Amnistía Internacional España

Colombianos indígenas se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta en la carretera Panamericana, en Mondomo, departamento del Cauca, Colombia AFP PHOTO / Luis ROBAYO (Photo credit should read LUIS ROBAYO / AFP / Getty Images)

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como a Su Majestad el Rey, Felipe VI, para hacerle llegar sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia, con motivo de la visita que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, realiza este lunes 3 de noviembre a España, en el marco de una visita a varios países europeos como Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica y Francia para solicitar apoyo en el proceso de paz. Asimismo, en el marco de las relaciones económicas de España en Colombia, la organización se ha puesto en contacto con empresas españolas que tienen inversiones en el país para que también tengan en cuenta estas recomendaciones.

La organización es consciente de que las actuales conversaciones de paz en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en las que también podría participar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son la mejor oportunidad para la paz presentada en más de diez años. Sin embargo, aunque ambas partes reconocen su responsabilidad en los abusos, la declaración conjunta emitida el pasado 7 de junio, no contiene ningún compromiso para llevar ante la justicia a dichos responsables. Algunas medidas legislativas que garantizarán la impunidad para las personas responsables de violaciones de derechos humanos, como la ampliación del Fuero Militar, o la situación de riesgo en la que viven cientos de defensores y defensoras de derechos humanos son las principales preocupaciones para Amnistía Internacional, que insiste en que todavía no se puede hablar de “postconflicto” en el país. En algunos aspectos las consecuencias del conflicto en la actualidad siguen siendo igual de graves y, en algunas regiones, incluso mayores, como en el caso de la ciudad portuaria de Buenaventura, donde las comunidades de afrodescendientes y quienes las defienden han sido víctimas de una creciente ola de violencia a manos de paramilitares, a pesar de la fuerte presencia policial y militar en la zona.

A lo largo de los últimos años, el gobierno colombiano, respaldado por un poderoso grupo de presión de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad, está promoviendo una serie de iniciativas legislativas para ampliar el sistema de justicia militar. En ese sentido, AI muestra su preocupación por los intentos del gobierno de reforzar dicho sistema, permitiendo que las fuerzas de seguridad responsables de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes sexuales, sean investigadas en tribunales militares, en lugar de civiles. Este hecho podría acrecentar la impunidad existente: el sistema de justicia militar en el país ha fallado constantemente a la hora de hacer justicia.

Otras de esas iniciativas ya están aprobadas, como el Código Penal Militar, que se mantiene desde agosto de 2010 y que contiene disposiciones que garantizan igualmente que muchos casos de violaciones de derechos humanos permanezcan en el sistema de justicia militar. El gobierno colombiano ha respaldado también otras medidas recientes, como el Marco Legal para la Paz y la reforma de la Ley de Justicia y Paz, que podría permitir que los autores -militares, guerrilleros y paramilitares- de abusos  contra los derechos humanos eludieran la acción de la justicia. Por ejemplo, hasta abril de 2014 sólo 22 paramilitares de los 30.000 que han dejado las armas han sido condenados.

Además, el gobierno continúa insistiendo en que ya no hay grupos paramilitares tras el proceso de desmovilización patrocinado por el gobierno que comenzó en 2005. Esto no es cierto. Los grupos paramilitares siguen atacando a la población civil. El gobierno los llama ahora bandas criminales (bacrim), y afirma que se trata de delincuentes comunes. Sin embargo, el modus operandi y las víctimas de estos grupos coinciden extraordinariamente con los de los grupos paramilitares antes de la desmovilización. Los informes sugieren que muchos de estos grupos "post-desmovilización" están dirigidos por mandos intermedios de los grupos paramilitares antes de la desmovilización. También hay que subrayar que muchas de sus actuaciones se realizan en connivencia con las fuerzas de seguridad.

Defensores en peligro

Las amenazas y los asesinatos de quienes defienden las tierras, de los periodistas y de los activistas políticos siguen siendo una realidad en Colombia. Amnistía Internacional, que ha pedido al gobierno colombiano que ponga fin a esta situación,ha denunciado que al menos 80 defensores y defensoras, activistas políticos y periodistas, recibieron amenazas de muerte en el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 9 de septiembre, y otros 100 de ellos durante este mes de octubre, entre los que se encuentran José Aristazábal y Fernando Hernández Valencia, quienes fueron acogidos al programa de protección temporal de defensores de Amnistía Internacional España y que acababa de regresar a su país después de una década de exilio. Además, la ONG Somos Defensores informó también de que en los seis primeros meses de 2014, unos 30 defensores fueron víctimas de homicidio. Otros 70 lo fueron en 2013.

