Amnistía Internacional España

Los grupos de derechos humanos de Irlanda están siendo injustamente atacados por una ley draconiana que podría utilizarse para penalizar a las organizaciones de activistas, ha dicho hoy Amnistía Internacional Irlanda. La organización podría ser sometida a una investigación penal y un posible procesamiento tras comunicársele que la ley prohíbe una donación que recibió del extranjero.
La oficina en Dublín de Amnistía deberá devolver la subvención de 137.000 euros que recibió el año pasado de la organización Fundaciones para una Sociedad Abierta (OSF). De no hacerlo, cometería un delito en virtud de la Ley Electoral de Irlanda. La subvención se efectuó para apoyar una campaña que garantizara que las leyes sobre el aborto en Irlanda respetan los derechos humanos.
“Irlanda ha puesto en el punto de mira a Amnistía Internacional simplemente por su trabajo de derechos humanos”, ha dicho Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.
“Esta decisión es un ataque injustificable a los defensores y defensoras de los derechos humanos y evidencia de manera impactante la amenaza que realmente supone la Ley Electoral para las organizaciones de la sociedad civil en general en Irlanda.”Cambio de posturaAmnistía Internacional Irlanda ha sido informada por la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público, organismo regulador del gobierno irlandés, que ha infringido la ley al aceptar financiación de un donante internacional para su trabajo de derechos humanos.
La Ley Electoral prohíbe las donaciones del extranjero que superen los 100 euros para “fines políticos” destinadas a lo que define vagamente como organizaciones “externas”.
Sin embargo, el año pasado mismo, la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público escribió a Amnistía Internacional reconociendo que su trabajo sobre la reforma de las leyes sobre el aborto de Irlanda, incluido el trabajo al que iba destinada la subvención de la OSF, no vulneraba la Ley Electoral, y que la organización no tenía que inscribirse como “externa”.Un año después, la Comisión ha cambiado de postura sin que se haya producido un cambio sustancial en los hechos.
“No se sabe con certeza por qué la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público ha cambiado de postura sobre esta financiación. Lo que sí sabemos es que algunos grupos nacionales e internacionales que se oponen a nuestro trabajo sobre los derechos de las mujeres y las niñas, así como algunos medios de comunicación, han caracterizado nuestra campaña de reforma de la ley del aborto de Irlanda como ‘polémica’ o ‘demasiado política’, y además han presentado la financiación del extranjero como una práctica algo siniestra”, ha dicho Colm O’Gorman.“Y esto a pesar de que la ampliación de la dura ley sobre el aborto de Irlanda y la derogación de la Octava Enmienda cuenta con un gran apoyo entre la opinión pública. Este cambio de postura también pasa por alto que Amnistía Internacional es totalmente independiente de cualquier ideología política, interés económico o religión.“Amnistía Internacional no acatará la orden de la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público y utilizará todos los medios a su alcance para luchar contra esta ley injusta.”Uso de la Comisión como armaLa aplicación por parte de la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público de la disposición sobre organizaciones “externas” de la Ley Electoral supone fundamentalmente dar respuesta a las denuncias que recibe. En la práctica, esto implica la posibilidad de que sus facultades sean utilizadas indebidamente por ciertos grupos o particulares que, por ejemplo, la bombardean a denuncias con la intención de atacar a organizaciones que se ocupan de determinadas cuestiones.Amnistía Internacional considera que el mecanismo de presentación de denuncias y las facultades de aplicación de la ley de la Comisión están siendo deliberadamente manipulados por particulares y grupos que no están de acuerdo con el trabajo de la organización.“Es completamente inaceptable que esta deficiente ley sea utilizada como arma por quienes se oponen a una serie de cuestiones en materia de derechos humanos e igualdad, como el aborto, los derechos sexuales y reproductivos y el matrimonio igualitario.“Resulta profundamente alarmante que el Estado esté permitiendo que sus leyes y normativas se utilicen de esta forma. El gobierno de Irlanda debe intervenir urgentemente para garantizar que las leyes y los marcos normativos del país dejen de obstaculizar la labor de la sociedad civil.”Ley deficienteLa Comisión sobre la Normativa del Servicio Público ha puesto de manifiesto reiteradamente los defectos de la Ley Electoral. En 2003, afirmó que la definición excesivamente amplia de “fines políticos” implicaba su posible aplicación al trabajo de una amplia variedad de organizaciones cuya regulación no era objetivo de la ley, y mencionó explícitamente a Amnistía Internacional entre estas organizaciones.
La Ley Electoral, además, no se ajusta en absoluto a la política exterior de Irlanda, una de las naciones que más activamente ha intentado defender el espacio de la sociedad civil y protegerla de leyes represivas, por ejemplo en países como Rusia, Hungría y Egipto.
“A pesar de que a la propia Comisión sobre la Normativa del Servicio Público le preocupa la imprecisión de la Ley Electoral, 14 años después se está sirviendo de ella para aplicarla injustamente al trabajo de derechos humanos de Amnistía Internacional.  La situación sería absurda si no fuera tan preocupante”, ha dicho Colm O’Gorman.“Es igualmente absurdo que Irlanda, que ha criticado mucho, y con razón, las leyes draconianas contra las ONG en otros lugares, mantenga una que es aún más restrictiva y de mayor alcance.”La raíz de todo esto reside en la propia Ley Electoral, y más concretamente en sus enmiendas de 2001, que permiten que la financiación de las organizaciones de la sociedad civil sean denegadas o se vean seriamente limitadas por el simple hecho de que se considere que influyen en la política gubernamental.La Ley Electoral necesita urgentemente una reforma para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil no son injustamente penalizadas por ella.
