Amnistía Internacional España

Acciones de solidaridad en varias ciudades españolas con las personas refugiadas tras las directrices anunciadas por Trump © Javier Gil Dalmau En reacción a la noticia de que el Parlamento Europeo ha alcanzado una postura sobre la reforma del sistema de Dublín —que establece los criterios para determinar que un Estado miembro es responsable de las solicitudes de asilo presentadas en la UE— para permitir que se entablen negociaciones con el Consejo de la Unión Europea, Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:“Durante años, el sistema de Dublín ha causado un sufrimiento innecesario a demasiadas personas refugiadas y solicitantes de asilo. La votación de hoy abre el camino hacia un sistema que otorgue dignidad a las personas solicitantes de asilo, dando prioridad a sus lazos familiares, así como a una distribución justa entre los Estados miembros de la UE”.“Tal como está planteado, el sistema de Dublín no funciona para las personas solicitantes de asilo, que se ven obligadas a que su solicitud se procese en su primer país de entrada, y no funciona para los países de la Unión Europea sobre los que recae esta injusta carga. La votación de hoy ayudará a crear un sistema mejor, de auténtica solidaridad, que podría funcionar para todos.”La propuesta de la Comisión Europea había mantenido esencialmente el viejo enfoque según el cual la responsabilidad recaía en el primer país de entrada. También había propuesto un “procedimiento obligatorio de admisibilidad” que, básicamente, permitía una primera selección de las solicitudes de asilo, sin basarla en solicitudes individuales, sino en los conceptos de tercer país seguro y país de primer asilo. Sin embargo, el Parlamento Europeo rechazó esta propuesta.


Manu Fernandez /AP El pasado 16 de octubre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición, en aplicación del artículo 544 del Código Penal, en relación con las protestas que organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
Según la jueza, las protestas habrían intentado obstaculizar una operación policial y judicial basada en una orden judicial dictada por un juzgado de Barcelona, que comportó el registro de varios edificios oficiales del gobierno, con el objetivo de impedir la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre, declarado ilegal el pasado 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional, y finalmente anulado ayer.
Amnistía Internacional no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referendum ni su aplicación, pero considera que, si bien convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse una alteración de orden público, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
“Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional. La sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Respuesta judicial desproporcionada, según el derecho internacionalEn su decisión de imponer la prisión provisional, la jueza de la Audiencia Nacional sostiene que los acusados no se limitaron a convocar una reunión pacífica, sino que actuaron con arreglo a una compleja estrategia y una hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña.
No obstante, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas. “Las autoridades deben proteger el derecho de los particulares a expresar su oposición al fallo del Tribunal Constitucional y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum” ha declarado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.
El derecho internacional de los derechos humanos también permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio de ese derecho con determinados fines legítimos, como proteger el orden público, una operación legítima de aplicación de la ley o la seguridad nacional, siempre que pueda demostrarse que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo previsto.
Pero también de acuerdo con el derecho internacional, las restricciones de la libertad de expresión “para desempeñar su función protectora [...] deben ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
De acuerdo a los mensajes que, según el auto de la jueza, publicaron en las redes sociales, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal, pero no parece que animaran a los manifestantes a utilizar la violencia, de modo que los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían atribuírseles directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores de las protestas.


