greenpeace (Mario Rodríguez) y Oxfam Intermón (José María Vera) presentaron hoy en rueda de prensa la campaña “Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53” que apuesta por una reforma constitucional que mejore las garantías de protección de los derechos humanos y que incluya otros que hoy no están recogidos en la Carta Magna.
Las organizaciones han denunciado que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.
Bajo esta Constitución, la desigualdad crece y ya somos el segundo país más desigual de Europa, con 760.000 personas sin ingresos. Detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 600.000 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Con motivo de las políticas de austeridad, se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1. Por otra parte, el derecho a un medio ambiente saludable está recogido en el artículo 45 y entre 2009 y 2015 la inversión en este ámbito ha sufrido un recorte del 56% en los Presupuestos Generales del Estado.
Para ello, las organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, que es el responsable de hacer una distinción artificial entre derechos, como el derecho a la vida o a la libertad (que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales), y el derecho a la vivienda o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.
“La Constitución no ha actuado como escudo protector ante algunas violaciones de los derechos humanos y eso debe cambiar. Todos los derechos humanos son iguales y deben tener las mismas garantías de protección“, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Las organizaciones resaltan que los derechos humanos no pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, y denuncian que durante la crisis económica se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos, precisamente cuando la obligación y el esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos deberían haber sido mayores que nunca.
Además, queremos que la Constitución vaya un paso más allá y mejore, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, así como garantizar el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible.
Otro aspecto básico es reforzar la protección y defensa del derecho al medio ambiente. Este derecho, recogido en el artículo 45 de nuestra constitución, no es actualmente un derecho fundamental, lo que se traduce en que no puede ser exigido directamente ante los tribunales. Esto provoca una persistente dificultad para asegurar su cumplimiento, lo que tiene como consecuencia un grave daño al interés general de la preservación del ecosistema, al derecho a la protección de la salud de todas las personas y a los derechos de las generaciones futuras.
“Los incumplimientos de la normativa ambiental son constantes en nuestro país. Por ello, el reconocimiento expreso en la Constitución del derecho fundamental a un medio ambiente saludable y adecuado es imprescindible para otorgar al medio ambiente la importancia que merece”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

Nuevos derechos para responder a nuevos retos
“La creciente desigualdad en España y en la mayoría de países es uno de los nuevos retos del planeta. Por ello nuestra Constitución debe garantizar a las personas más vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente, incorporando el derecho a una renta básica. También garantizar una política pública de cooperación para el desarrollo fuerte, ya que con un recorte del 70% durante la crisis, esta se encuentra al borde del desmantelamiento y lejos no ya del objetivo internacional del 0,7% del PIB, sino de la media europea”, afirma José María Vera, director de Oxfam Intermón.
Para lograr estos objetivos, es necesario un sistema fiscal más justo equitativo y progresivo, tanto en la forma en la que se recaudan los ingresos del Estado como en el destino de los gastos, recaudando más de quienes más tienen e invirtiendo en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables. La Constitución debe reflejar de forma clara la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar al cumplimiento de los derechos humanos.
Por tanto y conforme al Derecho Internacional, las tres organizaciones, cada una en su ámbito de trabajo y especialización, piden una reforma de 24 disposiciones de la Constitución que:

  • Proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas. Los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías.
  • Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en nuestro país, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.
  • Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.
  • Incorpore el derecho a la renta básica, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad; y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
  • Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.
  • Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.


Inmigrantes cruzando Macedonia, cerca de la localidad griega de Idomeni © AI Miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes —menores incluidos— que realizan travesías peligrosas por los Balcanes sufren abusos violentos y extorsión a manos de las autoridades y de bandas criminales; lamentablemente, la UE, con su deficiente sistema de asilo y migración, las deja atrapadas y sin protección en Serbia y Macedonia, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Según Europe’s borderlands: Violations against migrants and refugees in Macedonia, Serbia and Hungary, un número cada vez mayor de personas vulnerables está atrapada en un limbo legal en los Balcanes. La situación se ve exacerbada por devoluciones “en caliente” o expulsiones en cada frontera, el acceso limitado al asilo durante la travesía y la inexistencia de rutas seguras y legales para entrar en la UE.
“Las personas refugiadas que huyen de la guerra y la persecución emprenden este viaje por los Balcanes con la esperanza de encontrar seguridad en Europa y se convierten en cambio en víctimas de abusos y de explotación, a merced de unos sistemas de asilo deficientes”, dijo Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Serbia y Macedonia se han convertido en el vertedero donde va a parar el exceso de refugiados y migrantes que nadie de la UE parece dispuesto a recibir.”

El informe se basa en las visitas de investigación que realizamos entre julio de 2014 y marzo de 2015 a Serbia, Hungría, Grecia y Macedonia, así como en entrevistas con más de 100 personas refugiadas y migrantes. Sus testimonios revelan las terribles condiciones que afrontan quienes recorren la ruta de los Balcanes occidentales, que ha superado a la del Mediterráneo para convertirse en el punto de entrada irregular en la UE más transitado. Solamente el número de personas aprehendidas cuando cruzaban la frontera entre Serbia y Hungría ha aumentado más del 2.500 por ciento desde 2010 (de 2.370 a 60.602).
La ruta que lleva a refugiados y migrantes por mar desde Turquía hasta Grecia y luego por tierra a través de Macedonia hasta Serbia para entrar en Hungría es menos mortal que la travesía marítima desde Libia, pero sigue estando llena de peligros y obstáculos. Desde enero de 2014, 123 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes han perdido la vida en el mar tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Grecia y 24 murieron en líneas férreas.
“Vamos de muerte en muerte”

Las personas que llegan a las islas griegas —menores incluidos— afrontan unas condiciones de recepción terribles y la mayoría viaja a Atenas antes de tratar de entrar en Macedonia para dirigirse desde allí a otros países de la UE.
En la frontera de Macedonia con Grecia, y en la frontera de Serbia con Macedonia, refugiados y migrantes son habitualmente objeto de devoluciones “en caliente” ilegales y de malos tratos a manos de la policía de fronteras. Muchos se ven obligados a pagar sobornos. Un testigo dijo a Amnistía Internacional que cerca de la frontera con Hungría, la policía de fronteras serbia amenazó con devolver a su grupo a Serbia si no pagaban 100 euros cada uno.
Un refugiado afgano contó a Amnistía Internacional que formaba parte de un grupo al que la policía macedonia devolvió “en caliente” a Grecia. “Vi a hombres brutalmente golpeados. Pegaron a mi hijo de 13 años. También me pegaron a mí”, dijo.
Algunas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional habían sufrido más de 10 devoluciones “en caliente” en operaciones que a menudo se llevan a cabo en el interior de Macedonia, lejos de la frontera.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo denunciaron que la policía serbia les dio empujones, bofetadas, patadas y golpes cerca de la frontera con Hungría. Un refugiado serbio dijo a Amnistía Internacional que “pegaron a una mujer embarazada de cinco meses”.
Los refugiados y migrantes son también vulnerables a la explotación económica a manos de contrabandistas y a los ataques de grupos criminales. Dos nigerianos contaron a Amnistía Internacional cómo los detuvieron en Macedonia: “Nos atacaron nueve hombres con cuchillos. Fuimos a la policía para pedir ayuda… pero nos detuvieron.”
“Si morís aquí no vendrá nadie a preguntar por vosotros”