Exportaciones de armas  

En 2012 y 2013, el Gobierno español autorizó exportaciones de armas a Colombia por importe de 76 millones de euros y realizó exportaciones de armas por importe de 68 millones de euros. En un dilatado conflicto en el que todas las partes implicadas, son responsables de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, los aviones de transporte, la munición de artillería y obuses son susceptibles de ser utilizados para cometer o facilitar la comisión de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional confía en que tanto el Rey como el presidente español transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia. Éstas son las recomendaciones que la organización les ha trasladado:

 

  • Pida al Presidente Santos que garantice que los casos de violaciones de derechos humanos se mantienen en los tribunales civiles y no son transferidos al sistema de justicia militar, y que el gobierno colombiano se abstenga de seguir intentando reforzar el sistema de justicia militar, ya que estas acciones serían contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obligación internacional del Estado de Colombia de poner fin a los abusos y violaciones de derechos humanos y las reiteradas recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
  • Condene públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los actores armados en el conflicto, y apoye de forma pública la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, activistas y líderes de las comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos, y de personas involucradas en campañas en favor de la restitución de tierras que han sido amenazados y, muchos de ellos, han fallecido en el ejercicio de su activismo.
  • Pida al Presidente Santos el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de forma reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques, poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad.
  • Respecto al tema de las exportaciones de material de defensa, el gobierno español debería facilitar información detallada el tipo de productos y las unidades militares concretas usuarias finales del material exportado; proporcionar información detallada sobre el proceso de evaluación del riesgo de uso indebido de las armas exportadas y las garantías y mecanismos adoptados para mitigarlo; e informar a la Comisión de Defensa del Congreso sobre el seguimiento que hace sobre el terreno del uso final del material exportado.

Más información

Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación del país, inmerso en un conflicto desde hace casi cinco décadas y ha publicado numerosos informes basados en investigaciones sobre terreno, que denuncian que, aunque ha habido avances, todavía queda mucho camino por recorrer.

Según el informe “¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad”, publicado en 2013 por el gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre 1985 2012 ha habido casi 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, el 80% de ellos víctimas civiles, y al menos 25.000 despariciones forzadas. Casi seis millones de personas han sido desplazadas entre esos años. Asimismo, un total de 27.000 personas fueron secuestradas entre 1970 y 2010. Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son las peor paradas. También las mujeres y las niñas, víctimas además de violencia sexual. Aunque se cree que el número podría ser mayor, más de 1.700 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual a causa del conflicto entre 1985 y 2012.  

Amnistía Internacional considera que aunque se han dado pasos importantes para conseguir la paz en el país, es muy importante que este proceso se lleve a cabo con justicia. Por eso, la organización ha instado a la Unión Europea a comprometerse con Colombia en un momento tan crucial como éste haciendo del respeto de los derechos humanos el requisito previo para todas las negociaciones, y asegurando que la sociedad civil tiene el espacio necesario para participar en el proceso y que cualquier acuerdo firmado es sostenible.


Miembros de la delegación de Amnistía Internacional durante la investigación de septiembre de 2014 sobre el funcionamiento de la Operación Mare Nostrum. ©Amnesty International (Photo: Giuseppe Chiantera)

Bruselas-. Amnistía Internacional ha alertado reiteradamente de que se perderán muchas vidas en el mar Mediterráneo a menos que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) se esfuercen por garantizar una operación conjunta de búsqueda y salvamento en toda regla. Este tema se plantea en vísperas de lanzamiento de la Operación Tritón de Frontex (la agencia de la UE para la gestión de fronteras) el 1 de noviembre, una operación que definirá la suerte de la Operación Mare Nostrum de Italia y guiará el rumbo de los compromisos de la UE respecto a las tareas de búsqueda y salvamento.

La presenten como la presenten, Tritón no es una operación de búsqueda y salvamento”,  ha dicho Nicolas J. Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. “El mundo se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la segunda Guerra Mundial, y la UE y sus Estados miembros deben garantizar colectivamente y con carácter de urgencia una sólida capacidad de búsqueda y salvamento para cubrir el inminente déficit de este tipo de operaciones que salvan vidas”.

Desde el lanzamiento de la Operación Mare Nostrum, en octubre de 2013 (tras los naufragios en el Mediterráneo central en los que murieron más de 500 hombres, mujeres, niños y niñas), Italia ha salvado, prácticamente en solitario, las vidas de más de 155.000 personas que se arriesgaron a perecer ahogadas en aguas europeas. Pero mientras la gente huye de los conflictos y las persecuciones, lanzándose al mar en busca de seguridad y asilo, la petición de que la UE responda colectivamente ante la responsabilidad común de salvar vidas frente a sus costas continúa sin ser atendida.

En lugar de eso, la UE va a lanzar una operación fronteriza para enfrentarse a los flujos migratorios en el Mediterráneo central.

“Hasta la fecha ha habido una tremenda falta de respuesta colectiva a las necesidades de búsqueda y salvamento por parte de los Estados miembros de la UE”, ha añadido Beger. “La Operación Tritón es un ejemplo claro de que los Estados miembros de la UE siguen más preocupados de proteger sus fronteras que de proteger a las personas”.

La Operación Tritón de Frontex tiene un claro cometido de gestión de fronteras, lo cual quiere decir que ni ahora ni nunca estará orientada a la búsqueda y el salvamento de vidas, sino que se centrará en patrullar las costas e investigar a los solicitantes de asilo que desembarquen. Además, sus efectivos no se internarán tanto como los de Mare Nostrum en aguas internacionales, donde tantas personas perecen, sino que se mantendrán cerca del litoral europeo. Además, el presupuesto de Tritón es de 3 millones de euros al mes, frente a los 9 millones mensuales dedicados por Italia a Mare Nostrum.

Y en una semana en que Reino Unido –uno de los mayores Estados miembros de la UE– anunciaba su decisión de no apoyar futuras operaciones de búsqueda y salvamento, el compromiso de los Estados miembros con su obligación de salvar vidas y su credibilidad respecto a la protección de los derechos humanos siguen suscitando serias dudas.