Amnistía Internacional, el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles y Transparencia Internacional han instado en ocasiones anteriores al gobierno a que reforme la Ley Electoral y en julio de este año presentaron propuestas de sencillas enmiendas para ello.“El gobierno irlandés no puede permitir que esta situación continúe. Debe modificar urgentemente la Ley Electoral para que quede claro que nunca fue intención del legislador atacar a la sociedad civil y restringir tan punitivamente su acceso a la financiación”, ha dicho Colm O’Gorman.


Orlando Sierra / AFP / Getty Images El gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos, indicó Amnistía Internacional luego de una visita a Honduras después de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre.
"Honduras parece estar en medio de una peligrosa caída libre en la que ciudadanos de a pie están siendo víctimas de juegos políticos egoístas e imprudentes," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"La evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras. Cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno."
"Detener todo el uso ilegítimo o excesivo de la fuerza de policías y militares contra las personas que protestan, acabar con las detenciones arbitrarias e investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos sería una buena forma de comenzar a abordar los graves hechos que hemos documentado en días recientes."
Una delegación de Amnistía Internacional visitó la capital de Honduras, Tegucigalpa, para reunirse con activistas y víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de la crisis y estado de excepción que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Los expertos de Amnistía también se reunieron con miembros de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Durante la visita, los delegados de la organización documentaron una plétora de violaciones contra manifestantes y otras personas.
Violencia contra personas que protestanAl menos 14 personas fallecieron, muchas de ellas por heridas de bala, decenas más fueron heridas en el contexto de manifestaciones que fueron generalmente pacíficas que tuvieron lugar tras las elecciones del domingo 26 de Noviembre, de acuerdo con la información provista a Amnistía Internacional por funcionarios públicos y personas defensoras de derechos humanos.
El 1 de diciembre, las autoridades impusieron un toque de queda que, de acuerdo a la mayoría de personas entrevistadas, incrementó los riesgos a la vida e integridad de las personas.
Un defensor de derechos humanos le dijo a Amnistía Internacional que aunque el acoso y los golpes sean comunes durante las protestas en Honduras, en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles.
Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a aquellos que siguieron al golpe de estado de 2009.
Solo un oficial de policía ha sido llevado ante un juez por disparar un arma contra un manifestante, de acuerdo con información dada por la Policía Nacional a Amnistía Internacional.
Violaciones a Derechos Humanos bajo el toque de quedaDurante el toque de queda impuesto por las autoridades hondureñas el 1 de diciembre, las fuerzas de seguridad han operado con los más altos niveles de impunidad.
Raúl Antonio Triminio, un albañil de 39 años procedente de Tegucigalpa, fue asesinado durante la noche del 3 de diciembre de 2017. Su familia le dijo a Amnistía Internacional que Raúl estaba manifestando pacíficamente fuera de su casa cuando efectivos de la policía militar llegaron, dispararon al alumbrado público y luego le dispararon directamente a la cara. Sus allegados no pudieron asistirlo inmediatamente, ya que estaban muy temerosos de salir y enfrentar potenciales ataques de la policía. Una de sus hermanas dijo: "Lo debieron llevar a prisión, no dispararle. Él no estaba haciendo nada malo… solo pedimos justicia".
La policía militar pareciera estar implicada en varios casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones y durante el toque de queda.
Los investigadores de Amnistía Internacional también documentaron el caso de un joven que fue atacado por la policía militar en Tegucigalpa mientras intentaba meter su motocicleta a su casa la noche del 3 de diciembre.
De acuerdo con testigos presenciales, la policía no dio la voz de alerta ni intentó arrestarlo. Simplemente lo golpearon hasta que estuvo inconsciente. El joven ha estado hospitalizado por días y todavía sigue en una condición de salud crítica.
Sus familiares indicaron a los investigadores de Amnistía Internacional que cuando sus hermanas intentaron asistirlo, agentes de la policía militar apuntaron sus armas contra ellas y les dijeron que no denunciaran el caso, ya que ellos sabían dónde vivía y podían volver para asesinarlo.
En ambos casos, los familiares han tenido que llamar a la Policía Nacional para que llevaran a las víctimas al hospital, ya que estaban temerosos o imposibilitados para hacerlo por su propia cuenta.
El toque de queda está afectando todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Muchas han tenido que cambiar constantemente sus rutinas mientras otras pierden horas de trabajo o evitan visitar a familiares y amigos. Si no dejan las calles para el momento en que comienza el toque de queda, enfrentan el riesgo de no volver a sus casas o sufrir ataques en las calles.
Las personas arrestadas por violar el toque de queda son retenidas hasta las 5 de la mañana en las estaciones de policía. Durante ese tiempo, no tienen acceso a asistencia legal, ya que ni los abogados ni las personas que defienden los derechos humanos pueden movilizarse durante el toque de queda para visitarlos o para iniciar procedimientos legales en su nombre.
El toque de queda, que ha sido enmendado en un par de ocasiones desde que fue inicialmente proclamado en términos de su duración y  cobertura geográfica, no se ajusta a las provisiones legales internacionales y parece muy amplio para manejar pocos eventos de violencia.
Si el gobierno quiere mantener esta medida por más tiempo, tiene el deber de argumentar suficiente y adecuadamente la necesidad de la misma y seguir todos los procedimientos constitucionales y del derecho internacional, incluyendo notificaciones oficiales a los Secretarios Generales de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.
En cualquier circunstancia, debe disponerse de salvaguardas efectivas para prevenir más violaciones a los derechos humanos y todos los casos que ya ocurrieron deben ser apropiadamente investigados y llevados ante la justicia.
Información ComplementariaEl 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en Honduras.