Las autoridades detienen arbitrariamente a muchos refugiados y migrantes. Cientos de personas —familias, mujeres embarazadas y menores no acompañados incluidos— permanecen detenidas durante periodos prolongados en el Centro de Recepción para Extranjeros de Macedonia —conocido como Gazi Baba— sin ninguna salvaguardia legal ni oportunidad de pedir asilo. Muchas están meses recluidas ilegítimamente en condiciones inhumanas y degradantes para que puedan declarar como testigos de la fiscalía macedonia en actuaciones penales contra contrabandistas.
“En Gazi Baba había unas 400 o 450 personas cuando entramos… Había gente durmiendo incluso en las escaleras, el hacinamiento era terrible. Había colchones en el suelo y en el pasillo”, contó un refugiado sirio a Amnistía Internacional.
Algunos ex detenidos dijeron a Amnistía Internacional que los había golpeado la policía o que habían presenciado palizas de la policía en Gazi Baba, y uno contó que cuando un grupo de sirios amenazó con hacer una huelga de hambre, un policía les dijo: “Si morís aquí no vendrá nadie a preguntar por vosotros. Nos desharemos de vuestros cadáveres.”
Sistemas de asilo fallidos

Las personas que tratan de pedir asilo en Serbia o Macedonia afrontan graves obstáculos. En 2014 sólo 10 solicitantes de asilo obtuvieron el estatuto de refugiado en Macedonia y sólo una recibió asilo en Serbia. Desalentados por la lentitud de la tramitación de las solicitudes, la mayoría de los solicitantes continúa viaje hasta Hungría, donde sufren más violaciones de sus derechos.
Quienes son detectados entrando irregularmente en Hungría suelen ser detenidos, a menudo en condiciones de hacinamiento y degradantes, o sometidos a malos tratos a manos de la policía. En 2014 Hungría concedió asilo a 240 personas, una pequeña minoría del número total de solicitudes.
Aunque la mayoría de los solicitantes de asilo detenidos son posteriormente puestos en libertad y llevados a centros de recepción abiertos, si se considera que están en situación de riesgo de fuga permanecen en los centros de detención. Las personas que no desean solicitar asilo en Hungría, muchas de las cuales esperan pedirlo en otros países de la UE, suelen ser expulsadas a Serbia y, en algunos casos, a Macedonia, donde carecen de condición legal, protección y apoyo, y son vulnerables a nuevas violaciones de derechos humanos.
Políticas migratorias de la UE deficientes

El número cada vez mayor de personas migrantes y refugiadas que emprenden la ruta de los Balcanes es consecuencia del fracaso en general de la política de migración y asilo de la UE, sobre la que Serbia y Macedonia no tienen ningún control. Hacer recaer la responsabilidad principal de tramitar las solicitudes de asilo en el primer país de entrada de la UE y limitar las vías de entrada seguras y legales han impuesto una presión insostenible en los márgenes externos de la Unión y en los Estados vecinos. En lugar de dar prioridad a la mejora de los sistemas de asilo de los países de la ruta de los Balcanes, la UE ha invertido gran parte de sus esfuerzos en reforzar sus sistemas de “gestión de fronteras”.
“Serbia y Macedonia tienen que adoptar muchas más medidas para respetar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Pero es imposible separar las violaciones de derechos humanos que se cometen allí de las presiones generales del flujo de migrantes y refugiados que entran en la UE y la atraviesan, y de un sistema de migración de la UE fallido”, concluyó Gauri van Gulik.
“A medida que aumenta el número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables atrapados en una tierra de nadie en los Balcanes, crecen las presiones sobre Serbia y Macedonia. Estas tensiones, como las que sufren Italia y Grecia, sólo pueden resolverse con un replanteamiento mucho más amplio de las políticas de migración y asilo de la UE.”
Notas para los periodistas:
Mapa de la ruta de los Balcanes: http://bit.ly/1egNY0t
Más información sobre el trato que reciben las personas migrantes y refugiadas en Grecia: http://bit.ly/1LNwBBB
Las cifras recopiladas por Amnistía Internacional revelan que entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2015, 61.256 personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas llegaron a Italia, y 61.474 a Grecia.
De los más de 21.000 refugiados y migrantes que emprendieron la ruta de los Balcanes en 2014, más de la mitad procedían de Siria y el resto, de Afganistán, Egipto, Eritrea, Irak, Nigeria, Somalia, Sudán y Túnez.


Así quedó el pueblo de al-‘Erra en Hamdan tras un ataque aéreo. Murieron cinco niños y tres mujeres. Muchos más resultaron heridos. ©Amnesty International Londres/Madrid.- Los investigadores de Amnistía Internacional examinaron ocho ataques aéreos lanzados en distintas partes del país, entre ellos ataques múltiples en la capital, Saná, el 12 y 13 de junio, y en Taiz el 16 de junio. En total, en los ocho ataques murieron 54 civiles (27 niños y niñas, 16 mujeres y 11 hombres), entre ellos un bebé de un día, y 55 resultaron heridos (19 niños y niñas, 19 mujeres y 17 hombres).
El derecho internacional humanitario establece claramente que las partes enfrentadas deben tomar todas las medidas posibles para prevenir o reducir al mínimo las bajas civiles. Sin embargo, los casos que hemos analizado señalan un patrón de ataques que han destruido casas civiles y se han saldado con decenas de civiles muertos y heridos. No hay ningún indicio de que la coalición encabezada por Arabia Saudí haya hecho nada para prevenir y reparar esas violaciones de derechos humanos", ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.
Estos ocho casos investigados por Amnistía Internacional deben ser objeto de una investigación independiente e imparcial, ya que pueden haber sido ataques desproporcionados o indiscriminados. Las conclusiones de cualquier investigación que se lleve a cabo deben hacerse públicas, y los sospechosos de ser responsables de violaciones graves de las leyes de la guerra deben comparecer ante la justicia en juicios justos. Todas las víctimas de ataques ilegítimos y sus familias deben recibir reparación completa."

