Niños romaníes durante una clase en la escuela de Torysa, Eslovaquia, en abril de 2010. Copyright Fotis Filippou

Londres.- Amnistía Internacional insta al gobierno eslovaco a poner fin a la segregación de niñas y niños romaníes en el sistema educativo del país de forma inmediata. Esta práctica permite que miles de alumnas y alumnos romaníes reciban una educación de menor calidad en escuelas y aulas destinadas a estudiantes con “discapacidad mental leve” o en escuelas y aulas del sistema de educación general segregadas por motivos étnicos.

En un informe al gobierno eslovaco, Steps to end segregation in education,, Amnistía Internacional señala graves lagunas en la aplicación y supervisión de la prohibición de discriminación y segregación en el sistema educativo eslovaco.

“Como consecuencia de la discriminación generalizada, los niños y niñas romaníes de todo Eslovaquia están atrapados en un sistema educativo que no deja de defraudarlos, les priva de la igualdad de oportunidades y los condena a una vida de pobreza y marginación”, dijo David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“El gobierno eslovaco tiene mucho trabajo por delante para terminar con la segregación que afecta a una gran parte de la población del país. La segregación en la educación supone la estigmatización de por vida de niños y niñas a quienes se les limita de forma extrema sus oportunidades de futuro. Es una práctica impropia de la Europa del siglo XXI y debe ser eliminada”.

La segregación de los niños y niñas romaníes adopta diversas formas: escuelas o aulas especiales dentro de las escuelas del sistema de educación general, destinadas a un alumnado con “discapacidad mental leve”, y escuelas y aulas del sistema de educación general sólo para estudiantes romaníes.

Aunque se calcula que la población romaní constituye menos de un 10 por ciento de la población total de Eslovaquia, representa hasta el 60 por ciento del alumnado de las escuelas especiales, según un estudio de 2009.

En regiones con una elevada tasa de población romaní, tres de cada cuatro estudiantes en escuelas especiales pertenecen a dicha etnia. El 85 por ciento de los niños y niñas en aulas especiales dentro de escuelas del sistema de educación general de todo el país es romaní.

Las causas de la segregación son complejas e incluyen la existencia de arraigadas actitudes anti romaníes, así como los fracasos de política en el sistema educativo, como son las evaluaciones prematuras e inadecuadas y el apoyo insuficiente a los menores romaníes en el sistema de educación general.

El sentimiento anti romaní generalizado en todo el país que manifiestan muchos de los progenitores no romaníes y de los profesionales de la educación también es causa de la segregación de niños y niñas romaníes, incluso en las escuelas y aulas del sistema de educación general.

Esto ha conducido a una situación en la que los menores romaníes son a veces literalmente encerrados en aulas, pasillos o edificios separados para evitar que se mezclen con el alumnado no romaní.

El compromiso recientemente formulado por el nuevo gobierno de eliminar la segregación en la escolarización de los niños y niñas romaníes, incluido en el programa adoptado por el gobierno de coalición en agosto de 2010 es, no obstante, un avance bien recibido.

“La idea de que la separación puede ser igualitaria ha sido rebatida. Eslovaquia no puede continuar negando a sus niñas y niños romaníes el derecho a la educación sin discriminación”, señaló David Diaz-Jogeix .

“Las decisiones que tome ahora el gobierno afectarán las vidas de miles de niños y niñas romaníes. El gobierno tiene la llave para permitir la plena parcipación de la población romaní en Eslovaquia en la sociedad eslovaca y europea”.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades eslovacas para que:

• Proporcionen a la Dirección Estatal de Inspectores Escolares los recursos adecuados, incluidos directrices y procedimientos firmes y detallados para identificar, supervisar y combatir en la práctica la segregación;

• Inicien la recopilación sistemática de datos sobre educación, desglosados por género y etnia;

• Introduzcan en todas las escuelas la clara obligación de eliminar la segregación en el sistema educativo y le proporcionen un apoyo eficaz;

• Introduzcan medidas adecuadas de apoyo a los niños y niñas romaníes y no romaníes que necesiten ayuda adicional, de modo que puedan desarrollar al máximo su potencial dentro de las escuelas de educación general.

Casos

Jakub tiene 16 años y vive con su familia en un asentamiento romaní 20 km al noroeste de la capital, Bratislava. Su escolarización comenzó en un aula del sistema de educación general, donde recibió una beca por ser un excelente estudiante. Cuando llegó a quinto curso, Jakub fue enviado a realizar una evaluación de sus capacidades, tras una discusión con su profesor. Sus padres no fueron informados sobre la evaluación y el niño fue trasladado de inmediato a una clase especial para niños y niñas con “discapacidad mental leve”. Uno de los antiguos profesores de Jakub le dijo a Amnistía Internacional: “Algunos de los niños, tal y como yo lo veo, son erróneamente asignados. Por ejemplo, [Jakub] había sido clasificado como discapacitado mental [leve]… basándose en la hiperactividad… El chico tenía que haber estado en una clase general. Era un genio.” Ahora que ha acabado la escuela primaria, Jakub se siente obviamente frustrado por la injusticia que sufrió. “Lo que me hicieron fue cruel… Hicieron de mí un idiota”.