El 27 de noviembre por la madrugada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer una primera tendencia, basada en el 57 por ciento de la revisión de votos, la cual otorgaba una ventaja de 5 puntos al candidato de oposición, Salvador Nasralla, respecto del actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Ambos candidatos se declararon ganadores. De acuerdo al Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras, publicado posteriormente a las elecciones, “el sistema de divulgación de resultados, disponible al público online, no fue actualizado [después del primer anuncio del TSE] el lunes 27 de noviembre. Reanudada la divulgación, la Misión observó cómo la diferencia entre los candidatos se iba estrechando”.
El 29 de noviembre por la tarde, el TSE dio a conocer una tendencia diferente, apuntando a la victoria de Juan Orlando Hernández.
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con una alta tasa de homicidios e inseguridad. Existe un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones, alimentado por la impunidad que prevalece en la mayoría de los crímenes, y por recurrentes señalamientos de corrupción o involucramiento de agentes estatales en actividades delictivas.
Las personas defensoras de derechos humanos están particularmente expuestas a la violencia, siendo Honduras uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para los y las activistas de la tierra y el medio ambiente.
A raíz del golpe de Estado ocurrido el 28 junio de 2009, durante el cual fueron aprobados varios estados de excepción y toques de queda, se reportaron graves violaciones de derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad hondureñas.


Copy: Getty images Como reacción a la aprobación por el Parlamento australiano del Proyecto de Ley de Reforma del Matrimonio (Definición y Libertades Religiosas) de 2017, Lizzi Price, coordinadora de la Red LGBTQI de Nueva Gales del Sur de Amnistía Internacional Australia, ha manifestado: “La igualdad de matrimonio es un derecho humano, y los derechos humanos no deben nunca someterse a votación popular. Aunque celebramos este increíble momento, seguiremos trabajando en solidaridad con las personas LGBTQI de Australia y sus familias que han sufrido una experiencia tan difícil y retadora durante la encuesta postal. El gobierno debe comprometerse a no volver a utilizar un proceso así nunca más”.
“Este es un momento histórico y muy demorado para Australia. Este resultado se ha logrado gracias al duro trabajo, la determinación y la valentía de muchas personas. Las personas LGBTQI de Australia, los grupos comunitarios, los activistas y los aliados se han levantado, han alzado la voz y han construido un movimiento imparable en favor de la igualdad. Sólo por eso, tenemos mucho que celebrar.”


Con motivo del día internacional de los derechos humanos, que se celebra el 10 de diciembre, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, hace un balance de la situación de los derechos humanos en el mundo.
“Hoy en día defender los derechos humanos tiene un riesgo enorme, pero es más necesario que nunca.
En 2016, 281 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio en el todo mundo. La tendencia no cesa de agravarse. La organización registró el homicidio de 146 defensores y defensoras en 2015 y de 145 en 2014. Estas cifras demuestran que las personas que denuncian la injusticia son blanco de agresiones. Gobiernos, empresas, grupos armados, grupos que fomentan el odio y la discriminación y otras personas con poder hacen todo lo posible para silenciarlas e impedir que hagan su trabajo.
Las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda política en todo el mundo ha fomentado un retroceso general en materia de derechos humanos.
Desde el fallido golpe de Estado en Turquía en 2016, se ha desatado una oleada masiva de represión dirigida no sólo contra personas de quien se tienen sospechas legítimas de participación en el intento de golpe de Estado, sino que al parecer se dirige contra cualquier persona crítica con el gobierno, incluidos los medios de comunicación y activistas de derechos humanos. Once defensores y defensoras de estos derechos enfrentan hoy cargos de terrorismo y uno de ellos, Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional continúa en prisión preventiva desde junio pasado y podría ser condenado a 15 años de cárcel.
La guerra contra las drogas liderada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, desde que llegó al poder en junio de 2016 se ha cobrado miles de víctimas, entre ellas han sido asesinados decenas de niños y niñas, pero ni un solo agente ha rendido cuentas por ninguno de los crímenes cometidos.

El pueblo rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid. Las fuerzas de seguridad han matado, torturado y violado a personas rohingyas, incendiado pueblos enteros reduciéndolos a ceniza y forzado a huir a Bangladesh a más de 600.000 personas.
Además, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo constante y extendida en todo el mundo, y se aborda inadecuadamente por parte de los Estados, sobre todo la violencia sexual.
A esta terrible situación se han sumado nuevas formas de abuso y violencia a través de las redes sociales.
En el último año los gobiernos han atacado los derechos humanos de forma constante, intentando minar su credibilidad.
Trump, por ejemplo, debilita la respuesta global que los países intentan dar a las grandes crisis retirando a Estados Unidos del Pacto de la ONU sobre migraciones o rompiendo el Acuerdo de París contra el cambio climático.
La situación en Europa y en España
Los países europeos han incumplido rotundamente sus compromisos de reubicar a personas solicitantes de asilo desde Grecia e Italia, ya que apenas han llegado a un tercio de lo prometido. Entre los peores infractores figuran Polonia y Hungría, que se han negado a aceptar a ni una sola persona. España, por su parte, ha cubierto menos del 14% de su cuota, acogiendo a menos de 2.500 personas de las más de 17.000 plazas prometidas.En Grecia, la situación en las islas está llegando a su límite una vez más: los centros de Lesbos, Samos y Chios acogen a un total de 10.925 personas, casi el triple de su capacidad. Miles de personas, incluidas mujeres cabezas de familia solas y menores, están siendo obligadas a dormir en tiendas de campaña y o incluso en el suelo, mientras las temperaturas son cada vez más bajas. Algunas mujeres tienen que compartir tienda con hombres que no son de sus familias, poniendo en peligro su derecho a la privacidad y su seguridad.
También en Europa, las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo han pasado como una apisonadora sobre las salvaguardias de los derechos.
En 14 países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control. El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas, así como para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y manifestación.
En España, los dos años de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana han confirmando lo previsible: más poder para la policía, menos garantías para que la ciudadanía defienda sus derechos y un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, información y expresión.