Amnistía Internacional en Yemen
Estos son los resultados preliminares de la investigación llevada a cabo sobre el terreno por el equipo de investigación de Amnistía Internacional.

Un triple ataque lanzado el 13 de junio por la coalición contra Beit Meyad, barrio residencial de la capital, Saná, mató a 10 civiles –entre ellos tres niños y cinco mujeres–, e hirió a 28 –entre ellos 11 niños y 10 mujeres– que vivían cerca de los objetivos previstos en los ataques.
En uno de esos ataques, una bomba de 900 kg mató a un niño de 11 años, a dos de sus hermanas, a su hermano y a su primo de 10 años, e hirió a otros cinco miembros de la familia Al Amiri. La bomba, identificada a partir de las marcas de los fragmentos hallados en el lugar por Amnistía Internacional, pulverizó la casa de Yahya Mohamed Abdullah Saleh, sobrino del ex presidente Ali Abdullah Saleh que lleva años viviendo en el extranjero, y causó grandes daños en las casas circundantes.
La mayoría de los vecinos habían huido minutos antes del ataque –el tercero lanzado contra el barrio en menos de 10 minutos–, pero la familia Al Amiri no consiguió escapar a tiempo. “No nos movimos lo bastante rápido", dijo a Amnistía Internacional Mohamed al Amiri, que perdió a cuatro de sus hijos en el ataque.
Un doble ataque lanzado minutos antes a unas calles de distancia destruyó la casa de la familia Al Akwa y mató a Fatma, de 40 años, a sus dos hijos, Malek y Reem, y a dos familiares, e hirió a otros 18 miembros de la familia y a 5 vecinos.
Amnistía Internacional habló con una niña de 12 años que había sufrido quemaduras de tercer grado y heridas de metralla en todo el cuerpo, además de un profundo corte en la cara. Se retorcía de dolor en su cama del hospital mientras contaba a Amnistía Internacional: “Estábamos todos en una habitación, mi madre y mis hermanos, y entonces llegó la explosión y nos hirió a todos. Ahora mi madre, mi hermano pequeño y mi hermana están en otro hospital.” El personal del hospital dijo a Amnistía Internacional que, en realidad, la familia de la niña había muerto en el ataque, y que se lo iban a decir en breve.
El ataque falló su objetivo aparente: Tareq Mohamed Abdullah Saleh, otro sobrino del ex presidente, que posee –aunque no vive en ella– una casa cercana que fue bombardeada más tarde, esa misma noche. La información publicada en los medios de comunicación, que citaba una declaración del gobierno yemení con sede en Arabia Saudí según la cual el ataque había ido dirigido contra Tareq Mohamed Abdullah Saleh y lo había matado, resultó ser infundada.
El 12 de junio, cinco miembros de la familia Abdelqader murieron en otro bombardeo que destruyó cuatro casas adyacentes en la parte antigua de Saná. El ataque podría haber causado muchas más víctimas si muchos de los vecinos no hubieran abandonado la zona tras un fuerte ataque aéreo dirigido dos días antes contra el recinto cercano del Ministerio de Defensa (200 metros al sur).
El portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudí, el general de brigada Ahmed al Assiri, negó la responsabilidad del ataque, pero un fragmento de la bomba recuperado de los escombros de las casas muestra que procedía de una bomba de 900 kg, el mismo tipo ampliamente utilizado por la coalición en diversas partes de Yemen.
En un ataque anterior investigado por Amnistía Internacional, el mismo tipo de bomba lanzada por la coalición destruyó un grupo de tres casas en el pueblo de Al Akma (gobernación de Taiz) el 14 de abril. Aquel ataque mató a 10 miembros de la familia Al Hujairi, entre ellos siete niños, una mujer y un anciano, e hirió a otros 14 familiares, en su mayoría mujeres y niños.

Rabi Mohamed al Haddadi, un vecino que ayudó a rescatar a los muertos y heridos, dijo a Amnistía Internacional: “Tuvimos que recoger los trozos de cadáver, los cuerpos estaban hechos pedazos."
La bomba, identificada por las marcas en los fragmentos hallados en el lugar por Amnistía Internacional como una bomba de propósito general Mark 84 (MK84, también conocida como BLU-117), diseñada por Estados Unidos, había sido fabricada en 1983 y contenía más de 400 kg de alto explosivo. Las investigaciones sobre el terreno mostraron que la bomba no había detonado al impactar, lo que había limitado la destrucción, potencialmente mayor, y también el número de víctimas civiles.
Ese mismo tipo de bomba mató a 17 civiles e hirió a otros 17 en un ataque aéreo en el noreste de la capital el 1 de mayo. Según el análisis experto de los fragmentos y cráteres hallados en el lugar de otros dos ataques aéreos que alcanzaron los pueblos de Hajr Ukaish y Al Erra, en los alrededores de Saná, allí se utilizaron tipos similares de bombas de entre 225 y 450 kg.

Los testimonios de testigos presenciales recogidos después de estos y otros ataques proporcionan aún más pruebas condenatorias de que las fuerzas de la coalición no están tomando las precauciones necesarias para reducir al mínimo las muertes y heridas de civiles cuando atacan instalaciones militares en zonas controladas por los rebeldes huthis y fuerzas leales al ex presidente. De hecho, algunos de los objetivos aparentes, como las casas propiedad de familiares del ex presidente Ali Abdullah Saleh, no parecen ser objetivos militares, o al menos no parecen ser lo suficientemente importantes como para justificar el riesgo que el atacarlas supone para las personas y los bienes civiles en sus inmediaciones.
Los lugares que han sido objeto de la mayoría de estos ataques tienen un rasgo en común: están cerca –entre varios cientos de metros y unos pocos kilómetros– de bases militares controladas por huthis o por fuerzas leales a Saleh o de otros objetivos militares contra los que la coalición ha lanzado repetidos ataques aéreos.
Por ejemplo, los residentes del pueblo de Al Akma dijeron a Amnistía Internacional que un aeropuerto y base de la fuerza aérea de los huthis o fuerzas leales a Saleh situado a 1,5 km al oeste del pueblo había sido objeto de varios ataques aéreos poco antes y después del ataque del 14 de abril contra su pueblo. La bomba que alcanzó el pueblo destruyó por completo la casa de la familia Al Hujairi y destruyó parcialmente dos casas adyacentes, viviendas pobres hechas de chapa metálica y cartón. Wadhha, vecino de las víctimas, dijo a Amnistía Internacional: “Oí la explosión. Creí que la casa se me iba a derrumbar sobre la cabeza.”
En el caso del pueblo de Hajr Ukaish, a más de tres kilómetros al norte de la base militar de Jabal Nabi Shuaib, controlada por los huthis y fuerzas leales a Saleh, las fuerzas de coalición alegaron, al parecer, que tres casas adyacentes reducidas a escombros en un ataque aéreo, en el que murieron 11 miembros de la familia Al Ukaishi y 6 resultaron heridos, se habían utilizado para almacenar armas. Los familiares que sobrevivieron niegan esta afirmación, y aseguran que son agricultores. Un investigador de Amnistía Internacional que visitó el lugar no encontró indicios que respalden la afirmación de que el objetivo era un almacén de armas. Las fuerzas de la coalición no han proporcionado hasta el momento prueba alguna que fundamente su afirmación.
Incluso aunque el objetivo previsto hubiera sido de hecho un escondite de armas, no justificaría un ataque tan mortífero contra hogares de civiles sin previo aviso. Quienes planificaron el ataque aéreo tenían que haber sabido que probablemente causaría un elevado número de bajas civiles, y no tomaron las medidas necesarias establecidas por el derecho internacional humanitario", ha manifestado Donatella Rovera.