Refugiados rohingyas abandonados a su suerte en Bangladesh. Copy: Andrew Stanbridge / Amnesty International Más de 530.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohingyas han huido del norte del estado de Rajine, víctimas del terror, en cuestión de semanas, en plena campaña de asesinatos, violaciones e incendios generalizados y sistemáticos dirigida contra esta población por las fuerzas de seguridad de Myanmar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en su análisis más detallado hasta la fecha sobre la crisis en curso.
‘My World Is Finished’: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar describe cómo las fuerzas de seguridad de Myanmar están llevando a cabo una campaña sistemática, organizada y cruel de violencia contra el conjunto de la población rohingya en el norte del estado de Rajine, después de que un grupo armado rohingya atacara unos 30 puestos de seguridad el 25 de agosto.
Decenas de testigos presenciales de la violencia más grave señalaron invariablemente a unidades específicas, entre ellas el Mando Occidental del Ejército de Myanmar, la 33ª División de Infantería Ligera, y la Policía de Fronteras.
“En esta campaña orquestada, las fuerzas de seguridad de Myanmar han emprendido una brutal venganza contra toda la población rohingya del norte del estado de Rajine, en un aparente intento de expulsarla permanentemente del país. Estas atrocidades siguen alimentando la crisis de refugiados más grave vivida en la región desde hace décadas”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional,
“El sacar a a la luz estos atroces crímenes es el primer paso en el largo camino hacia la justicia. Los responsables deben rendir cuentas; el ejército de Myanmar no puede limitarse a barrer bajo la alfombra las graves violaciones de derechos humanos cometidas anunciando otro simulacro de investigación interna. El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas, debe emprender acciones inmediatas para impedir que sus tropas cometan atrocidades”.
Crímenes de lesa humanidad
Los relatos de testigos presenciales, las imágenes por satélite y las pruebas fotográficas y de vídeo reunidas por Amnistía Internacional apuntan todos ellos la misma conclusión: cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas han sido víctimas de ataques generalizados y sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional enumera 11 tipos de actos que, cuando se cometen deliberadamente durante ese tipo de ataques, constituyen crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional ha documentado constantemente al menos seis de estos actos en medio de la actual oleada de violencia en el norte del estado de Rajine: asesinato, deportación y desplazamiento forzado, tortura, violación y otro tipo de violencia sexual, persecución, y otros actos inhumanos como negar el alimento y otros suministros necesarios para la vida.
Esta conclusión se basa en testimonios de más de 120 hombres y mujeres rohingyas que han huido a Bangladesh en las últimas semanas, así como en 30 entrevistas con profesionales de la medicina, trabajadores de ayuda humanitaria, periodistas y funcionarios bangladeshíes.
Los expertos de Amnistía Internacional corroboraron los relatos de numerosos testigos sobre los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad de Myanmar analizando los datos y las imágenes por satélite, y verificando fotografías y grabaciones de vídeo tomadas dentro del estado de Rajine. La organización también ha pedido acceso al estado de Rajine para investigar sobre el terreno los abusos, incluidos los cometidos por miembros del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, el grupo armado rohingya. Amnistía Internacional sigue pidiendo un acceso sin trabas a la misión de investigación de la ONU y a otros observadores independientes.
Asesinatos y masacres
En las horas y días que siguieron a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán el 25 de agosto, las fuerzas de seguridad de Myanmar, en ocasiones acompañadas por grupos parapoliciales locales, rodearon poblados rohingyas en todo el norte del estado de Rajine. Cuando mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas huían de sus casas, los soldados y los policías disparaban contra ellos: mataron o hirieron de gravedad al menos a centenares de personas.
Los supervivientes describieron cómo habían corrido hasta colinas y arrozales cercanos, donde se habían ocultado hasta que se marcharon las fuerzas de seguridad. En muchos casos, las personas ancianas o con discapacidad no pudieron huir, y fueron quemadas vivas en sus casas cuando el ejército les prendió fuego.
Este patrón se repitió en decenas de poblados de los municipios de Maungdaw, Rathedaung y Buthidaung. Sin embargo, las fuerzas de seguridad, y en particular el ejército de Myanmar, parecen haber dirigido su respuesta más letal a poblados específicos cercanos a los lugares en los que el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán llevó a cabo sus ataques.
Amnistía Internacional documentó sucesos en cinco de esos poblados, en los que murieron al menos una docena de personas: Chein Kar Li, Koe Tan Kauk y Chut Pyin, todos ellos en el municipio de Rathedaung, e Inn Din y Min Gyi, en el municipio de Maungdaw. En Chut Pyin y Min Gyi, la cifra de muertes fue especialmente alta: allí murieron a manos de las fuerzas de seguridad de Myanmar decenas, como mínimo, de mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas.
Amnistía Internacional entrevistó a 17 supervivientes de la masacre de Chut Pyin, seis de los cuales tenían heridas de bala. Casi todos habían perdido al menos a un miembro de su familia, y algunos habían perdido a muchos. Describieron invariablemente cómo el ejército de Myanmar, junto con la Policía de Fronteras y grupos parapoliciales, habían rodeado Chut Pyin, habían disparado contra quienes huían y luego habían quemado sistemáticamente casas y edificios rohingyas.
Fatima, de 12 años, contó a Amnistía Internacional que estaba en casa con sus padres, sus ocho hermanos y hermanas y su abuela cuando vieron llamas que se alzaban en otra parte del poblado. Según su relato, cuando salieron corriendo de la casa unos hombres de uniforme les dispararon por la espalda. Vio cómo los disparos alcanzaban a su padre y a su hermana de 10 años, y luego a ella la alcanzaron también en la parte de atrás de la pierna derecha, justo encima de la rodilla.
“Me caí, pero me vecino me levantó y me llevó en brazos”, recuerda. Tras una semana de huida, finalmente recibió tratamiento en Bangladesh. Su madre y un hermano mayor también murieron en Chut Pyin.
Amnistía Internacional envió fotografías de la herida de Fatima a un médico forense, quien dijo que coincidía con una herida de bala que “habría entrado en el muslo desde atrás”. Los profesionales de la medicina de Bangladesh han descrito cómo trataron muchas heridas que parecían haber sido causadas por disparos realizados por la espalda, y que coinciden invariablemente con las declaraciones de testigos que afirman que el ejército disparó a los rohingyas cuando trataban de huir.