Activismo y movilización en 100 países del mundo y 70 ciudades españolas
Frente a este panorama, la movilización es más necesaria que nunca. Pedimos a la gente que se oponga a los abusos y que proteste. En Amnistía Internacional, somos personas que  trabajamos por personas y que nos tomamos la injusticia como algo personal. Hoy es un día clave para demostrarlo y por eso hay millones de activistas de la organización en más de 100 países de todo el mundo y en 70 ciudades de España que están exigiéndolo con la participación en acciones de calle”.


Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency/Getty Images      En condena del anuncio realizado hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos reconoce la Jerusalén unificada como capital de Israel y trasladará allí su embajada, Raed Jarrar, director de Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre Oriente Medio, ha manifestado:“Esta decisión es una imprudencia y una provocación por parte de la administración Trump que socava aún más los derechos humanos de la población palestina y que probablemente inflamará las tensiones en toda la región”.“Al reconocer la Jerusalén unificada como capital de Israel y anunciar la reubicación desde Tel Aviv de la Embajada de Estados Unidos, el presidente Trump ha demostrado una vez más su flagrante desprecio por el derecho internacional.”“Existe un consenso internacional, con resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la ilegalidad de la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel. Con esta decisión, Estados Unidos viola sus propias obligaciones internacionales de no reconocer una situación ilegal ni contribuir a ella y de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra.”“Ningún país del mundo reconoce la anexión de Jerusalén Oriental, lo que convierte en sumamente inquietante la decisión de otorgarle el reconocimiento. Esta decisión no sólo contribuye a socavar el Estado de derecho internacional, sino que demuestra además un total desprecio hacia la violaciones de derechos humanos masivas que la población palestina está sufriendo a causa de las políticas de anexión israelíes.”Información generalLas zonas de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que quedaron bajo control israelí en 1967 y se incluyeron en las zonas municipales israelíes de Jerusalén están reconocidas internacionalmente como territorio ocupado, en el que se aplica el derecho internacional humanitario.La anexión ilegal, por parte de Israel, de la Jerusalén Oriental ocupada se formalizó en la legislación nacional en 1980. Es una anexión que ha sido condenada repetidamente por la comunidad internacional a través de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.


© AI Estados de todo el mundo están incumpliendo su deber de proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos, lo que da lugar a una escalada de asesinatos y desapariciones forzadas que se podrían prevenir, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En su nuevo informe, Ataques letales pero prevenibles. Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos, la organización revela el riesgo creciente al que se exponen los defensores y las defensoras de los derechos humanos: personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos.
El informe incluye testimonios de amigos, familiares y compañeros de defensores y defensoras de los derechos humanos que han muerto o han desaparecido, entre los que hay personas defensoras del medio ambiente, activistas en favor de los derechos de las personas LGBTIQ y de las mujeres y profesionales del periodismo y la abogacía. Muchos de los testimonios describen cómo las autoridades han ignorado reiteradamente las peticiones de protección de las víctimas y cómo los atacantes han eludido la acción de la justicia, alimentando una espiral mortal de impunidad.
“Hemos hablado con familiares de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados o sometidos a desaparición forzada en todo el mundo, y siempre escuchamos lo mismo: todos sabían que su vida estaba en peligro”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Sus muertes o desapariciones vienen precedidas de una sucesión de ataques previos que las autoridades ignoraron o incluso alentaron. Si los Estados se hubieran tomado en serio sus obligaciones de derechos humanos y hubieran actuado con diligencia ante los informes de amenazas y otros abusos, se podrían haber salvado vidas.”
El nuevo informe de Amnistía Internacional recopila historias de todo el mundo para ilustrar el aumento de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos que se podrían haber evitado, y pone de relieve una escalofriante constante de impunidad.
Actúa por Natalia Estemirova
El 15 de julio de 2009 la defensora de derechos humanos Natalia Estemírova fue secuestrada y asesinada en Chechenia. Ocho años después, su asesinato sigue sin resolverse, la investigación está parada y nadie ha sido llevado ante la justicia por este crimen atroz. Es más, nadie se atreve a aportar información por temor a lo que pueda pasar.
La impunidad es moneda común en las repúblicas del Cáucaso Norte y especialmente en Chechenia. La falta de justicia alimenta un círculo vicioso que permite que los responsables de las violaciones de derechos humanos sigan actuando con total libertad.
Precisamente Natalia se atrevió a denunciar esta situación y lo pagó con su vida. Desde su asesinato, numerosos periodistas, activistas de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, homosexuales, abogados, han sido amenazados, agredidos, torturados y en algunos casos asesinados.
Amnistía Internacional hace campaña en España para su exigir justicia y el fin de la impunidad a través de su centro de activismo on line: www.actuaconamnistia.org
Otros casos como el de Natalia que aparecen en el informe son:
Berta Cáceres, activista hondureña de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas que murió por disparos en 2016 tras años de amenazas y ataques.
Xulhaz Mannan, activista sobre cuestiones LGBTIQ que murió brutalmente apuñalado en Bangladesh, junto con su colega, en 2016. Más de 18 meses después, todavía no se ha hecho justicia.
Pierre Claver Mbonimpa, fundador de una organización de derechos humanos en Burundi, resultó herido de bala en la cara y el cuello en 2015. Meses después, mientras se recuperaba en el extranjero, su hijo y su yerno fueron asesinados.
“Los 4 de Douma”, cuatro activistas sirios que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en su oficina en diciembre de 2013 sin que se haya sabido nada de ellos desde entonces.
Intensificación de los ataques
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en 1989, la comunidad internacional se comprometió a protegerlos y a reconocer la labor crucial que desempeñan. Pero el informe de Amnistía Internacional muestra que defender los derechos humanos continúa siendo una labor muy peligrosa, con miles de defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados o sometidos a desaparición forzada por actores estatales y no estatales desde la aprobación de la Declaración hace dos decenios.