¿Armas españolas durante los ataques de la coalición?
Desde que comenzó la intervención militar encabezada por Arabia Saudí el 25 de marzo de 2015, Amnistía Internacional ha investigado 17 ataques aéreos diferentes en cinco zonas de Yemen (Sada, Saná, Taiz, Al Hudayda, Hajjah e Ibb). En ellos han muerto al menos 223 personas, de las que al menos 197 eran civiles (32 mujeres y 68 niños y niñas), y 419 han resultado heridas, entre ellas al menos 259 civiles.

Según datos recientes de la ONU, en tres meses de conflicto armado han muerto más de 1.400 civiles y 3.400 han resultado heridos.

La sección española de Amnistía Internacional ha pedido al gobierno información sobre si los aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles exportados por España tanto en 2014 como en años anteriores han sido y/o están siendo utilizadas por las fuerzas armadas saudíes y del resto de países de la coalición encabezada por este país en los ataques aéreos a Yemen. La información facilitada por el Gobierno español no permite conocer este extremo.
Entre los países que integran la coalición, en el último año, España ha realizado transferencias de armas además de a Arabia Saudí (240 millones de euros) a Bahréin (38 millones de euros), Egipto (24 millones de euros), Jordania (190.000 euros) y Qatar (459.000 euros). En el caso de Kuwait y Marruecos se han autorizado transferencias por valor de 817.800 euros y 11 millones de euros, respectivamente.
Ante esta situación, la organización se ha dirigido a las autoridades españolas para pedirles que investiguen si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos u otros ataques y que suspendan las transferencias de armas a estos países que puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario hasta que se elimine el riesgo de que ese material se use para violaciones graves del derecho internacional, los abusos del pasado se hayan investigado de forma pormenorizada e imparcial y los responsables sean procesados en juicios justos.


Un bote llega a Kinshasa desde Brazzaville, julio de 2015 © Habibou Bangré La violencia policial, la persecución, las detenciones arbitrarias y las violaciones cometidas en una operación de seguridad destinada a expulsar de Congo-Brazzaville a decenas de miles de ciudadanos de la República Democrática del Congo el año pasado fueron parte de una serie de ataques generalizados que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
La organización pide que se paralicen todos los planes actuales de expulsión masiva de extranjeros de la República del Congo y que se permita el regreso de todas las personas expulsadas ilegalmente si así lo desean.
Operation Mbata ya Bakolo: Mass expulsions of foreign nationals in the Republic of Congo documenta una serie de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad congoleñas y otros entre abril y septiembre del pasado año. Durante este periodo, al menos 179.000 ciudadanos de la RDC, muchos de ellos refugiados y solicitantes de asilo, fueron detenidos arbitrariamente y obligados a salir de la República del Congo (Congo-Brazzaville).
“La operación ‘Mbata ya Bakolo’ se caracterizó por ataques generalizados que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad”, afirmó Evie Francq, investigadora sobre la RDC de Amnistía Internacional.
“Nuestra investigación incluye numerosos testimonios que muestran que, en el apresuramiento por detener a ciudadanos de la RDC, la policía usó a menudo la fuerza excesiva, practicó detenciones arbitrarias, extorsionó dinero y bienes, destruyó propiedades y, en algunos casos, incluso violó a mujeres y niñas. Hasta la fecha, parece que no se ha realizado ninguna investigación o enjuiciamiento criminal. La República del Congo tiene la clara obligación de llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales de los crímenes de derecho internacional.”
Expulsiones masivas

La operación “Mbata ya Bakolo” (“bofetada de los ancianos” en lengua lingala) fue una respuesta de seguridad en gran escala al aumento percibido de la delincuencia, del que las autoridades de la República del Congo culpaban a miembros de kuluna (bandas de delincuentes) de la vecina RDC. Oficialmente, la operación estaba dirigida contra los “migrantes ilegales”, pero en la práctica, el objetivo fueron los ciudadanos de la RDC, con independencia de su condición migratoria.
Durante la operación, llevada a cabo entre abril y septiembre de 2014, las devoluciones forzosas de solicitantes de asilo y refugiados fueron habituales, lo que conculca el derecho internacional. Se produjeron expulsiones en todo el país, y se registraron llegadas de ciudadanos de la RDC en 33 puestos fronterizos. En Brazzaville, tras detener arbitrariamente a los ciudadanos de la RDC, la policía los llevaba al puerto conocido como The Beach (La Playa), el principal punto de la ciudad para cruzar la frontera hacia Kinshasa, en la RDC, en la otra orilla del río Congo.
Jacqueline (nombre ficticio), ciudadana de la RDC que vivía en Brazzaville desde 2009, contó a Amnistía Internacional la arbitrariedad con que se hicieron las redadas:
“El viernes 2 de mayo [de 2014] estábamos en casa, en el barrio de Moungali de Brazzaville, cuando llegaron a nuestra casa el jefe del barrio y la policía. Nos dijeron que todos los que eran de la RDC tenían que marcharse […] Somos legales en Brazzaville, pero se negaron incluso a mirar nuestros documentos de identidad. Tomamos algo de ropa y nos obligaron a subir a un barco a Kinshasa. Estoy aquí ahora con cuatro niños y vivimos en la calle. Ahora estamos abandonados. Estamos en peligro aquí.”
Casi la mitad de las 112 personas a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que habían sido detenidas arbitrariamente, algunas varias veces, durante la operación.