En Chein Kar Li y Koe Tan Kauk, dos poblados vecinos, Amnistía Internacional documentó el mismo patrón de ataques por parte del ejército de Myanmar.
Sona Mia, de 77 años, contó que estaba en su casa en Koe Tan Kauk cuando soldados de Myanmar rodearon el poblado y abrieron fuego el 27 de agosto. Su hija de 20 años, Rayna Khatun, tenía una discapacidad que le impedía caminar o hablar. Uno de sus hijos se la subió a los hombros, y la familia se dirigió lentamente hacia la colina que bordea el poblado. Cuando oyeron que los disparos se acercaban cada vez más, decidieron que tenían que dejar a Rayna en una casa rohingya que había sido abandonada.
“No creíamos que pudiéramos conseguirlo”, recordaba Sona Mia. “Le dije que se quedara allí sentada, que volveríamos [...] Cuando llegamos a la colina, vimos la casa en la que la habíamos dejado. Estaba un poco lejos, pero podíamos verla. Los soldados estaban quemando casas, y finalmente vimos cómo quemaban esa también.”
Cuando el ejército abandonó el poblado por la tarde, los hijos de Sona Mia bajaron y encontraron el cadáver calcinado de Rayna Khatun entre los restos de la casa incendiada. Cavaron una fosa en el borde del patio de esa casa, y enterraron a su hermana allí.
Violaciones y otros actos de violencia sexual.
Amnistía Internacional entrevistó a siete rohingyas supervivientes de violencia sexual a manos de las fuerzas de seguridad de Myanmar. De ellas, cuatro mujeres y una niña de 15 años habían sido violadas, cada una en un grupo diferente en el que había entre dos y cinco mujeres y niñas más que también habían sido violadas. Las violaciones tuvieron lugar en dos poblados que la organización había investigado: Min Gyi, en el municipio de Maungdaw, y Kyun Pauk, en el municipio de Buthidaung.
Tal como ya habían documentado anteriormente Human Rights Watch y The Guardian, después de entrar en Min Gyi (conocido localmente como Tula Toli) la mañana del 30 de agosto, los soldados de Myanmar persiguieron a los rohingyas que huían hacia el río, y luego separaron a los hombres y los niños más mayores de las mujeres y los niños más pequeños.
Tras abrir fuego contra al menos decenas de hombres y niños más mayores y ejecutarlos, al igual que a algunas mujeres y niños más pequeños, los soldados llevaron a las mujeres en grupos a casas cercanas donde las violaron, antes de prender fuego a esas casas y a otras partes rohingyas del poblado.
S. K., de 30 años, contó a Amnistía Internacional que, después de presenciar las ejecuciones, los llevaron a ella y a muchas otras mujeres, además de a niños y niñas de más corta edad, a una zanja, donde las obligaron a permanecer de pie sumergidas en agua hasta las rodillas:
“Llevaron a las mujeres en grupos a distintas casas [...] Éramos cinco [mujeres], a las que nos llevaron cuatro soldados [con uniformes militares]. Nos quitaron el dinero y nuestras pertenencias y luego nos golpearon con un palo de madera. Mis hijos estaban conmigo. También los golpearon. A Shafi, mi hijo de dos años, le golpearon con fuerza con un palo de madera. Un golpe, y estaba muerto [...] Mataron a tres de mis hijos. También a Mohamed Osman (de 10 años) [y] a Mohamed Saddiq (de 5). Otras mujeres [en la casa] también tenían [con ellas] hijos a los que mataron.”
“A todas las mujeres las desnudaron [...] [Los soldados] llevaban palos de madera muy fuertes. Primero nos golpearon en la cabeza, para debilitarnos. Luego nos golpearon [en la vagina] con los palos de madera. Después nos violaron. Un soldado diferente para cada una.”
Tras violar a mujeres y niñas, los soldados prendieron fuego a las casas, y mataron a muchas de las víctimas que estaban dentro.
Incendios deliberados y organizados de poblados
El 3 de octubre, el Programa sobre Aplicaciones Operacionales de Satélite de la ONU (UNOSAT) informó de que había identificado 20,7 kilómetros cuadrados de edificios destruidos por el fuego en los municipios de Maungdaw y Buthidaung desde el 25 de agosto. Es posible que esa cifra sea incluso inferior a la escala general de destrucción e incendios, ya que las densas nubes afectaban a lo que los satélites podían detectar.
El propio examen llevado a cabo por Amnistía Internacional sobre los datos de incendios proporcionados por sensores remotos por satélite indica al menos 156 grandes incendios en el norte del estado de Rajine desde el 25 de agosto, y de nuevo es probable que esa cifra sea más alta. En los años anteriores no se detectaron incendios durante ese mismo periodo, que además es la temporada de monzones, lo que indica seriamente que los incendios han sido intencionados.
Las imágenes por satélite tomadas antes y después ilustran claramente lo que los testigos contaron invariablemente a Amnistía Internacional: que las fuerzas de seguridad de Myanmar sólo quemaban poblados o zonas rohingyas. Por ejemplo, las imágenes por satélite de Inn Din y Min Gyi mostraban amplias franjas de estructuras arrasadas por el fuego que estaban prácticamente pegadas a zonas que se encontraban intactas. Los rasgos característicos de las zonas intactas, combinados con los relatos de los residentes rohingyas respecto a en qué lugares de esos poblados vivían ellos y otras comunidades étnicas, indican que las únicas zonas arrasadas eran rohingyas.
Amnistía Internacional ha señalado un patrón similar en al menos una docena de poblados más en los que los rohingyas vivían muy cerca de personas de otras etnias.
“Dadas sus continuas negativas, es posible que las autoridades de Myanmar hayan pensado que podían salir literalmente impunes de los asesinatos masivos. Pero la tecnología moderna, unida a una rigurosa investigación sobre derechos humanos, ha inclinado la balanza en su contra”, ha manifestado Tirana Hassan.
“Es hora de que la comunidad internacional vaya más allá de la indignación pública y tome medidas para poner fin a la campaña de violencia que ha expulsado de Myanmar a más de la mitad de la población rohingya. Mediante la interrupción de la cooperación militar y la imposición de embargos de armas y de sanciones específicas a las personas responsables de los abusos, hay que transmitir un mensaje que indique claramente que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército en el estado de Rajine no se tolerarán.”
“La comunidad internacional debe garantizar que la campaña de limpieza étnica no alcanza su meta ilegal y censurable. Para ello, debe combinar dos actuaciones: por un lado, fomentar y apoyar a Bangladesh para que proporcione condiciones adecuadas y asilo seguro a las personas refugiadas rohingyas; y por otro, garantizar que Myanmar respeta el derecho humano de estas personas a regresar a su país de manera segura, voluntaria y digna, e insistir en que se pone fin, de una vez por todas, a la discriminación sistemática contra los rohingyas y a otras causas fundamentales de la crisis actual.”