Según la ONG Front Line Defenders, sólo en 2016, al menos 281 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en todo el mundo, casi un tercio más que en 2015. La cifra real podría ser mucho mayor ya que es posible que a muchos defensores y defensoras asesinados o sometidos a desaparición forzada no se les identifique como tales.
Según el informe de Amnistía Internacional, los motivos de estos ataques son múltiples y vinculados entre sí. Algunas personas son atacadas debido a su ocupación (por ejemplo, profesionales del periodismo y de la abogacía, sindicalistas), por enfrentarse a actores poderosos que violan los derechos humanos, por compartir información o por concienciar sobre cuestiones de derechos humanos.
Otras corren más riesgo de ser atacadas y sufren discriminación y violencia por hacer lo que hacen y por ser quienes son. Entre estas personas se encuentran quienes defienden los derechos de las mujeres, quienes se dedican al trabajo sexual, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, las poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios. Otras personas son blanco de ataques en situaciones de contextos específicos, por ejemplo en el marco de conflictos o cuando las comunidades se hallan en manos de la delincuencia organizada y la represión violenta.
“Aunque los motivos de los ataques pueden variar, detrás de todos ellos está el deseo de silenciar a quienes denuncian las injusticias o se enfrentan a intereses poderosos. Esta forma de silenciar tiene un efecto multiplicador que afecta a la comunidad en general, crea un ciclo de miedo y menoscaba los derechos de todos”, ha dicho Guadalupe Marengo.
El riesgo aumenta con la impunidad
Cuando las amenazas y los ataques no se investigan ni castigan de forma adecuada, el clima de impunidad resultante erosiona el Estado de derecho y envía el mensaje de que se puede atacar a los defensores y defensoras de los derechos humanos sin que haya consecuencias.
Bertha Zúñiga, hija de la activista hondureña de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas Berta Cáceres —fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada el año pasado—, explicó:
“Antes de la muerte de mi madre había una alianza clara entre intereses comerciales, agentes de seguridad privada, autoridades del Estado y el crimen organizado. Como todas estas partes son cómplices en la muerte de mi madre, realizar una investigación exhaustiva resulta cada vez más difícil. Mi madre [Berta Cáceres] se merece justicia y es imperativo sacar a la luz la conspiración que tuvo lugar. Es fundamental para evitar más asesinatos”.
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta a todos los Estados a dar prioridad al reconocimiento y protección de quienes defienden los derechos humanos. Las autoridades deben apoyar públicamente su trabajo y reconocer su contribución al fomento de los derechos humanos. Además, las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir más ataques contra defensores y defensoras y llevar a los responsables ante la justicia, investigando los ataques de manera efectiva y enjuiciando los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Es de la máxima importancia que los Estados transmitan de manera clara y pública el mensaje de que no se tolerarán estas violaciones de derechos humanos.
“Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante; en lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo mediante campañas difamatorias, el uso indebido del sistema de justicia penal o presentándolos falsamente como personas que se oponen a los intereses nacionales, con lo que en la práctica los gobiernos muestran desprecio por los derechos humanos de todos nosotros”, ha dicho Guadalupe Marengo.
“Para revertir esta peligrosa narrativa, los Estados deben reconocer públicamente el papel fundamental que desempeñan los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Les debemos a todas las personas que han defendido con valentía nuestros derechos humanos a costa de sus vidas proteger a quienes continúan su indispensable labor.”
Información adicional
Este informe es parte de Valiente, la campaña que Amnistía Internacional presentó el pasado mes de mayo para instar a los gobiernos a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y garantizar que pueden llevar a cabo su trabajo en un entorno seguro y propicio.
¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos humanos?
Entre los defensores y las defensoras de los derechos humanos hay personas de todo tipo y condición. Pueden ser líderes de la comunidad, profesionales del periodismo, la abogacía, la salud o la enseñanza, sindicalistas, denunciantes de irregularidades, víctimas o familiares de víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos, integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad u otros agentes estatales.
Pueden defender los derechos humanos como parte de su labor profesional o de forma voluntaria, pueden estar organizadas y trabajar para defender los derechos humanos de forma habitual, o puede que simplemente hayan emprendido una acción para defender los derechos humanos. Dicho de otro modo, independientemente de la edad, profesión, género, orientación sexual e identidad de género, nacionalidad o pertenencia a grupo social, cualquier persona que denuncie abusos y violaciones de derechos humanos o promueva de otra manera los derechos humanos sin recurrir al odio, la discriminación o la violencia ni propugnar su uso puede ser defensora de los derechos humanos.


Detenidos en una operación en el marco de la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte. NOEL CELIS/AFP/Getty Images La Corte Penal Internacional (CPI) debe abordar con carácter de urgencia un examen preliminar de los crímenes de lesa humanidad —incluido el asesinato de decenas de niños y niñas— perpetrados durante la mortífera “guerra contra las drogas” del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, ha dicho hoy Amnistía Internacional.La policía ha matado a miles de personas desde que Duterte subió al poder en junio de 2016, pero ni un solo agente ha rendido cuentas por ninguno de los crímenes cometidos.“Ya es hora de que entren en juego los mecanismos de la justicia internacional para acabar con la matanza que se está produciendo en las calles de Filipinas poniendo a sus perpetradores en manos de la justicia. La judicatura y la policía del país se han mostrado reacias a exigir responsabilidades a los homicidas de la ‘guerra contra las drogas’ e incapaces de hacerlo”, ha dicho James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.