El miedo a la violencia policial y a la creciente xenofobia indujo a muchas otras personas a volver a la RDC por iniciativa propia. Marie (nombre ficticio), ciudadana de la RDC de 35 años, habló a Amnistía Internacional de las condiciones inhumanas de hacinamiento en The Beach mientras esperaban a salir hacia la RDC:
“Estuve dos días en The Beach antes de salir [a la RDC]. En esos dos días hubo niños que murieron e incluso mujeres dando a luz en el lugar. Yo misma vi un parto. El bebé murió de asfixia. Dormía fuera con mis cuatro hijos y había mucha gente. La policía los aplastaba y empujaba. Y aunque el barco era gratuito, nos pidieron dinero para dejarnos subir. Le di 40 dólares estadounidenses a un policía para subir al barco.”
Violencia y violaciones

Además de extorsionar a ciudadanos de la RDC dinero o pertenencias, los sobrevivientes también contaron que las fuerzas de seguridad de la República del Congo emplearon la violencia física, incluida la violación, para humillarlos e intimidarlos.
Una madre de 21 años explicó cómo seis policías entraron en su casa a las 3 de la mañana y la violaron mientras estaba sola en la vivienda con su hija de cuatro años:

“Me quitaron la ropa y empezaron a violarme uno a uno. Cuando me opuse y traté de resistirme, me dijeron que iban a enseñarme cómo un brazzavillense trata a un zaireño [ciudadano de la RDC]: como a un perro. Uno de ellos me ató un brazo y el otro me hirió con un instrumento.”

Amnistía Internacional también documentó la violación de otras cuatro personas, una de ellas una niña de cinco años.
Xenofobia contra ciudadanos de la RDC

La policía de la República del Congo hizo un uso considerable de los medios de comunicación para difundir la operación “Mbata ya Bakolo”, interviniendo en la radio y la televisión y usando megáfonos para animar a la población en general a detectar la presencia de “hogares de delincuentes”. Algunos artistas compusieron canciones que incitaban a la discriminación e incluían letras como: “los ngala [extranjeros o ciudadanos de la RDC] ya están marchándose a su casa, salvemos nuestros puestos de trabajo y dejemos que se marchen.”
Como consecuencia, la xenofobia fue generalizada y los ciudadanos de la RDC sufrieron amenazas, acoso y hostigamiento por parte de sus vecinos y de la gente en la calle. Perdieron sus trabajos y la capacidad para mantenerse y mantener a sus familias. Algunos se vieron obligados a dormir en la calle tras ser desahuciados de sus casas después de que la policía impusiera una multa de 600 dólares estadounidenses a los arrendadores que tuvieran “arrendatarios ilegales”.
Una solicitante de asilo de la RDC, madre de nueve hijos, dijo a Amnistía Internacional:
“Me amenazaron en el mercado diciendo: ‘Vamos a ocuparnos de ti, ya verás.’ Los vecinos dicen que están hartos de nosotros, nos tiran piedras y cortaron el suministro eléctrico de la casa. Nuestros hijos han dejado de ir a la escuela porque tenemos miedo de que se los lleven y los envíen de vuelta a Kinshasa.”
“Ante esta xenofobia extendida alimentada por las autoridades, muchos ciudadanos de la RDC pensaron que no tenían más elección que marcharse de la República del Congo. El gobierno ha calificado estas salidas de ‘voluntarias’, pero en realidad son expulsiones disfrazadas y una violación del derecho internacional. Las autoridades deben poner fin a toda la discriminación oficial y abordar urgentemente las actitudes xenófobas en la sociedad en general”, manifestó Evie Francq.
Nuevo objetivo: los ciudadanos del África Occidental

A Amnistía Internacional le alarma también una nueva oleada de arrestos, detenciones y expulsiones, dirigidos ahora contra ciudadanos del África Occidental, que se inició el 14 de mayo de 2015 en la ciudad de Pointe-Noire.
“El gobierno de la República del Congo debe acabar inmediatamente con esta nueva fase de la operación y garantizar que no se repetirán las expulsiones masivas del año pasado”, concluyó Evie Francq.


Policía tratando de controlar a los manifestantes en las protestas de Hong Kong, octubre de 2014 (Photo by Paula Bronstein/Getty Images) El gobierno chino debe derogar de inmediato una nueva ley de seguridad nacional que otorga a las autoridades amplios poderes para reprimir y suprimir los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La asamblea legislativa china ha aprobado hoy esta ley que define la "seguridad nacional" en términos amplios y vagos, y abarca áreas como la política, la cultura, las finanzas e Internet.
"La definición de ‘seguridad nacional’ en virtud de esta nueva ley es prácticamente ilimitada. La ley entrega al gobierno un cheque en blanco para castigar y vigilar a cualquier persona que le disguste: activistas de derechos humanos, personas que critican al gobierno y otras voces de oposición", ha manifestado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental.
"Está claro que esta ley tiene más que ver con proteger el control que el Partido Comunista ejerce sobre el país que con defender la seguridad nacional. De hecho, en la ley se enumera explícitamente como parte de la ‘seguridad nacional’ el liderazgo del Partido y su monopolio del poder político."
"El gobierno lleva mucho tiempo utilizando cargos relativos a la seguridad nacional, como ‘incitación a la subversión’, ‘separatismo’ y ‘filtración de secretos de Estado’, para reprimir y encarcelar a activistas y a personas que critican la actuación gubernamental. La amplia definición establecida por la nueva ley probablemente acentuará esta tendencia."
“Las autoridades chinas deben retirar esta ley de inmediato y volver a la mesa de redacción. Entre otras medidas esenciales para proteger los derechos humanos de la población, deben establecerse salvaguardias adecuadas para hallar un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos individuales."