El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. © UN Photo/Jean-Marc Ferre Madrid.- El Estado español fue elegido el 16 de octubre nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2018-2020, la instancia principal de diálogo y cooperación sobre derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. “La presencia de España en este importante organismo internacional aumentará la influencia de España en Naciones Unidas. A partir de ahora podrá participar en la elaboración de recomendaciones internacionales clave y tendrá una voz fuerte para exigir que se protejan los derechos humanos allí donde se violen. Es una oportunidad extraordinaria para hacer del mundo un lugar mejor”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

“Un sistema de Naciones Unidas fuerte es un motivo de esperanza al que pueden aferrarse miles de víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos en su búsqueda de justicia. Víctimas y familiares de tortura, de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales tienen en los organismos internacionales una oportunidad de ser escuchadas cuando las instituciones de sus países les dan la espalda. España puede ser parte de esa esperanza, pero para resultar creíble en la escena internacional debe mejorar su propia situación de derechos humanos”.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, España debe mantener los estándares más elevados en materia de derechos humanos. Algo que en la actualidad no ocurre y que debe modificarse con prontiud, asumiendo un papel activo en la protección y promoción de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del propio país.

España tiene cuentas pendientes con el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos al que ahora pertenece, como lo demuestran las recientes recomendaciones del Examen Periódico Universal y otros mecanismos internacionales desoídas constantemente.

Algunas de estas cuentas pendientes tienen que ver con las persistentes devoluciones en caliente a Marruecos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que vulneran la legislación internacional, recordadas, entre otros mecanismos, por el Examen Periódico Universal de 2015 y el Comité para la Prevención de la Tortura en 2014; la vigencia de la ley de seguridad ciudadana que afecta al derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, también recordado en el Examen Periódico Universal de 2015; el mantenimiento del régimen de incomunicación que propicia la tortura, recordado por el mismo Examen Periódico Universal de 2015 y el Comité contra la Tortura en ese mismo año; la ausencia de garantías para el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, recordado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas en 2013 y posteriormente por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas; la falta de diligencia debida del Estado para proteger y reparar a las mujeres víctimas de violencia de género, según las conclusiones del Comité contra la tortura en 2015; o los retrocesos que han limitado el derecho a la asistencia sanitaria para todas las personas, especialmente para las personas migrantes en situación administrativa irregular que residen en España, tras la aprobación del Real Decreto de 2012 y que ha sido cuestionado, enre otros, por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en ese mismo año.

“Para ganar credibilidad y fuerza en su nuevo papel como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, España debe dar ejemplo solucionando estas cuestiones pendientes de forma urgente y prioritaria. Debe poner fin a las violaciones que se producen en el propio país, cumpliendo con recomendaciones internacionales e implementando los cambios legislativos y otras medidas sugeridas”.

España compartirá asiento en el Consejo de Derechos Humanos, entre otros, con países con gobiernos de países que sufren o han sufrido graves violaciones de derechos humanos como Arabia Saudí, China, Filipinas o Irak, y podrá contribuir a mejorar la situación en estos lugares.


AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images Coincidiendo con el primer aniversario del lanzamiento de la ofensiva de las fuerzas iraquíes y la coalición dirigida por Estados Unidos para recuperar el control de la ciudad de Mosul, en manos del grupo armado autodenominado Estado Islámico, Samah Hadid, directora de Campañas sobre Oriente Medio para Amnistía Internacional, ha dicho:
 “La batalla de Mosul ha tenido consecuencias catastróficas para los habitantes de la ciudad. En los combates murieron familias enteras, y aún hay muchas personas enterradas bajo los escombros. Los contendientes dieron muy poco valor a las vidas civiles. Muchas de las personas que tuvieron la suerte de escapar viven ahora en condiciones insoportables en campamentos improvisados y tienen un futuro incierto.

Un año después de la batalla de Mosul, más de 800.000 personas todavía viven en tiendas de campaña sin atención médica, alimentos o agua
Samah Hadid, directora de Campañas sobre Oriente Medio para Amnistía Internacional
 “La comunidad internacional no debe olvidarse de la gente de Mosul. Es urgente que se financie ayuda humanitaria para más de 800.000 personas que ahora viven en tiendas de campaña sin un acceso adecuado a atención médica, alimentos y agua.
 “Ahora muchas de las personas desplazadas viven también atemorizadas. Aumentan las desapariciones forzadas a manos de fuerzas gubernamentales, junto con juicios apresurados y sin garantías, seguidos de ejecuciones llevadas a cabo a partir de confesiones extraídas bajo tortura. Instamos a las autoridades iraquíes a que garanticen que todos los juicios cumplen las normas internacionales sin recurrir a la pena de muerte.
 “También es importante que el gobierno iraquí y la coalición dirigida por Estados Unidos reconozcan la grave pérdida de vidas civiles que provocó la operación de Mosul, así como su papel en ella. Deben garantizar que las violaciones denunciadas se investigan imparcialmente y que los responsables rinden cuentas. La población de Mosul merece saber que habrá justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Y el mundo necesita ver que hemos aprendido las lecciones de la batalla de Mosul para que a la población civil atrapada en otras batallas se le ahorren consecuencias tan catastróficas.