“La CPI debe iniciar un examen preliminar sobre la situación y apuntar bien alto: la responsabilidad no se limita únicamente a quienes aprietan el gatillo, sino también a quienes ordenan o fomentan los asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad.”“El presidente Duterte y otros altos cargos del gobierno han defendido abiertamente los homicidios, lo cual podría hacerlos responsables penalmente en virtud del derecho internacional.”

¿Cuántos cadáveres acribillados en las calles son necesarios para que la comunidad internacional actúe?
James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía

Crímenes contra niños y niñas
La petición de Amnistía Internacional a la CPI se produce en un momento en el que cada vez son más los indicios de crímenes de lesa humanidad contra niños y niñas en la “guerra contra las drogas”. Desde junio de 2016 han muerto hasta 60 menores en operaciones antidroga.Amnistía Internacional ha oído relatos de familiares que presenciaron cómo la policía disparaba a los menores a bocajarro mientras éstos suplicaban piedad.“Me apuntaron con una pistola en la cabeza [y] me dijeron que saliera [...] Oí gritos y tres disparos, seguidos de otros tres”, contó O., la pareja de un muchacho de 17 años a quien mataron tras despertarlo en mitad de la noche.Un equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo del hacinamiento y las condiciones insalubres en que se mantenía a gran número de menores sospechosos de haber cometido delitos relacionados con las drogas en centros de retención de menores de la capital, Manila. Algunos decían que la policía los había golpeado y torturado durante su arresto, y afirmaban que les había tendido una trampa al obligarlos a posar en fotos con drogas colocadas por los agentes.En agosto, el homicidio de Kian de los Santos, de 17 años, provocó la indignación en el país. La policía afirmó que los disparos habían sido en defensa propia, pero las imágenes grabadas por cámaras de circuito cerrado de televisión y las declaraciones de testigos indicaban que unos agentes sin uniformar se habían llevado a rastras al adolescente, que estaba desarmado, y lo habían matado a tiros en un callejón.Tras la atención internacional que despertó el caso, más de 12 policías fueron investigados por el homicidio, sin que nadie haya rendido aún cuentas.La CPI indicó recientemente que investigará los crímenes contra niños y niñas y les prestará especial atención.“La policía de Filipinas ha matado a decenas de niños y niñas desde 2016. También los ha sometido a torturas, los ha detenido en terribles condiciones y ha destrozado familias”, ha afirmado James Gomez.“El caso de Kian de los Santos ha provocado una lógica indignación. Las flagrantes mentiras de los agentes para intentar ocultar su papel en el asesinato a sangre fría de un adolescente demuestran que no se puede confiar en que la policía se investigue a sí misma.”
Es hora de que actúe la CPIEn enero de 2017, Amnistía Internacional recomendó que, si las autoridades filipinas no tomaban medidas de alcance para poner fin a los homicidios relacionados con las drogas, la CPI iniciara un examen preliminar.La organización pidió que se pusiera fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales y también que las autoridades, incluido el presidente, dejaran de fomentar y estimular la comisión de tales crímenes. Amnistía instó también a que las autoridades abrieran una investigación imparcial y eficaz sobre todos los presuntos homicidios ilegítimos.Sin embargo, las autoridades filipinas han hecho oídos sordos a estos llamamientos.“¿Cuántos cadáveres acribillados a balazos deberán encontrarse tirados en las calles para que la comunidad internacional actúe?”, se pregunta James Gomez.“La CPI debe actuar ya. Creemos que la ‘guerra contra las drogas’ se ajusta a los criterios de delito de lesa humanidad del Estatuto de Roma y que es necesaria la presión internacional para persuadir a las autoridades filipinas de que cambien de rumbo.”


El gobierno griego, con el apoyo de los líderes de la UE, debe tomar medidas ya, antes de la llegada del invierno, para poner fin a la “política de contención” de Grecia, han manifestado 12 organizaciones de derechos humanos y humanitarias en el contexto de una campaña que comienza hoy.Las organizaciones han iniciado la cuenta atrás para el comienzo oficial del invierno el 21 de diciembre de 2017. Afirman que el primer ministro Alexis Tsipras, con el apoyo de los líderes de la UE, debe trasladar de inmediato a las personas solicitantes de asilo a lugares del continente con mejores condiciones y tomar medidas concretas antes del 21 de diciembre para que ninguna de ellas esté a la intemperie con la llegada del frío.A fecha de 1 de diciembre, los puntos críticos de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos acogen a 7.400 personas más de las previstas: hay 12.981 personas en centros con capacidad para sólo 5.576. Miles de personas, entre ellas mujeres solas o que son cabeza de familia y niños y niñas de muy corta edad, viven en tiendas de campaña para el verano, donde duermen prácticamente en el suelo, expuestas al frío, la humedad y la lluvia a medida que el tiempo empeora. Algunas mujeres se ven obligadas a compartir tienda con hombres que no conocen, con el consiguiente riesgo para su vida privada y su seguridad. Hay falta de acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias y servicios de salud.Este será el segundo invierno que las personas solicitantes de asilo tengan que pasar en las islas, en centros inadecuados, desde que entró en vigor el acuerdo UE-Turquía en marzo de 2016. El invierno pasado murieron tres hombres en Lesbos en los seis días transcurridos del 24 al 30 de enero. Aunque no se ha hecho aún ninguna declaración oficial sobre la causa de estas muertes, se han atribuido a intoxicación por monóxido de carbono producida por las estufas improvisadas que utilizan las personas refugiadas para calentar sus frías tiendas. A finales de 2016, una explosión provocada probablemente por una bombona de gas para cocinar mató a una mujer kurda y a su nieto de corta edad cuando dormían en una tienda también en Lesbos.Las autoridades griegas y de la UE se han remitido a acuerdo UE-Turquía para justificar la política de contención. Aplicada en el contexto del acuerdo, esta política obliga a las personas solicitantes de asilo que llegan a las islas griegas a permanecer en ellas hasta que se tome una decisión sobre sus solicitudes, con independencia de que haya o no allí capacidad de alojamiento o acceso adecuado a servicios. Sin embargo, obligar a solicitantes de asilo a permanecer en unas condiciones que violan sus derechos y son nocivas para su bienestar, salud y dignidad, no puede justificarse, han dicho las organizaciones. Algunas de las personas que llegaron a las islas en los primeros días de la aplicación del acuerdo llevan 20 meses atrapadas allí.