“La Operación Mare Nostrum de Italia ha salvado miles de vidas, mientras el resto de los Estados miembros se limitaban a observar cruzados de brazos. Ahora deben compartir esa responsabilidad, y no esconderse tras una operación que no se ajusta a las verdaderas necesidades de búsqueda y salvamento del Mediterráneo central”, ha dicho Beger. “Mientras siga habiendo guerra, pobreza y persecución, seguirá habiendo personas desesperadas que asuman terribles riesgos. La UE y sus Estados miembros no pueden ni deben volverles la espalda y dejar que mueran ahogadas a las puertas de Europa”.

Amnistía Internacional también pide a la UE que aumente las rutas seguras y legales a Europa garantizando que la gente no se ve obligada a emprender peligrosas rutas por mar.


Un subsahariano es detenido y expulsado a Marruecos desde Melilla en mayo de 2014. (AP Photo/Santi Palacios

El Partido Popular debería renunciar inmediatamente a sus planes de dotar de base legal a las devoluciones sumarias desde los enclaves españoles del norte de África, según han dicho hoy 13 organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones españolas e internacionales han escrito cartas al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes, François Crépeau y al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, instándoles a presionar al gobierno español para que retire una modificación propuesta a la Ley de Extranjería española.

“Las devoluciones “sumarias” impiden a los solicitantes de asilo solicitar la protección que necesitan y niegan a todas las personas migrantes una serie de derechos”, han manifestado dichas organizaciones. “Devolver a las personas automáticamente a Marruecos, sin salvaguarda procesal alguna, constituye un claro incumplimiento del Derecho europeo e internacional de los derechos humanos”.

Las cartas se han hecho públicas el 30 de octubre de 2014, el mismo día que Anne Brasseur, presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, inicia su visita de dos días a España. Brasseur debería instar a las autoridades españolas a renunciar a este esfuerzo deplorable de formalizar una práctica abusiva, y a asegurar en su lugar el pleno respeto de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo en sus fronteras.

El Partido Popular está intentando usar una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para introducir una disposición en la Ley de Extranjería que permitiría los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla. Introducir la enmienda en esta fase implica que no habrá una valoración real acerca del impacto en materia de derechos humanos de la nueva disposición.

La modificación propuesta establecería una excepción para los agentes de fronteras de los enclaves de Ceuta y Melilla para denegar a los migrantes y solicitantes de asilo las salvaguardas que garantiza la ley vigente. Si se aprueba, la enmienda formalizaría la práctica que se está llevando a cabo actualmente de manera ilegal de devolver sumariamente a migrantes y solicitantes de asilo a Marruecos, a pesar de encontrarse en territorio español. En algunos casos, los agentes de la Guardia Civil han usado un uso excesivo de la fuerza para devolver a las personas.

Las devoluciones automáticas violan el Derecho comunitario, así como las obligaciones de España bajo el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho de los refugiados. En concreto, podría dar lugar a violaciones al derecho al asilo, la prohibición de la tortura, la obligación de non-refoulement (no devolución), el derecho a un recurso efectivo y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como la prohibición de expulsiones colectivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó recientemente que las prácticas de devoluciones sumarias que se practican de Italia a Grecia privaron a las personas de acceder al procedimiento de asilo y les expusieron al riesgo de ser objeto de un trato inhumano o degradante, violando sus derechos a un recurso efectivo y a la protección frente a la expulsiones colectivas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha expresado sus preocupaciones por los planes del gobierno, señalando que muchas de las personas que llegan a estos enclaves huyen de la guerra, la violencia y la persecución en países como Siria, la República Centroafricana o Mali.

Las siguientes organizaciones han firmado las cartas: Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, European Council on Refugees and Exiles, Federación de Asociaciones de S.O.S Racismo del Estado español, Fundación Abogacía Española, Human Rights Watch, Jueces para la Democracia, Prodein, Red Acoge, y Rights International Spain.


El estado de Maranhão sufre el azote de los conflictos de tierra y la violencia contra los trabajadores rurales. © Amnesty International.

El cuarto aniversario del homicidio de un activo líder comunitario del estado de Maranhão debe ser la señal de alarma que impulse al gobierno brasileño a abordar urgentemente la creciente violencia en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Flaviano Pinto Neto, líder de la comunidad de Charco, en el noreste de Brasil, murió por disparos el 30 de octubre de 2010. En abril de 2011 se acusó del homicidio a cuatro personas, pero ninguna de ellas ha comparecido aún a juicio.

“Este estremecedor caso es ilustrativo de las graves injusticias que sufren quienes defienden los derechos humanos en Brasil. Al no investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial la muerte de Flaviano Pinto, el gobierno brasileño está negando la justicia a su familia y, en la práctica, está dando luz verde al asesinato de otros activistas”, ha manifestado Renata Neder, asesora sobre derechos humanos de Amnistía Internacional Brasil.

El estado de Maranhão sufre el azote de los conflictos de tierra y la violencia contra los trabajadores rurales. Tan sólo este año, cinco líderes comunitarios han muerto en luchas por la tierra.

La impunidad por estas muertes es también demasiado habitual. Las cifras muestran que, de los 1.600 casos de homicidios por cuestiones de tierras cometidos entre 1985 y 2009, sólo el 5 por ciento, aproximadamente, llegaron a juicio.