Madrid. Cien días después de que su detención indebida, Amnistía Internacional encabeza una acción global para pedir la liberación inmediata e incondicional de 11 destacados defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía.
Diez activistas, entre los que se encuentran İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía, fueron detenidos el 5 de julio, mientras que el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido un mes antes. El 4 de octubre, un fiscal presentó un acta de acusación formal en la que pedía penas de hasta 15 años de prisión para los 11 defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos absurdos y falsos de terrorismo.
“Hace poco más de 100 días, nuestros colegas fueron encerrados por defender los derechos humanos. Cada día que pasa pone aún más de manifiesto el largo alcance de la represión posterior al golpe de Estado, y los profundos defectos del sistema de justicia turco”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
“El acta de acusación formal es una mezcla tóxica de insinuaciones y falsedades que no soporta el más leve escrutinio. Repite denuncias ridículas y contradictorias que no tienen cabida en un tribunal que se precie.”
Después de tres meses, no es ninguna sorpresa que la investigación no haya proporcionado ninguna prueba incriminatoria que fundamente los fantasiosos cargos de la fiscalía. Tampoco ha demostrado qué relación guarda con el terrorismo la reunión supuestamente secreta de Büyükada.
A los y las activistas se les acusa de ayudar a una diversidad de “organizaciones terroristas armadas” con ideologías diametralmente opuestas; se enfrentan a penas máximas de 15 años de prisión. Los cargos en su contra incluyen extravagantes alegaciones de que actividades normales de derechos humanos como pedir que se detenga la venta de gas lacrimógeno, presentar una solicitud de subvención o hacer campaña por la liberación de docentes en huelga de hambre fueron llevadas a cabo en nombre de organizaciones terroristas.
Algunas de las acusaciones contra İdil se basan en documentos de Amnistía Internacional y en comunicaciones públicas que anteceden a su nombramiento en la organización.
En estos días, activistas de Amnistía Internacional en más de 30 países organizan más de 200 eventos y actos de protesta en la calle para celebrar el cumpleaños de İdil pidiendo su liberación y la de sus compañeros. Estos eventos abarcan desde una fiesta de cumpleaños en el Parlamento Europeo hasta una conferencia de prensa en una prisión improvisada en las oficinas de Amnistía Internacional en Madrid.
“La detención de defensores y defensoras de los derechos humanos tenía la clara intención de transmitir el mensaje de que la disidencia no se tolerará. Pero el valor de İdil Eser y sus colegas, y el apoyo que han reunido en todo el mundo, han enviado un mensaje más potente: que las voces críticas no se pueden silenciar”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Las autoridades turcas deben poner en libertad inmediata e incondicional a los defensores y defensoras encarcelados, y deben poner fin a la brutal represión posterior al golpe que está arrasando el país.”
Información complementaria
Los 10 de Estambul asistían el 5 de julio a un taller sobre bienestar y seguridad digital cuando la policía hizo una redada en el edificio y los detuvo a todos. Permanecieron recluidos en la jefatura de policía de Estambul hasta el 18 de julio, día en que comparecieron ante un juez tras haber solicitado la fiscalía que se los enviara a prisión en espera de juicio.
Los ocho defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados son: İdil Eser (Amnistía Internacional), Günal Kurşun (Asociación de la Agenda de Derechos Humanos), Özlem Dalkıran (Asamblea de Ciudadanos), Veli Acu (Asociación de la Agenda de Derechos Humanos), Ali Gharavi (asesor de estrategias TIC), Peter Steudtner (formador sobre no violencia y bienestar), İlknur Üstün (Coalición de Mujeres) y Nalan Erkem (Asamblea de Ciudadanos). Otros dos defensores de los derechos humanos detenidos al mismo tiempo fueron puestos en libertad bajo fianza. Se trata de Şeyhmus Özbekli (Iniciativa por los Derechos) y Nejat Taştan (Asociación para la Vigilancia de la Igualdad de Derechos).
Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, fue detenido el 6 de junio y acusado de pertenecer a la “Organización Terrorista Fethullah Gülen”, sobre la base de la acusación infundada de que había descargado la aplicación de mensajería segura ByLock.
En sus propias palabras:
“Estoy dispuesta a pagar el precio de mi decisión de trabajar en los derechos humanos y no tengo miedo. Mi estancia en prisión ha hecho que me sienta aún más comprometida con la defensa de mis valores. No voy a ceder.” Idil Eser (8/19/17)
“Queremos que las mujeres se vean libres de la pobreza y las privaciones. Queremos que tengan acceso a educación y que no sufran abusos o violación. Si eso es un delito, entonces somos culpables, pero es un delito que vamos a seguir cometiendo.” İlknur Üstün (agosto de 2017)
“Valoro el ánimo que la campaña nacional e internacional está generando entre los que estamos detenidos, y entre los defensores y defensoras que están fuera. Nunca me he sentido tan parte de una familia como en este momento. Me alegra muchísimo que ustedes existan, y que todos nosotros existamos.” Özlem Dalkıran (octubre de 2017)
“Para mí, es importante que la responsabilidad política y legal por nuestra situación no se le achaque a Turquía como país o como pueblo [...] Recorramos juntos el camino no violento de los derechos humanos.” Peter Steudtner (septiembre de 2017)


Fotografía: La presunta violación tuvo lugar al final de las escaleras que aparecen en la imagen. Las Naciones Unidas deben tomar medidas enérgicas en respuesta a nuevos datos creíbles que indican que miembros de sus fuerzas de mantenimiento de la paz drogaron y violaron a una mujer en la República Centroafricana, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras entrevistar a la víctima y a otras 10 personas con conocimiento directo del caso.
La investigación realizada por la organización sobre el terreno revela que al menos un miembro mauritano de la operación de mantenimiento de la paz violó, presuntamente, a una mujer de 19 años en la localidad de Bambari, en el centro del país, el 30 de septiembre de 2017 por la noche.
“Hemos encontrado datos convincentes que indican que al menos un miembro mauritano de la operación de mantenimiento de la paz y posiblemente más violaron a una joven”, ha afirmado Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis. “Las autoridades públicas de la localidad de Bambari han confirmado la violación, y la ONU la está investigando.