Inmigrantes junto al campo de refugiados en Debrecen, a 200 kilómetros de Budapest, 1 de julio de 2015 (Zsolt Czegledi/MTI via AP) El Parlamento húngaro dio ayer al gobierno el visto bueno para elaborar una lista de Estados de tránsito “seguros” en los que, en su opinión, la gente podría haber pedido asilo antes de llegar a Hungría.
Lo más probable es que la lista incluya la vecina Serbia, a través de la cual habrán pasado, en su viaje desde Grecia y Macedonia, casi la totalidad de los aproximadamente 60.000 refugiados y migrantes que han llegado a Hungría en lo que va de año.
El martes 7 de julio, Amnistía Internacional publicará un nuevo informe: Europe’s Borderlands: Violations against refugees and migrants in Macedonia, Serbia and Hungary. En él se detallará la manera en que el deficiente sistema de asilo serbio ha provocado que sólo un puñado de personas hayan conseguido asilo allí.
“Los solicitantes de asilo no deben ser devueltos a Serbia, ya que este país no puede garantizar el acceso al asilo, y las personas que son devueltas a él corren peligro de ser objeto de devolución forzada (refoulement) a Macedonia, donde están expuestas a toda una serie de violaciones de derechos humanos”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Mientras permanezcan en un limbo legal en Serbia, estas personas estarán expuestas a abusos de la policía, así como a ser detenidas por las autoridades.”
Hace dos semanas, Hungría anunció sus planes de levantar una valla de cuatro metros de altura a lo largo de su frontera con Serbia para mantener fuera a los “inmigrantes”. Mientras tanto, el gobierno, en una campaña emprendida contra la inmigración, ha puesto en las calles vallas publicitarias con eslóganes como: “Si vienes a Hungría, no puedes ocupar empleos húngaros”.
Mientras Hungría adopta esta postura contra la inmigración, cada vez más refugiados y solicitantes de asilo se encontrarán en un callejón sin salida jurídico, atrapados en Serbia y en Macedonia, pero sin protección legal ni condición jurídica, y sin posibilidad de asilo.


En 2011 más de 10.000 personas asistieron a la marcha del Orgullo LGBTI en Estambul © AI Amnistía Internacional expresa su consternación por las acciones de las autoridades turcas, que el 28 de junio impidieron la celebración de la marcha anual del Orgullo después de que miles de personas se hubieran congregado en Taksim, en el centro de Estambul. La policía usó arbitrariamente la fuerza contra los manifestantes pacíficos que intentaban celebrar el Orgullo, a los que atacaron con un cañón de agua, gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta.
Según el gobernador de Estambul, que emitió una declaración ayer, las autoridades habían decidido prohibir la marcha debido al riesgo de “provocaciones”, pues había manifestantes contrarios al acto que planeaban atacarlo, y a la ausencia de notificación formal de su celebración.
La decisión de prohibir la marcha no se comunicó a los representantes del Orgullo a pesar de que estos habían participado en conversaciones con las autoridades los días previos.
Estos sucesos son el testimonio más reciente de la intolerancia de las autoridades hacia las protestas pacíficas, contraria a las obligaciones contraídas por Turquía de respetar el derecho de reunión pacífica. Las autoridades turcas deben emprender investigaciones sin demora, independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza por la policía, y comprometerse a garantizar que puede celebrarse la marcha del Orgullo en el futuro.
La marcha del Orgullo se celebra en Estambul todos los años desde 2003 sin incidentes, y se calcula que en 2014 participaron en ella 90.000 personas. El respeto anterior de las autoridades al derecho de las personas lesbianas, bisexuales, gays, transgénero e intersexo (LGBTI) a celebrar la marcha anual del Orgullo en Estambul contrastaba claramente con su uso de la retórica homófoba y con la negativa a prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en la ley, algo que reclaman desde hace tiempo los grupos LGBTI en Turquía.
La prohibición no anunciada del Orgullo del domingo representa un nuevo mínimo en la actitud de las autoridades de no respetar los derechos de las personas LGBTI en Turquía.
Miles de policías estaban de turno antes de la hora prevista para el comienzo de la marcha, a las 5 de la tarde. La primera intervención policial para dispersar a los manifestantes se produjo hacia las 4:30, hora en la que se habían congregado hasta 5.000 personas en las inmediaciones. A lo largo de la tarde y de la noche, la policía usó esporádicamente gas lacrimógeno, un cañón de agua y proyectiles de pimienta contra la multitud pacífica y contra pequeños grupos de manifestantes y de personas que intentaban celebrar el Orgullo en la zona de Taksim.
En una declaración realizada ayer, el gobernador de Estambul respondió que no se había notificado formalmente la celebración de la reunión [como exige la legislación turca] y que las autoridades habían recibido información de que podrían producirse ataques contra el Orgullo por parte de manifestantes contrarios al acto. Dijo asimismo que cuando los manifestantes no se dispersaron tras haber sido advertidos para que lo hicieran, se había usado una fuerza proporcional.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que el derecho de reunión pacífica impone obligaciones al Estado, incluida la de proporcionar medidas de seguridad adecuadas, y que recae en las autoridades la responsabilidad de garantizar que pueden celebrarse reuniones pacíficas. Las autoridades no deben usar los requisitos sobre notificación como medio para frustrar la capacidad de celebrar reuniones, sino para garantizar que se hacen los preparativos adecuados.
No se puede usar de forma creíble la ausencia de notificación formal de la celebración de una marcha anual del Orgullo planeada hace tiempo, ampliamente difundida y de la que se había hablado directamente con las autoridades para justificar la respuesta de las autoridades de prohibir el acto. La prohibición es una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica. Aunque el derecho a la libertad de reunión pacífica se puede limitar para alcanzar un objetivo legítimo, como la seguridad pública, esta restricción debe ser proporcional al objetivo que se persigue y necesaria para este.
La prohibición del Orgullo se produjo justo dos días después de que las autoridades turcas se comprometieran con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a respetar el derecho de reunión pacífica y los derechos de las personas LGBTI durante su examen periódico universal.
En la actualidad hay 45 casos pendientes de ejecución en el grupo de “casos Oya Ataman”, en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que Turquía ha violado el derecho a la reunión pacífica. Esta última denegación del derecho a la protesta pacífica pone de relieve una vez más la necesidad de que las autoridades turcas adopten un enfoque totalmente diferente hacia las manifestaciones callejeras; vuelvan a redactar su ley sobre reuniones, excesivamente restrictiva, y pongan fin al uso habitual por la policía de la fuerza excesiva contra los manifestantes.