Flaviano Pinto recibió siete disparos. Además de líder comunitario, era el presidente de la Asociación de Pequeños Productores Rurales de la Comunidad de Charco (Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado do Charco).

Había tomado parte en la lucha para que su comunidad fuera reconocida oficialmente como “quilombo”: un grupo identificado como de personas afrobrasileñas que, en virtud de la Constitución de Brasil, gozan de cierta protección, incluido el acceso a títulos de propiedad de la tierra. El título de propiedad podría ayudar a proteger al grupo frente a poderosos hacendados locales.

En 2012, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria reconoció oficialmente a la comunidad de Charco como quilombo. Sin embargo, aún no se han dado los pasos administrativos necesarios para procesar esta identificación.

“Mientras los organismos gubernamentales procesan lentamente los pasos burocráticos, la comunidad de Maranhão sigue sufriendo amenazas y ataques. Esto tiene que cesar. Hoy, en el triste aniversario de la muerte de Flaviano Pinto, pedimos al gobierno brasileño que se enfrente al reto y aborde la violencia contra quienes defienden los derechos humanos en Maranhão”, ha manifestado Renata Neder.

Información complementaria

Los quilombos son asentamientos afrobrasileños establecidos a finales del siglo XVI en zonas rurales remotas de Brasil por esclavos fugados y liberados que se resistían a la esclavitud.

La Constitución brasileña de 1988 (artículos 215 y 216) reconoce el derecho de las comunidades descendientes a las tierras ocupadas históricamente por los quilombos. En particular, el artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias establece que “se reconocerá el derecho definitivo de propiedad a los descendientes de los quilombos que estén ocupando sus tierras, y el Estado les otorgará los respectivos títulos de propiedad”. Se han promulgado una serie de leyes federales y estatales para regular la manera de identificar las tierras de los quilombos y de emitir títulos de propiedad para las comunidades que permanecen en ellas.

En Maranhão hay más de 1.000 quilombos. Se han iniciado cientos de procedimientos administrativos ante el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, pero hasta la fecha ninguna comunidad ha recibido su título de propiedad de la tierra.

La comunidad de Charco, con más de 90 familias, lleva más de 60 años defendiendo su derecho a la tierra, y ha sido amenazada anteriormente con diversas órdenes de desalojo. En 2009 inició el proceso administrativo para que sus tierras se reconocieran como lo que queda de un asentamiento quilombo.


La situación en Libia es desoladora © REUTERS/Hani Amara

Milicias y grupos armados sin ley de todas las partes que intervienen en el conflicto del oeste de Libia están cometiendo abusos contra los derechos humanos de forma desmedida, incluidos crímenes de guerra, según un nuevo documento publicado por Amnistía Internacional.

El documento Rule of the gun: Abductions, torture and other abuses by militias in western Libya ofrece datos que apuntan a posibles ejecuciones sumarias, torturas o malos tratos de personas detenidas bajo custodia de grupos armados, y da cuenta de la persecución de civiles en razón de sus orígenes o de sus supuestas lealtades políticas.

Igualmente, imágenes de satélite publicadas hoy por Amnistía Internacional muestran que combatientes de todos los bandos en el conflicto hacen gala de un desprecio absoluto por las vidas de la población civil, pues han lanzado indiscriminadamente cohetes y fuego de artillería contra áreas civiles densamente pobladas, con lo que han ocasionado daños en casas, infraestructuras civiles e instalaciones médicas.

“En la Libia actual impera la ley de las armas. Los grupos armados y las milicias se están comportando como enajenados, lanzando ataques indiscriminados contra zonas civiles y cometiendo abusos generalizados, incluidos crímenes de guerra, con total impunidad”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África.

Los líderes de las milicias y de los grupos armados de Libia deben poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y dejar claro a sus subordinados que no se tolerarán tales crímenes. De no hacerlo, podrían ser procesados por el Tribunal Penal Internacional.

Entre los grupos armados y las milicias que se cree han perpetrado abusos graves contra los derechos humanos están miembros de la coalición Amanecer de Libia (compuesta por grupos de Misrata, Trípoli y otras localidades del oeste del país) y la coalición Zintan-Warshafana (formada por grupos procedentes de Zintan y de la zona de Warshafana).

Las imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional muestran daños considerables en bienes civiles de la región de Warshafana, entre ellos el hospital de Al Zahra, que ha sufrido intensos bombardeos de cohetes. Sobre la unidad de cuidados intensivos del hospital de Zawiya también cayó un cohete que hirió a 10 personas, entre ellas médicos, enfermeros, pacientes y visitantes.

“Los ataques indiscriminados y los ataques contra instalaciones médicas están prohibidas por el derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, combatientes de todas las partes en el conflicto han disparado cohetes GRAD y fuego de artillería contra zonas civiles densamente pobladas”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui.

Secuestros, tortura y otros malos tratos

En una avalancha de represalias, grupos armados de Trípoli, Zawiya, Warshafana y localidades de las montañas de Nafusa han secuestrado a decenas de civiles y los han mantenido como rehenes hasta dos meses, por motivos como su localidad de origen o sus supuestas afiliaciones políticas. En algunos casos, se ha secuestrado a civiles como instrumento de negociación para intercambiar prisioneros. Desde el comienzo del conflicto, el 13 de julio, se han producido varios intercambios de esta índole, al tiempo que han continuado los secuestros y otros actos de represalia.