Si se demuestra esta denuncia se debe repatriar, suspender y procesar a todo soldado que pueda ser responsable
Joanne Mariner, Amnistía Internacional 
“Si se demuestran, estas graves denuncias de violación deben comportar la repatriación, suspensión y procesamiento de todo soldado que pueda ser penalmente responsable. LA ONU debe también garantizar que la víctima recibe apoyo e indemnización por daños y perjuicios. Los miembros de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU están en la República Centroafricana para proteger a la población civil de la violencia, no para cometerla.
La joven, de 19 años, ha contado a Amnistía Internacional que la violación se produjo en un lugar adyacente a un puesto de control guarnecido por miembros mauritanos de la MINUSCA, la fuerza de estabilización de la ONU en la República Centroafricana. Dice que, como se encontraba mal, aceptó un té que le ofrecieron los soldados cuando regresaba a pie a casa de un funeral sobre las nueve la noche.Añade que, poco después de tomar el té, se desmayó, y que se despertó en el suelo, casi desnuda, varias horas después.
En mitad de la noche, la encontraron un guardia y un trabajador médico de un centro de salud adyacente, a quienes les pareció que estaba bastante mal y sedada. La pusieron en una cama y la administraron líquidos por vía intravenosa.
Han dicho a Amnistía Internacional que esa noche un soldado mauritano del puesto de control fue dos veces al centro médico a preguntar dónde estaba la mujer.
Por la mañana, cuando se había recuperado lo suficiente como para hablar, la mujer dijo al trabajador médico que creía que la habían violado.
El personal médico de un hospital local hizo unas pruebas a la víctima, y ha dicho a Amnistía Internacional que encontró indicios de uso de drogas y de violencia sexual, incluido semen. Administró a la mujer anticonceptivos de emergencia y medicamentos contra el VIH.
Las autoridades de Bambari abrieron formalmente una investigación penal sobre el caso que, según el fiscal local, era la primera de este tipo abierta sobre soldados de la ONU.
Aunque ha habido denuncias continuas y bien documentadas de violación en Bambari en que estaban implicados soldados de la ONU, en particular de fuerzas de la República Democrática del Congo, en ningún otro caso se han abierto investigaciones criminales.
Estando Amnistía Internacional presente en Bambari a comienzos de octubre, la víctima y los testigos se presentaron a la policía para prestar declaración. El trabajador médico identificó también al soldado mauritano que había ido al centro de salud en plena noche en busca de la mujer de 19 años.
Trabajadores locales que habían estado en el lugar del incidente por la mañana temprano dijeron que habían visto preservativos y envoltorios de preservativos en el sitio exacto de la presunta violación. Esa misma mañana, la policía fotografió luego al menos un envoltorio de preservativo allí, así como restos de un material procedente, se cree, de las botas de los soldados mauritanos.
El fiscal local de Bambari ha presentado el caso al fiscal general del país para que se tomen medidas diplomáticas. Aunque las tropas de la ONU gozan de inmunidad procesal ante los tribunales nacionales, los países que aportan tropas tienen el deber de investigar y enjuiciar los delitos cometidos por sus soldados.
Según la información recibida, en una conferencia de prensa celebrada ayer en Bangui, las autoridades locales denunciaron el problema en general de los abusos sexuales cometidos por miembros de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU.
“Este caso es una prueba de fuego decisiva para la operación de mantenimiento de la paz de la ONU”, ha afirmado Joanne Mariner
“Dadas su política declarada de tolerancia cero, esperamos que la ONU se tome este caso sumamente en serio y adopte medidas para garantizar que las autoridades mauritanas hacen lo mismo. Su respuesta a este caso se analizará atentamente.”
En una reunión que mantuvo con Amnistía Internacional la semana pasada, Parfait Onanga-Anyanga, jefe de la MINUSCA, insistió en que la ONU es estaba tomando las denuncias muy en serio y había enviado de inmediato un equipo de investigadores a Bambari. Prometió que la ONU adoptaría medidas decisivas si las denuncias resultaban fundadas.
La mujer de 19 años víctima de la violación ha dicho a Amnistía que quiere que la ONU investigue el delito y que los autores vayan a prisión. Afirma que sólo cuando ha estado dispuesta a hacer oficialmente una declaración ante la policía local se ha sentido preparada para contar todo lo sucedido a los investigadores de la ONU y mauritanos.
Información complementaria
Una persona encargada de hacer una investigación para Amnistía Internacional ha entrevistado a 11 personas con conocimiento directo del caso, incluidos la víctima, miembros de su familia, personal médico que la atendió, testigos que estuvieron en el lugar de la presunta violación esa mañana y autoridades de la policía y de la fiscalía local.
En varias ocasiones anteriores, Amnistía Internacional documentó denuncias de violación y violencia sexual cometidas por miembros de la MINUSCA y otras fuerzas de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana, entre ellas la de la violación de una niña de 12 años en Bangui en agosto de 2015.