Ľuboš es un niño de siete años que vive con su madre, Angelika, en Prešov, la tercera mayor ciudad de Eslovaquia. Angelika inscribió a su hijo en una de las mejores escuelas del centro de la ciudad. Su padre, eslovaco no romaní, fue quien lo matriculó. Pero según Angelika, las cosas cambiaron cuando ella empezó a ir al colegio. La profesora comenzó a tener problemas con Ľuboš y le dijo a Angelika que no era adecuado que su hijo permaneciera en la escuela: “Dijo que mi hijo no pertenecía a esa clase por ser romaní, así que [me dijo] que debería llevarlo a la escuela romaní”. Angelika sacó a Ľuboš del colegio y el niño perdió un curso a consecuencia de ello.

Más información:

Abrir las puertas de su futuro: Poner fin a la segregación de niñas y niños romaníes en las escuelas eslovacas (en inglés, próximamente en español)

Roma children still lose out: Segregation persists in Slovak schools despite new law

A tale of two schools: Segregating Roma into special education in Slovakia

Still separate, still unequal: Violations of the right to education of Romani children in Slovakia (hay una versión abreviada en español)

Eslovaquia planes separar a los niños y niñas romaníes de sus familias

Nota para periodistas:

Este trabajo se enmarca en la campaña de Amnistía Internacional Exige Dignidad, destinada a poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza global y la agravan. La campaña movilizará a personas de todo el mundo que pedirán a gobiernos, empresas y demás instituciones influyentes que escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Más información en: http://www.es.amnesty.org/exigedignidad/

Un tribunal de Ruanda, noviembre de 2009 © Amnistía Internacional

Londres.- El nuevo Gobierno de Ruanda debe revisar con urgencia las imprecisas leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” que se están utilizando para suprimir la disidencia política y reprimir la libertad de expresión, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

Safer to Stay Silent: The Chilling Effect of Rwanda’s Laws on ‘Genocide Ideology’ and ‘Sectarianism’ (Mejor guardar silencio: El terrible efecto de las leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” de Ruanda) expone en detalle cómo la imprecisa redacción de estas leyes se utiliza indebidamente para criminalizar las críticas al gobierno y las actividades de disidencia legítima de políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas.

“La ambigüedad de las leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” hace que los ruandeses vivan con el temor de ser castigados por decir algo incorrecto”, ha dicho Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “La mayoría optan por la opción más segura: guardar silencio”.

Amnistía Internacional halló que muchos ruandeses, incluso especialistas en la legislación del país, como abogados y activistas de derechos humanos, no eran capaces de definir con precisión el concepto de “ideología genocida”. Incluso los jueces, profesionales encargados de aplicar la ley, señalaron que ésta era amplia y abstracta.

En vísperas de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, dos candidatos de la oposición fueron detenidos y acusados, entre otras cosas, de “ideología genocida”. El director de un periódico también fue detenido bajo el mismo cargo.

Las cadenas BBC y VOA han sido acusadas por el gobierno de difundir “ideología genocida”, acusaciones que en abril de 2009 desembocaron en la suspensión durante dos meses del servicio de la BBC en Kinyarwanda.

En el ámbito local, los ciudadanos parecen estar utilizando la acusación de “ideología genocida” para resolver disputas personales. Estas leyes permiten imponer sanciones penales a menores incluso de 12 años, así como a los padres, tutores o profesores que sean declarados culpables de “inocular” a un menor “ideología genocida”. Las condenas para los mayores de edad oscilan entre los 10 y los 25 años de cárcel.

Las leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” fueron introducidas para limitar cualquier expresión que pudiera dar lugar a apología del odio durante el decenio posterior al genocidio de 1994, en el que murieron hasta 800.000 ruandeses, en su mayor parte tutsis, pero también hutus que se opusieron a los homicidios organizados. La prohibición de la apología del odio es un objetivo legítimo, pero la forma que ha utilizado el Gobierno ruandés para conseguirlo viola el derecho internacional.

El Gobierno ruandés anunció que revisaría la ley sobre “ideología genocida” en abril de 2010. El Gobierno debe proceder también a una revisión de la ley sobre “sectarismo” y demostrar así que adopta un nuevo enfoque  sobre la libertad de expresión para poner freno al terrible efecto de la anterior legislación.  

El Gobierno ruandés debe emprender una importante reforma de estas leyes, expresar públicamente su compromiso con la libertad de expresión, revisar las condenas ya impuestas y proporcionar formación a la policía y a los fiscales sobre la manera de investigar las acusaciones.

“Esperamos que el gobierno lleve a cabo una revisión significativa de las leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” para que la libertad de expresión quede protegida tanto sobre el papel como en la práctica”, ha dicho Erwin van der Borght.