Residentes de Trípoli oriundos de Zintan contaron a Amnistía Internacional que las milicias de Amanecer de Libia han llevado a cabo “búsquedas de criminales” puerta por puerta para capturar a personas en razón de su afiliación tribal o sus supuestas lealtades políticas. Las milicias también han asaltado hogares civiles, saqueando y destruyendo bienes y prendiendo fuego a casas y granjas en la zona de Warshafana.

Cuando se cometen durante un conflicto armado, la tortura y los tratos crueles constituyen crímenes de guerra, como también es el caso de la toma de rehenes o la destrucción o confiscación de bienes del adversario, a menos que la destrucción o confiscación de esos bienes sea una necesidad militar imperiosa del conflicto.

“Como durante estos tres años las autoridades libias no han hecho rendir cuentas a las milicias, éstas se han envalentonado y se ha afianzado su convicción de que están por encima de la ley”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

La comunidad internacional ha dado la espalda en gran medida al caos en el que se ha sumido Libia tras el levantamiento de febrero de 2011, a pesar de que el Tribunal Penal Internacional todavía puede ejercer su jurisdicción para investigar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde entonces. En virtud de una resolución adoptada en agosto por el Consejo de Seguridad de la ONU, también se pueden imponer sanciones, como la prohibición de viajar o la congelación de activos, contra quienes cometen violaciones de derechos humanos en Libia.

“Al no existir rendición de cuentas, es probable que se prolongue la espiral descendente en la que han entrado los derechos humanos en Libia”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui.

Muchas de las personas secuestradas relataron a Amnistía Internacional que las habían torturado o les habían infligido otros malos tratos, golpeándolas con tubos de plástico, palos, barras de metal o cables; aplicándoles descargas eléctricas; suspendiéndolas en posiciones dolorosas durante horas; manteniéndolas esposadas y con los ojos vendados durante días; privándolas de agua y comida, u obligándolas a soportar malas condiciones higiénicas.

Un camionero secuestrado por un grupo armado de Warshafana por ser oriundo de la localidad de Zawiya contó que sus captores lo golpearon con una barra de metal y le aplicaron descargas eléctricas, tras lo cual lo rociaron con combustible por todo el cuerpo y lo amenazaron con prenderle fuego.

Ahmad Juweida, combatiente herido de Warshafana, fue secuestrado por una milicia de Nalut cuando lo trasladaban a Túnez para dispensarle tratamiento médico, y murió en lo que posiblemente haya sido una ejecución sumaria al recibir un disparo, efectuado con casi toda probabilidad apuntándole una pistola en la parte posterior de la cabeza.

Amnistía Internacional insta a todas las milicias y grupos armados a que liberen de inmediato e incondicionalmente a todas las personas secuestradas meramente en razón de sus orígenes o lealtades políticas. Debe dispensarse un trato humano, conforme al derecho internacional humanitario, a todas las personas detenidas, incluidos los combatientes capturados, que corren especial peligro de sufrir tortura u otros malos tratos o de ser ejecutados sumariamente. Los jefes de estos grupos y milicias deben dejar claro que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos, y retirar de sus filas a toda persona sospechosa de participar en tales actos.

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, desde el mes de julio han quedado desplazadas internamente al menos 287.000 personas a consecuencia de ataques indiscriminados o del miedo a ser atacadas debido a sus orígenes o supuesta afiliación política. Otras 100.000 se han visto obligadas a huir del país temiendo por sus vidas.

Decenas de periodistas, activistas de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos han abandonado Libia o han pasado a la clandestinidad, pues sus vidas corrían un peligro cada vez mayor al ser objeto de amenazas y ataques recurrentes por parte de las milicias. Milicias afiliadas a la coalición Amanecer de Libia han amenazado e intimidado a miembros del Consejo Nacional de Libertades Civiles y Derechos Humanos, organismo oficial libio de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a 10 trabajadores de medios de comunicación que han huido de la capital e incluso del país temiendo por sus vidas. Las oficinas y el personal de Al Assema TV y Libya International TV también han sido blanco de ataques.

Según Reporteros sin Fronteras, al menos 93 periodistas han sufrido ataques en los nueve primeros meses de 2014.

Miembros de la comunidad desplazada de Tawargha –de quienes muchos libios sospechan desde hace tiempo que son simpatizantes de Gadafi– están también entre las víctimas de los grupos armados: ha habido decenas de secuestros desde agosto, así como ataques de represalia contra uno de sus campos.


A 31 personas se les retiró la nacionalidad arbitrariamente en noviembre de 2012 en Bahréin. © AFP/Getty Images

La decisión adoptada hoy por un tribunal de Bahréin de expulsar a 10 personas a las que se ha despojado de la nacionalidad bahreiní debe ser anulada, ha declarado Amnistía Internacional.

Los 10 afectados por la sentencia forman parte de un grupo de 31 personas a quienes se retiró la nacionalidad arbitrariamente en noviembre de 2012. Además de su expulsión, el tribunal les ha impuesto el pago de 100 dinares bahreiníes (aproximadamente 250 dólares estadounidenses).

Se ha comunicado a los hombres, considerados extranjeros en el país desde que se les retiró la nacionalidad, que la expulsión se podría producir en unos días. No se les ha informado del lugar a donde se les va a enviar.