Más de 41.000 personas han sido detenidas, acusadas o enjuiciadas por un delito penal, o condenadas tras juicios injustos La constante acometida de las autoridades egipcias contra jóvenes activistas es un flagrante intento de aplastar el espíritu de las mentes más valerosas y brillantes del país, y de cortar de raíz cualquier amenaza futura a su régimen. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Generation Jail: Egypt’s youth go from protest to prison se centra en los casos de 14 jóvenes que forman parte de los miles que han sido detenidos arbitrariamente, recluidos y encarcelados en Egipto durante los dos últimos años en relación con las protestas. El informe muestra que el Estado ha vuelto por completo a ser un Estado policial.
“Dos años después del derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, las protestas masivas han sido sustituidas por las detenciones masivas. Al atacar implacablemente a los activistas jóvenes de Egipto, las autoridades están aplastando las esperanzas de toda una generación respecto a un futuro mejor", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Tras el levantamiento de 2011, los jóvenes egipcios fueron alabados como un rayo de esperanza tanto por los dirigentes militares del país como por sus socios internacionales. Su idealismo y su compromiso para con las demandas de ‘pan, libertad y justicia social’ demostraron ser una crucial fuerza motora para el cambio. Sin embargo, hoy día, muchos de estos jóvenes activistas permanecen entre rejas, lo que indica claramente que Egipto ha regresado a un estado de represión declarada."
Amnistía Internacional ha denunciado además el asesinato ayer del Fiscal General, Hisham Barakat, en un ataque con bomba ayer en El Cairo. Para la organización se trata de un "acto despreciable, cobarde y a sangre fría". Para que el Estado de Derecho prevalezca en Egipto, los jueces y fiscales deben poder hacer su trabajo libres de toda amenaza de violencia.
La organización ha instado a las autoridades a no responder al ataque con mayor represión dirigida contra los manifestantes pacíficos, y ha manifestado su preocupación por el elevado número de personas encarceladas como parte de una ofensiva contra la disidencia. 
Más de un año después de su llegada al poder, el gobierno de Abdel Fattah al Sisi no ha dado señales de abandonar su represivo régimen. La represión ha dado lugar a que más de 41.000 personas sean detenidas, acusadas o enjuiciadas por un delito penal, o condenadas tras juicios injustos, según las últimas estimaciones realizadas por activistas egipcios de derechos humanos.
"La magnitud de la represión es abrumadora. Las autoridades egipcias han demostrado que no se detendrán ante nada en su intento de aplastar cualquier desafío a su autoridad", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
“Entre quienes están entre rejas hay desde líderes del movimiento juvenil aplaudidos internacionalmente hasta defensores y defensoras de los derechos humanos, pasando por niños detenidos por vestir camisetas con lemas contra la tortura.”
La Ley de Manifestación, aprobada en noviembre de 2013, permite a las autoridades detener y procesar a su capricho a manifestantes pacíficos, y criminaliza el acto mismo de tomar las calles sin autorización previa. También da a las fuerzas de seguridad luz verde para utilizar fuerza excesiva y letal contra manifestantes pacíficos.
“La Ley de Manifestación se ha convertido en una vía rápida hacia la prisión para los manifestantes pacíficos, que están siendo tratados como delincuentes. Debe ser derogada de inmediato", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
La represión, que comenzó con las detenciones, en julio de 2013, de Mohamed Morsi y sus partidarios, entre ellos altos dirigentes del movimiento Hermandad Musulmana, se ha extendido rápidamente para englobar todo el espectro político egipcio.
Entre los jóvenes que han sido encarcelados arbitrariamente se encuentran los destacados activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, del "Movimiento Juvenil 6 de abril", Ahmed Douma, conocido bloguero y manifestante, y Alaa Abd El Fattah, bloguero y destacado crítico de las autoridades que pasó tiempo en prisión durante el gobierno de Hosni Mubarak y durante el del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
También se encuentran los destacados defensor y defensora de los derechos humanos Yara Sallam y Mahienour El Massry.
Todos ellos se han unido a quienes fueron detenidos por protestar contra el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, como el ciudadano irlandés Ibrahim Halawa, los estudiantes universitarios Abrar Al Anany y Menatalla Moustafa y el profesor Yousra Elkhateeb.
Todos ellos han sido encarcelados por desafiar la draconiana Ley de Manifestación egipcia, u otra legislación que restringe arbitrariamente el derecho a la libertad de reunión pacífica.
A mediados de 2015 se produjo una nueva oleada de detenciones en la que al menos 160 personas fueron detenidas en condiciones que constituían desaparición forzada, según el grupo de activistas egipcio Libertad para los Valientes. Por su parte, el movimiento Hermandad Musulmana informó de nuevas detenciones de sus miembros.
Las autoridades egipcias han tratado a menudo de justificar sus tácticas de mano dura diciendo que mantienen la estabilidad y la seguridad. Aunque algunos manifestantes han hecho uso de la violencia durante las protestas, la respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido sistemáticamente desproporcionada.
Muchas de las personas detenidas han sido llevadas a comparecer ante un tribunal por cargos falsos o de motivación política, o han sido condenadas durante juicios colectivos en los que se ha declarado culpables a centenares de personas sin apenas pruebas, o sobre la base exclusiva de testimonios de las fuerzas de seguridad o procedentes de investigaciones del Servicio de Seguridad Nacional.
Otras han sido detenidas durante periodos prolongados sin cargos ni juicio. Entre ellas se encuentra el estudiante Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, que sólo tenía 18 años cuando fue detenido, a causa del lema impreso en su camiseta, mientras se dirigía a su casa desde una protesta.
Según su familia y abogados, fue torturado para obligarlo a "confesar" actividades relacionadas con el terrorismo. Pasó su 19 cumpleaños en prisión, y lleva ya más de 500 días recluido sin cargos ni juicio.
Los miles de manifestantes condenados por cargos falsos o por leyes que restringen arbitrariamente la libertad de reunión pacífica y expresión, contrastan fuertemente con el bajísimo número de miembros de las fuerzas de seguridad procesados por violaciones de derechos humanos desde enero de 2011. Ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad se ha enfrentado a cargos penales por la muerte de cientos de simpatizantes de Morsi ocurrida en las plazas de Rabaa Adawiya y Al Nadha el 14 de agosto de 2013.
Amnistía Internacional ha advertido a los socios internacionales de Egipto de que no sacrifiquen los derechos humanos en sus conversaciones con las autoridades.
Los dirigentes de influyentes países de la UE, como Francia, Italia y Alemania, se han sentado con el presidente Abdel Fattah al Sisi mientras su gobierno encarcelaba a miles de sus opositores políticos. Y no hay ningún indicio de que en el orden del día de esas reuniones se encuentre detener las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Egipto.
Reino Unido también ha invitado a mantener conversaciones al presidente Al Sisi; un portavoz confirmó la noticia tan sólo un día después de que un tribunal condenara a muerte, tras un juicio injusto, al derrocado presidente Mohamed Morsi.
El gobierno estadounidense anunció en marzo que iba a levantar la congelación de las transferencias de armas a Egipto, y también está dispuesto a ofrecer asistencia militar y de seguridad continuada al ejército y las fuerzas de seguridad del país.
“La  hipocresía de los socios de Egipto ha quedado patente en una carrera para lograr lucrativos tratos comerciales, influencia política e información secreta, así como nuevas ventas y transferencias de equipo policial que podría facilitar las violaciones de derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
“Los dirigentes mundiales están rompiendo las promesas que hicieron de apoyar a los jóvenes egipcios cuando Mubarak cayó en febrero de 2011. Egipto está encarcelando a activistas pacíficos mientras la comunidad internacional aparta la vista. Los Estados guardan silencio, como también lo guardan los dirigentes mundiales y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”
Las autoridades han justificado la represión señalando un aumento de la violencia política. Egipto está sufriendo ataques de grupos armados que, según las autoridades, han provocado la muerte cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en el norte de la península del Sinaí, así como la de varios civiles. Amnistía Internacional condena sin reservas los ataques a civiles. No obstante, la organización insta a las autoridades egipcias a no utilizar esas amenazas como pretexto para pisotear los derechos humanos.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción en la que pide la liberación inmediata e incondicional del joven torturado, Mahmoud Hussein, de 19 años.