En el marco de la campaña, las organizaciones se han puesto de acuerdo para poner de relieve las lamentables condiciones que soportan las personas solicitantes de asilo atrapadas en las islas, pedir a la ciudadanía europea que actúe y vigilar la respuesta del gobierno griego y de los líderes de la UE para mantener a la opinión pública informada de ella.Organizaciones participantes en la campaña:Amnistía Internacional, Caritas Hellas, Consejo Helénico para los Refugiados, Help Refugees, Human Rights Watch, Comité Internacional de Rescate, Servicio Jesuita a Refugiados, Oxfam, Praksis, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Solidarity Now y Terre des Hommes.


Tras anunciar ayer la Unión Europea, la Unión Africana y las Naciones Unidas, así como los Estados miembros, que tomarán medidas colectivas y unilaterales para facilitar la evacuación de las personas migrantes y refugiadas africanas retenidas en Libia, John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa ha manifestado:“Dos semanas de lamentaciones por las subastas de esclavos de Libia han dado paso a dos días de anuncios dirigidos a guardar las apariencias de preocupación humanitaria a la vez que el objetivo primario de Europa, el cierre de la ruta del Mediterráneo central, se mantiene intacto.“Lo cierto es que centenares de miles de personas refugiadas y migrantes se hallan atrapadas en Libia, expuestas a sufrir terribles abusos, como consecuencia de la cooperación intensiva de la UE con las autoridades libias.“Los planes que priorizan de manera abrumadora el retorno ‘voluntario’ de las personas atrapadas ahora en Libia a sus países de origen, sin un sistema efectivo de evaluación y satisfacción de sus necesidades de asilo ni de ofrecimiento de más plazas de reasentamiento, terminarán siendo un mecanismo de expulsión masiva, disfrazado de iniciativa humanitaria.”


El creciente uso que las fuerzas gubernamentales sirias están haciendo de las municiones de racimo prohibidas de fabricación soviética para lanzar ataques indiscriminados y ataques directos contra la población civil, en un asedio cada vez más estrecho en la zona de Guta oriental, controlada por los rebeldes, ha causado la muerte de al menos 10 civiles y ha llevado la crisis humanitaria de la zona a un punto de ruptura. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy.
La organización entrevistó a cinco personas que actualmente se encuentran bajo asedio en Guta oriental, entre ellas activistas y profesionales de la medicina, que describieron una situación en grave deterioro, ya que desde el 14 de noviembre el gobierno ha intensificado su campaña de bombardeos contra este enclave en poder de los rebeldes, cerca de la capital, Damasco.“El gobierno sirio está cometiendo crímenes de guerra en una escala épica en Guta oriental. Utilizando su brutal estrategia, ya conocida, de asediar y bombardear a civiles —ya utilizada con efectos devastadores en Alepo, Daraya y otros baluartes rebeldes—, está obligando a la población a rendirse o morir de hambre”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“En medio de una epidemia de desnutrición cada vez más grave, las fuerzas sirias deben poner fin de inmediato al asedio ilegal de Guta oriental y deben permitir el acceso sin trabas a las organizaciones humanitarias antes de que la situación, ya de por sí catastrófica, se cobre aún más vidas civiles.”Ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil“Vi claramente cómo caían pequeñas bombas atadas a paracaídas, y 10 segundos después retumbaron una serie de explosiones.” – Mustafa, voluntario de defensa civil.Las imágenes compartidas por activistas en Guta oriental, verificadas por un experto en armas de Amnistía Internacional, muestran restos de municiones de racimo procedentes de ataques lanzados en los últimos 10 días, uno de ellos el 19 de noviembre.En las imágenes se ven proyectiles con munición de racimo 3O8 de 240 mm, de fabricación soviética, que contienen hasta 10 submuniciones. Según la organización Landmine and Cluster Munition Monitor, estos proyectiles aparecieron por primera vez en Siria después de que Rusia empezara a lanzar ataques con misiles contra grupos antigubernamentales en septiembre de 2015.Estas armas están prohibidas por más de un centenar de países a causa de su carácter indiscriminado y del enorme peligro que constituyen para la población civil.“El gobierno sirio ha mostrado un cruel desprecio por la vida de cientos de miles de personas que viven en Guta oriental desde que comenzó su asedio a la zona a finales de 2012. Sin embargo, esta reciente escalada de los ataques —dirigida claramente contra personas e infraestructuras civiles usando municiones de racimo prohibidas internacionalmente — es atroz”, ha manifestado Philip Luther.“Hay unos 400.000 civiles que luchan por sobrevivir bajo bombardeos diarios, a menudo un bombardeo cada hora, sin acceso a alimentos ni a atención médica.”Los activistas dijeron a Amnistía Internacional que el gobierno sirio también había atacado zonas residenciales con cohetes improvisados y poco precisos, como por ejemplo los “cohetes elefante”, llamados así por el ruido característico que hacen al lanzarse.Según el Centro de Documentación de Violaciones en Siria, grupo de observación local, 97 civiles murieron en ataques lanzados por tierra y aire por las fuerzas gubernamentales entre el 14 y el 26 de noviembre de 2017.Amnistía Internacional entrevistó a dos personas que habían presenciado un ataque lanzado por fuerzas gubernamentales sirias con proyectiles de munición de racimo contra Al Quawtli, un barrio residencial densamente poblado cerca de la Gran Mezquita de Douma.Mustafa, voluntario de defensa civil que lleva a cabo labores de rescate tras los ataques militares, presenció un ataque contra un concurrido mercado el 19 de noviembre. Contó a Amnistía Internacional:“Oí el lanzamiento del cohete porque la base militar está cerca. Luego vi claramente cómo caían pequeñas bombas atadas a paracaídas, y 10 segundos después retumbaron una serie de explosiones. Después de eso, el bombardeo continuó, pero el sonido era diferente”.