Información complementaria:

• La ley sobre “ideología genocida” de Ruanda fue promulgada en 2008.
• La ley sobre “sectarismo” de Ruanda fue promulgada en 2001.
• Según cifras oficiales, en el periodo 2007-2008 hubo 1.034 juicios relacionados con “ideología genocida”, con cargos que iban desde asesinato y envenenamiento a amenazas y daños al ganado.
• Según cifras oficiales, en 2009 se vieron en primera instancia 435 causas sobre “ideología genocida”.

Mukhmed Gazdiev mira la foto de su hijo Ibragim, desaparecido hace tres años en Ingusetia, Federación Rusa © Amnistía Internacional

Madrid.- En el Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional quiere sumar su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, y pedir a los Gobiernos de todo el mundo que inicien investigaciones imparciales sobre todo los casos de desaparición forzada, lleven ante los tribunales a los responsables y ratifiquen la Convención sobre Personas desaparecidas de Naciones Unidas para luchar contra esta práctica abominable.

La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos cometida por los Estados o con su colaboración que ha afectado y afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo, con casos registrados en más de 80 países. Desde que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones forzadas comenzase a documentar casos hace ahora 30 años, se han registrado 53.232 desapariciones forzadas; en 42.600 casos se sigue sin conocer el paradero de la víctima. Sólo en 2009, Naciones Unidas ha derivado cientos de denuncias de desaparición forzada a 25 gobiernos de todos los continentes.

Estas son las cifras denunciadas ante la ONU. Pero sin duda, el número de personas que siguen desaparecidas en todo el mundo es dramáticamente muy superior. Hoy día, decenas de países en todo el mundo siguen utilizando la práctica ilegal de la desaparición forzada amparados en la excusa de la seguridad. En Iraq, según Naciones Unidas, existen 16.409 casos pendientes de desapariciones forzadas. En Ingusetia, en el marco de ‘operaciones de lucha contra el terrorismo’ del Gobierno ruso, desde 2002 se han registrado 179 casos de desaparición forzada, una cifra muy elevada para una república con una población aproximada de sólo 500.000 personas. Además, algunos países utilizan la seguridad nacional como pretexto para hacer eliminar cualquier tipo de oposición y silenciar todas las críticas. En Chad, decenas de hombres desaparecidos entre 2006 y 2008 permanecen en paradero desconocido, entre ellos algunos opositores políticos. En Yemen, las fuerzas de seguridad someten a desaparición forzada a periodistas o disidentes críticos con el Gobierno.

Impunidad para los perpetradores

Decenas de miles de casos de desapariciones forzadas producidas en las últimas décadas en numerosos países siguen sin investigarse. Quince años después de terminada la guerra en Bosnia Herzegovina, entre 10.000 y 12.000 personas siguen en paradero desconocido, y sus victimarios siguen gozando de impunidad. En Nepal, seguían sin investigarse los casos de más de 1,300 personas que fueron detenidas y sometidas a desaparición forzada durante el conflicto que sufrió el país entre 1996 y 2006. Tampoco el gobierno de El Salvador ha puesto en marcha medidas para resolver los 2.270 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo durante el conflicto interno en la década de los 80’. En México, hubo al menos 700 casos de desaparición forzada durante la “guerra sucia” emprendida por el ejército y las fuerzas de seguridad en las décadas de los 70 y los 80, que siguen en la más completa impunidad.

Pero detrás de cada cifra está la historia de una persona detenida en secreto, torturada, asesinada, y la de una familia que sufre años o décadas bajo el peso de estos crímenes gubernamentales. Día tras día, los familiares y amigos de las miles de personas que han desaparecido soportan el desgarrador sufrimiento de no saber qué ha sido de sus hijos, sus padres, sus cónyuges, sus hermanas o sus hermanos. No saben si están vivos o muertos, si han sido encarcelados, torturados, mantenidos en condiciones inhumanas o enterrados en una fosa común. No saben si algún día aparecerán, ni en qué condiciones. Y se ven privados de justicia y verdad por la clara falta de voluntad política de los gobiernos por arrojar luz sobre la suerte de sus seres queridos. Para ellos la desaparición se prolonga sin fin, y por esa razón el derecho internacional la considera una violación continuada de derechos humanos y por tanto imprescriptible ante cualquier tribunal, además de una forma de tortura.

La Convención sobre Personas Desaparecidas

El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención constituye una oportunidad crucial para erradicar la abominable práctica de las desapariciones, garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y evitar que los crímenes del pasado caigan en el olvido. Sin embargo, aún debe ser ratificada por 20 Estados para su entrada en vigor, y ya sólo necesita una firma más para ser vinculante, después de convertirse Paraguay en el Estado número 19 al ratificarla en agosto de 2010.

Los Gobiernos deben conmemorar este Día Internacional de los Desaparecidos dando prioridad a la ratificación de este tratado. Amnistía Internacional lleva más de un cuarto de siglo haciendo campaña por una convención para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en todo el mundo. Con esta herramienta las autoridades se lo pensarán dos veces antes de cometer este crimen atroz o de prestar su ayuda a otros para cometerlo.