“Privar arbitrariamente a estos bahreiníes de su nacionalidad y obligarlos a salir de Bahréin los convierte en apátridas, lo que es contrario a las obligaciones internacionales contraídas por Bahréin”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Ya se les ha despojado efectivamente de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, a la atención sanitaria y a la educación sólo por tener opiniones disidentes, y su expulsión del país va todavía un paso más allá.”

En noviembre de 2012, el Ministerio del Interior declaró que la decisión de retirar la nacionalidad a estas 31 personas se había adoptado en aplicación de la Ley de Ciudadanía de Bahréin, en cuya virtud se puede privar de la nacionalidad a cualquier persona que cause un perjuicio a la seguridad del Estado.

Sin embargo, no se ha dado ninguna explicación a ninguna de estas 31 personas sobre la amenaza que representaban. Veinte de ellas viven en el extranjero y entre ellas hay dos ex parlamentarios, así como activistas y líderes religiosos.

“Las autoridades bahreiníes se están quedando sin argumentos para justificar la represión. Ahora recurren a medidas extremas como condenas a prisión y la retirada de la nacionalidad para acallar la disidencia en el país, en lugar de permitir que los ciudadanos expresen pacíficamente sus opiniones”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.

La opacidad de la decisión de privar a estas personas de su nacionalidad hace que las actuaciones judiciales seguidas contra ellas sean arbitrarias e injustas.

En agosto de 2014 comenzaron los juicios contra los 31 afectados, a los que se acusó de permanecer ilegalmente en el país.

Las nuevas enmiendas introducidas a la legislación de Bahréin amplían las razones por las que se puede retirar la nacionalidad, que en la actualidad son aplicables a toda persona cuyos “actos sean contrarios a su deber de lealtad al reino”, adopte otra nacionalidad sin autorización previa del Ministerio del Interior y sea declarada culpable de unos delitos de terrorismo cuya formulación es poco precisa.


El aborto es ilegal en El Salvador en todas las circunstancias. Copy: AI

Nueve países presionaron anoche a El Salvador en las Naciones Unidas para que reforme su represiva y desfasada legislación sobre el aborto. Los efectos de esta legislación constituyen violencia institucionalizada, tortura y otras formas de maltrato contra las mujeres y las niñas, ha manifestado Amnistía Internacional.  

Otros 12 países expresaron su preocupación por la discriminación de que siguen siendo objeto las mujeres en el país.

En el examen periódico universal (EPU) de El Salvador en las Naciones Unidas se ha pedido al país que reforme la legislación que impide el acceso al aborto en todas las circunstancias y envía a las mujeres a prisión por tener abortos espontáneos o clandestinos.

“Hemos sido testigos directos de los devastadores efectos de esta legislación en las mujeres y las niñas de El Salvador: desde mujeres que mueren al someterse a un aborto clandestino hasta mujeres encarceladas durante más 40 años por haber abortado espontáneamente –ha señalado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América­–. Ahora, representantes de varios países se han sumado a nuestra organización para decir que ya basta.”  

Entre los países que piden la reforma figura España, que este mismo año ha retirado un proyecto ley que limitaba también el acceso al aborto en el país. España ha dicho a El Salvador que las mujeres y las niñas han de tener acceso a educación sexual y sobre la reproducción y que se debe dejar en libertad a todas las mujeres encarceladas por haber abortado o tenido un aborto espontáneo y eliminar sus antecedentes penales.

Alemania, Australia, Eslovenia, Islandia, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa y Suecia también han pedido al país centroamericano que reforme su legislación sobre el aborto.

En virtud de la restrictiva legislación salvadoreña, las mujeres y las niñas declaradas culpables de haber tenido un aborto pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de prisión. Los profesionales médicos se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión si se descubre que han proporcionado acceso a servicios de aborto.

En un informe reciente, titulado Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, Amnistía Internacional documenta cómo en algunos casos se ha procesado y condenado hasta a 50 años de prisión por “homicidio” u “homicidio agravado” a mujeres que habían tenido un aborto clandestino o espontáneo tras denunciarlo sus médicos a la policía.

El 25 de septiembre, la organización de derechos humanos puso en marca una petición para instar al país a reformar su legislación sobre el aborto. Ha reunido ya más de 110.000 firmas en todo el mundo.

Amnistía Internacional pide que se deje en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las mujeres y niñas encarceladas por haberse sometido a un aborto o haberlo tenido espontáneamente.

Asimismo, la organización pide que las mujeres, incluidas las jóvenes, tengan acceso a información y servicios anticonceptivos, a una gama integral de métodos anticonceptivos modernos y de calidad y a anticoncepción de emergencia.

Durante el EPU, muchos países se han referido además a los derechos de las mujeres y a los altos índices de violencia de género, pero también a las medidas positivas adoptadas por el gobierno al establecer la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de 2012, que tiene por objeto abordar la discriminación y la violencia de género.

“Sumamos nuestra voz a los llamamientos de estos Estados miembros de la ONU que piden a El Salvador que despenalice el aborto y garantice el acceso a él como mínimo en los casos en que el embarazo entrañe riesgos para la vida o la salud física o mental de la mujer o la niña, el feto sea inviable fuera del vientre materno o el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.

“Sólo si atiende estos motivos generalizados de preocupación podrá El Salvador mostrar que es una sociedad progresista y solidaria, conforme a las normas internacionales de derechos humanos.”

El Salvador tiene ahora un plazo para examinar las recomendaciones formuladas y anunciar cuáles adoptará en marzo de 2015.