Fui al lugar del ataque y vi a personas heridas tendidas en el suelo: mujeres, niños, niñas y hombres
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“Fui al lugar del ataque y vi a personas heridas tendidas en el suelo: mujeres, niños, niñas y hombres. Varias murieron después a causa de sus heridas.”Amnistía Internacional analizó cuatro vídeos publicados online en los que se veía lo que se afirmaba que eran explosiones de munición de racimo junto a la Gran Mezquita, y verificó que las imágenes de los paracaídas utilizados para transportar las submuniciones de los proyectiles con munición de racimo 3O8 de 240 mm utilizados en el ataque se habían tomado en Douma.
Muhammad, activista de medios de comunicación, presenció un ataque que alcanzó un edificio residencial. Recordó:“Los misiles alcanzaron dos edificios residenciales alrededor de un mercado, que normalmente está muy concurrido, con comercios y niños jugando”.
“En el lugar del ataque vi al servicio de defensa civil retirando el cadáver de una niña de unos seis años. Se llamaba Ghina. Su familia sobrevivió, pero ella no. Estaba en uno de los edificios que resultaron alcanzados. Por fortuna, el avión no alcanzó el mercado, porque si no habría habido más muertes.”
Crisis humanitaria en aumento
“Todos los niños y niñas que me llegan son esqueletos: huesos y piel.” – Hoda, médico en Guta orientalDesde que el gobierno sirio capturó en febrero de 2017 las zonas de Al Qaboun y Barze, que hacen frontera con el barrio de Harasta, en Guta oriental, los túneles de contrabando que durante años garantizaron un suministro mínimo de comida, agua y materiales médicos para la población sitiada han sido cerrados.
A consecuencia de ello, la situación humanitaria en Guta oriental se ha deteriorado rápidamente, y los precios de los alimentos han aumentado de forma exponencial, mientras los hospitales se esfuerzan por tratar a los pacientes pese a la falta de materiales. El 3 de octubre de 2017, el gobierno sirio estrechó aún más el cerco al cerrar el único punto de entrada a Douma que quedaba: el control de Al Wafideen.
Muhammad, activista de medios de comunicación de Guta oriental, describió a Amnistía Internacional la manera en que el personal médico, sin suministros, lucha por atender adecuadamente a personas que sufren desnutrición o heridas.

Apenas tenemos comida. Mi esposa y yo tuvimos que reducir a la mitad la cantidad de alimentos que comemos.
Muhammad Activistal
“Quienes no están aquí piensan que exageramos, pero no lo hacemos. Apenas tenemos comida. Mi esposa y yo tuvimos que reducir a la mitad la cantidad de alimentos que comemos. Con los precios actuales, cuatro veces más altos que antes, es imposible comprar comida”.
Según el informe sobre seguridad alimentaria publicado el 22 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud, a mediados de noviembre de 2017 un paquete de 700 gr de pan era 85 veces más caro en Guta oriental que en Damasco, a tan sólo 15 km de distancia.
Hoda, médico que trabaja en uno de los hospitales de campo de Guta oriental, describió a Amnistía Internacional la magnitud de la crisis de desnutrición:
“Los hospitales dependen ahora de los convoyes de ayuda humanitaria, a los que rara vez se les permite la entrada. El último convoy de ayuda humanitaria que entró en Kaferbatna [un barrio de Guta oriental] lo hizo hace un mes [en octubre]. Apenas llevaba suministros médicos. Necesitamos combustible, anestésicos, oxígeno, antibióticos [...] Nos estamos quedando sin estos materiales”.“Los niños y niñas son los que más sufren. Recibo muchos casos de desnutrición. Necesitan alimentos que les aporten energía y refuercen su sistema inmunológico, pero sus familias no pueden permitirse comprarles comida, así que terminan comiendo cebada, que es asequible, una vez al día. Así son las cosas.”“No tenemos casos de muertes infantiles por desnutrición, pero todos los niños y niñas que me llegan son esqueletos: huesos y piel. Vi a un bebé de 10 meses que pesaba 800 gr. Todos los niños, sin excepción, están por debajo de su peso.”En octubre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, anunció que 232 niños y niñas de Guta oriental sufrían desnutrición aguda severa.“Rusia, como parte en este conflicto, tiene una responsabilidad especial de garantizar que su aliado, el gobierno sirio, pone fin a este asedio ilegal y deja de cometer crímenes de guerra. Otros Estados deben utilizar su influencia para presionar a Siria con el fin de que permita la llegada sin trabas de ayuda humanitaria imparcial a la población civil sitiada en Guta oriental y en otros lugares de Siria”, ha manifestado Philip Luther.Información generalEn agosto de 2015, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba el asedio ilegal a Guta oriental y los ataques contra bienes de carácter civil. En noviembre de 2017 hizo público un informe sobre desplazamientos en masa dentro de Siria, en el que expuso la estrategia gubernamental de asedios prolongados con el fin de obligar a la población local a desplazarse. Desde que comenzó la crisis, la organización ha venido documentando abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todas las partes enfrentadas en Siria.Amnistía Internacional lleva años pidiendo a todos los Estados que detengan de inmediato el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de municiones de racimo, y que se sumen a la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008.