España: víctimas sin justicia

Hoy, Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional pide al gobierno español que asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a desapariciones forzadas se refiere. Las autoridades españolas deben facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. También deben exigir al Gobierno norteamericano una aclaración sobre el paradero del ciudadano español Mustafá Setmariam Nasar.

Promesas vacías
Decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada tanto durante la Guerra Civil como durante el franquismo. Mas de 114,000 personas así lo han denunciado ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno sigue obviando la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas. España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar a conocer el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

Sin embargo, las autoridades españolas siguen sin cumplir sus compromisos con la legalidad internacional. En junio, España modificaba su Código Penal con un deliberado e injustificable “olvido”: no se ha incorporado expresamente el delito de desaparición forzada, conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada, que España ya ha ratificado. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas lleva años solicitando al Gobierno español información sobre cuatro casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, sin que el Ejecutivo haya facilitado ningún tipo de información al respecto todavía. El Grupo expresó también preocupación en mayo de 2010 por la suspensión del juez Baltasar Garzón y enfatizó sobre el derecho de las víctimas a la verdad.

Durante el Examen Periódico Universal de España en Naciones Unidas celebrado este año, el Gobierno se comprometía a examinar la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada, independientemente del momento de su comisión, dada la naturaleza continuada del delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Amnistía Internacional ha pedido a España que investigue los crímenes cometidos durante el franquismo y garantice que no se aplica ninguna amnistía a los crímenes internacionales. Ahora España debe aprobar esta recomendación antes del periodo de sesiones de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos.

Mustafá Setmariam: otro año más “desaparecido”
En noviembre de 2005, el ciudadano español de origen sirio, Mustafá Setmariam Nasar, fue detenido por agentes pakistaníes y entregado a las autoridades estadounidenses. Con anterioridad a su “desaparición”, en noviembre de 2004, el nombre de Mustafá Setmariam aparecía en una lista de “terroristas más buscados” del FBI. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Pero su nombre fue borrado de esa lista con posterioridad a su presunta detención en Pakistán. El Gobierno español tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones posibles y exigir al Gobierno de Estados Unidos que aclare el paradero de Setmariam.

Supervivientes de violaciones se entrevistan con delegados de Amnistía Internacional. AI

Londres.- Amnistía Internacional siente una profunda consternación por los últimos informes recibidos sobre violaciones en masa y otros actos de violencia sexual cometidos en la zona de Walikale, provincia de Kivu Septentrional, entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Según las Naciones Unidas, miembros de grupos armados, entre ellos las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, violaron a más de 150 civiles de 13 localidades. Los informes indican que las violaciones fueron organizadas y sistemáticas.

Amnistía Internacional pide al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y a la ONU que hagan todo lo posible para prestar de inmediato atención médica y psicológica a las personas sobrevivientes, a los testigos y a sus comunidades. Deben recopilarse y conservarse pruebas, como las declaraciones de los testigos, para poder llevar a los responsables ante la justicia.

Los ataques se produjeron tan sólo unas semanas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara un nuevo mandato para su misión en el país con el fin de ayudar al gobierno a proteger a la población civil de las vulneraciones del derecho internacional humanitario y de los abusos contra los derechos humanos, incluidas todas las formas de violencia sexual y de género, y en el que pone de relieve que la protección de la población civil tiene prioridad sobre otras tareas encomendadas a la misión.

En la RDC, la violencia sexual y de género es generalizada y la perpetran todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales, que reciben el respaldo de la ONU. Amnistía Internacional cree que deben examinarse de inmediato los fallos del gobierno y de la ONU en la protección de la población civil para dar respuesta a las atrocidades que ésta ha sufrido y para impedir que vuelvan a cometerse.

Amnistía Internacional también pide justicia y reparaciones plenas para las personas sobrevivientes. Dada la debilidad del sistema nacional de justicia, urge tomar medidas para restaurar la capacidad de acción en casi todos los niveles. Concretamente, deben emprenderse especiales esfuerzos para formar a las autoridades nacionales en investigación y procesamiento eficaces de crímenes de violencia sexual y para eliminar los obstáculos que impiden a las personas sobrevivientes reclamar justicia.

Reinstaurar el Estado de derecho debe considerarse un elemento esencial de la protección a largo plazo de la población civil en el país. Mientras tanto, han de encontrarse soluciones en el ámbito de la justicia nacional e internacional para poner fin a la impunidad que permite a personas planear y cometer estos crímenes a sabiendas de que no se les hará rendir cuentas.

Información complementaria

El 25 de agosto se encomendó a Margot Wallström, representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, la tarea de liderar la respuesta de la ONU a estas violaciones. Se espera que entre los asuntos que se traten con el gobierno de la RDC se incluya la solicitud pendiente del Consejo de Seguridad, prevista en la resolución 1888 (2009), en la que se exhorta al secretario general de la ONU “a designar a un equipo de expertos, y a adoptar las medidas que correspondan al objeto de que empiece a trabajar con rapidez, para que se ocupe de situaciones particularmente preocupantes en lo que respecta a la violencia sexual en los conflictos armados, […] previo consentimiento del gobierno receptor, a fin de ayudar a las autoridades nacionales a reforzar el estado de derecho”. Todavía no se ha desplegado este equipo de expertos.