Activistas de Amnistía Internacional, nacidos después de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977, participan en el acto #NoEsMiLey ©Amnistía Internacional/ Carmen López
El próximo 15 de octubre se cumplen 40 años desde la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977. Una ley que buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. Amnistía Internacional recuerda que según el derecho internacional, no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura.
Amnistía Internacional lleva años denunciando cómo desde los diferentes poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) se bloquea cualquier paso para que la legislación española cumpla con sus compromisos internacionales en relación con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Y cómo esta Ley de Amnistía, contraria a las obligaciones internacionales que contrajo España con anterioridad a su entrada en vigor (el 17 de octubre de 1977), ha sido uno de los argumentos más utilizados por los distintos poderes para denegar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En 40 años, ningún poder ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo
Esteban Beltrán, Directos Amnistía Internacional España
“En estos 40 años ningún poder, ningún Gobierno ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y a la reparación”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“En abril de 1977, España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas señala que nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional. Pero meses después entraba en vigor una ley que durante décadas ha inutilizado este principio”, señaló Esteban Beltrán.
Desde 2013, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.
205.000 firmas para que no haya obstáculos a la justiciaEn estos momentos, hay diferentes iniciativas legislativas en relación con la Ley de Amnistía que si bien se deben discutir y analizar, intentan avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo. Por ello, esta mañana la organización entregó 205.000 firmas que piden al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, entre otros aspectos, que como desde hace años viene reclamando Amnistía Internacional y Naciones Unidas, se tomen las medidas legislativas necesarias para asegurar que la Ley de Amnistía no sea un mecanismo de impunidad para los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.Información complementaria9 obstáculos a la verdad, justicia y reparación sobre la base de la Ley de Amnistía
El Poder Ejecutivo, en su interlocución con los mecanismos de Naciones Unidas (como con el Comité de Derechos Humanos) ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la imposibilidad de investigar estos crímenes del pasado.
En el ámbito legislativo, el 19 de julio de 2011, se rechazó por mayoría absoluta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para modificar la Ley de Amnistía (320 votos en contra, 8 a favor y 8 abstenciones).
El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó, con 26 votos en contra, 10 a favor y una abstención, una Proposición No de Ley que instaba a la modificación de la Ley de Amnistía para establecer que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional.
Tampoco desde el Parlamento se ha impulsado la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
En el ámbito judicial, en noviembre de 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de conocer la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951 (una querella que recogía 114.266 casos de violaciones de derechos humanos) a favor de numerosos juzgados territoriales. 47 causas que afectaban a miles de casos se abrieron. Amnistía Internacional tuvo acceso a 38 de ellas, todas archivadas, y en al menos 11 de las resoluciones de archivo se hizo mención expresa a la Ley de Amnistía.
El Tribunal Supremo invocó la Ley de Amnistía para cerrar la puerta en España a investigaciones judiciales con su sentencia del 27 de febrero de 2012 en relación con el llamado “caso Garzón”.
En 2017, al menos tres casos de desaparición forzada en Catalañazor, Cobertelada y Barcones, documentados por Amnistía Internacional en la provincia de Soria fueron archivados y se cerraron las investigaciones, en base, entre otros argumentos, a la Ley de Amnistía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional  en dos ocasiones rechazó las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derechos internacional durante la Guerra Civil y el franquismo.
La Fiscalía General del Estado emitió una orden interna el 30 de septiembre de 2016 instruyendo a los fiscales territoriales para que rehusaran las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina, amparándose, entre otros argumentos, en la Ley de Amnistía.
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La aprobación de una nueva ley que reforma el reconocimiento legal de la identidad de género es un histórico paso adelante para las personas transgénero en Grecia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La nueva ley aprobada hoy dispone expresamente que las personas transgénero pueden cambiar su documentación sin necesidad de someterse a intervenciones o pruebas médicas.“La reforma de hoy es una victoria duramente ganada para los y las activistas en favor de los derechos de las personas transgénero en Grecia, que llevan años luchando por la igualdad de estas personas. Transmite un mensaje claro de que no debe obligarse a nadie a someterse a procedimientos médicos para que su identidad sea reconocida oficialmente”, ha manifestado Fotis Filippou, director adjunto para Europa de Amnistía Internacional.“Aunque esta reforma es un paso histórico en la dirección correcta, la lucha aún no se ha ganado del todo. El gobierno griego debe realizar cambios adicionales en la ley para garantizar que las personas transgénero en Grecia pueden ser reconocidas legalmente como quienes son sin tener que renunciar a otros derechos.”Información complementariaAmnistía Internacional ha hecho campaña este año junto con la Asociación Griega de Apoyo a las Personas Transgénero (SYD), Juventud de Color y All Out para lograr una reforma justa del reconocimiento legal de la identidad de género en Grecia. Esta campaña ha contado también con el apoyo de Transgénero Europa y de la Asociación Internacional de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales-Europa. A ella se han unido casi 24.000 personas que han pedido al gobierno griego que enmiende su propuesta legislativa de reformar el procedimiento mediante el cual las personas transgénero pueden acceder al reconocimiento legal de su identidad de género.La nueva ley tiene algunos defectos, como por ejemplo:
el requisito de que el reconocimiento debe ser validado por un tribunal local, en lugar de realizarse mediante un proceso administrativo sencillo y accesible;el requisito de que un juez decida si el aspecto externo de la persona coincide con el género con el que se identifica, lo cual entraña el riesgo de que las personas tengan que adaptarse a estereotipos de género;la ley prohíbe el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género a las personas refugiadas y migrantes transgénero;la ley también excluye a las “personas no binarias” de la obtención de documentos oficiales que reflejen su identidad de género;las personas transgénero que estén casadas se verán obligadas a divorciarse antes de cambiar su género legalmente;si una persona transgénero tiene hijos no podrá modificar su género y su nombre en el certificado de nacimiento de éstos, lo que constituye una injerencia en la vida privada de la persona transgénero;además, aunque el procedimiento estará abierto a niños y niñas de más de 15 años, sigue habiendo restricciones generales en cuanto a la edad. Los niños y niñas que busquen el reconocimiento legal de la identidad de género no deben enfrentarse a obstáculos adicionales, como la evaluación de salud mental requerida por la nueva ley para los niños y niñas de 15 o 16 años.
Las disposiciones arriba expuestas, contenidas en la nueva ley, obligan a las personas transgénero que buscan el reconocimiento legal de su identidad de género a elegir entre acceder a dicho reconocimiento o reclamar otros derechos humanos.