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Otros temas tratados en el EPU han sido la necesidad de abordar la impunidad de los delitos cometidos durante la guerra civil de El Salvador, la mejora de las condiciones de reclusión y la ratificación de normas internacionales de derechos humanos como el Estatuto de Roma.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que se examina el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos en materia de derechos humanos por los 193 Estados miembros de la ONU, sometiéndose cada uno de ellos al examen cada cuatro años y medio. Es un mecanismo de cooperación, basado en información objetiva y fidedigna y en el que todos los Estados reciben el mismo trato. Complementa el trabajo de los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU.   

Amnistía Internacional pide a todos los Estados que despenalicen el aborto en todas las circunstancias y proporcionen  acceso al aborto legal y sin riesgos al menos en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto y cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer o la niña.

En  marzo de 2014, Amnistía Internacional emprendió una campaña global para proteger el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su salud, su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin temor a sufrir discriminación y sin control ni coacción por parte del Estado. Con el lema “Mi cuerpo, mis derechos”, la campaña insta a los gobiernos a despenalizar el aborto.


Amnistía Internacional encuentra inaceptable que el grupo parlamentario popular, a través de una enmienda a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pretenda modificar la Ley de Extranjería e introducir un mecanismo sin garantías para rechazar a personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla

La organización lleva años denunciando la persistencia de expulsiones sumarias por parte de las autoridades españolas. Este tipo de expulsiones están prohibidas por el Protocolo VI del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son contrarias a la Convención de Ginera del Estatuto de Refugiados y a la actual ley de Extranjería, al privar a las personas migrantes y refugiadas de un proceso con garantías y de la posibilidad de pedir protección internacional.

Por ello, Amnistía Internacional pone en marcha en redes sociales, la campaña #PortazoAlGobierno, donde la organización pide que se graben y difundan portazos simbólicos contra las devoluciones sin garantías de personas migrantes y refugiadas en Ceuta y Melilla.

Las expulsiones sumarias, además de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España huyendo de sus países. Con estas devoluciones, el Gobierno español puede exponerlas a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso puede poner en peligro su vida tanto en los países de origen como en los de tránsito, como es el caso de Marruecos. Material audiovisual reciente de algunas organizaciones que trabajan en la zona ha mostrado agresiones y malos tratos a personas migrantes y refugiadas en el país magrebí.

Amnistia Internacional reitera que no se pueden crear limbos jurídicos en los que no se aplique la legislación internacional. "El hecho de que en la enmienda presentada se intente que Ceuta y Melilla, por ser las únicas fronteras terrestres que España tiene con el continente africano, cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico español, sin garantías, es inaceptable", señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

"Queremos recordar a las autoridades españolas que ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria, y también tendrá que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria", manifestó Virginia Álvarez.

La Comisión Europea se se dirigió al Gobierno español hace escasos días, recordándole que "las medidas de vigilancia de fronteras deben ser proporcionadas y sin recurrir a la fuerza. Además, la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo".

También el Consejo de Europa se pronunciaba recientemente sobre expulsiones masivas y malos tratos por parte de miembros de la Guardia Civil a inmigrantes en Melilla. Este organismo recordaba a España su obligación de respetar el derecho de asilo de cualquier persona que intente entrar en territorio español, así como la necesidad de investigar los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y de llevar a los responsables ante la justicia. España, con esta nueva enmienda, vuelve a hacer oídos sordos a las recomendaciones de los organismos europeos.


Yara Sallam y otros activistas de derechos humanos, de nuevo encarcelados por denunciar los recortes a la Libertad de Expresión en Egipto. Copy: AI

Las autoridades egipcias deben poner en libertad a un grupo de activistas que están siendo juzgados por desafiar la draconiana ley sobre manifestaciones del país, ha dicho Amnistía Internacional antes de que se dé a conocer el domingo el fallo del tribunal que los juzga por tomar parte en una manifestación no autorizada.

La destacada defensora de los derechos humanos Yara Sallam y la conocida activista Sanaa Seif figuran entre los 22 acusados de tomar parte en una protesta no autorizada encaminada a amenazar “el orden público”, entre otros cargos falsos, a pesar de que Yara Sallam ni siquiera participó en ella. Si son declaradas culpables, las activistas podrían ser condenadas a hasta cinco años de cárcel.

“Este juicio para la galería, basado en pruebas muy cuestionables, es el último ejemplo de la determinación de las autoridades egipcias a reprimir las protestas pacíficas y cualquier forma de disidencia”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Todos los activistas que están en el punto de mira por el mero hecho de desafiar la ley sobre manifestaciones deben quedar en libertad. Es inaceptable que se detenga a alguien por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y reunión.”

Yara Sallam fue detenida junto con su primo mientras compraban una botella de agua el 21 de junio en el barrio de Heliopolis de El Cairo, donde se desarrollaba una protesta.

El primo de Yara quedó en libertad al día siguiente, pero a ella la mantuvieron detenida tras descubrir las fuerzas de seguridad que trabaja en Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, una destacada organización de derechos humanos de Egipto.

“Egipto debe retirar los grotescos cargos contra Yara Sallam, que ni siquiera participaba en la protesta en cuestión”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

“La inquietante verdad es que la activista parece haber sido procesada sólo por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Yara Sallam es presa de conciencia y debe quedar en libertad incondicional inmediatamente, tras retirarse todos los cargos contra ella.”