Está previsto que, en noviembre de 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU debata la evolución de la “protección de la población civil”, después del debate que se celebrará a finales de octubre con motivo del 10º aniversario de la resolución 1325 sobre “la mujeres y la paz y la seguridad”.

En mayo de 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1925 (2010), por la que se autoriza el despliegue de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) hasta el 30 de junio de 2011.

Imagen de un concierto de U2 © Not Us Limited. Kevin Davies.

Londres.- La policía detuvo ayer brevemente a cinco activistas de Amnistía Internacional y cerró los puestos de la organización en el lugar del concierto de U2 en la capital rusa, Moscú, antes de que se celebrara éste.

Los activistas estaban dentro del recinto del concierto, donde mostraban pancartas y recogían firmas para la campaña "Exige Dignidad”, dirigida a poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan e intensifican la pobreza en el mundo. Intentaban sensibilizar sobre los derechos humanos y recoger firmas para una petición.

El grupo musical ha invitado a activistas de Amnistía Internacional a sumarse a él en la etapa europea de su gira U2 360°. Los agentes de policía hicieron caso omiso de las protestas de los activistas, que explicaron que estaban allí invitados, y los obligaron a cerrar sus puestos.

Aunque nadie opuso resistencia a la orden policial de cerrar los puestos, una persona que forma parte del personal de la oficina de Moscú de Amnistía Internacional y cuatro voluntarios fueron conducidos a una comisaría local. Les ordenaron ofrecer por escrito una explicación de sus acciones, emitieron contra ellos una amonestación oficial por haber organizado un acto público sin permiso oficial previo y, al cabo de una hora, los dejaron en libertad.

Lamentablemente, esta detención no es un hecho aislado, sino que refleja las dificultades constantes que encuentran hoy día en Rusia quienes intentan expresar opiniones que las autoridades consideren conflictivas, disidentes o delicadas. Amnistía Internacional teme que en Rusia se esté restringiendo a los miembros de la oposición política y a los activistas de los derechos humanos el derecho a la libertad de reunión y expresión.

La organización ve con preocupación que las autoridades rusas consideren que no se pueden permitir tales actividades si no se realizan con su aprobación explícita y adopten estrictas medidas represivas contra quienes las llevan a cabo por considerar que están cometiendo una infracción.

Familia gitana en Rumanía. AI

Londres.- Amnistía Internacional ha expresado su profunda preocupación por  las recientes declaraciones y medidas de las autoridades francesas que parecen ir dirigidas específicamente contra las comunidades romaníes y nómadas. La organización ve con inquietud que se esté devolviendo a algunos romaníes de Francia a sus países de origen en un contexto de declaraciones del gobierno francés que sugieren que existe una relación entre los romaníes y la delincuencia.

El 19 de agosto se había devuelto ya a Rumania y Bulgaria a 86 romaníes, y al día siguiente, a alrededor de 130. El ministro francés de inmigración, Eric Besson, ha anunciado que hoy serán devueltos unos 250, y que al final del mes se habrá devuelto a alrededor de 800.

Las medidas se han tomado tras haber anunciado el gobierno francés que en el plazo de tres meses se iban a cerrar alrededor de 300 campamentos irregulares de romaníes y nómadas, lo cual se había tratado en una reunión ministerial celebrada el 28 de julio para hablar de “los problemas planteados por la conducta de ciertos nómadas y romaníes”. Según informes, en esa reunión el presidente Sarkozy calificó los campamentos irregulares de romaníes de “fuentes” de delincuencia, lo que presuntamente incluía explotación infantil y prostitución. Amnistía Internacional considera alarmantes tales declaraciones del presidente de la República Francesa, pues pueden perpetuar estereotipos negativos que contribuyen a la estigmatización y la discriminación de las comunidades romaníes y nómadas.

La organización considera que las autoridades francesas deben esforzarse por combatir la discriminación, en vez de hacer declaraciones incendiarias, que parecen vincular a comunidades enteras con la delincuencia. Amnistía Internacional teme que tales declaraciones den lugar a mayor discriminación aún de las comunidades romaníes y nómadas. No se debe devolver ni expulsar a nadie por el simple hecho de ser romaní.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la declaración que hizo la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, el 25 de agosto acerca de la situación de los romaníes en Europa. La comisaria lamentó "cierta retórica utilizada en algunos Estados miembros las últimas semanas” que “ha sido claramente discriminatoria e incendiaria en parte".

También se han visto afectados por el anuncio del cierre de unos 300 campamentos irregulares los miembros de las comunidades nómadas de Francia, la mayoría de los cuales son ciudadanos franceses.