Conferencia Internacional sobre la Abolición de la Pena de Muerte, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 10 al 11 de diciembre de 1977 © Amnesty International Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, decimoquinto Día Mundial contra la Pena de Muerte.
En 2017 se cumplen 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la histórica Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte. En la Declaración, hecha en 1977, se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena:"Cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable. El Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla.”En el momento de la Declaración, sólo 16 países —8 de América y 8 de Europa— habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. Ese número se eleva ahora a 105. Otros 36 países la han abolido para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones, siendo los responsables de la gran mayoría de ellas un pequeño grupo de Estados: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.Amnistía Internacional pide a todos los países que mantienen aún la pena de muerte que procedan a abolirla y, hasta que lo hagan totalmente, establezcan de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones.Día Mundial contra la Pena de MuerteEste año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está centrado en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Las investigaciones realizadas muestran que las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.Estas personas pueden tener enormes dificultades para contratar los servicios de abogados eficaces que las defiendan de los cargos penales. Asimismo, la capacidad de desenvolverse en el sistema de justicia penal se ve afectada por el grado de alfabetización de las personas y por el hecho de que tengan o no redes sociales influyentes en las que apoyarse.Recientes análisis que ha realizado Amnistía Internacional de datos relativos al uso de la pena de muerte en China muestran un preocupante patrón, según el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Sólo la revelación completa de todos los casos de ejecución judicial por parte de las autoridades chinas permitiría determinar de manera definitiva hasta qué punto es así.En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados. No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados.  En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren.Llamamiento a la acciónEn en Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional hace un llamamiento en favor de Hoo Yew Wah, condenado a muerte en Malasia. Detenido en 2005, fue declarado culpable de tráfico de drogas. Amnistía Internacional pide a las autoridades malasias que le concedan el indulto conmutándole la condena de muerte.Hoo Yew Wah, que es de un entorno socioeconómico desfavorecido, dejó la escuela para trabajar de cocinero en un restaurante callejero a los 11 años. Tenía 20 en el momento del delito, el primero que cometía y que no fue violento. Pidió clemencia al sultán del estado de Johor, que tenía atribuciones para concederle el indulto.“Si me dan una oportunidad, quiero probar que he cambiado. Quiero buscar un buen trabajo y pasar la vida cuidando de mi madre”.Los delitos de tráfico de drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos” a los que ha de estar restringido el uso de la pena de muerte según el derecho internacional de los derechos humanos. Además, la imposición de la pena de muerte a Hoo Yew Wah fue preceptiva, lo que también está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos.Fue declarado culpable sobre la base de una declaración que había hecho en mandarín –y que la policía tradujo luego al malayo– sin la presencia de un abogado. Hoo Yew afirma también que, tras su detención, cuando se hallaba recluido en la jefatura de policía de distrito de Johore, la policía le rompió un dedo y lo amenazó con golpear a su novia para hacerle firmar la declaración. Los jueces que vieron su causa desestimaron esta denuncia.Amnistía Internacional pide también a sus simpatizantes que emprendan acciones sobre otros casos de pena de muerte, entre ellos:
las últimas 14 personas condenadas a muerte que quedan en Benín, país que ha abolido la pena capital, yAmmar al-Baluchi, quien se enfrenta a juicio, y a la pena de muerte, ante una comisión militar estadounidense en Guantánamo y fue torturado bajo custodia.
Información general sobre los 40 años de campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte
Desde 1977, Amnistía Internacional ha contribuido de diversas formas a los esfuerzos mundiales por relegar la pena de muerte a la historia, entre ellas:
haciendo seguimiento de las condenas y ejecuciones en el mundo y publicando estadísticas anuales;apoyando a personas condenadas a muerte, haciendo campaña en su favor y, en algunos casos –lamentablemente no en todos– ayudándolas a evitar la ejecución;promoviendo la abolición de la pena de muerte a escala nacional, por ejemplo, en Mongolia recientemente;ayudando a elaborar derecho y normas internacionales para restringir el uso de la pena de muerte y alcanzar la meta de su abolición;desempeñando una importante función en la adopción efectiva de las resoluciones bienales de la ONU sobre la moratoria –en 2007, por primera vez, la Asamblea General de la ONU pidió la suspensión de todas la ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte–, ycontribuyendo a fortalecer el movimiento abolicionista mundial por medios como colaborar estrechamente con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
Se puede ver una selección de momentos destacados de los 40 años de campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte aquí. Hay también mas información general, incluidos debates clave sobre la pena de muerte, aquí.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.