Activistas de Amnistía Internacional en una protesta contra la tortura, celebrada en septiembre de 2014 en Ciudad de México. SCHEMIDT/AFP/Getty Images. La organización se ha dirigido por carta al Rey Felipe VI para mostrar sus principales preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México con motivo del viaje que el Rey llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio próximos. Estas son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre México:

Uso generalizado de la tortura y los malos tratos

El uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las Fuerzas Armadas y la policía sigue siendo una práctica generalizada en todo México, y la impunidad reina entre los responsables de estos actos.
México se ha comprometido en numerosas ocasiones a prevenir y castigar la tortura y otros malos tratos, pero las medidas adoptadas no solo son inadecuadas, sino que en gran medida no se aplican. La legislación que tipifica la tortura como delito se incumple casi sistemáticamente, al igual que la que debería impedir que se utilicen en los juicios penales testimonios obtenidos mediante tortura. Y, aun así, el gobierno mexicano asegura que la tortura y otros malos tratos ya no son prácticas habituales, algo que contradice la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y por el relator especial de la ONU sobre la tortura que, en mayo 2014 tras una visita a México, observó: "Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.
Entre los casos denunciados por Amnistía Internacional, destacan el de Adrián Vasquez. Fue detenido por la policía estatal en 2012 y torturado de tal manera que tuvo que ser sometido a cirugía de vida o muerte en un hospital. En abril de 2015 tres de los policías a los que Adrián identificó como sus torturadores fueron por fin acusados formalmente, pero Adrián sigue encarcelado. La única prueba en su contra son las declaraciones realizadas por los policías que lo detuvieron y las drogas y armas de fuego que al parecer se le colocaron encima durante su detención y tortura; Yecenia Armenta Graciano también lleva tres años encarcelada, acusada de matar a su marido. La única prueba relevante en su contra es su propia confesión obtenida tras 15 horas de tortura, tortura que está certificada por varios expertos internacionales. Sus torturadores siguen impunes.
Desapariciones
En México, las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Según las cifras oficiales publicadas en octubre 2014, 22.610 personas habían desaparecido desde el 1 de diciembre de 2006, y a fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50 por cien de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el gobierno actual. Sin embargo, una vez más, las autoridades no han explicado cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de autoridades, y cuántas podrían estar en paradero desaparecido por otros motivos. Tampoco hay información metodológica que permita analizar las cifras y extraer conclusiones de las mismas.
La impunidad sigue imperando en estos casos. Según la información oficial, desde 2006 no se ha enjuiciado a nadie a nivel federal en casos de desaparición forzada.
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la policía municipal que actuaban en connivencia con la delincuencia organizada, ha llamado la atención internacional hacia la crisis constante de desapariciones e impunidad en México. El caso de Ayotzinapa es similar a los miles de casos de desaparición ocurridos en todo el país desde que, en 2006, el anterior gobierno, del presidente Calderón, inició la "guerra contra el narcotráfico". Al mismo tiempo, el caso de Ayotzinapa ha sido diferente a lo que había venido siendo el modelo general, ya que el gobierno se ha visto obligado a actuar en respuesta a la presión nacional e internacional. No obstante, la respuesta del Estado sigue siendo limitada, y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos.
Derechos de las personas migrantes
Cada año, decenas de miles de mujeres, hombres, niños y niñas -en su mayoría centroamericanos- atraviesan México sin permiso legal, como migrantes irregulares. Durante el viaje, están expuestos a abusos de guardias privados de seguridad, funcionarios de migración, policías, militares, tratantes de personas y bandas delictivas y son víctimas de secuestro, asesinato y reclutamiento forzoso en bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas migrantes corren especial peligro de sufrir abusos. A menudo se sospecha que las bandas delictivas cuentan con la connivencia de los funcionarios públicos que a su vez someten a los migrantes a otros abusos, como extorsión y detención arbitraria.
A pesar de los compromisos del gobierno para combatir todos los abusos contra los migrantes, las medidas son ineficaces y los gobiernos de los estados ni impiden ni castigan los delitos cometidos contra estas personas. Por ejemplo, en noviembre entró en vigor el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Migración, pero a día de hoy aún no se ha creado una base de datos de migrantes desaparecidos ni hay avances en la identificación de restos que se cree son de migrantes.
Ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
Los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos sufren agresiones y reciben amenazas a causa de su trabajo. En 2014 al menos seis periodistas fueron asesinados en México sin que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas realizara avances en la mayoría de estos casos. También siguen pendientes la gran mayoría de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos, esto también a pesar de que en abril de 2014, el Congreso aprobó una ley la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores de lo derechos humanos y de que el gobierno se comprometió a establecer el mecanismo y dar prioridad a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Peticiones de Amnistía Internacional al Rey Felipe VI
Amnistía Internacional ha pedido al Rey Felipe VI que transmita estas preocupaciones de derechos humanos y que en las reuniones con las autoridades mexicanas les inste a:

  • Hacer gestiones para que Adrián Vasquez y Yecenia Armenta Graciano puedan recobrar su libertad.

  • Interesarse por las medidas efectivas para determinar el paradero de los 42 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos (solo se ha identificado un cadáver) y prestar su pleno apoyo al grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, garantizando que puede llevar a cabo su revisión sin obstáculos, y comprometiéndose públicamente a cumplir sus recomendaciones. Así mismo debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

  • Cumplir las recomendaciones del relator especial sobre la tortura.

  • Transformar el mecanismo federal de protección en una institución que dé respuesta efectiva a los defensores, defensoras y periodistas y asegurar que todo ataque sea investigado y los responsables llevados ante la justicia.

  • Emprender la búsqueda a las personas migrantes en paradero desconocido, e iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes y asegurarse de que los responsables se enfrentan a la justicia. Además los supervivientes de estos ataques deben recibir atención adecuada como víctimas de delitos graves, incluida atención psicológica y médica inmediata y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientra tramitan una denuncia penal.