Según la legislación francesa, todos los municipios (communes) de más de 5.000 habitantes deben establecer áreas autorizadas de parada para los nómadas. Sin embargo, en abril de 2009, la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad (HALDE) de Francia criticó al gobierno, porque sólo el 25 por ciento de los municipios sujetos a esta obligación la cumplían. La HALDE hizo hincapié en que el hecho de que el Estado no cumpliera con su obligación hacía que hubiera un mayor número de nómadas viviendo en áreas de parada no autorizadas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades francesas que se centren en cumplir plenamente su propia legislación y que proporcionen áreas de parada suficientes y protejan el derecho de todas las personas a la vivienda.

La organización recuerda a las autoridades francesas que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen también la obligación de garantizar el derecho de todas las personas, incluidos los miembros de las comunidades romaníes y nómadas, a una vivienda adecuada. No pueden desalojar a nadie de su hogar, aunque esté éste en un asentamiento irregular, mientras no se hayan agotado todas las demás opciones ni se haya consultado con todas las personas afectadas. Sólo pueden llevarse a cabo desalojos si se siguen los debidos procedimientos de protección, se proporciona otro alojamiento adecuado y se ofrece a las personas realojadas indemnización por todas las pérdidas sufridas.

Amnistía Internacional insta también a Francia a que elimine de su legislación todas las disposiciones que discriminen a los ciudadanos nómadas con medidas como obligarlos a llevar permiso de viaje y restringir su derecho de voto.

Un tren de carga con personas migrantes a bordo pasa por San Miguel, estado de Veracruz. Junio 2009 © Amnistía Internacional / Ricardo Ramírez Arriola

Londres.- Amnistía Internacional está gravemente preocupada por la matanza de 72 migrantes irregulares en el Estado de Tamaulipas, cerca de la frontera norte de México, aparentemente cometido por miembros del grupo criminal Los Zetas. Informes recientes sugieren que las víctimas, quienes habían sido secuestradas por el grupo criminal, eran de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil.

Es crucial asegurarse de que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades deben también garantizar la seguridad de los testigos y establecer con certeza la identidad de las víctimas para que las familias puedan recibir los restos y despedir a sus seres queridos. Se deben poner a su disposición los recursos suficientes para asegurar que los familiares puedan recuperar los cuerpos.

El asesinato a sangre fría de migrantes indefensos tratando de llegar a los Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias es la evidencia más clara de la escala y severidad de los ataques contra migrantes irregulares.

Amnistía Internacional emitió un informe en abril resaltando el fracaso de las autoridades federales y estatales de México de implementar medidas efectivas para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones de migrantes irregulares a manos de los grupos criminales. Estos grupos a menudo operan con la complicidad o aquiescencia de funcionarios públicos.

Este caso una vez más demuestra el extremo peligro que enfrentan los migrantes y la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales de reducir los ataques contra los migrantes. La respuesta de las autoridades ante este caso será una prueba para el gobierno.

El fracaso del gobierno federal en mostrar su liderazgo en la implementación de medidas para atender la violencia sistemática sufrida por migrantes irregulares debe terminar con la implementación de un claro plan de acción  en el cual todas las agencias clave como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades estatales actúen de manera coordinada y efectiva.

Información de contexto
Decenas de miles de migrantes irregulares que viajan hacia la frontera estadounidense enfrentan una amenaza constante de secuestro y ataque por parte de grupos criminales y, en algunos casos, por parte de las fuerzas de seguridad. Aquellos detrás de los abusos casi nunca son llevados ante la justicia y los migrantes tienen escasa oportunidad de lograr justicia. Muy poca información está disponible para los muchos familiares buscando a sus seres queridos.

Para más información, véase:

CIBERACCIÓN. México: La vida del Padre Alejandro Solalinde corre peligro;

INFORME "Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México", Amnistía Internacional, abril de 2010;

EXPOSICIÓN VIRTUAL "Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento a través de México",

Una ventana acribillada a balazos tras una redada de las fuerzas de seguridad en Yemen, marzo de 2010 © Amnistía Internacional

Londres.- Las autoridades yemeníes deben dejar de sacrificar los derechos humanos en aras de la seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas de Al Qaeda y los rebeldes chiíes zaidíes en el norte, y abordar el problema de la reivindicación creciente de la secesión en el sur, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe “Yemen: Cracking Down Under Pressure” documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos, que incluye homicidios ilegítimos de personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda y los activistas del Movimiento del Sur así como detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin las debidas garantías.

Los yemeníes acusados de apoyar a los huthis –rebeldes chiíes zaidíes armados en la región septentrional de Sada– o al Movimiento del Sur también han sido blanco específico de detención arbitraria, palizas y juicio injusto ante un tribunal especial, al igual que periodistas, disidentes, defensores de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno.

Algunos han sido víctimas de desaparición forzada durante semanas o meses a manos de unos servicios de seguridad que apenas rinden cuentas y que informan directamente al presidente de Yemen, Alí Abdulá Salé.

“Ha prosperado una tendencia sumamente preocupante, a saber, que las autoridades yemeníes, sometidas a la presión de Estados Unidos y otros países para que combata a Al Qaeda, y de Arabia Saudí para que resuelva el problema con los huthis, utilizan la seguridad nacional como pretexto para hacer frente a la oposición y acallar todas las críticas” afirmó Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La protección de los derechos humanos debe estar en la base de todas las medidas adoptadas en nombre de la lucha antiterrorista o para resolver otros problemas de seguridad en Yemen.”