Los abogados de los otros 21 acusados han dicho a Amnistía Internacional que las pruebas contra ellos –incluidas pruebas audiovisuales– no muestran ninguna actuación violenta por su parte durante las manifestaciones.

Las autoridades tienen un historial de detenciones sin fundamento, juicios por motivos políticos y condenas basadas en pruebas dudosas. Es muy probable que todos los manifestantes del grupo sean presos de conciencia, detenidos por atreverse a desafiar lo que de hecho es una prohibición de las manifestaciones en Egipto”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

“Si hay suficientes pruebas reales de actos delictivos violentos que puedan presentarse ante los tribunales contra cualquiera de los manifestantes, éstos podrán ser juzgados sólo por delitos comunes reconocibles, y en actuaciones que se ajusten plenamente a las normas internacionales sobre juicios justos.”

Las vistas judiciales de los 22 activistas se convocaron en el Instituto de Policía de Tora, edificio anexo al complejo penitenciario del mismo nombre, donde están detenidos la mayoría de los acusados, y no en una sala de juicios. Las autoridades han impedido asistir al juicio a los familiares de los 22 acusados.

“Juzgar a los acusados en el Complejo Penitenciario de Tora sin permitir la asistencia de público socava la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y público, y vulnera el derecho internacional y las leyes egipcias”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Los abogados también dijeron a Amnistía Internacional que durante la última vista del 11 de octubre los acusados no podían oír lo que se decía en el juicio ni comunicarse con sus abogados, ya que se lo impedía una pantalla de cristal ahumado de reciente instalación que los separaba del resto de la sala.

Además, el juez rechazó reiteradas peticiones de los abogados para que sus clientes quedaran en libertad provisional, a pesar de que no hay ninguna razón válida para que estén en prisión preventiva.

Amnistía Internacional cada vez tiene más pruebas de que las autoridades egipcias utilizan la detención preventiva durante largos periodos, en ocasiones de más de un año, sin justificación alguna. La organización teme que la estén utilizando como medida punitiva para castigar la disidencia.

La detención preventiva sólo puede utilizarse cuando queda establecido que existe un peligro sustancial de huida, daños a terceros o interferencia con la investigación o las pruebas que no pueda resolverse por otras medidas que no sean privativas de libertad. Se debe revisar constantemente la legalidad y la necesidad de la detención en cada caso.

El mes pasado, el presidente Abdel Fattah El Sisi pronunció un discurso en la ONU afirmando que el “nuevo Egipto” respetaría la libertad de expresión, velaría por el Estado de derecho, respetaría la Constitución y garantizaría la independencia de la judicatura.

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Los manifestantes se dirigían hacia el palacio presidencial de El Cairo el 21 de junio cuando fueron atacados por grupos de hombres vestidos de civil.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas mientras disolvían a los manifestantes. Una de ellas quedó en libertad, y otra, Islam Tawfik Mohamed Hassan, de 16 años, está siendo juzgado por un tribunal juvenil.

Yara Sallam y otras seis mujeres juzgadas en este caso, están detenidas en la prisión de al-Qanater. Los hombres están detenidos en la prisión de Tora. Contra los 23 acusados se han presentado cargos por daños a la propiedad, exhibición de fuerza para sembrar el terror entre los viandantes y poner en peligro sus vidas y participación en una reunión de más de cinco personas a fin de amenazar la “paz pública” y cometer delitos.

El padre de Sanaa Seif, el abogado de derechos humanos Ahmed Seif al Islam, falleció el pasado agosto. Sanaa emprendió una huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades a dejarla acompañarlo en sus últimas horas.

La “Ley Reguladora del Derecho a las Concentraciones Públicas, las Procesiones y las Protestas Pacíficas” de Egipto fue aprobada por el anterior presidente Adly Mansour en noviembre de 2013. En virtud de esta ley draconiana, quienes organicen una protesta deben presentar sus planes a las autoridades, que pueden cancelarla o modificar el itinerario propuesto para la manifestación. La ley también da a las fuerzas de seguridad facultades para utilizar fuerza letal excesiva contra las protestas pacíficas no autorizadas y detener a manifestantes pacíficos. 


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La ejecución de la joven iraní Reyhaneh Jabbari, condenada a muerte tras una investigación y un juicio llenos de irregularidades, es una afrenta para la justicia, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Reyhaneh Jabbari, de 26 años, ha sido ejecutada esta mañana en una cárcel de Teherán, tras ser condenada a muerte por matar a un hombre que, según afirmaba, había tratado de abusar sexualmente de ella.

“La noticia de la ejecución de Reyhaneh Jabbari es espeluznante y sumamente decepcionante. Se trata de otra sangrienta mancha en el historial de derechos humanos de Irán”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

 

“Lo más trágico es que este caso no es en absoluto excepcional. Una vez más, Irán ha insistido en aplicar la pena de muerte a pesar de existir graves motivos de preocupación sobre la imparcialidad del juicio”.

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es una forma de castigo abominable y no debe ser utilizada bajo ninguna circunstancia.

Más información:
La próxima semana, Irán oirá las recomendaciones de los Estados miembros de la ONU durante su examen periódico universal. Amnistía Internacional pide a los Estados que utilicen esta oportunidad para condenar enérgicamente el uso de la pena de muerte por parte de Irán.