El número de condenas a muerte impuestas a personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda o con los grupos armados huthis ha descendido notablemente. En 2009, al menos 34 personas acusadas de vinculación a grupos armados huthis fueron condenadas a muerte.

Las fuerzas de seguridad han matado al menos a 113 personas desde 2009 en operaciones que, según el gobierno, tienen como objetivo a los “terroristas”. La frecuencia de los ataques ha aumentado desde diciembre de 2009 y, en algunos casos, las fuerzas de seguridad no hicieron el menor intento de detener a los sospechosos antes de matarlos.

El 17 de diciembre de 2009, al menos 41 personas, de las que 21 eran menores de edad y 14 eran mujeres, resultaron muertas cuando su asentamiento en la zona de Al Majalah, en el distrito septentrional de Abyan, fue alcanzado por misiles.

“Las autoridades de Yemen tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población y de llevar ante la justicia a los responsables de ataques dirigidos deliberadamente contra civiles, pero al hacerlo deben respetar en todo momento el derecho internacional –señaló Malcolm Smart–. La desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos y la ejecución extrajudicial no son prácticas aceptables en ninguna circunstancia, y las autoridades yemeníes deben poner fin de inmediato a estas violaciones de derechos humanos.”

“Resulta especialmente preocupante que Estados como Arabia Saudí o Estados Unidos estén ayudando directa o indirectamente al gobierno yemení, en una espiral descendente que se aleja de la anterior trayectoria de avance en materia de derechos humanos.”

El Movimiento del Sur es una coalición poco articulada de personas, grupos políticos y otras organizaciones que abogan por la mejora de los derechos de la población del sur, cuyos orígenes se remontan a la guerra civil de 1994 entre el norte y el sur de Yemen. Muchas facciones del Movimiento del Sur reclaman ahora la secesión del sur del resto de Yemen.

Los huthis, seguidores de Hussain Badr al Din al Huthi en la región de Sada, luchan contra el gobierno desde 2004, en lo que comenzó como una protesta por la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y desembocó en un conflicto armado, sobre todo desde que el gobierno dio muerte a su líder.

El Tribunal Penal Especial se constituyó en nombre de la lucha contra el terrorismo en 1999. En 2004 se amplió su mandato y en 2009 se establecieron otros tres tribunales especiales. El Tribunal Penal Especial se ha utilizado para condenar, por ejemplo, a periodistas que informaban sobre el conflicto en Sada o las quejas expresadas por el Movimiento del Sur.

Desde su creación, el Tribunal Penal Especial ha enjuiciado a cientos de personas. En la actualidad, las autoridades yemeníes utilizan este tribunal contra una amplia diversidad de personas cuyas actividades o informaciones se consideran hostiles o perjudiciales para el gobierno.

Qassem Askar Jubran, ex diplomático, y Fadi Ba’oom, activista político, fueron detenidos en abril de 2009, acusados de “lesionar la independencia de la República” y “la unidad de Yemen” y de organizar protestas en apoyo del Movimiento del Sur. Ambos fueron condenados a cinco años de cárcel en marzo de 2010, y han sido puestos en libertad.

“Lo único que tienen en su contra es su participación en el Movimiento del Sur, sus artículos en el periódico Al Ayyam, su asistencia a reuniones” contó Salah Askar Jubran, madre de Qassem, a Amnistía Internacional en marzo.

Cundía la impresión de que el gobierno había establecido el Tribunal Especial de Prensa y Publicaciones en mayo de 2009 como medio de reprimir la oposición no violenta y la expresión de opiniones críticas en los medios de comunicación.

Anissa Uthman, periodista que trabaja para el diario Al Wassat, está entre los periodistas y directores de publicaciones juzgados por este tribunal. Fue condenada in absentia a tres meses de cárcel en enero de 2010 por difamación del presidente Saleh. Según informes, su procesamiento se debió a unos artículos que había escrito en los que criticaba la detención y el encarcelamiento de activistas de derechos humanos.

Agua contaminada tras un derrame de petróleo producido a mediados de 2007, cerca de la comunidad de Goi, Ogoniland, Nigeria. 28 de enero 2008.© Kadir van Lohuizen/NOOR

Londres.- Amnistía Internacional ha cuestionado hoy la credibilidad de los datos citados por un alto representante de la ONU que lleva a cabo una investigación en los lugares afectados por vertidos de petróleo en Ogonilandia, en el delta del Níger.

Según informes, el representante del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) ha afirmado que el 90 por ciento de los vertidos de petróleo en Ogonilandia se deben a actos de sabotaje y delincuencia, y que sólo el 10 por ciento son debidos a defectos de infraestructura y negligencia por parte de empresas como Shell.

Amnistía Internacional ha criticado que el UNEP se base en estos datos, elaborados por los organismos de control nigerianos, de los que es sabido que, cuando se trata de investigaciones sobre vertidos, dependen en gran medida de las propias compañías petroleras.

“Confiar en tales datos sería un grave error de juicio con importantes consecuencias para las personas que habitan el delta del Níger –aseguró Audrey Gaughran, directora del Programa de Amnistía Internacional sobre Asuntos Temáticos Globales–. El UNEP debe ser consciente de que las comunidades y los grupos medioambientales llevan años rebatiendo con fuerza estos datos. Carecen por completo de credibilidad.”

“Durante décadas se ha mentido y privado de justicia a la población del delta del Níger. El asunto de las causas de los vertidos de petróleo es delicado. Si el UNEP emite algún comentario acerca de la causa de los derrames, debe hacerlo exclusivamente en función de datos sólidos y verosímiles, y no de cifras que son motivo de conflicto.”

En un informe publicado por Amnistía Internacional en junio de 2009 sobre las consecuencias de la contaminación petrolera para los derechos humanos, la organización concluía que el sistema de investigación sobre los vertidos de petróleo en el delta del Níger carecía por completo de independencia y no servía para determinar la proporción de vertidos causados por actos de sabotaje, en oposición a los vertidos debidos a defectos de infraestructura. Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que, en muchos casos, las empresas petroleras ejercen una influencia considerable a la hora de determinar la causa del vertido. El informe documenta casos en los que Shell alegó que la causa de un vertido había sido el sabotaje y posteriormente otras investigaciones o los tribunales pusieron en duda esa afirmación.

Amnistía Internacional ha pedido que se vigile de manera independiente la industria del petróleo en el delta del Níger, lo que incluye revelar toda la información pertinente sobre las causas de la contaminación petrolera.

Entre 1989 y 1994, la propia Shell calculó que sólo el 28 por ciento de los vertidos de petróleo en el delta del Níger se debía a actos de sabotaje. En 2007, la estimación de Shell había aumentado hasta el 70 por ciento. El dato que ahora ofrece la empresa se ha elevado por encima del 90 por ciento. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a Shell que presente pruebas que sustenten esos datos. Shell no ha sido capaz de hacerlo.

“Aunque el sabotaje y el vandalismo son problemas graves, no hay evidencia que sustente los datos ofrecidos por las empresas petroleras y las agencias gubernamentales de Nigeria” afirmó Audrey Gaughran.

Para más información, véase:

• INFORME. "Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el Delta del Níger", Amnistía Internacional, junio de 2009;

• CAMPAÑA Exige Dignidad;

• EXPOSICIÓN VIRTUAL. "Derechos económicos, sociales y culturales";

• ESPACIO WEB. "Empresas, derechos humanos y pobreza: hay que rendir cuentas";
• INFORME. "Nigeria: Diez años después. La injusticia y la violencia persiguen al delta del petróleo", Amnistía Internacional, noviembre de 2005;

Condenados a muerte en China. © Privado

Londres.- Amnistía Internacional ha advertido hoy de que las reformas propuestas en la aplicación de la pena de muerte en China podrían no tener como resultado un descenso importante del número de ejecuciones.

La agencia oficial de noticias china Xinhua ha informado hoy de que, con arreglo a las enmiendas propuestas al Código Penal chino, podría suprimirse la pena capital para 13 de los 68 delitos que actualmente comportan esa pena. Los borradores de las enmiendas van abriéndose paso a través de las numerosas lecturas en la cámara legislativa de China.

“Aunque acogeríamos con agrado cualquier reforma que en la práctica contribuyera al descenso de las ejecuciones en China, aún no estamos convencidos de que esta reforma jurídica tenga consecuencias significativas” afirmó Catherine Baber, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

Como parte de su labor de campaña contra la pena de muerte, Amnistía Internacional ha pedido a China que reduzca el número de delitos punibles con la muerte.

“Todavía estamos esperando que el gobierno chino publique los datos que demuestren que la reforma propuesta es algo más que una superficial actualización legal, ya que se limita a suprimir delitos por los que rara vez se ha impuesto la pena de muerte en los últimos años” afirmó Catherine Baber.

Según la información recibida, el proyecto de enmienda al Código Penal chino, de ser aprobado, eliminaría la pena de muerte como castigo por delitos de guante blanco, como el fraude fiscal, y por la sustracción de objetos valiosos y reliquias culturales. También suprimiría la aplicación de la pena capital a personas mayores de 75 años.

En cualquier caso, no es posible conocer públicamente y evaluar el efecto real de cualquier reforma en la aplicación de la pena de muerte en China porque allí los datos sobre ejecuciones se consideran secreto de Estado.

Amnistía Internacional pide al gobierno de China que dé a conocer el proyecto de reforma así como los datos nacionales sobre ejecuciones para que sea posible analizar y debatir sobre la pena de muerte con transparencia.

Para poner en evidencia la falta de transparencia en China, Amnistía Internacional declinó publicar sus datos mínimos sobre ejecuciones y pena de muerte en China en su informe anual de este año sobre la pena capital. Se calcula que China es el máximo ejecutor del mundo.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción como violación suprema de los derechos humanos.